ENTRETENIMIENTOS VYO SPA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

nombre reservado, chileno, Abogado, C.N.I.N°RUT reservado, por sí, y por don nombre reservado, chileno, Abogado, C.N.I.N°RUT reservado, y por la sociedad EVYO SPA, RUT: RUT reservado, del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos domicilio reservado, interpone Recurso de Protección, en contra de don nombre reservado en su calidad de PRIMER CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, o quien lo reemplace en los términos de los artículos 402 y 452 del Código Orgánico de Tribunales, lo anterior en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

I.- HECHOS PREVIOS.- Para contextualizar Ss.Iltma., es del caso indicar que con fecha 01 de Febrero de 2017, don nombre reservado y don nombre reservado celebraron una escritura pública de constitución de sociedad “EVYO SPA”, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fojas 292 vta., N°217 correspondiente al año 2017, y en la que consta que los únicos socios, en partes iguales, son los Sres. nombre reservado, y que la representación de la sociedad la tiene ambos en forma separada o conjunta, según lo estimen pertinente. La sociedad no ha sufrido modificaciones de ningún tipo desde la fecha de constitución y hasta el día de hoy.

Que en el mes de Abril del año 2020, y para los efectos de ceder las acciones y derechos sociales a un tercero, concurrimos, a las dependencias del Primer Conservador de Bienes Raíces y solicitamos, en la caja, un certificado de migración de la sociedad EVYO SPA, se entregó al cajero la papeleta que el mismo Conservador pone a disposición de los usuarios y, se procedió al pago de sus honorarios, luego, con fecha 23 de Abril del mismo año se retiró el certificado de migración, el que por cumplirse el plazo de 30 días caducó, por el solo ministerio de la Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 6° del Artículo 18 de la Ley 20.659, ya que por razones que no es del caso mencionar, la cesión a la que se hizo referencia no se llevó a cabo en esa oportunidad.

II.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.- Que con fecha 27 de Enero de 2021, nuevamente concurrimos como únicos socios y representantes legales, a las dependencias del Primer Conservador de Bienes Raíces y Comercio y solicitamos, en la misma caja y con la misma papeleta que el Conservador pone a disposición de sus clientes, un certificado de migración de la sociedad EVYO SPA. El asunto es que en esta oportunidad la Sra. que atendía la caja nos informó que, antes de ingresar nuestra solicitud, debíamos hablar con una funcionaria, acto seguido, se acerca una Srta. que portaba una hoja impresa con algunos párrafos destacados del artículo 18 de la Ley 20.659 que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, y nos explica que el Conservador había estado interpretando mal dicha Ley, y que ahora, para pedir certificado de migración, exigía que se ingrese, junto con la solicitud, copia de un acta de junta de los socios, reducida a escritura pública, en que se acordara migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado.

En ese escenario, le explicamos a la funcionaria que esa exigencia, como requisito para solicitar el certificado de migración, no se ajustaba a Derecho, que entre ambos teníamos la titularidad del 100% de los derechos sociales, que el artículo 18 en su inciso segundo se refiere a las actuaciones que se llevan a cabo ante el Notario, lo que se relaciona con el artículo 24 y siguientes del Reglamento del D.S. 45, y que el inciso 3 del artículo 18 era claro en señalar que los titulares de los derechos sociales y los representantes legales de estas debían requerir del Conservador de Comercio respectivo la emisión de un certificado de migración, sin que se exija otro requisito para efectuar la solicitud al Conservador, que el de ser titulares o representantes legales de la misma, lo que el mismo Auxiliar de la Administración de Justicia podía acreditar en el proceso de confección del certificado, ya que es él quien tiene toda la información social a su disposición y, dicho sea de paso, cobra por hacerlo, bastándole con constatar las identidades de quienes realizaban la solicitud de migración con los antecedentes que tiene a la vista, y ni siquiera en ese caso, ya que es el artículo 25 del Reglamento de la Ley 20.659, el que otorga al Notario la obligación de cerciorarse acerca de las facultades, poderes o titularidad de cada uno de los comparecientes a la firma del formulario electrónico de migración.

También argumentamos que el inciso 5° del artículo 18 de la Ley establece que única causal legal que tiene Conservador para negarse a otorgar el certificado de migración, es que este se solicite estando en trámite una solicitud de inscripción o anotación marginal respecto de la misma sociedad, agregamos, que para llegar a la instancia de aplicar esta norma, esto es negarse en virtud al inciso 5° del Articulo 18 de la Ley, el Conservador debe si o si dar tramitación a nuestra solicitud y, que lo mismo debe aplicarse para determinar que reuníamos la calidad de titulares del 100% de los derechos sociales, sin perjuicio de lo dicho respecto del Reglamento en su artículo 25, pero la funcionaria a pesar de haber ido a consultar a alguien respecto de nuestra solicitud y nuestros argumentos al interior de las dependencias del Conservador, al volver dijo que ellos no tenían como saber si nosotros éramos los únicos socios, que debíamos acreditárselo y que sin un acta reducida a escritura pública no iban a recibirnos a tramitación la solicitud de certificado de migración, todo esto a pesar de que se le exhibió el certificado de migración emitido por ellos mismos, en el mes de Abril de 2020, sobre la misma sociedad.

Así las cosas, la exigencia descrita, a nuestro juicio arbitraria e Ilegal, del Conservador nos obliga a que para los efectos de solicitar un certificado de migración, previamente deberíamos requerir y pagar al mismo Conservador que lleva el Registro de Comercio un certificado de personería y un certificado de vigencia de la sociedad, luego confeccionar un acta de la junta de los socios para plasmar la intención de vender los derechos sociales e indicar que las calidades y facultades de los socios se encuentran acreditadas por los certificados señalados en este párrafo, posteriormente, concurrir a una Notaría para reducir a escritura pública dicho documento, y acto seguido concurrir al Conservador para solicitar el certificado de migración, pagar por él, y esperar a que coteje el acta reducida a escritura pública que hace mención a los certificados de vigencia y personería para reducir a escritura pública el acta de junta que el recurrido exige, y todo eso para solicitar el certificado de migración, que confeccionará con los mismos documentos que mantiene en sus Registros, y sin considerar lo expuesto en la parte final del inciso 2° del artículo 18 de la Ley 20.659 que dice: “…Con todo, no se requerirá acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.”, en ese sentido, si la Ley expresamente dice que no es necesario cumplir con el requisito de reducir a escritura pública el acta para migrar la sociedad en la suscripción del formulario que se hace ante el Notario, mucho menos puede exigirlo el recurrido, como lo hizo.

En el mismo sentido, la lectura que hace la recurrida de la Ley 20.659, además de ser sesgada, ya que como se probará solo certifica su rechazo por no cumplir esta parte por lo dispuesto en el artículo 18 de la norma en comento, sin ningún otro argumento, va en contra el fin más obvio de la misma Ley, cual es, simplificar todos los trámites que digan relación con las sociedades comerciales, impidiendo a los socios y la sociedad, con su actuar arbitrario e ilegal, acceder al régimen electrónico simplificado, y obligándolos a seguir sujetos al sistema Registral del que él es titular, ya que para funcionar como sociedad y por tener domicilio en la comuna de Temuco, sólo se puede concurrir a su despacho en caso de requerir copias o certificados, lo que en definitiva ocasiona serios y graves perjuicios económicos, tanto como a los titulares de los derechos sociales como a la persona jurídica, forzando a esta parte, con la implementación unilateral de requisitos no establecidos en la Ley, a exponer la integridad física de los socios por riesgos de contagio del Covid, incurrir en gastos innecesarios, y dilaciones de tiempo que en definitiva los llevaron a incumplir obligaciones contractuales que tenían respecto de terceros, sin que exista la necesidad ni la facultad legal por parte del Conservador para ocasionar dichos perjuicios.

Así las cosas. y al quedar fijada la postura del recurrido en torno a que no accedería a nuestra solicitud, se le solicitó que certificara la negativa a realizar el trámite de emitir un certificado de migración, y dijo que para obtener por escrito un documento que acreditara que no accedería a la solicitud de obtención de un certificado de migración, cobraba la suma de $2.500.-, el que necesariamente pagamos, como consta en boleta electrónica emitida con fecha 27 de Enero de 2021, que se acompañará en un otrosí de esta presentación, que va a asociada a la orden de trabajo 693029, emitida a nombre de la sociedad EVYO SPA y que señala como motivo de la prestación: “por atención profesional”, lo que no es efectivo, ya que no se le solicitó, pagó o recibió ninguna atención profesional, es más, ambos socios tienen la calidad de Abogados. A mayor abundamiento, para que se cobre por atención profesional, la prestación la debe prestar el profesional que emite la boleta, o su reemplazante, y en este caso, nunca sucedió, por eso, resulta ilógica la forma en que se justificó el cobro, ya que única y exclusivamente se concurrió a su oficio con la idea de solicitar un certificado de migración y no para terminar pagando una certificación de negativa.

La orden de trabajo N°693029, asociada a la boleta señala que la certificación que se solicitó se entregaría en 5 días, y fue retirada por esta parte el día 04 de Febrero de 2021, siendo esta la fecha en que formalmente se nos comunicó el rechazo al que se ha hecho referencia y que da origen a este recurso.

Respecto a la arbitrariedad del accionar del recurrido S.S.Iltma., en relación con la negativa a emitir certificado de migración, a juicio de esta parte, debe ser calificada como carente de razonabilidad y motivación y por ende arbitraria, por los motivos que a continuación se señalan:

Como se dijo, y al amparo de lo dispuesto en la Ley 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, no resulta lógico y/o explicable que un Auxiliar de Administración de Justicia, imponga unilateralmente exigencias que no se encuentran en la Ley en comento, ni el reglamento a que ella hace referencia, exigencias que complican y no simplifican el trámite, atentando contra el espíritu de lo pretendido por el Legislador. Este razonamiento nos lleva a cuestionarnos la motivación que empuja al Conservador para actuar de la manera en que lo hace, ya que la misma Ley se preocupa de establecer barreras de seguridad para los usuarios que decidan migrar del régimen electrónico, a saber, el mismo artículo 18 ya mencionado se encarga de exigir al mismo Conservador que: “…Una vez emitido el certificado para migración, deberá dejar constancia de ésta al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta.”, de igual manera, la norma impone plazos relativamente cortos a los socios para concurrir ante el Notario con el objeto de suscribir el formulario electrónico de migración, lo que implica otra barrera de seguridad, además, es el Notario quien debe cerciorarse respecto de la titularidad o poderes que detentan quienes suscriben el formulario electrónico de migración, incluso se establece una caducidad de pleno derecho del certificado de migración, si no se suscribe en el plazo legal el formulario correspondiente, entre otras salvaguardas, no correspondiendo al Conservador exigir requisitos adicionales e inmotivados en relación con el espíritu de la Ley.

En este mismo orden de ideas, la arbitrariedad a la que se hace referencia, podemos encontrarla, igualmente, en la solicitud y otorgamiento de este mismo certificado de migración en ocasiones anteriores, ante el mismo Conservador, pero sin exigir los requisitos ilegales que motivan este recurso, e igualmente en otros Conservadores de Bienes Raíces y Comercio, como por ejemplo, en el Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco, quien para solicitar el mismo tipo de certificado solo pide llenar una Solicitud titulada “Certificado de Migración de Conformidad a la Ley 20.659”, en que se individualiza el solicitante, la calidad por la cual comparece, los datos de la inscripción en el Registro de Comercio y se solicita certificado de acuerdo al artículo 18 de la Ley ya mencionada, requiriendo firma e indicar la fecha, documento que se acompañará en un otrosí de esta presentación, sin que se obligue al solicitante a acompañar ningún tipo de documento anexo, ya que como se dijo y se repite, en el desarrollo de la confección del certificado es el mismo Conservador quien tiene toda la información social a la vista, a lo que debemos agregar, como ya se adelantó, que es el Notario quien debe cerciorarse, en el momento de la suscripción del formulario electrónico de migración por parte de los socios titulares, sus apoderados o representantes, si tiene(n) la calidad o poderes suficientes, como lo expresa el inciso 2° del artículo 9° de la Ley 20.659 y el Reglamento.- En resumen, y de acuerdo a lo dicho hasta ahora, a juicio de esta parte, se trata de una negativa ilegal, arbitraria y carente de todo fundamento valedero, no existiendo, en la práctica, ninguna razón legítima que sirva de sustento a las exigencias del Conservador, a cuyo cumplimiento nos pretende forzar.- Por último, con fecha 04 de Febrero de 2021, al tomar conocimiento del contenido del certificado emitido con fecha 03 de Febrero de 2021, por doña nombre reservado, Conservadora Suplente de don nombre reservado–Conde, ésta atestiguó que la negativa a solicitud de certificado de migración realizada con fecha 27 de enero de 2021, se debió a que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.659. Respecto de este certificado Ssa.Iltma., es menester considerar lo siguiente:

Que respecto a la afirmación del documento en torno a que se solicitó verbalmente certificado de migración de la sociedad recurrente, debemos decir que el recurrido no nos dejó otra alternativa, y esto es así porque es un hecho público y notorio para quien haya concurrido al Conservador a solicitar un documento, de cualquier naturaleza, que en la caja, al momento de realizar la solicitud y pagarla, piden entregar o completar una papeleta en que figura el(los) solicitante(s), se describen los documentos que se solicitan, - entre los cuales ni siquiera figura el certificado de migración- se debe especificar el registro, fojas, número año, número de carillas, fecha de la solicitud y firma del solicitante, para terminar este documento con una leyenda que dice: “Los datos que se indican son responsabilidad del solicitante.”, así las cosas, los únicos socios y representantes legales contaban con la papeleta lista para la solicitud del certificado de migración, o en el peor de los casos se hubiese completado en la misma caja, pero es difícil que una solicitud conste por escrito, si es el mismo recurrido quien se niega a recibirla e ingresarla.

Sobre los mismo Iltma., esta papeleta tiene por fin un resguardo para la contraria, ya que emite certificaciones o documentos de acuerdo a los datos que el (o los) solicitante(s) otorga(n), y si hay algún error lo libera de responsabilidad.

Respecto a que no se dio cumplimiento a lo requerido por la contraria valga lo dicho en relación a que sólo certifica su negativa por no cumplir esta parte por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, sin considerar el cuerpo legal en su conjunto y mucho menos el Reglamento que la complementa, lo que consecuencialmente lo empuja, a no poder interpretar la Ley de forma íntegra, impidiéndole apreciar la claridad de la misma, dar un sentido natural y obvio a sus palabras, el contexto y su correspondencia y armonía, como se expresa en los artículos 19 y siguientes del Código Civil, todo lo cual lo lleva a actuar de la manera arbitraria e ilegal que se ha narrado.

Por último, en el certificado al que se hace referencia el redactor incurrió en un error al señalar el nombre de la empresa solicitante.

II. EL DERECHO.

El artículo 19 de LA Constitución Política de la República prescribe que “La Constitución asegura a todas las personas: N° 24 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Es requisito para que proceda la interposición de la acción de protección, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que el acto u omisión vulnere por privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos enumerados en este artículo.- El acto ilegal y arbitrario en que incurre la recurrida importa una amenaza nuestro derecho de propiedad, pues se traduce en una restricción a la libre circulación de los bienes y en disminución concreta y efectiva de nuestro patrimonio, tanto de los socios como de la sociedad, al obligarlos, en una primera instancia, a pagar para que certifique que se negó a recibir la solicitud de confeccionar un certificado de migración, además, incurrir en gastos de movilización, notariales y de tiempo para los efectos de reducir a escritura pública un acta de junta de accionistas, documento al que posteriormente el mismo Notario que certifica el proceso de firma del formulario electrónico debe darle ese carácter, como lo señala el artículo 25 del D.S. 45, y que incluso en ciertos casos ni siquiera es necesario como lo expresa inciso segundo del artículo 18 de la Ley 20.659, sin olvidar todos los perjuicios económicos que ocasiona a los recurrentes verse obligados, por el mismo recurrido, a seguir en el sistema conservatorio registral de comercio y, además, el hecho de no poder cumplir obligaciones contractuales respecto de terceros relacionadas con la venta de los derechos sociales.- El artículo 3° de la Ley 20.659, en su parte pertinente define lo que debe entenderse por formulario, registro, migración y: “6. Certificado para migración: el documento en papel o el documento electrónico emitido, según sea el caso, por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces o por el administrador del Registro de Empresas y Sociedades regulado en esta ley, destinado a acreditar la vigencia de la persona jurídica correspondiente y cuyo objeto es permitir la migración de un sistema de registro al otro, y que desde su emisión impide cualquier anotación, inscripción, subinscripción o incorporación en el Registro, respectivamente, en relación a esa persona jurídica.”

A su turno el artículo 9° de la Ley 20.659, en relación a lo que debemos entender acerca de los formularios electrónicos y su suscripción ante notario, nos ilustra, en la parte que nos convoca, inciso primero: “Para efectos de la suscripción de los formularios respectivos, el constituyente, socios o accionistas deberán completarlos previamente en el Registro y deberán cumplirse las demás disposiciones que al efecto señale el Reglamento.”

Los incisos primero al tercero del Artículo 18 de la Ley 20.659, en materia de migraciones dice: “Las personas jurídicas señaladas en el artículo 2°, constituidas de conformidad a las leyes propias que las establecen y regulan, podrán regirse por las disposiciones de esta ley mediante su migración en conformidad a las disposiciones de este Título.

Para los efectos de la migración al régimen electrónico, si nada señalare el contrato social y los estatutos de la persona jurídica, la migración deberá aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, en el caso de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la junta, previo cumplimiento de las formalidades que sean necesarias, deberá ser reducida a escritura pública. Una copia digital íntegra de ésta deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva. Con todo, no se requerirá del acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente. (Este inciso se relaciona con el artículo 9 del mismo cuerpo legal, y que regula la suscripción del formulario de migración ante Notario por los socios titulares o sus representantes).

Para estos efectos, el titular o, en su caso, quienes sean los titulares de los derechos sociales o la persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad deberán requerir del Registro de Comercio del Conservador respectivo la emisión de un certificado para migración. Dicho certificado deberá ser emitido por el Conservador respectivo y contendrá el extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el Reglamento. Una vez emitido el certificado para migración, deberá dejar constancia de ésta al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta. (En este caso concurrieron ambos socios, que además tienen representación separa o conjunta según lo estimen pertinente, a solicitar certificado de migración).

El inciso 5°, que regula la facultades de negativa del Conservador: “El Conservador de Bienes Raíces, en el caso de las personas jurídicas señaladas en el artículo 2°, constituidas de conformidad a las leyes propias que las establecen y regulan, podrá negarse a otorgar el certificado de migración cuando éste se solicite estando en trámite una solicitud de inscripción o anotación marginal.”, y como consta en la misma página web del Conservador, y en documento que se acompaña en un otrosí de esta presentación, a su representada no le afectaba esta causal, de acuerdo a la única anotación marginal que se observa en el Registro, y que dice: “certificado para migración solicitado con fecha 23/04/2020”, sin firma ni timbre, si aplicamos el inciso 6° del mismo artículo, trascurridos 35 días: “…contados desde la emisión del certificado de vigencia para migración sin que se haya comunicado al Conservador respectivo la incorporación al Registro Electrónico de la sociedad migrada, caducará dicho certificado y desde esa fecha podrán hacerse todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a que hubiere lugar en el Registro de Comercio del Conservador correspondiente, en relación a esa persona jurídica.

En tanto que el inciso final del Artículo 18, expresa: “La suscripción del formulario de migración a régimen simplificado se efectuará exclusivamente ante ministro de fe. La migración al régimen establecido en esta ley efectuada en conformidad al presente artículo, no será una modificación social.”, lo que se relaciona con el artículo 9 y el inciso segundo de este artículo, además, con el artículo 12 del Decreto N°45 del Año 2013, emitido por el Ministerio de Economía, fomento y Turismo; Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y sus modificaciones posteriores, el artículo 19 del mismo decreto, que hace referencia a el procedimiento para suscripción mediante firma electrónica avanzada ante un Notario y el Artículo 20, que se explaya en cuanto los Titulares.

El Decreto N°45 del Año 2013, emitido por el Ministerio de Economía, fomento y Turismo; Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y sus modificaciones posteriores, que en su artículo 2° número 19 define lo que debe entenderse por “titular”, entiéndase de una sociedad: “Cada uno de los constituyentes, socios o accionistas de una persona jurídica. Se denominarán también titulares, las personas que concurran por sí o representadas a la constitución de una persona jurídica o que adquieran en virtud de la actuación correspondiente la calidad de constituyente, socio o accionista”.

El artículo 24 del Decreto 45, que en lo relacionado con el Certificado para Migración al Régimen Simplificado. “El Conservador de Bienes Raíces encargado del Registro de Comercio en el que se encuentre inscrita una persona jurídica cuyos titulares soliciten su migración al régimen simplificado, deberá emitir un certificado denominado "Certificado para Migración al Régimen Simplificado", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley.

Este certificado sólo podrá ser solicitado al conservador respectivo por los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados…”, luego continua detallando el contenido mínimo del certificado, y ordena al Conservador: “….dejar constancia de dicha emisión al margen de la inscripción de la persona jurídica, y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones, o subinscripciones marginales. En todo caso, dicha prohibición no regirá si caduca el certificado para migración al régimen simplificado, como tampoco de la anotación que debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 26 siguiente.”

Sobre el contenido de este artículo del Reglamento, cabe destacar que de su lectura se desprende claramente el carácter de perentorio que tiene para el Conservador, y solo condiciona el acto de solicitud del certificado, para los requirentes en torno a que se trate de los titulares o sus representantes, y en relación con el artículo 18 de la Ley 20.659, como ya se dijo, solo puede negarse en los términos del inciso 5°, esto es “…podrá negarse a otorgar el certificado de migración cuando éste se solicite estando en trámite una solicitud de inscripción o anotación marginal.”, al respecto, el artículo 50 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, fija como una obligación al Sr. nombre reservado: “…dar cuantas copias y certificados se le pidan judicial o extrajudicialmente, acerca de lo que consta o no consta de sus registros.”, lo que tiene relación con los Artículos 446, 453 y 455 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales.- El Articulo 25 del mismo Decreto 45 que debe entenderse en la práctica, como la etapa o momento en que los titulares o sus representantes concurren físicamente a la Notaria a firmar el Formulario electrónico de Migración, y que en lo que es relevante para este caso señala: “Formulario de Migración al Régimen Simplificado. Para la migración al régimen simplificado, se requerirá que el o los titulares de la persona jurídica respectiva suscriban, en la forma dispuesta en los artículos 18 y 19 de este reglamento, un formulario denominado "De Migración al Régimen Simplificado". El notario que suscriba dicho formulario, deberá verificar la plena coherencia de este último con el contenido del certificado para migración al régimen simplificado… Dicho certificado constituirá un documento registrable y deberá ser anotado en el Registro… En el caso de sociedades en que los acuerdos necesarios para aprobar una actuación deban adoptarse en junta… el formulario de migración al régimen simplificado respectivo, aprobado por la junta, deberá ser reducido a escritura pública conjuntamente con el acta que se levante de la junta que aprobó la migración...”

Cabe destacar Ilustrísima, que la parte final del inciso primero del artículo recién citado es clara al indicar que es el Notario, el que debe verificar la coherencia entre el formulario de migración al régimen simplificado que se firma en su despacho con el certificado de migración emitido por el Conservador, sin que se haga alusión a este último para esos efectos.

Sobre lo mismo, si recordamos que para efectos prácticos este artículo nos sitúa físicamente en la Notaría donde se suscribirá el Formulario de Migración, la parte final de éste es clara en indicar que el Formulario de Migración, aprobado por la junta, deberá ser reducido a escritura pública conjuntamente, con el acta que se levante de la junta que aprobó la migración, así las cosas, debe entenderse que un acta de junta de accionistas reducida a escritura pública en una fecha, etapa o momento anterior para ser presentada al recurrido, como lo exige, carece de validez para los efectos de cumplir con los requisitos exigidos por este artículo 25 del Reglamento de la Ley 20.659, lo que como ya se ha mencionado, hace incurrir a en gastos innecesarios, exponiendo a los socios, además, a concurrir físicamente a Notarias con el correspondiente riesgo de contagio por Covid-19, atentando sus actos arbitrarios e ilegales contra todas las normas y consejos sanitarios destinados a resguardarse, quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, salvo que sea absolutamente necesario -y en este caso no lo es-, argumento que lleva a concluir que de mantenerse la conducta reprochable y antijurídica del recurrido, se atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona de los socios, consagrado en el N°1 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Así, el Sr. nombre reservado, en relación con la calidad de Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder Judicial, al exigir requisitos no establecidos en la Ley, e irrogarse competencias que no tiene, se excede en el ejercicio de sus atribuciones, infringiendo lo expuesto en el Artículo 7º de la Constitución Política de la República: “…Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Que respecto de lo dicho en relación con el cobro de honorarios “por atención profesional” al que se ha hecho referencia, y sin perjuicio de que lo que se le solicitó al Conservador fue una acreditación de su negativa a emitir un certificado de migración, el artículo 93 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que los derechos que el Auxiliar de Administración de Justicia debió cobrar por la certificación solicitada la suma de 80 centavos y no $2.500.- (dos mil quinientos pesos) como lo hizo, a lo que debemos agregar que ni siquiera cobró por certificar o dar testimonio de los documentos que existen en su archivo o registros, sino que justificó el cobro por servicio que no está dentro de sus atribuciones legales, como se desprende del Código Orgánico de Tribunales y el Reglamento Conservatorio ya mencionado, y si fuera así, al cobrar por atención profesional, en su calidad de Abogado, estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 479 del mismo Código Orgánico.

Por todo ello solicita se ordene a Sr. nombre reservado recurrido abstenerse de solicitar escrituras públicas o cualquier otro documento que no sean de los establecidos en la Ley 20.659 y su reglamento correspondiente, respecto de la solicitud que se le haga para que emita un certificado de migración de la sociedad recurrida; que se le ordene restituir a esta parte la suma de $2.500.- cobrada por atención profesional que no prestó, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Iltma. Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la contraria, con costas.- Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de boleta electrónica, emitida por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de Temuco con fecha 27 de Enero de 2021, que en la descripción del servicio prestado señala “por atención profesional” y número de orden de trabajo 639029.

2.- Certificado de migración N°198089, de la Sociedad ESTUDIO JURIDICO nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, emitido por el recurrido el día 23 de Abril de 2020, respecto del cual no se solicitó a su representada, para su emisión, la presentación de un acta reducida a escritura pública, por haber concurrido los únicos titulares de los derechos sociales a solicitarlo.- 3.- Certificado de migración N° 198091, de la Sociedad EVYO SpA., emitido por el recurrido el día 23 de Abril de 2020, respecto del cual no se solicitó a su representada, para su emisión, la presentación de un acta reducida a escritura pública, por haber concurrido los únicos titulares de los derechos sociales a solicitarlo.- 4.- Copia de solicitud de certificado de migración de conformidad a la Ley 20.659, que se debe llenar en el Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco para los efectos de solicitar el certificado de migración de una sociedad.- 5.- Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Temuco, con fecha 03 de Febrero de 2021.- 6.- Copia de orden de trabajo N°693029, en que consta que esta parte retiró, el día 04 de febrero de 2021, el certificado de rechazo al que se ha hecho referencia en estos autos.

A folio 31 rola informe del Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Temuco, domiciliado en domicilio reservado, recurrido, en autos sobre Recurso de Protección, Rol N° 732-2021, caratulado “ENTRETENIMIENTOS VYO SPA/ nombre reservado”, señalando lo siguiente I.- ANTECEDENTES DEL RECURSO:

Se ha deducido recurso de protección por don nombre reservado, por don nombre reservado y por la sociedad EVYO SpA, fundado en el hecho de que este Conservador de Bienes Raíces y Comercio le habría negado la emisión de un certificado de migración, solicitando se le ordene a este Auxiliar de la Administración de Justicia se abstenga de solicitar escrituras públicas o cualquier otro documento que no sea de aquellos establecidos en la Ley N° 20.659 y su Reglamento y, finalmente, que se ordene la restitución de la cantidad de $2.500.- cobrada por una atención profesional que, en su concepto, no fue prestada, sin perjuicio de otras medidas que esta Iltma. Corte pueda adoptar a fin de restablecer el imperio del derecho supuestamente quebrantado con la conducta ilegal y arbitraria que imputa a este recurrido.

II.- LOS HECHOS:

Sostienen los recurrentes, que el día 27 de enero del año 2021, en su carácter de únicos socios y representantes legales, concurrieron a estas dependencias y solicitaron un certificado de migración para la sociedad Evyo SpA, exigiéndoseles, por la funcionaria a cargo, que junto con la solicitud de emisión del certificado, debía acompañarse copia de “un acta de junta de los socios, reducida a escritura pública, en que se acordara migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado”, a lo que los recurrentes se negaron por encontrar que aquello no era procedente de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 20.659.

Agregan los recurrentes que lo solicitado por el Conservador no es necesario, que lo dicho por el artículo 18, inciso 2, de la Ley N° 20.659 solo se refiere a las actuaciones que se llevan a cabo ante el Notario; que el inciso 3 de la misma disposición legal solo exige que sea el titular de los derechos sociales o el representante legal de la sociedad quienes requieran la emisión del certificado, sin otro requisito, incluso sin necesidad de constatar sus identidades, pues, en su concepto, el artículo 25 del Reglamento otorga dicha obligación al Notario.

Refieren que la exigencia efectuada por este Conservador es arbitraria e ilegal, que los obliga, previo a la solicitud del certificado de migración, a solicitar un certificado de vigencia y otro de personería, a confeccionar un acta de una junta de socios, a concurrir a una Notaría a reducir a escritura pública, a volver al Conservador, solicitar el certificado de migración y esperar que se coteje aquello con el acta. Lo dicho por los recurrentes demuestra que no se ha comprendido lo dicho por este Conservador ni lo dispuesto por la ley o bien demuestra que lo que se pretende es querer inducir a error a este Tribunal.

Ahora bien, en cuanto al otro punto que se reclama en el recurso, esto es el cobro de la suma de $2.500.- y de que da cuenta la orden de trabajo que indica, manifiesta que ninguna atención profesional se le dio y que, por ende, tampoco resulta procedente el pago de dicha suma, por lo que corresponde de ella les sea devuelta.

III.- EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO:

En primer término, en cuanto al pago de la suma de $2.500.- y su devolución, por cuanto, en concepto de los recurrentes, ninguna atención profesional se les prestó, aquello no es efectivo y no procede la devolución solicitada. Ello, por cuanto dicha suma corresponde al pago de la emisión del certificado de rechazo que los mismos recurrentes solicitaron.

Los recurrentes solicitaron la emisión de un certificado de migración, se les explico que, en los términos requerido por ellos, no era procedente su emisión, indicándoseles lo que debían acompañar, se negaron a hacerlo y solicitaron se les emitiera un certificado de rechazo, explicándoseles, los motivos de aquello, por escrito. Es por esto que se les indicó que la emisión de dicho certificado tenía ese costo ($2.500.-) que fue el monto que cancelaron, emitiéndose el certificado de rechazo requerido.

De este modo, habiéndose emitido el certificado solicitado por los recurrentes, certificado que tiene el costo que se indicó, resulta que ningún cobro indebido o improcedente fue efectuado, por lo que no corresponde la devolución de dinero pedida en el recurso.

En segundo lugar, y en cuanto a la negativa a emitir el certificado de migración, digo que ella se funda en las disposiciones legales que rigen la materia y que parecen confundidas en el recurso deducido.

Se solicitó por don nombre reservado y por don nombre reservado, la emisión de un certificado de migración respecto de la sociedad EVYO SpA, inscrita a fojas 292 vuelta N° 217 del Registro de Comercio a su cargo del año 2017, cuya copia autorizada acompaño en un otrosí de esta presentación.

En la inscripción referida, consta que nos encontramos frente a una sociedad por acciones, constituida por escritura pública de fecha 01 de febrero del año 2017, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, Suplente del Titular don nombre reservado, en que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado constituyeron la persona jurídica en comento, con el objeto, administración y capital que allí se indican y cuya copia autorizada acompaño en un otrosí de esta presentación.

El artículo 18 de la Ley N° 20.659, en su inciso segundo, es claro al señalar que para migar al régimen electrónico, en primer término hay que estarse a los estatutos sociales y, en su silencio, tratándose de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, la migración debe aprobarse por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la junta debe ser reducida a escritura pública, pero no se requerirá que el acta sea reducida a escritura pública, si la totalidad de los accionistas suscriben el formulario correspondiente.

La disposición en comento, en lo pertinente, además establece que la persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad deben requerir del Registro de Comercio del Conservador respectivo la emisión de un certificado para migración. Dicho certificado debe ser emitido por el Conservador y contener el extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el Reglamento. Una vez emitido el certificado se debe dejar constancia de ello al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta.

En relación con lo dicho se encuentra el artículo 24 del Reglamento de la Ley Nº 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, que establece que es el Conservador de Bienes Raíces encargado del Registro de Comercio en el que se encuentra inscrita una persona jurídica cuyos titulares soliciten su migración al régimen simplificado, quien debe emitir un certificado, denominado "Certificado para Migración al Régimen Simplificado". Este certificado se emite de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley referida y solo puede ser solicitado por los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados.

A la luz de las disposiciones legales transcritas, queda de manifiesto que ningún acto ilegal o arbitrario ha sido cometido por este Conservador.

Al tratarse de una sociedad por acciones, sabemos que este tipo societario está regulado en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, y a este respecto debemos tener presente lo dispuesto por el artículo 431, el que establece que la sociedad debe llevar “un registro en el que se anotará, a lo menos, el nombre, domicilio cédula de identidad o rol único tributario de cada accionista, el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre y tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas...”.

Agrega la disposición en comento que “En caso de que algún accionista transfiera el todo o parte de sus acciones, deberá anotarse esta circunstancia en el registro de que trata este artículo…” (la negrilla y el subrayado es nuestro).

Así las cosas, queda de manifiesto que es la sociedad quien debe llevar un registro de accionistas y que todo traspaso, total o parcial de acciones, debe ser anotado allí, por lo que, en caso de existir este traspaso de acciones, total o parcial, ningún conocimiento tiene al respecto el Conservador, pues ninguna constancia existe de ello en el Registro de Comercio.

El artículo 18 de la Ley Nº 20.659 ya mencionado, es claro al señalar que “… la migración deberá aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, en el caso de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto…”. Asimismo, en el mismo orden de ideas, el artículo 24 del Reglamento dispone que es el Conservador quien “…deberá emitir un certificado denominado "Certificado para Migración al Régimen Simplificado", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley.

Este certificado sólo podrá ser solicitado al conservador respectivo por los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados…”

Así las cosas de acuerdo a lo expuesto, disposiciones legales citadas y demás pertinentes del Código de Comercio, y de la Ley N° 18.046 en lo aplicable, circunscribiéndonos al tipo de persona jurídica ante la cual nos encontramos, sabemos que una sociedad por acciones adopta sus acuerdos por juntas y, en el caso que nos ocupa, el acuerdo para migrar al régimen simplificado debe aprobarse por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, debiéndose solicitarse al Conservador el certificado correspondiente por los titulares que debieron aprobar dicha migración.

Los recurrentes sostienen que el Conservador estaba obligado a emitir el certificado de migración, pues lo único que exige la ley es que se solicite por los titulares o representantes legales de la sociedad y que este Auxiliar de la Administración de Justicia “tiene toda la información social a su disposición…bastándole con constatar las identidades de quienes realizaban la solicitud de migración con los antecedentes que tiene a la vista…”. Se agrega por los recurrentes que “…el Conservador debe si o si dar tramitación a nuestra solicitud y, que lo mismo debe aplicarse para determinar que reuníamos la calidad de titulares del 100% de los derechos sociales…”

Lo manifestado pretende inducir a error o implica un desconocimiento de lo dispuesto por la ley.

De acuerdo a lo dicho por el legislador en el artículo 18 de la Ley N° 20.659, lo primero que se debe analizar es si el contrato social y los estatutos de la persona jurídica se refieren a esta materia y a la luz de lo manifestado por los recurrentes, queda de manifiesto que ellos nada dicen al respecto, lo que queda de manifiesto al examinar la escritura pública de constitución, de fecha 01 de febrero de 2017, que se acompaña en copia autorizada a esta presentación. Así, de acuerdo a la disposición legal citada, la migración debe aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, atendido el tipo societario, en este caso, el acuerdo debe adoptarse en una junta por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, levantándose el acta respectiva que debe ser reducida a escritura pública, instrumento público que no será necesario si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

Los recurrentes parecen no entender que lo que la ley señala, claramente, es que se exime de la obligación de reducir el acta a escritura pública cuando la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente, pero no los libera de la obligación de que la migración debe aprobarse en una junta y que ella debe constar en un acta, sin perjuicio de que, además, debe darse cumplimiento a las formalidades dispuestas por la ley para la celebración de una junta, debiendo estarse al respecto a lo señalado por el Código de Comercio y, supletoriamente, a las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 424 del Código de Comercio.

Es más, en los estatutos sociales, se habla expresamente que los acuerdos de la sociedad se llevan a cabo por una junta de accionistas, regulándose las materias a tratar ya sea en junta ordinaria o extraordinaria, que de las deliberaciones y acuerdos se debe dejar constancia en un Libro de actas y, adicionalmente, en el artículo 23 de los mencionados estatutos se puede leer lo siguiente: “Artículo Vigésimo Tercero: sin perjuicio de lo señalado precedentemente, no se requerirá la celebración de una junta de accionistas en el evento que la totalidad de los accionistas suscribieran una escritura pública o un instrumento privado protocolizado, en el que deberá constar la comparecencia de la totalidad de los accionistas y el acuerdo respectivo...”

Queda de manifiesto que los acuerdos de la sociedad se adoptan en junta y son los mismos estatutos los que señalan que es posible omitir la respectiva junta de accionistas, pero en las condiciones descritas, esto es a través de una escritura pública o instrumento protocolizado en donde comparezca la totalidad de los accionistas, lo que en la especie tampoco ha ocurrido.

Adicionalmente, no son efectivos los dichos de los recurrentes en orden a que todos los antecedentes se encuentran en poder de este Conservador y que fácilmente puede constatarlos al revisar su Registro. En el Registro de Comercio a su cargo, como ya se dijo, a fojas 292 vuelta N° 217 del año 2017, rola inscrita la constitución de la sociedad EVYO SpA, pero lo señalado en la inscripción no implica que, actualmente, las personas que allí se indican sean los titulares del 100% de las acciones emitidas, pues es posible que desde la época de su constitución (2017) a la fecha se haya efectuado algún traspaso de acciones, lo que no se vería reflejado en el mencionado Registro de Comercio, toda vez que, conforme el artículo 431 del Código referido y artículo 8 de los estatutos sociales, es la sociedad quien debe llevar un Registro de Accionistas, anotándose allí los traspasos, totales o parciales, de las acciones, no constándole aquello a este Auxiliar de la Administración de Justicia.

Así las cosas, conforme lo que se viene diciendo, el hecho de migrar debe aprobarse en una junta por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, requiriéndose en el Registro de Comercio la emisión del certificado de migración. Entonces, si no existe junta en que se aprobó el hecho de migrar ni el acta correspondiente como pretenden los recurrentes, ni se ha acompañado el documento de que trata el artículo 23 de los estatutos sociales ¿cómo sabe este Conservador que dicho acuerdo, en orden a migar, existe? La ley es clara, tratándose de una sociedad por acciones, la migración debe aprobarse y dicho acuerdo debe adoptarse en junta de accionistas y de ella se levanta un acta.

¿Basta con que los socios concurran al Conservador y, verbalmente, le manifiesten dicho acuerdo?, ¿basta con que llenen “una papeleta” y manifiesten que quieren migrar? Las respuestas a dichas interrogantes son claras y no van por la línea de lo manifestado en el recurso deducido, por lo mismo es que ningún formulario existe en este Conservador para que las personas que requieren nuestros servicios soliciten un certificado de migración, la “papeleta” de que hablan los recurrentes en caso alguno se encuentra implementada para solicitar el certificado en comento, como consta en ella misma y que, para que este Iltmo. Tribunal pueda apreciar, acompaño en un otrosí de esta presentación.

De acuerdo a las disposiciones legales citadas, previo a solicitar el referido certificado de migración, debe existir un acuerdo de voluntades al interior de la sociedad que apruebe la migración, acuerdo que, en el caso que nos ocupa, debe adoptarse en una junta por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, de lo que debe levantarse un acta, a menos que ocurra lo previsto en los estatutos sociales y de que trata su artículo 23, pero aún en ese caso debe otorgarse escritura pública o un instrumento privado protocolizado. Es ese acuerdo en orden a migrar el que debe constar en un acta, por ser aprobado en junta de accionistas, y lo que le debe constar al Conservador para emitir el certificado respectivo, por lo que, en su oportunidad, se les solicitó a los recurrentes la exhibición del instrumento donde constara la mencionada aprobación.

¿Qué sucedería si se aceptara que basta que, verbalmente, se solicite al Conservador la emisión del certificado, sin constar la aprobación para migrar que requiere la ley y luego uno de ellos se arrepintiera y negara que concurrió y prestó dicha aprobación? ¿Basta con que comparezcan quienes manifiestan ser únicos socios y representantes legales a solicitar el certificado de migración? En el tipo social que nos ocupa, existen accionistas y tal calidad se acredita a través del respectivo Registro de Accionistas, el que no es de cargo del Registro de Comercio, por lo que no es posible tener por acreditada dicha circunstancia, como se pretende por los recurrentes, con una “verificación de identidades”. ¿Debe imponérsele al Conservador la obligación de levantar un acta para dejar constancia que concurrieron la totalidad de los accionistas a solicitar la emisión de un certificado de migración? Es ilógico lo que se pretende por los recurrentes, tampoco resulta procedente se imponga al Conservador una conducta que el legislador al efecto no ha dispuesto.

Este Conservador solicitó a los recurrentes el instrumento donde constaba el acta que aprobaba la migración, reducido o no a escritura pública, dependiendo de la circunstancia de acuerdo a lo ya descrito en el presente informe. La ley es clara, estableciendo en forma imperativa la obligación de aprobar la migración por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, por lo que es necesario que se acredite dicha circunstancia para que el Conservador pueda emitir el certificado.

Finalmente, digo, que la finalidad de un recurso de protección es el restablecimiento del derecho supuestamente quebrantado a causa de una conducta ilegal y arbitraria y resulta ser que en la sociedad Evyo SpA, con ocasión de la solicitud de un certificado de migración con posterioridad a los hechos descritos, se celebró una junta de accionistas, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 28 de abril del año en curso, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, cuya copia simple acompaño a esta presentación.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe requerido y rechazar el recurso deducido en todas sus partes.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia autorizada de inscripción de fojas 292 vuelta N° 217 del Registro de Comercio del año 2017.

2.- Copia autorizada de escritura pública, de fecha 01 de febrero del año 2017, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, Suplente del Titular don nombre reservado.

3.- Copia simple de escritura pública, de fecha 28 de abril del año 2021, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado.

4.- Copia simple del formulario (papeleta) que el Conservador tiene a disposición para la solicitud de trabajos.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, conforme al DS. N° 45 de 22-03-2013 del Ministerio de Económica, que contiene el Reglamento de la Ley N° 20.659 por "Migración" se entiende el acto por el cual alguna de las personas jurídicas indicadas en el artículo 2° de la Ley, transita desde el régimen general al régimen simplificado o viceversa.

SEGUNDO: Que, conforme al artículo 18 de la Ley N° 20.659 para los efectos de la migración al régimen electrónico, si nada señalare el contrato social y los estatutos de la persona jurídica, la migración :

a.- Deberá aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, en el caso de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la junta, previo cumplimiento de las formalidades que sean necesarias, deberá ser reducida a escritura pública. No se requerirá del acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

b.- La emisión del certificado para migración deberá ser requerido del Registro de Comercio del Conservador respectivo por el titular o, en su caso, por quienes sean los titulares de los derechos sociales o la persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad c.- El certificado deberá ser emitido por el Conservador respectivo y contendrá el extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el Reglamento. El artículo 24 del Reglamento agrega que “el certificado para migración al régimen simplificado deberá contener al menos: a) Nombre, domicilio, jurisdicción en la cual ejerce y dirección de correo electrónico del conservador respectivo; b)

La fecha de emisión y de caducidad del certificado; y c) Extracto actualizado de los estatutos sociales.”

d.- Emitido el certificado para migración, se deberá dejar constancia de ésta al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta.

e.- El Conservador de Bienes Raíces, en el caso de las personas jurídicas señaladas en el artículo 2°, constituidas de conformidad a las leyes propias que las establecen y regulan, podrá negarse a otorgar el certificado de migración cuando éste se solicite estando en trámite una solicitud de inscripción o anotación marginal.

TERCERO: Que, se recurre de protección contra la negativa del Primer Conservador de Bines Raíces de Temuco a otorgar certificado de migración de sociedad “EVYO SPA”, la cual fue inscrita en el Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fojas 292 vta., N°217 correspondiente al año 2017, y en la que consta que los únicos socios, en partes iguales, son los Sres. nombre reservado, y que la representación de la sociedad la tiene ambos en forma separada o conjunta, según lo estimen pertinente, fundada en para pedir certificado de migración, se requiere que , junto con la solicitud, se adjunte copia de un acta de junta de los socios, reducida a escritura pública, en que se acordara migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado, lo que estiman ilegal ya que el artículo 24 y siguientes del Reglamento del D.S. 45, y que el inciso 3 del artículo 18 era claro en señalar que los titulares de los derechos sociales y los representantes legales de estas debían requerir del Conservador de Comercio respectivo la emisión de un certificado de migración, sin que se exija otro requisito para efectuar la solicitud al Conservador, que el de ser titulares o representantes legales de la misma. También se sostiene que el inciso 5° del artículo 18 de la Ley establece que única causal legal que tiene Conservador para negarse a otorgar el certificado de migración, es que este se solicite estando en trámite una solicitud de inscripción o anotación marginal respecto de la misma sociedad, agregamos, que para llegar a la instancia de aplicar esta norma, esto es negarse en virtud al inciso 5° del Articulo 18 de la Ley, el Conservador debe si o si dar tramitación a nuestra solicitud y, que lo mismo debe aplicarse para determinar que reuníamos la calidad de titulares del 100% de los derechos sociales, sin perjuicio de lo dicho respecto del Reglamento en su artículo 25.

CUARTO: Que, siendo la sociedad “EVYO SPA una sociedad por acciones conforme al Ley N° 20.659, y a los artículos 56 y siguientes de la Ley N° 18.046 el acuerdo para migrar al régimen simplificado necesariamente debia de aprobarse por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto en Junta de Accionistas.

Además el acta de sesión de la Junta de Accionistas debia ser reducida a escritura pública, instrumento público, salvo que la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente. Con todo, igualmente en tal caso debe concurrir la existencia de la sesión y su acta respectiva, ya que solo se excluye la necesidad de que la misma conste en escritura pública.

QUINTO: Que, dado lo antes señalado, y frente al claro tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.659, resulta evidente que el Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco al rechazar la entrega de certificado de migración solicitado, no ha incurrido en alguna conducta ilegal y arbitraria, ya que esta actuó ajustado a la norma al requerir que se le exhiba el instrumento donde constara la mencionada aprobación por la Junta de Accionista de la decisión de migrar.

SEXTO: Que, en relación al cobro de $2.500 por generar un certificado de rechazo de la solicitud, y que los recurrentes igualmente estiman como un acto ilegal y arbitrario, cabe precisar que estos sentenciadores no concuerdan con el postulado de los actores, desde que el cobro cuestionado fue generado efectivamente por un servicio del recurrido, consistente precisamente en le elaboración del citado documento Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por don nombre reservado, por don nombre reservado, y por la sociedad EVYO SPA, en contra de don nombre reservado en su calidad de PRIMER CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Protección-732-2021.(fcv)