ESTUDIO JURIDICO nombre reservado nombre reservado Y COMPAÑIA LIMITADA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, siete de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, por sí, y por don nombre reservado, abogado, y por la sociedad ESTUDIO JURÍDICO nombre reservado, nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de nombre reservado en su calidad de PRIMER CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO, abogado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estiman arbitrario y/o ilegal consistente en exigir un acta reducida a escritura pública en que los socios acuerden migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado, lo anterior como condición para recibir a tramitación la solicitud de certificado de migración, lo que vulneraría su garantía del numeral nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que con fecha 27 de Enero de 2021, concurrieron como únicos socios y representantes legales, a las dependencias del Primer Conservador de Bienes Raíces y Comercio y solicitaron un certificado de migración de la sociedad ESTUDIO JURÍDICO nombre reservado, nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, sin embargo, una funcionaria que portaba una hoja impresa con algunos párrafos destacados del artículo 18 de la Ley 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, les explica que el Conservador había estado interpretando mal la Ley 20.659 y que ahora, para pedir certificado de migración, exigía que se ingrese, junto con la solicitud, copia de un acta de junta de los socios, reducida a escritura pública, en que se acordara migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado.

Agrega que pese a que se le exhibió el certificado de migración emitido por el mismo Conservador, en el mes de Abril de 2020, sobre la misma sociedad, no se le permitió ingresar la solicitud.

Alega asimismo que se le solicitó que certificara la negativa a realizar el trámite de emitir un certificado de migración, y dijo que para obtener por escrito dicha respuesta se cobraba la suma de $2.500 “por atención profesional”, lo que a su juicio no es efectivo, ya que no se le solicitó, pagó o recibió ninguna atención profesional, y resultaría ilógica la forma en que se justificó el cobro, ya que única y exclusivamente se concurrió a su oficio con la idea de solicitar un certificado de migración y no para terminar pagando una certificación de negativa.

Hace presente que el certificado fue retirado el día 04 de Febrero de 2021, siendo esta la fecha en que formalmente se les comunicó el rechazo al que se ha hecho referencia y que da origen a este recurso.

Sostiene que el actuar del Sr. nombre reservado es arbitraria e Ilegal, por cuanto se les obliga a que para los efectos de solicitar un certificado de migración, previamente deberían requerir y pagar al mismo Conservador que lleva el Registro de Comercio un certificado de personería y un certificado de vigencia de la sociedad, luego confeccionar un acta de la junta de los socios -en una sociedad de responsabilidad limitada- para plasmar la intención de vender los derechos sociales e indicar que las calidades y facultades de los socios se encuentran acreditadas por los certificados señalados en este párrafo, posteriormente concurrir a una Notaría para reducir a escritura pública dicho documento, y acto seguido concurrir al Conservador para solicitar el certificado de migración, pagar por él, y esperar a que coteje el acta reducida a escritura pública que hace mención a los certificados de vigencia y personería para reducir a escritura pública el acta de junta que el recurrido exige, y todo eso para solicitar el certificado de migración, que confeccionará con los mismos documentos que mantiene en sus Registros, y sin considerar lo expuesto en la parte final del inciso 2° del artículo 18 de la Ley 20.659 que dice: “…Con todo, no se requerirá acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.”, en ese sentido, si la Ley expresamente dice que no es necesario cumplir con el requisito de reducir a escritura pública el acta para migrar la sociedad en la suscripción del formulario que se hace ante el Notario, mucho menos puede exigirlo el recurrido, como lo hizo, máxime si se trata de una sociedad que no requiere de juntas para adoptar acuerdos.

En el mismo sentido, la lectura que hace la recurrida de la Ley 20.659, además de ser sesgada, ya que como se probará solo certifica su rechazo por no cumplir esta parte por lo dispuesto en el artículo 18 de la norma en comento, sin ningún otro argumento, va en contra el fin más obvio de la misma Ley, cual es, simplificar todos los trámites que digan relación con las sociedades comerciales, impidiendo a los socios y la sociedad, con su actuar arbitrario e ilegal, acceder al régimen electrónico simplificado, y obligándolos a seguir sujetos al sistema Registral del que él es titular, ya que para funcionar como sociedad y por tener domicilio en la comuna de Temuco, sólo se puede concurrir a su despacho en caso de requerir copias o certificados, lo que en definitiva ocasiona serios y graves perjuicios económicos, tanto como a los titulares de los derechos sociales como a la persona jurídica, forzando a esta parte, con la implementación unilateral de requisitos no establecidos en la Ley, a exponer la integridad física de los socios por riesgos de contagio del Covid, incurrir en gastos innecesarios, y dilaciones de tiempo que en definitiva los llevaron a incumplir obligaciones contractuales que tenían respecto de terceros, sin que exista la necesidad ni la facultad legal por parte del Conservador para ocasionar dichos perjuicios.

Agrega que el objeto de la Ley 20.659, es simplificar el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, por lo que no sería lógico y/o explicable que un Auxiliar de Administración de Justicia, imponga unilateralmente exigencias que no se encuentran en la Ley en comento, ni el reglamento a que ella hace referencia, exigencias que complican y no simplifican el trámite, atentando contra el espíritu de lo pretendido por el Legislador.

Arguye que la misma Ley se preocupa de establecer barreras de seguridad para los usuarios que decidan migrar del régimen electrónico, a saber, el mismo artículo 18 ya mencionado se encarga de exigir al mismo Conservador que: “…Una vez emitido el certificado para migración, deberá dejar constancia de ésta al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta.”, de igual manera, la norma impone plazos relativamente cortos a los socios para concurrir ante el Notario con el objeto de suscribir el formulario de migración, lo que implica otra barrera de seguridad, además, es el Notario quien debe cerciorarse respecto de la titularidad o poderes que detentan quienes suscriben el formulario de migración, incluso se establece una caducidad de pleno derecho del certificado de migración, si no se suscribe en el plazo legal el formulario correspondiente, entre otras salvaguardas, no correspondiendo al Conservador exigir requisitos adicionales e inmotivados en relación con el espíritu de la Ley. En este mismo orden de ideas, la arbitrariedad a la que se hace referencia, podemos encontrarla, igualmente, en la solicitud y otorgamiento de este mismo certificado de migración en ocasiones anteriores, ante el mismo Conservador, pero sin exigir los requisitos ilegales que motivan este recurso, e igualmente en otros Conservadores de Bienes Raíces y Comercio, como por ejemplo, en el Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco, quien para solicitar el mismo tipo de certificado solo pide llenar una Solicitud titulada “Certificado de Migración de Conformidad a la Ley 20.659”, en que se individualiza el solicitante, la calidad por la cual comparece, los datos de la inscripción en el Registro de Comercio y se solicita certificado de acuerdo al artículo 18 de la Ley ya mencionada, requiriendo firma e indicar la fecha, sin que se obligue al solicitante a acompañar ningún tipo de documento anexo.- Aduce que el acto ilegal y arbitrario en que incurre la recurrida importa una amenaza su derecho de propiedad, pues se traduce en una restricción a la libre circulación de los bienes y en disminución concreta y efectiva de su patrimonio, tanto de los socios como de la sociedad, al obligarlos, en una primera instancia, a pagar para que certifique que se negó a recibir la solicitud de confeccionar un certificado de migración, además, incurrir en gastos de movilización, notariales y de tiempo para los efectos de reducir a escritura pública un acta de junta, documento al que posteriormente el mismo Notario que certifica el proceso de firma del formulario electrónico debe darle ese carácter, como lo señala el artículo 25 del D.S. 45, documento que en ciertos casos ni siquiera es necesario como lo expresa inciso segundo del artículo 18 de la Ley 20.659, sin olvidar todos los perjuicios económicos que ocasiona a los recurrentes verse obligados, por el mismo recurrido, a seguir en el sistema conservatorio registral de comercio y, además, el hecho de no poder cumplir obligaciones contractuales respecto de terceros relacionadas con la venta de los derechos sociales.- Agrega que no solo hace incurrir a en gastos innecesarios, sino que expone a los socios, además, a concurrir físicamente a Notarias con el correspondiente riesgo de contagio por Covid-19, atentando sus actos arbitrarios e ilegales contra todas las normas y consejos sanitarios destinados a resguardarse, quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, salvo que sea absolutamente necesario -y en este caso no lo es-, argumento que lleva a concluir que de mantenerse la conducta reprochable y antijurídica del recurrido, se atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona de los socios, consagrado en el N°1 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que respecto de lo dicho en relación con el cobro de honorarios “por atención profesional” al que se ha hecho referencia, y sin perjuicio de que lo que se le solicitó al Conservador fue una acreditación de su negativa a emitir un certificado de migración, el artículo 93 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que los derechos que el Auxiliar de Administración de Justicia debió cobrar por la certificación solicitada la suma de 80 centavos y no $2.500.- (dos mil quinientos pesos) como lo hizo, a lo que debemos agregar que ni siquiera cobró por certificar o dar testimonio de los documentos que existen en su archivo o registros, sino que justificó el cobro por servicio que no está dentro de sus atribuciones legales, como se desprende del Código Orgánico de Tribunales y el Reglamento Conservatorio ya mencionado, y si fuera así, al cobrar por atención profesional, en su calidad de Abogado, estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 479 del mismo Código Orgánico.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene a Sr. nombre reservado recurrido abstenerse de solicitar escrituras públicas o cualquier otro documento que no sean de los establecidos en la Ley 20.659 y su reglamento correspondiente, respecto de la solicitud que se le haga para que emita un certificado de migración de la sociedad recurrida; que se le ordene restituir a esta parte la suma de $2.500.- cobrada por atención profesional que no prestó, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Iltma. Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la contraria, con costas.- Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de boleta electrónica N°28.600, emitida por el Sr. Conservador de Bienes Raíces de Temuco con fecha 27 de Enero de 2021, que en la descripción del servicio prestado señala “por atención profesional” y número de orden de trabajo 639028.

2.- Certificado de migración N°198089, de la Sociedad ESTUDIO JURIDICO nombre reservado Y nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, emitido por el recurrido el día 23 de Abril de 2020, respecto del cual no se solicitó a mi representada, para su emisión, la presentación de un acta reducida a escritura pública, por haber concurrido los únicos titulares de los derechos sociales a solicitarlo.- 3.- Certificado de migración N° 198091, de la Sociedad EVYO SpA., emitido por el recurrido el día 23 de Abril de 2020, respecto del cual no se solicitó a mi representada, para su emisión, la presentación de un acta reducida a escritura pública, por haber concurrido los únicos titulares de los derechos sociales a solicitarlo.- 4.- Copia de solicitud de certificado de migración de conformidad a la Ley 20.659, que se debe llenar en el Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco para los efectos de solicitar el certificado de migración de una sociedad.- 5.- Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Temuco, con fecha 03 de Febrero de 2021.- 6.- Copia de orden de trabajo N°693028, en que consta que esta parte retiró, el día 04 de febrero de 2021, el certificado de rechazo al que se ha hecho referencia en estos autos.

A folio 6 informa nombre reservado -Conde, Conservador De Bienes Raíces Y Archivero Judicial De Temuco, solicitando su rechazo por los siguientes fundamentos:

En primer término, en cuanto al pago de la suma de $2.500.- y su devolución, por cuanto en concepto de los recurrentes ninguna atención profesional se les prestó, señala que aquello no es efectivo y no procede la devolución solicitada, por cuanto dicha suma corresponde al pago de la emisión del certificado de rechazo que los mismos recurrentes solicitaron.

Explica que los recurrentes solicitaron un certificado de migración, se les explico que, en los términos solicitados por ellos no era procedente su emisión, indicándoseles lo que debían acompañar, se negaron a hacerlo y solicitaron se les emitiera un certificado de rechazo, explicando los motivos de aquello, por escrito. Es por esto que se les indicó que la emisión de dicho certificado tenía ese costo ($2.500.-), que fue el monto que cancelaron, emitiéndose el certificado de rechazo requerido, por lo que no existiría un cobro indebido o improcedente fue efectuado, por lo que no corresponde la devolución de dinero pedida en el recurso.

En segundo lugar, en cuanto a la negativa a emitir el certificado de migración, estima que ella se funda en las disposiciones legales que rigen la materia y que parecen confundidas en el recurso deducido.

El artículo 18 de la Ley N° 20.659, en su inciso segundo, es claro al señalar que para migrar al régimen electrónico, en primer término, hay que estarse a los estatutos sociales y, en su silencio, la migración debe aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, tratándose de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la junta debe ser reducida a escritura pública, pero no se requerirá que el acta sea reducida a escritura pública, si la totalidad de sus socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

La disposición en comento, además, establece que el titular o, en su caso, quienes sean los titulares de los derechos sociales o la persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad deben requerir del Registro de Comercio del Conservador respectivo la emisión de un certificado para migración. Dicho certificado debe ser emitido por el Conservador y contener el extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el Reglamento. Una vez emitido el certificado se debe dejar constancia de ello al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta.

En relación con lo dicho se encuentra el artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 20.659, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, que establece que es el Conservador de Bienes Raíces encargado del Registro de Comercio en el que se encuentra inscrita una persona jurídica cuyos titulares soliciten su migración al régimen simplificado, quien debe emitir un certificado, denominado "Certificado para Migración al Régimen Simplificado". Este certificado se emite de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley referida y solo puede ser solicitado por "los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados..." Sostiene que el artículo 18 ya mencionado es claro al señalar que "... la migración deberá aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, en el caso de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto...". Asimismo, en el mismo orden de ideas, el artículo 24 del Reglamento dispone que es el Conservador quien "...deberá emitir un certificado denominado ''Certificado para Migración al Régimen Simplificado", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley.

Este certificado sólo podrá ser solicitado al conservador respectivo por los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados..." Afirma que si para emitir el certificado de migración debe aprobarse el hecho de migrar por la totalidad de los titulares de los derechos sociales, ¿cómo sabe o le consta a este Conservador la existencia de dicho acuerdo?, ¿basta con que los socios concurran al Conservador y, verbalmente, le manifiesten la existencia de la aprobación prestada por la totalidad de los titulares de los derechos sociales para migrar? Las respuestas a dichas interrogantes son claras y no van por la línea de lo manifestado en el recurso deducido.

De acuerdo a las disposiciones legales citadas, previo a solicitar el referido certificado de migración, debe existir un acuerdo de voluntades al interior de la sociedad y, en el caso que nos ocupa, de la totalidad de los titulares de los derechos sociales que apruebe la migración y es ese acuerdo el que debe constarle al Conservador para emita el certificado respectivo, por lo que, en su oportunidad, se les solicitó a los recurrentes la exhibición del instrumento donde constara la mencionada aprobación para migrar.

¿Qué sucedería si se aceptara que basta que los titulares de la totalidad de los derechos sociales manifestaran, verbalmente, al Conservador la aprobación que requiere la ley y luego uno de ellos se arrepintiera y negara que concurrió y prestó dicha aprobación? ¿Debe imponérsele al Conservador la obligación de levantar un acta para dejar constancia que concurrieron la totalidad de los titulares de los derechos sociales y aprobaron la migración de la sociedad? Es ilógico lo que se pretende por los recurrentes, tampoco resulta procedente se imponga al Conservador una conducta que el legislador no ha dispuesto.

Refiere que solicitó a los recurrentes el instrumento donde constaba la existencia de la aprobación que habían dado la totalidad de los titulares de los derechos sociales para migrar la sociedad al régimen simplificado, toda vez que los estatutos nada dicen al respecto. La ley es clara, estableciendo en forma imperativa la obligación de aprobar la migración por la totalidad de los socios, por lo que es necesario que se acredite dicha circunstancia para que el Conservador pueda emitir el certificado.

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, como es el caso de este recurso, correspondía que el acuerdo para migrar constara por escrito y fuera presentado a Conservador, pudiendo constar en un instrumento privado, suscrito por la totalidad de los socios, en que las firmas estuvieren autorizadas ante Notario, o por escritura pública si lo estimaren del caso los socios, pero no basta con que, verbalmente, lo manifiesten concurriendo a sus dependencias, pues dicha forma no es la dispuesta por la ley.

Finalmente, señala que los recurrentes, dando cumplimiento a la normativa vigente, han solicitado a este Conservador la emisión de certificados de migración, acompañando copias autorizadas de escrituras públicas, en donde consta la reducción de los acuerdos adoptados para aprobar la migración, emitiéndose, en su oportunidad, los certificados respectivos.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.- Copia autorizada escritura pública de fecha 18 de marzo de 2021, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, Repertorio N° 1044.

2- Copia simple de escritura pública de fecha 28 de abril de 2021, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, Repertorio N° 2122.

3.- Copia simple de escritura pública de fecha 28 de abril de 2021, otorgada ante el Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, Repertorio N° 2123.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que el hecho que se denuncia como arbitrario e ilegal, en lo medular, consiste en que el Sr. nombre reservado recurrido, les negó a los Sres. nombre reservado, la confección y entrega de un certificado de migración al régimen electrónico simplificado, de la sociedad Estudio Jurídico nombre reservado, nombre reservado y Compañía Limitada, fundando dicha negativa a la petición que habían formulado los actores y únicos socios de la aludida persona jurídica, en que a ella debía acompañarse un acta de junta de los socios, reducida a escritura pública, en que se acordara migrar la sociedad al régimen electrónico simplificado.

Tercero: Que la negativa a entregar el certificado de que se viene hablando y la respectiva exigencia documental, es un hecho pacífico. En efecto, el Sr. nombre reservado recurrido reconoce expresamente dicho proceder, aunque lo asila en lo que, en su opinión, es una recta aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley 20.659 y su Reglamento. Así las cosas, la controversia en los presentes autos, dice relación con el repeto o eventual desapego en el proceder del Sr. auxiliar de la administración de justicia, de la normativa que se acaba de referir.

Cuarto: Que la norma en concreto que regula la solicitud del recurrente, es el artículo 18 de la Ley 20.659, el que en sus tres primeros incisos señala lo siguiente:

“Las personas jurídicas señaladas en el artículo 2°, constituidas de conformidad a las leyes propias que las establecen y regulan, podrán regirse por las disposiciones de esta ley mediante su migración en conformidad a las disposiciones de este Título.

Para los efectos de la migración al régimen electrónico, si nada señalare el contrato social y los estatutos de la persona jurídica, la migración deberá aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales y, en el caso de sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. El acta que se levante de la junta, previo cumplimiento de las formalidades que sean necesarias, deberá ser reducida a escritura pública. Una copia digital íntegra de ésta deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva. Con todo, no se requerirá del acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

Para estos efectos, el titular o, en su caso, quienes sean los titulares de los derechos sociales o la persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad deberán requerir del Registro de Comercio del Conservador respectivo la emisión de un certificado para migración. Dicho certificado deberá ser emitido por el Conservador respectivo y contendrá el extracto de los estatutos sociales y las demás materias que determine el Reglamento. Una vez emitido el certificado para migración, deberá dejar constancia de ésta al margen de la inscripción de la persona jurídica y desde ese momento no se podrán efectuar anotaciones, inscripciones ni subinscripciones en ésta”.

Quinto: Que de la norma que se acaba de transcribir, aparece que las sociedades a que se refiere el artículo 2 de la misma ley, entre las cuales se encuentran las de responsabilidad limitada, pueden someterse a las disposiciones de la Ley 20.659, regulándose el procedimiento para efectuar dicha migración. En efecto, se dispone que para ello se debe estar en primer lugar a lo que señala el contrato social, y si nada se señalare en el mismo, la migración debe aprobarse por la totalidad de los titulares de los derechos sociales, o en el caso de las sociedades cuyos acuerdos deban adoptarse por juntas, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Se agrega que se debe levantar un acta de la junta, la que debe ser reducida a escritura pública, y con una copia digital íntegra de la misma se debe incorporar al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva. Se añade que no se requerirá de la aludida acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

Se agrega por el citado artículo, que, tras el acuerdo de cambio, se debe requerir del Registro de Comercio del Conservador respectivo, la emisión de un certificado para migración. Se indica que el mismo lo pueden solicitar:

a) El titular o, en su caso, quienes sean los titulares de los derechos sociales, b) La persona que designe la junta de accionistas en que se acordó la migración, o, c) Los apoderados o representantes legales de éstos o de la sociedad.

Sexto: Que en el caso de autos, la sociedad cuya migración se pretende, es una conformada como únicos socios por los recurrentes Sres. nombre reservado, por lo que al manifestar ambos su intención de migrar al régimen reglado por la Ley 20.659 (la que es inequívoca desde el momento en que solicitan el certificado del que se viene hablando), les es aplicable la parte final del inciso segundo del artículo 18 de la citada Ley, que expresamente señala que no se requiere acta alguna, si la totalidad de los socios suscriben el formulario correspondiente.

Séptimo: Que, por otra parte, el certificado de migración negado, fue solicitado por quienes representan la totalidad de los derechos sociales.

Octavo: Que, así las cosas, se cumplieron en el presente caso las exigencias contenidas en el artículo 18 de la Ley 20.659 para solicitar el certificado de migración por parte de la Sociedad recurrente, no obstante lo cual, el Sr. nombre reservado recurrido negó su emisión. Del certifcado agregado a autos en que se da cuenta de tal negativa, no se desprenden las razones de ello; sin embargo, al informar el recurso, precisa las razones de su proceder, indicando básicamente que del artículo 24 del Reglamento de la Ley 20.659 y del artículo 18 de esta última, resulta que previo a solicitar el referido certificado de migración, debe existir un acuerdo de voluntades al interior de la sociedad y, en el caso que nos ocupa, de la totalidad de los titulares de los derechos sociales que apruebe la migración y es ese acuerdo el que debe constarle al Conservador para emita el certificado respectivo, por lo que, en su oportunidad, se les solicitó a los recurrentes la exhibición del instrumento donde constara la mencionada aprobación para migrar. Agrega que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, como es el caso de este recurso, correspondía que el acuerdo para migrar constara por escrito y fuera presentado a Conservador, pudiendo constar en un instrumento privado, suscrito por la totalidad de los socios, en que las firmas estuvieren autorizadas ante Notario, o por escritura pública si lo estimaren del caso los socios, pero no basta con que, verbalmente, lo manifiesten concurriendo a sus dependencias, pues dicha forma no es la dispuesta por la ley.

Noveno: Que lo sostenido por el Sr. nombre reservado recurrido, no tiene sustento normativo conforme se ha expresado en las consideraciones precedentes, pues el artículo 18 en su inciso 2º es claro en señalar que no es necesaria acta alguna; debiendo tenerse presente además que el artículo 24 del Reglamento citado por el recurrido, señala expresamente que el Certifcado en cuestión “sólo podrá ser solicitado al conservador respectivo por los titulares que deben aprobar la migración al Régimen Simplificado, personalmente o representados”; lo que se verificó en este caso, pues el mismo fue requerido precisamente por los únicos dos socios de la persona jurídica recurrente.

Décimo: Que, así las cosas, el proceder del Sr. auxiliar de la administración de justicia deviene en ilegal, desde que ha efectuadao a la recurrida exigencias que no se contemplan en la Ley para generar el certificado del que se viene hablando, entrabando de esa manera el legítimo derecho de los socios de la Sociedad recurrente, de optar por someterse a las reglas de la Ley 20.659. Del mismo modo, se divisa arbitrariedad en el actuar del recurrido, pues no se distingue una razón valedera para haber mudado en su decisión en relación a la misma Sociedad recurrente, respecto de quien elaboró el certificado en cuestión en el mes de abril de 2020, sin requerir en esa oportunidad la solemnidad que ahora exige; ni tampoco el por qué da a la recurente un trato distinto a otros usuarios del sistema, ello por cuanto según aparece de la documental a compañada a folio 15 por el recurrente, ante la pregunta formulada por los canales formales al Sr. nombre reservado recurrido, este indicó expresamente a otro usuario que para obtener la certificación debía solamente “presentarse el representante legal de sociedad, se verificara (sic) la información con el carnet y las inscripciones”.

Décimo primero: Que, así las cosas, ha resultado acreditado en autos un actuar del recurrido que no solo tiene el carácter de ilegal, sino que además es arbitrario; el que ha afectado garantías constitucionales de los recurrentes. En primer lugar el derecho de propiedad, desde que se está limitando el libre poder de decisión de los socios, de dar a la sociedad la estructura legal que estimen pertinente, enteniéndose que de esa forma se limita injustamente su poder de decisión sobre el destino social; y en segundo lugar, la igualdad ante la ley, desde conforme se ha demostrado en autos (según documento al que se ha hecho referencia en consideración que precede), se ha dado a la Sociedad recurrente y sin justificación alguna, un trato distinto que al resto de los usuarios del sistema registral.

Décimo segundo: Que en relación al cobro de $2.500 por generar un certificado de rechazo de la solicitud, y que los recurrentes igualmente estiman como un acto ilegal y arbitrario, cabe precisar que estos sentenciadores no concuerdan con el postulado de los actores, desde que el cobro cuestionado fue generado efectivamente por un servicio del recurrido, consistente precisamente en le elaboración del citado documento.

Décimo tercero: Que finalmente cabe señalar que no muda el razonar de esta Corte, el hecho que la Sociedad recurrente ante la premura de generar la mutación del régimen legal al que está sometida, haya sometido su proceder a lo expresado por el recurrido, en el sentido de generar un documento que diera cuenta de la voluntad de los socios; desde que conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 20.659, el Formulario de migración a través del cual se expresa finalmente la voluntad societaria de migrar, debe ser suscrito dentro de los 30 días siguientes a la emisión del respectivo certificado, de manera que es plausible lo expuesto en estrados, en el sentido que el certificado obtenido tras someterse a lo mandatado por el Sr. nombre reservado, no tendrá una utilidad práctia, debiendo gestar la generación de uno nuevo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 n° 2 y nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, por sí, y por don nombre reservado, y por la sociedad ESTUDIO JURÍDICO nombre reservado, nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, en contra de nombre reservado en su calidad de PRIMER CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO, por lo que en consecuencia se dispone que en lo sucesivo el Sr. nombre reservado recurrido, deberá abstenerse ante requerimientos de la Sociedad recurrente, de solicitar escrituras públicas o cualquier otro documento que no sean los establecidos en la Ley 20.659 y su reglamento correspondiente, en relación a la solicitud que se le haga para que emita un certificado de migración de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtiéndose de los antecedentes allegados a esta causa, que eventualmente existe una disparidad de proceder entre los distintos Conservadores de Bienes Raíces del territorio en que ejerce jurisdicción esta Corte, en relación a la aplicación de las disposiciones de la ley 20.659; pasen los antecedentes al Pleno del Ilmo. Tribunal, para los fines que el mismo estime pertinentes.

Se previene que el Abogado Integrante Sr, Alexis Salvador Gómez Valdivia, no concurre a la decisión de remitir los antecedentes al Tribunal Pleno, toda vez que su excepcional intervención en las decisiones del Ilmo. Tribunal, dicen relación con las jurisdiccionales, y no con aquellas referidas a las facultades conexas del mismo.

Regístrese.

Redactó Alexis Salvador Gómez Valdivia, Abogado Integrante.

Rol N° Protección-730-2021 (pvb).