nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En autos Rol N° 7297-2024, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", comparece doña nombre reservado, chilena, mayor de edad, domiciliada en Temuco, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), fundado en la supuesta ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-151890-2024, dictada por dicho organismo con fecha 27 de septiembre de 2024, mediante la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la actora, confirmando la calificación de origen común respecto del cuadro de salud mental que la afectó, con diagnóstico de trastorno ansioso depresivo.

En su libelo, la recurrente expone que desde el año 2020 se desempeña como trabajadora dependiente en DBS Beauty Store, sucursal Temuco Centro, y que durante su ejercicio laboral ha debido enfrentar un ambiente hostil, marcado por sobrecarga de trabajo, falta de apoyo institucional, acoso por parte de compañeros y ausencia de medidas por parte de sus superiores jerárquicos, circunstancias que le habrían generado un progresivo deterioro de su salud mental, que culminó con un intento de suicidio y la necesidad de tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

Refiere que, ante los síntomas de su padecimiento, se derivó a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entidad que, luego de la tramitación de un ciclo de estudio de enfermedad profesional, concluyó que el cuadro presentado era de origen común y no atribuible a factores laborales. Contra dicha determinación, la recurrente recurrió ante la SUSESO, la que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-114975-2024, de fecha 23 de julio de 2024, mantuvo la calificación de origen común. Posteriormente, interpuso recurso de reposición, mismo que fue rechazado por la resolución que hoy impugna en sede constitucional.

La recurrente estima que las resoluciones administrativas en cuestión vulneran su derecho a la integridad física y psíquica (art. 19 N° 1 CPR), al debido proceso (art. 19 N° 3 CPR) y a la protección de la salud (art. 19 N° 9 CPR), por cuanto la calificación de origen común desconocería el contexto laboral que dio origen a su afección, omitiendo valorar adecuadamente los antecedentes clínicos, testimoniales y documentales aportados, entre ellos, una carta de diez páginas con relato detallado de los hechos vividos en su lugar de trabajo, informes médicos y psicológicos, constancias y amonestaciones, así como el testimonio de su jefatura directa, el cual no habría sido considerado ni recabado.

Evacuando informe, la ACHS relata que la recurrente fue atendida en tres oportunidades: el 7 y 14 de septiembre de 2022, y el 17 de enero de 2024, y que en todas ellas el diagnóstico consignado fue trastorno de adaptación. Señala que, conforme al protocolo de enfermedades mentales del Compendio de Normas de la SUSESO, se descartó la existencia de factores de riesgo psicosociales en el entorno laboral que permitieran calificar la enfermedad como profesional, decisión que fue posteriormente ratificada por la Superintendencia mediante las resoluciones ya citadas.

Por su parte, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana informó que no le corresponde pronunciarse sobre la calificación del origen de patologías, materia que es de competencia del organismo administrador del seguro, en este caso, la ACHS, y de la SUSESO en su calidad de ente fiscalizador y revisor.

La Superintendencia de Seguridad Social, evacuando informe, solicitó en primer término declarar la improcedencia del recurso de protección, por cuanto la discusión planteada excede el objeto cautelar de esta acción constitucional, correspondiendo ser conocida mediante un procedimiento declarativo de lato conocimiento. En subsidio, sostuvo que la resolución impugnada fue dictada en el marco de las competencias legales del organismo, conforme a la Ley N° 16.744 y al Protocolo para el estudio de enfermedades mentales, y que no se acreditan nuevos antecedentes que permitan establecer un nexo causal suficiente entre las condiciones de trabajo de la recurrente y la patología que la afecta, no verificándose exposición a tensión psíquica derivada de liderazgos disfuncionales o condiciones organizacionales hostiles, según los criterios objetivos vigentes.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado 12 de mayo del año en curso, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, del artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

TERCERO: Que, respecto de la alegación planteada en subsidio, sobre la improcedencia del recurso de protección, por tratarse de una cuestión relativa a la seguridad social, la que no goza de la protección de este arbitrio por no encontrarse entre las garantías protegidas por la disposición antes referida, el artículo 20 de la Carta Fundamental, dicho planteamiento es rigurosamente cierto. Sin embargo, hay que reconocer que el asunto también tiene ribetes de orden económico e incluso emocional, que sí tienen protección. Efectivamente, con lo resuelto, la recurrente queda entregada a su suerte en lo que dice relación con los costos que significa la afección de que padece, además de la innegable afectación psíquica que todo mal puede producir, de tal modo que por este solo hecho queda habilitada para recurrir como lo ha hecho.

CUARTO: Que, sin embargo lo antecedente en punto al fondo del asunto, cabe señalar que la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N°5 del Auto Acordado antes aludido, permiten descartar cualquier clase de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, la que, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el asunto, en una decisión apoyada en la revisión de profesionales y antecedentes médicos. Esto es, ha sido debidamente fundada y se ha dictado en uso de las atribuciones que posee la Superintendencia recurrida. La resolución que motiva el recurso indica explícitamente cuál es la razón que se tiene presente para justificar la decisión que se adopta, de manera tal que debe estimarse que satisface los requisitos que exigen el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880, la Ley N°16.744 , que Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como en el Reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contenido en el D.S. N°109, de 1968, del Ministerio del Trabajo. La referida Ley N°16.744 prevé, en su Título VI lo siguiente:

"TITULO VI Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades." Y el artículo 58 de la misma ley: "Artículo 58° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud. Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones.

"Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre las materias a que se refiere este artículo se ajustarán, en lo pertinente, a las mismas normas legales y reglamentarias aplicables a los otros administradores del seguro de esta ley." Luego, los siguientes preceptos de la misma ley disponen:

"Artículo 59°.- Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo se harán en función de su incapacidad para procurarse por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración equivalente al salario o renta que gana una persona sana en condiciones análogas y en la misma localidad.”

"Artículo 60°.- Para los efectos de determinar las incapacidades permanentes, el reglamento las clasificará y graduará, asignando a cada cual un porcentaje de incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.

El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el médico especialista del Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades en los casos de incapacidades permanentes de sus afiliados derivadas de accidentes del trabajo, dentro de la escala preestablecida por el reglamento. El facultativo, al determinar el porcentaje exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores, la edad, el sexo y la profesión habitual del afiliado.

En los casos en que se verifique una incapacidad no graduada ni clasificada previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista del Servicio de Salud respectivo o de las Mutualidades, en su caso, sujetándose para ello, al concepto dado en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el inciso precedente." Finalmente, El Decreto N°109, del Ministerio del Trabajo, que "aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 16.744, de 1° de febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades” precisa en sus artículos 3° y 4°:

"Artículo 3° Se considerará invalidez el estado derivado de un accidente del trabajo o enfermedad profesional que produzca una incapacidad presumiblemente de naturaleza irreversible, aun cuando deje en el trabajador una capacidad residual de trabajo que le permita continuar en actividad.

La invalidez deberá ser graduada en todo caso, en conformidad a las normas establecidas en el presente reglamento, y en tanto represente una incapacidad de ganancia igual o superior a un 15% dará derecho a indemnización global o a pensión, según el caso, sin perjuicio de las prestaciones médicas y subsidios que correspondan.”

"Artículo 4° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces será de competencia de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de Empleadores, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

Para proceder a realizar dichas acciones, en caso de accidentes del trabajo, las respectivas Compin citarán al Instituto de Normalización Previsional y/o a la empresa con administración enfermedades profesionales, citarán a todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el enfermo a contar del 1° de Mayo de 1968." QUINTO: Que, como se desprende de lo transcrito, esta Corte no se se encuentra posicionada en situación de calificar la decisión de la Superintendencia desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad. En el caso de la especie se estiman satisfechas ambas condiciones, de modo tal que falta el supuesto de hecho esencial que justifica la acción de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal. Ninguna norma de las que se han indicado, ni otras de la misma preceptiva, se encuentra transgredida.

SEXTO: Que, finalmente, cabe sostener que la recurrente carece de un derecho indubitado, pues el que esgrime está en discusión. Su pretensión consiste en que se declare que su dolencia es profesional y, por lo tanto, que goza de la protección de las entidades que tienen que apoyar esta clase de enfermedades. Sin embargo, la ACHS y luego la Superintendencia de Seguridad Social, a la que ella voluntariamente recurrió, han señalado lo contrario, generándose de tal manera una controversia que no puede solucionarse a través de un mecanismo de emergencia o urgencia como el presente, sino que a través de los canales especializados para dicho efecto, y finalmente, la discusión en la sede jurisdiccional pertinente, en la que las partes en conflicto tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, sus probanzas y hacer uso de los recursos jurisdiccionales correspondientes.

SÉPTIMO: Que, por lo anterior, el recurso interpuesto no puede prosperar, debiendo ser desestimado, lo que permite a esta Corte obviar el análisis de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección entablada en por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

N°Protección-7297-2024. (csd)