Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco.

Temuco, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien, encontrándose dentro de plazo legal, interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (nombre reservado), la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y de la FUNDACIÓN INTEGRA, por estimar que las actuaciones de dichas recurridas vulneran garantías constitucionales, conforme a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Expone que, con fecha 3 de junio de 2019, sufrió un accidente de trayecto mientras se desempeñaba como trabajadora de un Jardín Infantil dependiente de Fundación Integra, el cual fue debidamente denunciado y calificado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), organismo administrador del Seguro de la Ley N° 16.744. Señala que dicho accidente le ocasionó diversas secuelas físicas que requirieron licencias médicas y seguimiento por parte de la ACHS, manteniéndose reconocido como accidente de trayecto conforme a la normativa vigente.

Agrega que, pese a ello, desde hace aproximadamente un año y medio Fundación Integra ha efectuado descuentos en sus remuneraciones asociados a licencias médicas, sin existir resolución administrativa, fundamento legal o explicación que justifique su procedencia, cálculo u origen. Sostiene que tales descuentos derivan directamente del accidente de trayecto y de las prestaciones médicas y económicas otorgadas por la ACHS, trasladándole indebidamente una carga que no le corresponde asumir, lo que le ha ocasionado un grave perjuicio económico y emocional.

Afirma que no cuenta con otro medio eficaz e inmediato para poner término a esta vulneración, por lo que interpone recurso de protección, denunciando la infracción de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Respecto de la primera, sostiene que no se ha considerado la afectación de su salud mental; y en cuanto a la segunda, alega que se ha vulnerado su derecho de propiedad mediante descuentos efectuados en sus remuneraciones sin autorización ni fundamento legal.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (nombre reservado), la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Fundación Integra; acogerlo a tramitación; requerir informe a las recurridas y, en definitiva, ordenar que se resuelva su situación, se revise y pague su licencia médica, y cesen los descuentos arbitrarios efectuados sobre sus remuneraciones, adoptándose además las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección de las garantías constitucionales invocadas, con costas en caso de oposición.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1.-Carta de la nombre reservado. 2.-Liquidaciones de sueldo donde constan los descuentos. 3.-Certificado que acredita el accidente de trayecto. 4.-Carta de defensa. 5.-Autorización no firmada. 6.-Correo de licencias.

A folio 9, comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe requerido, solicitando en primer término, el rechazo del recurso por extemporáneo, argumentando que la propia recurrente reconoció, en presentación de 28 de agosto de 2025, tener conocimiento de la situación relativa a una licencia médica del año 2019 y de los descuentos asociados a ella. Agrega que, mediante Resolución Exenta N.° R-01-UJU-16537-2026, de 2 de febrero de 2026, concluyó que cualquier controversia sobre descuentos efectuados por Fundación Integra escapa a su competencia y corresponde ser conocida por la Contraloría General de la República. Sostiene que el recurso fue interpuesto recién el 3 de marzo de 2026, una vez vencido el plazo constitucional de treinta días, sin que la reclamación administrativa suspenda o interrumpa dicho término.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción, por tratarse de materias relativas al derecho a la seguridad social y al otorgamiento de subsidios por incapacidad laboral, las que se encuentran sometidas a procedimientos y órganos especializados, no siendo susceptibles de tutela mediante el recurso de protección.

En cuanto al fondo, expone el marco normativo aplicable al sistema de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, indicando que el derecho al subsidio sólo nace una vez autorizada la licencia médica por el organismo competente y cumpliéndose los requisitos legales. Asimismo, señala que las controversias relativas a descuentos efectuados por Fundación Integra exceden las atribuciones de la Superintendencia, correspondiendo su conocimiento a la Contraloría General de la República, mientras que la actuación del organismo recurrido se limitó al ejercicio de las competencias que le confiere la Ley N.° 16.395 y demás normativa aplicable.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario que le sea imputable ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto la Superintendencia no interviene en las decisiones médicas ni en el pago de remuneraciones, limitándose a revisar técnicamente las resoluciones de la COMPIN. Añade que el subsidio por incapacidad laboral no constituye un derecho adquirido por la sola emisión de la licencia médica, sino que requiere el cumplimiento de los requisitos legales, los que en este caso no concurrieron al haber sido rechazadas las licencias respectivas. En consecuencia, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 12, comparece el abogado Patricio Castillo Barrios, actuando en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido en autos, solicitando el rechazo del recurso, sosteniendo que su representada no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere derechos fundamentales de la recurrente. Expone que, en su calidad de organismo administrador del Seguro de la Ley N.° 16.744, su función se limita a otorgar las prestaciones preventivas, médicas y económicas derivadas de accidentes del trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales.

Señala que la acción se funda exclusivamente en los descuentos efectuados por Fundación Integra sobre las remuneraciones de la recurrente, los que son imputados por ésta a las prestaciones otorgadas con ocasión del accidente de trayecto sufrido el 3 de junio de 2019. Sin embargo, sostiene que dichos descuentos constituyen una decisión exclusiva de la empleadora, respecto de la cual carece de competencia, no formulándose reproche alguno a la calificación del accidente ni al otorgamiento de las prestaciones contempladas en la Ley N.° 16.744.

Expone que el accidente fue debidamente calificado como accidente de trayecto y que la recurrente recibió oportunamente todas las prestaciones médicas previstas por la ley, manteniéndose bajo tratamiento desde el 3 de junio de 2019 hasta el 13 de marzo de 2020. Asimismo, indica que se emitieron órdenes de reposo por un total de 201 días, generándose los correspondientes subsidios por incapacidad laboral.

Agrega que Fundación Integra mantenía convenio de pago directo, por lo que debía pagar inicialmente los subsidios y solicitar posteriormente su reembolso dentro del plazo legal de seis meses, lo que no ocurrió. En consecuencia, el derecho al reembolso prescribió, circunstancia que no resulta imputable a la ACHS, la cual cumplió íntegramente con sus obligaciones legales.

Finalmente, señala que la Superintendencia de Seguridad Social revisó los antecedentes con ocasión del reclamo administrativo de la recurrente, concluyendo que no existían irregularidades en la actuación de la ACHS y que cualquier controversia relativa a los descuentos practicados por Fundación Integra corresponde al conocimiento de la Contraloría General de la República. En consecuencia, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a la Asociación Chilena de Seguridad y solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 29, comparece la abogada Carolina Mason Mayorga, en representación de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (Fundación Integra), quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Refiere que no concurren los presupuestos de procedencia previstos en el artículo 20 de la Constitución, por cuanto no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que haya vulnerado derechos fundamentales de la recurrente.

Expone que es una institución educacional sin fines de lucro, financiada mayoritariamente con recursos públicos y sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Reconoce que, desde octubre de 2024, efectúa descuentos mensuales de $50.000 en las remuneraciones de la recurrente, los que tienen su origen en el reintegro de sumas anticipadas con ocasión de un subsidio derivado de un reposo laboral que no fue posteriormente regularizado.

Señala que en enero de 2021 remitió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) la documentación necesaria para la tramitación del subsidio y que, entre los años 2021 y 2024, no recibió observaciones, requerimientos ni resolución sobre dicho trámite. Agrega que, conforme a su Reglamento Interno, la Fundación anticipa remuneraciones mientras se tramitan subsidios por licencias médicas, quedando el trabajador obligado a reintegrar los montos percibidos cuando las licencias son rechazadas o no regularizadas, facultándose a la empleadora para efectuar los descuentos correspondientes, circunstancia que fue informada a la recurrente mediante carta de 5 de septiembre de 2024. Añade que, tras un reclamo presentado por la trabajadora en octubre de 2025, la ACHS informó que el subsidio se encontraba prescrito por falta de un certificado de vigencia laboral, antecedente cuyo requerimiento previo no pudo acreditar. Frente a ello, Fundación Integra solicitó una revisión excepcional del caso, sosteniendo, además, que correspondía a la trabajadora verificar el estado de tramitación de sus licencias y ejercer oportunamente los recursos administrativos pertinentes.

Finalmente, indica que las licencias médicas no regularizadas generaron una deuda de $3.712.796, cuyo reintegro se ha efectuado mediante descuentos mensuales de $50.000 desde octubre de 2024, habiéndose descontado a la fecha $1.050.000. En consecuencia, sostiene que los descuentos encuentran fundamento en su normativa interna, fueron previamente informados a la trabajadora y no constituyen actuaciones ilegales o arbitrarias ni vulneran las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 30, evacúa informe la Contraloría Regional de la República, señalando que la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor -INTEGRA-, es una entidad de derecho privado cuya personalidad jurídica le fue concedida mediante el decreto N° 900, de 1979, del entonces Ministerio de Justicia, de acuerdo a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que se encuentra sujeta a la fiscalización de esta Contraloría General de conformidad con el inciso segundo del artículo 16 la ley N° 10.336 (aplica criterio contenido en el dictamen N° E428358, de 2023, de este origen).

Menciona que la jurisprudencia del Organismo de Control contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 80.187, de 2013 y E235340, de 2022 -cuya copia se remite-, ha precisado que la facultad de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a los trabajadores de la referida institución no compete a dicha Entidad de Fiscalización, dado que no revisten el carácter de funcionarios públicos, por lo que no resulta posible emitir un pronunciamiento sobre el asunto requerido.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción cautelar de naturaleza constitucional, de carácter urgente y autónomo, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que las priven, perturben o amenacen. Su finalidad es restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado mediante la adopción de las medidas necesarias para poner término a la vulneración denunciada.

Segundo: Que la procedencia de esta acción exige la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) la existencia de un acto u omisión atribuible al recurrido; b) que dicho acto u omisión sea ilegal o arbitrario; c) que de él derive una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por esta vía, respecto de un derecho indubitado; y d) que esta Corte se encuentre en situación material y jurídica de adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que de los antecedentes acompañados aparece que la controversia tiene su origen en los descuentos efectuados por Fundación Integra sobre las remuneraciones de la recurrente, vinculados a licencias médicas derivadas de un accidente de trayecto ocurrido en el año 2019, así como en el rechazo de la reclamación administrativa deducida ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, consta que la recurrente tuvo conocimiento efectivo de los hechos que sustentan esta acción, a lo menos, con ocasión de la presentación administrativa efectuada el 28 de agosto de 2025, en la que expuso la falta de pago del subsidio por incapacidad laboral y los descuentos practicados en sus remuneraciones. Asimismo, consta que la Resolución Exenta N° R-01-UJU-16537-2026 fue dictada el 2 de febrero de 2026, mientras que el presente recurso fue interpuesto recién el 3 de marzo del mismo año. En consecuencia, cualquiera sea el acto que se estime impugnado, la acción constitucional no fue deducida dentro del plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, circunstancia que impide su acogimiento.

Quinto: Que el plazo previsto para la interposición del recurso de protección es de carácter fatal y constituye un presupuesto de procedencia que debe ser examinado de oficio antes de entrar al conocimiento del fondo del asunto. La jurisprudencia uniforme ha sostenido que dicho plazo no se suspende ni interrumpe por la interposición de reclamaciones administrativas o por actuaciones posteriores, debiendo computarse desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento cierto del acto que estima lesivo. En este sentido, resulta ilustrativa la jurisprudencia contenida en las sentencias pronunciadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de mayo de 2026, en las causas Roles N° 8.555-2026 y N° 3.003-2026.

Sexto: Que, aun si se prescindiera de la extemporaneidad advertida, la acción igualmente no podría prosperar. En efecto, respecto de la Superintendencia de Seguridad Social, consta que dicho organismo conoció del reclamo administrativo formulado por la recurrente, requirió los antecedentes pertinentes a la Asociación Chilena de Seguridad y dictó la resolución correspondiente, concluyendo que el subsidio reclamado se encontraba prescrito y que la controversia relativa a los descuentos practicados por Fundación Integra excedía el ámbito de sus atribuciones legales. No se advierte, por tanto, que dicha autoridad haya actuado al margen de las competencias que le confiere la Ley N° 16.395 ni que su actuación pueda calificarse de ilegal o arbitraria.

Séptimo: Que tampoco se aprecia ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la Asociación Chilena de Seguridad. De los antecedentes consta que calificó el siniestro como accidente de trayecto, otorgó las prestaciones médicas correspondientes, emitió las órdenes de reposo y actuó conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 16.744. Asimismo, no existe antecedente alguno que permita atribuirle la decisión o ejecución de los descuentos cuestionados, los que emanan exclusivamente de la empleadora.

Octavo: Que, Fundación Integra reconoce haber efectuado los descuentos reclamados, sosteniendo que corresponden al reintegro de anticipos de subsidios otorgados durante la tramitación de licencias médicas que posteriormente no fueron regularizadas, fundando su actuación en las disposiciones de su Reglamento Interno y en las obligaciones derivadas de la relación laboral. La recurrente, por su parte, controvierte la legalidad y procedencia de dichos descuentos, afirmando que carecen de fundamento jurídico.

Noveno: Que, en tales condiciones, la controversia planteada exige determinar la procedencia jurídica de los descuentos efectuados por la empleadora, el alcance de las obligaciones derivadas del sistema de anticipos de subsidios, los efectos de la prescripción del derecho al reembolso y las eventuales responsabilidades de los distintos intervinientes en la tramitación de las licencias médicas. Tales materias requieren de un procedimiento de lato conocimiento, con amplitud probatoria y debate contradictorio, lo que resulta incompatible con la naturaleza cautelar, urgente y sumaria del recurso de protección.

Décimo: Que, en consecuencia, no se encuentra acreditada la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte de manera directa e indubitada las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Del mismo modo, las cuestiones planteadas exceden el ámbito de cognición propio de esta acción cautelar, debiendo ser conocidas y resueltas a través de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales especialmente previstos por el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD y de FUNDACIÓN INTEGRA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-721-2026 (cwm).