CORPORACIÓN EDUCACIONAL GOLDEN SCHOOL DE nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARA

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, treinta de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece RODRIGO ISMAEL GAJARDO TORO, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación del recurrente CORPORACION GOLDEN SCHOOL DE TEMUCO, persona jurídica Educacional, representada legalmente por don nombre reservado, Ingeniero nombre reservado Industrial Mención Mecánica, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Recurro de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, persona jurídica de derecho público, representada por su director don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer:

En los autos civiles voluntarios sobre proceso de expropiación, rol V – 192-2019, del primer juzgado civil de nombre reservado, Caratulados “SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGION ARAUCANIA, con fecha 10 de septiembre de 2019, el recurrido pidió al Tribunal la entrega material del inmueble expropiado, referido a la parte frontal del colegio donde funciona mi representada en la calidad de señalada, con alumnos en clases hasta el día 12 de diciembre de 2019 y profesores y directivos hasta el día 31 de diciembre de 2019, según dan cuenta los calendarios de actividades académicas que se acompañan.

El mismo Tribunal con fecha también 10 de septiembre de 2019, autoriza la toma de posesión material del inmueble a la recurrida, lo que significa que el Serviu Novena Región desde esta fecha puede en forma libre entrar al colegio, traer las maquinarias y comenzar a demoler este establecimiento educacional para comenzar con sus obras.

No hay que perder de vista que las empresas constructoras a cargo de la ejecución del proyecto, comienzan inmediatamente con el proceso de demolición, puesto que estos trabajan con plazos para dar cumplimiento a sus contratos, luego de vencidos estos se les comienzan a cobrar multas.

Como podrá darse cuenta esto significa que el colegio que representa deberá cerrar su año escolar ahora, puesto que en cualquier momento comienzan las obras de demolición del local donde este funciona y no pueden exponerse a alguno de los alumnos resulte herido con los movimientos de tierras y demoliciones, además del ruido que se ocasiona, hace imposible la concentración de los estudiantes para sus estudios.

Cree que esta es una decisión arbitraria de parte del Serviu en pedir al Tribunal la entrega material del colegio si las obras en esa parte aún están muy lejos de los actuales trabajos, pudieron esperar perfectamente que se cierre el año escolar para comenzar con sus obras y no perjudicar así a la gran cantidad de alumnos, profesores, paradocentes que habitan diariamente ese establecimiento educacional.

Entendemos que es una derecho que tiene el Serviu para realizar las expropiaciones que considere necesarias para el bienestar común de la ciudad, pero no puede con esas acciones atropellar derechos o garantías inalienables de las personas, con su actuar antojadizo y arbitrario.

En este colegio funciona con alumnos de enseñanza pre básica, básica y media, por lo que existen niños de diferentes edades que los trabajaos les afectará de diferente forma, así como el hecho de tener que cerrar su año escolar en forma anticipada, sobre todo para los cuartos medios que comienzan en esta fecha sus programas de preparación de PSU.

Los hechos descritos constituyen una infracción a las siguientes garantías o derechos constitucionales:

1.- El derecho a la educación. ( artículo 19 Nº10 de la Constitución Política de la República ) .​Esta norma dispone que “ La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.”, lo que se vería mermado con la acción del recurrido, por las razones ya mencionadas.

2.- La libertad de trabajo y su protección. ( art. 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República ).

Como se dijo en este establecimiento educacional trabajan docentes, paradocentes, administrativos, los cuales también verán vulnerados sus derechos con la acción de la recurrida, puesto que en el caso de las personas que no tienen calidad de docentes y que no les rige el estatuto docente deberán cesar en sus funciones antes del periodo señalado en su respectivos contratos de trabajo.

3.- La igualdad ante la ley; ( art. 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República).

En Chile no hay persona ni grupos privilegiados; Hombres y mujeres son iguales ante la ley; Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.-Como he señalado anteriormente a nuestro entender con el actuar de la Servicio de Vivienda y Urbanismo de estaría vulnerando esta garantía Constitucional de los alumnos del colegio, así como de los demás involucrados.

Siendo el Servicio de vivienda un organismo del Estado, tiene la obligación de no hacer distinciones arbitrarias, cuestión que está realizando con su actuar, al pedir el colegio antes que los alumnos terminen su calendario normal de clases, esto es una arbitrariedad de parte de la recurrida.

4.- El Derecho de Propiedad. (Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.)

El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Dicha disposición garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies. En este caso, existe un derecho de propiedad que tienen los alumnos del colegio de poder terminar sus clases en forma normal, en las fechas que se indicaron la autoridad de educación correspondiente, como se demostrará con documentación que se acompaña.

5.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ( art. 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República.).

Este derecho se verá vulnerado con los ruidos que provocan las maquinarias que realizarán los trabajos en el establecimiento educacional y en sus inmediaciones.

Los ruidos molestos es una contaminación al medio ambiente y que perjudicará en mayor medida a los alumnos del establecimiento educacional, puesto que como Ssa., Iltma, podrá entender “ No es posibles estudiar y concentrarse cuando existe ruidos que no lo permiten.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, persona jurídica de derecho público, representada por su director don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, , por los motivos antes señalados, acogerla a tramitación y ordenar, en definitiva: a) Que, se ordena poner fin a los actos y hechos descritos como arbitrarios, ilegales y que infringen las garantías constitucionales señaladas, en la forma antes señalada; b) Que, por lo anteriormente se ordena al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA que no puede comenzar sus trabajos en el colegio que represento hasta que las clases se encuentren terminadas, según calendario que se acompaña a esta presentación y que tienen como fecha final el día 31 de diciembre de 2019; c) Tampoco pueden perturbar el acceso al colegio a los alumnos, apoderados y demás personas relacionadas con el quehacer diario del mismo; d) Que las maquinarias no pueden causar ruidos molestos que puedan perjudicar el estudio de los alumnos interior de sus aulas de clases; e) Toda esta situación deberá llevarse a cabo dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo del presente recurso o dentro del que Ssa., Iltma., determine. f) Que, se deberán tomar todas las providencias para el restablecimiento del imperio del derecho en el lugar y situaciones descritas en este recurso. y g ) Que se condena en costas del recurso al recurrido.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta Nº 02220, de 18 de marzo de 2019, de la Secretaria Regional Ministerial de educación de la Novena Región, que aprueba calendario escolar.

2.- Ordinario Nº 2 del Colegio Golden School, de fecha 2 de enero de 2019, donde se indica el calendario escolar de la entidad educacional que representa.

3.- Estatutos de constitución de la Corporación educacional que representa.

4.- Título de dominio de la propiedad donde se encuentra emplazado el colegio y que es objeto de la expropiación.

5.- Copia de inscripción en el Registro de Comercio del colegio que represento.

6.- Copia del RBD del colegio.

7.- Copia de la solicitud de entrega material del inmueble efectuado por el recurrido al señor Juez del Primer nombre reservado de fecha 10 de septiembre de 2019.

8.- Copia de la resolución de fecha 10 de septiembre de 2019, del señor Juez del Primer nombre reservado, que accede a la entrega material.

9.- Mandato judicial.

A folio 9, el Primer nombre reservado, adjunta antecedentes de la causa V- 192-2019.

A folio 11, informa el recurrido quien dice:

Qué, interpone la excepción de Incompetencia Absoluta de este Ilustrísimo Tribunal en atención a la Materia, por cuanto entendemos que la Acción de Protección no es la vía procesal idónea para solicitar o discutir la normativa, facultades y atribuciones, del D.L. 2186 del año 1978 del Ministerio de Justicia, sobre Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones; ni mucho menos respecto de las solicitudes y resoluciones en el marco de la tramitación de un Procedimiento Expropiatorio seguido ante un Tribunal Civil, debido a que dichos trámites son presentados y fallados conforme a derecho, en la especia conforme al referido Decreto Ley, sino que cualquier oposición, reclamación o solicitud debiese ser formulada en dicho proceso civil, ante el Tribunal Civil que conoce del asunto.

En efecto, dicho mecanismo constitucional tiene por finalidad justamente proteger, resguardar y tutelar, asegurando el goce pleno y efectivo de aquellos derechos constitucionales que indica el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República que se vean vulnerados o puestos en riesgo, siquiera, para lo cual, necesariamente, hay que ser titular de éstos y dicha vulneración o riesgo debe originarse por una conducta, sea acción u omisión, arbitraria e ilegal.

Siguiendo este orden, sostiene la recurrente que la conducta de este servicio consistiría en la acción arbitraria, a su parecer, de solicitarle al Tribunal que conoce de la causa civil de expropiación (causa Rol V-1239-2019) la Toma de Posesión material del inmueble en donde se encuentra emplazado el colegio en el marco del proyecto Mejoramiento Avenida Luis Durand entre Avenida Andes – El Carmen, nombre reservado, (punto 5 del libelo); pero en el párrafo siguiente (punto 6), reconoce que es un derecho del expropiante.

Menester es hacer presente que la obra denominada “Mejoramiento Avenida Luis Durand entre Avenida Andes – El Carmen, nombre reservado” está lejos de ser considerada como arbitraria o ilegal por cuanto, en primero término, se ajusta plenamente a derecho conforme el marco normativo del D.L. 2186 de 1978 y el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República y; además, nace como respuesta a una necesidad pública de gran parte de los habitantes de la comuna de nombre reservado por lo cual se colige que esta es una medida que busca un fin mayor, el bien común, por lo cual está lejos de ser considerada como antojadiza, carente de fundamento o arbitraria.

Siguiendo esta ilación, la Ley Orgánica de Expropiaciones, D.L. 2186, permite al ente expropiante solicitarle al Juez Civil que conoce del asunto la Toma de Posesión Material del inmueble que se expropia y; a la vez, al Tribunal que conoce del asunto, una vez verificados los requisitos legales, acceder a dicha solicitud. Por lo anterior, difícilmente la solicitud y autorización de toma de posesión material enmarcada en una gestión judicial conocida por el juez competente, podría constituir un acto arbitrario o ilegal.

Además, la acción de protección no es el mecanismo para obtener lo que la ésta pretende. En efecto, lo que la recurrente pretende es que por vía constitucional se resuelva una serie de asuntos civiles, y que dicen relación con paralizar la obra de Mejoramiento Avenida Luis Durand, ya que solicita:

1.- Poner fin a los actos expropiatorios 2.- Que no se dé inicio a los trabajos 3.- Que no se perturbe el acceso al colegio 4.- Que no se causen ruidos por parte de las maquinarias;

5.- Costas.

En este orden de idas, la recurrente no sólo no satisface los requisitos establecidos en el artículo 20 de la carta fundamental, sino que pretende paralizar y oponerse al acto expropiatorio mediante la interposición de la presente acción cautelar, siendo que tuvo y tiene la instancia que ellas sean conocidas en sede civil, como mandata la normativa. En efecto, la recurrente puede o le asiste ejercer los derechos contemplados en los artículos 9° y 12 del D.L. 2186 de 1978 del Ministerio de Justicia, esto es:

1.- La reclamación total de la expropiación en casos de expropiación parcial;

2.- Reclamar respecto del monto de lo expropiado o;

3.- Reclamar respecto la ilegalidad del acto expropiatorio;

Lo que la recurrente está haciendo, es constitucionalizar el derecho civil. En efecto, en cuanto a esto último, pretende vía acción de protección evitar la expropiación y paralizar las obras en esta sede lo cual, creemos, que no posible porque ello ya fue ordenado por un Tribunal Civil competente en el marco de un procedimiento legalmente tramitado y en perfecta armonía con la ley orgánica de expropiaciones y nuestra carta fundamental.

Entendemos que, de discutirse el fondo y naturaleza de estos derechos, el monto de lo expropiado, el alcance o tipo de expropiación (total o parcial), así como la legalidad o no de un Acto Expropiatorio sería posible, pero en un juicio civil de lato conocimiento.

Solicita tener por interpuesta la Excepción de Incompetencia Absoluta en razón del factor Materia, declarando que se rechaza el recurso en toda sus partes, con costas, ya que el conocimiento del asunto de autos debe ser conocido por un Tribunal Civil sea el que conoce de la expropiación u otro, a raíz de un juicio de lato conocimiento, determine la legalidad y procedencia o no de un acto expropiatorio.- En forma subsidiaria a la excepción promovida en lo principal de esta presentación, y sólo ante la eventualidad de que ésta sea rechazada por vengo en informar el recurso de protección interpuesto por don RODRIGO ISMAEL GAJARDO TORO, Abogado, en representación de la Corporación Educacional Golden School Temuco en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía, solicitando el rechazo de la acción ejercida, con expresa condena en costas, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer:

El recurso tiene su fundamento u origen, en un escrito presentado por Serviu Región de La Araucanía en causa Rol V-192-2019 seguido ante el Primer nombre reservado, mediante el cual solicita la toma de posesión material del inmueble en el cual se encuentra emplazado el colegio Golden School, propiedad de la Corporación Educacional Golden School Temuco, el cual fue objeto de expropiación por causa de utilidad pública en el marco del diseño, desarrollo y ejecución de la obra denominada Mejoramiento Avenida Luis Durand entre Avenida Andes – El Carmen, nombre reservado.

Sostiene, es arbitrario solicitar la toma de posesión material del terreno expropiado ante el juzgado civil que conoce del asunto, debido a que ello daría lugar a un inminente inicio de obras y que con ello se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, de libertad de trabajo, derecho a la educación, de propiedad, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en los artículos 19 N°2, N°16, N°10, N°24 y N°8, de la Constitución Política de la República de Chile.-Sobre el particular, yerra el recurrente al afirmar que el Proyecto de expropiación y la solicitud de toma de posesión material son arbitrarias, por el proyecto de Mejoramiento tienen su origen en una necesidad pública, causa de utilidad pública, por cuanto tiende a mejorar la conectividad y calidad de vida de todos los habitantes de la región y de quienes transitan por aquel sector y; por lo demás, debido a que el actuar de Serviu Región de La Araucanía se encuentra amparado por su ley orgánica, el D.L. 2186 de 1978 del Ministerio de Justicia y el artículo 19 n°24 de nuestra carta fundamental.

Por lo demás, el diseño del proyecto y la expropiación ordenada que afecta al inmueble en donde se encuentra emplazado el Colegio Golden School es sólo parcial, vale decir sobre una parte de dicho lote, el cual es necesario para el ensanchamiento de la calzada, y en ningún caso se afectaría la totalidad del terreno, ya que las expropiaciones que afectan al recurrente de autos, es solo expropiación parcial, y en consecuencia no obliga a una relocalización de los estudiantes ni de sus trabajadores. De lo anterior da cuenta Plano y ficha de expropiación, acompañado en un otrosí de esta presentación, en el cual se indica que el terreno tiene una superficie de 4.640 metros cuadrados de los cuales sólo se expropiarán 505,05 metros, aproximadamente el 10%.- El monto por concepto de expropiación asciende a la suma de $333.552.688 el cual se encuentra consignado a la orden del Primer nombre reservado con fecha 13/08/2019 y ya fue retirado por la recurrente con fecha 08/10/2019, según consta en causa Rol V-192-2019 del Primer nombre reservado.-Por lo demás, todo esto es conocido desde inicios de año por el sostenedor y la dirección del Colegio Golden School (Corporación Educacional Golden School Temuco) en donde han existido conversaciones que se han manifestado en innumerables reuniones. A mayor abundamiento, los sostenedores siempre han estado en conocimiento que se trata de una expropiación parcial; en reuniones sostenidas se les ha solicitado que intenten acomodar su programa educacional a los plazos del proyecto a fin de evitar ocasionar molestias a los estudiantes y; de igual modo, se les ha solicitado que gestionen la autorización para término de año escolar ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación, comprometiéndose a ello tanto la directora del colegio como su sostenedor, según da cuenta actas de reunión acompañadas en un otrosí de esta presentación.- En este orden de ideas, entendemos que se pretende dejar sin efecto un acto expropiatorio, lo cual no sería posible toda vez que aún no nace a la vida del derecho, por lo que la Acción de Protección no es la vía procesal idónea para ello o discutir, siquiera, la procedencia o no de un acto expropiatorio conforme el D.L. 2186 de 1978 en armonía con el artículo 19 número 24 de nuestra Constitución Política de la República, dado que nuestro ordenamiento jurídico contempla otras herramientas, ya sea en la misma ley, la cual reserva todas aquellas alegaciones de forma y fondo, monto o procedencia, para el procedimiento especial contemplado en el mencionado decreto ley, siendo de conocimiento de los tribunales civiles y, por ende, en un juicio civil y no vía acción de protección o; si se invoca y desconoce la validez de nuestra normativa constitucional y legal que ampara, permite y regula la expropiación, queda a salvo la vía de invocar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

En efecto, esta acción constitucional protectora tiene por finalidad justamente proteger, resguardar y tutelar uno o más derechos, asegurando el goce pleno y efectivo de aquellos a los que hace referencia el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República que se vean afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales.

En cuando a las defensas de fondo, importante es hacer presente que la futura expropiación está lejos de ser considerada como arbitraria o ilegal por cuanto, en primero término, se ajusta plenamente a derecho conforme el marco normativo del D.L. 2186 y el artículo 19 N°24 de nuestra carta fundamental y; además, nace como respuesta a una necesidad pública de gran parte de los habitantes de la comuna de nombre reservado por lo cual se colige que esta es una medida que busca un fin mayor, el bien común, por lo cual está lejos de ser considerada como antojadiza, carente de fundamento o arbitraria. Fundamento de lo anterior, es el Informe Favorable N°52 de fecha 04 de Julio del año 2019 emitido por el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía, que singulariza la porción a expropiar del inmueble en donde se encuentra emplazado el colegio Golden School, del cual fluye claramente el carácter de utilidad pública de este proyecto expropiatorio, tal como lo exige el artículo 51 de la Ley 16.391.- Así, de los antecedentes expuestos, como de los documentos acompañados y antecedentes que constan en autos, se colige que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de mí representada. Lo anterior, tanto en la fase previa de diseño y evaluación de utilidad pública; como en la posterior, referente a la expropiación que efectuará Serviu Región de La Araucanía en el marco del proyecto de Mejoramiento vial Avenida Luis Durand entre Av. Andes – El Carmen, nombre reservado, por cuanto:

a) Se realizó la consulta ciudadana;

b) Se le informó a Corporación Educacional Golden School que la expropiación es parcial;

c) Se le informó a Corporación Educacional Golden School la necesidad de acomodar su programa de estudio y que gestionen la autorización de término anticipado de año escolar, ante lo cual aceptaron;

d) Se sostuvieron reuniones con directiva y sostenedores de Colegio Golden School en virtud de las cuales aceptaron y se comprometieron a poner término anticipado al año escolar y a gestionar la autorización indicada en la letra c) precedente;

e) Se le hizo entrega a los sostenedores de informe técnico de expropiación, el cual indica superficie, porción y demás antecedentes que permitieran, ante cualquier eventualidad, continuar las clases dentro del mismo recinto.

f) La futura expropiación no es arbitraria, tiene su génesis por una causa de utilidad pública, a saber: descongestionar el tráfico vehicular de avenida Luis Durand; mejorar la seguridad mediante la instalación de nuevas y mejores señaléticas; mejorar la calidad de vida de cientos de personas que viven en el sector y de miles que transitan día a día por aquel;

g) La expropiación no es ilegal, sino que tiene su fundamento y amparo en un robusto sistema normativo que permite y mandata realizarla a Serviu Región de La Araucanía, en la forma que en el apartado siguiente se expondrá.

Conforme al artículo 1° del D.L. 355: “Los Servicios de Vivienda y Urbanización son Instituciones Autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración indefinida. Pueden utilizar la sigla “SERVIU” para su denominación, agregando la mención relativa a la región correspondiente.”

En relación a lo anterior, la ley orgánica de los Serviu, Decreto N°355, en su artículo 3° encomienda las funciones que los Servicios de Vivienda y Urbanización deben realizar, indicando: ARTÍCULO 3°: “El SERVIU estará encargado de adquirir terrenos, efectuar subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar urbanizaciones, proyectar y llevar a cabo remodelaciones, construir viviendas individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales y barrios, obras de equipamiento comunitario, formación de áreas verdes y parques industriales, vías y obras de infraestructura y, en general, cumplir toda otra función de preparación o ejecución que permita materializar las políticas de vivienda y urbanismo y los planes y programas aprobados por el Ministerio.”

En este mismo sentido, y para dar cumplimiento a sus funciones, el artículo 4° del referido Reglamento Orgánico permite externalizar ello a particulares, disponiendo: ARTICULO 4°: “Para el cumplimiento de sus funciones, el SERVIU podrá expropiar, comprar, permutar, vender, dar en comodato o arrendamiento toda clase de inmuebles, fijando precios o rentas, licitar, dar y recibir en pago, aceptar cesiones, erogaciones, donaciones, herencias y legados y, en general, adquirir (….)”

Ley 16.391 que Crea El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dispone en su Artículo 50: “El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y servicios dependientes y las instituciones que se relacionen administrativamente con el Gobierno a través de él, podrán utilizar en las expropiaciones las disposiciones de los textos primitivos de la ley 3.313, o de la ley 5.604.”

Artículo 51 de la Ley 16.391 el cual indica la posibilidad de expropiar por causa de utilidad pública, prescribiendo: “Las expropiaciones se ordenarán mediante resolución de los Directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización, previo informe favorable de la División de Desarrollo Urbano o de los Secretarios Regionales o Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 12° y 24° del decreto ley N° 1.305, de 1976”.

Por su parte, el procedimiento expropiatorio del D. L. N° 2.186 del año 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de expropiaciones. Este cuerpo legal especial apunta a la necesidad del Estado de contar con un procedimiento expropiatorio ágil y expedito para poder desarrollar las obras que el progreso del país exige y, por otra parte, resguardar en forma justa el derecho del propietario y los distintos derechos de terceros que, de un modo u otro, se ven alcanzados o afectados con la expropiación.

Como se desprende, esta repartición pública sometió su actuar no sólo a las leyes y normativa sectorial, sino que sometió su actuar a nuestra Constitución Política obrando dentro de la esfera de sus atribuciones conforme lo establece y mandatan los artículos 6°, 7° y 19 n°24 inciso 3° de nuestra carta fundamental.

La recurrente ha sostenido en su libelo, que la acción de mi representada es arbitraria e ilegal y ha vulnerado o puesto en riesgo el Derecho de Igualdad ante la ley – Artículo 19 N° 2; el Derecho de Propiedad -19 N°24; Derecho a la Educación -19 N°10; Derecho a la Libertad de Trabajo -19 N°16 y; Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -19 N°8, todos de la Constitución Política de la República.

Al respecto, entendemos que no existe vulneración por cuanto:

1) No existe vulneración al derecho a la educación consagrado en el artículo 19 n°10 de nuestra Constitución Política de la República, por cuanto se sostuvieron diversas reuniones en las cuales el Sostenedor del Colegio Golden School se comprometió a adaptar su plan de estudios y en solicitar a la Secretaria Regional Ministerial de Educación la autorización para poder concluir el año escolar con unos días de antelación. Lo anterior, consta en documentos que se acompañan en un otrosí del presente informe. Por lo demás, la recurrente no es titular de este derecho.

2) No existe vulneración al derecho de la libertad de trabajo, por cuanto dicha libertad reconocida en el numeral 16 del artículo 19 dice relación con poder decidir libremente en qué se pretende desarrollar la fuerza laboral de una persona, así como de decidir a quién se desea contratar, y el acto expropiatorio no implica coartar la actividad que se pretende desarrollar ni se le prohíbe u obliga a realizarla con determinada persona. Por lo demás, la recurrente no es titular de este derecho.

3) El actuar de Serviu Araucanía se ajusta al artículo 19 n°2 de nuestra carta magna, y no afecta la igualdad ante la ley por cuanto entiende esta repartición pública que la propiedad relevante para el juicio de igualdad, en este caso, no está dada por ser Golden School el propietario del inmueble, ni por destinarse dicho inmueble a estudiantes de dicho colegio, ni a la edad, sexo, o condición de éstos, sino que tiene por criterio a quienes tengan un derecho real de dominio o propiedad sobre algunos de los inmuebles, lotes o porciones de terreno ubicados dentro de la franja de factibilidad técnica y jurídica del proyecto de mejoramiento vial.

En este sentido, importante es delimitar conceptualmente igualdad y precisar el alcance del mandato constitucional, así “Desde el punto de vista conceptual, la igualdad en el contenido de la ley constituye un mandato al legislador y consiste en que las prescripciones del Derecho deben tratar de la misma manera a los iguales y de diversa manera a los desiguales. La igualdad en la aplicación de la ley, por su parte, se refiere a la noción clásica de igualdad direccionada hacia el juzgador. Consiste en que el órgano que ejerce jurisdicción debe tratar de la misma manera a lo igual y tratar de diversa manera a lo desigual.”

De lo expuesto, y atendiendo la noción de igualdad, “lo igual se refiere a que elementos en comparación coinciden en la totalidad de sus propiedades relevantes y; que lo desigual alude a elementos en comparación que divergen en al menos una de sus propiedades relevantes”.

En adición a lo anterior, Serviu ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y cumpliendo la normativa vigente, obrando motivado por la utilidad pública, siendo su obrar evidentemente racional y con fundamento legal, para alcanzar el bien común. De lo anterior, surge la necesidad de recalcar que esta medida tiene por finalidad un fin mayor, el bien común materializado en la solución vial y de interconexión de miles de familias de la nuestra región, por lo que deberá necesariamente entenderse que la medida de Serviu Araucanía es perfectamente proporcional3.

De igual modo, no se ve vulnerado al derecho de propiedad. Al respecto, cabe hacer presente que, si bien éste se asegura sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, nuestra carta magna también establece expresamente que puede ser limitado. En este sentido, el inciso segundo del artículo 19 N°24 consagra que “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”

5) En lo atingente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es la ley 19.300 que define qué se entiende por medio ambiente libre de contaminación en su artículo 2°, letra m), consignando que se entiende por tal: “aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. Por lo anterior, deberá acreditar la recurrente que los eventuales ruidos que se pudiesen producir por futuros trabajos superan los decibeles permitidos por normativa, ya que el simple hecho de “ocasionar ruidos” no es óbice para paralizar o impedir la ejecución de obras constructivas o de urbanización.

Ahora bien, pese a que este informante estima que no existen vulneración de garantías, es necesario manifestar que no basta que exista una limitación a los derechos, sino que aquella debe ser carente de fundamento, contraria o desapegada a la ley. Al respecto, es necesario tratar los requisitos que debe satisfacer el recurso de protección, dado que esa lesión o amenaza debe estar dada por una acción u omisión que, además, sea arbitraria o ilegal. En este orden de ideas, el “actuar” consistiría, por lo expuesto por la propia recurrente, en “una decisión arbitraria de parte de Serviu en pedir al Tribunal la entrega material”. En este orden de idas la recurrente no sólo no satisface los requisitos establecidos en el artículo 20 de la carta fundamental por no cumplir y acreditar los supuestos exigidos para la acción de protección, sino que no existe a juicio de este informante una amenaza, perturbación o lesión a algún derecho fundamental. Para que exista vulneración debe existir un acto u omisión por parte del Serviu Araucanía que prive o limite el derecho de igualdad ante la ley y, dicha actuación u omisión, ha de ser arbitraria o ilegal, lo cual en la especie no ocurre.

Así, por ‘arbitrariedad’ se entiende algo con carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanzar. En idéntico sentido se ha pronunciado nuestra Excma. Corte Suprema, al considera que algo es arbitrario “cuando es contrario a la justicia, la razón o las leyes, y dictado por la sola voluntad o capricho.”4 En este sentido, “arbitrariedad” importa la acción u omisión carente de sustrato racional, esto es, la manifestación del simple capricho del agente. La arbitrariedad por tanto importa la comisión de un acto caprichoso, que no puede explicarse recurriendo a la razón. En efecto, “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empelados y el objetivo a obtener, o aun la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón”5. En suma, se entiende por arbitrario algo con carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanzar.

Por otro lado, lo ‘ilegal’ se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas, es decir, de lo contrario a la ley6. Así lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal quien ha fallado y precisado que un acto se entiende ilegal cuando “no se atiene a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley”.

La legalidad en el actuar de Serviu Araucanía se ve respaldado por el conjunto de normas citadas en el apartado anterior; mientras que lo razonable de la medida tiene su base en el bien común, como ya se ha dicho y en el camino recorrido por mi representa a fin de cumplir la normativa y de evitar problemas futuros en el desarrollo y fase de ejecución de las obras de Mejoramiento en Avenida Luis Durand.

Además, se realizaron los estudios y la consulta ciudadana, como da cuenta documento adjunto en un otrosí de esta presentación. De igual modo, y con la finalidad de que los alumnos del Colegio Golden School terminen su año escolar como debe ser es que se han sostenido innumerables reuniones con el sostenedor de dicho establecimiento educacional, don nombre reservado y con la Directora del mismo colegio, doña nombre reservado, en el sentido de solicitarles que puedan ajustar su programa educacional y soliciten los permisos a la Seremi de Educación, manifestando en dichas reuniones que no tienen inconveniente en terminar su año escolar antes comprometiéndose a obtener la autorización ante la Seremi, tal y como dan cuenta actas de reuniones que se acompañan en un otrosí de esta presentación.-En efecto. como S.S. Ilustrísima bien sabe, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos copulativos:

a) Ser titular de un derecho de aquellos susceptibles de protección conforme al artículo 20 de la carta fundamental asegurados en el artículo 19, en la especie el del número 2;

b) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión;

c) Que esa acción u omisión sea contraria a derecho, ilegal; vale decir que no exista justificación jurídica o; que se establezca la arbitrariedad de esa acción u omisión, como se dijo, teniendo por arbitrario lo carente de razonabilidad;

d) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía;

e) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brinda la protección; y f) En lo formal, que se le haya interpuesto dentro del plazo contemplado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política.

Por lo expuesto, en el caso conculcado, no existe una acción u omisión atribuible a mi representada que pueda ser objeto de reproche por esta Corte y que, además, pueda ser calificada como arbitraria e ilegal. Por lo expuesto, y al no concurrir estos presupuestos fácticos de la acción constitucional de estos autos, los que deben ser copulativos, corresponde que S.S. Ilustrísima proceda a desestimar la acción de tutela impetrada por la recurrente.

Solicita se sirva tener por informado, dentro de plazo, el recurso de protección interpuesto por don RODRIGO ISMAEL GAJARDO TORO, Abogado, en representación de la Corporación Educacional Golden School Temuco en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía, procediendo vuestro Ilustrísimo Tribunal a rechazarlo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no ser arbitrario ni ilegal el actuar de Serviu Región de La Araucanía.

Acompaña con los siguientes documentos:

1.- Decreto de Nombramiento TRA 272/63/2018, tomado de razón el 11/03/2019 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, el cual nombra a don nombre reservado como Director en el cargo de Titular de Serviu Región de La Araucanía;

2.- Mandato Judicial otorgado con fecha 04 de Abril del año 2019 ante don nombre reservado, notario público titular de nombre reservado, documento en el cual constan mis facultades para actuar en estos;

3.- Informe Final: “Mejoramiento Avenida Luis Durand entre Av. Andes – El Carmen, nombre reservado", confeccionado por la consultora “Testing, Soluciones en Ingeniería Urbana. En el cual consta, desde la páginas 74, 123 y 124), el proceso de Participación Ciudadana realizado. Además, estudia el impacto social y medio ambiental de todo el proyecto.

4.- Ficha y plano de expropiación, confeccionada por la consultora “Testing, Soluciones en Ingeniería Urbana” y visada por Serviu Región de La Araucanía, N°133/34-0, el cual señala porción de la superficie parcial a expropiar.

5.- Informe Técnico “Demolición Parcial Colegio Golden School”, el cual da cuenta de la distribución del metraje, superficie construida útil, deslindes, cabida, y superficie a expropiar.

6.- Acta de Reunión y Lista de Asistencia a Reunión de Coordinación de fecha 25/07/2019, en la cual consta la participación de doña nombre reservado, directora del Colegio Golden School y de don nombre reservado, sostenedor del Colegio Golden School; funcionarios Serviu y otras personas que se indican, y da cuenta de los acuerdos adoptados, entre los cuales se encuentra el de agilizar el término de año y coordinar reunión con la Seremi de Educación;

7.- Acta de Reunión y Lista de Asistencia a Reunión de Coordinación de fecha 27/08/2019, en la cual consta la participación de doña nombre reservado, directora del Colegio Golden School; don nombre reservado, sostenedor del Colegio Golden School; nombre reservado, Seremi de Educación; funcionarios Serviu y otras personas que se indican; acta que da cuenta que se tomó por acuerdo que el colegio termine el año escolar con fecha 31/10/2019.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que previo al análisis del negocio sub lite, cabe precisar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código nombre reservado- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos indubitados y no disputados del recurrente, y a juicio de esta Corte, en la especie, no se desprende de los hechos descritos por el recurrente, fundando el acto impugnado, la existencia de tales derechos de las características antes precisadas establecidos en favor del actor que sean susceptibles de ser cautelados mediante el presente recurso, pues éstos han sido controvertidos por la recurrida, según se infiere de lo consignado, ya que éste no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, pues para ello está la vía jurisdiccional, ya que el pronunciamiento que persigue el recurrente, para su adecuado reconocimiento y determinación, debe ser objeto, necesariamente, de una controversia, en que las partes procesalmente puedan acreditar en forma legal sus pretensiones -discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean procedentes- propósito que, como reiteradamente lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en situaciones análogas a las planteadas por el recurso en estudio, no es posible lograr a través de esta sede constitucional de excepción.

CUARTO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden, puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis en cuestión que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, ya que esto implicaría, en definitiva, un pronunciamiento judicial declarativo.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, corresponde tener presente, que dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional en estudio, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, lo que en la especie, a juicio de esta Corte, no ocurre, por lo que, atendida su naturaleza cautelar, impide que el recurso en comento pueda emplearse para dilucidar situaciones no comprendidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, como sería, en el caso en estudio, impedir la tomar material de un inmueble expropiado, como tampoco restringir las obras de construcción de una avenida, ya que al efecto existe un procedimiento específico en el Decreto Ley 2186, de 1978, que Aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

SEXTO: Que, en estas condiciones, no procede acoger la acción cautelar intentada, por carecer de base indubitada, sin perjuicio de otros derechos ejercidos por la vía procesal correspondiente.

SÉPTIMO: Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada no puede prosperar y, consecuencialmente, debe ser rechazada, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1º, 3º y 5º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso deducido en por RODRIGO ISMAEL GAJARDO TORO, en representación de CORPORACIÓN GOLDEN SCHOOL DE TEMUCO, en contra de SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Redacción del Ministro sr. Aner Padilla Buzada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad, conjuntamente con dos sobres en custodia.

N°Protección-7110-2019. (sac)