TRACTOFOR LTDA. con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, treinta de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece nombre reservado, ingeniero civil industrial, en representación de Comercial y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada, nombre de fantasía Tractofor Ltda., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, en razón del trato no igualitario ante la Ley, la discriminación y las diferencias arbitrarias en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado, constituyendo una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República; todo con expresa condenación en costas.

Con fecha 09 de mayo de 2018, don nombre reservado, funcionario de salud ocupacional de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de la Araucanía, inicia sumario sanitario en contra de Comercial y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada sobre protocolo TMERT, encontrando ausencia de aplicación a los artículos 110 a1, 110 a2 y 110 a3 del Decreto 594 que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, en concordancia con el Decreto Exento 804 que aprueba Norma General Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo de Trastornos Musculo Esqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT).

De acuerdo a los plazos pactados, se realizan y ejecutan las medidas correctivas y preventivas de todo lo identificado, subsanando a la brevedad los defectos que dieron origen a la infracción. Debidamente citado, con fecha 16 de mayo de 2018, se formulan los correspondientes descargos que comunican la corrección inmediata de los hechos y rectificación de las deficiencias detectadas raíz de la atenta y respetuosa fiscalización, además de la implementación efectiva del protocolo TMERT, tal como lo expresa la Resolución N°18092095 de fecha 07 de noviembre de 2018: “…, por lo que se han subsanado todas las deficiencias constatadas, acompañando documentos verificadores.”.

Con fecha 10 de abril de 2019, se notifica la Resolución N°18092095 aplicando una multa de 15 UTM en su equivalente en pesos al momento de su pago, omitiendo arbitrariamente el artículo 177 del Código Sanitario.

Con fecha 15 de abril de 2019, se interpone Recurso de Reposición en contra de la Resolución N°18092095 de fecha 07 de noviembre de 2018, solicitando se deje sin efecto y sólo se aperciba y amoneste, sin aplicar la multa y demás sanciones, estando ya subsanado el origen a la infracción.

Con fecha 20 de enero de 2020, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía resuelve acoger parcialmente el Recurso de Reposición, rebajando la multa a 5 UTM, mediante la emisión de la Resolución N°2009125, discriminando en el acto por causa de un trato no igualitario ante la Ley, existiendo diferencias arbitrarias en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado.

Con fecha 28 de febrero de 2020, se interpone Recurso Extraordinario de Revisión en contra la Resolución N°2009125 en razón de incurrir en manifiesto error de hecho al dictarla siendo determinante para la decisión adoptada y aparecer documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no fue posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento, vulnerando nuevamente los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía emite Resolución N°J1-002684 confirmando el trato no igualitario ante la Ley, la discriminación y las diferencias arbitrarias en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado del artículo 177 y dando no ha lugar sin sentido ni fundamento al Recurso Extraordinario de Revisión, por cuanto el argumento no tiene relación con lo requerido. Sin embargo, la vulneración de derechos es aquella que de forma directa incide en la determinación de todas las resoluciones precedentes.

En efecto, el artículo 19 de la Constitución Política de Chile establece los derechos constitucionales. En particular, el N°2 expresa “La igualdad ante la Ley… En Chile no hay persona ni grupo privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la Ley. Ni la Ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; el N°3 menciona que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”; y, el N°22 instaura “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.”; todos derechos claramente vulnerados.

Si bien es cierto, la legislación mala, inconstitucional y discriminatoriamente permite a la autoridad sanitaria imponer de manera arbitraria una multa dentro de un rango permitido bajo el libre albedrío del Director de Salud, esto vulnera el requisito de proporcionalidad y gradualidad descrito en diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional con miras a evitar la arbitrariedad de la administración pública, además de los artículos 19 N°2, N°3 y N°22 de la Constitución Política de la República de Chile.

Sin perjuicio de lo anterior, existe una vulneración de derechos por cuánto estamos bajo un criterio arbitrario de decisión y fundamento del Director de Salud en la aplicación de la multa y una facultad discriminatoria del artículo 177 del Código Sanitario.

Solicita se tenga por deducido recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, en razón del trato no igualitario ante la Ley, la discriminación y las diferencias arbitrarias en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado, constituyendo una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República; solicitando se declare ha lugar y admisible el Recurso Extraordinario de Revisión, se deje sin efecto la multa y sólo se aperciba y amoneste, sin aplicar la multa y demás sanciones, estando ya subsanado el origen a la infracción; todo con expresa condenación en costas.

En subsidio a lo principal y para el caso de no acogerse o acogerse parcialmente el Recurso de Protección en el sentido de declarar ha lugar y admisible el Recurso Extraordinario de Revisión vía recurso de protección a una resolución administrativa; respetuosamente se tenga por deducido RECURSO DE PROTECCIÓN en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, recurso con los mismos fundamentos antes señalados, en razón del trato no igualitario ante la Ley, la discriminación y las diferencias arbitrarias en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado, constituyendo una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República; solicitando se declare expresamente la existencia de vulneración de derechos; todo con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Recurso de Reposición y Jerárquico - Seremi de Salud 2.- Recurso Extraordinario de Revisión - Seremi de Salud 3.- Resolución Exenta N°J1-002684 4.- Certificado de Administración y Vigencia de Sociedad A folio 8, informa Secretaria Regional Ministerial de Salud, quien dice:

Como bien lo señala la propia recurrente, se inició sumario sanitario N°189EXP663, con fecha 08/05/2018, según consta en Acta N°1809185, levantada por funcionarios de Salud Ocupacional, de esta Secretaria Regional de Salud, comprobándose las siguientes deficiencias:

“No se ha realizado la identificación y evaluación del riesgo biomecánico (Repetitividad, Fuerza, Posturas y Tiempos de Recuperación) para la extremidad superior de los puestos de trabajo y tareas según los criterios establecidos en el DS. 594 y la lista de chequeo de la norma técnica 143. - No está programada la evaluación de factores de riesgo de trastorno músculo esqueléticos de extremidad superior. - La empresa no gestiona el riesgo de exposición a los Factores de Riesgo de trastornos músculo-esqueléticos relacionados al trabajo (identificación, evaluación y control). - La empresa no realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce la exposición a factores de Riesgo de trastornos músculo-esqueléticos relacionados al trabajo, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. - No se realizó la difusión del protocolo al Comité paritario de higiene y seguridad, sindicatos ni trabajadores con exposición a factores de Riesgo de trastornos músculo-esqueléticos".

Respecto a lo anterior y presentados y ponderados los descargos pertinentes, se resolvió el sumario mediante Resolución Exenta N° 18092095 de fecha 07 de noviembre de 2018, aplicando en definitiva, una multa de 15 UTM. Lo anterior, se notificó con fecha 10 de abril de 2019.

Con fecha 15 de abril, se presenta recurso de reconsideración administrativa por parte de la sumariada, el que fue resuelto mediante Resolución Exenta N° 2009125 de fecha 20 de enero de 2020, acogiéndose el recurso, rebajándose la multa aplicada de 15 UTM a 5 UTM. La referida resolución fue notificada con fecha 21 de enero de 2020.

Con fecha 28 de febrero de 2020, se presenta nuevo recurso extraordinario de revisión en contra de la resolución N° 2009125, presentación resuelta mediante Resolución Exenta N° J1-002684, fecha 28 mayo de 2020, la cual rechaza el recurso interpuesto, toda vez que primero, no se cumplía con los requisitos de admisibilidad del artículo 60 de la Ley 19.880 y porque pese a su denominación, en el fondo se trataba de un nuevo recurso de reconsideración pero presentado esta vez como uno extraordinario de revisión, todo lo cual motiva su rechazo.

Que, entendiendo el recurso de protección como aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, resulta complejo a la luz de lo señalado en su recurso, determinar precisamente el acto respecto del cual se generan las supuestas vulneraciones que alega. Existen antecedentes de tres resoluciones emitidas por esta Autoridad Sanitaria, aquella que resuelve el sumario sanitario, aquella que resuelve el recurso de reconsideración administrativo y finalmente aquella que resuelve el recurso extraordinario de revisión, a las cuales ya se ha hecho referencia, sin que se precise en su recurso, cuál habría a su juicio, generado la privación, perturbación o amenaza de sus garantías constitucionales. Lo anterior, resulta del todo relevante pues impide poder determinar a ciencia cierta si el recurrente se encontraba o no dentro del plazo de 30 días corridos conferidos por el Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales para recurrir ante Vuestra Ilustrísima Corte, generando con ello una afectación al derecho a la defensa de esta parte pues la imprecisión evidente de que adolece el recurso impide computar adecuadamente el plazo indicado.

Que, en relación a lo anterior e independiente de cual resolución sería la que, a juicio de la recurrente, le habría provocado una vulneración a sus garantías constitucionales, resulta importante hacer presente que se alega por ésta, la no aplicación de la facultad contenida en el artículo 177 del Código Sanitario y en ese sentido, dicha facultad sólo era posible respecto de la resolución que resuelve el sumario, esto es, Resolución Exenta N° 18092095 de fecha 07 de noviembre de 2018, notificada con fecha 10 de abril de 2019, o de aquella que resolvió la reconsideración interpuesta, esto es, Resolución Exenta N° 2009125 de fecha 20 de enero de 2020, notificada con fecha 21 de enero de 2020, no procediendo su aplicación respecto al recurso extraordinario de revisión, toda vez que como ya se explicó, desde un punto de vista procesal ya se encontraba agotada la vía administrativa para impugnar y en ese sentido, al proceder respecto de las dos primeras y no de la última, sólo resta concluir que su recurso ha sido presentado de manera extemporánea.

Que, independiente de lo anterior y aun entendiendo que la acción interpuesta por la recurrente se encuentre dentro de plazo, esta no puede prosperar, toda vez que carece de todo fundamento razonable pues su relato no explica de qué forma se habrían vulnerado las garantías constitucionales que pretende. En efecto, se alega vulneración del artículo 19 N°2: "La igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados... Hombres y mujeres son iguales ante la Ley", y del Artículo 19 N°22: "La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica".

Lo anterior, a su juicio se genera respecto de la no aplicación de la facultad de amonestación contenida en el artículo 177 del Código Sanitario, sin indicar por lo demás cuándo, en qué resolución u actuación de esta Autoridad Sanitaria, ello habría ocurrido. Señala como fundamento de lo anterior, de manera genérica y más aún, en forma de pregunta, lo siguiente: "¿Por qué a otro contribuyente no se le aplica la multa y a mí sí?, pues existe cantidad suficiente de resoluciones precedentes en las cuales los Directores Regionales se acogen al artículo 177 del Código Sanitario." Lo anterior no cuenta con ningún respaldo objetivo que permita a esta parte informar de manera adecuada toda vez que habla de "otro contribuyente" sin indicar cuál sería éste, habla de "resoluciones precedentes", sin adjuntar prueba alguna que permita determinar a qué sumariado se refiere, o a qué sumarios sanitarios se refiere, en los que se habría utilizado la facultad de amonestación utilizando criterios distintos a aquellos evaluados al momento de resolver su sumario sanitario.

A mayor abundamiento, el artículo 177 del Código Sanitario señala lo siguiente: "El Director General de Salud podrá cuando se trate de una primera infracción y aparecieren antecedentes que lo justifiquen, apercibir y amonestar al infractor, sin aplicar la multa y demás sanciones, exigiendo que se subsanen los defectos que dieron origen a la infracción, dentro del plazo que se señale". Como se podrá apreciar, se trata de una "facultad" de la Autoridad Sanitaria, la que será utilizada de manera prudencial dependiendo de los antecedentes de cada sumario sanitario, por ende, en el sumario en que la recurrente fue sancionada con multa, la no utilización de la facultad en comento dice relación con que las deficiencias encontradas en la visita inspectiva revestían riesgo para la salud de los trabajadores de las instalaciones, y que las mismas no fueron desvirtuadas, sólo subsanadas parcialmente, razón por la cual se aplicó la multa de 15 UTM, la que a la postre, fue rebajada a 5 UTM en la resolución que resolvió su recurso de reconsideración conforme ya se ha expuesto, multa, que por lo demás se encuentra dentro de los rangos legales permitidos.

Se alega finalmente como norma constitucional vulnerada, la indicada en el Artículo 19 N° N°3: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".

Conforme a lo expuesto, la recurrente indica "El expreso trato no igualitario ante la Ley, la discriminación y las diferencias arbitrarias del Director de Salud de la Araucanía en su fundamento y resolución en un proceso no legalmente tramitado que constituyen una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". Cabe preguntarse a qué se refiere la recurrente al señalar que esta Seremi de Salud ha realizado actuaciones en un proceso "no legalmente tramitado". Lo anterior resulta del todo grave pues nuevamente se realiza una acusación de vulneración de garantías constitucionales sin señalar de manera clara y fundamentada la forma y momento en que ello habría ocurrido. En efecto, la sanción de multa respecto de la cual se recurre, dice relación con un proceso de sumario sanitario el que se encuentra reglado en el Código Sanitario, artículos 161 y siguientes. Luego de constatadas las deficiencias sanitarias, las que fueron reconocidas expresamente por la parte sumariada, se citó a formular descargos, los que fueron recibidos, analizados y ponderados en la resolución que lo sanciona con multa. Luego de ello, se presentó recurso de reconsideración, el que fue debidamente analizado junto a la prueba adjunta y resuelto mediante resolución, a la cual ya se ha hecho referencia. Luego, el recurso extraordinario de revisión, se rechazó por improcedente. Sin perjuicio de todo lo anterior, aún le restaba, si así lo estimaba pertinente, la reclamación judicial, por tanto, a lo largo de todo el proceso sancionatorio administrativo la parte sumariada y ahora recurrente, contó con todas las instancias y garantías para hacer valer sus derechos, sin que a su respecto se haya vulnerado el debido proceso y todo ello, dentro de un procedimiento absolutamente reglado.

Finalmente, señalar que conforme al artículo 171 del Código Sanitario, se establece que "De las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria. El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida". En consecuencia, la recurrente contaba además con la herramienta procesal de la reclamación judicial para hacer valer sus derechos si es que éstos no habían sido debidamente observados en la instancia administrativa. Dicha instancia judicial, a nuestro entender, constituía la vía idónea para reclamar lo que estimase pertinente en relación a la sanción administrativa de la que fue objeto y no el recurso de protección interpuesto, en el cual se alega vulneración de garantías constitucionales de manera infundada, cuando en realidad lo que se pretende por la recurrente, es dejar sin efecto una sanción administrativa legalmente aplicada en un proceso regulado como lo es el sumario sanitario, escapando ello a la finalidad del recurso de protección como institución procesal.

Que, por las consideraciones anteriores, es que se solicita tener por evacuado el informe requerido, y rechazar el Recurso de Protección interpuesto en contra de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, toda vez que como ha quedado en evidencia, no se ha cometido una acción u omisión arbitraria alguna que atente contra las garantías constitucionales de la parte recurrente, haciendo presente que en virtud de lo prescrito en el 3 de la Ley N° 19.8880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios.

Que, en atención a las mismas consideraciones ya expuestas, se solicita se tenga por evacuado informe respecto a lo solicitado en el segundo otrosí por la recurrente, toda vez que no existe a dicho respecto, una acción u omisión arbitraria alguna que atente contra las garantías constitucionales de la parte recurrente.

Se solicita, para el improbable caso de que se acoja el presente recurso de protección, no condene en costas a ésta parte, por cuanto de los antecedentes expuestos, se desprende que se ha tenido motivo plausible para litigar.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N° 18092095, de fecha 07.11.2018;

2.- Resolución Exenta N° 2009125, de fecha 20.01.2020; y 3.- Resolución Exenta N° Jl-002684, de fecha 28.05.2020.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se recurre de protección por Comercial Y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada, nombre de fantasía Tractofor Ltda., contra la Resolución N°J1-002684 de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía que desestima el recurso extraordinario de revisión presentado por la causal del articulo 60 letra b.-) de la ley 19.880, contra la Resolución N°2009125 de 2020 que acoge parcialmente Recurso de Reposición presentado por la recurrente, rebajando la multa aplicada, en el contexto de un sumario sanitario, a 5 UTM.

SEGUNDO: Que, la Res. Exta. N° °J1-002684 de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía resuelve: “No ha lugar por improcedente a segundo recurso de reconsideración presentado nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, representante legal de Comercial y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada, por lo expuesto en los considerandos de la presente resolución”.

TERCERO: Que, el artículo 60 de la ley 19.880 contempla un recurso que, como aparece de la propia denominación que le da la ley, es de carácter extraordinario y que, por sus particularidades propias configura un mecanismo de impugnación distinto a los recursos procesales administrativos previstos en el Código Sanitario , tanto en lo relativo a los requisitos y plazos para interponerlo, como, especialmente, en lo que respecta a las causales que lo hacen procedente, no existiendo, dentro del procedimiento sanitario posibilidad de reclamar, a través de los medios impugnativos que él considera, sobre las situaciones de que trata el artículo 60 de la ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en términos equivalentes a los previstos en éste. A lo anterior, se debe agregar que no se advierte que la aplicación del señalado recurso extraordinario de revisión, atendida su naturaleza y características, pueda importar una distorsión o alteración del procedimiento sancionatorio previsto en el Código Sanitario.

CUARTO: En estas condiciones, no existe impedimento para la aplicación supletoria, conforme lo avala el artículo 1 de la ley 19.880 en el ámbito sanitario del recurso extraordinario de revisión, debiendo precisarse , en todo caso, que para que pueda ser acogido es menester que se reúnan las exigencias legales, especialmente que se acredite de modo fehaciente que se ha configurado alguna de las situaciones que en forma taxativa consigna el referido artículo 60, no correspondiendo que por esta vía simplemente se reiteren planteamientos ya considerados en el procedimiento de sanitario respectivo .

QUINTO: Que, conforme al artículo letra b.-) del artículo 60 la ley 19.880, que es la letra que avala la presentación del recurrente, se podrá interponer el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, en contra de los actos administrativos firmes cuando al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento.

SEXTO: Que, al ser las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud órganos desconcentrados del respectivo ministerio, no puede considerarse que exista superior jerárquico respecto del ejercicio de las potestades adoptadas en su condición de órgano desconcentrado, como es el caso del rol que cumple en relación a los sumarios sanitarios, en los que la ley ha radicado un sector de materias de competencia exclusiva de ese órgano, razón por la cual el recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos firmes adoptados en sumarios sanitarios ha de interponerse directamente antes dichas Secretarias Regionales Ministeriales.

SEPTIMO : Que, el error de hecho es aquel que versa sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, no diciendo relación con la interpretación de las normas legales o reglamentarias aplicables en el supuesto de que se trate. Este además tiene la condición de manifiesto cuando es claro, evidente y pudiendo ser detectado de la sola lectura del respectivo acto administrativo. Por documentos “que aparecieren”, se denota que ha de tratarse de documentos distintos a los aportados al expediente en que se dictó la resolución. Son documentos de los cuales no se tenía conocimiento y se manifiesta públicamente al conocimiento de las partes con posterioridad a la resolución.

SEPTIMO: Que, la recurrente no acompañóningún nuevo documento en el recurso extraordinario de revisión presentado a la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía que permita justificar su alegación. En efecto, de la lectura de dicho recurso se aprecia que solo se acompaña en un otrosí un certificado de Administración y Representación Legal de Comercial y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada, lo que obviamente no dice relación con el fundamento de la causal que sostiene su recurso. Adicionalmente el supuesto manifiesto error de hecho lo hace recaer en cuestiones de interpretación y de aplicación de los artículos 174 y 177 del Código Sanitario, lo que obviamente no permite configurar la causal alegada.

OCTAVO: En este contexto, no hay ilegalidad o arbitrariedad en el hecho que la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía haya desestimado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, al ser el mismo claramente improcedente, al no configurarse la causal que había invocado la recurrente, razón por la cual será desestimado el recurso de autos.

NOVENO: Que, si bien la resolución recurrida en una impropiedad de lenguaje señala que no hace lugar por improcedente a segundo recurso de reconsideración, ello no altera que la misma resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la recurrida, no influyendo dicha impropiedad en la validez de lo resulto, al no incidir en aspectos de orden sustancial del respectivo acto administrativo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, el recurso de protección de autos, interpuesto por nombre reservado, ingeniero civil industrial, en representación de Comercial y Servicios Mecanizados Agroforestales Tractofor Limitada, nombre de fantasía Tractofor Ltda., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Roberto Contreras Eddinger.

Rol Nº 7090-2020. (sac)