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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 7086-202120 sep 2021

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
20 de septiembre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 7086-2021, sentencia de 20 de septiembre de 2021

Resumen

Se rechaza la protección contra los copropietarios por instalación de portón, poste y estacionamiento de maquinaria en el inmueble común, al ser actos conservativos o requerir juicio de lato conocimiento; se ordena entregar llaves del portón a los recurrentes.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, actuando personalmente, y compareciendo además a nombre de su hermano don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso, señalando que los hechos que motivan su interposición, consisten en la negación al acceso a la propiedad y en una actual ejecución de obras, no consentidas por la totalidad de los comuneros, en un bien inmueble, y la instalación de maquinarias por parte de los recurridos, quienes han ingresado de manera violenta y clandestina, abusando de su derecho de copropiedad, derribando portones y postes de electricidad, además de talar de varios árboles nativos.

Señala que la conducta que imputana los recurridos, se ha concretado en daños materiales que pudieron constatar con los demás comuneros, además de una violación a los principios que rigen las comunidades en general, y en una constante y grave amenaza a sus derechos, lo que afecta tanto a su integridad psíquica, y a su patrimonio.

Añade que la limitación en la propiedad en la que se han visto afectados, recae sobre el uso y el goce del terreno en cuestión, el cual se mantiene jurídicamente en calidad de bien común, ya que en un principio ella y sus hermanos lo adquirieron por sucesión por causa de muerte, en la herencia intestada quedada al fallecimiento de su padre; posteriormente una fracción de ellos, cinco de un total de ocho comuneros, con fecha 06 de mayo de 2021, haciendo pleno uso de sus facultades legales, vendieron sus partes o cuotas mediante escritura pública firmada en la ciudad de Temuco, al recurrido don nombre reservado, quien en dicha ocasión actúo representado legalmente por don nombre reservado. Hace presente que el terreno en cuestión se encuentra ubicado al costado norponiente de la ciudad de Curacautín, colindando con la población centenario, no obstante, aquello, su clasificación corresponde a la de un predio rural y no urbano, siendo su superficie de media hectárea, por tanto y en virtud de la ley vigente que rigen las subdivisiones en predios rurales, esta mínima superficie no admite materialmente una cómoda división entre los copropietarios y/o comuneros.

Acota que la actuación material por parte de los recurridos, consiste en que con fecha 02 de junio de 2021, y habiéndose enterado recientemente con su hermano nombre reservado de la venta de las otras porciones o cuotas de la propiedad en cuestión, y concurriendo al terreno para comprobar su estado, se pudieron percatar que se había derribado el portón de acceso y los postes de electricidad, además se habían talado varias especies nativas de árboles. Sumado a esto comprobaron que en el interior se encontraban varias maquinarias tales como retroexcavadoras, camiones y motosierras, todas de propiedad del recurrido don nombre reservado; todo lo anterior sin haber mediado acuerdo previo entre los actuales copropietarios. Precisa que el día 11 de junio, se logró comunicar vía telefónica con el comunero Sr. nombre reservado, haciéndole saber su malestar al tomar arbitrariamente posesión del terreno, sin embargo, él no acogió de buena forma su inquietud señalando que gozaba de una mejor posición frente a ellos al tener el mayor porcentaje o la mayor cantidad de derechos que recaen sobre el inmueble, por tanto esto lo habilitaría para tomar posesión de él, y por tanto no requiere solicitar permiso a nadie. Incluso se jactó que contaba con la asesoría de abogados y que por su parte podía intentar todas las acciones legales que estimara pertinentes. Apunta que actualmente en el lugar existe instalado un portón de metal que nos bloquea su acceso con llave.

Señala que con su actuar, los recurridos les han desplazado arbitrariamente, impidiéndoles el acceso al terreno y violentado sus derechos de participación en la comunidad habida con él. No corresponde el hecho que se estén realizando trabajos, ni menos tala de árboles sin su consentimiento ya que soncomuneros, y no existe un administrador que gestione los intereses comunes.

Afirma que este actuar constituye, por si misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza grave en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la Republica señala en el numero 24 referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Solicita se acoja el recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en su actuar y en la ejecución de cualquier tipo de obra material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación, sin perjuicio además, de establecer su obligación en orden, también en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de los afectados, los graves daños y atropellos que actualmente se producen en el inmueble señalado, todo ello con expresa condenación en costas.

A folio 14, consta informe de CONAF, que señala: Informamos como terceros técnicos ajenos a la presente causa, que analizados los documentos y en función de la información proporcionada, se efectuó revisión de nuestro Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF) y se recabó información de las carpetas físicas existentes en la Oficina de Área de Curacautín de la Corporación Nacional Forestal, no encontrando antecedentes sobre la existencia de planes de manejo u otro tipo de autorizaciones para la tala de árboles asociados al predio Rol de avalúo N° 201-495 de la comuna deCuracautín.

A folio 19, consta informe nombre reservado, quien señala que por escritura pública de fecha 09 de julio del año 2021, adquirió acciones y derechos que recaen en un retazo del resto de la hijuela N°50 del plano N° 2 de la ciudad de Curacautin. Compró a los Señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, es decir,compró derechos a cinco de ocho comuneros, en consecuencia, tiene cinco octavas parte de los derechos del predio en cuestión.

Centrándose en el rcurso, destaca que la recurrente afirma que con fecha 02 de junio de 2021, habiéndose enterado junto a su hermano de la venta de cuotas de la propiedad, concurriendo al terreno para comprobar su estado, se pudieron percatar que se había derribado el portón de acceso y los postes de electricidad, además de haberse talado varias especies nativas de árboles.En relación al punto, indica que lo señalado no es efectivo, ya que de acuerdo a la escritura de compraventa que se acompaña, su representado nunca en forma anterior a dicha compra realizó acto alguno que pudiera perturbar los derechos de la recurrente, ya que mal podría haber realizado los actos “arbitrarios” que le imputan antes de la adquisición de dichos derechos, ya que solamente con fecha posterior a la fecha de compra, es decir, 19 de julio de 2021, pudo ir a verificar el estado de la propiedad, en consecuencia la recurrente falta a la verdad en cuanto a la fecha de los supuestos hechos ocurridos.

No obstante, lo anterior, y pudiendo existir un error en la fecha señalada por la recurrente, en relación a los actos arbitrarios, se debe realizar las siguientes apreciaciones:

a) En relación al Portón que se derribó, esto en realidad no ocurrió, sino que, por el contrario, no existía portón alguno (foto N° 1 que se acompaña), sino que un alambrado, y que con fecha posterior a la compra de derechos, observando en terreno el estado que se encontraba dicha entrada, decidió por cuenta propia, colocar un portón de mejor calidad, tal como lo demuestran las fotos que se acompaña, teniendo un costo aproximado de $2.500.000. Todo lo anterior con el único propósito de proteger el predio para evitar el ingreso de intrusos al mismo, y todo ello en beneficio de todos los comuneros, sin haberles cobrado nada al respecto. Por otra parte, si bien tiene llave para su ingreso, este nunca se les ha negado, más aún, existiendo uno de los comuneros viviendo dentro del predio a título gratuito, quien puede abrir el portón a cualquiera de los recurrentes que necesiten ingresar a ello. En consecuencia, no existe el tal acto arbitrario o ilegal de que se habla.

b) En cuanto a que se habría derribado el poste de electricidad, nuevamente, la recurrente yerra en su apreciación, toda vez que habiendo observado que el poste de tendido eléctrico era de madera y que por los años transcurridos se encontraba en estado deplorable y a punto de caerse, lo que implicaba un peligro inminente, ya que de caerse podría haber provocado un incendio de magnitud inimaginable, preocupado de ello, realizó las gestiones ante la compañía eléctrica con el objeto de reponer dicho poste como así también un nuevo medidor. Lo que efectivamente así ocurrió, donde colocaron un poste de cemento y nuevo medidor eléctrico, todo ello le significó personalmente un costo de $1.000.000, valor que tampoco ha sido exigido al resto de los comuneros. Todo lo antes indicado, solo tiene por objeto de realizar las mantenciones para la conservación del predio, lo que indiscutiblemente redunda en beneficio de la comunidad, por lo que mal podríamos estar hablando de un acto ilegal o arbitrario como lo pretende hacer ver la recurrente.

c) Respecto de la tala de árboles que indica la recurrente, tampoco es efectivo, toda vez lo único que se ha hecho, es un proceso de desmalezación sin tocar árbol alguno, solo se derribó un pequeño árbol que se había secado, por lo tanto, nuevamente estamos frente a una acusación falsa y sin asidero alguno.

d) Finalmente, en relación de la existencia de “varias maquinarias tales como retroexcavadoras, camiones y motosierras de propiedad del recurrido don nombre reservado”, se debe indicar que dichas maquinarias fueron ingresadas al predio con autorización del recurrido solo para su resguardo, toda vez que fue solicitado por don nombre reservado, que es vecino, solo para efectos como se dijo, tener un lugar don guardar dicha maquinaria en las noches, y no para efectos de realizar trabajo alguno en el predio, y además sin mediar pago por ello, todo en relación a la buena vecindad que existe en esta clase de predios rurales, en consecuencia, tampoco se puede hablar de acto arbitrario o ilegal que atente contra el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en la que se ampara el presente recurso de protección.

Acota que como se viene relatando, no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario que haya perjudicado a la recurrida, sino por el contrario, actuando como lo hizo ha permitido realizar las obras y reparaciones necesarias para el predio y con evidente beneficio al resto de los comuneros, por lo que no se aprecia en que parte de su actuación, es necesaria ponerle fin a través del presente recurso.

Por otra parte, destaca que estando dentro de una comunidad, es posible que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2305 del Código Civil, que dispone “El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social”, y por su parte el artículo 2081 Nº 2 del Código Civil, a propósito de las normas de las sociedades aplicables a las comunidades que señala que “no habiéndose conferido la administración a uno o más socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen: … 2° Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros”. Por su parte, aplicando las reglas de la comunidad, es posible distinguir claramente que establece la posibilidad de que cada comunero pueda a través del denominado “mandato tácito” o bien teniendo el goce gratuito podrá realizar las mejoras que vayan en beneficio del resto de los socios/comuneros sobre el bien raíz en cuestión. De suerte que efectivamente realizó y no por ello, puede como lo hace ver la recurrente como un acto ilegal o arbitrario, que solo puede ser objeto del presente recurso para restablecer el derecho de propiedad que supuestamente estaría conculcando, todo ello lejos de la realidad.

Finalmente, acota que existiendo normas legales que puedan resolver el fondo del asunto, derivado de las situaciones dadas entre los comuneros, debiera ser discutido en sede civil a través de un juicio de lato conocimiento y no por medio de un recurso de protección, como es el caso.

Asevera que no existe ninguna clase de conducta o afectación que conlleve a la privación, perturbación a amenaza alguna a las garantías constitucionales, en especial a lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución de la República, toda vez que no ha realizado ningún acto ilegal o arbitrario que conculque a los demás comuneros el derecho de propiedad en su más amplia concepción, por el contrario, cada actuación suya tuvo como único objetivo velar por la seguridad y mantención del predio, todo ello en beneficio de la propia comunidad.

Solicita tenga a bien tener por cumplido el trámite de informe y, en definitiva, negar lugar, con costas, al recurso de protección por inexistencia de actos arbitrarios o ilegales que afecten garantías constitucionales de los recurrentes.

A folio 22, se prescindió del informe del recurrido nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Tratándose, en consecuencia, de una acción cautelar y de urgencia, resulta esencial verificar si en los hechos, ocurre de manera actual un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Segundo: Que en el caso sublite, dicha arbitrariedad e ilegalidad se predica del proceder de los recurridos, por cuanto habrían ejecutado, sin mediar acuerdo entre los comuneros, actos propios de administración en bienes comunes, puntualmente en relación a un inmueble denominado Retazo del resto de la Hijuela número Cincuenta, ubicada en la comuna de Curacautín, colindante con la Población Centenario, de una superficie de 0,5 hectáreas. En efecto, acotan los recurrentes, que con fecha 2 de junio de 2021, se habrían percatado que se había derribado el portón de acceso y postes de electricidad, y además se habían talado varias especies nativa de árboles, sumando a ello, que en su interior se encontraban diversas maquinarias.

Tercero: Que lo primero que cabe a estos sentenciadores determinar, es la concurrencia de los hechos que se imputan a los recurridos, para tras ello (y en caso de probarse), realizar el juicio de arbitrariedad y legalidad que mandata la referida norma constitucional.

Cuarto: Que con el fin de acreditar dicho supuesto de hecho, la parte recurrente, acompañó documental referida al dominio del inmueble en cuestión, instrumentos que vienen sólo en ratificar una cuestión pacífica, desde que el recurrido informante reconoce la calidad de comunero suya y de los actores, en relación al inmueble sobre el que versan estos autos. Que, por otra parte, los recurrentes allegaron una serie de fotografías, en las que se divisa un portón metálico, un poste de alumbrado eléctrico en malas condiciones y a punto de ser derribado, una máquina retroexcavadora en un terreno baldío, un camión con tierra en su remolque en un terreno de las mismas características y tres trozos de madera de un tamaño mediano Quinto: Que dichos elementos de convicción, a entender de estos sentenciadores no son suficientes para dar cuenta de los hechos que se denuncian en el recurso, desde que no encuentran apoyo en algún otro antecedente que permita afirmar el lugar donde fueron captadas las imágenes, la fecha en que ello ocurrió, y la participación que en las situaciones que se observan le ha cabido a los recurridos.

Sexto: Que, sin perjuicio de dicho defecto de acreditación, cabe resaltar que el recurrido Sr. nombre reservado en su informe reconoce la ejecución de una serie de hechos en el inmueble sublite, aunque los ubica temporalmente tras la data sindicada en el recurso; de manera que siendo tales pacíficos, corresponde que esta Corte se pronuncie en torno a ellos y el reproche de arbitrariedad e ilegalidad que se efectúa por el recurrente.

Séptimo: Que, en ese contexto, el recurrido afirma que no existía ningún portón en el inmueble, de manera que mal se puede haber derribado uno, apuntando que él instaló el que existe actualmente y lo hizo en resguardo del mismo inmueble y a su costa; acota que si bien tiene llave para su ingreso, nunca se les ha negado el paso a los recurrentes, viviendo uno de los comuneros al interior del inmueble a título gratuito, quien puede abrir el portón a cualquiera de los actores. En relación a un poste de electricidad, señala que existía uno que era de madera y en estado deplorable con el peligro inminente que ello implicaba, de manera que realizó las gestiones para su reemplazo por uno de cemento, asumiendo los costos. En cuanto a la tala de árboles, la niega, aseverando que sólo se ejecutó desmalezación. Finalmente, en relación a la existencia de maquinaria en el bien raíz, señala que las mismas fueron ingresadas sólo para su resguardo, a petición del recurrido Sr. nombre reservado y en el marco de buena vecindad, sin realizar cobro alguno.

Octavo: Que debe tenerse presente para resolver la controversia, que es un hecho pacífico el que recurrentes y el recurrido Sr. nombre reservado, son comuneros del inmueble en cuestión. En relación a la administración de los bienes comunes, el artículo 2305 del Código Civil señala que el derecho de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social, de manera que tiene aplicación el mandato tácito y recíproco de administración que el artículo 2081 consagra para los socios.

Noveno: Que dos de los actos reconocidos por el recurrido informante, a saber, la instalación de un portón y recambio de un poste de electricidad, encajan dentro de los actos que las máximas de la experiencia indican como conservativos, de manera que en torno a ellos no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad. No ocurriría lo mismo con una posible tala de árboles, lo que claramente excedería en límite de lo meramente conservativo y debiera entenderse como un acto de disposición, sin embargo, tal proceder como se ha indicado más arriba no es reconocido por el recurrido y no existe elemento alguno para darlo por establecido. Que finalmente en torno al estacionamiento de maquinaria en el inmueble, cabe señalar que dicha situación pudiera entenderse como el uso (o goce) gratuito por parte del recurrido informante, sin embargo, el cese de tal hipótesis de hecho necesita del debate previo en el marco de un procedimiento de lato conocimiento, en que se verifique la concurrencia del uso y/o goce, y se disponga su eventual cese conforme las normas de fondo que reglan la materia, puntualmente artículo 655 del Código Civil.

Décimo: Que conforme lo dicho, no cabe sino rechazar el recurso. Sin perjuicio de ello, y declarando el recurrido Sr nombre reservado expresamente al evacuar su informe, que la instalación del portón en la propiedad es una situación nueva y que no existe inconveniente alguno de su parte para que los actores en su calidad de comuneros, puedan ingresar a la propiedad, se dispondrá que haga entrega a los recurrentes de la llave del portón en cuestión.

Por lo razonado y teniendo presente lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, a su favor y de don nombre reservado, y en contra de nombre reservado, y de nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente lo expuesto en el considerando décimo, se dispone que el recurrido Sr. nombre reservado, dentro de décimo día de ejecutoriado el presente fallo, deberá, bajo acta de recepción que indique conformidad, hacer entrega a los recurrentes de las llaves que permiten abrir el portón instalado en la propiedad en común.

Notifíquese, regístrese y devuélvase Redactó nombre reservado Valdivia, Abogado Integrante.

N°Protección-7086-2021. (sac)