Protección contra Ministerio Público

C.A. de Temuco Temuco, nueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece el abogado Carlos Isaac Gutiérrez Lira, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, secretaria ejecutiva, en contra doña nombre reservado, Jueza Titular en el Juzgado de Garantía de Temuco, y también en contra del Ministerio Público, en la persona del fiscal a cargo de la causa penal RUC: 2300328953-2, RIT: 1928-2023, don Luis Torres Gutiérrez por el acto que estima arbitrario y/o ilegal consistente en haber decretado el comiso de un vehículo de su propiedad, lo que vulneraría la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 26 de marzo de 2023, su representada lleva su vehículo, el FURGÓN Año 2003, marca KIA MOTORS, Modelo PREGIO 2.7, Nro. Motor J2335598 Nro. Chasis KNCTB281237105550, Color PLATEADO PLATA, placa patente VA.8012-0, al taller de don nombre reservado, Rut: RUT reservado, ubicado en Temuco, domicilio reservado, para ser desabollado y sometido a otras reparaciones.

Es el caso que, la madrugada del día 27 de marzo de 2023, en el taller de la dirección ya mencionada, nombre reservado, quien resultó ser un delincuente, se apropió indebidamente y, sin la autorización de su representada de su vehículo, para cometer o participar en la comisión del delito de robo en lugar no habitado, junto con el imputado nombre reservado.

Ambos imputados, nombre reservado y Figueroa, fueron sorprendidos en la comisión del indicado delito de robo, el cual resultó frustrado, siendo detenidos y el principal autor, nombre reservado, fue condenado por sentencia de fecha 1 de septiembre de 2023, a cuarenta y un días de prisión, en su grado máximo.

En la parte resolutiva de dicha sentencia, en el punto III de la misma, la sentenciadora recurrida decreta el comiso de las especies incautadas, incluyendo el vehículo de su representada, poniéndolas a disposición del ministerio público para su destrucción; vulnerando de esta forma, de manera grave y evidente, el derecho de propiedad de su representada, que no tuvo responsabilidad alguna en los hechos que le dieron sustento a dicho fallo.

Hace presente que, en reiteradas oportunidades, intentó hacer valer el derecho de propiedad vulnerado, solicitando la devolución del vehículo incautado, sin éxito alguno. Tanto es así, que en audiencia de fecha 1 de octubre de 2024 recién pasado, dirigida por el juez don Luis Alberto Olivares Apablaza, el tribunal, después de escuchar sus argumentos y los de la fiscal asistente, resolvió rechazar su petición, aduciendo que la sentencia, la cual no consta que le haya sido notificada válida y legalmente, se encuentra ejecutoriada; por lo cual no era posible acceder a lo solicitado, en orden a anular aquella parte en que se decreta el comiso del vehículo de su mandante. Ello, sin perjuicio de otras acciones que pudiera tener para hacer valer el derecho de propiedad de su defendida.

Por todo lo ya relacionado, es claro que la sentenciadora recurrida, con su fallo, ha vulnerado grave y evidentemente el derecho de propiedad de su representada, sobre el vehículo ya singularizado, causándole graves y evidentes perjuicios económicos; ya que desde hace más de un año a la fecha, no ha podido trabajar con su vehículo, su herramienta de trabajo, con todas las pérdidas económicas sufridas. Todo ello, a pesar de no haber tenido responsabilidad alguna en los hechos materia de la sentencia dictada con fecha 1 de septiembre de 2023, la que, además, fue defendida y respaldada por el fiscal asignado a la causa, don Luis Torres Gutiérrez; todo lo cual hace a dicho fiscal tan responsable como la sentenciadora recurrida.

A mayor abundamiento, hace presente que oportunamente presentó una querella por apropiación indebida, en contra del dueño del taller mecánico, don nombre reservado; causa RUC: 2310060256-3 , RIT: 8379-2023, que se ENCUENTRA ACTUALMENTE EN TRÁMITE.

Invoca como vulnerada la garantía del artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política.

Pide tener por entablada acción de protección constitucional en contra de la jueza del juzgado de garantía de Temuco, doña Leticia Andrea Rivera Reyes y del ministerio público, en la persona del fiscal Luis Torres Gutiérrez, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurarle a su parte la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de haber decretado el comiso del vehículo, el FURGÓN Año 2003, marca KIA MOTORS, Modelo PREGIO 2.7, Nro. Motor J2335598 Nro. Chasis KNCTB281237105550, Color PLATEADO PLATA, placa patente VA.8012-0 de su representada, disponiendo la inmediata devolución del mismo a su legítima dueña, con expresa condenación en costas.

A folio 5 evacúa informe doña nombre reservado Jueza de Garantía de Temuco, manifestando lo siguiente:

En primer término, hace presente que la sentencia definitiva en la cual se dispuso el comiso del vehículo de autos fue notificada al recurrente con fecha 01 de septiembre de 2023, por lo que el recurso es extemporáneo.

En cuanto al fondo, precisa que el delito de robo en lugar no habitado y porte de elementos conocidamente destinados a la ejecución del delito ocurrió el día 27 de marzo de 2023, y según dan cuenta los hechos, los sujetos habrían sido sorprendidos por carabineros con las especies al interior del vehículo que fue incautado.

Con fecha 1 de julio de 2023, el recurrente interpuso la respectiva reclamación de tercería en la causa, indicando únicamente que el vehículo fue utilizado por don nombre reservado, por una sola vez y sin su autorización, sin informar la presentación de una querella en contra del coimputado en la causa, donde por resolución de fecha 3 de agosto de 2023 se desestimó la tercería.

Luego se dicta sentencia condenatoria, que dispone el comiso de las especies incautadas por reunirse los requisitos del artículo 31 del Código Procesal Penal, sentencia que se certificó firme y ejecutoriada el día 15 de septiembre de 2023, habiendo el recurrente realizado, luego de esa fecha, a lo menos 3 presentaciones en la causa, los días 20 y 28 de octubre y 17 de noviembre, todos del año 2023, entre ellas un recurso de apelación que después abandonó, por lo que conocía el contenido de la sentencia.

Recién con fecha 23 de noviembre de 2023, el recurrente presenta querella por apropiación indebida del vehículo, en contra del coimputado nombre reservado en causa RIT 8379-2023. Hace presente que la sentencia que dispuso el comiso fue dictada en contra del requerido nombre reservado, no teniendo movimientos en la tramitación de dicha causa.

Con fecha 28 de febrero de 2024, interpone incidente de nulidad de lo obrado, incidente que se resolvió en audiencia de 8 de abril de 2024 en la que el tribunal estimo que la sentencia no adolecía de vicio alguno (se adjunta acta) reprogramándose la audiencia para el 14 de mayo, para resolver un requerimiento de información al Ministerio Público, audiencia a la que no compareció el recurrente por lo que se suspendió, celebrándose la audiencia con la comparecencia de los intervinientes, el día 1 de octubre de 2024, donde la petición del recurrente fue rechazada, nuevamente.

Que como es posible advertir, la especie cuyo comiso se decretó, hace más de un año, corresponde a un instrumento de los delitos por los cuales fue condenado el imputado nombre reservado, por lo que la suscrita actuó amparada en lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal y previa solicitud de la fiscalía.

Si bien dicha parte de la resolución, priva de la tenencia futura de un bien a la recurrente, ya que no estaba en su posesión al momento de los hechos, lo cierto es que su reclamación tampoco se funda en lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal toda vez que la especie, sería objeto de un delito de apropiación indebida, que no encuentra dentro del catálogo establecido en el inciso segundo de la norma legal ya señalada, que obliga a entregarla al dueño o legítimo tenedor en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio o tenencia por cualquier medio y establecido su valor. Menos aún si el delito en comento ni siquiera ha sido objeto de formalización por parte del Ministerio Público a propósito de la querella interpuesta, ya que como pudo observarse la causa de apropiación indebida en contra de nombre reservado se encuentra sin movimiento De esta manera entiende que la sentencia que dispone una pena accesoria legal y por ende, obligatoria, no vulnera la garantía constitucional aludida por cuanto se dispuso aquella pena, por expreso mandato del legislador.

A folio 11 evacúa informe el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Temuco don Luis Torres Gutiérrez.

Señala que, si bien se recurre contra resolución dictada el 1 de octubre de 2024, el fundamento del recurso dice relación con una sentencia condenatoria dictada el 1 de septiembre de 2023, en donde el tribunal resuelve no dar lugar a lo solicitado por la tercerista, estimando que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, y por ende no puede modificarse.

Precisa que la sentencia fue notificada a la tercerista, y se encuentra firme, sentencia que no fue objeto de recurso alguno y los plazos para hacerlo se encuentran vencidos, por lo que su derecho se encuentra precluido.

Luego expone los mismos antecedentes fácticos del proceso expuestos por la jueza recurrida a folio 5, para concluir que la especie cuyo comiso se decretó hace más de un año, que corresponde a una evidencia destinada a acreditar la existencia del ilícito investigado y la participación punible en él, donde fue condenado el imputado nombre reservado.

En ese sentido el Ministerio Público actuó amparado bajo la obligación de solicitar las penas legales establecidas por el legislador, en este caso, una pena accesoria, lo que en consecuencia no vulnera la garantía constitucional aludida, por cuanto se dispuso aquella en un procedimiento ajustado y tramitado conforme a derecho.

Concluye que hubo un mal uso de herramientas procesales por parte del tercerista, en donde no hizo valer correcta y oportunamente el derecho del tercero afectado, infringiendo los plazos y requisitos de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el recurrente dirige su acción en contra el Juzgado de Garantía de Temuco, concretamente contra la juez de dicho Tribunal Sra. nombre reservado y en contra del Ministerio Público, puntualmente el Fiscal Adjunto don Luis Torres Gutiérrez por cuanto mediante sentencia definitiva dictada con fecha 1 de septiembre de 2023, en el marco de un procedimiento simplificado, en causa RIT N° 1928-2023 seguido respecto de otros individuos, se dispuso el comiso de su vehículo, sentencia que no le habría sido notificada y que los reclamos que habría efectuado en el proceso, fueron desestimados.

Con tales actuaciones, estima conculcada la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del mismo artículo 19 (derecho de propiedad), por cuanto se habría alterado el mismo respecto del vehículo sub-lite.

TERCERO: Que lo pretendido por el actor, es que se prive de efectos a resoluciones judiciales que se encuentran firmes y ejecutoriadas, puntualmente aquella de fecha 03 de agosto del año 2023 que rechaza la tercería interpuesta fundado en que “…no habiéndose acreditado el supuesto básico que indica el tercerista y que la finalidad de esto es solo la restitución tal como lo indica, entendemos que no se encuentran acreditados los antecedentes para acceder a su petición en los términos que han sido expuestos por parte del Ministerio Público”; como asimismo respecto de aquella decisión contenida en sentencia definitiva dictada con fecha 01 de septiembre del año 2023 que decreta el comiso del vehículo que sería de propiedad de la recurrente, ambas resoluciones dictadas, en el marco de los aludidos autos RIT n° 81928-2023, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

Al respecto cabe indicar, que el presente arbitrio constitucional, es uno de emergencia cuyo fin -como se ha acotado- es restablecer el imperio del derecho ante una vulneración patente al ordenamiento constitucional, no pudiendo en consecuencia pretender se transforme en una herramienta de revisión de decisiones jurisdiccionales, desfigurándose entonces el carácter cautelar y de emergencia del que se ha venido hablando. Así lo ha resuelto nuestro máximo Tribunal de nuestro país, por ejemplo, en los autos rol n° 132.015-2020.

CUARTO: Que abona lo que se viene razonando, el que el actor sustenta toda su reclamación afirmando el dominio del vehículo sub-lite, es decir, pretende que esta Corte declare tal propiedad (o posesión), lo que implicaría una nueva desfiguración de esta herramienta jurisdiccional, pues sería un instrumento procesal de declaración de derechos y no una vía de tutela expedita y desformalizada frente a derechos indubitados.

QUINTO: Que se tendrá también en consideración que el debate que pretende instalar el recurrente, referente al dominio del vehículo en cuestión y las consecuencias registrales de ello, es uno que puede plantear válidamente en un juicio declarativo y de lato conocimiento, en el que podrá sostener su tesis jurídica, acreditarla y además se dará la oportunidad a eventuales terceros afectados de defender sus intereses.

SEXTO: Que en consecuencia, de lo expuesto en el recurso y lo informado por la recurrida, aparece que la decisión que se cuestiona por la vía del recurso de protección fue dictada por un Tribunal de la República, dentro de su competencia en un procedimiento tramitado de acuerdo a las reglas del juicio abreviado, cuyo control escapa de la vía empleada, por cuanto, la acción cautelar de protección tiene una finalidad de tutela de derechos indubitados, para lo cual, se ha establecido el presente procedimiento con las características de rapidez y desformalización ya referidas.

SÉPTIMO: Que por todo lo expuesto, el recurso será desechado, según se dirá.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Carlos Isaac Gutiérrez Lira, Abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Jueza Titular del Juzgado de Garantía de Temuco Sra. Leticia Andrea Rivera Reyes y del Ministerio Público, en la persona del fiscal a cargo de la causa penal RUC: 2300328953-2, RIT: 1928-2023, don Luis Torres Gutiérrez.

Redacción a cargo de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7055-2024 (pvb).