nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, trece de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, C.P.R. (Grado 12°) de Carabineros, quien Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", quien interpone acción de protección en contra de Carabineros de Chile, a través de su Dirección Nacional de Personal Civil P5; y Comisión Médica Central de Carabineros, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la declaración de salud no apta por cumplir funciones, lo que vulneraria el Derecho a la igualdad, Derecho a la Salud y Seguridad Social.

Contextualiza su recurso indicando que fue contratada por la Dirección Nacional de Personal Civil P.5; y mediante la Resolución Exenta RA Nro. 110207/407/2024. del 26.06.2024. fue prorrogado su contrato en su calidad de Asistente de Guardia C.P.R., hasta el 31.12.2024.

En este contexto refiere que mientras prestaba sus servicios en la 19° Comisaría "Providencia"; y encontrándose haciendo uso de reposo médico por presentar un "TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN", diagnostico otorgado por el profesional de la especialidad de psiquiatría Dr. nombre reservado, mediante la Resolución Exenta ®, Nro. 2331, de fecha 29.07.2024, de la Comisión Médica Central de Carabineros, se declara "NO APTA", su salud, porque en la actualidad no se encuentra recuperada y apta para cumplir sus funciones a las cuales fue contratada, basando su resolución en el Informe de Evaluación Psiquiátrico Nro. 180, emitido con fecha 14.05.2024, por el Dr. nombre reservado, Asesor Psiquiátrico de la Comisión Médica Central, quien la declara "NO APTA", por padecer "TRASTORNO DE ADAPTACIÓN PROLONGADO".

Explica que los problemas de salud que le afectan, tienen relación directa con la salud de su esposo nombre reservado, quien es Sargento 2o de Carabineros, al cual le diagnosticaron un "cáncer de colon transverso", razón por la que finalmente le otorgan su traslado a la 1ra. Comisaría de la Prefectura de Fuerzas Especiales Araucanía Nro. 23. conforme al Documento Electrónico Nro. N.C.U. 208283898. de fecha 10.06.2024. de la Dirección Nacional de Personal, con el objeto que continuara con su tratamiento en la IX Región, por mantener en la localidad de Freiré, una vivienda propia y redes de apoyo, situación que en la especie, permitiría asumir de mejor forma sus quimioterapias y todos los gastos que demanda su situación de salud.

Afirma que la noticia antes señalada, claramente la ha afectado en el aspecto personal y familiar, toda vez que, por una parte, la institución solamente se preocupó de trasladar a su esposo, sin embargo, ella debía seguir prestando sus servicios en la 19° Comisaría Providencia de la Ciudad de Santiago, provocando que padeciera un cuadro clínico de "ansiedad y depresión", más aún, cuando tienen un bebé de 1 año y 10 meses, quien a su vez, no ha logrado adaptarse a la sala cuna tras un cambio de domicilio. Asimismo, mantiene un hijo de 19 años, quien se encuentra al cuidado de sus abuelos en Santiago, disociación familiar que claramente ha provocado su enfermedad.

Agrega que pese a toda la situación personal, profesional y familiar antes descrita, al ver que finalmente no fue trasladada, conjuntamente, con su esposo, se vio en la obligación de solicitar su traslado en forma personal considerando su categoría de funcionaría contratada por resolución, prueba de ello, que el Departamento de Personal Civil P.5., solamente la trasladaba a la Ciudad de Temuco, aceptando la modificación contractual de su contrato de la categoría de Técnico - Administrativo, como asimismo, aceptando el desmedro en sus remuneraciones, pese a que en la Prefectura de Carabineros "Cautín", existe el cargo de C.P.R. Asistente de Guardia.

Destaca que todos estos antecedentes se encontraban en conocimiento de la Comisión Médica Central de Carabineros y Departamento Personal Civil P.5., sin embargo, de igual forma y mediante la Resolución Exenta ® Nro. 3835, del 03.10.2024, del citado Organismo Técnico Colegiado, se resuelve mantener a firme la declaración "NO APTA" la salud, por padecer por el mismo diagnostico emitido en la resolución exenta antes señalada, es decir, "TRASTORNO DE ADAPTACIÓN PROLONGADO", aludiendo el mismo profesional de la especialidad de psiquiatría, Dr. nombre reservado, mediante el Informe de Evaluación Nro. 271, de fecha 27.08.2024, que mantiene la declaración "NO APTA", por no presentar antecedentes relativos a su persona que permitieran innovar.

Reconoce que esta Corte no es una instancia de apelación, sino una instancia para reestablecer sus derechos garantizados por nuestra Constitución y debidamente quebrantados por el citado organismo colegiado y por la Dirección Nacional de Personal Civil (P.5.), por tal razón, acude a esta instancia legal, por cuanto, al dictar la resolución final la Comisión Médica Central de Carabineros, no consideró la totalidad de los nuevos antecedentes clínicos, es decir, el certificado emitido por el profesional de la salud de la especialidad de Psiquiatría Dr. nombre reservado, médico tratante. guien señala gue su recuperación y potencial reinserción laboral podría lograrse en un plazo de 2 a 3 meses, conforme a las recomendaciones terapéuticas y certificado médico otorgado con fecha 08.10.2024, es decir, cinco días posterior al pronunciamiento definitivo por la Comisión Médica Central, salvo mejor resolución.

Con todo y sin perjuicio a lo anteriormente expuesto, la recurrente, no pone en duda las atribuciones que tiene esa Comisión Médica Central de Carabineros para resolver estos casos, sin embargo, la decisión cuestionada no se encontraría suficientemente fundada por el informe médico analizado; y por otra parte la necesidad de realizar una reevaluación para contar así con su ficha clínica completa, tomando en consideración que esta decisión de reevaluar a su personal corresponde exclusivamente a ese Órgano Técnico Colegiado, salvo mejor resolución.

Alega, que a su juicio, no ha existido un razonamiento en el proceso administrativo de calificación de la aptitud de su salud, ajustado a la legalidad y a la necesaria racionalidad. transformándose en un acto totalmente arbitrario al no verificar el estado de salud conforme a su ficha clínica completa, situación que en la especie, importaría una discriminación en perjuicio de la recurrente, es decir, un comportamiento arbitrario por parte de los examinadores que atenta contra la garantía de igualdad ante la lev consagrada en el Art. 19. N° 2 de la Constitución, considerando que otras personas en condiciones jurídicas similares se han visto favorecidas en procedimientos de reevaluación racionales y justos, salvo mejor resolución.

11.- Los problemas de salud que le afectan, por las razones que latamente ha señalado, fueron considerados por la Comisión Médica Central de Carabineros, para declarar "NO APTA su salud para el servicio al cual fue contratada, por un diagnostico muy distinto al mencionado por su médico tratante", existiendo incongruencias evidentes al respecto, más aún, cuando se encuentra en pleno tratamiento clínico y dentro del plazo de 2 a 3 meses, estaría en condiciones de lograr su estabilidad y APTA PARA TRABAJAR, quedando en evidencia que no se ha respetado el derecho a la salud, que es una prerrogativa y beneficio de seguridad social debidamente garantizado por nuestra Constitución Política, en su Artículo 19°, Nro. 18°, en el sentido que la finalidad es el restablecimiento de la salud, el cual se encuentra protegido por el mismo precepto, en sus numerales 1o y 9o, siendo el propio constituyente quien, en el Artículo 5o de la Carta Fundamental, impone a los Órganos del Estado el deber de respetar esos derechos y más todavía, de promoverlos.

La decisión apresurada adoptada por la Comisión Médica Central de Carabineros, por las razones que latamente ha señalado, ha provocado la pérdida de su trabajo, como asimismo, a la adoptada por Dirección de Personal Civil (P.5.), claramente provoca una disgregación familiar, al no haber dispuesto su traslado, conjuntamente, con su cónyuge, más aún, cuando estaba dispuesta a renunciar a las condiciones laborales, es decir, bajar su grado de sueldo y asumir una función administrativa muy distante a la que fue contratada al encontrarse condicionada por su propia institución, todo esto con fin de lograr mantener unido a su grupo familiar, tomando en consideración que "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y es deber del Estado dar protección y propender a su fortalecimiento, tal como lo señala el Art. 1o, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, situación que en la especie, nunca ocurrió de esa manera, sin embargo, se le deja en una total indefensión al no respetar finalmente la libertad de trabajo v protección, vulnerando a su juicio, lo señalado en el Art. 19°), Nro. 16°, de nuestra Carta Fundamental, viéndose totalmente discriminada porque finalmente no pasa por una falta de capacidad o idoneidad personal, va que en su calidad funcionaría siempre había mantenido excelentes calificaciones.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene:

1.- COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE CARABINEROS, proceda a recibir en audiencia a la Asistente de Guardia C.P.R., para que sea evaluada por otro médico de la especialidad de psiquiatría, para mayor transparencia y velar por el debido proceso administrativo, a objeto de determinar su diagnóstico definitivo y que no existan incongruencias, tomando en consideración la totalidad de sus antecedentes clínicos, especialmente aquellos que no fueron considerados al momento de dictar su resolución.

2.- DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL CIVIL P.5., proceda a su traslado inmediato a la Prefectura de Carabineros "Cautín", por cuanto, su movimiento no puede estar supeditado finalmente a lo que resuelva el Jefe de la Prefectura Cautín, quien debía dar su opinión si se encontraba conteste con dicho movimiento, toda vez que, esta es una facultad exclusiva de la Dirección Nacional de Personal Civil P.5., existiendo claramente una diferencia arbitraria, que viola el derecho de igualdad ante la ley, por ende, de conformidad al Art. 53°, de la Ley Nro. 19.880; proceda a dejar sin efecto el citado documento electrónico y cualquier resolución que ponga fin a su contrato hasta que no haya un pronunciamiento definitivo por parte de Comisión Médica Central de Carabineros.

A folio 15 informa la recurrida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE CARABINEROS 1.- La recurrente indica que se habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nos. Nros. 2o, 9o, 16° de la Constitución Política de la República, esto es, "la Igualdad ante la Ley"; "Derecho a la protección de la salud"; "la libertad de trabajo y su protección", indicando que se le deja en una total indefensión al no respetar estos derechos, viéndose totalmente discriminada porque finalmente no pasa por una falta de capacidad o idoneidad personal, ya que en su calidad funcionaría siempre había tenido excelentes calificaciones, solicitando a USÍA, que esta Entidad Colegiada proceda a recibir en audiencia para que sea evaluada por otro médico de la especialidad de psiquiatría, para mayor transparencia y velar por el debido proceso administrativo, a objeto de determinar diagnóstico definitivo y que no existan incongruencias, tomando en consideración la totalidad de sus antecedentes clínicos, especialmente aquellos que no fueron considerados al momento de dictar la resolución y disponer que se concrete definitivamente su traslado para velar por el interés superior de la familia.

2.- Ahora bien, conforme al aludido artículo 36 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley (I) N° 2, de 1968, que dispone que la Dirección General de la Institución puede contratar en las condiciones que indica, con jornada completa y de acuerdo a las necesidades del servicio, el que se regirá por las normas contenidas en la Directiva del Personal C.P.R., Orden General N° 1957 de 18.08.2010, fue renovado el contrato de la EX C.P.R nombre reservado, mediante Resolución Exenta N° 407 de fecha 19.02.2024, para prestar funciones de Asistente de Guardia en la 19a. Comisaría Providencia, desde el 01.01.2024 al 31.12.2024. Lo anterior, es el procedimiento aplicado a todo el personal de planta de Carabineros de Chile y personal a contrata C.P.R. cualquiera sea su sistema previsional.

3. Que en atención a que NO prestaba servicios en la 19a. Comisaría Providencia desde el año 2022, inicialmente por patología del embarazo, luego licencias por hijo menor de un año, para continuar con licencias por enfermedad natural, finalmente en el mes de febrero del año 2024 fue puesta a disposición de esta Entidad Colegiada para un pronunciamiento médico. Lo anterior, conforme al artículo 64, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que establece que a la Comisión Médica Central de Carabineros le corresponde exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. Del mismo tenor es la norma contenida en el artículo 73, del D.F.L. (ex interior) N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, y artículo 2o del Decreto N° 4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros, que previenen que ésta tendrá a su cargo el examen del personal institucional para determinar si la salud del funcionario es o no recuperable para el servicio, como también, para establecer la clase de invalidez que lo inhabilita para continuar en la Institución.

4. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros, se dispuso la citación para evaluación clínica presencial de la paciente por el Asesor Psiquiátrico de esta dependencia Dr. nombre reservado, quien emitió su respectivo informe.

Se puede manifestar que conforme lo dispone el artículo 19 de la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Médicas, a dichos Asesores les corresponde efectivamente conocer y estudiar los antecedentes clínicos de los casos sometidos a conocimiento de este Organismo Médico, siendo de su responsabilidad además, reunir la información pertinente para presentarla en las sesiones, determinando si es o no necesario citar al funcionario afectado, para una evaluación clínica antes de presentar su caso y posteriormente relatarlo en Sesión en Pleno, debiendo el profesional médico confeccionar su Informe. Respecto a que dicho Asesor en su informe, no explicaría qué antecedentes en específico o que factores objetivos habría tenido en consideración para corroborar la conclusión y diagnostico indicado, se debe representar a USÍA., que en el informe cuestionado, se señala claramente los informes tenidos a la vista; licencias médicas, la opinión de sus tratantes y los elementos de juicio necesarios para la opinión del asesor psiquiátrico, con un pronóstico a futuro, basado en el historial clínico de la paciente, evaluación presencial y tratamiento farmacológico actual, lo cual permite comprender a cabalidad el aludido informe.

6. Que en cuanto a disponer que se practiquen nuevos exámenes o análisis médicos que habiliten adoptar una providencia fundada, se debe informar que la Comisión Médica Central, en los casos de los funcionarios C.P.R (ISAPRE O FONASA), solo cuenta para las evaluaciones con los Asesores Psiquiátricos de esta dotación, lo cual implica un "peritaje de la condición de salud y aptitud para cumplir funciones en la Institución", dado que la paciente se atiende en el extrasistema, no teniendo previsión DIPRECA, estimándose improcedente un nuevo examen, si la misma paciente aporta en la presente acción judicial, un informe del Dr. nombre reservado, Psiquiatra, antecedente médico que incluye una eventual alta médica en 2 a 3 meses más, siempre y cuando la paciente continúe con las recomendaciones terapéuticas. La duración del reposo está sujeta a revisión, dependiendo de la respuesta clínica de la paciente en los próximos controles; si bien dicho antecedente resulta ajeno a la discusión por ser posterior a la dictación del acto recurrido, igualmente demuestra que la actora no tiene una salud compatible con el cargo, sin alta médica ni laboral, con persistencia de su sintomatología, teniendo un tratamiento de tres fármacos diarios para su trastorno psiquiátrico.

7. Resulta pertinente señalar que la Comisión Médica Central en el estudio de las patologías y afecciones que sufren los funcionarios de Carabineros, ha desarrollado una experticia técnicapropia de la práctica profesional de la medicina, basado en la definición de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta definición, pilar fundamental de todo acto médico, dirige el enfoque de estudio de la capacidad laboral, al análisis de la funcionalidad en el cargo que debe desempeñar un funcionario, en relación a las patologías que pueda padecer. En los casos en que exista una enfermedad o afección, y que le provoque ausentismo de sus funciones laborales en forma prolongada como es el caso, se presumirá que ésta le produce una incapacidad laboral que puede ser o no invalidante, por lo que se justifica sea derivado para estudio a esta Comisión Médica Central.

8. De este modo, los integrantes de este Ente Colegiado, considerando sus antecedentes clínicos, concluyeron que las alternativas terapéuticas habían cumplido un plazo prudente de espera de respuesta, en que la paciente se mantuvo con reposo laboral en su domicilio accediendo a prestaciones médicas especializadas por más de un año, no logrando la recuperación de su capacidad de trabajo en Carabineros, y que es ésta condición la que establece su inaptitud para el servicio, dando cuenta que su salud no es compatible con la función para la que fue contratada, aplicándose entonces los criterios técnicos establecidos en la normativa legal y reglamentaria que regula el funcionamiento y atribuciones de esta Comisión Médica Central, ya señalados en los párrafos anteriores, ajustándose siempre al debido proceso y sin vulnerar garantía constitucional alguna al respecto. Concluye que las menciones contenidas en el acto administrativo cuestionado, resultan suficientes para explicar, en el caso particular, los motivos por los cuales se decidió poner término a la contrata de la actora, pues la compatibilidad de su salud con las funciones del cargo que desempeñó para la recurrida, constituye un requisito de ingreso y permanencia en la institución, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 literal c) de la Ley N° 18.834, recayendo tal determinación en forma exclusiva en el ámbito de las competencias de esta Comisión Médica Central, entidad que, en el marco de sus atribuciones llegó a dicha conclusión, resolviendo oportunamente la reposición administrativa incoada por la protegida al efecto, de manera que encontrándose adecuadamente motivada la decisión adoptada, no es posible estimar la existencia de la ilegalidad o arbitrariedad que respecto de ella se denuncia, no existiendo un derecho indubitado que haga procedente su recurso de protección, por lo que pide sea desestimado.

A folio 25 evacua informe la Dirección Nacional de Personal de Carabineros Junto con exponer los antecedes facticos y normativos, sostiene que En su presentación, la actora indica que con el actuar institucional se habrían vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley; libertad de trabajo y el derecho a la seguridad social (artículo 19 Nros. 2, 16 y 18 del Código Político).

Pues bien, en cuanto a la primera tutela mencionada, se estima que respecto de la exfuncionaria se ha aplicado un procedimiento general atingente a la totalidad del personal, sin distinción de su calidad estatutaria, es decir, la desvinculación por falta de salud apta, en razón de un pronunciamiento fundado y motivado de la Comisión Médica Central de Carabineros, cual es, según se ha dicho, el estamento técnico, soberano y autónomo que, legalmente se encuentra facultado para determinar la utilidad de los servidores para permanecer en servicio, decisión que debe ser acatada por la autoridad administrativa competente, en el casode marras, esta recurrida, quien actúa emitiendo las resoluciones exentas del caso, en observancia a causales específicas, previamente delimitadas sobre el término de contrato.

En este orden de ideas, y en lo relacionado con la marginación de la exservidora, es la misma recurrente quien en su presentación reconoce y abona que la Institución, incluso más allá de lo que correspondería según la normativa del ramo, con miras a no generar una disgregación familiar, tramitó un cambio de contrato a la guarnición donde se encuentra su cónyuge, haciéndose presente que respecto del personal a contrata, no existe la figura del traslado, pues, como se explicó más arriba, su contratación es en razón de una necesidad específica del servicio para servir en una dotación determinada, siendo aplicable dicho instituto, en cambio, al personal de planta. Es por esto que se tuvo que consultar al Mando de Repartición de eventual destino, pues era necesario determinar previamente si eran necesarios los servicios de una funcionaría con su especialidad en la Prefectura "Cautín". Respecto a este punto, es necesario indicar que dicho movimiento no prosperó, toda vez que, por cuerda separada, se tramitó la desvinculación de Carabineros por los motivos de salud aquí analizados.

Por otra parte, en lo que se refiere a la libertad de trabajo y seguridad social, es útil hacer presente que, con el actuar institucional la recurrente no se ha visto privada de elegir cualquier otro empleo o un estatuto previsional determinado, solo habiéndose accionado los mecanismos legales para marginar a una persona sin los requisitos legales para seguir desempeñándose particularmente en Carabineros de Chile.

Al tenor de lo planteado, la actuación del Director Nacional de Personal ha sido razonable, proporcionada, encontrándose legalmente habilitado para ello, como se indicó. En este entendido, cabe manifestar a S.S. Iltma. que la Resolución Exenta RA N° 110207/4427/2024, de 04.11.2024, de este origen, contiene tanto los motivos jurídicos que sustentan la decisión adoptada, así como también los fácticos, siendo aquellos elementos de hecho que se han tenido en cuenta en la resolución, particularmente, la circunstancia que se pretende resolver.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales cuando éstas se vean afectadas por actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Para que proceda, es menester que se acredite un acto u omisión revestido de ilegalidad o arbitrariedad, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho constitucionalmente garantizado.

SEGUNDO: Que, en la especie, la recurrente impugna la resolución de la Comisión Médica Central de Carabineros que la declaró “no apta” para el ejercicio de funciones, así como las consecuencias administrativas de dicha declaración, consistentes en su desvinculación laboral y la negativa a concretar su traslado a la ciudad de Temuco, alegando la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley, salud, trabajo y seguridad social, garantizados en el artículo 19 N°s 2, 9, 16 y 18 de la Constitución Política.

TERCERO: Que, de conformidad con los antecedentes allegados al proceso, consta que la Comisión Médica Central de Carabineros actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales, según lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley N° 18.961, 73 del D.F.L. N° 2 de 1968 y artículo 2° del Decreto N° 4 de 1988, normas que establecen su competencia exclusiva para evaluar la salud física y mental del personal institucional, a objeto de determinar su capacidad para continuar en funciones.

CUARTO: Que, en cumplimiento de su competencia, dicha Comisión evaluó a la recurrente mediante un procedimiento técnico, incluyendo una entrevista clínica presencial realizada por el asesor psiquiátrico institucional, quien concluyó —basado en informes médicos previos, síntomas persistentes y uso de tratamiento farmacológico— que la actora presentaba un trastorno de adaptación prolongado, incompatible con el desempeño de sus funciones, por lo que su estado fue calificado como “no apto”.

QUINTO: Que, la conclusión anterior se encuentra debidamente motivada en los informes médicos incorporados a los antecedentes del procedimiento, y fue ratificada por el pronunciamiento de distintos profesionales de la salud que atendieron a la recurrente en el sistema público, descartándose así cualquier atisbo de arbitrariedad o falta de fundamentación en la resolución impugnada.

SEXTO: Que, el informe acompañado por la recurrente, emitido por un médico externo, si bien sugiere una eventual recuperación dentro de un plazo de dos a tres meses, fue presentado con posterioridad a la decisión recurrida, y su contenido es de carácter meramente prospectivo, sin constituir una alta médica efectiva. En consecuencia, no permite desvirtuar la razonabilidad ni la legalidad del acto administrativo adoptado por el ente técnico competente.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la negativa de concretar el traslado solicitado por la recurrente, debe tenerse en cuenta que, según lo señalado por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, el régimen de contratación de personal C.P.R. es de carácter a contrata, circunscrito a una función específica y localización determinada, no existiendo en su caso un derecho adquirido a ser trasladada, tratándose más bien de una facultad discrecional de la administración sujeta a criterios de necesidad del servicio.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo anterior, no se configura en la especie una vulneración al principio de igualdad ante la ley, desde que la actuación de la administración se ha ajustado a los procedimientos establecidos, aplicándose a la recurrente el mismo régimen normativo que rige a todo el personal de su categoría, sin que se acrediten tratos diferenciados arbitrarios respecto de otros funcionarios en situación similar.

NOVENO: Que, no habiéndose acreditado ilegalidad ni arbitrariedad en los actos que motivan la presente acción, y no configurándose una amenaza, perturbación o privación actual de los derechos fundamentales alegados por la recurrente, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, C.P.R. (Grado 12°) de Carabineros, en contra de Carabineros de Chile, a través de su Dirección Nacional de Personal Civil P5; y Comisión Médica Central de Carabineros.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-7051-2024.(jog)