nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que a folio 1, comparecieron nombre reservado, cédula nacional N°RUT reservado, chilena, mapuche, soltera, psicopedagoga, domiciliada en domicilio reservado, y nombre reservado, cédula nacional N° RUT reservado, chilena, mapuche, soltera, Ingeniera en administración, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado y su cónyuge nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en cerrar y poner portones en un camino inmemorable tradicional, utilizado ancestralmente por su familia y comunidades indígenas colindantes que conlleva al acceso del rio Quepe, impidiendo el acceso al rio a realizar tradiciones ancestrales, vulnerando de esta forma los derechos y garantías constitucionales contemplados en los numerales 3 inc. 5°, 6 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Indica que lo hechos denunciados ocurren en el sector Lamecura, de la comuna de Nueva Imperial, la ex comunidad nombre reservado, cuyo título de merced se encuentra amparado en inscripción a fojas 407, número 840 del Registro de Propiedad indígena de Temuco del año 1902, fue dividida con sus respectivas adjudicaciones en sentencia pronunciada por Juzgado de Letras de la comuna de Nueva Imperial, de 7 de octubre de 1983, la cual se encuentra archivada, junto al plano divisorio bajo el número 565 del respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 1983. De dicha subdivisión, se adjudicaron los abuelos, bisabuelos y otros parientes de las recurrentes, todos nombre reservado, entre otros. Su abuelo, hermana y primas, quedaron entre el camino público y el Rio Quepe, en 4 hijuelas, (predios 511, 512, 513, 514 según mapa de SII) quedando su abuelo a orillas del camino público (51). De manera que como quedó a orilla de camino; por el medio pasaba un camino vecinal, debiendo orillar por el costado de los tres predios restantes hasta llegar al río. Añade que este camino siempre ha existido, y era usado por su familia, y las comunidades indígenas colindantes para llegar al río, un lugar de encuentro y de tradiciones, enfatizando en la importancia del agua para los mapuches. Sin embargo, en el año 2014, nombre reservado, “compra” los derechos hereditarios a la sucesión de doña nombre reservado, para posteriormente don nombre reservado, vender sus derechos a doña nombre reservado cónyuge de don nombre reservado, quedando con la totalidad de dichos derechos, dedicándose a la extracción de áridos.

Refieren que el actuar de los recurridos, lo es en represalia contra su familia, ya que a fines del año pasado, comenzaron a intervenir más en el rio, de manera tal que “la playita” que había, desapareció, talaron árboles, etc. , todo lo cual produjo una tensión entre los recurridos, los vecinos y la comunidad colindante. Empezaron a hacer averiguaciones, y según señalan, resultó que doña nombre reservado, nunca tuvo permiso de la Municipalidad ni de la Dirección Hidráulica. Ante esta información, la recurrente y otras personas de la comunidad, solicitaron por transparencia información a la Superintendencia de medio ambiente, en cuyo oficio señalaba que no había ninguna empresa autorizada para la extracción de áridos. Además, la dirección de Obras hidráulicas dependientes del MOP, informó la inexistencia de autorizaciones o pertinencia a nombre de nombre reservado, o alguna empresa relacionada con ésta, pero informó también la existencia de un permiso provisorio reciente otorgado a ARIDOS nombre reservado SPA Rut RUT reservadotramitado por la Municipalidad de Nueva Imperial, con el cual, obtuvo un permiso provisorio de la Dirección Hidráulica, de enero hasta mayo del corriente. Ante este permiso provisorio emitido de forma tan expedita (gestionado justamente por las presiones de los vecinos, y de la comunidad), la comunidad de Lamecura presentó reclamo ante la Municipalidad de Nueva Imperial con fecha 14 de abril del corriente, n°673, el cual fue respondido en oficio 191, emitido con fecha 29 de abril del corriente, por el Director de Obras Municipales. Producto de aquellos reclamos, nombre reservado, habría comenzado a hostigarlas cada vez que se acercaban al río. Señalan que el 30 de junio, quisieron ir al río a realizar un AYEKAN, entraron por el camino de siempre, pero nombre reservado, atravesó su camioneta en el camino señalando que era su predio y que iba a tomar las medidas necesarias para que nadie de su familia, ni de la comunidad, tuvieran acceso al río. Posterior a eso, el sábado 5 de junio, añaden que quisieron ir nuevamente, pero el camino ancestral estaba cerrado, ya que habían instalado un portón con candado. Refiere que el asunto empeoró por un reportaje efectuado en por el periódico digital Interferencia, publicado el 22 de junio 2021, donde se señala el problema suscitado por la extracción de áridos y también por el acceso al rio, donde el recurrido señala expresamente, “El camino es mio, yo puedo darle permiso a quien yo quiera, si uno tiene una casa no deja el portón abierto, ese acceso al río es mío, soy dueño de la propiedad.” Es decir, reconoce la existencia del camino, pero niega su origen inmemorable y ancestral.

En relación a las garantías constitucionales vulneradas con el acto ilegal y arbitrario efectuado por los recurridos, afirma que al impedir el acceso a un bien nacional de uso público como lo es el río Quepe, prohibiéndoles continuar transitando por el camino ancestral, implica ejercer un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en una suerte de comisión especial. En efecto, los recurridos antes de hacer este acto de autotutela, pudieron optar eventualmente por algún procedimiento legal para obtener el reconocimiento del derecho que invoca. La garantía vulnerada señalada precedentemente, se relaciona directamente con la conculcación de la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19, referida al derecho de propiedad, en este sentido, el acto de nombre reservado, constituye una amenaza cierta e inminente sobre el uso y goce del camino ancestral al cual las recurrentes tienen derecho a gozar y usar en razón a lo dispuesto en el artículo 14.2 del Convenio Nº 169, restando relevancia, si el camino ancestral, es de naturaleza jurídica particular o de servidumbre o de dominio público, pues se ha usado por un tiempo inmemorable, desconociendo el actuar del recurrido el carácter y uso público de camino, vulnerando además el derecho de propiedad sobre la facultad de usar y gozar del camino ancestral que accede al río. Mismo derecho de propiedad que existe para acceder y hacer uso del rio, al ser un bien nacional de uso público. Por último señala que igualmente se vulnera la garantía contenida en el número 6 del artículo 19 de la Carta Fundamental, referida a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan la moral, a las buenas costumbres o al orden público. En este sentido, precisa que desde el 15 de septiembre de 2009, se encuentra vigente en nuestro país, el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que tiene la calidad de tratado internacional de derechos humanos entrando a formar parte de la Constitución Chilena por aplicación del artículo 5 inciso 2° de dicha Carta Fundamental, dicho convenio contiene el estándar mínimo para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que en su artículo 2 señala en su número 1, que los estados deben asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordenada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblo indígenas y a respetar el derecho a su integridad, señalando en su numerando 2 que, esta acción debe incluir, letra b) que promuevan la efectividad de los derechos sociales económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. Por su parte, el artículo 4 del Convenio señala que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados; en su artículo 5, señala que al aplicar las disposiciones del Convenio, letra a) deberán reconocerse y protegerse los valores y practicas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos; en su artículo 13 establece que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para la cultura y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierra o su territorio. Culminando, y en consideración especial en este caso; el artículo 14.2 del Convenio Nº 169 dispone que el “derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, articulo que avala los 2 aspectos fundamentales del presente recurso, el uso libre del camino de existencia inmemorable o ancestral que pasa por el predio propiedad de la cónyuge del recurrido, y el derecho de permanecer libremente en el río o su rivera para efectuar actividades tradicionales como rituales propios y tradiciones ancestrales. De esta forma, la expulsión por parte de los recurridos, impidiendo el acceso a un bien nacional de uso público, así como la amenaza de que seguirá realizando actos semejantes en el evento que concurramos al río a efectuar actividades tradicionales a través del camino ancestral o inmemorable, impide el normal desarrollo de las manifestaciones religiosas y espirituales mapuches, lo que importa la vulneración a la libertad de culto como mapuches, expresión que es parte de la cultura que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar, pues es sabido que los mapuches tienen una especial concepción del KO (agua), en especial, cuando se encuentra vinculada en tierras de sus antepasados.

Por lo anterior, solicitan se acoja el recurso de protección interpuesto y, en definitiva, se ordene a los recurridos remover o abrir los portones del camino ancestral, en estado de ser utilizado libremente para acceder al río, debiendo abstenerse los recurridos de llevar a cabo cualquier vía de hecho que altere el libre tránsito de los recurrentes a través de dicho camino ancestral, o que importe una afectación o amenaza al normal desarrollo de las su tradiciones y manifestaciones religiosas, espirituales y culturales como mapuches, con costas.

Acompaña al recurso: 1.- Mapa del camino; 2.- Set de fotografìas; 3.- Carta de la comunidad a la Municipalidad; 4.- Respuesta de oficio por parte de la Municipalidad; 5.- Artículo publicado en el periódico digital Interferencia; 6.- Copia de inscripción de propiedad. A folio 13 acompaña: 7.- Escritura pública de compraventa de acciones. Repertorio N°1661, suscrita en fecha 03 de diciembre de 2014 ante Notario Público y Conservador de Bienes Raíces, Titular de la Agrupación de Comunas de Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, y Chol-Chol, nombre reservado , donde se vende la totalidad de acciones y derechos, cuotas hereditarias sobre el inmueble, denominado HIJUELA N°26 de 6, 50 hectáreas del plano divisorio del predio encabezado por don nombre reservado, lugar Lamecura, comuna de Nueva Imperial a nombre reservado, y nombre reservado; 8.-Inscripción de herencia en el registro de propiedad a fojas 1513 vuelta, numero 1713, del año 2013; 9.- Copia de inscripción de propiedad, fojas 1054, numero 1349, año 1983; 9.- Copia de inscripción fojas 392 numero 409 año 2017, del registro de propiedad del año 2017. A folio 17 se acompaña: 10.- un video del lugar de los hechos y a folio 28, 11.- Declaración jurada de nombre reservado; 12.- declaración jurada de nombre reservado; 13.- Copia de inscripción especial de herencia fojas 684 vuelta Número 834 año 1996, registro de propiedad del Conservador de Bienes Raices de Nueva Imperial; 14.-Mapa de subdivisión del predio hereditario ante conciliador y topógrafo de la Conadi y 16.- Mapa del proceso de saneamiento de Bienes Naciones de nombre reservado.

Que a folio 7, la Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial emite el informe solicitado, señalando que concurrieron al sector Lamecura, acompañado fijación fotográfica de lo que se apreció en el lugar, dando cuenta que desde la Ruta S-488, que une las localidades de Almagro con Barros Arana, se observa un camino interior, distante a 2.5 kilómetros de Almagro, el que dirige al Río Quepe, a una distancia de 1.6 Kms., en donde se ubica la planta de "Áridos nombre reservado". Que, además, existe un portón metálico instalado por el recurrido nombre reservado, el que conforme a su versión, es instalado en terreno que correspondería a un predio forestal, de propiedad de nombre reservado, con quien mantiene un contrato para ocupar parte del terreno, el que dirige a su planta de áridos, distante a 1.200 metros, desde el señalado acceso, en donde finaliza el camino público interior. Expresa a su vez, que a una distancia aproximada de 80 metros del primer camino interior, se observa un segundo camino interior, de 1.5 Kms. de longitud. Adjuntando otras fotografías que muestran que este segundo camino público interior, de igual forma dirige hacia la rivera del Río Quepe.

Que a folio 9, comparece la recurrida, nombre reservado, RUN N° RUT reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, quien emite el informe requerido, solicitando el rechazo del presente recurso de protección, con costas.

Refiere que adquirió la hijuela Nº 26, el año 2017, mediante compraventa de acciones y derechos de dominio sobre el predio cuya inscripción rola a Fojas 392 vta. Nº409, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial, correspondiente al año 2017, predio ubicado en el lugar Lamecura de la comuna de Nueva Imperial, cuyos deslindes son: NORTE, con el cauce del Río Quepe; ESTE, con cerco quebrado que lo separa de la hijuela Nº 17; SUR, con cerco recto que lo separa de la hijuela Nº 25; y OESTE, con cerco quebrado que lo separa de terrenos de don nombre reservado. Expone que originalmente el camino de tránsito demarcado para acceder al predio, es a través de la ruta S-490, atravesando al norte de las hijuelas Nº 9 y Nº 14, hasta llegar a la hijuela Nº 19, la cual bordeando hasta la hijuela Nº 18, llega a la hijuela Nº 25, que conecta finalmente con la hijuela Nº 26, adjuntando para estos efectos, mapa de Subdivisión de la Comunidad nombre reservado, de noviembre de 1981, el cual hasta la fecha, se mantiene vigente. En este sentido, y a fin de generar un vía que comunique de forma directa el predio adquirido con el camino público, indica que llegó a un convenio o permiso mutuo de tránsito por caminos privados, con don nombre reservado, quien detenta el dominio del predio colindante en dirección oeste, celebrado con fecha 11 de julio de 2019, ante el notario, don Luis Alfonso Mendoza Camus; y con un acuerdo de palabra con don nombre reservado, a efectos de poder transitar por la orilla sur de la hijuela Nº 24, de la cual es dueño. Así las cosas, su cónyuge habría comenzado a construir el camino en cuestión, generando un acceso privado directo al inmueble.

Concluidas las obras, y de buena fe, afirma que decidieron que dicho camino permaneciera abierto durante los días, y cerrado por la noches, permitiendo el acceso, sin perjuicio de la existencia de otra ruta que conduce desde el camino principal hasta el Río Quepe, y que se encuentra ubicada a 234 metros del acceso privado en cuestión. Lo anterior, habida consideración de la buena relación con los vecinos en general. No obstante ello, en momentos que las recurrentes arribaron a vivir al sector, las tensiones se hicieron notar. Comenzaron a ingresar de manera conflictiva, perturbando la tranquilidad del lugar, y señalando en reiteradas ocasiones que dicha parte del terreno les pertenecía y que podrían ingresar y salir a su antojo, situación que se tornó cada vez más agresiva ante las amenazas e ingreso con perros, al punto que tuvo que acudir a formular la correspondiente denuncia. Dado lo anterior, decidieron mantener cerrado el ingreso al inmueble, y de esta forma evitar las reiteradas situaciones producidas al interior del predio. No obstante ello, indica que las recurrentes de igual forma irrumpen e ingresan al terreno con la excusa de acceder al Río, pese a existir un camino público que les permite llegar. En consecuencia, malamente pudo privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales de las actoras si en todo momento, han podido ejercer libremente los derechos que legal y legítimamente ha permitido nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, expone que el simple hecho del cierre de portones, no puede ser tildado como un acto ilegal ni arbitrario, toda vez que cabe dentro del ejercicio de los atributos del derecho de dominio, los cuales se encuentran reconocidos en nuestra legislación, no pudiendo atribuirle a tal conducta el carácter de arbitrario e ilegal. Finalmente, y en lo tocante a la extracción de áridos por parte de la empresa Áridos nombre reservado SPA, hecho traído a colación por las recurrentes, señala que dicha actividad es realizada en cumplimiento total de la normativa que la regula, razón por la cual no existe mayor controversia;

En lo que respecta a la libertad de conciencia, indica que ésta presenta dos características esenciales. En primer lugar, se circunscribe más allá de las convicciones religiosas; y que, en segundo lugar, es un derecho que exige poder manifestar y difundir las respectivas creencias. Estos dos ámbitos de la garantía, tanto su manifestación externa, como la manifestación colectiva de su ejercicio, integran el núcleo esencial de la misma. Y conforme al mérito lo alegado por las recurrentes, en ningún caso se presenta un acto que amenace la libertad de conciencia en los términos referidos precedentemente. Así las cosas, el simple hecho de cerrar con portones un predio privado, no es un indicativo que manifieste una voluntad de impedir el acceso al Río Quepe, pudiendo las recurridas llegar por otra vía destinada al efecto, y realizar las actividades propias del pueblo Mapuche. Además, aun invocando el ejercicio de la libertad de culto, refiere que ésta debe sujetarse a los límites propios del orden público y la protección de los demás bienes jurídicos fundamentales, tal como es el derecho de propiedad. En tal sentido, y no acreditándose en el caso sublite algún derecho legítimo sobre el inmueble en cuestión, no se visualiza la privación, amenaza o perturbación de la garantía en comento. Muy por el contrario, refiere que serían las propias recurrentes quienes con su actuar, afectan y desconocen el derecho de dominio que tendria la recurrida sobre su inmueble, perturbando el derecho de uso y goce de este, ambos atributos del dominio, como es reconocido por el artículo 582 del Código Civil, cautelado a la vez por el articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de La República, que asegura a todas las personas el respeto a su derecho de propiedad. Resulta entonces extraño que sean las actoras quienes manifiesten que se les ha vulnerado el derecho de propiedad, pues de sus dichos y de los antecedentes presentes en autos, no es posible concluir que tienen un derecho indubitado de propiedad que pueda ser perturbado de la forma que reclaman, ni aun la posesión o tenencia del inmueble, que amerite atender la existencia de algún otro derecho conculcado. Asimismo, resultaría carente de razón, pretender sustraer de las normas de nuestro ordenamiento jurídico el derecho de propiedad bajo pretexto de poseer una condición ancestral, cuestión que solo consta de dichos, y que se contradice con la realidad; más aun teniendo en cuenta que dicho camino privado, es de data reciente. En este contexto, el hecho de actuar conforme a las facultades que el derecho de dominio confiere a su titular, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, elimina cualquier atisbo que conlleve un acto de autotutela que altere el status quo vigente. En efecto, existiendo en el caso sub judice, un camino público que lleva al Río Quepe, las recurrente prefieren transitar por una huella que se proyecta por un terreno privado. Al respecto enfatiza que la legislación contempla las acciones y procedimientos adecuados para obtener judicialmente el reconocimiento de tierra indígena del inmueble en cuestión, y mientras ellos no sean ejercidos, no resulta lícito proceder como se ha hecho, más aun si se tiene en cuenta que dichas acciones deben tramitarse en un proceso de lato conocimiento. Finalmente y conforme a los antecedentes de hecho y derecho, afirma la recurrida que no ha incurrido en un actuar “ilegal” o “arbitrario”, evidenciando al contrario de lo relatado por las recurrente, que en todo momento se ha obrado conforme a los derechos que legal y legítimamente les confiere la legislación. Cita a continuación jurisprudencia y añade en presentación posterior de folio 15, que no se ha acompañado antecedente alguno que permita acreditar fehacientemente la existencia de tal camino en carácter de ancestral, o bien siquiera de algún “germen” de derecho sobre el inmueble; todo lo contrario, solo dichos que en nada se ajustan a la realidad. En consecuencia, no existiendo gravamen sobre el predio, se pueden ejercer libremente las facultades del dominio establecidas en la ley, y resultando del todo carente de razón el actuar de las recurrentes, habida consideración de la existencia de un domicilio reservado metros de la entrada privada - que conecta al río Quepe, el cual les permite el acceso al mismo.

Acompaña al informe: 1.- Mapa de División de la comunidad nombre reservado, de fecha noviembre del año 1981; 2.- Estudio de Emplazamiento de la Hijuela Nº 26; 3.- Convenio de Permiso Mutuo de Tránsito por caminos privados, celebrado con don nombre reservado, de fecha 11 de julio de 2019, ante el notario don Luis Antonio Mendoza Camus; 4.- Copia legalizada de inscripción de dominio, correspondiente al Lote E, rolante a fojas 866 vta. Nº975 del año 1997 del Registro Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial; 5.- Parte Denuncia Nº 00856 de fecha 30 de abril de 2021, estampada en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial.

A folio 9, atendido el mérito de los antecedentes y el tiempo transcurrido, se prescindió del informe del recurrido nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que de lo expuesto, se verifica que se recurre aquí por el cierre de un camino, llegando a instalar en él un portón con candado que impide o embaraza el paso al Río Quepe para realizar tradiciones ancestrales, como ocurrió, según debe entenderse, el día 5 de julio, cuando se pretendía realizar un “Ayecan”. Según las recurrentes se trata de un camino “inmemorable y ancestral”, y por parte de los recurridos se alega que ha sido por ellos construido, por lo que su existencia no es algo discutido.

Tampoco es discutido el cierre reciente del camino mediante la instalación de un portón que por dicho lugar impide acceder al río. La recurrida que informa, cónyuge del otro recurrido, de cuyo informe la Corte ha prescindido, reconoce que dicho camino permanecía abierto desde que fue construido, pero que al tornarse conflictivas las que antes eran buenas relaciones con los vecinos, dado el actuar de las recurrentes, decidieron cerrar el camino. La recurrentes han señalado que el cierre se produjo en represalia por denuncias en relación con intervención del río, principalmente por extracción ilegal de áridos que luego de sus indagaciones y gestiones habría llevado a que rápidamente se regularizara dicha actividad con un permiso de la Municipalidad de Nueva Imperial.

Segundo: También se alega por la recurrida la existencia de otra ruta que conduce desde el camino principal hasta el Río Quepe, y que en lugar de transitar por esta, las recurrentes prefieren hacerlo por una huella que se proyecta por un terreno privado y “al respecto enfatiza que la legislación contempla las acciones y procedimientos adecuados para obtener judicialmente el reconocimiento de tierra indígena del inmueble en cuestión, y mientras ellos no sean ejercidos, no resulta lícito proceder como se ha hecho, más aún si se tiene en cuenta que dichas acciones deben tramitarse en un proceso de lato conocimiento”.

En relación con ésta última alegación, la parte recurrida no debe olvidar que, como ha sostenido esta Corte con anterioridad, la acción de protección está establecida sin perjuicio de otras acciones que pueden entablarse y lo más importante que toda acción constitucional constituye un derecho subjetivo público, una garantía siempre a favor del individuo, nadie puede impedir que se intente este tipo de acción, pues de otra manera se negaría el acceso a la justicia a toda persona.

…Ninguna persona puede tomar medidas al margen del ordenamiento jurídico vigente a fin de obligar a la otra a una determinada conducta, de conformidad al principio que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, por ello no ha podido la recurrida, sin incurrir en ilegalidad y arbitrariedad, aun cuando crea estar asistida de algún derecho, actuar por vías fácticas, alterando el statu quo y, si así́ lo hace, el órgano jurisdiccional debe dar la debida protección al que ha visto amagado su derecho, no obstante, entendiéndose que lo anterior no significa atribuir un derecho indiscutible a favor del recurrente o del recurrido, dado que el pronunciamiento que se emita por esta vía, no impide que las partes en otra instancia planteen las pretensiones que estimen necesarias ante los tribunales de justicia, en defensa de los derechos que crean tener pero, mientras no exista un pronunciamiento al respecto, no pueden, ahora, proceder mediante auto tutela. (Sentencia de 15 de febrero de 2016, Rol 5404 – 2015, confirmada por la Excma. Corte Suprema por sentencia de 20 de abril de 2016, Rol 16.349 – 2016).

Por otra parte, la Excma. Corte Suprema, en el indicado Rol 16.349 -2016, sentencia que confirma la de esta Corte que antes se citó, también ha considerado que además de estimar que en sucesos como el planteado, el recurso de protección es el instrumento adecuado para obtener el restablecimiento del status quo existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios, ello sin perjuicio del derecho de los afectados para ejercer, en la sede correspondiente, las acciones que crean más convenientes a sus intereses con el objeto de regularizar los actos que los agravian, sin que resulte factible otorgarse, por consiguiente, a través de esta vía extraordinaria y de urgencia, una cautela de carácter permanente, ya que en la práctica, se podría estar constituyendo un verdadero gravamen respecto de la propiedad de la parte recurrida, sin cumplirse con los procedimientos legales establecidos para estos conflictos.

Tercero: Que la recurrente, en su alegato ha hecho presente lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 1939, NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DEL ESTADO, publicado el 10 de noviembre de 1977, que en su inciso primero establece: Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.

Sin embargo, la misma disposición también ha previsto, en su inciso segundo, un procedimiento específico, ante la autoridad que indica, para la fijación de las vías de acceso correspondientes, y en el inciso tercero ha reglado que una vez fijadas las vías de acceso de conformidad al inciso anterior, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo, estableciendo las sanciones aparejadas a la contravención.

Si bien la disposición pareciera limitar el procedimiento a los fines que indica, lo cierto es que dada la actual lectura que debe darse a nuestro ordenamiento jurídico, en particular en relación con las obligaciones que para el gobierno establece el Convenio 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, promulgado por Decreto 236, publicado el 14 de octubre de 2008, particularmente en su artículo 2, y considerando que en la letra a) de su artículo 5 se establece que deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales , culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos…resulta lógico que tal procedimiento se entienda también la vía apta cuando lo que se pretenda sea el acceso a esa corriente natural de agua que fluye permanentemente para desembocar en el mar, más aún tratándose de integrantes de un pueblo originario para el cual Ko o agua, constituye uno de los componentes fundamentales de la tierra y el espacio en su conjunto y de lo que aquí se trata, es acceder al río para la realización de algún rito ancestral.

Empero, la legalidad a la que la recurrente alude, y sobre la cual aquí se ha considerado, al establecer un específico procedimiento, no hace sino fortalecer la convicción de esta Corte en el sentido que se está aquí decidiendo.

Cuarto: En tal contexto, no siendo un hecho debatido que, por unilateral decisión de los recurridos, se ha procedido al cierre reciente del camino mediante la instalación de un portón que por dicho lugar impide acceder al río, en circunstancias que con anterioridad a ello el libre tránsito era permitido, se verifica con claridad la alteración de una situación de hecho preexistente, cuya ejecución aparece como una acción voluntariosa y carente de prudencia que, sin perjuicio de la naturaleza del camino o de la necesaria y formal constitución de los correspondientes derechos ante las autoridades o en los procedimientos pertinentes, configura una autotutela que el derecho no ampara, y que perturba de manera seria la garantía establecida en el número 3° inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que se configuran así los presupuestos necesarios para que esta Corte adopte de inmediato las providencias que se juzgan necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las personas afectadas, sin perjuicio de las gestiones o acciones que deben realizar o hacer valer las recurrentes, ante la autoridad o tribunal correspondiente.

Conforme a lo considerado y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la recurrida nombre reservado y al recurrido nombre reservado, mantener abierto y sin trabas de ningún tipo, el camino necesario para que a través de su predio se pueda acceder al Río Quepe, como lo era antes de la instalación del portón, obstáculo que, si no se ha hecho, debe ser removido. Protección que se otorga a las recurrentes por el plazo de seis meses contados desde la notificación de este fallo, dentro del cual deberán iniciar las gestiones o acciones jurisdiccionales pertinentes, para procurar la debida protección de sus intereses, del modo que fuere procedente, ante la autoridad o tribunal correspondiente.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente don Luis Olivares Apablaza.

Protección-7037-2021.(fcv)