nombre reservado con MUNICIPALIDAD TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, once de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha primero de marzo del año dos mil veintiuno, comparece doña nombre reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado,, quien interpone recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, persona jurídica de derecho público, del giro servicio público, representada por su Alcalde don Jaime Salinas Mansilla, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y Arbitrario al dictar al no renovar su contratación a honorarios, en circunstancias que existirían fondos para ello en virtud de la aprobación del Presupuesto Anual año 2021, lo que vulneraría la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que con fecha 15 de Abril del 2019 fue contratada para prestar servicios en la Municipalidad de Temuco, en calidad de “Honorarios”, para cumplir cometidos específicos en la realización de actividades del Programa Hon. Ayudas Técnicas Discapacidad, con renovaciones sucesivas.

Asimismo, por Contrato a Honorarios, de fecha 25 de Febrero del 2020, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 816, de fecha 27 de febrero del año 2020, que fue nuevamente contratada para prestar servicios en la Municipalidad de Temuco, para cumplir cometidos específicos de realización de actividades en la Dirección de Desarrollo Comunitario para el Programa Estrategias de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI), donde el periodo de este contrato fue desde el 02 de marzo del 2020 al 28 de Febrero del 2021.- De lo expuesto concluye que a partir del mes de Abril del año 2019, se ha desempeñado en forma ininterrumpida en la Municipalidad de Temuco, en calidad de “Honorarios”.- Agrega que consta en el Decreto Alcaldicio N° 64, de fecha 18 de enero del 2021, que la Recurrida, consideró para el presente año, en el marco del “Programa de Beneficios a la Comunidad”, un monto inicial de $120.300.000.-, y en su letra C. Promoción Comunitaria e Inclusión, número 7, la contratación de un Gestor Territorial, indicando sus funciones específicas, que precisamente corresponde a su perfil profesional, y coinciden con las labores que ha desempeñado para el Municipio y que en base a este último Decreto Alcaldicio citado, es que la Dirección de Desarrollo Comunitario, emite la Solicitud de Contratación de Personal a Honorarios para el año 2021, pidiendo concretamente su contratación para el periodo marzo – diciembre del 2021, lo que habría sido ratificado por su jefatura, por lo que con esa información programó sus vacaciones, estando tranquila que continuaría trabajando para la Municipalidad de Temuco, por un año más, por cuanto, no existía una mera expectativa de aquello, sino que plena certeza, al contar con documento que así lo disponía.- Refiere que con gran sorpresa, fue citada a reunión el día 18 de febrero pasado, a oficina del Director de nombre reservado don nombre reservado, y don nombre reservado, donde se le informa verbalmente que no habría presupuesto para su contratación, y que en consecuencia, sus servicios terminaban el 28 de febrero del 2021.- Argumenta que el artículo 82 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo pertinente, señala: “El pronunciamiento del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 79 se realizará de la siguiente manera: a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda” (lo achurado es nuestro).- De la disposición legal transcrita, queda de manifiesto, que el Presupuesto Municipal, para el año 2021, fue aprobado en el mes de Diciembre del año 2020.- Debemos recordar que el Alcalde presenta a la aprobación del Concejo el Presupuesto Municipal, el que es elaborado principalmente por la Secretaria de Planificación Comunal, con el apoyo de la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Control Interno, contando en consecuencia, con la suficiente garantía de seriedad y certeza.- De esta forma, es bastante dudoso, que hubiera existido un error de cálculo, en circunstancias que el Presupuesto para para el “Programa de Beneficios a la Comunidad”, ya había sufrido una merma del orden de los $80.000.000.- Alega que en el fondo, se trata de una decisión basada solamente en una suerte de “vendetta” o “revanchismo político”, sin ninguna justificación racional, que no solamente pasa a llevar una mera expectativa sino un Derecho adquirido, habiéndose adoptado una decisión arbitraria y caprichosa.- Sostiene que la decisión adoptada por el Alcalde de Temuco don Jaime Salinas Mansilla, quien detentará el cargo por aproximadamente 6 meses, sin haber sido electo por la ciudadanía para ejercer tal cargo, carece de todo fundamento, no siendo razonable su proceder.

El único argumento de la Recurrida para poner término o más bien para no renovar su contratación a honorarios, sería una supuesta falta de presupuesto, cuestión que ya se ha explicado que no es así.- En efecto, consta en los documentos que se acompañan, que se había considerado mi contratación para todo el año 2021, y mi desvinculación ni siquiera ha sido objeto de un acto formal emanado de la Recurrida.- Afirma que la recurrida con su proceder está conculcando las siguientes garantías constitucionales:

a) La contenida en el art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, es decir, nuestro Derecho a la Igualdad ante la Ley.

Esta trasgresión a mi Derecho Fundamental concurre, por cuanto, la Recurrida no está tratando a todas las personas que se encuentran en mi misma situación de igual forma, privilegiando a aquellos que considera más cercanos, y desechándome por motivaciones políticas, y no técnicas.- b) La contenida en el art. 19 N° 24 de la Carta Fundamental, es decir, nuestro Derecho de Propiedad.

En efecto, es evidente que el Contrato a Honorarios que debía prorrogarse para el presente año 2021, me otorga una serie de prerrogativas y obligaciones, que si bien no pueden ser considerados derechos reales ni personales, si tienen el carácter de bienes incorporales, los que obviamente son susceptibles de propiedad o dominio.- En este mismo sentido, siempre mis Contratos a Honorarios, han contemplado derechos incorporales, tales como, a percibir una remuneración, Permiso por 15 días (Vacaciones); Permisos por Maternidad; Capacitaciones, Viáticos y otros similares, constituyendo una propiedad de aquellos que los han obtenido y, por ende, se encuentran reconocidos, amparados y protegidos por la Constitución Política de la República; y, siendo así, son intangibles, vale decir intocables.- Tal como se explicó bajo el epígrafe “los hechos”, el actuar de la Recurrida importará la privación de tal derecho de dominio, a partir del día 01 de marzo del año 2021, sin que exista una causal racional ni legal que lo justifique.- Alega que con su actuar, la Municipalidad de Temuco, transgrede el Principio de Protección de la Confianza Legítima.- En efecto, las actuaciones de los poderes públicos suscitan confianza entre los destinatarios de sus decisiones, en este sentido es razonable entender que los precedentes de la administración, puede generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes.

La confianza que deposita el particular en la actuación administrativa merece amparo puesto que una práctica administrativa continuada genera confianza en el ciudadano de que se le tratará del mismo modo que en casos anteriores. Por ello no parece justo que la administración puede cambiar su práctica con efectos retroactivos o de forma sorpresiva. La Protección de la Confianza Legítima ha adquirido reconocimiento prácticamente en todos los sistemas administrativos relevantes, en ocasiones, se identifica con una extrapolación de la buena fe privada al ámbito de lus Publicista.- Fundamento positivo: El Principio de Confianza Legítima se deduce de los Principios Constitucionales del Estado de Derecho (art. 5, 6, 7 y 8 CPR) y de Seguridad Jurídica (art 19 N° 26 CPR), a partir de dichos principios se desprende que existiera una permanencia en la regulación y aplicación del Ordenamiento Jurídico, y que se encuentra muy vinculado a la doctrina de los actos propios, la cual es de alcance más bien procesal y aplicable a las partes del pleito, sean estas personas del ámbito público o privado. Fuera de los principios de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica el anclaje de la confianza legítima se realiza en otros Principios consagrados Constitucional y Legalmente como el Principio de Legalidad (art. 6, 7 y 24 inciso 2° de la CPR y art. 2 de la Ley N° 18.575 de Bases de la Administración del Estado).

Aplicando el Principio en comento al caso sub lite, queda de manifiesto que el nuevo Alcalde de la Municipalidad de Temuco, en un par de días, ha cambiado inexplicablemente de opinión, frente a una misma situación, lo que conlleva una vulneración de la confianza depositada en el ente administrativo.- Pide que se acoja su recurso de protección y e definitiva, se disponga que la Municipalidad de Temuco, debe proceder a la suscripción de un nuevo Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios con esta Recurrente, en los términos que constan en Solicitud de Contratación de Personal a Honorarios año 2021, con costas.- Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Contrato a Honorarios, de fecha 15 de Abril del 2019.- 2.- Decreto Alcaldicio N° 6150, de fecha 10 de mayo del año 2019, que aprobó el Contrato indicado precedentemente 3.- Contrato a Honorarios, de fecha 28 de julio del 2019.- 4.- Decreto Alcaldicio N° 9536, de fecha 13 de agosto del año 2019, que aprobó el Contrato indicado precedentemente 5.- Contrato a Honorarios, de fecha 06 de Enero del 2020.- 6.- Decreto Alcaldicio N° 1465, de fecha 03 de febrero del año 2020.- 7.- Contrato a Honorarios, de fecha 25 de febrero del 2020.

8.- Decreto Alcaldicio N° 816, de fecha 27 de febrero del año 2020, que aprobó el Contrato indicado precedentemente.- 9.- Decreto Alcaldicio N° 172, de fecha 14 de enero del año 2020, que aprobó el “Programa de Beneficio de la Comunidad”, para el año 2020.

10.- Decreto Alcaldicio N° 64, de fecha 18 de enero del año 2021, que aprobó el “Programa de Beneficio de la Comunidad”, para el año 2021.

11.- Solicitud de Contratación de Personal a Honorarios para el año 2021, en que consta la petición de la Dirección de Desarrollo Comunitario de volver a contratarme para el año 2021.- A folio 7 evacúa informe la Municipalidad de Temuco, quien solicita el rechazo con costas del recurso.

Señala que doña nombre reservado, tuvo permanencia laboral, sobre la base de honorarios, en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Temuco, por un periodo de dos años.

La recurrente, presentó su renuncia voluntaria con fecha 11 de marzo de 2020 al contrato a honorarios de enero a diciembre del 2020. Decreto Alcaldicio N°1456.

Posteriormente es contratada por la Municipalidad de Temuco, por la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI) programa extrapresupuestario, periodo de contratación 02 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. Decreto Alcaldicio N° 816. La fecha queda claramente establecida en el convenio respecto a su producto 6, Fortalecimiento de la Gestión Territorial de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva.

Finalmente, es atribución del Alcalde resolver por evaluación de su trabajo y recursos municipales disponibles, respetar el cese de sus funciones por término de convenio con fecha 28 de febrero de 2021.

Alega la incompetencia del Tribunal, por vía de declinatoria, señalando que el Tribunal competente para conocer de las pretensiones del actor, en orden a obtener una declaración de sus derechos el Juzgado Civil, correspondiente, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

No es posible, ni entendible, desde ningún punto de vista, que la Corte de Apelaciones se avoquen a conocer materias que leyes especiales de derecho público y de carácter estatutario, como lo es el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que regula de manera expresa, han dejado fuera de su competencia; como lo es la correcta aplicación de las normas relativas a la cesación de funciones de cargos municipales, sea de planta, contrata o a honorarios. - Por lo tanto, el término de un contrato a honorarios existente entre la I. Municipalidad de Temuco y un particular, no es de competencia de la Corte de Apelaciones, no existe posibilidad de invocar nulidad de despido y despido injustificado, pago de cotizaciones provisionales, feriado legal, etc., pues estas materias están reguladas en el Código del Trabajo, cuerpo normativo que no es aplicable en la especie por mandato constitucional y legal expreso, como asimismo, ninguna clase de indemnización de carácter laboral o previsional por tal concepto.

Rigen el Estatuto Administrativo de estos funcionarios (Ley N°18.883) por leyes civiles ordinarias y por su contrato, donde los problemas de relevancia jurídica que se presenten con ocasión del contrato quedan entregados a la justicia civil.

Alega asimismo que la actuación de la municipalidad, se encuadra dentro de la “facultad discrecional” que posee la Autoridad Administrativa, explicando que la doctrina ha señalado que existe: “cuando la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en qué momento obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a dar a su actuación”.

A contrapartida, la doctrina ha establecido que hay una “competencia reglada”, cuando la norma jurídica impone al poder público la decisión que se tomen en atención a la existencia de ciertos requisitos que ella establece. La autoridad en este caso no queda en libertad para elegir el camino que más le conviene, ya que en presencia de determinadas circunstancias deberá actuar en el sentido prescrito por la norma. - El Profesor Pierry, al respecto expresa: “El control de la legalidad recae sobre el aspecto reglado del acto o actuación de la Administración, En su aspecto discrecional no es susceptible de control alguno. Donde existe, no puede haber control de legalidad, quedando, por otra parte, excluido en control de la oportunidad…”

Como se indicó anteriormente, el artículo 5 letra a) de la ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, expresa que las Municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) “Ejecutar el Plan Comunal de Desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento …”. - A su vez, el artículo 63 de dicho cuerpo legal, expresa: “El Alcalde tendrá las siguientes atribuciones: c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia en acuerdo con las normas estatutarias que los rijan”. - Los recurrentes han invocado como violadas las siguientes garantías constitucionales, consagrada en el artículo 19 N° 2 sobre igualdad ante la ley, sin señalar cuales serían los casos a que se refiere como para poder efectuar una situación similar y el N°24 sobre protección, señalando que tiene un derecho de propiedad sobre su trabajo, lo que no es efectivo ya que cualquier reconocimiento de un derecho, no es materia de esta acción constitucional, en otras palabras la recurrente no posee un derecho indubitado.- Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta N°2088 de fecha 13 de septiembre de 2019, que aprueba convenio de transferencia Recurso Folio 199101 de la Convocatoria 2019, de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI 2019 2.- Bases Técnicas- Administrativas para el Programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI. - Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que el actuar cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha el recurrente es el haber comunicado verbalmente la no renovación del contrato a honorarios desde marzo de 2021, de la recurrente nombre reservado, con la Municipalidad de Temuco.

Tercero: Que sobre el particular, es necesario tener en consideración que el artículo 4 inciso 3° de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que dispone: " Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

De los antecedentes acompañados a la causa resulta que la actora celebró un Contrato a Honorarios, con fecha 25 de Febrero del 2020, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 816, de fecha 27 de febrero del año 2020, para prestar servicios en la Municipalidad de Temuco, para cumplir cometidos específicos de realización de actividades en la Dirección de Desarrollo Comunitario para el Programa Estrategias de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI), donde el periodo de este contrato fue desde el 02 de marzo del 2020 al 28 de Febrero del 2021.- Cuarto: Que del mérito de lo señalado precedentemente, consta que el contrato tenía una vigencia hasta el 28 de febrero de 2021”, por lo que al haber informado la no renovación del contrato, la municipalidad ha actuado con estricto apego a las disposiciones del contrato suscrito por las partes, que es justamente el instrumento que rige las relaciones entre ellas, por así disponerlo expresamente el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Quinto: Que, a mayor abundamiento cabe consignar que tampoco se cumplen con los presupuestos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría general de la República para configurar el principio de confianza legítima. En efecto, en dictamen N° 22.766 de 2016, se dispone que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años y en el caso subjudice las contrataciones a honorarios lo fueron por un espacio de tiempo inferior ya que el primer contrato a honorarios fue de fecha 14 de abril de 2019 y su último contrato expiró el 28 de febrero 2021.

Sexto: Que de acuerdo con lo razonado y no habiéndose acreditado la existencia de un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

Redacción por la ministra (I) Sra. Luz Mónica Arancibia Mena.

Regístrese.

Rol N° Protección-703-2021 (pvb).