nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (GGDD)

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

Que compareció don Yerko Millalonco Calisto, abogado, en representación de doña nombre reservado, e interpuso recurso de protección, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por su Director Nacional, Servicio al que atribuye la conculcación de sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de República, que realizó la compensación de un crédito fiscal de la actora, -originado en una sentencia laboral que condenó a su ex empleador, representado por el Consejo de Defensa del Estado, a pagarle la suma de $398.810 en causa tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, causa RIT O-84-2023, y ROL C-196-2024,- con una deuda fiscal de la recurrente, procedente de una deuda educacional por un remanente del Crédito con Aval del Estado, reteniéndosele en consecuencia, de manera íntegra la indemnización laboral aludida.

Denunció que el “Comprobante de compensación” emitido por la recurrida, refiere textualmente que “se han compensado deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2024, formulario 72-A[…]”, en circunstancias que en el caso, no se trata de ningún excedente de declaración de renta, sino de una indemnización laboral que, precisamente, no constituye renta para efectos tributarios, según claramente lo dispone el artículo 20 de la ley 19.010.

Sostuvo que conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley N° 20.027 que “Establece Normas Para El Financiamiento De Estudios De Educación Superior”, la recurrida sólo puede retener de la devolución de impuestos a la renta anual del deudor, los montos que se encontraren impagos, y en la especie, el monto en cuestión, tiene su origen en una indemnización laboral, suma que no guarda relación con la devolución de impuesto a la renta anual de la recurrente ni ha sido declarada por la misma, ya que el ingreso en cuestión recién se genera en el presente año.

Añadió que la deuda en cuestión no ha sido cobrada de forma judicial ni extrajudicialmente y que al tenor de lo previsto por el artículo 18 bis de la norma legal citada, la recurrida puede retener para el pago los montos impagos para solución de las deudas del CAE, la devolución de impuesto a la renta anual de las personas y sólo para el caso de que se haya hecho efectiva la garantía estatal, estará facultado para exigir el cobro mediante la interposición de acciones de cobranza judicial o extrajudicial pertinentes, lo cual, alega, no ocurre en la especie, toda vez que el monto del cual se la privado a la recurrente, corresponde al pago de un juicio laboral y no de su devolución de impuestos a la renta, y subsecuentemente la tesorería no ha accionado contra la recurrente de forma judicial o extrajudicial, y sin que exista resolución judicial que lo autorice.

Pidió disponer la restitución de la suma compensada.

Que informando el recurrido Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, refirió que obró en ejercicio de una facultad legal, otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6°, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Luego, el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Asimismo, citó el artículo 1.656 del Código Civil y los dictámenes N°53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, que precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la Ley”.

Agregó por último, que de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 20.027 “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley”, de lo que desprende que el legislador faculta a la Tesorería para realizar retenciones, y que de la sola redacción de una norma de carácter permisiva al ocupar el verbo “podrá”, no es posible inferir que al otorgar esta facultad a la Tesorería se restringen todas las demás atribuciones, ya mencionadas a pretexto de ser una ley especial, que el estar comprendida dicha medida dentro de una norma especial no altera naturaleza de las mismas acciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que el conflicto suscitado dice relación con la compensación efectuada por el Servicio de Tesorerías recurrido, de un crédito fiscal del que es acreedora la recurrente, y originado en una indemnización laboral que obliga al Fisco de Chile; con una deuda fiscal que grava a la actora, originada en el CAE.

La recurrente reclama que la conducta denunciada conculca de manera ilegal las garantías fundamentales que indica, por contravenir y excederse de los mecanismos y supuestos para el cobro de lo adeudado, conforme a los artículos 17 y 18 bis de la Ley N° 20.027; en tanto que la defensa del Fisco, se asila en las facultades contenidas en el artículo 6° del DFL 1, del 1994; artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; artículo 1.656 del Código Civil,; como el propio tenor expreso del artículo 17 de la ley N° 20.027 Segundo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Tercero: Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del D.F.L. N°1 de 1994 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, aquella institución cuenta con la facultad de compensar los créditos impositivos con los créditos que el Fisco adeuda a los contribuyentes, en razón de la existencia de deudas recíprocas entre el contribuyente y la Administración, quienes de manera simultánea tienen la calidad de deudor y acreedor, y cuyo efecto no es otro que extinguir las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo anotado, la compensación en materia tributaria contiene elementos que resultan ser comunes con aquella figura prevista en el derecho común, las particularidades de su regulación, determinadas por los principios del derecho tributario, en tanto dice relación con gravámenes y obligaciones impuestas por la ley, y por ello sujeto estrictamente al principio de legalidad, tornan necesaria la revisión de las exigencias que le distinguen de aquella establecida en los artículos 1655 a 1664 del Código Civil, cuestión determinante para resolver la controversia, pues, aun cuando en la especie se trata de obligaciones de dinero respecto de las cuales ambas partes son recíprocamente deudoras y acreedoras, y se trate de deudas líquidas y actualmente exigibles, no puede perderse de vista que, la compensación efectuada constituye y se rige por un instituto propio del derecho tributario con una regulación expresa en la legislación impositiva.

Quinto: Que, en la perspectiva anotada, sabido es que, debe observarse que si bien el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994, autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, en las condiciones que indica, resulta que el artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece que “Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”, norma de la que es posible colegir que las deudas de esos contribuyentes deben tener por causa un tributo, cuestión que resulta medular, si se considera que la deuda de la actora constituye un crédito que no tiene carácter tributario, en razón de la expresión “tributo” que utiliza la norma transcrita, consideración que conduce al acogimiento de la acción, por concluirse la ilegalidad de la actuación reclamada en el contexto fáctico expuesto, con la consecuencial conculcación de las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de República, al imponer un gravamen al afectado que excede el supuesto legal que lo autoriza, dejándole en una posición de indefensión e inequidad frente a la aplicación objetiva y restrictiva que impone la normativa al efecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto y en consecuencia se dispone que el Servicio de Tesorerías recurrido, deberá retrotraer lo actuado, dejando sin efecto la compensación efectuada por la vía administrativa correspondiente.

Redacción del Ministro Sr. José Marinello F.

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