Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

C.A. de Temuco Temuco, catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 19: A lo principal: Estese a lo que se resolverá. Al otrosí: Por acompañados.

A los escritos folios 20, 22 y 25 y a lo principal y otrosí de los escritos folios 21 y 23: Téngase presente.

A los escritos folios 24 y 26: Estese a lo que se resolverá.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece JUAN PABLO COLLAO ARENAS, abogado en nombre de nombre reservado, de nacionalidad Venezolana, quien interpone Recurso de Protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN.

Funda su acción en que doña nombre reservado ingresó a Chile, de forma legal y por pasos habilitados en el año 2016, luego de lo cual, con el propósito de hacer vida en este país, solicitó y obtuvo visa temporaria, otorgada mediante resolución N° 5840/14-09-0182016 del Ministerio del Interior y Seguridad pública, con vigencia DESDE: 28/09/2018 HASTA: 28/09/2019.

En razón de este permiso de residencia, efectuó su registro en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Nacional de Investigaciones de Chile (PDI), para posteriormente proceder a inscribirse en el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que le otorgó Cédula de Identidad con el Rol Único Nacional Nº RUT reservado.

En lo sucesivo, antes del vencimiento de su visa temporaria y en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, la recurrente envió solicitud de nombre reservado certificado número: 968376, en fecha 14 de septiembre de 2019, a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl/, adjuntando toda la documentación requerida.

Indica que dicha solicitud, en principio, no fue acogida a trámite, ya que fue objetada por falta de documentación, en concreto se le participó que: “El Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil e Identificación no se encuentra vigente; El Certificado de Antecedentes del país de Origen no se encuentra vigente (tiene más de 90 días desde la fecha de emisión y la fecha de postulación)”, enviando la recurrida la respectiva comunicación al efecto de que fuera subsanada la carencia documental informada y otorgando el plazo perentorio de 5 días a la recurrente para subsanar. Acto seguido, la recurrente cumplió con las instrucciones que le señaló el Departamento de Extranjería y Migración en dicha comunicación, enviando nueva solicitud a través de la plataforma online, para subsanar los documentos que le fueron requeridos y, a dicha solicitud se les asignó el Código de Trámite N° 2963311 recibiendo respuesta por parte del Departamento de Extranjería y Migración en fecha 09 de junio de 2020, que señalaba: “Cumple en plazo otorgado. Avanza a revisión documental”.

Así las cosas, la recurrente durante todo el tiempo transcurrido desde que inició su solicitud, esto es mas de diecinueve meses, solo ha recibido por parte del Departamento de Extranjería y Migración, la notificación antes detallada, y a la fecha de interposición de la presente acción Constitucional, han transcurridos doce meses sin que se dé cuenta o se le informe sobre el avance de su trámite.

Agrega que la referida solicitud de nombre reservado de la recurrente, en primer lugar, no ha sido resuelta a la fecha, aun cuando ya han transcurrido más de diecinueve meses de haber sido comprobado su envío, habiendo transcurrido un plazo que no sólo es excesivo, sino que escapa de toda racionalidad.

Afirma que la situación se agrava aún más, y resulta inexplicable el hecho cierto que la recurrente al consultar el estado de su trámite, en la página de la recurrida: https://tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/9830913, Consulta de Estado de Beneficios Migratorios, disponible se indica, que: “Su Solicitud presenta un avance del 5%” Estado: solicitud de nombre reservado recepcionada”. De manera que, existe gran confusión e incertidumbre acerca de su trámite, dado que, a la fecha de la presentación de esta Acción Constitucional, la información es contradictoria y no se tiene certidumbre sobre el avance en la tramitación.

Indica que esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Departamento de Extranjería y Migración le ha traído graves consecuencias a la recurrente, debido a sus limitaciones en cuanto a tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, siendo que, para los efectos del Registro Civil, su carnet de identidad sigue en un estatus de “no vigente”. Lo anterior, deja sin ninguna aplicabilidad el contenido del Decreto Nº 116 que extendió la vigencia de cédula de identidad para extranjeros hasta el 28 de febrero de 2022, siendo que en la práctica subsiste la imposibilidad de realizar cualquier trámite que implique una consulta electrónica del RUN, tales como suscribir un contrato de tv por cable e internet, adquirir una línea telefónica de celular, comprar bonos de salud, solicitar informes comerciales, entre otros.

Señala que la falta de carnet de identidad vigente resulta en un menoscabo a los derechos de los residentes en Chile, especialmente con lo relacionado a la obtención de ciertos documentos de carácter indispensable, como sería, por ejemplo, la tramitación de la renovación de la licencia de conducir o la suscripción de documentos en Notarías, como un contrato de arrendamiento, declaraciones juradas u otros.

De igual manera, los inconvenientes no sólo se limitan a trámites ante notaría o municipalidades, sino que han trascendido a otros aspectos, como el no poder acceder al sistema financiero chileno, para la adquisición de una vivienda. Cabe destacar que, sobre el particular, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida apropiado, incluida una vivienda adecuada con acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones. No obstante, en el caso de autos, este derecho se ve conculcado ya que resulta imposible -aun teniendo los ingresos para ello- acceder a un crédito hipotecario para la compra de una vivienda, por el sólo hecho de no contar con nombre reservado.

Refiere que desde el primer trimestre del pasado año 2019, se anunciaba por distintos medios la decisión del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de implementar este nuevo sistema para las solicitudes de nombre reservado, las cuales dejarían de enviarse vía Correo Certificado, y comenzarían a tramitarse de manera 100% online.

Estos anuncios se hacían en cumplimiento al Instructivo presidencial sobre Transformación Digital en los órganos de la Administración del Estado de fecha 24 de enero de 2019 GAB. PRES. Nº 001 del Presidente de la República.

En este sentido, las notas de prensa de esos meses daban cuenta de las siguientes declaraciones:

• “…El Gobierno llamó a los extranjeros residentes en Chile a solicitar su clave única buscando acelerar los trámites y terminar con las eternas filas en oficinas de Extranjería, ya que tres trámites se podrán realizar en Internet. (Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/extranjeros-en-chile-podran-realizar-tres-tramites-a-traves-de-internet/2019-02-19/164751.html)

• “El pasado 22 de marzo el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) lanzó una plataforma para que los ciudadanos extranjeros puedan solicitar su nombre reservado de manera online.

"La primera razón por la cual se demoran los trámites es porque se realizan vía correo", afirmó el director del DEM, nombre reservado, por tal motivo y a fin de mejorar los tiempos de tramitación la DEM se concentró en trabajar en esta iniciativa digital…” (Fuente: https://www.mega.cl/noticias/nacional/255593-permanencia-definitiva-por-internet-migrantes- extranjeros-extranjeria-y-migraciones-dem.html).

Así, entre otras cosas, aseguraba el director del Departamento de Extranjería y Migración, nombre reservado que: “Esta medida apunta justamente a ordenar la casa, en la lógica que se reduce la incertidumbre de la espera del inicio del trámite que era en papel y por correo físico y se genera un proceso ordenado y digno. Esta medida, junto con la nueva ley que permite que los residentes soliciten la visa de forma consular para llegar a Chile desde el día 1 con visa y RUT, va a permitir reducir los tiempos de espera y sincerar sus proyectos de vida en nuestro país”

A pesar de lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración, simplemente se ha excusado del excesivo retraso en la resolución de las solicitudes de estos permisos de residencia, señalando que existe un “atochamiento mayor de lo usual en las operaciones de esa autoridad administrativa”, y, que por tanto, desde el envío de sus solicitudes, “se entiende” que la situación de residencia de estos extranjeros es regular en el país, ello aunque en la práctica como ya fue señalado, las limitaciones son incontables sobre todo por el hecho de no poder contar con un cédula de identidad vigente, siendo que como también ha sido reconocido por el ente recurrido, el otorgamiento de este documento en el caso de los extranjeros, está supeditado al otorgamiento de un permiso de residencia.

Afirma que nos encontramos entonces ante los resultados de la implementación de esta plataforma, transcurridos más de dos años, en los que se puede verificar de forma clara que: i) no hubo reducción de los tiempos de tramitación y espera, y, por el contrario, se han duplicado y en algunos casos triplicado; ii) no se redujo -en consecuencia- la incertidumbre de los solicitantes, pues la plataforma lejos de generar un proceso ordenado, ha presentado distintas fallas, la mayoría de ellas por falta de su adecuación a la Ley 19.880, que dejan a los solicitantes en total indefensión; iii) no ha eliminado las filas, sólo que ahora no las podemos ver porque son virtuales.

Asimismo, ha señalado el Departamento de Extranjería y Migración (en informe de fecha 21/08/2020 presentado en Recurso de Protección N° 67459 -2020, ante la Corte de Apelaciones de Santiago), que la dilación excesiva está justificada en consideración a la cantidad de población extranjera con ánimo de residir que ha recibido nuestro país, y que lo alegado se traduce en un aumento masivo de solicitudes de residencia, siendo que desde julio del año en curso se han presentado 116.320 solicitudes de nombre reservado. Sin embargo, lo anterior se contradice claramente con los anuncios que prometían una modernización y digitalización del sistema que reduciría los tiempos de respuesta a partir de mediados del año 2019, lo cual de igual forma ha sido ratificado en distintas notas de prensa.

Sostiene que no podemos pasar por alto el hecho de que si se han presentado 116.320 solicitudes de nombre reservado, significa que el Departamento de Extranjería y Migración le otorgó a similar cantidad de personas visas temporarias (sólo quedando excluidas aquellas que llegaron al país con visas consulares), y a través del anterior proceso, es decir, fueron enviadas por correo certificado, sin contar con la “modernización y reducción de los plazos de tramitación” que traería la plataforma digital, siendo que contradictoriamente los tiempos de tramitación eran muchos menores, y en ningún caso excedían el año.

No puede entonces el Departamento de Extranjería y Migración desviar su responsabilidad en el hecho de que más personas extranjeras han ingresado al país, pretendiendo establecer esta situación como un caso fortuito o fuerza mayor, que justificaría la dilación excesiva en la tramitación de la solicitud dla recurrente, esto porque para ser solicitantes de nombre reservado, a estas personas ya les ha sido tramitado y otorgado a lo menos un permiso de residencia previo -como ya fue señalado- por lo que, esta situación era claramente previsible.

Finalmente, también en referencia al alegato del “aumento exponencial de la cantidad de población extranjera” y sus solicitudes de permisos de residencia, la misma autoridad migratoria paralelamente ha señalado en su página web, que: “Flujos migratorios y solicitudes de visa. Sobre el saldo neto de flujos migratorios, vale decir, la diferencia entre la cantidad de extranjeros que entran y salen, desde el año 2014 que se venía incrementando anualmente. Esto se representaba principalmente por las comunidades de ciudadanos haitianos que a fines del 2017 y comienzos del 2018 tenían saldos netos de 16 mil ciudadanos por mes, los que eran constantes y con bajas salidas. O el caso de la comunidad venezolana que en mayo de 2019 llego a tener 27 mil nacionales en Chile.

Estos flujos disminuyeron a mediados de 2019, principalmente por el establecimiento de visa consular de turismo, con lo que los extranjeros de esas nacionalidades que venían a Chile, solicitaban sus visas en consulados en sus países de origen o consulados en el exterior, para llegar a nuestro país con visa y poder fácilmente obtener cédula de identidad, insertarse en el país y facilitar el respeto a sus derechos.”

Agrega que tampoco puede pretender que su responsabilidad se limita a sólo otorgar un certificado de nombre reservado en trámite y en reconocer el “estatus legal” de la recurrente, cuando a la vez reconoce que el otorgamiento de su cédula de identidad -documento fundamental en este país para cualquier residente- depende de la vigencia de su permiso de residencia, perjudicando la situación de la recurrente desde que ve limitado en el ejercicio de sus derechos en el país, mientras la autoridad migratoria no resuelve su solicitud.

Es importante destacar de igual forma, que no podría la autoridad migratoria pretender señalar que estamos frente al otorgamiento de un “beneficio”, por lo que, no se les impone un plazo fatal para dar término al referido procedimiento, siendo que, por el contrario, ha sido la misma Contraloría General de la República, la que mediante reciente Dictamen 008013N20 de fecha 17 de abril de 2020, ha señalado:

“En este aspecto, es dable indicar que si bien no es obligatorio para la autoridad acceder a lo requerido, en virtud del principio conclusivo, previsto en el artículo 8° de la ley N° 19.880, la Administración debe dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, correspondiendo, asimismo, que las decisiones se adopten y comuniquen en tiempos razonables, en cumplimiento de los principios imperativos de celeridad previsto en el artículo 7° de la misma ley y de eficiencia, eficacia y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N° 18.575 (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N 45.000, de 2017; 17.622, de 2018 y 2.753, de 2020).”

De igual forma en Dictamen más reciente E81089N21 del 26 de Febrero de 2021, la Contraloría General de la República señaló:

“Consecuente con lo expresado, el DEM, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y demás organismos competentes, deben procurar desarrollar una expedita tramitación de los procedimientos en comento, a fin de que los correspondientes actos administrativos terminales sean dictados en tiempos razonables y dentro de los plazos establecidos al efecto, teniendo en consideración los principios imperativos de celeridad y conclusivo contenidos en los artículos 7° y 8° de la mencionada ley N° 19.880, respectivamente, y de eficiencia, eficacia y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5° inciso primero y 8° inciso primero, de la ley N° 18.575 (aplica criterio manifestado, entre otros, en los dictámenes Nos 45.000, de 2017; 17.622, de 2018, y 2.753 y 8.013, de 2020)”

Afirma que el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la Administración Pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para los administrados, especialmente el de celeridad, incurriendo en una trasgresión a la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en la que se emita la decisión final, ya que en el caso que nos ocupa los plazos han sido excesivamente largos.

Indica que en el caso de autos se le ha conferido un trato desigual a la recurrente considerando que el único fundamento esgrimido para dilatar la tramitación de su solicitud de nombre reservado radica en el exceso de solicitudes, lo que lleva necesariamente a sostener que se le ha otorgado un trato discriminatorio en relación a otras personas que en igualdad de condiciones, si han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable, no siendo admisible que se le señale que es el mismo trato que han recibido todas las personas quienes comparten su condición de “extranjero”, siendo que todos los procedimientos administrativos iniciados ya sea por extranjeros o chilenos, deben ceñirse al mismo marco legal y constitucional aplicable, y en este caso la Ley 19.880 regula de forma clara los tiempos de respuesta por parte de la CONSIDERACIONES DE DERECHO I.-EN CUANTO AL TRÁMITE DE SOLICITUD DE nombre reservado

Señala que la nombre reservado es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que los que imponen las leyes vigentes.

En el presente caso, se hace indispensable hacer una revisión respecto a lo que las normas migratorias establecen con respecto a la solicitud de nombre reservado:

De la nombre reservado

Artículo 41.- La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.

Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la nombre reservado deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la visación de residencia. Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la visación fuere de residente temporario, podrán solicitar nombre reservado al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso anterior”.

Artículo 43.- Se considerará revocada tácitamente la nombre reservado de todo extranjero que se ausente del país por un plazo ininterrumpido superior a 1 año. Esta revocación no operará respecto de los casos calificados que determine el reglamento.

Artículo 31.- El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su nombre reservado y si completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En caso de no hacerlo, deberá abandonar el país. (Subrayado y negrillas nuestras).

Por su parte, establece el artículo 80 de su Reglamento:

Artículo 80.- La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualesquiera clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Se otorgará a los extranjeros que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el presente Título, no se encuentren en las situaciones previstas en el Título VII y se cumpla, ajustándose en todo, con las reglas de procedimiento, tramitación y suficiencia documentaria establecidas en el presente Reglamento.

Los inmigrantes podrán obtener la nombre reservado cuando hayan cumplido 2 años de residencia en el país.

Excepcionalmente el Ministro del Interior podrá conceder por gracia el permiso de nombre reservado a los extranjeros que, encontrándose en el territorio nacional y en mérito de sus antecedentes se hagan merecedores a este beneficio.

Agrega que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias las siguientes circunstancias para el otorgamiento de la nombre reservado:

1) El otorgamiento del permiso de nombre reservado a los extranjeros que tengan la calidad de residentes se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes.

2) El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad podrá solicitar su nombre reservado.

3) El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año.

Ahora bien, es un hecho que la recurrente cumple con todas estas circunstancias siendo que tienen más de un año de residencia ininterrumpida en Chile como titular de una Visa temporaria.

Con respecto a la presentación de la solicitud de nombre reservado, el Departamento de Extranjería exige diversos documentos los cuales a su vez se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo Nº 597, el cual establece:

Artículo 127°.- A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y nombre reservado, deberán acompañarse:

1. Certificado de antecedentes para fines especiales;

2. Certificado de registro;

3. Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; (DS 3553, INT. 1996, Art. único, 2.-)

4. Pasaporte, y 5.

Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda:

Contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas, autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc.

El Ministerio del Interior podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.

Tal como se desprende del artículo anterior, la autoridad migratoria igualmente está facultada para solicitar a los extranjeros requisitos adicionales a los ya mencionados, y en ese sentido ha incorporado nueva documentación al trámite, los que se encuentran disponibles en https://www.extranjeria.gob.cl/permanencia-definítiva/”, los cuales de igual forma fueron debidamente aportados por la recurrente en su solicitud.

II.- DE LA OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA POR PARTE DE LA RECURRIDA El artículo 20 de la carta fundamental exige para que nos encontremos frente a una situación protegible a través de la acción constitucional de Protección, que concurran en ella una acción u omisión arbitraria o ilegal, entendiendo como arbitraria aquella omisión injusta, en el sentido de injustificada, contraria a la racionalidad, prejuiciada o desproporcionada; y como ilegal, todo aquello contrario a derecho positivo, es decir, al ordenamiento jurídico vigente.

Ahora bien, el procedimiento establecido para las solicitudes de nombre reservado en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la ley 19.880, por lo que, no sólo debe sujetarse a las normas antes señaladas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las Bases De Los Procedimientos Administrativos Que Rigen Los Actos De Los Órganos De La Administración Del Estado, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

Esta Ley señala lo siguiente en su artículo 24 inciso 2: “Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente”.

A su vez, el artículo 4 de la referida Ley 19.880 establece que los procedimientos administrativos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del procedimiento, en conformidad con el artículo 7.

En ese sentido, el referido artículo 7 establece con respecto al Principio de celeridad lo siguiente: “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión...”

También es necesario citar el principio conclusivo establecido en el artículo 8, pues el actuar de la recurrida desvirtúa el fin último del procedimiento administrativo que consiste en que “la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”

Por su parte, el artículo 14 establece el principio de inexcusabilidad, conforme al cual “la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Asimismo, el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”.

Finalmente, el artículo 27 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En concordancia con lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración, como órgano perteneciente a la Administración Pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios expuestos precedentemente, los que han sido garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado.

En este sentido, de acuerdo con el principio conclusivo, existe un deber legal general de resolver, ya que la actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo. De manera que, si la autoridad no cumple con este deber se genera una indefensión y discriminación en contra del administrado. Así entonces, al negarse la recurrida a pronunciarse ante una solicitud, coloca a la interesada ante la imposibilidad práctica de conocer el acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada por la recurrente, y, en consecuencia, si existe o no un mérito para requerir el control jurisdiccional del mismo.

En este orden de ideas, el cumplimiento de ese deber de dar respuesta exige adoptar, en un plazo prudencial, una determinación frente a lo pedido.

Ahora bien, conforme ha sido suficientemente narrado en la exposición de los hechos de esta Acción Constitucional, la recurrente ha permanecido a la espera de la resolución de su solicitud de nombre reservado por más de diecinueve meses, siendo que la recurrida lo ha dilatado de manera desproporcionada, lo cual es claramente contrario a las normas ya señaladas, y, en especial, al principio de celeridad que debe regir en los procedimientos administrativos, ya que no ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

III. SOBRE LAS VULNERACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CAUTELADAS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Al respecto el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política establece lo siguiente;

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:

…2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”

Al mismo tiempo, todo lo anterior debe ir en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1º, al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, pero sustituyendo la palabra “humanos” por “personas”.

Visto lo anterior, debemos entender que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes, o -en este caso- excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes.

Cabe agregar que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios.

En el caso de autos, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual a la recurrente con respecto a otros solicitantes que, si han podido obtener en tiempo oportuno la resolución de su solicitud, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su petición de nombre reservado, vulnerando su derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política.

No podría entonces establecerse que a la recurrente se le está dando el mismo trato que a otros extranjeros en igual situación, pero menos que se le está dando el mismo trato que a cualquier otro administrado en relación con la tramitación de otros procedimientos administrativos, siendo que el Estado Chileno no somete a sus ciudadanos a una espera por tiempo indefinido en relación a sus peticiones, pues sus derechos se encuentran amparados por la referida Ley 19.880.

Afirma que la dilación excesiva por más de diecinueve meses del Departamento de Extranjería y Migración en orden a resolver la solicitud de nombre reservado de la recurrente, deviene en ilegal siendo que ha infringido lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27 de Ley N°19.880, y arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable, lo cual conculca el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, según lo prevé el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se está haciendo una diferenciación con relación a la solicitud de la recurrente, dado que, para todo administrado existe el derecho de que todos los procedimientos en los que se encuentren involucrados, se resuelvan en los plazos señalados por la ley, lo cual no ha ocurrido en la especie.

De esta manera se cumple con la exigencia contenida en el artículo 20 de la carta fundamental, siendo que:

1) Nos encontrarnos frente a una situación protegible pues la omisión por parte de la recurrida se torna arbitraria e injusta, contraria a la racionalidad y desproporcionada.

2) La omisión ilegal y arbitraria genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental;

3) El derecho fundamental esgrimido es de aquellos que la Constitución Política de la República ampara por esta acción;

4) La acción se dedujo dentro de plazo y ante tribunal competente.

Para los fines del cómputo del plazo respectivo, la norma contenida en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En el presente caso, la conducta por la cual se recurre a través de esta Acción de Protección se compone de una serie omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva la solicitud de nombre reservado en calidad de titular de la recurrente, por parte del ente recurrido, lo que se constituye en una omisión que lo mantiene en una situación precaria de manera indefinida.

En definitiva, la vulneración de la garantía cuya protección se solicita a través de la presente acción constitucional, se produce en forma continuada durante todo el tiempo en que el Departamento de Extranjería y Migración omite resolver de manera definitiva la solicitud de la recurrente.

Omisión Ilegal y Arbitraria:

Indica que la falta de pronunciamiento oportuno sobre el otorgamiento de nombre reservado en favor de la recurrente constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca su garantía constitucional de Igualdad ante Ley, esto es, su derecho de no ser tratada en forma desigual y, por tanto, a no ser discriminada arbitrariamente, desde que se producen diferencias a travésde un comportamiento distinto respecto de otros casos y sus tiempos de resolución por parte e la recurrida.

Cita jurisprudencia al efecto.

Pide ordenar al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública:

(I)

Resolver, sin más trámite, la solicitud de nombre reservado de la recurrente nombre reservado ya individualizada, emitiendo la respectiva resolución que en derecho corresponda en el más breve plazo.

(II)

Que se condene en costas a la recurrida Acompañó los siguientes documentos correspondiente a la recurrente nombre reservado: 1. Pasaporte; 2. Visado Temporario; 3.

RUN; 4. Comprobante de envío de solicitud de nombre reservado del 14-09-2019; 5. Comunicación Solicitud incompleta o insuficiente otorga plazo para subsanar; 6. Comunicación Cumple en plazo otorgado, avanza a revisión documental; 7. Visualización en sitio web autoconsulta trámites Departamento de Extranjería y Migración.

A folio N°16-2021 evacua informe el recurrido DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, quien solicita el rechazo del recurso. Indica que con fecha 14 de septiembre de 2019, y mediante los canales digitales dispuestos al efecto por esta autoridad migratoria, la recurrente ingresó solicitud de permiso de nombre reservado.

Contra la presentación de su solicitud se emitió comprobante de permiso de nombre reservado en trámite, con vigencia entre el 14 de septiembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2019. Dicho comprobante está a disposición de la recurrente a través del portal de trámites digitales de esta autoridad migratoria, pudiendo ampliar su vigencia ingresando a portal http://tramites.extranjeria.gob.cl con su Clave Única del Estado. Dicho comprobante cumple lo establecido en el artículo 135, que en relación al artículo 157 N° 5, ambos del Decreto Supremo N° 597, de 1984, y permite justificar la residencia regular de la extranjera mientras se tramita su permiso de nombre reservado.

Agrega que por Comunicación Electrónica Folio N° 18265400, de fecha 06 de septiembre de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le informó a la extranjera que su solicitud de nombre reservado avanza a etapa de análisis resolutorio, debiendo pagar los derechos relativos a la solicitud de nombre reservado, lo que importa un prerrequisito para resolver lo pedido.

Señala que a la fecha del presente informe la extranjera no ha hecho pago de los derechos correspondientes a su solicitud de permiso de nombre reservado, encontrándose vigente el término para que cumpla con dicha exigencia, por lo que no es posible para esta autoridad migratoria pronunciarse sobre su solicitud sino hasta recibir el pago o encontrarse vencida la orden de giro. De no pagarse los derechos de la solicitud o de vencerse la orden de giro sin pagarse los derechos, llevan a la autoridad migratoria a la obligación de rechazar lo solicitado, en conformidad al artículo 81 y artículo 133, inciso segundo, del Reglamento de Extranjería, que regula específicamente el otorgamiento del permiso de nombre reservado.

“Artículo 81°.- La solicitud de nombre reservado se aprobará por el Ministerio del Interior mediante resolución, extendiéndose al beneficiario por el Departamento de Extranjería y Migración de este Ministerio, un certificado que acredite tal circunstancia.

Además el Ministerio del Interior podrá disponer que el Jefe del referido Departamento y/o Gobernador Provincial del domicilio del extranjero deje constancia en el pasaporte de la titularidad de dicho permiso, anotando resolución y número”.

“Artículo 133°.- Las solicitudes de nombre reservado, se presentarán a las autoridades señaladas en el inciso primero del artículo anterior, y éstas solicitarán a la Unidad Local de Policía de Investigaciones de Chile, que informe de los antecedentes policiales así como de los viajes realizados por el peticionario.

Policía de Investigaciones de Chile, remitirá tal, información, directa y preferentemente por medio único, electrónico, al Ministerio del Interior, para su resolución, requerir el pago de los derechos si correspondiere y proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81° o artículo 141° inciso 2° ó 3°. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad respectiva podrá requerir al extranjero que acredite los viajes, mediante certificado que emitirá la Policía de Investigaciones de Chile.

En todo caso, la autoridad migratoria deberá verificar que las visaciones de residencia hayan cumplido su plazo de vigencia, a los efectos de resolver las respectivas solicitudes de nombre reservado”.

Afirma que de acceder a lo solicitado por la contraria, sin verificarse el pago de los derechos que la ley y el reglamento de Extranjería ordenan, generaría en la recurrente una situación de privilegio respecto de los demás solicitantes de permiso de nombre reservado. Si en la actualidad no se ha emitido pronunciamiento respecto de lo solicitado por la extranjera, ha sido única y exclusivamente por encontrarse pendiente el pago de dichos derechos, y por encontrarse vigente el plazo para que la extranjera haga pago de los mismos.

Luego, no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar tramitación regular y progresiva al expediente de solicitud de nombre reservado de la actora, poniendo a su disposición todos los documentos que acreditan su situación migratoria regular en el territorio nacional.

Refiere que si bien es prerrequisito para resolver una solicitud de permiso de nombre reservado el pago de los derechos que la ley y el reglamento establecen, no debe entenderse que el pago de dichos derechos sea una especie de garantía para el otorgamiento del permiso impetrado. Muy por el contrario, el no pago de dichos derechos dentro del plazo establecido si implica una causal de rechazo de la solicitud de nombre reservado.

En el mismo sentido lo ha entendido la Iltma Corte de Apelaciones de Iquique en causa de Protección Rol 284-2021, razonando:

“TERCERO: Que el recurrido en lo pertinente indica, que el 9 de junio de 2021 la solicitud de nombre reservado código 1818402 de 28 de junio de 2020 fue resuelta por la autoridad informante, avanzando a etapa de análisis emitiendo la respectiva orden de giro que debe ser pagada por el recurrente en cualquier banco y que le permitirá descargar el certificado de nombre reservado en trámite.

CUARTO: Que teniendo presente el estado de tramitación informado por la accionada, se advierte que el requerimiento del protegido tendiente a la obtención de su nombre reservado se encuentra en estado de avance, diluyéndose con ello el sustento en que se apoya la acción cautelar presentada. Por lo anterior apareciendo que actualmente la sustanciación pertinente se encuentra dentro del campo de acción del recurrente, no se desprende de autos que por una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, se atente actualmente en su contra, motivos por los cuales la acción será desestimada.”

Sostiene que en la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad de la recurrente, debiendo proveer al pago de los derechos que la ley establece en el plazo conferido. No puede, en este caso, argumentarse que por principios de celeridad y actuación de oficio la autoridad pueda dar curso al procedimiento, puesto que de hacerlo, de resolverse la solicitud en este estado del procedimiento llevaría al rechazo de la misma. Dicho rechazo sería claramente injustificado, por encontrarse vigente la posibilidad de que el extranjero pague los derechos respectivos.

Agrega que habiéndose sometido la solicitud a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería, y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley N° 19.880, se estima por esta autoridad migratoria que no ha existido vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos y forma señalada por el recurrente, motivo por el cual debiese ser rechazada la acción en todas sus partes, atendido que la autoridad administrativa ha ceñido su actuar a las normas legales y reglamentarias vigentes, siempre dentro de la esfera de sus competencias.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Comunicación Electrónica Folio N° 18265400, de fecha 06 de septiembre de 2021; 2. Nombramiento de don nombre reservado como Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 3. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° 3256/2021, otorgada ante la Notaria Público nombre reservado de Santiago, doña nombre reservado; 4. Oficio ordinario N° 34474 de fecha 13 de septiembre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

A folio N°19-2021 recurrida amplía informe e indica que con fecha 14 de septiembre de 2019 la extranjera solicitó permiso de nombre reservado.

Mediante Oficio Ordinario N° 34474 de fecha 13 de septiembre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunicó a la extranjera que su solicitud de nombre reservado no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Agrega que mediante el mismo oficio, percatándose este Departamento que la extranjera no adjuntó Certificado de Antecedentes Penales en su país de origen debidamente legalizado o apostillado en original, por lo que se le otorgó a la extranjera un plazo de 30 días corridos, para subsanar lo solicitado, enviando los antecedentes solicitados por correo certificado, dirigido a Chacabuco N° 1216, comuna de Santiago.

Afirma que a la fecha, no se ha dictado resolución alguna que multe, disponga orden de abandono o expulsión respecto de la extranjera.

Indica que el presente recurso señala que no existe pronunciamiento formal respecto a la solicitud de permiso de nombre reservado del extranjero, verificándose anteriormente que existe dicho pronunciamiento, siendo notificado el mismo correo electrónico proporcionado por el extranjero en su solicitud, por lo que el recurso ha perdido total oportunidad.

1. EN CUANTO AL TRÁMITE DE SOLICITUD DE nombre reservado

El artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La nombre reservado es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y nombre reservado, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

A la presentación de la solicitud de nombre reservado los extranjeros deben acompañar diversos documentos y cumplir determinados requisitos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597:

“A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y nombre reservado, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales;

3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda;

4. Pasaporte;

5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

A mayor abundamiento, la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597;

“El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

En este sentido, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web www.extranjeria.gob.cl señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia, los documentos necesarios y las instrucciones para cada tipo de trámite, destacando que en el caso de la solicitud de nombre reservado el solicitante debe acompañar de manera obligatoria:

1.- Certificado de Antecedentes de su país de origen, legalizado o apostillado. 2.- Certificado de viajes emitido por PDI. 3.- Certificado de Antecedentes para fines especiales del registro Civil chileno, para mayores de 18 años. 4.- Copia de visa estampada en pasaporte o título de residencia. 5.- Copia de cédula de identidad, obligatorio para mayores de 18 años. 6.- Carta personal. 7.- Fotografía del/la solicitante. 8.- Certificado de registro de última visa en PDI, para mayores de18 años. 9.- Imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte y todas las visaciones que tuvo. 10.-Imagen escaneada de título de residencia y visas estampadas, obligatorio en caso de no tener pasaporte.

Por tanto, el envío de la solicitud de permiso de nombre reservado de los extranjeros, debe ser completa, ya que la autoridad, de conformidad al artículo 135 del Reglamento de Extranjería, y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante. Lo anterior, en base a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de Extranjería.

“Artículo 135.- Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el presente Título la autoridad receptora de ella entregará al recurrente un comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma, pudiéndose, a petición del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrare pendiente de resolución.”

Artículo 157.- En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con alguno de los siguientes documentos vigentes:

1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo;

2. nombre reservado o Tarjeta Especial de Tripulante;

3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro;

4. Título de Residencia;

5. Comprobante establecido en el artículo 135°;

6. Certificado de nombre reservado, y 7. Cédula de Identidad.”

Señala que para acoger a trámite una solicitud de residencia y otorgar el comprobante a que hace referencia el artículo 135 precitado, es necesario que del análisis de los antecedentes, el extranjero cumpla con todos los requisitos y envíe toda la documentación solicitada.

Que, el artículo 31 de la Ley 19.880 señala:

Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

Por lo que, esta autoridad ha dado estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa administrativa vigente, en los casos en que las solicitudes de iniciación se encuentran incompletas.

Conforme a lo anterior, no resulta efectivo que el Departamento de Extranjería y Migración haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto la remisión íntegra de los documentos exigidos por la autoridad es un requisito que se exige a todo extranjero que solicita algún permiso de residencia en el país, siendo su omisión causal para no acoger a trámite su solicitud, tal como se advierte en el instructivo, es más, el plazo para subsanar su solicitud se encuentra vigente.

Refiere que es responsabilidad de los extranjeros informarse acerca de los antecedentes y requisitos básicos para optar al permiso de nombre reservado con anterioridad a la realización de su solicitud con la finalidad de obtenernos en su totalidad y es el mismo sistema que señala los documentos solicitados, por lo que la extranjera además, cuenta con el plazo de demora en el análisis para conseguirlo.

2. EN CUANTO AL TIEMPO DE TRAMITACIÓN Según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir el recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(...) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Sin perjuicio de ello, la Ilma. Corte de San Miguel no ha sido indiferente a respecto a la norma citada, en fallo de protección Nº 212-2021, sentencia de fecha 05 de mayo de 2021, señala a la letra, en su considerando Octavo: “Que, en todo caso, en cuanto a la afectación de derechos que se acusa en el recurso a raíz de la demora en la tramitación de la solicitud del señor nombre reservado por parte de la recurrida, se hace necesario recordar que de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 27 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, estado de situación que resulta plenamente subsumible en la coyuntura por la que atraviesa el país desde inicios de 2020, a causa de la pandemia de carácter mundial por el brote del nuevo Coronavirus y la situación de emergencia sanitaria, así como el estado de excepción constitucional aparejado a la misma; contexto que –es un hecho público y notorio- ha acarreado el advenimiento de numerosas condiciones o escenarios imprevistos y exigido esfuerzos extraordinarios a las autoridades de toda índole.

Por consiguiente, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud del interesado, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, a lo que cabe agregar el hecho de encontrarse avanzando en su trámite –ya en fase final, según señaló el apoderado de la recurrida en estrado-, así como no haber quedado en evidencia que el señor nombre reservado haya recibido un trato desigual o discriminatorio respecto de otra persona que, en su misma situación, hubiese recibido un trato diverso.”

3. SOBRE LAS SUPUESTAS VULNERACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CAUTELADAS.

No existe vulneración a las garantías constitucionales de la recurrente, puesto que la autoridad administrativa ha actuado en todo momento dentro de la esfera de sus competencias y en estricta observancia de sus facultades legales y reglamentarias vigentes.

Es requisito indispensable y esencial que exista un hecho indubitado o una situación fáctica indubitada y digna de protección para que se acoja una acción como la que se interpuso, y en la especie dicho requisito no se verifica. No existiendo hecho o derecho indubitado que deba ser protegido, y sin estar en presencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario desplegado por la autoridad recurrida, necesariamente debe rechazarse la acción de protección intentada.

Hace presente lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 19.880, que establece el Principio de Impugnabilidad de todo acto administrativo, instancia que no ha sido agotada por la parte recurrente, no habiendo siquiera efectuado solicitud alguna tendiente a revocar el acto recurrido. A mayor abundamiento, el inciso 2° del precitado artículo, faculta al interesado a impugnar los actos de mero trámite, cuando determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento, como en el caso del acto recurrido por la presente acción de protección.

Artículo 15: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.”

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, cabe tener presente que esta autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de esta autoridad que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas, de acuerdo a jurisprudencia indicada, por lo que no puede existir acto ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad.

A folio N°18-2021 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la omisión de la Autoridad Administrativa, de pronunciarse acerca de la solicitud de nombre reservado de la amparada, presentada con fecha 14 de septiembre de 2019.

TERCERO: Que el artículo 27 de la Ley 19.880, aplicable a la actividad de la Administración dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. La norma anterior deja claro la admisión del caso fortuito o la fuerza mayor en materia administrativa. Asimismo, el artículo 14, párrafo tercero, de la Ley N° 19.880 permite terminar anticipadamente el procedimiento administrativo por “la desaparición sobreviviente del objeto del procedimiento”, agregando que, en tal caso, la resolución que declara la terminación consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables y el artículo 40, párrafo segundo, a la imposibilidad material de “continuarlo por causas sobrevivientes”

CUARTO: Que las razones que se expresan para justificar la omisión en la decisión de la solicitud son absolutamente impertinentes y arbitrarias, ya que el principio de celeridad que debe regir a la Administración, es para beneficio del administrado, lo que conlleva razonar que el mero rechazo de una petición en base a que los documentos exigidos para dar lugar a la solicitud perdieron vigencia, por una demora imputable a la recurrida, lesiona el deber de fundamentación que se exige en la dictación de los actos administrativos.

QUINTO: Que del mérito de lo informado por el recurrido, aparece que en la tramitación de la solicitud de la recurrente no se han observado los principios propios de la administración pública de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, desde que se ha retardado la petición de la recurrente por más de dos años, sin que se haya entregado por la recurrida explicación alguna sobre aquello, superando de manera arbitraria el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

SEXTO: Que así entonces, conforme lo razonado por el Máximo Tribunal en el motivo noveno de sentencia de cinco de junio de dos mil veinte, dictada en autos Rol 24.827-2020, “… la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los actores en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo”.

SEPTIMO: Que conforme al mérito de los antecedentes y a los hechos constatados en esta acción constitucional, aparece como proporcional, necesario y de justicia, enmendar el perjuicio que la omisión reclamada importa para la recurrente, respecto de quien se colige que el comportamiento denunciado la pone en un estado de indefensión relativo a su situación migratoria, motivos por los cuales la acción intentada será acogida en la forma que se dirá.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado Juan Pablo Collao Arenas, en favor de doña nombre reservado, solo en cuanto, se ordena que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, emita el pronunciamiento que en derecho corresponda así como su oportuna notificación, respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente, dentro del plazo de cinco días contados desde que quede firme la presente resolución.

Regístrese.

Rol N° Protección-6969-2021 (pvb).