nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

Que compareció don Eliazer Alejandro Poblete Torres, abogado, en representación de doña nombre reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto, denunciando como acto ilegal y arbitrario la mantención de un descuento mensual por planilla ascendente a $208.700, efectuado sobre sus remuneraciones bajo el ítem “CONV.A.G COOPEUCH”, destinado al pago de un crédito de consumo contratado con dicha institución financiera. Expuso que se desempeñaba como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en el CESFAM Labranza, dependiente de la Municipalidad recurrida, y que con fecha 5 de agosto de 2025 solicitó formalmente el cese del referido descuento. Señaló que mediante comunicación de 2 de febrero de 2026 la Municipalidad informó que no era posible suspenderlo mientras la obligación crediticia no estuviera totalmente extinguida, fundándose para ello en lo indicado por la institución financiera. Sostuvo que la recurrida subordinó indebidamente su actuar a la interpretación de un tercero privado, manteniendo una retención que ya no contaba con su consentimiento.

Indicó que el descuento era ejecutado directamente por la Municipalidad desde sus remuneraciones, pese a haber revocado expresamente la autorización otorgada al efecto. Alegó que la Municipalidad carecía de competencia para imponer la irrevocabilidad de un mandato civil; que el mandato era esencialmente revocable conforme al Código Civil; que no existía resolución administrativa ni judicial fundada que justificara la negativa; y que se la privaba parcialmente de su remuneración sin procedimiento racional y justo. Añadió que la decisión adoptada respondía a un criterio automático, carente de análisis jurídico y fundado únicamente en lo manifestado por un ejecutivo de la institución financiera, sin respaldo normativo suficiente.

Fundó el recurso en los artículos 19 N° 24, 19 N° 16 y 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Sostuvo que la remuneración constituía un bien incorporal protegido por el derecho de propiedad y que la mantención del descuento implicaba una privación parcial de su patrimonio. Afirmó asimismo que se afectaba su libertad para disponer de su remuneración y administrar sus ingresos, pues no cuestionaba la existencia de la deuda sino únicamente el mecanismo de cobro impuesto por la recurrida. Agregó que se vulneraba la igualdad ante la ley, puesto que la Municipalidad se habría limitado a ejecutar mecánicamente las instrucciones de una entidad privada, sin efectuar una ponderación jurídica propia ni dictar una resolución debidamente fundada.

Manifestó que existe simplemente una decisión administrativa que impone un perjuicio patrimonial mensual a mi mandante y que no se encuentra amparado en ninguna norma legal, forzosa, sino que más bien de un acto voluntario absolutamente revocable como lo indico la Dirección del trabajo en una consulta mediante la resolución Ordinario 815; de fecha 29 de Noviembre de 2024 y añade que el Decreto 43 invocado por la financiera regula materias de información crediticia, no crea una obligación legal para el empleador de desconocer la revocabilidad civil del mandato Pidió en definitiva que se acogiera el recurso, se ordenara el cese inmediato del descuento por planilla correspondiente al crédito con Coopeuch, se adoptaran todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se condenara en costas a la recurrida.

Informando, la Ilustre Municipalidad de Temuco solicitó el rechazo del recurso. Expuso que la recurrente mantenía una relación laboral indefinida con el Departamento de Salud Municipal y que había suscrito con Coopeuch un crédito de consumo cuyo pago se materializaba mediante descuento por planilla autorizado por la propia funcionaria a través de mandato contenido en escritura pública de 26 de junio de 2025. Señaló que, al requerirse el cese del descuento, la unidad competente consultó formalmente a la institución acreedora, la cual respondió que aquello no resultaba procedente mientras subsistiera la obligación crediticia, invocando para ello el artículo 18 inciso segundo del Decreto N° 43 de 2012. Indicó que dicha respuesta fue comunicada a la funcionaria mediante oficio de 2 de febrero de 2026.

Alegó, en primer término, la improcedencia formal de la acción, por estimar que la controversia era de naturaleza contractual y crediticia, ajena al ámbito cautelar del recurso de protección y susceptible de ser ventilada mediante las acciones ordinarias correspondientes. En cuanto al fondo, sostuvo que no existía acto ilegal ni arbitrario, pues la Municipalidad actuó conforme a la normativa vigente y carecía de facultades para poner término unilateralmente a un mandato que también interesaba a la entidad acreedora. Explicó que el artículo 18 inciso segundo del Decreto N° 43 de 2012 permitía revocar este tipo de mandatos únicamente una vez extinguidas totalmente las obligaciones a favor del proveedor o tercero interesado. Añadió que tal interpretación era concordante con los artículos 2120, 2164 y 2165 del Código Civil, el artículo 241 del Código de Comercio y diversa doctrina sobre la materia.

Manifestó además que el Ordinario N° 815 de la Dirección del Trabajo carecía de fuerza vinculante respecto de la interpretación del citado decreto reglamentario y que la Municipalidad se había limitado a ejecutar el mandato válidamente conferido por la recurrente. Finalmente, negó la existencia de vulneración de las garantías invocadas, afirmando que el descuento tenía fundamento jurídico válido, que no existía afectación de la libertad de trabajo y que tampoco se configuraba discriminación arbitraria alguna, por cuanto se había aplicado a la recurrente el mismo criterio utilizado respecto de situaciones análogas.

Asimismo, comparecieron don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, en calidad de tercero interesado, solicitando el rechazo del recurso. Expusieron que la recurrente contrató con Coopeuch, con fecha 10 de mayo de 2024, el crédito de consumo N° 202470811167 por la suma de $7.248.877, pactado en 72 cuotas, acordándose como condición esencial para su otorgamiento el pago mediante descuento por planilla. Indicaron que, con ocasión de dicho financiamiento, la recurrente otorgó un mandato especial e irrevocable autorizando a su empleador para descontar de sus remuneraciones las cuotas correspondientes y enterarlas a la cooperativa, al amparo del artículo 54 de la Ley General de Cooperativas y del artículo 58 del Código del Trabajo.

Sostuvieron que la pretensión de revocar unilateralmente dicho mandato carecía de sustento jurídico, pues no se trataba de un mandato que interesara exclusivamente al consumidor, sino de uno cuya ejecución interesaba tanto al deudor como al acreedor, resultando aplicable el artículo 18 inciso segundo del Decreto N° 43 de 2012, que sólo permite su revocación una vez extinguidas totalmente las obligaciones garantizadas. Agregaron que dicha interpretación había sido recogida por la jurisprudencia, citando una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó una acción de protección deducida en términos similares.

Añadieron que la acción constitucional era improcedente, por cuanto la recurrente carecía de un derecho indubitado cuya tutela pudiera obtenerse mediante esta vía cautelar. Señalaron que la controversia versaba sobre la validez y alcance de un mandato otorgado en el contexto de una operación crediticia vigente, materia que requería un procedimiento de lato conocimiento. Alegaron además que el artículo 114 de la Ley General de Cooperativas contemplaba mecanismos específicos para resolver las controversias entre socios y cooperativas. Por tales razones, pidieron el rechazo íntegro del recurso, con costas Se trajeron los autos en relación Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías explícitamente enumeradas en dicha disposición. Su finalidad es otorgar un pronto y eficaz amparo ante situaciones que menoscaban tales derechos fundamentales Segundo: Que el acto impugnado consiste en la negativa de la Municipalidad recurrida de poner término a los descuentos efectuados sobre las remuneraciones de la recurrente para el pago de cuotas correspondientes a un crédito de consumo contratado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, pese a la solicitud formulada por ésta en orden a revocar la autorización otorgada para tal finalidad.

Tercero: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece como circunstancia no controvertida que la recurrente mantiene vigente una obligación crediticia contraída con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch y que, en el contexto de dicha operación, autorizó a su empleador para efectuar descuentos por planilla destinados al pago de las cuotas respectivas, enterándolas directamente a la entidad acreedora. Asimismo, tampoco ha sido discutido que tales descuentos han sido efectivamente practicados por la Municipalidad de Temuco.

Cuarto: Que, por consiguiente, no se advierte prima facie una actuación ilegal por parte de la recurrida en la ejecución de los descuentos cuestionados, desde que éstos encuentran fundamento normativo expreso en el artículo 55 del D.F.L. N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, disposición que establece que:

“Los descuentos a favor de cooperativas señalados en los artículos precedentes se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación, siempre que no se excedan los límites máximos allí fijados”.

Que, conforme surge de los antecedentes acompañados por las partes, la recurrente otorgó autorización para que su empleador efectuara los descuentos destinados al servicio de la deuda contraída con Coopeuch, de manera que la Municipalidad recurrida se limitó a materializar una modalidad de pago previamente consentida por la propia actora y expresamente contemplada por el legislador.

Quinto: Que, sin embargo, la controversia planteada en estos autos no recae propiamente sobre la existencia o validez originaria de la autorización que habilitó los descuentos, sino sobre la eficacia jurídica de la revocación formulada posteriormente por la recurrente y sobre la obligación o no del empleador de dejar de practicar dichos descuentos durante la vigencia de la obligación crediticia.

Sexto: Que sobre esta materia resulta pertinente considerar lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto N° 43 de 2012 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos de Consumo, disposición que distingue entre aquellos mandatos cuya ejecución interesa exclusivamente al consumidor y aquellos cuya ejecución interesa al consumidor y al proveedor o a un tercero. Respecto de esta segunda categoría, prescribe que la revocación sólo puede producirse una vez que se encuentren totalmente extinguidas las obligaciones a favor del proveedor o del tercero.

Séptimo: Que de los antecedentes incorporados al proceso aparece, al menos plausible, que el mecanismo de descuento por planilla fue pactado como modalidad de pago del crédito y en interés no sólo de la deudora sino también de la entidad acreedora, quien comparece en autos sosteniendo precisamente la improcedencia de la revocación pretendida mientras subsista la deuda. Tal circunstancia impide sostener con la claridad y de la manera indubitada exigida en esta sede cautelar que la recurrente se encuentra jurídicamente facultada para exigir el cese inmediato de los descuentos.

Octavo: Que la recurrente ha invocado en apoyo de su pretensión el Ordinario N° 815 de la Dirección del Trabajo, de fecha 29 de noviembre de 2024. Sin embargo, aun cuando dicho pronunciamiento pueda constituir un antecedente interpretativo susceptible de consideración, lo cierto es que su sola existencia evidencia precisamente la concurrencia de diversas interpretaciones acerca del régimen jurídico aplicable, circunstancia incompatible con la existencia de un derecho indubitado susceptible de tutela inmediata mediante recurso de protección.

Noveno: Que la cuestión planteada supone necesariamente determinar la naturaleza jurídica del mandato conferido, el alcance de su revocabilidad, la relación existente entre las normas generales del mandato contenidas en el Código Civil y las disposiciones especiales contempladas en la legislación aplicable a las cooperativas y en la normativa de protección al consumidor financiero, materias todas que requieren un examen interpretativo y probatorio que excede los límites propios de esta acción cautelar.

Décimo: Que, en consecuencia, no aparece acreditada una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria de la Municipalidad recurrida, toda vez que ésta ha continuado efectuando descuentos fundados en una autorización previamente conferida por la recurrente, amparada en una disposición legal expresa, y cuya eventual revocación se encuentra actualmente sujeta a una discusión jurídica razonable acerca de sus presupuestos y efectos.

Undécimo: Que, por las mismas razones, tampoco resulta posible estimar configurada una vulneración actual de las garantías previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la afectación denunciada se encuentra ligada a una controversia jurídica acerca del alcance y eficacia de una modalidad de pago pactada en el marco de una operación crediticia vigente, cuestión que no puede ser resuelta mediante la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

N° Protección-695-2026.

(csd)