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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 694-202331 may 2023

nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha
31 de mayo de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 694-2023, sentencia de 31 de mayo de 2023

Resumen

Se acoge la protección y se ordena al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse y notificar sobre la solicitud de permanencia definitiva en 60 días, por superar el plazo legal de seis meses sin justificar caso fortuito ni fuerza mayor.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

Al folio 11: téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien deduce recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la Solicitud de Permanencia Definitiva.

Funda su recurso en que con fecha 16 de septiembre de 2020, en razón de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida en nuestra nación, decidió cambiar su condición migratoria, iniciando el proceso solicitud de Permanencia definitiva ya referido, toda vez que cumple a cabalidad los requisitos para hacerlo, realizando la respectiva solicitud al Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de obtener su visa.

Sin embargo, han transcurrido más de dos años sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la recurrida, situación que lo ha mantenido en una constante preocupación e incertidumbre, toda vez que sin perjuicio de contar con la autorización para ejercer actividades remuneradas mientras se encuentre en análisis la solicitud de permanencia definitiva; dicha demora implica una inestabilidad emocional y un estado de indefensión. Cabe hacer presente, que dicho estado de indefensión en el que se encuentra el recurrente ha sido sin límite en el tiempo, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones hace de éste un trámite indefinido, arbitrario y sorpresivo, sin resguardar el principio de celeridad, vulnerando así la garantía fundamental de igualdad ante la ley.

En dicho sentido, el incumplimiento de la Administración del Estado ha provocado que el recurrente no pueda encontrarse con una visa vigente en Chile, lo que lo deja en una situación injusta y arbitraria frente a los demás ciudadanos, vulnerando los principios establecidos en la ley N° 19.880, es especial, en lo que respecta al principio de celeridad consagrado en el artículo 7.

Destaca que la jurisprudencia nacional ha sido constante, pacífica y diuturna en el sentido de señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal vale decir plazo fatal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880. Añade que es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsar á de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Pide en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida restablecer el imperio del derecho, emitiendo la respectiva resolución final a nuestras solicitudes de permanencia definitiva como en derecho corresponda, otorgándolas en el más breve plazo, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Documento nombre reservado, República de Chile, de fecha 20 de diciembre de 2019; 2. Cedula de Identidad chilena de nombre reservado; 3. Cédula de Ciudadanía, Identificación personal de nombre reservado., República de Colombia; 4. Copia de Pasaporte Colombiano de doña nombre reservado; 5. Certificado de Matrimonio de doña nombre reservado y don nombre reservado; 6. Certificado de antecedentes de doña nombre reservado; 7. Contrato de trabajo de doña nombre reservado de fecha 6 de junio de 2022. 8. Certificado de Inscripción consular de Matrimonio; 9. Documento declaración jurada de inicio de actividades ante Servicio de Impuestos Internos de doña nombre reservado; 10. Diploma Doctor de Filosofía de doña nombre reservado., emitido por la Texas A&M University; 11. Diploma Master de Ciencias de doña nombre reservado., emitido por la “University of Arkansas”; 12. Diploma de Ingeniera Agrónoma de doña nombre reservado, emitido por la Universidad Nacional de Colombia; 13. Certificado de Validación de Titulo emitido por Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; 14. Licencia y certificado de matrimonio de doña nombre reservado y don nombre reservado emitido por el Estado de California; 15. Certificado de antecedentes de doña nombre reservado, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia; 16. Certificado de Solicitud de Permanencia Definitiva de doña nombre reservado ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería y Migración de fecha 28 de septiembre de 2021; 17. Certificado de Solicitud de Permanencia Definitiva de doña nombre reservado ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería y Migración de fecha 16 de septiembre de 2020; 18. Documento de Notificación de Solicitud incompleta o insuficiente de Solicitud de permanencia definitiva, emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería y Migración de fecha 28 de septiembre de 2021; 19. Resolución Exenta N°21226082 de fecha 4 de diciembre de 2021 emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 20. Documento de solicitud de ampliación de permanencia Definitiva en trámite, de fecha 13 de abril de 2021; 21. Documento de solicitud de ampliación de permanencia Definitiva en trámite, de fecha 28 de marzo de 2022; 22. Documento de solicitud de ampliación de permanencia Definitiva en trámite, de fecha 16 de marzo de 2023; 23. Documento de solicitud de ampliación de permanencia Definitiva en trámite, de fecha 23 de septiembre de 2022; 24. Copa de Escritura Pública de mandato judicial de fecha 24 de enero de 2023, ante notario público de la ciudad de Temuco, doña nombre reservado.

A folio 8, evacúa informe la parte recurrida.

En primer lugar, pide que se declare la inadmisibilidad del recurso, atendido a que, como lo señala la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas rol 115064-2022 y 115368-2022 ambas de fecha 20 de marzo de 2023, las cédulas de identidad se mantienen vigentes durante la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esta autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección.

En subsidio, sostiene la falta de legitimación pasiva, por cuanto, como lo ha señalado la jurisprudencia anteriormente citada, existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N° 21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido.

Agrega que dicha autoridad, conforme a la normativa por la que rige, en ningún momento ha dejado en un estado de indefensión migratoria a la recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permita realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista alguna limitación dentro de nuestro país.

Pide, en definitiva, acoger las alegaciones efectuadas.

Acompaña a su informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°3977-2022 de fecha 26 de julio de 2022, otorgada ante la Notario Público Titular de la Agrupación de comunas de Temuco, don nombre reservado, donde consta mi personería; 2. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023; 3. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368-2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva. Por su parte, la recurrida ha sostenido la inadmisibilidad del recurso, por cuanto la parte recurrente cuenta con una situación migratoria regular, al mantenerse vigente la cédula de identidad. En subsidio, alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto las dificultades respecto a la cédula de identidad no corresponde a una actuación realizada por dicho servicio.

TERCERO: Que, en relación las alegaciones efectuadas por la parte recurrida, es menester, en primer término, consignar que atendido la época en que fue declarado admisible el presente recurso y la oportunidad en que formula dicha alegación, ha precluído su derecho para sostener ello. Luego, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, no se alega como una actuación ilegal y arbitraria la calidad en que la parte recurrente se mantiene durante la tramitación de la solicitud, ni la vigencia de la cédula de identidad, sino que más bien la demora injustificada de dicho servicio público en emitir un acto administrativo terminal, de modo tal que corresponde el rechazo de las alegaciones de inadmisibilidad y subsidiaria de falta de legitimación pasiva.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que el artículo 3º inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases General de la administración del Estado dispone que: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. Por su parte, el artículo 7 inciso primero de la Ley N° 19.880 señala: “Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.” A su turno, el artículo 8 de dicha ley prescribe: “Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”. En ese mismo sentido, el artículo 9 inciso primero de la misma ley indica: “Artículo 9º. Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Finalmente, es menester consignar que el artículo 27 de dicha ley señala: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, la tramitación de un procedimiento administrativo como el de marras, debe aspirar a su finalización oportuna, debiendo la administración del Estado propender a su impulso, dando celeridad al mismo, todo ello conforme a los principios de servicialidad del Estado, de eficiencia y eficacia que rigen su actuar. En esas condiciones, no habiéndose justificado ni acreditado por parte de la recurrida alguna hipótesis que pudiera constituir alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor para que la duración de estos procedimientos administrativos para la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva de la parte recurrente exceda con creces el plazo de seis meses, es menester concluir que dicha actuación ha devenido en ilegal al exceder el plazo contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 antes citado, vulnerándose así el derecho de igualdad ante la ley por cuanto importa una discriminación en contra de este en relación con el trato otorgado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal, dentro de plazo legal, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, quedando la parte recurrente en una situación de indefensión respecto de su situación migratoria, razones por las cuales la acción constitucional será acogida en la forma que se expondrá.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, SE RECHAZA, sin costas, las alegaciones de inadmisibilidad y falta de legitimación pasiva sostenidas por la parte recurrida.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, todos ya individualizados, solo en cuanto se ordena que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, y efectuar su oportuna notificación respecto de la solicitud de permiso de permanencia definitiva presentado por los actores, dentro del plazo de sesenta días contados desde que quede firme la presente resolución.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-694-2023. (sac)