nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que, en estos autos comparece don Héctor Campos Maldonado, abogado, en favor de doña nombre reservado, psicóloga, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, persona jurídica de Derecho Público, representada por la Directora Regional de dicho servicio, doña Valeria Alejandra Arias Bascur o por quien en derecho lo represente, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°215067/303/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, que dispone el término anticipado de su contrata, por no ser necesarios sus servicios, la cual vulneraría los derechos y garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3, 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que el día 21 de junio del 2021, su representada pasó a formar parte del equipo implementador del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la Región de la Araucanía asumiendo funciones como “Coordinadora programática de la implementación”, en calidad de “contrata grado 10”.

Anterior a ello se desempeñó desde el 1 de junio de 2018, en la Seremi de Desarrollo Social y Familia, de quien depende el referido Servicio, y donde obtuvo sus renovaciones correspondientes con calificaciones, todas muy satisfactorias, teniendo la experiencia y conocimientos necesarios para desempeñarse en dichos cargos.

Refiere que el día 25 de noviembre recibió una comunicación en la cual se informada la prórroga de contrata por el año 2022, asimismo, en el mes de agosto 2021, postuló al cargo de “Jefa de Departamento de Servicio y Prestaciones”, cargo a contrata, grado 05, por medio de la página “Empleos Públicos”, cargo que se adjudica en forma legal por cumplir con todos los requisitos exigidos en él, siendo notificada de la aceptación por correo electrónico el 26 de noviembre de 2021, indicándole que debía iniciar la nueva función a partir del 01 de diciembre de 2021.

Afirma que con fecha 14 de diciembre de 2021, asume como Directora Regional del Servicio de la Región de la Araucanía, doña Valeria Arias Bascur, quién desde el primer día que llega comienza con frases y tratos que se traducen en maltrato laboral hacia su defendida, por lo que con fecha 23 de diciembre de 2021, la actora realizó una denuncia por maltrato laboral a la Asociación de funcionarios a la que pertenecía, lo anterior dado que la Directora, día a día cuestionaba injustificadamente su labor, además de señalar que su cargo no contaba con la aprobación de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, requisito que en ninguna parte de las bases del concurso aparecía como indispensable, puesto que la mayoría de los requisitos, eran de carácter curricular, técnico y psicolaboral. Se informó de toda la situación a la Directora Nacional del Servicio, incluso por medio de un memo reservado por parte de la Asociación, sin que fuese respondido.

En este contexto, el día 31 de diciembre en la mañana, la Directora Regional, doña Valeria Arias, notifica a su defendida de la Resolución, donde señala que se pone término anticipado a la contrata 2022, describiendo una serie de situaciones que no son verdaderas, procediendo a continuación al cierra del correo electrónico de la recurrente, impidiéndolo acceder a sus respaldos, para justificar que lo señalado en la resolución faltaba a la verdad.

Alega que la Resolución impugnada en su parte resolutiva no menciona en forma clara, (usa la expresión “no ha tenido un desempeño acorde a las necesidades de su cargo”), pero está claro, que se trata de un término anticipado de la contrata con la fórmula “por no ser necesarios sus servicios”.

Refiere que el verdadero fundamento del término de la relación laboral, está contenido en el N°10, que señala: “Que la directora Regional del Servicio de la Araucanía, Sra. Valeria Arias Bascur, realizó una evaluación para determinar la continuidad laboral de la Sra. nombre reservado, contenida en la Pauta Única de Evaluación Para Continuidad Laboral, de fecha 28 de diciembre de 2021, del siguiente tenor: “Evaluación: Si bien se observa disponibilidad al trabajo, funcionaria presenta debilidades en la capacidad de planificación y supervisión, que garantice el cumplimiento de los compromisos del departamento, con escaso liderazgo técnico de los distintos procesos y gestiones asociados al perfil del cargo, lo que, considerando la relevancia de sus funciones, es un aspecto fundamental para la proyección del área de prestación de servicios en la región. No existe reporte alguno a la dirección regional ni nacional que permita prever situaciones complejas o nudos críticos para abordaje oportuno, evitando escaladas y mayores dificultades. Se observa en el tiempo de puesta en marcha del nuevo servicio, no se ha generado planificación cuya gestión permita proyectar la aplicación de los estándares de calidad de atención dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de atención del servicio. Existe carencia de instrucciones y flujos internos claros y definidos, al observar el actual funcionamiento interno de la gestión de la dirección regional de la Araucanía. No ha presentado plan de supervisión técnica, ni financiera, tampoco calendarización de reuniones del Departamento a cargo que permita organizar la participación de manera existiendo ausencia del fortalecimiento del trabajo intersectorial”.

Resalta que la Sra. nombre reservado, asumió el cargo de Directora Regional el día 14 de diciembre de 2021, y aplica una pauta de evaluación presuntamente dictada el 28 de diciembre de 2021, por lo que cuestiona que en solo 11 días hábiles administrativos, sea capaz de evaluar a una profesional universitaria con experiencia (no debemos olvidar que el 24 y 31 de diciembre se trabaja solo hasta el mediodía), de esta forma. Por otra parte, la referida pauta de evaluación es de fecha 28 de diciembre de 2021, la cual de existir y ser legal, (no fue informada oportunamente y se desconoce si la autoridad administrativa que la dictó tenía las competencias para hacerlo), debió ser conocida de los funcionarios en forma anticipada y jamás pudo tener efecto retroactivo, sin violar las mínimas garantía del debido proceso. El tipo de argumentos señalados en la Resolución no contiene los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie.

Sostiene que este tipo de argumentos no resultan suficientes, por cuanto serían vagos, imprecisos y genéricos que jamás podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la funcionaria. Como exigencias del derecho al debido proceso en sede administrativa y el principio de publicidad que rige para los órganos de la Administración del Estado, la resolución de la Repartición debió ser fundada, es decir, debe exponer claramente los fundamentos, los motivos de su decisión, basados en antecedentes conocidos con anterioridad por los funcionarios.

Alega que el actuar de la recurrida contraviene el Oficio Circular Nº 22 del 30 de noviembre de 2017, del Ministerio de Hacienda, el cual imparte orientaciones sobre la renovación de contratos y considerando además el dictamen Nº 85700 de 2016 y dictamen N° 6.400 de 2018, de Contraloría General de la República, que contiene instrucciones sobre la no renovación de contratos el cual exige que las eventuales no renovaciones de contratas deben estar limitadas solo a los casos debidamente fundados y acreditables sobre la base que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias. 2.- Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución.

Sostiene que en el caso de autos no existe motivación verdadera, para poner fin anticipada a la contrata de la recurrente, solo el actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad, por cuanto el puesto de trabajo existe al ser creado por ley, la funcionaria acreditó en el concurso sus habilidades técnicas y profesionales, tiene experiencia necesaria para el cargo, y no ha pasado el tiempo necesario, para que pudiera efectuarse una evaluación objetiva y no subjetiva, sobre una base de antecedentes conocidos con anterioridad por los funcionarios y administrados.

Estima que el acto es ilegal por cuanto vulnera el deber de fundamentación de los actos administrativos establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 de Base sobre Procedimiento Administrativo, y por cierto que acorde a lo ordenado por la misma Contraloría General de la República y además carece de los fundamentos de racionalidad que deben estar presentes en toda actuación de la autoridad.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías 1.- El artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental prescribe como garantía fundamental para todas las personas el derecho a “La igualdad ante la ley”, por cuanto la resolución que dispone el término anticipada de la contrata del funcionario toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos, con lo cual, no queda clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y por lo demás, conforme a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores. De este modo, la resolución impugnada carece de la más mínima motivación, por lo que el despido del servicio, concretado por medio de un término anticipado de la contrata, deviene en discriminatorio. Así las cosas, no puede sino considerarse que ha sido sometida a un trato desigual carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional en comento.

2.- Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República "La Constitución asegura a todas las personas: N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.", con lo que se reconoce a todas las personas, derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Afirma que son susceptibles de la propiedad el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la que se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico y el cual fue percibido por 6 años.

3.- Libertad de Trabajo, artículo 19 Nº 16 C.P.R., toda vez que dicho acto administrativo adoptado lo que ha hecho es vulnerar flagrantemente su libertad de trabajo entendiendo por tal la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata como lo desempeñó históricamente mientras contara con los elementos que lo permiten, circunstancias avaladas en el concepto de confianza legítima que se produce en la administración del Estado, en cuanto a que ésta ejercerá las renovaciones de contratas como es su caso, mientras no exista fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto. Así lo ha dicho la jurisprudencia de nuestros Tribunales y la Contraloría General de la República.

4.- Debido proceso. La circunstancia que la recurrida aplique un criterio de evaluación dictado por una autoridad administrativa que carecía de facultades para ello, y que además fue dictado con posterioridad a las actuaciones que se cuestionan por dicha Pauta única de evaluación, contraviene una serie de principios, especialmente del denominado “debido proceso”, contemplado en el artículo 19 N°3 inciso 5 de nuestra carta fundamental, que expresa: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. - En nuestro sistema normativo constitucional, dentro de los derechos y deberes que consagra, uno de los de mayor relevancia es la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, precepto que asegura el derecho a una defensa jurídica, el principio de legalidad de los tribunales, el debido proceso entre otros.

Que en el caso sub-lite, la recurrente estima que se han violados las normas del debido proceso, por cuanto en primer lugar, no ha existido un proceso sancionatorio que habilite al recurrido a poner término anticipado a la contrata, en segundo lugar, no se ha otorgado a mi representada la oportunidad para efectuar los descargos, o su defensa respecto de los hechos en que supuestamente se funda el acto administrativo, en tercer lugar por cuanto al impedirle usar sus correos electrónicos, le han privado su derecho a rendir las pruebas necesarias para su defensa y en cuarto lugar, al aplicarse una pauta de evaluación dictada con posterioridad a los actos que se cuestionan, esto es se aplica con efecto retroactivo y sin previo conocimiento de sus destinatarios, lo que afecta en todas sus formas el derecho a un procedimiento racional y justo.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se invalide el término anticipado de la contrata de doña nombre reservado, ordenando su reintegro en las mismas condiciones, funciones y cargo que poseía, debiéndosele pagar todas las remuneraciones y cotizaciones no percibidas durante el tiempo que haya estado separada del mencionado servicio, debiendo además mantenerse la vinculación estatutaria a contrata para los años siguientes, mientras no cese por calificación deficiente o con motivo de una medida disciplinaria o lo que sus Ilustrísimas señorías consideren, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución Exenta N°215067/303/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021. 2.- Copia de la escritura pública de mandato judicial, otorgada por medio de firma electrónica avanzada ante la Notario Público de Temuco, doña nombre reservado. 3.- Copia del curriculum vitae de la recurrente.

A folio 9 evacúa informe la recurrida nombre reservado, Directora Regional de la Araucanía del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega la incompetencia de esta Corte en relación al territorio, por cuanto la Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021, RM REGIÓN METROPOLITANA, de fecha 30 de diciembre de 2021, fue dictada por el Director Nacional (S) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dirigiendo erróneamente su acción en contra la Directora Regional de Temuco de este Servicio, por lo que el acto fue dictado y ejecutado en Santiago, y en dicha ciudad tiene su domicilio tanto el Órgano Administrativo (Dirección Nacional), como el del titular del mismo (Director Nacional).

De lo anterior, concluye que la Corte de Apelaciones que debe conocer y resolver el recurso de protección es aquella dentro de cuyo territorio se hubiera cometido el acto u omisión que motiva la acción de protección, siendo en la especie competente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

En subsidio, informa sobre el fondo, manifestando que La recurrente, doña nombre reservado fue contratada el 21 de junio de 2021 por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el periodo de implementación del Servicio, como profesional asimilada al grado 10° dé la escala única de sueldos de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

La referida contratación se materializó a través de la Resolución Exenta RA N° 215067/57/2021, de fecha 11 de julio de 2021, y tuvo por finalidad proveer la dotación inicial necesaria para el proceso de preparación del referido Servicio para el desarrollo de los distintos procesos y actividades requeridos en el periodo de implementación de la nueva institucionalidad.

En el marco de esta contratación, la referida resolución N° 215067/57/2021 señaló en el considerando N° "5) Que, considerando necesidad y premura de contar con un equipo de funcionarios que permitan iniciar la preparación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se seleccionó, a través de un proceso de búsqueda v selección mediante curriculum referidos, a doña nombre reservado, para desempeñarse como Coordinador Programática de la región de La Araucanía de esta nueva institucionalidad".

A su vez, el referido acto administrativo señaló en el considerando N° 8) que doña nombre reservado se desempeñó previamente en la Subsecretaría de Servicios Sociales, de manera continua desde el 01 de junio 2018 y hasta el 20 de Junio de 2021, "habiendo presentado su carta de renuncia voluntaria a dicha institución a contar del 21 de junio de 2021, la cual fue aceptada a través de la Resolución Exenta RA N° 119516/330/2021, tal y como consta en el documento que se adjunta al presente acto administrativo".

Agrega que efectivamente se realizó proceso de selección en el cargo de jefa de Departamento de Servicios y Prestaciones Regional, se materializó a través de la dictación de la Resolución Exenta RA N° 215067/277/2021 RM REGIÓN METROPOLITANA, de fecha 28/12/2021, indicando el resuelvo que doña nombre reservado fue contratada "a contar de 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y mientras sean necesarios sus servicios...".

Posteriormente, se tramitó el acto administrativo Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021, RM REGIÓN METROPOLITANA, de fecha 30 de diciembre de 2021, que puso término anticipado a la contratación de doña nombre reservado del año 2021 en el cargo de jefa de Departamento de Servicios y Prestaciones Regional, a contar de su total tramitación, lo que se produjo con fecha 30 de diciembre de 2021, del Director Nacional (s) del referido Servicio, y qué le fue notificada personalmente por la Directora Regional de La Araucanía en presencia de un ministro de fe, el día 31 de diciembre de 2021.

Sostiene que el acto administrativo por medio del cual se dispone el término anticipado de la contrata se encuentra debidamente fundamentado, como se consigna en el mismo, La directora regional de la Región de La Araucanía asumió funciones a partir del 14 de diciembre de 2021, tal como indica el resuelvo de la Resolución Exenta RA 215067/10/2022 RM REGIÓN METROPOLITANA, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de fecha 18/01/2022, que la nombra en cargo de Alta Dirección Pública.

A partir de dicha fecha comenzó a analizar la situación regional, las actividades realizadas, las funciones que desempeñaba el personal, especialmente la de los funcionarios que lideraban los dos departamentos de la Dirección Regional, lo que derivó en constatar la existencia de una serie de situaciones que provenían de las acciones u omisiones en las que había incurrido doña nombre reservado que afectaron procesos claves del Servicio, incurriendo en algunos que además pueden ser constitutivos de grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales, habida consideración de su calidad de funcionario público, debió procurar su correspondiente protección. Describe las conductas:

En el Hogar nombre reservado de Villarrica se produjo una grave situación de vulneración de derechos por una red de explotación sexual infantil denunciada por parte de autoridades de la residencia, lo cual fue reportado además por supervisora técnica desde el mes de octubre del año 2021, y ratificado por correo electrónico en el mes de noviembre, además de minuta enviada con fecha 29 del mismo mes. La recurrente realizó gestiones de visita al hogar junto al director regional (s), lo que no entregó ninguna garantía que permitiera frenar o generar acciones junto a otras instituciones que permitiera con la debida premura y gravedad del caso, resguardar la integridad física y psicológica de las jóvenes que se encontraban bajo e! cuidado del Estado. Frente a la grave vulneración de derechos, la exfuncionaria debió actuar dando cumplimiento a las funciones propias del cargo señaladas en el perfil, siendo indispensable supervisar los procesos de gestión de los organismos colaboradores, procurando la aplicación de los estándares y de calidad de las atenciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio, coordinando la gestión y monitoreo de casos procurando respuestas oportunas a situaciones emergentes ocurridas en el territorio.

La directora regional solicitó a la recurrente información detallada del estado de los oficios circulares 5 y 6, ambos de 2019, de SENAME, que imparten instrucciones respecto de procedimientos que se deben utilizar ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado o atendidos por los organismos colaboradores, o bien están en centros de administración directa del Servicio, respectivamente. La exfuncionaria se limitó al reenvío de dichas circulares e indicación del lugar en el cual hacer seguimiento en el sistema sin reportar las acciones o medidas de supervisión -que es la información solicitada- de tal manera de conocer y revisar las acciones a desarrollar en la región con la finalidad de garantizar el debido bienestar de los niños, niñas y adolescentes, incumpliendo con ello las funciones establecidas en el perfil del cargo y que se enumeraron precedentemente. El incumplimiento de estas obligaciones no es baladí, ya que las referidas circulares corresponden a materias altamente sensibles y que tienen estrecha relación con el objeto del Servicio que es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.

La exfuncionaria presentó debilidades en la capacidad de planificación y supervisión, competencias requeridas para ejercer el cargo y que permitirían dar cumplimiento a los compromisos del departamento de su dirección, demostrando escaso liderazgo técnico de los distintos procesos y gestiones asociados al perfil de cargo, lo que, considerada la relevancia de sus funciones es un aspecto fundamental para la proyección del área de prestación de servicios en la región. Lo anterior, se evidenció a través de reuniones técnicas donde participaba, donde no se observó análisis, retroalimentación, asesoría a equipos como tampoco a su jefatura directa, además de vacíos en la información entregada por correos electrónicos, como aquellos requerimientos que eran de demanda diaria, no verificándose capacidad de planificación en la gestión de reuniones y análisis técnicos que permitiera fortalecer procesos internos para gestión del departamento considerando diversos casos complejos en los cuales era urgente dar respuesta oportuna relacionados con el intersector como salud, SENDA y SENADIS, habiendo urgencia en derivaciones a salud mental, consumo problemático de drogas, asociados a calle, sin que existiera de su parte un liderazgo para el abordaje oportuno casos como: F.F; A.C; F.C; A.M; J.V. Lo anterior quedó de manifiesto en distintas reuniones de Unidades, Adopción, Asistencia Técnica, Familias de Acogida Especializada (FAE), Residencias, entre otras.

La recurrente no entregó reporte oportuno a la Dirección Regional ni a la Dirección Nacional que permitiera prever situaciones complejas o nudos críticos para abordaje oportuno, evitando escaladas y mayores dificultades, en casos concretos como traspasos de casos, evaluación de situaciones críticas, nuevos procesos de asistencia y transferencia técnica, nulo proceso de instalación y proyección del Programa de Familias de Acogida en la Región, escasa relevancia respecto a la importancia regional del cargo de jefa del departamento de servicios y prestaciones; dificultad en la capacidad de proyectar la oferta programática regional de acuerdo a los nuevos lineamientos institucionales del servicio.

Se observó, además, que en el tiempo de puesta en marcha del Servicio, doña nombre reservado no generó planificación cuya gestión permitiera proyectar la aplicación de los estándares de calidad de atenciones dirigidas a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de atención del servicio, existiendo carencia de instrucciones y flujos internos claros y definidos, al observar el funcionamiento interno de la gestión de la dirección regional de La Araucanía, no presentando -pese a ser solicitado por la Directora Regional- ninguna planificación de gestión interna que permitiera proyectar y evaluar objetivos y acuerdos del departamento a cargo.

Frente a los requerimientos del nivel central de avanzar en los procesos de acreditación de acuerdo a los nuevos estándares establecidos en la ley, la exfuncionaria debía liderar un proceso de sensibilización y difusión de dicha acreditación y solo se limitó a reenviar correo electrónico con mail de consulta del 14 de diciembre, informando que está abierto el proceso de acreditación, sin bajar la información de manera ciara y oportuna, explicando los alcances y procedimientos, señalando que las dudas la realicen por medio de correo electrónico al nivel central.

Se produjo una situación con la derivación y traslado de un adolescente desde la Región de Los Ríos a de La Araucanía que afectó la situación del menor de edad exponiéndolo innecesariamente, al no abordarse conforme a criterios técnicos, lo que ameritaba un análisis anticipado, dada la complejidad y el riesgo en que se encontraba el adolescente, constituyéndose esta omisión de gestiones relacionadas al traslado como una grave vulneración de los derechos del joven J.V.A.

A la fecha del término anticipado de la contrata, la recurrente no reportó a la Directora Regional los compromisos de gestión del área, con liderazgo, experiencia y conocimiento técnico, que permitieran generar estrategias de acuerdo a los objetivos y compromisos del Servicio, ni tampoco de acuerdo a los lineamientos de la jefatura. Solo se limitó a entregar un breve resumen de [a oferta programática, número y lista de espera, sin análisis ni tampoco retroalimentación de la información, espacios que eran requeridos por la Dirección Regional. Además, si bien la exfuncionaria tuvo disponibilidad de acoger requerimientos de la Directora Regional, no presentaba conocimiento y liderazgo técnico que entregase certezas a su jefatura para una buena toma de decisiones, lo que resulta muy grave para la pertinencia técnica en la gestión de recursos en la región, como por ejemplo: derivación y análisis de casos complejos; propuestas de mejora; sugerencias de intervención; actualización de diagnósticos, sistemas de registros de información de niños, protocolos internos, normativas del servicio, circulares, entre otros. No existieron instancias de trabajo en equipo planificadas que evidencien relevancia a la necesidad de análisis profundo frente a situaciones críticas que requieren una mirada interdisciplinaria de distintos profesionales del departamento de manera integrativa y transversal.

Lo antes expuesto deja de manifiesto la falta de cumplimiento de las distintas funciones claves que debe cumplir el jefe del Departamento de Servicios y Prestaciones en la dirección regional y que no fueron ejecutadas por la Sra. nombre reservado, entre ellas "Supervisar la planificación y gestión de la oferta a nivel regional, entregando información oportuna a la Dirección Nacional para la gestión de los requerimientos de oferta en el territorio", "Supervisar los procesos de soporte técnico para la provisión de la oferta a nivel regional, resguardando la atención oportuna a los requerimientos y demandas en materia de protección de derechos que se presenten en la Región", y "Supervisar y monitorear la reportabilidad oportuna de los compromisos de gestión del área, en conformidad a la estrategia institucional y a los requerimientos de la Dirección Regional". Además de contravenir competencias específicas y transversales que deben ser cumplidas por el profesional que se desempeñe en dicho cargo a saber: orientación a la excelencia y mejora continua; habilidad para enfrentar y resolver situaciones complejas; liderazgo y dirección de equipos; planificación, supervisión y seguimiento; flexibilidad y adaptación a las demandas del contexto; capacidad operativa; orientación al servicio; orientación a los resultados.

Alega que la recurrente, al haber presentado renuncia voluntaria a su contrata en la Subsecretaría de Servicios Sociales, la cual fue aceptada, tenía menos de siete meses desempeñándose en este nuevo Servicio, por lo que no la ampara el principio de confianza legítima, la cual solo se genera a partir de la segunda renovación, en los términos regulados por la Contraloría General de la República, además no es una funcionaria traspasada desde SENAME sino que desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, por lo que no se le aplica lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley 21.302.

De lo expuesto, y atendido que en los casos en que no aplica la confianza legítima, las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación, tal como lo manifestó el dictamen N° 20.445, de 2019. Agregando que en este caso resulta innecesaria la dictación de un acto administrativo que contenga la decisión y los fundamentos para resolver no renovar la contrata. No obstante lo anterior, y dado que se le había notificado la continuidad por la contrata anterior (cargo del equipo de implementación), se optó por dictar el acto administrativo que pusiera término anticipado, aun cuando aquello no fuese procedente para mayor claridad, ya que el cargo del equipo de implementación había dejado de ser ejercido por la Sra. nombre reservado al aceptar la jefatura del Departamento de Servicios y Prestaciones.

Precisa que la contratación contenida en citada Resolución Exenta RA N° 215067/277/2021 fue terminada anticipadamente en razón de no presentar un desempeño acorde a las necesidades del cargo. En este sentido cabe aclarar que la contrata a la cual se le puso término anticipado fue a la del año 2021, no la del año 2022 como reclama la recurrente, cuya situación sería formal y materialmente imposible, ya que, según dispone el inciso 1o del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo "Los empleos a contrata durarán como máximo solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los funcionarios expirarán en sus funciones en esa fecha..." por lo que el término anticipado no podía realizarse respecto de una situación jurídica aun no constituida -contratación año 2022- pues no existía aun un acto administrativo que la contratara para el año 2022.

Respecto a las declaraciones formuladas en el recurso relativas a que el referido acto administrativo Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021 carece de motivación se debe tener presente que los cuales se describieron en los considerandos 9 y 10 de aquella señalaron los hechos que motivaron la decisión de la autoridad administrativa.

En cuanto a imputación de que la resolución que puso término anticipado no aparece suscrita por ninguna autoridad oficial se debe indicar que aquello es incorrecto puesto que fue suscrita por el Director Nacional (s), tal como da cuenta el mismo instrumento. Sobre este punto es necesario tener aclarar que este tipo de resoluciones cumplen con un formato previamente establecido por el órgano contralor, por lo que la formalidad de aquel escapa de la competencia y/atribuciones de este Servicio.

La recurrente indica que en el referido acto administrativo no queda claro que se trate de un término anticipado de la contrata con la fórmula por no ser necesarios sus servicios". Sin embargo, aquel en su considerando N° 7 se explica este punto, haciendo alusión a los dictámenes de Contraloría sobre esta materia. Específicamente el dictamen N° E156769 / 2021, indica que "Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N° 48.251, de 2010, de este origen, resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que él organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquel se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo". Luego, los considerandos N° 8°, 9° y 10°, explican las conductas de la recurrente, finalizando el considerando N° 11 con la indicación de que conforme lo reseñado en los considerandos precedentes, la funcionaría nombre reservado, no ha tenido un desempeño acorde a las necesidades del cargo, razón por la cual, sus servicios son innecesarios para esta institución.

En razón de lo antes señalado queda de manifiesto que el acto administrativo que puso término a la contrata del 2021 de la recurrente sí fue fundado, explicando de forma clara cuál fue el contexto y las situaciones específicas que dieron origen a la decisión de la autoridad.

Respecto a las situaciones de maltrato acusadas por la recurrente y que habrían sido efectuadas por la Directora Regional de La Araucanía, Sra. Valeria Arias Bascur, cabe indicar que de acuerdo a los registros que obran en poder de la División de Gestión y Desarrollo de Personas, no hay constancia de que la exfuncionaría haya efectuado denuncia alguna.

Respecto a la supuesta arbitrariedad -ya que la funcionaría no reuniría el tiempo mínimo para ser evaluada- efectivamente a la fecha no existía un proceso de calificación en los términos del Párrafo 4° De las Calificaciones, del Estatuto Administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, y dada las situaciones desfavorables observadas por la Directora Regional de La Araucanía, se determinó la realización de una evaluación particular para determinar la continuidad laboral de la Sra. nombre reservado, contenida en Pauta Única de Evaluación para Continuidad Laboral de fecha 28 de diciembre de 2021.

Lo anterior se encuentra en línea con la obligación legal que tienen las jefaturas respecto de "Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones" artículo 64 literal a) Estatuto Administrativo.

En este sentido se debe tener presente el objeto de Servicio que es "garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones", por lo que si el Jefe superior del Servicio determina que la persona que está ejerciendo un cargo de vital importancia dentro de una Dirección Regional no tiene un desempeño acorde con las necesidades del cargo, debe adoptar las medidas necesarias para el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, por lo que su actuación se encuentra plenamente ajustada a derecho siendo además uno de sus deberes ejercer respecto del personal las atribuciones propias de su calidad de jefe superior del Servicio.

Respecto a los derechos supuestamente afirma que la autoridad administrativa no afectó su derecho a la igualdad contenido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que solo hizo uso de sus facultades-obligaciones que posee en su calidad de jefe superior del Servicio para lo cual dictó el correspondiente acto administrativo fundado y que fue debidamente notificado a la Sra. nombre reservado.

Tratándose del derecho del artículo 19 N° 24, si bien la estabilidad en el empleo es una norma contenida en el Estatuto Administrativo, para el caso particular de la recurrente no es factible su protección a la luz del citado artículo dado que contrata es un cargo temporal,, tal cual lo señala el inciso primero del artículo 10° de la referida norma, duran como máximo hasta el 31 de diciembre, y respecto del acto que recurre la Sra. nombre reservado, aquel la contrató para ejercer funciones entre el 1 y el 31 de diciembre de 2021, no habiéndose notificado una renovación de la misma, menos aún se tramitó una resolución que la contratara para el año 2022, así las cosas, ella no tenía un derecho adquirido respecto de una contratación para el año 2022, lejanamente podría entenderse que podría haber tenido una mera expectativa, pero aquello implica una probabilidad, es decir un incierto, un germen de derecho que no puede ser considerado dentro de su patrimonio. En dicho contexto y dado que no se ha afectado un derecho adquirido de la recurrente, corresponde desestimar esta alegación.

Sobre la libertad de trabajo del artículo 19 N° 16, la recurrente indica que el acto administrativo vulnera flagrantemente su libertad de trabajo haciendo alusión a la confianza legítima, respecto de lo cual se debe reiterar que aquella no le es aplicable debido a que no presenta dos renovaciones en el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, habiendo trabajado anteriormente en otro servicio público "Subsecretaría de Servicios Sociales", no existiendo continuidad en el desempeño de sus funciones tal como se señala anteriormente en el presente informe.

Para estos efectos se debe tener presente que el nuevo Servicio es un órgano descentralizado de la administración, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que al haber presentado su renuncia en la Subsecretaría de Servicios Sociales, no es posible imputar el plazo servido en dicha institución para hacer efectiva la continuidad. Una excepción a lo ante expuesto se produce en los casos de funcionarios del Servicio Nacional de Menores que se traspasaron sin solución de continuidad en igual calidad al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la ley N° 21.302, tal como indica el dictamen N° E156769 / 2021 de la Contraloría General de la República, supuesto de hecho que no aplica a la recurrente ya que ella no era funcionaría del SENAME ni fue traspasada sin solución de continuidad al nuevo Servicio, por lo cual su plazo comenzó a contar desde que fue contratada en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, esto es, el 21 de junio de 2021, tal como indica la recurrente en su recurso.

Finalmente, respecto al debido proceso y a la supuesta falta de facultades de la autoridad administrativa es dable indicar que el Director Nacional (s) tiene plena facultad, además de ser una de sus obligaciones velar por el correcto funcionamiento del Servicio para el logro de sus fines debiendo ejercer respecto de su personal las atribuciones propias de su calidad de jefe de servicio, por lo que en pleno uso de sus competencias adoptó la medida en razón del desempeño de la ex funcionaría actuado plenamente ajustado a derecho y en el marco de sus atribuciones.

Acompaña los siguientes documentos: Resolución Exenta RA N°119516/330/2021, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que acepta renuncia voluntaria de doña nombre reservado, tomada de razón por Contraloría; Resolución Exenta RA l\l° 215067/57/2021, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que designó a la recurrente en el Equipo de Implementación; Resolución Exenta RA N° 215067/277/2021, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que contrata a la Sra. nombre reservado, a contar de 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y mientras sean necesarios sus servicios; Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que puso término anticipado a la contratación del año 2021; Perfil de Cargo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez Jefatura de Departamento de Servicios y Prestaciones Regional; Evaluación Cargo Jefa Departamento de Prestaciones y Servicios 28.12.2021; Resolución Exenta RA 215067/10/2022 del 18 de Enero de 2022 en el que se nombra a Valeria Arias Bascur, en calidad de Titular, en el cargo de Directora Regional de la Dirección Regional de La Araucanía del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cargo afecta al sistema de Alta Dirección Pública.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que, la parte recurrida ha cuestionado la competencia de esta Corte, desde el prisma territorial, por cuanto la Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021, RM REGIÓN METROPOLITANA, de fecha 30 de diciembre de 2021, motivo del presente recurso, fue dictada por el Director Nacional (S) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, de modo que se ha dirigido erróneamente la acción en contra la Directora Regional de Temuco de este Servicio, a pesar que el acto fue dictado y ejecutado en Santiago, y en dicha ciudad tiene su domicilio tanto el Órgano Administrativo (Dirección Nacional), como el del titular del mismo (Director Nacional).

Que esta alegación dilatoria será desestimada, por expreso mandato del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la presente acción cautelar, que en su numeral 1° otorga competencia relativa a la Corte de Apelaciones donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, o donde estos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, consecuencias que en este caso están determinadas por el cese de funciones de la recurrente en el cargo que desempeñaba en esta ciudad, lo que además se refrenda por lo previsto en el artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales.

TERCERO: Que, a través del presente recurso de protección, la parte recurrente ha solicitado se restablezca el imperio del derecho vulnerado por la institución recurrida. Denuncia básicamente que la Resolución Exenta N°215067/303/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, que dispuso el término anticipado de su designación a contrata, es ilegal y arbitraria, ya que dicha resolución carece de motivación o presenta una desviación de poder, infringiendo con ello las garantías establecidas en los números 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, para un mejor acierto del fallo, es necesario asentar los siguientes hechos, por no haber sido controvertidos y fluir de la documental aparejada por las partes en este proceso, a las que además se hizo referencia por los letrados que comparecieron a estrados, a saber:

1.- Que, la recurrente doña nombre reservado fue designada a contrata mediante Resolución Exenta RA N° 215067/57/2021, a contar del 21 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2021, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, asimilada al grado 10 de la escala única de sueldos, planta de profesionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

2.- Que, en los Considerandos 6), 7) y 8) de la Resolución aludida en lo que precede se deja constancia que la sra. nombre reservado, cuenta con un título profesional de Psicólogo, cumpliendo con los requisitos exigidos y acreditando la experiencia necesaria para desempeñar el cargo profesional requerido; que posee diversos cursos y especialización en el área para el cual está siendo contratada y también consta de una experiencia de más de 8 años en instituciones públicas y/o privadas realizando labores relacionadas con la materia. Además, hace presente que aquella presenta continuidad en la administración pública, habiéndose desempeñado previamente en la Subsecretaria de Servicios Sociales, de manera continua desde el 01 de junio 2018 y hasta el 20 de junio de 2021, habiendo presentado su carta de renuncia voluntaria a dicha institución a contar del 21 de junio de 2021, la cual fue aceptada a través de la Resolución Exenta RA N° 119516/330/2021, misma data en que, sin solución de continuidad, asumió en el cargo de profesional grado 10 en el aludido Servicio especializado.

3.- Que, el día 25 de noviembre la recurrente recibió una comunicación en la cual le fue informada la prórroga de contrata por el año 2022.

4.- Que, la recurrente postuló al cargo de “Jefa de Departamento de Servicios y Prestaciones Regional de la región de La Araucanía, del referido Servicio”, cargo a contrata, grado 05, por medio de la página “Empleos Públicos”, cargo que se adjudicó en el proceso destinado a reclutar y seleccionar personal, siendo notificada de la aceptación por correo electrónico el 26 de noviembre de 2021, indicándosele que debía iniciar la nueva función a partir del 01 de diciembre de 2021.

5.- Que, por Resolución Exenta RA N° 215067/277/2021, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se designa a contrata a la Sra. nombre reservado, a contar de 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y mientras sean necesarios sus servicios, como JEFATURA asimilado a grado 5º ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES, con jornada de 44 horas semanales.

6.- Que, por Resolución Exenta RA 215067/10/2022, de fecha 18 de enero de 2022, se nombra a doña Valeria Alejandra Arias Bascur, en calidad de titular, en el cargo de Director Regional del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, dependencia DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, por el período de 3 años, a contar del 14 de diciembre de 2021 y hasta 14 de diciembre de 2024. Asume sus funciones el 14 de diciembre de 2021.

7.- Que con fecha 28 de diciembre de 2021 la Directora Regional sra. Arias Bascur cumplimenta instrumento denominado Pauta Evaluación funcionaria referida a la recurrente de autos.

8.- Que con fecha 30 de diciembre de 2021, por Resolución Exenta RA N° 215067/303/2021, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se pone término anticipado a la designación a contrata de la recurrente, por no ser necesarios sus servicios. En sus numerales 8. se indica que la funcionaria nombre reservado no cumple tiempo mínimo servido en el cargo para poder efectuarse su calificación conforme al reglamento respectivo, y en el 10 se señala que la Directora Regional del Servicio de La Araucanía, Sra. Valeria Arias Bascur, realizó una evaluación para determinar la continuidad laboral de la Sra. nombre reservado, contenida en Pauta Única de Evaluación Para Continuidad Laboral, de fecha 28 de diciembre de 2021.

QUINTO: Que, de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo concerniente a la duración de la designación de las contrata de la parte recurrente se incorporó la frase "mientras sean necesarios sus servicios".

SEXTO: Que, la cláusula anterior está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo al tratar en su artículo 10 los empleos a contrata expresa que son aquellos que se consultan en la dotación del servicio y que en cuanto a su permanencia durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada, pudiéndose considerar que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

SÉPTIMO: Que, a su turno, el artículo 8° de la Ley 18.834 previene que los cargos de jefes de departamento serán de carrera y su provisión se hará mediante concurso en que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata del servicio que cumplan con los requisitos correspondientes, calificados en lista 1 de distinción y que no estén afectos a inhabilidades del artículo 55, añadiendo que para el caso de empleos a contrata se requerirá haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres últimos años previos al concurso.

Que conforme a la designación de la recurrente en el cargo de Jefe de Departamento es lógico concluir que cumplía con las exigencias legales y de perfil del mismo desde que le fue adjudicado y se le designó como jefatura.

OCTAVO: Que, una atenta revisión del acto administrativo que se estima conculcatorio de garantías constitucionales, permite afirmar que el fundamento primario y esencial para la adopción de dicha decisión fue, que duda cabe, lo consignado en la llamada Pauta Única de Evaluación para Continuidad Laboral, no sólo porque así se consigna en la misma resolución impugnada sino que por que literalmente se transcribe su contenido en el acto de autoridad.

NOVENO: Que, en este contexto, resulta palmario que la razón dada en lo resolutivo del acto, no ser necesarios los servicios de la recurrente, tiene por fuente una evaluación deficiente realizada por la Directora Regional que llevaba apenas dos semanas en funciones en el servicio regional y que se erige en un calificador o evaluador de desempeño de una servidora que no podía serlo, por no tener el tiempo mínimo en el cargo para ser evaluada, y porque, además, dicho instrumento, Pauta Única de Evaluación, no era conocido por aquella ni menos que su resultado era determinante para continuar o no en sus funciones, lo que, desde luego, aparece arbitrario y desigual. Le verdad, entonces, que fundamenta poner término anticipado a la designación es haber establecido un deficiente desempeño al margen de un proceso calificatorio regular, el que presupone, en general, la existencia de un instrumento que contenga las áreas, factores y subfactores a evaluar, una pre evaluación, la noticia al empleado de la evaluación del jefe directo y el derecho del evaluado de responder las observaciones, obrando en virtud de un traslado que le permita hacer presente sus comentarios y justificaciones, si lo desea, frente a las imputaciones de mal servicio o de falta de competencias o de brechas en sus tareas asignadas, nada de lo cual pudo realizar la recurrente atendida la forma en que ello se realizó y por una superior que desempeñaba la dirección del servicio hacía escaso lapso.

De esta forma se puede sostener que ha existido una afectación de derechos funcionarios de la recurrente, observándose un trato desigual a su respecto, basado en una evaluación de resultado deficiente realizada sin cumplir con las normas básicas de procedimiento y asumiendo la existencia de imputaciones funcionarias no establecidas a través de las indagatorias formales correspondientes, privando al funcionario de sus derechos, entre tales, de conocimiento de los antecedentes que fundan el cuestionamiento y con ello de ejercer una defensa técnica.

DÉCIMO: Que, entonces, se advierte que el asidero o motivación del acto atacado no se condice con aquel que se esgrime y consta en la resolución, dado que sus servicios son necesarios desde que la autoridad no ha invocado, como tampoco acreditado, un presupuesto que guarde concordancia con ellos, sino todo lo contrario, ha alegado uno diferente, asilado en un supuesto desempeño deficiente de sus funciones, lo que constituye una deficiencia de legalidad que compromete dicho pronunciamiento y conculca las garantías fundamentales delatadas y, de paso, habilita el acogimiento del recurso.

UNDÉCIMO: Que, además de las razones señaladas precedentemente, hay que tener en consideración el hecho de que en la actualidad si una relación a contrata excede de los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley 18.834, cuyo es el caso de autos, en cuanto la recurrente se ha desempeñado en la Administración del Estado, al servicio de los ciudadanos, por varios años, como se consignó en lo que antecede.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, respecto a la actuación y argumentación entregada para poner fin a la contrata por parte de la recurrida, esta Corte tendrá en consideración que la Ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de tales los órganos, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880.

Esta ley prevé los principios de transparencia y publicidad, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. También se consigna la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas.

Se considera como un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad, ya que como ocurre en la especie, fueron afectados derechos esenciales de la actora.

DÉCIMO TERCERO: Que, de lo razonado en el considerando anterior, se concluye indefectiblemente que la Resolución Exenta impugnada que puso término a la contrata es ilegal porque contravino lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley mencionada, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando la garantía de igualdad ante la ley al haber sido la recurrente discriminada arbitrariamente, puesto que el supuesto base en que se sostiene la decisión, es decir, que sus servicios no son ya necesarios, luego de haberse adjudicado un concurso público para ser contratada como jefe de departamento, un mes antes de la decisión objetada, lleva a sostener que ha sido infundada.

DÉCIMO CUARTO: Que, por consiguiente, existiendo esta flagrante desviación de poder en el acto administrativo impugnado y en el instrumento que le sirve de base – la referida Pauta única de Evaluación -. aquel deviene en arbitrario, afectándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 numeral 2° del Constitución Política de la República, en cuanto no se han aplicado, por parte de la Administración, los criterios normativos de un modo imparcial, además de haberle afectado la garantía del derecho de propiedad sobre cosas incorporales previsto y consagrado en el número 24 del artículo 19 de la Carta Magna, al privársele de su cargo y beneficios consiguientes, razones por las que la acción constitucional intentada será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección SE ACOGE, CON COSTAS, el deducido a favor de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, y, que, por tanto, adoptando las medidas que se estiman adecuadas para poner pronto remedio a la afectación, se dispone a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°215067/303/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, de ese Servicio, disponiéndose mantener la designación a contrata de la recurrente en las mismas condiciones establecidas en su último nombramiento, debiendo pagársele las remuneraciones íntegras devengadas desde la desvinculación hasta el día de su reincorporación y demás beneficios asociados.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Francisco Ljubetic Romero Protección-691-2022.