nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, treinta de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece doña KATHERINE DANIELA SEPÚLVEDA VARGAS, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación según se acreditará de don nombre reservado, jubilado, RUN N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien viene en deducir recurso de protección, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, rut RUT reservado, representada legalmente por el Alcalde de la I. Municipalidad de Temuco don Roberto Neira Aburto o quien haga sus veces, RUN RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado; y en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, rut RUT reservado, representada por la subsecretaría de educación doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que expone:

FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO.

Sostiene que su representado ejerció por 40 años labores administrativas en el sector educacional municipal de la región de la Araucanía. En particular, desempeñó funciones en calidad de asistente de la educación, en las Municipalidades de Gorbea y Temuco, hasta el año 2024, oportunidad en la cual y con motivo del acceso a los beneficios de la Ley N° 20.964 de 2016, se retiró de la administración pública con reconocimiento de años de servicios inferior a los efectivamente trabajados.

Afirma que el Sr. nombre reservado no desempeñó otras actividades remuneradas durante toda su vida laboral, dedicándose con exclusividad a sus quehaceres públicos, albergando la legítima expectativa de poder retirarse con el debido reconocimiento de toda una carrera al servicio de la educación municipal. Sorpresivo fue para éste recibir la noticia de que precisamente los beneficios a los cual él podía acceder, una vez que cumpliera la edad legal para jubilar, no consideraba el tiempo servido en la Municipalidad de Gorbea, donde aquél prestó servicios desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes. De esta manera, se dispuso que en su postulación a la bonificación por retiro voluntario y bonificación adicional por antigüedad sólo se calculara con su empleador actual, en este caso, la Municipalidad de Temuco, donde a la fecha de postulación completaba apenas 10 años. Esta situación evidentemente y de acuerdo a la regulación legal y reglamentaria generó un serio y grave perjuicio patrimonial a su representado, en circunstancias de que se le impidió colacionar períodos servidos en las mismas condiciones que exige la normativa de beneficios, aduciendo la autoridad del ramo, que este conjunto de estipendios solo consideraba periodos continuos y no discontinuos (en lo referido especialmente a la bonificación adicional fiscal por antigüedad).

En el momento del retiro efectivo de sus funciones, en el mes de septiembre de 2024, don nombre reservado procedió a dejar estampe de sus reservas en materia de derechos laborales y prestaciones, vinculados con la negativa a poder acceder a un mayor período de reconocimiento de años de servicios y consecuentemente haber sido privado de obtener un monto mayor, después de haber servido toda su vida al quehacer administrativo educacional.

Señala que, al revisar esta materia, de acuerdo al tratamiento administrativo que el municipio de Temuco y el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría respectiva, han dado al caso del ex funcionario nombre reservado, queda en evidencia una lesión o afectación a su derecho constitucional de acceder a un trato igualitario por parte de la ley. Para estos efectos, corresponde distinguir dos aspectos relacionados con una serie de actos concatenados que, de acuerdo al procedimiento administrativo regulado en la normativa reglamentaria, permiten a un funcionario del sector educacional, acceder a la tantas veces citada bonificación por retiro voluntario y adicional por antigüedad (y de cargo fiscal), a saber:

1) Calidad de nombramiento o designación. El sr. nombre reservado mantuvo desde el año 1981 y hasta 2024, una calidad de trabajador afecto al Código del Trabajo con prestación de servicios en Departamentos de Administración de Educación Municipal, correspondientes a las comunas de Gorbea y Temuco, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo al ordenamiento que regula el quehacer educacional en nuestro país (a la fecha y en etapa de transición), contenido en el DFL 1-3.063 de 1980 del Ministerio del Interior.

2) Antigüedad en el servicio educacional. El recurrente acumuló en la comuna de Gorbea 26 años y 30 días de servicios y en el caso de la ciudad de Temuco, un total de 11 años, 10 meses y 04 días, cumpliendo de esta manera, la exigencia basal para acceder a los beneficios adicionales de cargo fiscal, sin perjuicio del reconocimiento de sus años de servicios, en tanto relación laboral vigente.

3) Edad. El funcionario cumplió con los años que en el caso de los varones se requería tener al momento de su postulación.

REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE BONIFICACIÓN ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD. DECRETO 366 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.964, QUE OTORGA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA.

El Título I del Decreto 366, contiene las Normas Generales, y en especial, el artículo 3 contempla dos tipos de bonificaciones al personal asistente de la educación.

Así la cosas, el artículo 3 señala:

“Artículo 3°: Para efectos de este reglamento se entenderá por:

a) Ley: Ley N° 20.964, que Otorga Bonificación por Retiro Voluntario al Personal Asistente de la Educación que Indica.

b) Entidades empleadoras o "empleador": Municipalidades, corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, también denominadas corporaciones municipales, y administradores de establecimientos educacionales, cuya administración fue delegada en virtud del decreto ley N° 3.166, de 1980.

c) Bonificación por Retiro Voluntario: Beneficio pecuniario de cargo del empleador, a la que tienen derecho los trabajadores que indica la ley, que hayan manifestado su decisión de renunciar voluntariamente y que cumplan con los demás requisitos establecidos en ella.

d) Bonificación Adicional por Antigüedad: Beneficio pecuniario de cargo fiscal, al que tienen derecho los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, tengan a la fecha de retiro, diez o más años continuos de servicios efectivamente prestados, en la calidad de asistentes en las instituciones que señala el artículo 1° de la ley. Para estos efectos, se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo 1° de la ley N° 20.964.”

Por su parte, respecto a la bonificación adicional por antigüedad, los artículos 33 y siguientes del mismo Decreto 366, contempla los requisitos para acceder a este, a saber:

“Artículo 33: La bonificación adicional por antigüedad será de cargo fiscal, y tendrán derecho a percibirla, por una sola vez, los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 4° de este reglamento, tengan a la fecha del retiro, una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señaladas en el artículo 2° del reglamento. Para estos efectos, se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo 1° de la ley N° 20.964.

Esta bonificación no es imponible ni constituye renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no está afecta a descuento alguno.

La tramitación y pago de esta bonificación se realizará conjuntamente con la bonificación por retiro voluntario, sin que sea necesaria una postulación especial.”

Sobre el monto de la bonificación adicional por antigüedad, el artículo 34 del Decreto 366 contempla que “dependerá de los años de servicios prestados en la calidad de asistente de la educación, y de las horas de contrato para una jornada semanal máxima de 44 o 45 horas, considerándose para estos efectos, el número de horas a renunciar de acuerdo al artículo 27 precedente, y un tope de 560 Unidades de Fomento, por 35 o más años de servicio, debiendo calcularse proporcionalmente dicha bonificación para jornadas inferiores, según se detalla a continuación:

b) Tabla 2: Cálculo en U.F., entre los 27 y los 35 o más años de servicios (Tabla que cabe aplicar en el caso de recurrente por los años de servicio, ya que el recurrente acumuló en la comuna de Gorbea 26 años y 30 días de servicios y en el caso de la ciudad de Temuco, un total de 11 años, 10 meses y 04 días):

Para el cálculo de esta bonificación, se considerará el valor de la unidad de fomento vigente al último día del mes anterior al de la presentación de la carta de renuncia.

Por otra parte, el artículo 35 contempla el periodo que se debe considerar para el cálculo de la bonificación, estableciendo que corresponde a los servicios prestados en calidad de asistente de la educación, comprendido entre la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de presentación de la carta de renuncia voluntaria.

Agrega la misma norma legal que “...se considerarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados como asistente de la educación, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo 2° de este reglamento, adicionando, si procede, el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la administración municipal.”

No obstante lo anterior, destaca que las normas que rigen la bonificación adicional por antigüedad contenidas en el Decreto 366 del Ministerio de Educación precedentemente referidas, fueron modificadas con fecha 13 de mayo del 2024, publicada el 17 de julio del 2024, por el Decreto 70 que modifica el Decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación, que aprueba Reglamento de la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que indica, el que, dentro de otros, modificó el contenido de los artículos 3, 33 y 35 del Decreto 366, en lo que dice relación con los requisitos para computar los años de servicio, estableciendo recién con esta fecha de modificación, esto es, 13 de mayo del 2024, que “se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo 1° de la ley N° 20.964." (sic) quedando así contemplado en los artículos 3, 33 y 35 referidos, que precisamente se encuentran dentro de las normas que regulan los requisitos para optar a dicha bonificación y en especial, a la forma en que deben computarse los años de servicio para poder optar a este beneficio y realizar el cómputo de los años y determinar así la bonificación a la que tendría derecho el trabajador en cuestión, en este caso, el recurrente.

Así las cosas, previo a la modificación precedentemente aludida, esto es, con antelación al 13 de mayo del 2024, los normas legales que contemplaban los requisitos para computarse los años de servicio señalaban:

“Artículo 3°: Para efectos de este reglamento se entenderá por:

d) Bonificación Adicional por Antigüedad: Beneficio pecuniario de cargo fiscal, al que tienen derecho los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, tengan a la fecha de retiro, diez o más años continuos de servicios efectivamente prestados, en la calidad de asistentes en las instituciones que señala el artículo 1° de la ley.”

“Artículo 33: La bonificación adicional por antigüedad será de cargo fiscal, y tendrán derecho a percibirla, por una sola vez, los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 4° de este reglamento, tengan a la fecha del retiro, una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señaladas en el artículo 2° del reglamento.”

“Artículo 35: El período que se debe considerar para el cálculo de esta bonificación, corresponde a los servicios prestados en calidad de asistente de la educación, comprendido entre la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de presentación de la carta de renuncia voluntaria.

Además, se considerarán los años servidos como asistente de la educación en las entidades señaladas en el artículo 2° de este reglamento, adicionando, si procede, el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la administración municipal.”

Así las cosas, los requisitos para el acceso a la bonificación adicional por antigüedad, previo a las modificaciones, consistían en:

1. Que el trabajador se acogiera a la bonificación por retiro voluntario;

2. Tenga a la fecha del retiro 10 o más años continuos de servicio prestado en la calidad de asistentes de la educación las entidades señaladas en el artículo 2° del reglamento.

3. El periodo a considerar para el cálculo de la bonificación corresponde a los servicios prestados en calidad de asistente de la educación, comprendido entre la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de presentación de la carta de renuncia voluntaria;

4. Se debían considerar los años servidos como asistente de la educación en las entidades señaladas en el artículo 2° del referido reglamento, adicionando, el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la administración municipal.

En el caso del recurrente, el sr. nombre reservado se acogió a la bonificación por retiro voluntario; teniendo cerca de 40 años de servicio en calidad de personal asistente de la educación ante la Municipalidad de Gorbea y Municipalidad de Temuco, y a su respecto, debía adicionarse el tiempo que sirvió como asistente de educación en la Municipalidad de Gorbea, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes, lo cual no ocurrió en su caso, lo cual se puede constatar teniendo a la vista el finiquito suscrito con la Municipalidad de Temuco, donde consta la bonificación adicional por antigüedad que se le reconoció al recurrente y que, evidentemente, le causó un perjuicio patrimonial ya que recibió el pago por este concepto de $2.882.631, debiendo haber recibido el monto de 480 UF.- CAMBIO REGLAMENTARIO VERIFICADO CON POSTERIORIDAD A LA POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CUPO DEL BENEFICIARIO RECURRENTE DON nombre reservado QUE VULNERA SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

La regulación que permitió postular al beneficio de bonificación adicional por antigüedad al sr. nombre reservado, data de aquella vigente al año 2021, que corresponde al año en que presentó su respectivo formulario o solicitud. Cabe advertir que así se constata en la Resolución Exenta N° 2836 de fecha 12 de mayo de 2023, del Ministerio de Educación, que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2021, establecidos en la Ley N° 20.964. Así las cosas, los momentos que se asocian para acceder a la bonificación y adicionales serían dos: postulación y adjudicación. Ambos procesos, llevados a cabo por parte de la Subsecretaría de Educación, en el caso sub lite, tuvieron a la vista una regulación que data del año 2016. En particular, este hecho que reconoce entonces dos etapas o instancias, reviste especial relevancia pues ilustra sobre la afectación al igual tratamiento de la ley respecto de las personas, entendiendo la garantía constitucional un derecho al cual la norma jurídica debe supeditarse.

Al revisar el Decreto 366 de Educación (promulgado el 23 de diciembre del 2016), Reglamento de la ley N° 20.964, se observa que, desde su emisión, ha experimentado 2 modificaciones, a saber:

Decreto 273 de 2020, que modificó los artículos 5, 7, 9, 13, 14, 20, 27, 31, 39.

Decreto 70 de 2024, que modificó los artículos 3, 7,11, 13, 19, 21, 33, 35.

Precisamente, los artículos 33 y 35, adicionaron la expresión “sin solución de continuidad” a la exigencia de adicionar años de servicios para acceder a la bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal, en circunstancias que la norma exigía para fines de poder recibirla, una antigüedad mínima de 10 años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señaladas en el artículo 2 del reglamento, sin hacer referencia alguna a una imposibilidad de colacionar períodos anteriores pero igualmente útiles en cuanto a la calidad jurídica y lugar de desempeño que la norma legal establece al efecto.

De esta manera, sostiene que nos enfrentamos a un cambio reglamentario que se presenta con posterioridad a la postulación e incluso la adjudicación de cupo de beneficiario para don nombre reservado, que no constituye sino un elemento decidor para una eventual resolución del asunto, por cuanto no pueden alcanzarle los efectos de la misma y en este sentido, negar la posibilidad de considerar el desempeño en la Municipalidad de Gorbea, amparado en la vigencia del Decreto N° 366 de 2016 (el cual solo a partir del 17 de julio de 2024 establece el requisito de prestación de servicios sin solución de continuidad) constituye una discriminación arbitraria que se origina en la autoridad administrativa que aplica a su arbitrio las disposiciones legales y reglamentarias y no sostiene una interpretación armónica pro administrado, que además satisfaga una interpretación conforme la Constitución y el conjunto de garantías fundamentales de las cuales también los servidores estatales de todo nivel también son titulares. Considerando este aspecto, la tramitación relativa a los valores percibidos por el recurrente omite deliberadamente e impide al beneficiario que de acuerdo a su historia laboral, acceda a los montos a los cuales tiene derecho. Lo anterior, pues este tipo de normas que conceden transferencias tienen un grupo destinatario especial y limitado y de ahí que la calificación, formación y/o experiencia asociada a determinados sectores de la estatalidad (función pública) resulta de especial consideración por el legislador al momento de consagrar estos beneficios, que estimulan o motivan el egreso o cese laboral de sus cargos. En estas circunstancias, el elemento temporal de servicios asociados a la administración o gestión en educación, que en el caso del sr. nombre reservado alcanzó más de 26 años continuos solo en un empleador (Municipalidad de Gorbea) tiene que ser atendido para lograr una adecuada aplicación de los principios que subyacen estas normas, especialmente cuando el período de tiempo de trabajo como aquel, es sustantivo, es decir, amplio o de una cuantía relevante de años. Aquí vemos como se obsta mediante una sesgada y torcida aplicación administrativa acceder al beneficio correspondiente, mediante el amparo de una norma modificada que como corresponde señalar en el ámbito de las normas en nuestro ordenamiento jurídico, sólo pueden encontrar aplicación hacia el futuro y jamás una operatividad retroactiva o diferida, a menos que la propia norma o cuerpo jurídico lo disponga expresamente, cuyo es el caso de Ley N° 21.647 de 2023 que introdujo modificaciones a la Ley N° 20.964 en el artículo 7 y su correspondiente correlato en el reglamento. Analizada en la historia fidedigna de su establecimiento, no se constataron antecedentes particulares que permitan concluir la intencionalidad del legislador, para fines de incluir una norma de este tipo, habiéndose originado en un mensaje del Ejecutivo, con motivo de otras normas vinculadas al sector público y su incremento de remuneraciones. No existió por tanto, examen o debate alguno, aprobándose sin discusión por el parlamento. En esta materia insistimos en que cualquier cambio en el régimen jurídico relacionado con los beneficios de la Ley N° 20.964 no pueden afectar situaciones ya consolidadas y ahí estriba el conflicto y afectación de la unidades garantía de trato igualitario ante la ley, pues se ha privado a través de una referencia por parte de las administrativas que tramitan estas prestaciones, haciendo alusión a que no es posible que períodos discontinuos puedan sumarse.

Afirma que legítimo resulta entonces preguntarse ¿cuál es la finalidad del legislador y de qué manera se garantiza una adecuada igualdad ante la ley con disposiciones que son interpretadas y aplicadas de forma restrictiva y sin atender la finalidad para la cual son dictadas?. Para ello, y a fin de exhibir el trato diferenciado que afecta a su representado, a propósito de esta norma, cabe citar algunos ejemplos de cuerpos legales que en la actualidad o en épocas pretéritas han contemplado beneficios similares, incorporando un recuadro en su recurso. El estudio o revisión se realizó considerando el tipo de grupo beneficiario y si la norma reconoce o reconoció la discontinuidad de los servicios para efectos de acceder a algún beneficio monetario adicional.

En esta materia, se observa cómo (solo para los efectos del recurso) el conjunto de cuerpos legales aplicables a funcionarios y funcionarias que integran la Administración del Estado han tenido la posibilidad de sumar períodos anteriores y con solución de continuidad, al momento de postular y acceder a beneficios pecuniarios, asunto privado para el personal asistente de la educación y, por consecuencia, al sr. nombre reservado, lesionando entonces los requisitos de objetividad y razonabilidad que la doctrina y jurisprudencia nacional han construido para identificar la arbitrariedad, por cuanto al revisar la Ley N° 20.964 en comparación con otros textos de similar naturaleza, es decir, atendiendo una finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, ésta debe ser adecuada, necesaria y tolerable para los destinatarios de la misma, asunto que no se avizora. Admitir que el tratamiento es igualitario y por tanto no discriminatorio, por encontrarnos frente a una norma que reconoce unos mismos efectos para todos los asistentes de la educación sería entender la igualdad material de manera conveniente sin considerar que en la función pública, no solo existen determinadas instituciones basales (como es el caso de la carrera funcionaria) sino que además principios que normas generales reconocen a todo servidor estatal, como es el caso del principio de igual función, igual remuneración (artículo 50 Ley N° 18.575).

La manera más expedita entonces para corregir un trato discriminatorio, infundado como el que se ha relatado estriba en que la vía constitucional que el propio texto político otorga, conocido como acción de protección, revise y ordene corregir esta injusticia, ya que de lo contrario, se estaría sancionando por vía jurisprudencial la desigualdad que el propio legislador ha establecido y que la autoridad administrativa (tanto el Ministerio de Educación y Municipalidad de Temuco) han aplicado y que frente a casos de similar naturaleza, han encontrado ese justo reconocimiento que cualquier empleado público espera al momento de retirarse de su quehacer laboral.

Al efecto, una posible lectura de los preceptos que a nuestro juicio conducirían a una correcta interpretación radicaría en que la norma que concede estos beneficios incorporaron primeramente, una regla de elegibilidad, en virtud de la cual, el personal asistente de la educación podrán ser seleccionados en tanto cuanto hayan tenido al menos 10 años de servicios continuos en la Administración del Estado (cualquiera sea la forma de sistema de gestión educacional) ya que solo de esta manera, la norma en cuestionamiento permitiría que sus beneficios le alcanzaren. A continuación, una vez satisfecho aquel estándar de tiempo mínimo, la norma debería por otra parte, entenderse que establece una regla de cálculo y liquidación del monto a pagar por este concepto, el cual en este caso se relaciona o dependería de la totalidad de los años que el asistente de la educación haya desempeñado como tal en las entidades indicadas en el artículo 1° de ese cuerpo legal, sin que respecto del referido cálculo, se haya establecido la exigencia de años servidos sin solución de continuidad.

A lo anterior, cabe agregar el hecho que estamos frente a un derecho indubitado, esto es, el sr. nombre reservado cuenta con un cupo asignado, de acuerdo a los procedimientos establecidos y que, además, ha presentado su renuncia voluntaria al total de horas servidas, de acuerdo al artículo 3 inciso séptimo de la Ley N° 20.964. En este caso, nos encontramos con un título que incluso consideró transmisibilidad de sus beneficios a herederos, de acuerdo a las interpretaciones que se han realizado al efecto, por pasar a formar parte del patrimonio del titular. De esta manera, es un hecho de la causa que solo se reconocieron para los efectos de la bonificación adicional por antigüedad, los años prestados en calidad de funcionario dependiente del DAEM Temuco, hecho que se expresó en el finiquito el cual se le entregó al recurrente el 4 de septiembre del año en curso.

Constituyendo el hecho que motiva la presentación del recurso de protección de autos la situación relativa a bonificación adicional por antigüedad y, en particular, lo referente a los años de servicios discontinuos no agregados a él en su postulación, se debe tomar en consideración en este punto el finiquito que reconoce el tiempo útil que se le consideró al recurrente para efectos del pago a que tiene derecho, finiquito que le fue entregado al sr. nombre reservado el 4 de septiembre del 2024, donde se puede constatar que no se le reconoce para efectos del beneficio de bonificación por antigüedad el tiempo que estuvo vinculado y desempeñándose para la Municipalidad de Gorbea, a pesar de que formó parte del personal asistente de educación, y, por tanto, calificaba para que se le computara también aquel periodo. Así las cosas, a través de esta acción de protección se impugna el hecho que no se le haya considerado el tiempo servido por el recurrente con la Municipalidad de Gorbea, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes, vulnerando de esta manera las garantías contempladas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Las actuaciones generadas por la autoridad administrativa han lesionado no solo la normativa procedimental administrativa, sino que garantías constitucionales de manera evidente, según se dirá. Para ello, se presentará de manera separada el análisis respectivo.

1) Infracción a la igualdad ante la ley. Discriminación arbitraria en el ejercicio de una facultad legal. Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura a todas las personas, la igualdad ante la ley, resultando un enunciado lingüístico de suma importancia, por la declaración que el propio constituyente realiza a los destinatarios del texto supremo. Trata sobre la exigencia de isonomía sustantiva cuando se genera el ordenamiento jurídico, es decir, el derecho a ser tratados de igual manera en las normas jurídicas, con independencia del rango jerárquico que tengan en el ordenamiento. El alcance de esta materia proyecta sus efectos no solo a las autoridades sino a las personas (efecto horizontal) de manera que de que tanto la libertad en sus diversas manifestaciones, la igualdad se presenta como un valor fundamental (artículo 1 inciso 1°) y un derecho fundamental (capítulo III).

Precisamente, la medida adoptada respecto del recurrente se presenta como una discriminación arbitraria, es decir, sin razón, carente de fundamento o excediendo las atribuciones que competentemente le corresponden. Para ello, nos remitimos a lo expuesto en párrafos anteriores, sobre como en la construcción normativa que dio origen al régimen de bonificación voluntaria y su adicional por antigüedad de cargo fiscal, nada se dijo sobre períodos discontinuos y que, con posterioridad, es decir, desde finales del año 2023 en la Ley N° 20.964 y posteriormente en julio de este año, han pasado a formar parte del reglamento Sostiene que estamos frente a un caso expreso de discriminación arbitraria, desde el momento en que no se le permite a su representado computar el tiempo que se desempeñó como personal asistente de la educación para la Ilustre Municipalidad de Gorbea, frente a otros casos de similar característica, donde sí se les ha permitido, como es el caso de los funcionarios públicos que contempla la Ley 20.948, donde se les permite optar por una bonificación adicional a la de la Ley 19.882; funcionarios municipales de la Ley 21.135 (incentivo al retiro); funcionarios no académicos ni profesional universidades del Estado de la Ley 20.996, que contempla la bonificación adicional al personal no académico de universidades estatales); personal académico directivo y profesional no académico de universidades del Estado de la Ley 21.043 que contempla una bonificación adicional al personal académico, directivo y otros universidades estatales; funcionarios de Indap de acuerdo a la Ley 20.692 que contempla una bonificación por retiro voluntario a personal Indap); funcionarios de salud primaria municipal de Ley 19.378, quienes de acuerdo a la Ley 20.919 tienen derecho a una bonificación por retiro voluntario del personal de salud municipal, distintos casos que muestran diferenciación que permiten dejar en evidencia el trato diferenciado respecto a mi mandante, diferencia que no encuentra sentido lógico, afectando con ello el derecho a ser tratado con igualdad (causa rol 811 y 1204 del Tribunal Constitucional). Como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia nacional, una eventual infracción a la igualdad ante la ley debe atender al cartabón de la razonabilidad para su calificación, lo que permite entonces saber si la decisión adoptada se ajusta a lo que el ordenamiento jurídico espera del quehacer estatal y como se emplea en el caso concreto.

2) Infracción a la libertad de trabajo. Artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República de Chile, que establece que ésta asegura la libertad de trabajo y su protección. Desde esta perspectiva, corresponde señalar que el recurrente ha sido lesionado no solo desde la discriminación que ha sido objeto en relación con el resto de sus pares municipales.

A mayor abundamiento nuestra jurisprudencia constitucional ha puesto énfasis en tres ideas concatenadas a propósito del vocablo "y su protección”. El artículo 19 numeral 16 comprende dicha idea en dimensiones distintas: finalidades, garantías y realidad. Primero, es una regla de finalidad de la legislación laboral en cuanto el legislador y por ende la autoridad pública y privada que aplica dichas normas debe proceder a la protección del trabajador y su trabajo, como su horizonte normativo. En segundo lugar, también ha de cautelar el sentido práctico por cuanto lo protegido es el trabajador mismo y no solo su libertad de trabajo y finalmente, configurado como garantía práctica, en el mundo laboral existe un ejercicio de ficciones y realidades que suelen determinar contextos muy diversos para examinar un problema normativo. En esta consideración primará el sentido de la realidad de la relación laboral, asunto del que no es ajeno el régimen estatutario del personal de la Administración Pública o Municipal.

Es en consecuencia, la acción de protección el método más eficaz y expedito para restablecer la normalidad de las cosas, en el caso de autos, permitiendo que su representado pueda acceder a la bonificación adicional por antigüedad por los años servidos ante el municipio de Gorbea, percibiendo así la diferencia en dinero por esta bonificación que no se le permitió percibir. Así las cosas, de acuerdo al finiquito que se acompaña en un otrosí del presente recurso, se puede constatar que don nombre reservado recibió por concepto de la bonificación adicional por antigüedad la suma de $2.882.631, debiendo haber recibido el monto de 480 Unidades de Fomento (UF).

3) Infracción al derecho de propiedad. Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Evidente resulta la vulneración a la garantía constitucional del derecho de propiedad infringida en la vida de mi representado, al no haberse computado a su respecto el tiempo servido ante la Municipalidad de Gorbea, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes, lo que se traduce en la privación de acceder a la cantidad total de 480 UF que era lo que le correspondía.

Consecuencia de lo anteriormente expuesto, y acreditadas mediante la documentación acompañada, las condiciones de procedencia de la acción deducida, estima la recurrente que se dan los supuestos legales para que la acción de protección sea acogida, y en este orden de ideas, procede que se dispongan las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida al afectado, sin perjuicio de las restantes acciones que a su mandante le puedan asistir. Pide que, acogiéndose el recurso, se restablezca el imperio del derecho, asegurando la debida protección de las garantías vulneradas, y en especial, ordenar y declarar:

- Que la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN deberán declarar el derecho que tiene el recurrente don nombre reservado al beneficio de bonificación adicional por antigüedad, debiendo computarse a su respecto los años servidos ante la Ilustre Municipalidad de Gorbea y que no fueron reconocidos a su respecto para el cómputo de la bonificación que se le entregó, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 30 días, o lo que SS. Ilma.. estime pertinente para restablecer el imperio del derecho.

- Que, se le debe pagar al recurrente la bonificación adicional por antigüedad respecto del tiempo servido en la Municipalidad de Gorbea, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes, lo que se traduce en la suma de 480 Unidades de Fomento (UF), o la suma mayor o menor que US. Ilma. estime pertinente.

- Que las recurridas deberán pagar las costas de la causa.

Acompaña los siguientes documentos: 1- Mandato Judicial otorgado ante el Notario Público de Temuco doña nombre reservado por la recurrente a la abogada que suscribe.- 2- Finiquito suscrito por el recurrente con la Municipalidad de Temuco de fecha 31 de julio del 2024, entregado el 4 de septiembre del 2024; 3.- Copia fotostática de cédula de identidad del recurrente; 4- Decreto N°60 de 9 de diciembre de 1981 de la Municipalidad de Gorbea, que dispuso el contrato del recurrente; 5.- Contrato de trabajo del recurrente con la Municipalidad de Gorbea de fecha 1 de diciembre de 1981; 6.- Certificado N°16 de fecha 04 de febrero de 2022 emitido por el Departamento de Educación de Gorbea respecto del recurrente; 7.- Certificado N°318 emitido por el Jefe de Gestión de Personas del Departamento de Educación Municipal de Temuco del 29 de septiembre de 2023 respecto del recurrente; 8.- Resolución Exenta N°2836 de fecha 12 de mayo de 2023, del Ministerio de Educación, que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2021, establecidos en la Ley N° 20.964; 9.- Página 31 de archivo Excel con nómina de seleccionados de beneficiarios de bonificación y; 10.- Formulario de postulación Ley 20.964, retiro voluntario asistentes de la educación, suscrito por el recurrente.

Comparece informando don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de mandatario judicial de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde, don Roberto Neira Aburto, y expone:

ANTECEDENTES GENERALES.

El recurrente intenta la presente acción cautelar indicando que prestó servicios para la administración pública durante aproximadamente 40 años. Comenzando en la Municipalidad de Gorbea con fecha 01 de noviembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2007. Posteriormente ingresó a la dotación de personal en calidad de asistente de la educación para la Municipalidad de Temuco, desde el día 28 de septiembre de 2012 hasta el 31 de julio de 2024, según da cuenta finiquito suscrito entre ambas partes con tal fecha.

Con fecha 30 de julio de 2021, presenta formulario de postulación para ser beneficiario de la Ley N°20.964. Solicitud que fue acogida según da cuenta REX N°2836 de fecha 12 de junio de 2023.

Que, el recurrente impugna en contra de la administración municipal la base de cálculo para el pago de dicho beneficio, por cuanto esgrime que, para efectos de calcular el referido beneficio con cargo fiscal, se debió computar por parte de la administración el periodo efectivamente trabajado anteriormente en la Municipalidad de Gorbea, lo cual al no considerarse para efectos del pago, lesionaría su derecho de propiedad.

NORMATIVA APLICABLE.

La Ley N°20.964, otorga una bonificación por retiro voluntario al personal de la educación que señala el respectivo cuerpo legal, dispone que el referido beneficio será de cargo fiscal para aquellos beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos en el mismo cuerpo legal.

Que, previo a la discusión de autos, cabe señalar que la norma invocada por la actora para impugnar la base del cálculo fue modificada por el Decreto N°70 que modifica el Decreto N°366 de 2016 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de La Ley N°20.964. El referido decreto, fue publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de julio de 2024, no estando vigente dicha modificación legal a la fecha en que el Sr. nombre reservado se acogió a retiro voluntario.

EXTEMPORANEIDAD DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE PROTECCION.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo primero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, dictado por la Excma. Corte Suprema, el plazo para su interposición es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. El actor acciona no obstante no precisarlo de manera expresa, en contra del finiquito suscrito con fecha 31 de julio de 2024 e intentó el presente arbitrio el 10 de octubre de 2024. En consecuencia, solo cabe su rechazo por extemporáneo.

INEXISTENCIA DE DERECHOS INDUBITADOS.

Al respecto debo señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, contempla una acción constitucional respecto de los actos u omisiones arbitrarios o ilegales, y priven, perturben o amenacen el legítimo derecho y garantías que señala y este recurso de protección ha sido entendido por la Excelentísima Corte Suprema como una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria, su ámbito de aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía. El recurrente solicita que se acoja y que las recurridas la Ilustre Municipalidad de Temuco y el Ministerio de Educación deberán declarar el derecho que tiene el recurrente don nombre reservado al beneficio de bonificación adicional por antigüedad, debiendo computarse a su respecto los años servidos ante la Ilustre Municipalidad de Gorbea y que no fueron reconocidos a su respecto para el cómputo de la bonificación que se le entregó, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 30 días, o lo que SS. Ilma. estime pertinente para restablecer el imperio del derecho. 2.- Que, se le debe pagar al recurrente la bonificación adicional por antigüedad respecto del tiempo servido en la Municipalidad de Gorbea, esto es, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes, lo que se traduce en la suma de 480 Unidades de Fomento (UF), o la suma mayor o menor que US. Ilma. estime pertinente.

Desde ya debemos indicar que el presente recurso de protección no es la vía idónea para resolver la Ilegalidad o arbitrariedad que el recurrente esgrime toda vez que la ley la ley N°20.964, otorga una bonificación por retiro voluntario al personal de la Educación, pues no se trata de un derecho indubitado, pues el ejercicio que pretende el recurrente es precisamente proceder a la interpretación de las normas que determinan la cuantía de la indemnización reclamada. Lo que además se advierte claramente de su finiquito, al realizar expresa reserva de derechos para demandar y que por cierto debe ser resuelto a través de un juicio de lato conocimiento.

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCION APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL:

Sin perjuicio de la pretensión del actor debemos concluir que fue el propio legislador quien ha establecido el mecanismo de impugnación pertinente relativa a las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales conforme lo dispone el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo), que no han sido ejercidos por el recurrente, siendo ella la vía idónea para reclamarlas, de tal forma que el presente arbitrio, excede a las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que aquellos deben ser discutidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente, ante el cual podrán hacerse las alegaciones respectivas, condiciones en que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el N° 2 del auto acordado sobre tramitación y fallos del recurso de protección. Por lo anterior, el presente recurso de protección deberá ser desestimado.

FALTA DE LEGITIMACION PASIVA.

Sostiene que su representada no ha efectuado acción u omisión ilegal o arbitraria, nada expresa el recurrente sobre el accionar de la Municipalidad de Temuco o el DAEM, ninguna relación o reproche tiene su representada, toda vez que la interpretación de las disposiciones reclamadas o la interpretación, otorgamiento e interpretación son propias del Ministerio de Educación, actuando la Municipalidad como mera remitente de la postulación y pagadora del bono de antigüedad determinado por el Ministerio de Educación. Así las cosas, el actuar de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario y el recurso por esta vía no puede prosperar.

DE LA RECURRENTE Invoca como normativa atingente al caso concreto, lo expuesto en el art. 33 de la Ley N°20.964 por cuanto señala: “La bonificación adicional por antigüedad será de cargo fiscal y, tendrán derecho a percibirla, por una sola vez, los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 4° de este reglamento, tengan a la fecha del retiro, una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistentes de la educación en las entidades señalada en el art 2° del Reglamento. Para estos efectos, se computarán como años continuos de servicios aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el art 1o de la Ley N°20.964.”

Dicha bonificación es de cargo fiscal y es precisamente el Ministerio de Educación, el que conforme a la postulación del beneficiario verifica el cumplimiento de los requisitos legales y dicta la resolución pertinente que la aprueba y determina el monto a pagar, pues es de cargo fiscal y no municipal.

Sin perjuicio de lo anterior es útil manifestar que conforme al oficio que se acompaña el Ministerio de Educación solicitó al reconsideración del Dictamen 24.563 de 2018 del Órgano de Control General y fue precisamente esa repartición la que mediante Dictamen N° 20.436 de fecha 02 de agosto de 2019 precisó que ’’por consiguiente cabe concluir que el cálculo del monto de la bonificación adicional por antigüedad, establecida en el artículo 7° de la Ley N° 20.964, debe considerar años continuos de servicios, desempeñados en las instituciones señaladas en el artículo 1° de ese ordenamiento y, si procede, en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la Administración Municipal”.

Finalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 10.336 corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.

Agrega el inciso final que “De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al artículo 1°”. Dicha jurisprudencia es obligatoria para todos los servicios públicos sujetos a su fiscalización, entre ellos mi representada.

Por todo lo anterior, es que se ha de considerar que no ha existido por parte de esta recurrida ningún acto ilegal o arbitrario, ni vulneración propia a las garantías constitucionales aludidas por la recurrente, habiendo cumplido con los requisitos que la ley establece y fundamentando los antecedentes y consideraciones para el otorgamiento de las indemnizaciones que son procedentes a favor del actor y en los términos autorizados por la legislación y los dictámenes de la Contraloría.

Pide que se rechace el recurso de protección deducido en contra de su representada, y declare así mismo, que la I. Municipalidad de Temuco, no ha incurrido en acto ilegítimo o arbitrario alguno que atente contra los derechos y garantías constitucionales del recurrente.

Acompaña Dictamen N°24.563 de 2018 y Dictamen N° 20.436/2019, ambos de la Contraloría General de la República.

Comparece don nombre reservado, abogado, jefe (s) de la división jurídica del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, quien evacúa informe respecto del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado.

ANTECEDENTES:

Del acto recurrido.

Indica el recurrente que habría prestado servicios, en calidad de asistente de la educación en la Municipalidad de Gorbea, desde el 01 de noviembre de 1981 al 31 de diciembre de 2007, totalizando 26 años y 1 mes. A dicho periodo se sumaría el desempeñado en la Municipalidad de Temuco, según constaría en el contrato de trabajo que adjunta, que abarcaría desde el 28 de septiembre de 2012 hasta el 31 de julio de 2024, esto es, 11 años, 10 meses y 3 días.

Se habría retirado de la administración pública para sujetarse a lo dispuesto en la Ley N° 20.964 que establece un plan de retiro para asistentes de la educación del sector público y prescribe los requisitos de postulación a la bonificación por retiro voluntario de dichos funcionarios. Tras la postulación, la asignación del cupo se habría hecho mediante la Resolución Exenta N°2.836, de 12 de mayo de 2023, que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2021, de acuerdo con la Ley N° 20.964. Señala el actor que, al calcularse su bonificación, no se consideró el tiempo servido en la Municipalidad de Gorbea, comprendiendo únicamente su desempeño en la Municipalidad de Temuco, por cuanto la autoridad adujo que el beneficio solo considera periodos continuos y no discontinuos. Lo expuesto, a juicio del recurrente, causa una lesión o afectación al derecho constitucional a recibir un trato igualitario por parte de la ley.

Refiere que el marco normativo que regula la materia es la Ley N° 20.964 y el Decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación. El artículo 3° de este último cuerpo normativo en su literal c) define la Bonificación por Retiro Voluntario como un beneficio pecuniario de cargo del empleador a la que tienen derecho los trabajadores que indica la ley, que hayan manifestado su decisión de renunciar voluntariamente y que cumplan con los demás requisitos establecidos en ella. Por su parte, el literal d) del mismo artículo conceptualiza la Bonificación Adicional por Antigüedad como el beneficio pecuniario de cargo fiscal, al que tienen derecho los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, tengan a la fecha de retiro, diez o más años continuos de servicios efectivamente prestados, en la calidad de asistentes en las instituciones que señala el artículo 1° de la ley.

Ahora bien, el recurrente advierte que el citado Decreto N°366, de 2016, del Ministerio de Educación, fue modificado por medio del Decreto N°70, de 17 de julio de 2024 , de la misma entidad, en sus artículos 3, 33 y 35, en lo concerniente a la manera de computar los años continuos de servicio, estableciéndose que “se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo 1° de la Ley N° 20.964”.

La agregación de la expresión “sin solución de continuidad” en los artículos 33 y 35 del Decreto N°366, antes citado, significa para el recurrente que, para acceder a la bonificación adicional de antigüedad, se exigiría sólo desde ese momento y sin efecto retroactivo, que los 10 o más años continuos de servicio lo fueran “sin solución de continuidad”. La redacción original de la norma no hacía referencia alguna, al decir del actor, a una imposibilidad de colacionar periodos anteriores de desempeño discontinuo como asistente de la educación, por lo cual podrían sumarse como tiempo útil para el cálculo de la bonificación por antigüedad.

Expone el actor que, al ocurrir la modificación reglamentaria en el periodo intermedio que corre entre la postulación (2021) y la asignación del beneficio (12 de mayo de 2023), el cambio normativo no le afecta y el tiempo desempeñado en la Municipalidad de Gorbea le debe ser agregado. Esta lectura de la nueva redacción es la que, a criterio del recurrente, concretaría una interpretación armónica pro administrado que satisface los derechos y garantías constitucionales.

El recurrente prosigue haciendo un análisis de diversas normas que regulan bonificaciones similares a las de la Ley N° 20.964 que reconocen la posibilidad de adicionar periodos discontinuos (Leyes N° 20.948, N°21.135, N° 20.996, N° 21.043 y N°20.962) y otras, que no lo hacen (Leyes N° 20.976 y N° 20.919). Señala que, en dichos cuerpos normativos, los solicitantes pueden adicionar periodos con solución de continuidad o discontinuos, lo que en comparativa vuelve a los beneficios de la Ley N°20.964, lesivos a la objetividad, razonabilidad y a ciertos principios y normas generales que debieran ser iguales para todos los servidores públicos, lo que, a criterio del actor, puede corregirse por la vía cautelar del recurso de protección.

Finalmente, indica que el derecho es de carácter indubitado, pues el cupo ya le fue asignado y la renuncia voluntaria se hizo efectiva.

Las peticiones concretas del recurrente consisten en el 1) Reconocimiento de los 26 años y 30 días trabajados en la Municipalidad de Gorbea, respecto de la Bonificación Adicional por Antigüedad, o el tiempo que se estime procedente; 2) Pago por ese concepto de 480 UF (cuatrocientas ochenta unidades de fomento), o la suma que se estime procedente; y 3) Costas.

Del derecho en que funda el recurso En virtud de los hechos descritos, el recurrente señala que se habría atentado contra de la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se habría incurrido en infracción a la igualdad ante la ley y en discriminación arbitraria en el ejercicio de una facultad legal. Al efecto, indica una afectación a la isonomía sustantiva al momento del origen de la norma, lo que provoca una discriminación arbitraria, pues respecto a la bonificación de la Ley N°20.964 no se permite computar el tiempo de trabajo previo y discontinuo -en el caso el laborado en la Municipalidad de Gorbea-, como sí lo permiten otras leyes similares relativas a bonificaciones por retiro.

Asimismo, se agrega que hay afectación al artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, que asegura la libertad de trabajo y su protección, en razón de la discriminación que reclama el actor, que supone un trato distinto al dado a sus pares municipales y un déficit de protección al trabajador en cuanto tal.

Finalmente, se reclama infringido el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, relativo al derecho de propiedad, al no haberse computado el tiempo servido en la Municipalidad de Gorbea de 26 años y 1 mes, lo que le priva de acceder a la cantidad total de 480 UF (cuatrocientas ochenta unidades de fomento), que corresponde al tramo establecido en la normativa respectiva según la antigüedad.

De la tramitación interna.

En vista del hecho de que el recurrente no señala en forma expresa y concreta cuál es el acto u omisión que reclama como vulnerador de sus derechos y garantías constitucionales, por esta vía se informa secuencialmente la tramitación que se dio al requerimiento sobre bonificación de la Ley N° 20.964, materia de esta acción constitucional:

1. Resolución Exenta N° 2.836, de 12 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Educación, que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2021, establecidos en la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario el personal asistente de la educación que indica.

2. Renuncia voluntaria e irrevocable de nombre reservado, Ley N°20.964, beneficiarios de cupos 2021, del sostenedor Ilustre Municipalidad de Temuco, con fecha y timbre de recepción de 27 de junio de 2023 y firma del Secretario Municipal de 8 de agosto de 2023.

3. Oficio Ordinario N° 1.682, de 01 de septiembre de 2023, de la Municipalidad de Temuco, que Solicita recursos para el pago de bonificaciones del plan de retiro de asistentes de la educación, estipulado en la Ley N° 20.964 para los cupos 2021 definidos por la Resolución Exenta N° 2836, de 2023, del Ministerio de Educación precitada, dirigido a la Subsecretaria de Educación. Cabe señalar que este acto administrativo adjunta, entre otros, el finiquito del trabajador que da cuenta de los emolumentos a pagar, entre ellos, la bonificación por retiro voluntario y adicional por antigüedad.

4. Resolución Exenta N° 5.363, de 01 de julio de 2024, de la Subsecretaría de Educación, que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020.

5. Decreto Exento N° 680, de 01 de julio de 2024, del Ministerio de Educación, que transfiere recursos a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020.

En cuanto al fondo del recurso En lo que atañe a la materia planteada, y para una mejor comprensión, según se acreditará, lo obrado por esta recurrida se ajusta a derecho a la luz del ordenamiento jurídico aplicable.

Improcedencia del recurso de protección Al respecto, cabe señalar que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece en su artículo 2°, inciso segundo, que “Presentado el recurso, el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Si su presentación es extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego por resolución fundada”.

Ahora bien, se hace presente que la acción constitucional interpuesta no reúne los requisitos de admisibilidad que exige el aludido auto acordado, pues no se funda en hechos que vulneren las garantías constitucionales, según se indicará a continuación:

1° No se especifica el acto u omisión que produce la vulneración reclamada.

El recurso no señala cuál es específicamente el acto u omisión que le priva, perturba o amenaza los derechos que alega conculcados.

Dicho acto podría ser el Oficio Ordinario N° 1.682, de 01 de septiembre de 2023, de la Municipalidad de Temuco, que solicita recursos para el pago de bonificaciones de la Ley N° 20.964 para los cupos 2021, entre ellos el del recurrente, dirigido a la Subsecretaria de Educación, que adjunta el finiquito del trabajador con los montos a pagar desagregados; también podría ser la Resolución Exenta N° 5.363, de 01 de julio de 2024, de la Subsecretaría de Educación, que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020; asimismo podría ser el Decreto Exento N° 680, de 01 de julio de 2024, del Ministerio de Educación, que transfiere recursos a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020; y también el Decreto N°70, de 2024, que modifica el Decreto Exento N° 366, de 2016, ambos del Ministerio de Educación, al argumentarse que los efectos de una determinada interpretación le afectan en los términos que indica.

Una acción de protección debe señalar específicamente la acción u omisión que priva, perturba o amenaza el o los derechos que se reclaman lesionados y si no lo hace carece de un elemento que, sin duda, es esencial.

2° Se han sometido al conocimiento de S.S. Ilma. cuestiones técnicas y de lato conocimiento, ajenas a una acción cautelar y de urgencia de derechos.

Conforme a lo que se expondrá, el actor emplea este medio de urgencia para impugnar una decisión administrativa, a través de mecanismos de largo aliento o de discusión en sede no judicial. En este orden de ideas, se ha señalado que “el recurso de protección no es la vía procesal idónea para impugnar decisiones administrativas adoptadas con sujeción a una competencia y procedimiento tasados de órganos técnicos de la Administración del Estado o para resolver cuestiones de lato conocimiento”, toda vez que no es posible utilizarlo como medio procesal idóneo para resolver conflictos de intereses, más aún cuando éstos son eminentemente técnicos.

En primer lugar, el recurrente controvierte los periodos considerados en la determinación de la cuantía de la bonificación adicional por antigüedad, lo que claramente es un asunto de una especificidad y complejidad tal, que, de buenas a primeras, supera la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En segundo lugar, el actor propone una interpretación de la modificación reglamentaria recaída en el Decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación, realizada a través del Decreto N°70, de 2024, del mismo origen, lo que también supera el objeto de un recurso de protección.

En tercer lugar, se reclama una suerte de ilegalidad por inconstitucionalidad respecto de la Ley N° 20.964 la que, según expone el recurrente, adolece de isonomía sustantiva de origen pues, en virtud de un defecto en su construcción normativa, no permite computar tiempos de trabajo discontinuos, como sí lo permiten otras leyes similares que regulan bonificaciones por retiro, ocasionando una vulneración a la igualdad y, por lo tanto, una discriminación respecto de los asistentes de la educación, de la que debe hacerse cargo la Ilma. Corte de Apelaciones. Lo expresado, no forma parte del ámbito de un recurso de protección ni de la competencia judicial.

III.2)

Inexistencia de un derecho preexistente e indubitado.

Considerando lo expuesto precedentemente, es dable concluir la ausencia de derechos indubitados en la protección solicitada, pues por aplicación de la normativa legal, las bonificaciones de la Ley N°20.964 se encuentran supeditadas al cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias.

De esta manera, se ha señalado que la acción de protección supone que “aquel que lo impetra tenga el pleno y legal ejercicio de él, sin que pueda caber duda acerca de si lo tiene o no, pues de lo contrario la protección no sería un recurso sino un juicio y, todavía más, un juicio sumarísimo mediante el cual se declara la existencia de un derecho” (Excma. Corte Suprema, sentencia de 25 julio 1984, Revista Fallos del Mes N° 308, página 339); y que “para ser acogida requiere que se haya privado o amenazado al recurrente en el ejercicio de un derecho indubitado y al amparo de una garantía constitucional, circunstancia que no se encuentra demostrada en este caso”.

Así las cosas, si dicha afectación o conculcación de derechos no existe, en una relación causa-efecto con los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que se denuncian, o bien la Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna para los efectos de asegurar la debida protección del afectado que el caso amerite, el recurso carecería de objeto (Excma. Corte Suprema, Rol Ingreso Corte N° 1827-2010, sentencia de 24 de mayo de 2010).

Además, queda en evidencia que el accionar del recurrente mediante esta vía cautelar, no es más que una mera reclamación por disconformidad con la cuantía de la bonificación adicional por antigüedad. En tal sentido, la acción cautelar impetrada no cumple con el objetivo de solucionar una cuestión de emergencia que ha irrogado una supuesta violación de derechos fundamentales.

Extemporaneidad del plazo para interponer el recurso de protección.

El artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso Protección, dictado por la Excma. Corte Suprema, dispone que el plazo para su interposición es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Aunque el actor no precisa respecto de que acto u omisión acciona, ni su fecha, no cabe, sino señalar que ha transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos, plazo que termina al interponerse el recurso de protección el día 10 de octubre de 2024. Así sucede si se considera como hito de inicio del plazo el Oficio Ordinario N° 1.682, de 01 de septiembre de 2023, de la Municipalidad de Temuco, dirigido a la Subsecretaría de Educación, que solicita recursos para el pago de Bonificaciones del Plan de Retiro de Asistentes de la Educación, estipulado en la Ley N° 20.964 para los cupos 2021 definidos por la Resolución N° 2.836, de 2023, del Ministerio de Educación; la Resolución Exenta N° 5.363, de 01 de julio de 2024, de la Subsecretaría de Educación, que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964 correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020; el Decreto Exento N°680, de 01 de julio de 2024, del Ministerio de Educación, que Transfiere recursos a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020; y, finalmente, el finiquito de la Municipalidad de Temuco, fechado 31 de julio de 2024.

Marco normativo que rige la materia Tal como se acreditará, lo obrado por esta recurrida se ajusta plenamente a derecho. La normativa aplicable al caso, se indica a continuación:

Ley N° 20.964, que establece un plan de retiro para asistentes de la educación del sector público y prescribe los requisitos de postulación a la bonificación por retiro voluntario de dichos funcionarios. El plan de retiro se financia a través del traspaso anticipado de subvención de escolaridad y de un aporte fiscal, que son transferidos por el Ministerio Educación, previa asignación de un cupo y revisión de la documentación fundante, y una vez se encuentre totalmente tramitados los respectivos actos administrativos.

Decreto N°366, del 2016, del Ministerio de Educación, que contiene el Reglamento de la Ley N°20.964 y regula los procedimientos, plazos y otros aspectos relativos a la implementación de la normativa.

Según disponen los artículos 1 y 7 de la Ley N° 20.964 y la letra c) del artículo 3° del Decreto N° 366, de 2016, antes citado, el plan de retiro comprende dos bonificaciones: la Bonificación por Retiro Voluntario y la Bonificación Adicional por Antigüedad.

En primer término, la bonificación por retiro voluntario es un beneficio pecuniario de cargo del empleador al que tienen derecho los trabajadores que indica la ley, que hayan manifestado su decisión de renunciar voluntariamente y que cumplan con los demás requisitos establecidos en ella. Para el financiamiento de esta bonificación los sostenedores pueden solicitar al Ministerio de Educación el anticipo de subvención regulado en el artículo 11 de la Ley N° 20.159. De acuerdo con lo que establece el artículo 4° del Reglamento, la bonificación por retiro voluntario asciende a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades mencionadas en el inciso anterior, con un máximo de once meses. La remuneración que sirve de base para el cálculo de la bonificación por retiro voluntario será el promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al trabajador durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la carta de renuncia, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Por su parte, la letra d) del mismo artículo 3° del Reglamento dispone que la bonificación adicional por antigüedad es el beneficio pecuniario de cargo fiscal, al que tienen derecho los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, tengan a la fecha de retiro, diez o más años continuos de servicios efectivamente prestados, en la calidad e instituciones que señala el artículo 1° de la ley.

El personal beneficiado, según prescribe el artículo 2° del Reglamento y el artículo 1° de la Ley N° 20.964, son los Asistentes de la Educación que se desempeñen en establecimientos educacionales administrados directamente por las Municipalidades o por Corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, incluidos aquellos establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos; en los establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, y, asimismo, a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que prestan servicios en los Departamentos de Administración de Educación Municipal, en las Direcciones de Educación Municipal y al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por las municipalidades para administrar la educación municipal.

Conforme dispone el artículo 5° del Reglamento, para acceder a la bonificación se debe cumplir con alguna de las condiciones que se indican: a) Haber cumplido 60 o más años de edad, si son mujeres, y 65 o más años de edad, si son hombres, al 30 de junio de 2014 o; b) haber cumplido o cumplir 60 años de edad si son mujeres, y 65 años de edad si son hombres entre el 1° de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.

Los asistentes de la educación, para efectos de acceder al beneficio, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente al total de horas que sirven, en los plazos y según las normas contenidas en la ley y su reglamento, especialmente conforme a lo señalado en el artículo 27 de este último.

Incidencia de la modificación del Decreto N° 70, de 13 de mayo de 2024, que modifica el Decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación Según ya se expuso, el recurrente advierte que el Reglamento de la Ley N° 20.964, contenido en el Decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación, habría sido modificado por medio del Decreto N° 70, de 13 de mayo de 2024, de la misma entidad, en sus artículos 3, 33 y 35, en lo concerniente a la manera de computar los años continuos de servicio, estableciéndose que “se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo J° de la Ley N° 20.964”. Además, señala que la locución “sin solución de continuidad” agregada en los artículos 33 y 35 del Decreto N° 366, antes citado, por el Decreto N° 70, de 2024, significaría que para acceder a la bonificación adicional de antigüedad se exigiría, sólo desde ese momento y sin efecto retroactivo, que los 10 o más años continuos de servicio transcurrieron bajo dicho criterio.

Al respecto, cabe hacer presente que la Ley N° 21.647, de 2023, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales; en su artículo 56, letra b), N° 2, introduce en la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que indica, intercalando en el inciso primero del artículo 7 a continuación de la frase "antigüedad de cargo fiscal", la oración siguiente: "[para estos efectos, se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas en el artículo J".

Asimismo, cabe señalar, que la agregación de la expresión “sin solución de continuidad” ya referida, se incorporó con el objeto de regular la situación de los beneficiarios de esta bonificación, cuyos establecimientos educacionales fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública, o en aquellos casos en que los cambios político-administrativos del territorio, como la creación de nuevas regiones y/o límites en las comunas, modificaron al sostenedor del establecimiento educacional, entendiéndose en estos casos que los años de servicios se computarán como continuos.

Conforme con lo antes expuesto, la interpretación del actor no se condice con el tenor literal ni con la aplicación de la norma, la que antes y después de la referida modificación ha considerado como presupuesto de la bonificación adicional de antigüedad al menos 10 años de servicios continuos, y que su cómputo es efectivamente en años continuos, sin poder existir un espacio de tiempo entre una contratación en un organismo público y otra. En el caso en comento, tanto el recurrente como la recurrida declaran que efectivamente existe un lapso de tiempo entre sus labores en la Municipalidad de Gorbea y la Municipalidad de Temuco, no siendo posible acoger el argumento pretendido.

En esta línea, cabe recordar que es la Contraloría General de la Republica la que, interpretando la normativa de que trata, ha determinada la exigencia de continuidad: “podrá obtenerse la bonificación adicional por antigüedad, si a la fecha del retiro -esto es, cuando se presente la carta de renuncia voluntaria, al tenor del artículo 35, inciso primero, del reglamento de la Ley N° 20.964-, se ha dado cumplimiento al requisito de tener, a lo menos, diez años continuos de servicios efectivamente prestados en la calidad de asistente de la educación en la municipalidad respectiva.

Asimismo, puntualizó que, para tales fines, los años trabajados deben ser obligatoriamente continuos, por lo que no pueden incorporarse en su cómputo todos los períodos laborados en la municipalidad, si han mediado uno o más ceses del servidor de que se trate.” (Dictamen N° 20.436, de 2019).

Siendo ello así, Mineduc se encuentra en el imperativo de aplicar la normativa y jurisprudencia de la Contraloría, pues, “conforme con lo prescrito en el inciso final del artículo 6° de la Ley N° 10.336, que las decisiones y dictámenes de este órgano de control, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política, 2° de la Ley N° 18.575, y 1 °, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la citada Ley N° 10.336. ”

Por lo tanto, si Mineduc hubiera obrado de una manera diversa en la especie (por ejemplo, acogiendo el criterio planteado por el recurrente), hubiera infringido no solo la normativa vigente, sino que la jurisprudencia de la Contraloría, con la consecuente responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

Sobre la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto que se impugna De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, de la cual derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho, lo que no ocurre en la situación planteada por el recurrente. Además, ese derecho debe ser de aquellos señalados específicamente por la disposición constitucional citada.

En este sentido, cabe hacer presente que, la mayoría de la doctrina nacional entiende por “arbitrario”, aquello que carece de fundamento racional, o sea, aquel obrar asentado en la sola voluntad del autor sin sujeción a la razón, sino solamente en el capricho o querer del agente, y que conduce a una propuesta o solución contraria a la justicia y a la equidad.

De esta forma, tradicionalmente se entiende que “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra toda lógica y recta razón”. En igual sentido, el Tribunal Constitucional, ha señalado que se entenderá por “acto arbitrario”, una ausencia de razones en un accionar determinado; es un simple “porque sí”; por eso la tendencia a hacerla sinónimo de falta de fundamento, de mero capricho o voluntad. En el actuar no arbitrario, en cambio, hay motivo, esto es, un antecedente de hecho y de derecho en que se funda y una justificación, es decir, un proceso racional de una decisión que la explica en fundamentos objetivos .

Asimismo, el acto adolecerá del vicio de “ilegalidad”, cuando “no se atiende a la normativa por la que debe regirse. Lo cual implica que la expresión ilegal no sólo atiende a lo contrario a la ley en sentido formal, sino que también es comprensiva de todos los restantes órdenes normativos”5.

Es así como, en lo que dice relación a la legalidad del acto impugnado, el actuar de esta Cartera Ministerial se encuentra ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone en su artículo 2°, que los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, sin tener más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con un análisis tradicional del principio de legalidad, en el ámbito del derecho público, los Órganos de la Administración del Estado, sólo pueden realizar aquello que les está expresamente permitido por el ordenamiento jurídico.

Además, es menester hacer presente que, en materia de administración de recursos públicos, como expresión del principio de juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, consagrado esencialmente en los artículos 6°, 7°, 67 y 100 de la Constitución Política de la República; 2° y 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 56 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que regula la imputación presupuestaria de todo egreso; y en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, conforme a los cuales, los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, y, especialmente, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, de forma tal que los gastos que se autoricen con cargo a fondos públicos, sólo pueden emplearse para los objetivos y situaciones expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico, tal como lo han señalado, entre otros, los Dictámenes N°s 65.143 de 2009; 14.880, 18.110 y 57602 de 2010, y 5492 de 2011, de la Contraloría General de la República.

En consecuencia, conforme a lo que se ha venido señalando, es que en la especie no es posible configurar un actuar arbitrario e ilegal respecto del Ministerio de Educación, pues la resolución recurrida se dictó conforme a lo señalado en la Ley N° 20.964 y su Reglamento contenido en el Decreto N°366, de 2026, del Ministerio de Educación.

De la supuesta vulneración de garantías constitucionales Respecto a la supuesta vulneración de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República Señala el actor que hay una vulneración a esta garantía constitucional, porque hay una isonomía sustantiva en el origen de la norma, significando esto que la Ley N° 20.964, en sí misma vulnera la igualdad ante la ley y genera una discriminación arbitraria respecto de los Asistentes de la Educación. A esta conclusión llega comparando leyes similares que regulan bonificaciones análogas a las de la Ley N° 20.964 y que reconocen la posibilidad de adicionar periodos discontinuos (Leyes N° 20.948, N° 21.135, N° 20.996, N° 21.043 y N° 20.962) y otras que no lo hacen (Leyes N° 20.976 y N° 20.919). Señala que dicha situación lesionaría la objetividad, la razonabilidad y ciertos principios y normas generales que debieran ser iguales para todos los servidores públicos.

Al efecto, según ya se dijo, el recurso de protección no es el medio idóneo para corregir la presunta inconstitucionalidad de una ley que pudiera vulnerar la igualdad, si fuera ese el caso.

Respecto a la supuesta vulneración de la libertad de trabajo, consagrada en el artículo 19 N° 16, de la Constitución Política de la República El actor indica que se vulnera la libertad de trabajo y su “protección” como “garantía práctica” en cuánto esta protección significa, de acuerdo a lo expuesto por el recurrente, la protección del trabajador mismo y de su trabajo, concretándose ello, según propone implícitamente, con el reconocimiento de los servicios discontinuos prestados en la Municipalidad de Gorbea para efectos del cálculo de la bonificación adicional por antigüedad.

Sobre esto, es dable precisar que la acción de protección, en lo que refiere al numeral 16 del artículo 19, tiene lugar solo en cuanto asegura el derecho a la libertad de trabajo y a su libre elección y libre contratación, quedando por fuera el concepto de “protección” del trabajador que el actor formula.

Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República Respecto de este derecho se expone que no haber computado el tiempo servido por el recurrente en la Municipalidad de Gorbea, ascendente a 26 años y 1 mes, le priva de 480 UF (cuatrocientas ochenta unidades de fomento), que le corresponderían según el tramo establecido en la normativa respectiva, por concepto de bonificación adicional por antigüedad.

Sobre los anteriores asertos es necesario aclarar que la cuantía de la señalada Bonificación no depende de las expectativas del recurrente, sino del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Ley N° 20.964, particularmente de los años servidos como asistente de la educación que, en el caso, son 11 años y fracción en la Municipalidad de Temuco. Como ya se ha dicho, no se pudo colacionar el tiempo trabajado en la Municipalidad de Gorbea, por cuanto no lo fue en forma continua respecto del tiempo servicio en Temuco. En las circunstancias descritas no se visualiza ningún actuar ilegal o arbitrario en los términos denunciado en autos, que afectare el derecho de propiedad del recurrente.

Por lo señalado, esta Cartera de Estado no ha conculcado los derechos constitucionales indicados por el recurrente, toda vez que ha dado cumplimiento a la normativa legal vigente y resuelto conforme a su competencia.

Pide se sirva tener por evacuado el informe solicitado en relación con el recurso de protección de autos y, en su mérito, rechazar la acción intentada por el recurrente en todas sus partes, por las razones de hecho y de derecho expuestas, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta N° 2.836, de 12 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Educación, que asigna beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2021, establecidos en la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario el personal asistente de la educación que indica.

2. Renuncia voluntaria e irrevocable de nombre reservado, Ley N°20.964, beneficiarios de cupos 2021, del sostenedor Ilustre Municipalidad de Temuco, con fecha y timbre de recepción de 27 de junio de 2023 y firma del Secretario Municipal de 8 de agosto de 2023.

3. Oficio Ordinario N° 1.682, de 01 de septiembre de 2023, de la Municipalidad de Temuco, que Solicita recursos para el pago de bonificaciones del plan de retiro de asistentes de la educación, estipulado en la Ley N° 20.964 para los cupos 2021 definidos por la Resolución 2836/2023, del Ministerio de Educación, dirigido a la Subsecretaria de Educación.

4. Resolución Exenta N° 5.363, de 01 de julio de 2024, de la Subsecretaría de Educación, que fija recursos a transferir a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020.

5. Decreto Exento N° 680, de 01 de julio de 2024, del Ministerio de Educación, que Transfiere recursos a la Ilustre Municipalidad de Temuco, en el marco de la Ley N° 20.964, correspondiente a los cupos del año 2021 y 2020.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en cuanto a las alegaciones de extemporaneidad invocadas por ambas recurridas, serán rechazadas, toda vez que los efectos del acto de recurrido tienen el carácter de permanente, razón por la cual será desestimada tal alegación.

TERCERO: Que, la cuestión a dilucidar en el presente recurso, conforme a lo argumentado por la actora, es si debió computarse por parte de la Administración, para efectos de calcular el beneficio de bonificación adicional por antigüedad, los años servidos por la recurrente ante la Ilustre Municipalidad de Gorbea y que no fueron reconocidos a su respecto para el cómputo de la bonificación que se le entregó.

CUARTO: Que, esta Corte estima que la que la decisión cuestionada no resulta arbitraria, en atención a que no es el resultado del mero capricho de las recurridas o de una conducta irreflexiva de parte de ellas, sino que se apoya en la normativa vigente, incluyendo la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que evidencian el criterio interpretativo aplicable en la especie y que corresponde al aplicado en este caso.

QUINTO: Tampoco resulta ilegal, ya que se enmarca dentro de las normas establecidas en la materia. Al efecto se tiene presente que la Ley N° 21.647 de 2023, que modificó la Ley N° 20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación, estableció, en lo pertinente, que: “para estos efectos, se computarán como años continuos de servicio aquellos desempeñados, sin solución de continuidad, en una o más de las entidades señaladas…". En el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, tanto el recurrente como la recurrida, declaran que efectivamente existe un lapso de tiempo entre las labores prestadas en la Municipalidad de Gorbea y la Municipalidad de Temuco, motivo por el cual la actora, claramente, no cumple con el requisito previsto en la norma antes transcrita, motivo por el cual se desestimará la acción cautelar intentada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña KATHERINE DANIELA SEPÚLVEDA VARGAS, en representación de don nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto y en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, representada por la subsecretaría de educación doña nombre reservado.

Redacción del abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-6870-2024 (pvb).