Protección contra Ilustre Municipalidad de Temuco

C.A. de Temuco.

Temuco, diecisiete de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados Nicolás Yáñez Inostroza, cédula nacional de identidad N°NUM000 y Constanza nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de La Araucanía, actuando en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM002, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto, cédula de identidad N°NUM003, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señalan que los actos ilegales y arbitrarios se materializan en el Oficio N°NUM004 emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se rechaza el reclamo de ilegalidad presentado por la parte recurrente y se ratifica la Resolución Exenta N°NUM005, que confirma la medida disciplinaria de término de la relación laboral, originalmente dispuesta mediante Decreto Alcaldicio N°NUM006 de fecha 21 de julio de 2025, con resolución de fecha 01 de septiembre de 2025 y notificación practicada el día 26 del mismo mes, indicando que tanto el referido Oficio N°NUM004, como el Decreto Alcaldicio N°NUM006 y la Resolución Exenta N°NUM005 vulneran derechos fundamentales del recurrente.

Refieren que el recurrente ingresó a prestar servicios en el Cesfam Villa Alegre durante el año 2016 bajo la modalidad de honorarios, desempeñándose como gestor de información.

Posteriormente, en febrero de 2022, es nombrado Subdirector Administrativo, ejerciendo una jornada completa de 44 horas semanales, señalando que durante los siete años de desempeño en el establecimiento mantiene una adecuada relación con los demás funcionarios, destacándose por su trato cordial, capacidad resolutiva y disposición permanente para colaborar con sus pares. Lo anterior consta en diversas anotaciones de mérito incorporadas a su hoja funcionaria, destacando la efectuada por el Director del Cesfam, don nombre reservado, quien reconoce: “Por su participación en el comité de autocuidado año 2023, esta anotación se enmarca en el mérito de la voluntad, trabajo en equipo, compañerismo y en la materialización de las diversas actividades enmarcadas en el buen ambiente laboral, que sin duda es un eje fundamental para este establecimiento”.

Exponen que durante toda su carrera funcionaria observa estrictamente las obligaciones propias del cargo, desarrollando sus funciones de manera intachable y ejecutando incluso labores adicionales a aquellas que estrictamente le corresponden, incluyendo horas extraordinarias no remuneradas, con el propósito de contribuir al adecuado funcionamiento del Cesfam, añadiendo que circunstancia también consta en sus anotaciones de mérito, donde se señala: “Por su buena disposición en apoyo con la Dirección, realizando actividades fuera de su horario habitual sin cobro de horas extras, siempre dispuesto a colaborar”.

Afirman que antecedentes demuestran su observancia permanente del principio de probidad administrativa, entendido como la obligación de mantener una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública, con preeminencia del interés general por sobre el particular, añadiendo que desde su nombramiento como Subdirector Administrativo en el año 2022, desarrolla sus labores en la Unidad de Apoyo a la Gestión, compartiendo funciones con nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, desde la conformación del equipo, a fines de marzo de 2022, existe entre sus integrantes un ambiente laboral respetuoso y cordial que deriva incluso en relaciones de amistad, participando conjuntamente en actividades recreativas y celebraciones fuera del horario laboral, por lo que la relación mantenida con sus compañeros de trabajo trasciende lo estrictamente laboral, existiendo cercanía, confianza y preocupación recíproca entre los integrantes del equipo.

Detallan que mediante Decreto Alcaldicio N°NUM007 se ordena instruir sumario administrativo en contra de don nombre reservado a raíz de una denuncia formulada por la funcionaria nombre reservado, la cual es acompañada por declaraciones de funcionarias que mantienen estrechos vínculos de amistad con la denunciante dentro del Servicio de Salud de la Municipalidad de Temuco, indicando que en dicho procedimiento disciplinario se formulan cargos que la defensa estima carentes de entidad suficiente, entre ellos supuestos hechos consistentes en haber tomado la mano de una funcionaria en una oportunidad o haber acercado bruscamente la silla de otra funcionaria.

Relatan que el cargo de mayor gravedad corresponde al denominado CARGO DOS, referido a una acusación de acoso sexual formulada por la funcionaria nombre reservado, consistente en que: “Que el día 14 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en la oficina de la Dirección del CESFAM Villa Alegre, en circunstancias que ambos se encontraban solos, mientras la funcionaria nombre reservado retiraba una carpeta desde una gaveta ubicada en altura, don nombre reservado se habría levantado de su asiento, abrazándola intempestivamente por la espalda, sin autorización de la afectada, apretándola, sintiendo ésta su pene erecto en sus nalgas”.

Sostienen que dentro del procedimiento disciplinario se evacúan oportunamente los descargos correspondientes, negándose categóricamente todos y cada uno de los cargos formulados y, especialmente, aquel relativo al supuesto acoso sexual, indicando que los hechos denunciados no pudieron ocurrir, toda vez que el recurrente no se encontraba en el lugar indicado al momento de los hechos, sino participando en una reunión en terreno junto a funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) de la Municipalidad de Temuco, verificando las instalaciones del CESFAM Villa Alegre y visitando el terreno destinado a la futura construcción de un nuevo Centro de Salud Familiar, que dicha actividad se desarrolla aproximadamente entre las 09:00 y las 12:00 horas del día 14 de junio de 2024. En sus descargos se señala expresamente: “El día 14 de junio acude el equipo SECPLA al CESFAM Villa Alegre, donde son recibidos por mi representado a las 9:00 A.M., efectuándose una reunión de consultas sobre solicitudes de infraestructura para el nuevo hospital. Desde las 10:00 A.M. se da inicio a recorrido interno por visita de SECPLA, lo cual se puede comprobar a través de una imagen enviada por nombre reservado vía WhatsApp, tomada minutos antes durante dicho recorrido, en la que se observa al funcionario realizando tal actividad. A las 11:00 horas se efectúa un recorrido a un nuevo terreno para el CESFAM y posteriormente se retorna a dependencias institucionales para palabras finales. Luego, a las 12:17 horas, el Director del CESFAM le solicita acudir a su oficina mediante mensaje de WhatsApp”.

Consideran que estos antecedentes permiten establecer que el recurrente no se encontraba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, circunstancia que demostraría la falta de veracidad de la acusación formulada en su contra, señalando que con el objeto de acreditar tales circunstancias, se acompañan fotografías que muestran al recurrente en actividades de terreno y se solicita además la declaración de diversas funcionarias y funcionarios, entre ellos destaca la solicitud de declaración de don nombre reservado, quien participa directamente en la reunión desarrollada junto al recurrente durante el horario cuestionado. Sin embargo, pese a que la defensa solicita reiteradamente la fijación de día y hora para su declaración presencial, ésta es requerida únicamente por escrito, a diferencia de lo ocurrido con otros testigos incorporados al procedimiento.

Relatan que con fecha 02 de abril de 2025 se dispone la reapertura del sumario administrativo y se designa una nueva fiscal instructora, quien reformula los cargos previamente establecidos, manteniendo como principal imputación aquella relativa al supuesto acoso sexual y frente a esta nueva etapa del procedimiento, la defensa presenta nuevamente sus descargos y solicita la apertura de un nuevo término probatorio, con el objeto de rendir prueba adicional destinada a acreditar la imposibilidad material de que el recurrente hubiese ejecutado las conductas atribuidas. No obstante, dicha solicitud es rechazada. Posteriormente, en la vista fiscal se arriba a conclusiones que la defensa considera erróneas y carentes de sustento fáctico.

Expresan que particularmente respecto del Cargo Dos, la fiscalía administrativa sostiene que realiza una visita inspectiva al Cesfam Villa Alegre y constata que las oficinas N°53 y N°54 se encuentran contiguas, concluyendo que la circunstancia de encontrarse el recurrente participando en una reunión no impedía que hubiese ejecutado la conducta denunciada. En el considerando sexto de la vista fiscal se expresa: “Esta fiscalía se constituyó en dependencias del CESFAM Villa Alegre, constatando que la oficina donde se habría realizado la reunión de trabajo, identificada en su puerta como N°54 Director, donde la defensa de don nombre reservado indica que estuvo en reunión el día y hora de los hechos denunciados, se encuentra inmediatamente al lado de la oficina identificada como N°53 Unidad de Apoyo a la Gestión, donde habrían ocurrido los hechos denunciados”.

Indican que la defensa cuestionó dicha conclusión por estimar que jamás sostuvo que la reunión se desarrollara en la oficina N°54 correspondiente al Director del establecimiento. Por el contrario, sostiene que la única referencia efectuada al Director del CESFAM corresponde al mensaje enviado a las 12:17 horas solicitando la presencia del recurrente en su oficina, es decir, más de una hora después del momento en que habrían ocurrido los hechos denunciados, argumentando que la fiscalía administrativa construye una conclusión basada en una premisa inexistente, desatendiendo los descargos presentados y la prueba aportada, estimando que resulta física y temporalmente imposible que el recurrente hubiese estado simultáneamente participando en una visita en terreno junto a funcionarios de SECPLA y ejecutando las conductas atribuidas en la denuncia y afirmando que la ponderación efectuada por la autoridad administrativa presenta graves deficiencias, toda vez que no se exponen fundamentos suficientes para acreditar los hechos imputados ni para justificar la calificación de los mismos como una infracción grave al principio de probidad administrativa susceptible de ser sancionada con destitución, añadiendo que los antecedentes aportados permiten, al menos, generar una duda razonable respecto de la ocurrencia efectiva de los hechos denunciados.

Expresan que una vez dictada la resolución que dispone la medida disciplinaria de término de la relación laboral, la defensa interpone oportunamente recurso de reposición en contra de dicha decisión. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 01 de septiembre de 2025, notificada al recurrente el día 26 del mismo mes, la Ilustre Municipalidad de Temuco rechaza la reposición deducida y mantiene íntegramente la sanción impuesta.

Posteriormente, agotando las instancias administrativas disponibles, se interpone reclamo de ilegalidad respecto de las resoluciones sancionatorias antes referidas. No obstante, mediante Oficio N°NUM004, de fecha 27 de enero de 2026, la Contraloría General de la República rechaza dicho reclamo y confirma las decisiones adoptadas por la Municipalidad de Temuco.

En cuanto al Derecho, estiman que el actuar ilegal y arbitrario de la Municipalidad de Temuco vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la honra y derecho de propiedad, consagradas respectivamente en los numerales 2°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señalando que la sanción aplicada resulta manifiestamente desproporcionada en comparación con otros casos de similar naturaleza y se adopta sin una adecuada valoración de los antecedentes aportados por el funcionario.

Respecto del derecho a la honra, señalan que la sanción impuesta se fundamenta en hechos que no han sido debidamente acreditados, afectando gravemente la reputación personal y profesional del recurrente y en cuanto al derecho de propiedad, afirman que la decisión administrativa priva al funcionario de su cargo y de las remuneraciones asociadas al mismo, afectando derechos patrimoniales protegidos constitucionalmente, precisando que la igualdad ante la Ley se vulnera por cuanto la autoridad administrativa no pondera de manera equivalente la prueba rendida por ambas partes, indicando que las declaraciones aportadas por la denunciante reciben plena valoración, mientras que los testimonios y antecedentes proporcionados por el recurrente son desestimados sin una fundamentación suficiente.

Por otra parte, afirman que la negativa injustificada a conceder un nuevo término probatorio luego de la designación de una nueva fiscal instructora constituye una diferencia arbitraria que impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa, señalando que la resolución que rechaza dicha solicitud carece de una fundamentación suficiente que justifique la imposibilidad de rendir nueva prueba en una etapa procesal distinta y bajo la conducción de una nueva autoridad instructora.

Argumentan que la imposición de una sanción de destitución fundada en hechos que no han sido debidamente acreditados afecta directamente la honra y reputación del recurrente, lo que adquiere especial relevancia considerando que se trata de un funcionario de planta que mantiene una trayectoria laboral intachable, con excelentes calificaciones funcionarias y múltiples anotaciones de mérito que destacan su desempeño profesional, compromiso institucional y observancia permanente del principio de probidad administrativa, señalando que la atribución de conductas de carácter sexual y la posterior imposición de la máxima sanción disciplinaria generan una afectación evidente a su prestigio profesional, honorabilidad personal e imagen pública.

En cuanto a la vulneración al Derecho de propiedad, exponen que una sanción de destitución incide directamente sobre derechos patrimoniales constitucionalmente protegidos, específicamente en la privación del cargo y de las remuneraciones respectivas se funda en hechos que no logran acreditarse de manera suficiente dentro del procedimiento disciplinario, afirmando que los descargos formulados y los antecedentes probatorios acompañados permiten establecer, a lo menos, una duda razonable acerca de la ocurrencia efectiva de los hechos imputados, siendo la sanción aplicada resulta desproporcionada y afecta ilegítimamente el derecho de propiedad del recurrente sobre su cargo y las remuneraciones derivadas de éste.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, detallan que el Oficio N°NUM004, emitido por la Contraloría General de la República, que constituye la última instancia administrativa destinada a impugnar los efectos del Decreto Alcaldicio dictado por la recurrida, es notificado al recurrente con fecha 28 de enero de 2026, sin perjuicio de haber sido emitido el día 27 de enero del mismo año, de manera que cualquiera sea la fecha que se considere para efectos del cómputo, la presente acción constitucional es deducida dentro del plazo de treinta días establecido por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Finalmente, solicitan que se tenga por interpuesto recurso de protección en favor de don nombre reservado, ya individualizado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto, ya individualizados, instando por que dicho recurso sea admitido a tramitación, declarado admisible y, en definitiva, acogido en todas sus partes, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, declarando: 1.-Que, se deje sin efecto Decreto alcaldicio N°NUM005, de fecha 01 de septiembre de 2025, que resolvió la reposición respecto del decreto alcaldicio N°NUM006 de fecha 21 de julio de 2025. 2.-Que se reintegra inmediatamente al cargo de subdirector administrativo a su representado. 3.-Que se le paguen íntegramente todas las remuneraciones y emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de tramitación del Sumario seguido en su contra y del aquel por el cual se extienda la sustanciación de la presente acción de protección. 4.-Que, ordene reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que estime pertinente conforme al mérito de autos. 5.-Se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1.-Oficio N°NUM004, de fecha 27 de enero de 2026, emitido por la Contraloría General de la República. 2.-Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 01 de septiembre de 2025, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición deducido respecto del Decreto Alcaldicio N°NUM006, de fecha 21 de julio de 2025.

A folio 12, comparece el abogado Randolph Oscar Brown Riquelme, actuando en representación de la Ilustre Municipalidad de Temuco, representada legalmente por su Alcalde don Roberto Neira Aburto, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Sostiene que del análisis del recurso aparece con claridad que la acción constitucional no persigue la tutela de derechos fundamentales indubitados ni la corrección de ilegalidades o arbitrariedades manifiestas, estimando que la pretensión real consiste en obtener una nueva valoración del mérito del expediente sumarial, revisando la ponderación de las declaraciones testificales, la apreciación de la prueba fotográfica, los criterios utilizados por la fiscal sumariante y la proporcionalidad de la sanción aplicada, afirmando que ninguna de estas materias corresponde al ámbito propio del recurso de protección.

Agrega que el propio recurrente reconoce haber agotado previamente la vía de reclamo ante la Contraloría General de la República, obteniendo un resultado desfavorable, estimando que la presente acción constitucional constituye únicamente un nuevo intento por revertir, mediante una vía cautelar improcedente, decisiones administrativas y de control ya revisadas y confirmadas por los órganos competentes.

Alega la improcedencia manifiesta de la vía cautelar para revisar el mérito de procedimientos disciplinarios, señalando que el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de carácter urgente destinada exclusivamente a la protección de derechos fundamentales indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, afirmando que por su naturaleza sumaria y cautelar, esta acción no puede transformarse en un mecanismo sustitutivo de las vías ordinarias de impugnación de los actos administrativos ni en una segunda instancia disciplinaria destinada a reexaminar pruebas, revisar decisiones de mérito o corregir la valoración efectuada por el fiscal instructor, añadiendo que la jurisprudencia exige que el derecho cuya tutela se reclama sea cierto, indubitado e incontrovertido, circunstancia incompatible con las controversias propias de un procedimiento disciplinario, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol N° 99.592- 2020, que confirma un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, señalando que resulta improcedente pretender que mediante esta acción cautelar se revise la investigación y la decisión adoptada sobre la base del mérito establecido por el funcionario instructor.

Asimismo, invoca las sentencias dictadas en los Roles N° 52.153-2025 y N° 54.911-2025, en las cuales la Corte Suprema revoca fallos que habían acogido recursos de protección interpuestos por funcionarios municipales destituidos, reiterando que el recurso de protección no constituye una instancia para revisar la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias ni la valoración de la prueba rendida en el sumario.

Argumenta que la Excma. Corte Suprema ha establecido que la gravedad de la sanción disciplinaria no transforma por sí sola el acto administrativo en arbitrario o ilegal, añadiendo que el derecho de propiedad sobre el empleo público no reviste carácter absoluto y cede frente a conductas funcionarias graves, criterio que estima plenamente aplicable al caso de autos, destacando que el propio recurrente deduce reclamo ante la Contraloría General de la República, organismo que, mediante Oficio N° NUM004, rechaza íntegramente sus alegaciones, añadiendo que la Contraloría Regional de La Araucanía informa directamente a la Corte mediante Oficio N° NUM008, concluyendo que no advierte infracción al debido proceso ni a la normativa aplicable, considerando que el recurso debe ser rechazado por constituir una vía manifiestamente inadecuada para revisar cuestiones de mérito administrativo.

En cuanto al origen del procedimiento disciplinario, la recurrida señala que mediante Decreto Alcaldicio N° NUM009, de 14 de agosto de 2024, se ordena instruir investigación sumaria en contra del recurrente a raíz de una denuncia formulada por la funcionaria doña nombre reservado, al amparo del Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre Violencia de Género, Acoso y Maltrato Laboral y Sexual aprobado por Decreto Alcaldicio N° NUM010 de 14 de noviembre de 2022, señalando que los hechos denunciados constituyen conductas de acoso sexual respecto de una funcionaria subordinada jerárquicamente al inculpado.

Detalla la secuencia procedimental desarrollada entre agosto de 2024 y marzo de 2026, incluyendo la instrucción de la investigación sumaria, la suspensión preventiva, la elevación a sumario administrativo, los períodos probatorios, las reaperturas del procedimiento, el cambio de fiscal instructor, la formulación de cargos, la vista fiscal, la aplicación de la sanción de término de la relación laboral, los recursos administrativos deducidos, el reclamo ante Contraloría y la posterior interposición del recurso de protección.

Sostiene que el expediente sumarial, compuesto por 446 fojas, acredita dos cargos de especial gravedad. Respecto del primer cargo, señala que se acredita la existencia de un patrón sostenido de comunicación y contacto físico no consentido respecto de la funcionaria nombre reservado, así como expresiones afectivas impropias e insistentes pese al rechazo manifestado por ésta, añadiendo que conductas similares son acreditadas respecto de otras funcionarias.

Respecto del segundo cargo, indica que se acredita un acto de acoso sexual ocurrido el día 14 de junio de 2024, consistente en un abrazo por la espalda sin consentimiento, acompañado de contacto corporal indebido, señalando que tales hechos son relatados por la denunciante y corroborados por otros antecedentes testimoniales incorporados al expediente, expresando que la Contraloría General de la República analiza íntegramente el expediente disciplinario y rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por el recurrente mediante Oficio N° NUM004. Añade que, a requerimiento de la Ilustrísima Corte, la Contraloría Regional de La Araucanía evacúa el Oficio N° NUM008, reiterando que no observa infracción al debido proceso, a la normativa legal aplicable ni a las irregularidades denunciadas por el recurrente.

Afirma que el procedimiento disciplinario se desarrolla con estricto apego a las garantías del debido proceso, señalando que la investigación se inicia mediante acto fundado; se designan fiscales instructores; se formulan cargos precisos; se otorgan períodos probatorios; se reciben descargos; se practican diligencias complementarias; se realizan reaperturas; se efectúan visitas inspectivas; se emiten vistas fiscales fundadas; se dictan resoluciones motivadas; se notifican oportunamente las decisiones; se tramitan los recursos administrativos deducidos y se permite el control de legalidad por parte de la Contraloría, afirmando que el recurrente dispone de acceso irrestricto al expediente, cuenta con asesoría jurídica y ejerce todos los medios de defensa contemplados por el ordenamiento jurídico.

Agrega que el acoso sexual constituye una de las infracciones más graves contempladas por el régimen disciplinario de la función pública, señalando que el artículo 82 letra l) de la Ley N° 18.883 y el artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378 contemplan expresamente el término de la relación funcionaria como consecuencia de dicha conducta, añadiendo que la entrada en vigencia de la Ley N° 21.643, denominada Ley Karin, refuerza los deberes institucionales de investigación, protección y sanción frente a denuncias de acoso sexual, indicando que la jurisprudencia y la doctrina administrativa reconocen la procedencia de la sanción expulsiva cuando los hechos son acreditados.

Sostiene que el expediente reúne abundante prueba testimonial, documental, fotográfica y médico-laboral, obtenida durante más de un año de investigación, señalando que las declaraciones de la denunciante presentan coherencia, persistencia y concordancia, encontrando respaldo en otros testimonios incorporados al proceso y respecto de la alegada coartada invocada por el recurrente para el día 14 de junio de 2024, señala que ésta es desestimada fundadamente por la fiscal instructora debido a que la actividad desarrollada por SECPLA no impedía desplazamientos dentro del establecimiento, las oficinas involucradas eran contiguas y el propio testigo presentado por la defensa no puede afirmar que el recurrente permaneciera permanentemente en la reunión, añadiendo que los decretos alcaldicios impugnados contienen una fundamentación detallada, describen los hechos acreditados, las normas aplicables y las razones que justifican la sanción impuesta.

Argumenta que no existe vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, puesto que el recurrente es sometido al mismo procedimiento disciplinario aplicable a cualquier funcionario público, señalando que tampoco existe afectación a la honra, toda vez que las consecuencias derivan de hechos acreditados en un procedimiento regular y no de imputaciones falsas o arbitrarias y que el derecho de propiedad sobre el cargo no reviste carácter absoluto y cede frente a infracciones disciplinarias graves que autorizan legalmente el término de la relación funcionaria.

La recurrida concluye que el recurso de protección debe ser rechazado por cuanto: a) La acción cautelar resulta manifiestamente improcedente para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado. b) No existe ilegalidad alguna en los actos impugnados, circunstancia confirmada por la Contraloría General de la República. c) No existe arbitrariedad, toda vez que la sanción descansa en antecedentes probatorios suficientes y en resoluciones debidamente fundadas. d) No se verifica afectación alguna de las garantías constitucionales invocadas. e) El procedimiento disciplinario se desarrolla con pleno respeto al debido proceso. f) La Contraloría Regional de La Araucanía informa directamente a la Corte que no advierte infracciones legales ni procedimentales en los actos cuestionados, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe requerido y se declare: 1.- Que el recurso de protección no constituye la vía jurisdiccional idónea para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado, conforme a la jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema, especialmente los fallos Roles N° 52.153-2025 y N° 54.911-2025, todos dictados en casos análogos y que revocaron fallos de primera instancia que habían acogido la protección. 2.-. Que se pondere, en toda su relevancia institucional, el Oficio N° NUM008 de 12 de marzo de 2026 de la Contraloría Regional de La Araucanía, emitido en cumplimiento del requerimiento de esta Corte, por el cual el Organismo Contralor comunicó que rechazó el reclamo del recurrente por no haberse advertido infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria, ni las irregularidades denunciadas. 3.-Que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por no concurrir los presupuestos de ilegalidad ni arbitrariedad manifiestas, haberse tramitado el sumario con pleno respeto al debido proceso y haberse acreditado fehacientemente los hechos constitutivos de acoso sexual que fundamentan la sanción de Término de la Relación Laboral. 4.-. Que se condene en costas al recurrente, habida cuenta que el presente recurso fue deducido sin fundamento plausible, con evidente propósito dilatorio, y pese a que el propio recurrente agotó infructuosamente los mecanismos ordinarios de revisión ante la Contraloría General de la República, organismo que confirmó la plena juridicidad de los actos impugnados.

A folio 9, comparece nombre reservado, Contralor Regional, quien evacúa el informe requerido, señalando que con fecha 10 de octubre de 2025, el señor nombre reservado, dedujo reclamo en contra del procedimiento disciplinario instruido por la Municipalidad de Temuco en su contra, en el cual, a su término, se resolvió aplicarle la medida disciplinaria de destitución.

Añade que con fecha 27 de enero de 2026, la Contralaría Regional, conociendo de lo reclamado; lo informado por la municipalidad y la revisión del respectivo expediente sumarial, resolvió rechazar el reclamo por cuanto no se advirtió una infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, ni tampoco las presuntas irregularidades observadas por el recurrente, adjuntando copia del oficio N° NUM004, de 2026, de esta Entidad de Control, por el que se atendió el reclamo.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, conforme a lo expresado, para la procedencia de esta acción resulta indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte de manera actual alguna de las garantías constitucionales expresamente protegidas por el constituyente, correspondiendo a esta Corte verificar la concurrencia de dichos presupuestos dentro del ámbito cautelar propio de esta sede.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que los actos impugnados tienen su origen en un procedimiento disciplinario instruido por la Municipalidad de Temuco, en virtud de una denuncia por hechos constitutivos de acoso sexual formulada por una funcionaria dependiente del mismo establecimiento de salud donde prestaba servicios el recurrente.

Quinto: Que consta asimismo que durante la tramitación del sumario administrativo el actor fue debidamente notificado de los cargos formulados en su contra, presentó descargos, ofreció prueba, dedujo recursos administrativos y posteriormente ejerció el reclamo administrativo ante la Contraloría General de la República, órgano que examinó íntegramente el expediente disciplinario y desestimó las irregularidades denunciadas.

Sexto: Que las alegaciones formuladas en el recurso dicen relación principalmente con la valoración de la prueba rendida en el procedimiento disciplinario, la suficiencia de los antecedentes considerados para tener por acreditados los hechos investigados, la apreciación de los descargos del inculpado y la proporcionalidad de la sanción aplicada.

Séptimo: Que tales materias corresponden al mérito de la decisión administrativa adoptada y no constituyen cuestiones susceptibles de ser revisadas mediante la presente acción cautelar, desde que el recurso de protección no ha sido concebido como una instancia destinada a sustituir la ponderación efectuada por la autoridad administrativa competente ni a reexaminar la prueba reunida en un procedimiento disciplinario regularmente tramitado.

Octavo: Que, en efecto, de la revisión de los antecedentes no se advierte la existencia de un actuar ilegal por parte de la autoridad recurrida, toda vez que las resoluciones impugnadas fueron dictadas dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en el marco de un procedimiento expresamente regulado por la normativa estatutaria aplicable y con observancia de las etapas esenciales del debido proceso administrativo.

Noveno: Que tampoco se aprecia arbitrariedad en las decisiones impugnadas, por cuanto ellas contienen fundamentos de hecho y de derecho que explican las razones tenidas en consideración para arribar a la conclusión sancionatoria, existiendo antecedentes que fueron valorados por la autoridad instructora y posteriormente revisados tanto en sede administrativa como por la Contraloría General de la República.

Décimo: Que la circunstancia de discrepar el recurrente de las conclusiones alcanzadas por la Administración no transforma por sí sola los actos impugnados en ilegales o arbitrarios, desde que la acción constitucional no constituye una instancia revisora de mérito ni un mecanismo destinado a resolver controversias probatorias complejas.

Undécimo: Que, en consecuencia, no aparece acreditada la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el actor fue sometido al procedimiento disciplinario establecido por el ordenamiento jurídico y dispuso de las mismas oportunidades de defensa reconocidas a cualquier funcionario sujeto a investigación administrativa.

Tampoco se configura una afectación ilegítima de la honra protegida por el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, puesto que las consecuencias jurídicas cuya revisión se pretende derivan de un procedimiento administrativo regularmente sustanciado y no de una imputación arbitraria o carente de fundamento.

Finalmente, la alegada vulneración del derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República tampoco puede prosperar, toda vez que la separación del cargo deriva de la aplicación de una medida disciplinaria adoptada por la autoridad competente en ejercicio de facultades expresamente conferidas por la ley, sin que en esta sede se haya demostrado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en su dictación.

Duodécimo: Que, por lo razonado, esta Corte concluye que la acción deducida persigue, en definitiva, una revisión del mérito del procedimiento disciplinario y de las conclusiones alcanzadas por la autoridad administrativa, finalidad que excede el ámbito cautelar y excepcional del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-683-2026 (pvb).