nombre reservado con EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, uno de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO.

Comparece Marta Victoria Yáñez Queupumil, abogada, y Marcelo Ambrosio Castillo Sánchez, abogado, en representación de doña nombre reservado, Machi de la Comunidad Millapán Romero, quienes interponen recurso de protección, en contra de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., debidamente representada.

Exponen que la recurrida en su calidad de prestadora de servicios sanitarios, es titular y propietaria de la concesión del servicio de disposición de aguas servidas para 1.055 viviendas, cuya domicilio reservado habitantes, en la localidad de San Ramón, comuna Padre Las Casas. Asimismo, es titular del Proyecto “Ampliación PTAS San Ramón”, que fue aprobado por Resolución Exenta N°80/2009, de fecha 25 de marzo de 2009, de la COREMA de la Región de La Araucanía. Explica que dicho proyecto presenta como punto de descarga de la actual Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Isidro, sobre el río Huichahue, cuya tubería atraviesa un MENOKO, lugar de gran valor patrimonial y ambiental para las comunidades colindantes, tales como la comunidad María Quiñihual, la comunidad Curihuinca Vidal y la comunidad Millapán Romero, lugar en donde reside la recurrente, siendo fundamental para la salud y la integridad física y psíquica de aquella, pues es en ese lugar desde donde extrae la medicina para tratar enfermedades tanto de ella, como de los miembros de su familia y vecinos.

Refiere como acto arbitrario e ilegal, el constatado con fecha 30 de enero del 2021 y que se inicia con fecha 6 de enero del 2021, cuando con ocasión de la recolección de lawen (plantas medicinales), la recurrente se percató que la tubería de descarga del efluente venía con una coloración verde anormal que contrastaba notoriamente con el color del cauce del río; también constató que el Menoko de Tres Chorrillos ubicado en el punto de descarga del agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas San Isidro, estaba deteriorado y contaminado, por lo que con recursos propios y apoyo de vecinos decidieron encomendar el análisis del agua residual de la planta a a Hidrolab, laboratorio autorizado y certificado. Refiere que con fecha 18 de enero de 2021, el ingeniero Ambiental nombre reservado, realizó tres muestreos de la calidad de las aguas del río Huichahue, que se enviaron por encargo de la recurrente para su análisis: un muestreo 100 metros aguas arriba de la descarga de los efluentes de la planta de tratamiento San Isidro; otro del efluente tratado por la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Isidro en el punto de descarga, cuyos resultados fueron recepcionados con fecha 30 de Enero del año 2021 por la recurrente, vía correo electrónico, y finalmente un muestreo 100 metros aguas abajo del punto de descarga anterior. Dice que los tres muestreos eran necesarios para acreditar, primero, la calidad de las aguas del río aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga y descartar influencia de terceros en la contaminación de ellas, y segundo, para establecer los parámetros con que se estaban descargando las aguas residuales al momento de efectuarse la toma de muestras.

Señala que al recibir el correo con los respectivos resultados del laboratorio Hidrolab, se estableció que las aguas residuales vertidas al río superan ampliamente lo que dispone la norma chilena. Posterior a la recepción de los análisis, el 19 de febrero del año 2021 la recurrente volvió a acudir al Menoko en busca de plantas medicinales, percatándose que aún persistía la coloración inusual en el agua descargada al río y que esta tenía olor pestilente, lo que se mantiene.

En cuanto al resultado y análisis de datos, el informe ambiental elaborado por OHM ENERGY & ENVIRONMENT CHILE SPA, expone que con fecha 30 de enero de 2021 se recibió por parte de Hidrolab los resultados del muestreo la descarga de la Ampliación de la PTAS de San Ramón de la RCA Nº80/2009, los cuales fueron los siguientes: de los resultados obtenidos, se constató que la descarga no cumple el Decreto Supremo Nº90 respecto a las Normas de emisión de descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, pues se superan los valores para NK – DBO 5 – SST. Conforme a estos análisis de laboratorio, se detectaron los siguientes incumplimientos:

· Para NKT (Nitrógeno Kjeldahl), el límite máximo es de 50 mg N/L y se obtuvo un resultado de 95 mg N/L, casi el doble de lo permitido por las normas ambientales. El nitrógeno en exceso del efluente causa crecimiento excesivo de plantas acuáticas y algas, las cuales pueden tapar las entradas de agua, usar el oxígeno disuelto a medida que se van pudriendo y bloquear la luz que llega hasta las aguas profundas del río Huichahue.

· Para DBO 5 (Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días), que indica la cantidad de oxígeno que las bacterias y otros seres vivos minúsculos consumen durante cinco días a una temperatura de 20°C en una muestra de agua para la degradación aeróbica de las sustancias contenidas en el agua; el límite máximo es de 35 mg/L y se obtuvo un resultado de 321 mg/L, casi 10 veces más de lo permitido por las normas ambientales. En general, cuanta más contaminación, más DBO 5 . Dicho lo anterior, el efluente vertido de la PTAS de San Ramón al río Huichahue está muy contaminado, sobrepasando casi 10 veces lo normado.

· Para SST (Sólidos Suspendidos Totales), el límite máximo es de 80 mg/L y se obtuvo un resultado de 164 mg/L, más del doble de lo permitidos por las normas ambientales. Los sólidos suspendidos totales son pequeñas partículas sólidas que permanecen en suspensión en agua como un coloide o debido al movimiento del agua. Se utiliza como un indicador de la calidad de agua, en este caso, supera el doble de lo normado, lo cual implica un agua residual de mala calidad y que la PTAS de San Ramón no funciona correctamente.

Hace presente el libelo que el titular del Proyecto “Ampliación de la Planta de Tratamiento de San Ramón”, ingresó su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental Favorable, que es la RCA Nº80/200, de la exánime COREMA de la Región de la Araucanía, por la cual se obligó, bajo juramento, a cumplir con la legislación ambiental aplicable al proyecto y a efectuar monitoreos a las descargas para dar cumplimiento a las normas ambientales que regulan la emisión de contaminantes, así como de la calidad de las aguas continentales superficiales establecidas en el D.S. N°90, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Por las consideraciones expuestas, estima que se puede concluir que:

1. El efluente tratado del 2008 cumplía con el Decreto Supremo 90 “Norma de emisión de descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales”.

2. El efluente tratado del 2021 no cumple los límites máximos del DS 90/2001 para los parámetros Nitrógeno Kjeldahl, Sólidos Suspendidos Totales y DBO 5 .

3. La planta de tratamiento de aguas servidas no está funcionando óptima y correctamente, dado que actualmente se superan ampliamente los valores de concentraciones obtenidos del año 2008 y también se superan los límites máximos del DS 90/2001 en los tres parámetros anteriormente indicados, contaminando gravemente el medio ambiente.

4. La deficiente operación de la planta de tratamiento de aguas servidas y por consiguiente el vertimiento de su efluente, que no cumple lo normado por la actual legislación ambiental; constituye un serio riesgo a la salud de la población, el medio ambiente y la Naturaleza, aguas abajo y al mismo río Huichahue que actualmente está siendo contaminado, en especial para la recurrida y su calidad de agente medicinal Mapuche de la Comunidad Millapán Romero y demás comunidades Mapuche colindantes.

5. En relación con el estado deteriorado del Menoko ubicado en la descarga del efluente, presumiblemente pueda haber una filtración del agua servida tratada desde la última cámara de muestreo (Nº43) hacia la descarga.

6. Que la coloración verde en el agua es un hecho que se repite persistentemente y que incluso fue grabado por la recurrente con fecha 19 de febrero del 2021, según consta en video acompañado en el otrosí de esta presentación, constituyendo el actuar de la recurrida una vulneración de carácter permanente a las garantías constitucionales consagradas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Estima que la recurrida con su obrar amenaza y perturba “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, reconocido en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República., así como el artículo 19 N°8 de la misma, en cuanto asegura a todas las personas: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.

Solicita tener por interpuesto recurso en contra de la recurrida, admitirlo a tramitación, y, en definitiva, acogerlo, ordenando a la recurrida la paralización inmediata de las descargas contaminantes que efectúa hacia el río Huichahue; que se ordenen las fiscalizaciones y/o eventuales sanciones administrativas por los órganos con competencias ambientales respecto al caso sub-lite, y/o, se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: captura de pantalla de correo electrónico que notifica a la recurrente la recepción del informe N°202101010308, de fecha 30 de enero de 2021; informe N°202101010308, Número de Ingreso 692707-01, elaborado por el Laboratorio Hidrolab, emitido con fecha 29 de enero de 2021, y tomado en el punto de descarga de aguas servidas de la recurrida; informe N°202102000680, Número de Ingreso 692724-01, elaborado por el Laboratorio Hidrolab, emitido con fecha 2 de febrero de 2021, y tomado 100 metros antes del punto de descarga; informe ambiental AMPLIACIÓN PTAS SAN RAMÓN – COMUNA DE PADRE LAS CASAS EMPRESA SANITARIA SAN ISIDRO S.A., elaborado por nombre reservado., ingeniero ambiental de OHM ENERGY & ENVIRONMENT CHILE SPA, con fecha 24 de febrero del 2021; captura de video de 0:26 segundos de duración, tomado sobre el punto de descarga en el Río Huichahue, de fecha 19 de febrero del 2021 captado por la recurrente, y Resolución Exenta Nº80 que Califica Ambientalmente el proyecto "Ampliación PTAS San Ramón" de fecha 25 de Marzo de 2009, cuyo titular es la recurrida.

A folio 10, informa la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien expone que le corresponde velar por el cumplimiento por parte de los entes fiscalizados (concesionarias sanitarias), de las normas legales, reglamentarias, normas técnicas, instrucciones, órdenes y resoluciones que ella dicte en materia sectorial. En ejercicio de su función de supervigilancia y control, puede pedir informes, inspeccionar servicios, revisar y auditar su contabilidad, revisar sus proyectos y obras en ejecución, y en general, puede adoptar todas las medidas que sean necesarias, para lograr la seguridad de las personas y resguardar los derechos de los usuarios (artículo 55 de la Ley General de Servicios Sanitarios).

En este caso la localidad de San Ramón, se emplaza fuera de territorio operacional de alguna concesionaria sanitaria. Dicho territorio, constituye el marco geográfico obligatorio de acción de las concesionarias de estos servicios. Fuera de ese límite, los prestadores no pueden operar, a menos que los interesados lo soliciten, según lo establece el artículo 33 y siguientes del DFL MOP 382/88, situación que no acontece en este caso. En conclusión, teniendo presente el marco constitucional y legal que rige a esta Superintendencia, no le cabe a ella conocer ni resolver las discrepancias que se produzcan en el ámbito no regulado y ajeno a algún prestador bajo fiscalización, y que los hechos que da cuenta el presente recurso de protección, no se enmarcan dentro del ámbito señalado.

Sin perjuicio de lo expuesto, informa que, a la fecha, la Superintendencia no ha recepcionado denuncias o reclamos respecto de la planta de tratamiento de aguas servidas de San Ramón A folio 13, informa SEREMI de Salud Araucanía, y expone que consultada la Unidad de Aguas del Subdepto. de Salud Ambiental y Laboral del Depto. de Acción Sanitaria de dicha Secretaría Regional Ministerial de Salud, no se encontraron registros de denuncias por OIRS que impliquen a PTAS de San Ramón en el periodo que se indica en 2020 - 2021. Aporta que, en cuanto a fiscalizaciones programadas, dada a la situación de pandemia, en la cual el 50 % del equipo de trabajo de aquella unidad está en "teletrabajo", es que recién se ha programado una fiscalización para el día 16 de marzo de 2021, la que no consta realizada en autos.

A folio 20, informa SEREMI de Medio Ambiente Araucanía, que señala carecer de atribuciones respecto a proyectos que han sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estando dicha competencia radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente. Dado lo anterior, se ha remitido copia del Oficio a dicha institución, a fin de que pueda realizar el proceso de fiscalización y sanción correspondiente acorde a la normativa.

A folio 21, informa Superintendencia de Medio Ambiente, quien dice que con fecha 8 de marzo de 2021, fue notificada, por correo electrónico, del oficio mediante el cual esta Corte solicita informar “al tenor del recurso de protección deducido y respecto de las denuncias y/o fiscalizaciones realizadas al proyecto “Ampliación PTAS San Ramón”, del titular Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., durante los años 2020 y 2021”. Respecto a la información solicitada, informó lo siguiente:

1. Con fecha 22 de noviembre de 2020, recepcionó una denuncia en contra de la empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., titular proyecto “Ampliación PTAS San Ramón”, por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental del proyecto, correspondiente a la RCA N°80 del 24 de abril de 2009.

2. La denuncia fue presentada por el presidente de la Comunidad Indígena María Quiñihual, el presidente de la Comunidad Indígena Curihuinca Vidal, el presidente de la Comunidad Indígena Millapan Romero, el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores Tres Chorrillos, la presidenta del Grupo de Mujeres Emprendedoras Tres Chorrillos, y la presidenta del Comité Adelanto y Mejoramiento Tres Chorrillos. Al respecto, señaló, que doña nombre reservado, es una de las denunciantes, lo que posteriormente rectificó, señalando que la recurrente no fue parte en aquella denuncia, lo que consta a folio 32.

3. Con fecha 23 de noviembre de 2020, mediante ORD. OAR N°294/2020, se informó a los denunciantes que se había tomado conocimiento de su denuncia, que esta será analizado para efectos de recabar mayor información sobre las presuntas infracciones competencia del servicio. Por último, se informó que la denuncia fue registrada en el sistema interno con el ID: 111-IX-2020.

4. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2020, realizó una inspección del proyecto “Ampliación PTAS San Ramón”, para fiscalizar el cumplimiento de la RCA N°80/2009, a propósito de la denuncia presentada ante la SMA. Los detalles de la fiscalización se registran en el acta que se acompaña, la cual fue notificada personalmente a la empresa Servicios Sanitarios San Isidro S.A., con fecha 21 de enero de 2021.

5. Adicionalmente, a través del acta de inspección, se formuló un requerimiento de información a la empresa, los cuales se detallan en el punto 9 de la misma siendo tales: 1) Número de clientes conectados a la red de alcantarillado de San Ramón al año 2020 y memoria de cálculo actualizadas de la PTAS San Ramón; 2) Monitoreos de afluente y efluente tratado de acuerdo al D.S. N°90/00 junto a las cadenas de custodia y certificados de laboratorio para el período 2013-2020; 3) Metodología de medición de caudales tratados en la PTAS y VDD (m3/d) y Q máximo horario en litros por segundo en formato planilla Excel para el periodo 2013-2020; 4) Punto de operación real de la PEAS para cada equipo de bombeo de acuerdo a la curva H/Q, en caso que bajo ciertas condiciones operen las dos bombas en forma simultánea, deberá informar igualmente el punto de operación de ambos equipos en conjunto; 5) Informar características del sistema de desbaste de la PEAS del recinto de la PTAS San Ramón, cantidad de residuos extraídos, frecuencia de retiro y lugar de disposición con la respectiva autorización de la Seremi de Salud; 6) Análisis de la capacidad de la cámara o cámaras de contacto de cada línea de tratamiento en base a caudales medios y máximos de cada línea de tratamiento; 7) Autorizaciones asociadas al trazado del emisario y descarga de la PTAS en el río Huichahue; 8) Plan de mantención, seguimiento y reparación de roturas o filtraciones en emisario de la descarga del efluente tratado; 9) Informar sobre acciones y/o mediciones realizadas para dar cuenta del cumplimiento del D.S. N° 38/11 asociada al grupo generador considerando los puntos receptores más cercanos y/o vulnerables; 10) Plan de recambio de lecho de empaque de lombrifiltros y lugar de disposición autorizado por la Seremi de Salud; 11) Plan de acciones para control y mitigación de malos olores generados por la operación de la PTAS San Ramón; 12) Plan de mantención de áreas verdes dentro del recinto de la PTAS San Ramón; 13) Comprobantes de declaración de emisiones del grupo electrógeno desde el año 2015 al 2020; 14) Plan de aplicación de humus generado en el proceso con las autorizaciones respectivas y análisis realizados; 15) Monitoreos del cuerpo receptor realizados desde el año 2013 al 2020; 16)Monitoreos de fauna bentónica y monitoreo toxicológico en río Huichahue desde el año 2013 al 2020.

6. Con fecha 4 y 8 de febrero de 2021, la empresa respondió el requerimiento de información, aportando que, de la totalidad de los antecedentes solicitados, no cuenta con información de los puntos 3, 6, 8, 9 10, 11, 13, 14 y 16, antes mencionados.

7. Finalmente, cabe señalar que los antecedentes obtenidos aún se encuentran en análisis, para elaborar el correspondiente informe. En caso de que se detecten “no conformidades” o “hallazgos” por posibles incumplimientos a la normativa ambiental aplicable, la División a cargo determinará si procede o no la formulación de cargos a la empresa, iniciando un procedimiento administrativo sancionatorio.

8. Por lo tanto, debido a que esta es una investigación que se encuentra en curso, los documentos son confidenciales y cualquier forma de publicación de estos, ya sea total o parcial, podría afectar los resultados de esta, por lo que se solicita mantenerlos en reserva.

9. La reserva de estos documentos se mantendrá hasta que se formulen cargos al titular y se inicie de manera formal un procedimiento administrativo sancionatorio o bien se disponga el archivo de la denuncia según sea el caso, a partir de lo cual, toda la información obtenida en la etapa de investigación pasa a ser de libre acceso público y podrá ser consultada a través del siguiente link: www.snifa.cl.

10. Por último, indica que conforme dispone el artículo 21 de la ley orgánica de la Superintendencia informante, en caso de que por los hechos denunciados se iniciare un procedimiento administrativo sancionatorio, la denunciante tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de interesada en el precitado procedimiento.

A folio 34, informa la recurrida, Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. quien es concesionaria legal de los servicios de producción y distribución de agua potable, como también de recolección y disposición de aguas servidas en distintos puntos del país, tales como Región Metropolitana, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región de Los Lagos y Región de la Araucanía, región en que abastece, desde el año 2000, distintos sectores de la misma, tales como: Labranza, Santa María de Labranza, El Carmen, Sector Villa los Poetas, El Trébol, Los Héroes y Pillanlelbún. Tanto las concesiones, como sus ampliaciones, han sido otorgadas mediante Decretos MOP (2564/2000; 153/2011; 284/2013; 449/201; 160-2002; 86/2020; 94/2020).

En lo relativo al sector de San Ramón, éste se encuentra ubicado en la comuna de Padres Las Casas, fuera del territorio operacional de la sanitaria recurrida. De esta forma la informante abastece en la actualidad a 1.067 clientes con los servicios de agua potable, tratamiento y disposición de aguas servidas mediante convenios amparados bajo el artículo 52 BIS de la Ley General de Servicios SANITARIOS, - en adelante DFL 382/89-, que establece que “(…) Los prestadores podrán establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y continuidad del servicio público sanitario.” En dicho contexto ESSSI mantiene una planta de tratamiento de aguas servidas bajo la tecnología de lombifiltro (tecnología de tipo biológico). Este sistema de tratamiento biológico de cultivo fijo es en base a lombrices y bacterias que se combinan con distintas materias filtrantes. Este se compone de una capa de pastelones de cemento vibrado, que se apoyan sobre adoquines rectos que descansan sobre un radier. La segunda capa corresponde a capas de bolones sobre la cual se disponen una malla de raschell que permite separar la viruta con la que se trabaja para que ésta última no sea arrastrada hacia la parte inferior del módulo de lombifiltro Las aguas servidas antes de pasar por el módulo de lombifiltro, llegan a una cámara de rejas, que tienen como fin retener los materiales de mayor tamaño que pudieran haber ingresado desde la red de alcantarillado. Una vez que las aguas servidas son filtradas por este sistema de rejas pasan por filtros de separación de sólidos, cuyo objeto es separar todo solido superior a 2 MM. Una vez que ocurre ese proceso, las aguas servidas son rociadas en la superficie del biofiltro de la planta de lombifiltro y escurren por el medio filtrante quedando retenida la materia orgánica, la cual es consumida por las lombrices, oxidándola y degradándola, para luego de una serie de otros tratamientos, tales como tratamientos de cloración y decloración entre otros, el efluente que ya se encuentra tratado y en norma, es descargado en un punto del río Huichahue.

Explica que este punto de descarga se encuentra autorizado por la DGAy destaca que la planta de tratamiento fue sometida a una declaración de impacto ambiental (DIA) y fue aprobada por Resolución Exenta Nº80 del año 2009 y se construyó para una capacidad máxima de 3.348 habitantes. En cuanto al ente fiscalizador, por tratarse el sector de una zona rural, no corresponde a una zona concesionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y quien concurre a fiscalizar es la Secretaría Ministerial de Salud correspondiente al sector.

En primer término, alega la improcedencia del recurso de protección, siendo necesario que se cumplan una serie de requisitos como el estar ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales y que sean imputables a la representada; lo que no ocurre en este caso, pues su parte niega que en el río Huichahue se estén realizando descargas ilegales de aguas tratadas, toda vez que existe una Resolución de Calificación Ambiental que autorizó a descargar las aguas tratadas (RCA de fecha 25 de marzo de 2009). En ella la Comisión Regional del Medio Ambiente da cuenta expresa de la autorización de todos los organismos sectoriales que participaron y votaron a fin de aprobar la DIA presentada por mi representada.

Así, la RCA Nº80, indica que “se le autoriza a ESSSI a descargar las aguas tratadas provenientes de la PTAS de San Ramón en el cuerpo receptor (esto es el Río Huichahue), durante toda época del año, dentro del cauce del río y bajo el espejo del agua”. Agrega que ESSSI debe de cumplir con las normas relativas a la tabla 1 del DS90/2000 y norma NCH 1.333 of78 sobre calidad de agua para diferentes usos.

Asimismo, la Seremi de Salud autorizó el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas domésticas de acuerdo a la resolución exenta N°4201, de fecha 1 de abril del año 2008, por lo que es posible afirmar con fundamentos jurídicos que la recurrida cuenta con todos los permisos referentes a la descarga del efluente hacia el río Huichahue.

Así también se niega que la descarga de aguas tratadas esté contaminando el río Huichahue, toda vez que el argumento de la recurrente para sostener que el río está siendo contaminado se basa única y exclusivamente en tres muestras puntuales que se tomaron en tres puntos distintos del río Huichahue, controvirtiendo la idoneidad de los antecedentes aportados, metodología empleada, tratamiento de cadena de custodia y rigor técnico.

Sostiene que los hechos en virtud de los cuales la recurrente fundamenta su acción no reúnen los requisitos contemplados en el artículo 20 de la Constitución, en tanto no son actos arbitrarios ni ilegales, toda vez que ESSSI se encuentra operando una planta de tratamiento de aguas servidas de manera legal y se encuentra descargando las aguas ya tratadas hasta el río Huichahue, en conformidad a lo dispuesto en la resolución 4201, de fecha 1 de abril de 2008 de la Seremi de Salud, y con parámetros para descargar aguas a fuentes superficiales dentro de norma.

Igualmente niega la afectación del ejercicio legítimo del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación (artículo 19 N°8 de la Constitución Política), en particular porque a diferencia de otros derechos fundamentales tutelados por el artículo 20 de la Constitución Política, no procede respecto de las hipótesis de amenaza, restringiéndose únicamente al caso de afectación de derechos. Tampoco ha tenido lugar una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que no ha existido una vulneración a la citada garantía constitucional. Asimismo, la alusión que efectúa la recurrente a la Ley N°19.300 omite indicar que esta ley y la nueva institucionalidad ambiental son las vías idóneas para acreditar y verificar algún incumplimiento como los denunciados, cuestión que hace improcedente esta acción de urgencia para los efectos que pretende la recurrente.

En cuanto a la privación, perturbación o amenaza del derecho a la integridad física y psíquica (19 Nº1 de la Constitución Política), no puede ser acogida porque entre las dos vulneraciones que asevera haber sufrido la recurrente aparece que debería existir una relación consecuencial entre la afectación a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la privación de la integridad física y psíquica de la recurrente, lo que no puede ocurrir en la especie, toda vez que no ha existido afectación alguna al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Asimismo, precisa que la recurrente al aludir al derecho a la salud, lo hace respecto de la necesidad que tiene de ocupar ciertas plantas medicinales que estarían en la zona y que supuestamente hoy tendrían una coloración distinta. Sin embargo, esto nuevamente se encuentra vinculado al artículo 19 N°8 y no al derecho a la salud (19 N°9) ni a la integridad física y psíquica (19 N°1), pues no existe antecedente o prueba alguna que acredite que producto del despliegue de la planta de tratamiento de aguas servidas ejecutado por ESSSI se haya contaminado el área y por ende se haya visto vulnerada la integridad física de la recurrente. Por su parte, el derecho a la salud es comprendido en la Constitución Política de la República como el derecho a decidir respecto al sistema de salud, público o privado, al que se desea acceder.

Pide se desestime el recurso de autos porque en la especie no ha habido acto u omisión ilegal o arbitraria, si no que por el contrario, la recurrida se ha ajustado a la legalidad vigente, sin mediar abuso y dentro del marco de exigencias que la ley le impone, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: informe de muestras tomadas y analizados por Laboratorio Hidrolab, certificado, en el mes de enero de 2021 que dan cuenta que los parámetros se encuentran dentro de norma; Resolución Exenta N° 4201 de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía de 1 de abril de 2008, que da cuenta de la autorización de ESSSI para disponer aguas tratadas en el rio; órdenes de compra y facturas de viruta para la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Ramón; Resolución de Calificación Ambiental N°80 de 25 de marzo de 2009 que aprueba ambientalmente el proyecto "Ampliación PTAS San Ramón"; Informes de Laboratorio de todo el año 2020 que acreditan el cumplimiento de la norma de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Ramón; carta dirigida a la Seremi de Salud en cumplimiento de instrucción impartida por el organismo, en la que se da cuenta de la entrega de los Análisis de Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Ramón, analizados por laboratorios acreditados, con parámetros dentro de Norma, correspondiente al mes de julio de 2020; carta dirigida a la Seremi de Salud en cumplimiento de instrucción impartida por el organismo, en la que se da cuenta de la entrega de los Análisis de Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Ramón, analizados por laboratorios acreditados, con parámetros dentro de Norma, correspondiente al mes de agosto de 2020; carta dirigida a la Seremi de Salud en cumplimiento de instrucción impartida por el organismo, en la que se da cuenta de la entrega de los Análisis de Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Ramón, analizados por laboratorios acreditados, con parámetros dentro de Norma, correspondiente al mes de septiembre de 2020, y norma técnica NCh 411/6 Of 98 sobre la metodología de muestreo de calidad de las aguas en cuerpos receptores superficiales (ríos y cursos de agua).

Finalmente, previo a la vista de la presente causa, se prescindió del informe solicitado a CONADI, por no haber sido evacuado en el tiempo concedido.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como ha hecho presente la Excma. Corte Suprema de Justicia en forma reiterada, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por su parte, se ha expresado que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de un recurso de la naturaleza del que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, consignado lo anterior, en la especie, se ha recurrido de protección en favor de doña nombre reservado, Machi de la Comunidad Millapán Romero, según se expresa, porque aquella en cumplimiento del rol que ritual que mantiene en su comunidad, con fecha 6 de enero del 2021, mientras recolectaba plantas medicinales, se percató que la tubería de descarga perteneciente a la de la Planta recurrida de Tratamiento de Aguas San Isidro, que evacúa en el río Huichahue, venía con una coloración anormal, percatándose también que el Menoko de Tres Chorrillos, ubicado en dicho punto de descarga de residuos y de donde la recurrente obtiene sus medicinas ancestrales, se encontraba deteriorado.

Lo anterior motivó que por su cuenta se encargase estudios técnicos referidos a la calidad del agua cercana al punto de descarga en el río en cuestión, los que independiente de la metodología empleada, concluyen diferencias relevantes entre los resultados obtenidos y los límites máximos en ciertos niveles permitidos que implicarían la eventual contaminación del río.

Finalmente, la presente acción cautelar fue interpuesta luego que con fecha 30 de enero próximo pasado, la recurrente tomase conocimiento de los resultados de los informes técnicos que aquella encargó.

TERCERO: Que en lo relevante al presente recurso, informó la Superintendencia de Medioambiente, señalando que los hechos de que se da cuenta en la presente acción cautelar, están siendo conocidos en base a una denuncia que recibió previamente, el 22 de noviembre del año pasado, realizada por varios particulares entre los cuales no se encuentra la recurrente, denuncia que motivó la inspección realizada con fecha 30 de noviembre de aquél año, en virtud de la cual se requirió información a la recurrida, misma que fue en parte proporcionada, antecedentes que a la fecha se encuentran en análisis, para elaborar el correspondiente informe y para el caso que se detecten “no conformidades” o “hallazgos” por posibles incumplimientos a la normativa ambiental aplicable, la División a cargo determinará si procede o no la formulación de cargos a la empresa, iniciando un procedimiento administrativo sancionatorio. Hace presente también que los documentos allegados en atención al estado de la tramitación administrativa revisten carácter de confidenciales y cualquier forma de publicación de estos, podría afectar los resultados de la misma.

CUARTO: Que, a su turno, la SEREMI de Salud Araucanía, señalo que al momento de su informa, no se encontraron registros de denuncias por OIRS que impliquen a PTAS de San Ramón en el periodo que se indica en 2020 – 2021, sin perjuicio de lo cual, y ante la remisión de los antecedentes programó una fiscalización para el día 16 de marzo de 2021, lo que, consultado a los intervinientes en estrado, no consta haber sido realizado.

QUINTO: Que, de lo informado, particularmente por la Superintendencia de Medioambiente, en cuanto a haber constatado circunstancias de hecho que motivaron pedir información a la recurrida al momento de realizar la fiscalización de que dio cuenta, acaecida el día 30 de noviembre del año pasado, antecedentes que a la fecha se encuentran en análisis por parte de la autoridad administrativa, así como a lo afirmado por la recurrente, en cuanto a que similares hechos que motivaron aquella denuncia se encontraban vigentes al día 6 de enero del 2021, cuando los constató a propósito de realizar sus actividades propias como Machi, aspecto que figura corroborado con antecedentes básicos, pero objetivos, referidos a informes técnicos que darían cierto sustento a la sospecha de la existencia de alteraciones en el agua del río Huichahue, y que aquellas se encontraría presumiblemente en puntos cercanos a la tubería de descarga perteneciente a la de la Planta de la recurrida, es que se aprecia la necesidad de decretar medidas que puedan resguardar de manera preventiva, una afectación al derecho a la salud tanto de la recurrente como de terceras personas, ante la circunstancia de estarse vertiendo contaminantes a las aguas de un río.

Lo anterior es mandatorio, puesto que la acción de cautela que se intenta puede ser acogida, sin respecto de la procedencia de otras vías de reclamo y aun cuando no se hubiere constatado la efectividad de la infracción medioambiental, dados los tiempos que toma ello a la administración. En este sentido, la inacción de los mecanismos cautelares que permite adoptar el presente recurso, podría generar no solo la amenaza a la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución, la que se reclama en la presente acción, sino la eventual agravación de los hechos que motivan la denuncia y la consecuente afectación relevante a dicho derecho.

SEXTO: Que de esta forma, no resulta pertinente ordenar la suspensión del servicio que pretende la recurrente, puesto que aquello implicaría tener no solo una certeza de que la recurrida es causante de violación a normativa medio ambiental, certeza de la cual se carece en ausencia de pronunciamiento de la autoridad competente, sino además, de que de dicha eventual responsabilidad declarada, deriva necesariamente la aplicación de la sanción pedida y que resulta también socialmente gravosa ya que afectaría incluso a terceros que se benefician de los servicios prestados por la recurrida.

No obstante lo anterior, revistiendo los antecedentes que motivan la presente acción cierta verosimilitud de los hechos denunciados, aquello resulta suficiente a efectos de que la administración actúe de manera preventiva, sin perjuicio de las causas que actualmente esté conociendo, a fin de evitar ulteriores y penosas consecuencias que puedan producirse en la salud de la recurrente, de su comunidad o de otras comunidades que accedan a las aguas del río en cuestión.

Lo anterior es, además, consistente con la informado por la SEREMI de Salud Araucanía, que luego de la remisión de los antecedentes programó una fiscalización para el día 16 de marzo de 2021, la que, no obstante, no fue informada como realizada.

SÉPTIMO: Que, en todo caso, del petitorio de recurso de protección presentado, en base a lo razonado, puede ser acogido en cuanto la recurrida deberá tomar las medidas conducentes y oportunas para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente que regula la materia, lo que no es más que la obligación que por esencia le es exigible dada la regulación que la obliga, debiendo, en todo caso, quedar sometida en dicha acción no sólo a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, como ya lo está siendo, sino también al control y seguimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, organismos públicos que deberán coordinarse entre sí y planificar de manera conjunta las acciones que llevarán a cabo para dichos fines y respecto de los hechos que motivan el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE, la acción interpuesta por nombre reservado y Marcelo Ambrosio Castillo Sánchez, abogados, en representación de doña nombre reservado, en contra de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., sólo en cuanto se ordena a esta última dar estricto cumplimiento, a la normativa legal y sanitaria, que la regula, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de Medioambiente y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, en el ámbito de sus respectivas competencias, órganos que deberán coordinarse entre sí, a fin de dar estricto cumplimiento a lo señalado por esta Corte en el considerando SÉPTIMO del presente fallo, debiendo informar de dichas medidas cada tres meses a esta Corte de Apelaciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad Redactado por Ministro José Héctor Marinello Federici.

Protección-682-2021.(fcv)