nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, dieciséis de junio de dos mil veintidós.

A la presentación del abogado Jorge Lena Salgado, folio 21: A lo principal y otrosí: téngase presente.

Visto:

1.- A folio 1, con fecha 13/04/2022, comparece JORGE MANUEL LENA SALGADO abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, chilena, empleada, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, edificio campanario nombre reservado e interponer recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, Persona Jurídica, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ignoro cédula de identidad, desconocemos profesión ocupación u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, Santiago por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en descuento por concepto de crédito que ya se encuentra xxxx, lo que vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que la recurrida le otorgó un crédito, lo que consta en pagaré código de crédito N°092001555815, suscrito con fecha 22/08/2016, por la suma de $ $2.319.556, el que se pagaría en 32 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de e $106.648.- cada una, pagaderas el día 30 de cada mes.

Agrega que producto de su incumplimiento en el pago la recurrida inició un juicio ejecutivo en su contra que actualmente se tramita ante el 3º Juzgado nombre reservado, bajo el ROL C-5089-2018, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de mi representada por $1.159.778.- Señala que el recurrente se encuentra en mora de cumplir desde “el 31 de ENERO de 2018”, haciendo uso de la denominada cláusula de aceleración efectuó el cobro total de la deuda insoluta, demanda que se le notificó con fecha 19/12/2018.

Menciona que no obstante lo anterior el día 30 de noviembre de 2021 tomo conocimiento al recibir su liquidación por el periodo correspondiente a noviembre de 2021de que existía un descuento bajo ítem de “1,00 PRESTAMO C.C.A.F.LA ARAUCANA 1/1)” por la suma de $74.594. Concluyendo que la recurrida pretende cobrar una deuda que se encuentra judicializada, notificada y a la cual no se opusieron excepciones y actualmente el juicio se encuentra archivado.

Arguye que el recurrido demandado civilmente a mi representado, incluso pretendiendo el total de la deuda acelerada, y luego decide abusivamente afectar su derecho de propiedad con descuentos arbitrarios y/o ilegales, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, usando de manera abusiva facultad que le otorga la ley 18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno, lo que además no procede en la especie por el tiempo que hubo de inactividad.

Indica que la recurrida con su actuar a lo menos arbitrario informó para descuento las cuotas al empleador del recurrente, pasando por alto la circunstancia del excesivo lapso de tiempo desde que se había dejado de pagar la deuda (Noviembre 2009) y el derecho que tiene mi representado de defenderse exponiendo sus consideraciones al respecto.

Cita y reproduce jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad y de Santiago y Excelentísima Corte Suprema.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario indica que lo constituye el informar para descuento el crédito en parcialidades, en las remuneraciones de mi representada en la remuneración de marzo de 2022 (Informada en abril de 2022), habiendo optado por la vía civil haciendo uso de cláusula de aceleración, exigiendo el pago total de la deuda e informar para aplicar descuentos por montos no informados en las remuneraciones antes señaladas, que no guardan relación con las cuotas del crédito otorgado, y que no han sido aprobados por el recurrido.

Refiere que tomó conocimiento en abril de 2022 cuando su empleador (Clínica Alemana de Temuco SA), le pidió revisar su liquidación de remuneraciones.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas refiere:

1.- 19 N°2 de la Constitución Política de la República. 2º. La igualdad ante la ley. Luego cita doctrina e indica que la recurrida haciendo uso de un privilegio no especialmente otorgado, actúa irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; pretende accionar civilmente cobrando una deuda con cuotas aceleradas, y en cuanto seguridad social de un trabajador, pretende descontar tal crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente. Así las cosas, tal discriminación en la aplicación de la ley, que obsta el ejercer excepciones en un juicio ejecutivo y que se aprovecha abiertamente de un estatuto legal especial, vulnera la equidad y se constituye como un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas.

Añade que de igual forma, si no fuera suficiente con lo expuesto, se ha infringido lo indicado en la Circular n°2052 de la SUSESO, donde se establece que tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso y presencial (Constando en un instrumento). En lo informado, no existe tal autorización por el monto descontado a la fecha, por lo que de no informarse no puede retenerse ningún monto distinto.

2.- “Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: (…) 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. (…)”.

Indica que su representado tiene la legítima expectativa como trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tal remuneración se encuentra en su patrimonio, resguardada como se ha señalado constitucionalmente en todos sus aspectos, y en los hechos a través de las actuaciones de las que se recurre, la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de el.

Pide declarar 1) Que se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida respecto de mi representado son ilegales, 2) Que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados, 3) Que se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente;

4) O en subsidio de lo anterior, todo lo que US., ILTMA estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, 5) todo lo anterior con expresa condena en costas, Acompaña:

1.- Liquidación de remuneración del recurrente.

2.- Copia simple de demanda civil interpuesta por la recurrida.

3.- Copia simple de notificación en causa ROL C-5089-2018 del 3º Juzgado nombre reservado.

2.- A Folio 7, con fecha 22/05/2022 la sra. Jueza Suplente del Tercer nombre reservado remite:

1. Resolución de fecha 21-04-2022 causa Rol C- 5089-2018 2. Certificación de fecha 21- - , causa Rol C- 5089-2018 3. Ebook de la causa C- - 5089-2018.

3.- A folio 18, con fecha 17/05/2022 la recurrida evacúa informe solicitando el rechazo del recurso indicando:

En primer término refiere que el 22 de Agosto de 2016 la Caja de Compensación, el adelante “C.C.A.F. La Araucana”, otorgó a la Sra. nombre reservado el crédito social folio N°92001555815, por un capital de $2.319.556 pesos, a una tasa de 2.45%, pagadero en un plazo de 32 meses, con una cuota de $110.823.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de septiembre de 2016.

Refiere que la cuota del mes de septiembre de 2016 a diciembre de 2018 (1 a 28), se encuentran canceladas mediante descuentos efectuados en su liquidación, adeudando las cuotas del mes de enero a abril de 2019 (29 a 32), las que se encuentran en mora y que constituyen un saldo de capital a pagar de $440.502 pesos, por lo que se trata de un crédito plenamente vigente actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Refiere que el crédito otorgado a la recurrente tiene el carácter de social y mantiene un mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Menciona que el artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Para efecto de administrar dichas prestaciones a las Cajas de Compensación les corresponde desempeñar funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales. Pr ende, es la ley la que determina sus funciones, las que específicamente se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 que en su número 3° indica que estas pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”

Acota que en consecuencia los créditos otorgados por las Cajas de Compensación constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado.

Refiere que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Po lo anterior el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”

Menciona que el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a mi representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por lo que su actuar no es arbitrario sino un imperativo legal.

Añade que según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos Rol nombre reservado 22.325-2019, el actuar de mi representada responde a una atribución que la ley confiere a las Cajas de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas, lo que acontece en marras ya que las cuotas descontada en marzo de 2022, por la suma de $110.823 pesos, es posterior a la notificación de la demanda.

Añade que la obligación es actualmente exigible la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y la recurrente, ni tampoco la obligación se ha extinguido por aplicación de alguno de los modos contemplados en el artículo 1.567 del Código nombre reservado. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Po lo demás no se cumplen los requisitos para legar algún tipo de prescripción habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de enero de 2019, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (v. gr. ROL CS nombre reservado N°14.987-2018).

Agrega que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código nombre reservado, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”. Por otro lado, insistimos en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago de la obligación que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio como se señaló de lato conocimiento.

En cuanto a las garantías vulneradas indica que no se vulnera la garantía del artículo 19 n° 24 de la Constitución Política desde que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

A continuación refiere que respecto a lo por la recurrente en cuanto a que mi representada está haciendo uso de un privilegio no especialmente otorgado, irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo que traspasa materias; al pretender descontar un crédito sin su autorización ni información mientras el juicio se encuentra vigente, señalando además que se ha infringido lo indicado en la Circular N°2052 de la SUSESO, donde se establece que tanto lareprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso y presencial. Cabe agregar, que respecto a la autorización en el mismo pagaré (acompañado en demanda ejecutiva Rol N°C-5089-2018 caratulado “nombre reservado con nombre reservado” del 3° Juzgado nombre reservado), indica lo siguiente: “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuento por planilla de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual empleador y futuros empleadores a realizar”. Argumento que va en línea con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad en Dictamen N°56554-2015 de 07 de septiembre de 2015, que establece: “…Ahora bien, respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, su nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que usted adeude por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, razón por la cual usted no puede negarse a que se le efectúen los descuentos de que se trata”. Por otra parte, respecto a que se ha infringido lo indicado en la Circular N°2052 de la SUSESO, donde se establece que tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso y presencial, es del caso señalar que el cobro de las cuotas correspondientes al crédito otorgado a la Sra. nombre reservado no son producto de una repactación o reprogramación, las que se rigen por normas distintas y que por dicha razón deben ser autorizadas por el deudor. A mayor abundamiento, los descuentos pueden ser inferiores atendido que la Superintendencia de Seguridad Social establece máximos legales atendida la remuneración del recurrente la que puede fluctuar, pero no superiores, lo que en este caso NO ha acontecido por cuanto el monto descontado es el mismo que fue pactado al momento en que el crédito social le fue otorgado.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social.

2) Dictamen 56554-2015 de 07 de septiembre de 2015, de la Superintendencia de Seguridad Social.

3) Pagare acompañado en demanda ejecutiva Rol N°C-5089-2018 caratulado “nombre reservado con nombre reservado” del 3° Juzgado nombre reservado, correspondiente a la Sra. nombre reservado.

4) Certificado de deuda del crédito social otorgado a la Sra. nombre reservado.

3.- A folio 20 con fecha 10/06/2022 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana habría procedido el descuento en forma ilegal o arbitraria de sus remuneraciones, solicitando se ordene a la recurrida a dejar sin efecto los descuentos en la remuneración de su representado a través del empleador, devolviendo a este la totalidad de los dineros descontados, con costas.

TERCERO: Que teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes acompañados, no es un hecho controvertido que efectivamente la recurrida ha procedido a efectuar descuentos al menos desde el mes de marzo del año 2022. Asimismo, se ha acreditado que la recurrida, con fecha 16/10/2018 dedujo demanda ejecutiva en contra del recurrente, la que actualmente se tramita ante el 3º Juzgado Ciivl de nombre reservado bajo el Rol C-5089-2018, demanda en la que indica expresamente que se encuentran impagas y en mora de pago las cuotas desde el día 31 de enero de 2018.

CUARTO: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A ó ó .F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

QUINTO: Que, de esta forma, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que durante largos años dio señales de desinterés en perseguir su solución.

Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios. En ese mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 78916-2021 sostuvo: “Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.”

SEXTO: Que, en los términos reseñados, esta Corte estima que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte sobre la materia, SE ACOGE, con costas , el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos que pudieren practicarse sobre la remuneración de la actora a requerimiento de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, ordenándose asimismo la restitución del dinero ya descontado dentro de décimo día, debiendo informar de ello a esta Iltma. Corte, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto del ejercicio de las acciones civiles actualmente en tramitación entre las partes.

Se fijan las costas del presente recurso en la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos), las que se tendrán por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día de ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

N°Protección-6747-2022. (sac)