nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1) Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesional, funcionario a contrata del Instituto de Desarrollo agropecuario grado 11, interponiendo Acción de Protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, representado por don nombre reservado, en calidad de Director nacional, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado; Teatinos 370 de Santiago, por haber dispuesto el término anticipado de la relación laboral de su representado, con el SENCE, Región de La Araucanía, de manera arbitraria e ilegal, según se desprende de la Resolución Exenta N° 4981 de fecha 29 de Noviembre de 2018, por la cual se dispone la no renovación para el año 2019 de la designación a contrata de mi representado como profesional, asimilado grado 11 Escala única de sueldos de la planta de profesionales del servicio nacional de capacitación y empleo, con jornada de 44 horas semanales a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, el que se notificó con fecha 4 de diciembre de 2018 (SIC). Todo lo cual, sin duda, constituye una abierta vulneración a sus derechos, según lo preceptuado y garantizado en la Constitución Política de la República, conforme se detalla, explica y argumenta a continuación:

I.- LOS HECHOS.

Su representado, se desempeña como profesional y funcionario del SENCE, desde el mes de octubre de 2014, ingresando bajo la modalidad honorarios a cargo del programa Más Capaz.

Posteriormente y a partir del año 2016 comenzó a ser supervisor del mismo programa.

Y desde el año 2017 hasta la fecha como encargado regional en el Sence Región de La Araucanía de distintos programas dentro de los cuales se cuenta el más capaz.

Finalmente con fecha 7 de diciembre de 2018, se le notifica la resolución de fecha 29 de noviembre de 2018, en que se decide su no renovación para el año 2019, a pesar de que su calificación es lista 1 y no tiene sumarios.

EL ACTO RECURRIDO: Que, de acuerdo a la ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, “Ley de Procedimiento Administrativo”, con fecha 7 de diciembre de 2018 se verifica la notificación de la medida de no renovación de la contrata del actor fundado en la resolución Resolución Exenta N° 4981 de fecha 29 de Noviembre de 2018, que registra ingreso en correos de chile con fecha 6 de diciembre de 2018, fundado en hechos impertinentes y abiertamente improcedentes para tomar la decisión que después de más de 4 años a honorarios y a contrata lo deja sin trabajo, poniendo termino anticipado a una contrata que legal y administrativamente generó la confianza legítima en que sería renovada para el periodo 2019.

En este acto se pretende justificar la no renovación basado en que poner término a la designación de su parte fundado en que se elimina o suprime el programa Más Capaz, y a una adecuada asignación de recursos, pero sus funciones no son relativas a dicho programa pues desde su contrata de noviembre de 2017 el recurrente viene prestando servicios en distintas áreas del servicio, prueba de ello es que su designación a contrata ni siquiera menciona el programa Más Capaz, en el que si inicio su relación pero que desde 2017 se desligó prácticamente por completo del mismo. La razón dada es la resolución impugnada no tiene relación ni conexión con el recurrente.

En síntesis las razones expuestas son de carácter genérico, que ninguna o muy poca relación tienen con el área de desempeño y área de funciones de mi representado, resultan ser inaplicables a su caso, ya que son inconexas con lo que resulta que la resolución pasa a ser infundada ya que los hechos fundantes de la resolución de no renovación deben ser atingentes y relacionados con el caso en particular del funcionario, y ser reales, ninguno de estos requisitos cumple el acto recurrido.

En el caso concreto, el acto administrativo recurrido, vulnera abiertamente el dictamen 6.400-2018, emitido por La Contraloría General de la República, que plasma en su esencia los principios del derecho al trabajo, y principalmente busca frenar de parte del ESTADO, en su rol de empleador, el abuso de los regímenes especiales de contratación, llámese, honorarios, contrata, etcétera, y viene en imponer la exigencia de fundamento a éstos actos administrativos, dentro de la administración pública, y dicho fundamento debe ser atingente con la situación particular del funcionario, no genérico ni artificial, debe ser sustentable y no meramente enunciativo, y no puede ser caprichoso como lo es la resolución que se ataca en este recurso.

CONTENIDO, CONTINUIDAD Y EXTENSIÓN DE LAS DESIGNACIONES A CONTRATA QUE GENERAN LA CONFIANZA LEGÍTIMA.

Señala el dictamen que Sin perjuicio de lo que se dirá acerca de los efectos de la aplicación del dictamen N° 22.766, de 2016, resulta necesario referirse a las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza en los funcionarios.

Sobre el particular, se debe anotar que el señalado dictamen arriba a las conclusiones reseñadas en el apartado de estas instrucciones en relación con sucesivas designaciones a contrata, por lo que aquellas sólo aplican para ese tipo de vinculaciones -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma denominación- y no para los contratos a honorarios.

Conviene advertir que para los efectos de estas instrucciones se utilizan indistintamente las expresiones renovación o prórroga para referirse a aquéllas situaciones en que, sin solución de continuidad, se mantiene entre la Administración y uno de sus servidores un vínculo funcionarial a contrata o bajo alguna figura semejante de empleo transitorio.

En este contexto es procedente considerar que el deber de renovar una contrata en el evento que no se emita y comunique el acto fundado, deriva de una actuación previa por parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose.

Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación.

Luego, se debe tener presente que conforme se dispone en los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N° 18.834, y artículos 2° y 5°, letra f), de la ley N° 18.883, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, a un año calendario.

Tal preceptiva, contenida en los dos cuerpos estatutarios de mayor generalidad, esto es, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, se replica, en términos semejantes, en otros textos estatutarios, como acontece con aquellos que rigen en las fuerzas de orden y seguridad.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA NO RENOVACIÓN DE UNA CONTRATA, SU RENOVACIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS PONE TÉRMINO ANTICIPADO.

Tanto respecto de la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, los dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, respectivamente, han señalado que tales determinaciones deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo.

De acuerdo al inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Su inciso segundo prevé que para efectos de esa ley estos serán “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública".

En este sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado, estamento de asimilación o carga horaria inferior, o de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso.

Cabe precisar que la exigencia indicada precedentemente se encuentra satisfecha no obstante que el documento que disponga cualquiera de las determinaciones señaladas con anterioridad, tenga otra denominación, como por ejemplo “oficio”, toda vez que, en la medida que aquél sea suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y en el ámbito de sus competencias, éste reúne las características necesarias para calificarlo como un acto administrativo (aplica dictámenes Nos 11.909 y 29.139, ambos de 2017, de este origen).

El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N° 48.251, de 2010 Plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, o decide hacerlo por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria.

Como se señaló, los artículos 10, inciso primero, de la ley N° 18.834 y 2°, inciso tercero, de la ley N° 18.883, definen a los cargos a contrata, en similares términos, como aquellos que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que se hubiese dispuesto su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

Pues bien, como se aprecia de las normas citadas, la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo, o su renovación en condiciones diferentes, a través de la dictación del respectivo acto administrativo, en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la expectativa legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas en este numeral deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en el acápite siguiente.

Al respecto, corresponde precisar que -tal como lo expresara el dictamen N° 12.421, de 2017, de este origen-, dicho límite temporal no puede obviarse por el hecho que la respectiva autoridad haya asumido sus funciones con posterioridad a su vencimiento, pues aquél está establecido en razón del órgano que dispone la designación, prórroga o no renovación del empleo a contrata, según corresponda, y no de quien lo dirige.

En tal orden de consideraciones, concluye el referido dictamen, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año o establezca una carga horaria inferior, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate.

Notificación del acto que dispone la no renovación de la contrata o su término anticipado, o que resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o estamentoimilación inferiorduce la carga horaria.

Sobre el particular, cabe recordar que el inciso primero del artículo 45 de la mencionada ley N° 19.880, prevé que los actos administrativos de contenido individual -cómo aquel que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor o la no renovación del vínculo-, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

El inciso segundo de esa disposición prescribe que las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Por su parte, el artículo 46, inciso primero, de la precitada ley N° 19.880, dispone como regla general, la remisión por carta certificada de los actos de efectos individuales, al domicilio del interesado.

Su inciso tercero, admite la notificación de modo personal de la manera que allí indica, mientras que su inciso cuarto permite que las notificaciones sean hechas en la oficinaministración, especificando el mecanismo para ello.

Registro y Toma de Razón del acto.

El acto administrativo que dispone la no renovación de la contrata del servidor al que se le ha generado la confianza legítima se encuentra exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N° 19 del artículo 7° de la resolución N° 10, de 2017, de este origen, debiendo ser sometido a registro ante esta Entidad de Control, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del citado precepto.

El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, vulnera las garantías del art. 19 de la Constitución Política de la Republica, en su numeral 2, 16 y 24, por cuanto no da un trato igualitario a los funcionario afines políticamente con el actual gobierno que a quienes no lo son. Respecto del segundo numeral del Artículo 19, sindicado como vulnerado, se refiere a la prohibición de toda discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, esto en estrecha relación con el anterior pues se discrimina a este funcionario por considerarlo adversario o un obstáculo para un fin de una autoridad política, y no por su calidad o preparación, y por último se ha vulnerado el derecho de propiedad pues el contrato y su retribución económica han ingresado a su patrimonio, vulnerándose el derecho de propiedad con las resoluciones dictadas por la autoridad recurrida, se vulnera la legitima confianza de que se va a renovar su contrata por un periodo determinado cumpliendo los requisitos para ello.

Que, nuestra E. Corte Suprema en sus últimos fallos ha acogido el principio de Confianza Legítima que beneficia a los funcionarios a Contrata, como es este caso y así en la actualidad, es un verdadero axioma que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884.

Que frente a la actuación desarrollada por la recurrida y la argumentación entregada para la NO RENOVACION DE LA CONTRATA, debe tenerse en consideración que la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.

II.- EL DERECHO RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CALIDAD DE FUNCIONARIO A CONTRATA.

El texto legal que regula a las contratas, en su definición señala que; sus atribuciones, su forma de desempeño, como su término, está regido por la ley 18.834: el denominado Estatuto Administrativo.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.

La Contraloría General de la República a través de sus Dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, consagró a través del principio de la confianza legítima el derecho a la estabilidad en el empleo a las/os funcionarias/os a contrata que prestan servicios en la administración pública.

La confianza legítima es un derecho que las/os funcionarias/os a contrata han incorporado a su patrimonio y que sólo podría ser conculcado en forma excepcional, mediante un acto administrativo debidamente fundado. En este orden de ideas, al estar en presencia de un acto, de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado a mi parte en la comuna de Temuco recién el 7 de diciembre de 2018, el que no goza de los presupuestos básicos necesarios de forma y de fundamentación y plausibilidad, debemos concluir forzosamente que la no renovación de una contrata por todo el periodo siguiente hasta el 31 de diciembre de 2019, a la luz de los antecedentes en especial la cantidad de años servidos bajo la misma modalidad, lo que hace caer el fundamento de accidentalidad del cargo, impide su no renovación sin expresión de un razonamiento real que lo justifique y sin que se expresen los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, abre una puerta hacia a la discriminación por sexo, orientación sexual, militancia u opinión política, credo, edad, raza, condición social y en general cualquier circunstancia o característica subjetiva que en nada se relacione con las aptitudes requeridas para el desarrollo de los servicios prestados por el servidor público.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS:

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N° 2 CPR).

La Carta fundamental señala en el artículo 19 que: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres mujeres son iguales ante la ley” Esta garantía constitucional se vulnera principalmente en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia se ha procedido a efectuar la vulneración ya que se discrimina arbitrariamente, a mi representado, dejándolo fuera del servicio público, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin fundamento racional o posible falta en la gestión, lista de demérito, sanción administrativa o cualquier canon razonable que justifique la desvinculación, incumpliendo como se ha señalado más arriba, normas legales, reglamentarias, Dictámenes de la Contraloría General de la República, que establecen procedimientos objetivos para actuar en la situación de hecho que en esta oportunidad se examina. La autoridad recurrida distingue entre funcionarios de manera caprichosa y sin respaldo técnico a su decisión, lo cual es ante la normativa legal, inaceptable, completamente abusivo y un atentado a la garantía constitucional. La justificación de los actos recurridos, es errada, engañosa, insuficiente e inexistente, sin citar siquiera normativa válida alguna que ampare el actuar administrativo, permite concluir la absoluta falta de rigurosidad y apego al Estado de Derecho que requiere cualquier acto de la Administración del Estado a fin de respetar el principio de Juridicidad .- DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 N° 16 CPR). LA CONSTITUCIÓN ASEGURA A TODAS LAS PERSONAS: Nº16: La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos…” Es menester señalar US. Iltmas., que mi parte desempañaba funciones de carácter necesarias y permanentes dentro de la repartición recurrida, siendo calificado en lista 1 durante todo el periodo de tiempo que se desempeñó desde el año 2015lidadntrata ininterrumpidamente.

DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 24 CPR). La Carta Fundamental señala que “a Constitución asegura a todas las personas: Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que mi parte ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de su renovación por el periodo 2019 corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo privar de esta condición la administración, a su persona, sino por los propios medios que indica la ley, para el caso; sumarios o actos administrativos debidamente justificados. Se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo público en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la Ley contempla, lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Los actos impugnados hacen referencia a una decisión antojadiza de la autoridad, carente de todo fundamento racional y lógico, según se analizó.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso y ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 4981 de fecha 29 de Noviembre de 2018, notificada el 7 de diciembre de 2018, mediante la cual se resuelve la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2019. Ordenando, se renueve su contrata por dicho periodo a fin de que continúe en su cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que US. Determine, sean las solicitadas o las que US. determine, con expresa condenación en costas.

2) Comparece informando la parte recurrida, a través de don nombre reservado, Cédula de Identidad Nº RUT reservado, abogado.

ANTECEDENTES DE HECHO DE LA RELACIÓN ENTRE EL SEÑOR nombre reservado Y EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.

El señor nombre reservado comenzó su contrata para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo el mes de noviembre de 2017, dictándose al efecto la Resolución RA Nº 250/771/2017 de fecha 30 de octubre de 2017. Hacemos presente, desde ya, que el señor nombre reservado, desde el inicio de la contratación hasta su término, prestó sus servicios en relación al Programa Más Capaz. Luego, por medio de Resolución TRA Nº 250/6/2018 de fecha 2 de enero de 2018 se prorrogó la contrata del señor nombre reservado por el año 2018.

Finalmente, por las razones que se profundizarán, Sence determinó no renovar la contrata del señor nombre reservado, dictándose Resolución Exenta Nº 4981 que dispuso:

“3.- Que, este servicio ha tomado la decisión de no prorrogar la contrata para el año 2019 al funcionario nombre reservado RUN Nº RUT reservado, dependiente de la DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. Dicha determinación se fundamenta en la supresión de unidades del Programa Más Capaz, determinación de que da cuenta la Resolución Exenta Nº 3587, de fecha 29 de agosto de 2018, suscrita por este Director Nacional. Esta circunstancia implica que algunos cargos y funciones de dicho programa, entre los que se encuentra el cargo servido por la funcionaria resultan prescindibles.

Que la supresión de unidades del Programa Más Capaz señalada en la consideración precedente, tiene entre sus fundamentos la importante reducción presupuestaria que ha experimentado este Servicio, dispuesta mediante Decreto Nº 651 del Ministerio de Hacienda, de 25 de mayo de 2018, tomado de razón el 24 de julio de 2018, situación que conlleva la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia en el uso y administración de los recursos, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la función pública que se le ha encomendado. No es por consiguiente destinar a la funcionaria a otra unidad del Servicio.”

Pues bien, de lo antedicho, debe tener en consideración S.S. Iltma., en primer término, que el señor nombre reservado fue designado a contrata para la ejecución del programa Más Capaz, por lo que resulta del todo apartada a la realidad la alusión vertida en el texto recursivo en cuanto a que habría estado encargado de “distintos programas”, y que la Resolución impugnada “no tiene relación ni conexión con el recurrente”. En este sentido, llama profundamente la atención que la recurrente pretenda verter una alegación de tales características, considerando que es el propio Sr. nombre reservado quien en correos electrónicos que se acompañan en un otrosí de esta presentación firma dicha misiva como “Encargado Programa +Capaz. Región de la Araucanía”.

Referido lo anterior, debe tener presente S.S. Iltma. que Sence, por medio de resoluciones que se referirán en el presente informe, se ha encontrado sujeto a reestructuraciones internas, que han derivado en el término de la contratación de determinados funcionarios.

En este sentido, existieron antecedentes fundantes que implicaron la no renovación de la contrata del señor nombre reservado, debiendo considerarse además que, es un hecho de público conocimiento, el proceso de reorganización y reestructuración que ha vivido el Servicio. Así, como consecuencia de un proceso profundo de reestructuración del Servicio, y cumpliendo con el imperativo legal al que está sujeto, el Director Nacional del servicio determinó la necesidad de implementar las medidas que estimó más adecuadas para asegurar la más idónea administración de los recursos disponibles, con base en los lineamientos de la política pública y con el eje central del bien común como fin último.

Conviene mencionar en este punto, que por disposición de las autoridades competentes se efectuaron reajustes presupuestarios a nivel nacional mediante el Decreto Supremo N° 651, del Ministerio de Hacienda, de fecha 25 de mayo del año 2018, en el cual el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo se redujo sustancialmente.

Así, considerando los lineamientos y prioridades determinados por las nuevas Autoridades y la importante restricción presupuestaria experimentada por este Servicio Nacional, fue necesario realizar un exhaustivo análisis de la situación orgánica del Servicio, por lo que con fecha 29 de agosto del año 2018, y mediante la Resolución Exenta N° 3587, se estableció la “Nueva Estructura Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”, la que modificó la línea programática, los objetivos, y algunas funciones de este Servicio Nacional. Estos nuevos lineamientos incluso derivaron en la eliminación de programas de fomento, capacitación y empleo, como fue el caso, por ejemplo, del denominado “Programa Más Capaz”. Desde ya podrá apreciar S.S. Iltma. que existen fundamentos para la ejecución de la reestructuración aludida y que determinó el término de contrata del señor nombre reservado.

Ahora bien, la nueva Estructura Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, reflejada en la resolución exenta N° 3587, de fecha 29 de agosto del año 2018, se consigna a fojas 17:

Es así, y como consecuencia de la Nueva Estructura Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Resolución Exenta N° 3587, ya citada), se determinó la total supresión de la Unidad del Programa Más Capaz, donde se desempeñaba el recurrente.

La eliminación del referido programa, implica como consecuencia lógica e inevitable que algunos de los cargos y funciones que eran necesarias para su desarrollo y ejecución, dejaron de serlo entre tales funciones, se encuentra el servido por el señor nombre reservado.

En este sentido, posee el acto impugnado plena legalidad y carece de arbitrariedad, resultando carente de fundamento el Recurso de Protección interpuesto.

CONSIDERACIÓN RELEVANTE: IMPROCEDENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA “CONFIANZA LEGÍTIMA” RESPECTO DEL RECURRENTE.

El señor nombre reservado en el mes de noviembre de 2017 cuando se le designa a contrata, produciéndose una única prórroga o renovación para el año 2018.

A este respecto, debe tener presente S.S. Iltma. que la Contraloría General de la República, por medio de Dictamen Nº 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018 ha dispuesto que, para efectos de determinar la concurrencia de la confianza legítima debe estarse a lo siguiente:

“Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación” (Lo destacado es nuestro).

En este sentido, debemos hacer presente a S.S. Iltma. que el señor nombre reservado no se subsume a dicha hipótesis, toda vez que no posee dos renovaciones a contrata a su haber.

EN CUANTO AL DERECHO: INEXISTENCIA DE UN ACTO ILEGAL Y/O ARBITRARIO.

Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados precedentes, debe considerarse que la recurrente ha estimado que Sence ha obrado de forma ilegal y arbitraria por no haber renovado su prestación de servicios funcionarios. Lo anterior, en su opinión, lo legitimaría para acudir ante S.S. Iltma. mediante este arbitrio de carácter excepcional, arbitrario y ultima ratio a fin de que se restituya supuestamente los derechos que en su presentación estima como conculcados.

Pues bien, y como de seguro S.S. Iltma. se pudo percatar, la recurrente se equivoca, y existen tanto argumentos de forma como de fondo que debieran derivar en su rechazo. Sin embargo, considera esta parte que debe entregarse un breve contexto normativo para efectos de explicar por qué, en autos, la acción de protección no debiera prosperar.

Pues bien, en virtud del contexto antes indicado es que el Estado de Chile dictó el Decreto Ley N° 1446 de fecha 8 de mayo de 1976, que estableció el Estatuto de Capacitación y Empleo, que actualmente constituye el Sence, y su principal finalidad según señala su artículo 1° es: “(…) procurar un adecuado nivel de empleo, con el fin de hacer posible tanto el progreso de los trabajadores como la mejor organización y productividad de las empresas”. Para efectos de cumplir esta finalidad, actualmente Sence posee una Dirección Nacional en la ciudad de Santiago y cuenta con presencia en las quince regiones de nuestro país a través de Direcciones Regionales.

Finalmente, debe recordarse que la CPR en su artículo 7° ordena a todo órgano de la Administración del Estado – y entre los cuales se encuentra Sence- que todo acto que se realice debe ser ejecutado previa investidura regular, dicho acto debe enmarcarse dentro del ámbito de su competencia, y además debe ser ejecutado de la forma que prescriba la ley. Lo expuesto es, como se verá, relevante, toda vez que se denuncia por la recurrente que el actuar del Servicio es ilegal.

Señalado lo anterior, corresponde ahora hacerse cargo del supuesto acto ilegal y/o arbitrario que habría cometido Sence, y que consistiría en el acto administrativo que ordenó la no renovación de la contratación de la recurrente a través de la modalidad a contrata.

En primer lugar, debe indicarse que Sence se encontraba facultado para contratar a la señora nombre reservado a través de dicha modalidad según lo prescriben los artículos 2 letra c) y 9° de la ley 19.880 que regula el Estatuto Administrativo. En efecto, al respecto debe señalarse que el artículo 2 letra c) del Estatuto Administrativo define a los Empleos a Contrata como “aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución” y por su parte el artículo 9° dispone que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Señala que como se podrá apreciar, Sence estaba facultada para contratar a través de la modalidad a contrata por encontrarse prevista en la ley, y dichos cargos a su vez según consta en los artículos citados poseen un carácter eminentemente transitorio, por lo que puede Sence ponerles términos invocando una circunstancia justificada.

Por otra parte, la modalidad de contratación de la recurrente suponía transitoriedad y no permanencia desde que fue pactado que la continuidad de sus servicios dependerían de “mientras sean necesarios sus servicios”. La recurrente intenta demostrar a S.S. Iltma. que el exceso de un año en los servicios supondría que el Srvicio requiere de estos con carácter de permanente, lo cual no es efectivo. En efecto, al respecto debemos señalar que la Contraloría General de la República en Dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018 ha señalado respecto de los funcionarios a contrata, una recontratación en caso alguno deroga o impide a la Administración poner término anticipado a dichos servicios al consignar lo que se transcribe:

Este criterio, por lo demás, desde antaño ha sido sostenido por la Contraloría General de la República como consta en su Dictamen Nº 23.518 del año 2016, en el cual, refiriéndose a la posibilidad de poner término a las contratas de manera anticipada, consignó que “(…) la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida entre otro, en los dictámenes N°s. 74.764, del año 2012, y 80.960, del año 2014, ha concluido, en lo pertinente, que cuando una contratación o su prorroga, ‘mientras sean necesarios sus servicios’, la autoridad administrativa puede poner término en el momento que estime conveniente (…)”.

En razón de lo expuesto, Sence no sólo estaba facultado para poner término al servicio a contrata que prestaba la recurrente, sino que además estaba facultado para ponerle término anticipadamente ya que se esgrimieron fundamentos que derivaron a dicha decisión según fue expuesto de forma previa.

En consecuencia, en el presente caso resulta más que claro que la resolución impugnada NO es ilegal, y menos aún puede ser calificada como arbitraria, toda vez que esta fue notificada al recurrente mediante correo certificado, en ella se exponen los fundamentos que motivan la decisión, y finalmente esta decisión se materializa en un acto administrativo que produce el efecto de poner término al servicio a contrata. En razón de lo anterior, el presente nombre reservado debiera ser rechazado por manifiesta falta de fundamentos.

Sin embargo, de todas formas haremos referencia a las garantías constitucionales que se estiman conculcadas.

En cuanto a las garantías constitucionales que la resolución recurrida estima como afectadas, se señala como conculcada aquella prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, si se analizan los fundamentos del recurso, en este únicamente se indica que no se está de acuerdo con los fundamentos de la resolución recurrida y que supuestamente en otras ocasiones se habría actuado de forma diversa ¿No estar de acuerdo con el contenido de un acto administrativo afecta la igualdad ante la ley? ¿Con quién se compara la recurrente para comprender que, en su caso, ha tenido un trato desigual y de forma injustificada?

La igualdad ante la ley, en su calidad de garantía fundamental, en resumidas cuentas pretende que todo aquél que se encuentre en idéntica hipótesis jurídica con otra persona, ambos deberán ser tratados de forma idéntica. Si se analiza la acción presentada nada dice a este respecto, indicando simplemente que no está de acuerdo con la decisión de poner término a su contrata lo cual debe devenir en el rechazo de esta acusación.

Por otra parte, se alega como afectado el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Se sostiene algo pocas veces visto y ello sería que la recurrente poseería un derecho de propiedad sobre su empleo. Sin embargo, la recurrente se equivoca toda vez que el empleo a contrata – según se explicó- posee una naturaleza eminentemente transitoria y, por otra parte, y en lo referente a la confianza legítima que pudo tener la recurrente en la renovación de su empleo a contrata, tal y como se señaló por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018, mediando una razón plausible es posible poner término anticipado a los servicios a contrata y aquello ocurrió en autos, lo cual se explicó latamente de forma previa.

Se denuncia como infringida la libertad de trabajo –Art. 19 N° 16 de la Constitución Política de la República- y aquello debido a que, en su opinión, habría sido terminado su empleo a contrata por razones que no fueron de su gusto. Ésa es su alegación. Como S.S. Iltma bien sabe, la libertad de trabajo supone el derecho a la libre elección del empleo y que a nadie le será impuesto un trabajo determinado. Respecto de esta garantía fundamental se ha indicado que “asimismo, la doctrina constitucional chilena ha sido enfática en el sentido de que la garantía de la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N° 16° párrafo primero de la Constitución Política) ampara no solamente la libertad de trabajo sino el trabajo mismo. Bulnes señalaba que el legislador no podría dictar normas que atentaran contra la igualdad y la dignidad del hombre en materia laboral”1.

Como se ve, nada de lo que plantea la recurrente se relaciona en lo más mínimo con la garantía fundamental que estima conculcada y por lo tanto deberá derivar en su rechazo.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio de que queda bastante claro que este nombre reservado deberá ser rechazado, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de diciembre de 2012, causa Rol Nº 908-2011 en su considerando Décimo recoge las mismas ideas y consideraciones anteriores señalando:

“Que los hechos como cumplimiento de horario, pago de remuneración mensual y obligación de entregar informes mensuales- que la sentencia establece en su considerando noveno- y que entiende corresponde típicamente a una relación laboral, en caso alguno son propios, exclusivos y excluyentes del contrato de trabajo al tener del artículo 7 del Código del trabajo; o dicho de otro modo, aun cuando los servicios prestados por el actor se hayan desarrollado con las obligaciones de cumplir horario, cumplir instrucciones con un supervisor o superior y se pacte una suma de dinero-a cambio de la prestación- sea esta fija o en cuotas, ninguna de estas circunstancias hace que esta relación se enmarque en la norma citada; por cuanto, todas ellas pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios; a cuyas estipulaciones y condiciones se remite expresamente el inciso final del artículo 11 de la ley 18.834, las que se excluyen del derecho laboral, siendo su marco regulatorio, las normas del derecho civil.”

En definitiva, resulta claro que el nombre reservado en estos autos deberá ser rechazado a la luz de lo informado a S.S. Iltma. en esta presentación, y por lo tanto se solicita que sea rechazado y con una ejemplar condena en costas.

Por lo anterior, pide, teniendo presente el informe emitido, en atención al nombre reservado deducido por don nombre reservado y en merito a lo expuesto, disponer su rechazo, al no existir ninguna acción u omisión arbitraria e ilegal de este Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y que haya producido la privación, perturbación o amenaza, que se traduzca en un impedimento al legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en estos autos se reclama por el actor de la Resolución Exenta N° 4981 de fecha 29 de Noviembre de 2018, por la cual se dispone la no renovación para el año 2019 de la designación a contrata de su representado como profesional, asimilado grado 11 Escala única de sueldos de la planta de profesionales del servicio nacional de capacitación y empleo, con jornada de 44 horas semanales a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, el que se notificó con fecha 4 de diciembre de 2018, la cual estima resulta a su juicio, arbitraria e ilegal.

TERCERO: Que tal como se desprende de la naturaleza de esta acción constitucional, corresponde dilucidar si el acto administrativo en el cual se funda la misma reúne los requisitos que normativamente se exigen para dar lugar o bien para rechazar la misma. En este orden de ideas ello se traduce en establecer si en rigor es ilegal o arbitrario y de serlo como se han afectado las garantías constitucionales que la recurrente menciona. Para emitir pronunciamiento respecto de la discusión que se plantea por ambos intervinientes hay que tener presente que la recurrente señala que su representado se desempeña como profesional y funcionario del SENCE, desde el mes de octubre de 2014, ingresando bajo la modalidad honorarios a cargo del programa Más Capaz. Agrega que posteriormente y a partir del año 2016 comenzó a ser supervisor del mismo programa. Posteriormente el recurrente ve modificada la naturaleza jurídica de su vínculo con el servicio a partir de noviembre de 2017, mes en que es contratado bajo la modalidad de contrata en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, dictándose al efecto la Resolución RA Nº 250/771/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, siempre prestando servicios en el Programa Más Capaz. Luego, por medio de Resolución TRA Nº 250/6/2018 de fecha 2 de enero de 2018 se prorrogó la contrata del señor nombre reservado por el año 2018. Finalmente, el servicio recurrido dicta la Resolución Exenta Nº 4981 que dispuso: “ Que, este servicio ha tomado la decisión de no prorrogar la contrata para el año 2019 al funcionario nombre reservado RUN Nº RUT reservado, dependiente de la DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. Dicha determinación se fundamenta en la supresión de unidades del Programa Más Capaz, determinación de que da cuenta la Resolución Exenta Nº 3587, de fecha 29 de agosto de 2018, suscrita por este Director Nacional. Esta circunstancia implica que algunos cargos y funciones de dicho programa, entre los que se encuentra el cargo servido por la funcionaria resultan prescindibles.

Que la supresión de unidades del Programa Más Capaz señalada en la consideración precedente, tiene entre sus fundamentos la importante reducción presupuestaria que ha experimentado este Servicio, dispuesta mediante Decreto Nº 651 del Ministerio de Hacienda, de 25 de mayo de 2018, tomado de razón el 24 de julio de 2018, situación que conlleva la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia en el uso y administración de los recursos, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la función pública que se le ha encomendado. No es por consiguiente destinar a la funcionaria a otra unidad del Servicio.”

CUARTO: Que de lo expuesto se desprende que la primera designación a contrata del actor data de 30 de octubre de 2017, fecha en la que se dictó la Resolución RA Nº 250/771/2017 , a partir del 1 ° de enero de 2017 y hasta el día 31 de diciembre de 2017, misma condición que se mantuvo por renovación para el año 2018, no siendo renovada para el año 2019 tal como se desprende del recurso. Información de la que se infiere con claridad que el recurrente ostenta a su haber sólo una renovación de contrata previa, esto es la correspondiente para el período 2018. Notificándose su no renovación en la resolución materia de esta acción.

QUINTO: Que esta última constatación resulta relevante pues como la ha reiterado la Contraloría en Dictamen 016512N18, de 29-06-2018 en relación al principio de confianza legítima de que tratan los dictámenes Nos 22.766 y 85.700, ambos de 2016, y 6.400, de 2018, la circunstancia de que de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió será renovada por toda la anualidad siguiente. Tal como refiere expresamente el Dictamen 6.400 de 2018 “En este contexto, y en los términos señalados en el dictamen N° 22.766, de 2016, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.”

SEXTO: Que la referida reiteración de renovaciones en calidad de contrata son las que no concurren en el caso, en el que solo se verifica una renovación en dicho supuesto contractual, consideración que impide entender que el recurrente se haya amparado por la confianza legítima que alega, pues la inexistencia de reiteración por al menos dos años de renovaciones, no logra derribar el carácter esencialmente transitorio atribuido por ley a su contratación.

SEPTIMO: Que no obsta a lo anterior la circunstancia de existir contrataciones a honorarios previas por cuanto, de acuerdo al desarrollo de la doctrina en análisis, ésta solo aplica para las vinculaciones a contrata -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma denominación- y no para los contratos a honorarios, por lo que no sirven estas últimas vinculaciones para sumar el tiempo necesario para generar la referida confianza. (en Dictámen 016512N18, de 29-06-2018).

Dicha premisa considera que la excepción está configurada por los traspasos que en que la Administración del Estado, por ley de presupuesto, reconoce la permanencia del servidor sobre la base del tiempo de vinculación anterior a honorarios, lo que permite generar la expectativa legítima en el ahora funcionario a contrata, de que su nueva vinculación será renovada. (Dictamen N° 16.512, de fecha 29 de junio de 2018, de la Contraloría General de la República, sobre "Personal a Honorarios, Traspaso a Contrata, Leyes de Presupuesto, Confianza legítima").

OCTAVO: Que en conclusión, no se verifica la concurrencia de alguna actuación ilegal o arbitraria cometida en contra del actor que pueda imputársele al servicio recurrido, por haberse razonado que al no encontrarse amparado aquel por el principio de la confianza legítima, su contratación ha finalizado en este caso por la notificación que en tal sentido se le ha comunicado, siendo la misma debidamente fundada y dentro de la esfera legal correspondiente.

Por lo razonado y visto lo dispuesto por los artículos 19 N°1, 2, 17 y 24, artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del nombre reservado, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por JOSÉ LUIS NEIRA VEJAR, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO representado por don nombre reservado, en calidad de Director Nacional.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese.

Redacción por abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa Rol N° Protección 6688-2018 (cab)

Se deja constancia que no firman Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán y abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.