nombre reservado con INTENDENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 26 de diciembre del año 2018, comparece don José Luis Vargas Ovalle, Abogado, Rut RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, Ingeniero de ejecución en administración de empresas, Rut. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone nombre reservado en contra de la INTENDENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por el Intendente don Jorge Atton Palma, desconoce profesión u oficio, ambos con domicilio en la comuna y ciudad de Temuco, en domicilio reservado, por acto ilegal y arbitrario que atenta contra los derechos de su representado consagrados en la Constitución Política del Estado, en artículo 19 números: 3o inc. 4o; Nº 24 y Nº 2.

Funda el recurso en que con fecha 27 de noviembre de 2018 el Intendente de la región de la Araucanía, don Jorge Atton Palma, notifica a don nombre reservado que el Servicio ha determinado no renovar su designación a contrata en la Intendencia de la Araucanía (Resolución Exenta N° 6962 de fecha 23 de noviembre de 2018). A través de la Oficina de Partes de la Intendencia, con fecha 29 de noviembre de 2018 notifica al recurrente resolución de sumario administrativo (Resolución Exenta N° 3220) que lo sanciona con multa equivalente al 20% de sus remuneraciones y anotaciones en libro de deméritos.

Afirma que la primera de las actuaciones, del día 27-11-2018, pone término al desempeño profesional del recurrente en la Intendencia Región de la Araucanía, desde el 19 de Junio de 2014 hasta la fecha presente, no obstante haber sido siempre calificado en lista uno, y la segunda de las actuaciones, del día 29-11-2018, arbitrariamente le priva de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones al privarlo de una parte del mismo equivalente al 25%, refiriendo que de las calificaciones oficiales del buen desempeño profesional del recurrente, se observa que no existe ningún antecedente gravitante que amerite sanciones graves, menos aún que amerite determinar la de afectar su estabilidad y permanencia laboral en el Servicio. En efecto, es bien calificado por la misma Intendencia en cuanto a su rendimiento laboral, calidad y competencia en el trabajo, disponibilidad y flexibilidad en el trabajo, iniciativa , probidad administrativa, trabajo en equipo y relaciones interpersonales y atención al usuario.

Señala que mediante Resolución Exenta N° 1431 de fecha 6 de abril de 2018, la Intendencia ordena sumario administrativo en contra de don nombre reservado, porque habría incurrido en incumplimiento de la obligación funcionaría del artículo 61 letra c) de la Ley 18.834 , Estatuto Administrativo: "Realizar sus labores con esmero , cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución". Incumplimiento que se habría debido a un accidente culpable conduciendo un vehículo fiscal, el cual resultó con pérdida total, sin causar daños materiales ni morales a terceros, dictándose con fecha 19 de Octubre de 2018, Resolución Exenta N° 3.220, que da por concluido el aludido sumario, aplicando la medida disciplinaria de multa del 20% de sus remuneraciones, y anotación de demérito, la que se le notificó con fecha 29 de noviembre de 2018, interponiendo recurso de reposición, encontrándose aún pendiente el pronunciamiento de la Intendencia sobre este recurso que solicita invalidar el sumario de marras, e ingresando solicitud al Intendente Regional de la Araucanía para que invalide el Sumario Administrativo, y que se envíen los antecedentes a la Contraloría General de la República, por ser éste organismo el competente al efecto.

Manifiesta como derechos fundamentales vulnerados el art. 19 n° 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, puesto que la Intendencia incurre en un acto administrativo ilegal que conculca este derecho, en virtud de un sumario administrativo legalmente improcedente, toda vez que en conformidad al artículo 67 de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República de 1952, el contralor es quien esta facultado para abrir sumario administrativo, agregando que en este caso infraccional sólo existe responsabilidad por culpa, unido a que la pérdida total del vehículo fiscal, fue totalmente resarcida , puesto que los daños quedaron íntegramente cubiertos con el Seguro de Aseguradora LIBERTY SEGUROS, según Póliza 62093546, siniestro 620228694, donde la Intendencia recibió la cantidad de $8.005.000. correspondientes a indemnización por daños. Por lo tanto, refiere que la intendencia ha traspasado los límites de sus facultades y ha extendido sus facultades a asuntos que son de competencia de la Contraloría General de la República. Se ha convertido así en una comisión especial de aquellos que prohibe el artículo 19 N° 3 inc. 4o de la Constitución y de esta forma ha vulnerado la garantía del recurrente.

Agrega como vulnerado el art. 19 N" 24 de la Constitución Política de la República, solicitado la protección inmediata del derecho del recurrente de su derecho de propiedad sobre su remuneración, ya que existe un vínculo contractual entre el recurrente y la Intendencia Regional de la Araucanía, del cual emanan derechos y obligaciones para las partes , correspondiendo a la parte empleadora el pago de la remuneración sin descuentos de ninguna especie, y menos aún por una multa legalmente improcedente, aplicada en virtud de una sumario nulo, por no estar dentro de sus facultades ni potestades administrativas, toda vez que en conformidad al artículo 67 de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, el Contralor es quien está facultado para "ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios". La conducta de la recurrida implica la vulneración de la garantía del recurrente, por los siguientes fundamentos: a) Transgrede el principio de legalidad. (Arts. 6 y 7 de la Constitución); el principio de competencia. (Art. 2 Ley de Bases Generales de la Administración del Estado); el principio de confianza legítima en las contratas, principio administrativo según el cual la renovación del contrato por segunda vez, cumpliendo más de dos años de contrata y teniendo evaluaciones consecutivas durante el período en lista uno, da derecho al funcionario para continuar en el servicio. En caso de no existir un acto explícito y fundado en sentido de no renovar la contrata, se le debe renovar el contrato el funcionario obligatoriamente. En otras palabras no se pueden despedir los funcionarios que cumplen con los requisitos para hacer valer el principio de confianza legítima en las contratas. La Contraloría a través del dictamen 22.766 hace aplicable este principio a los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo, es decir, a los funcionarios públicos en general. Transgrede el principio NON BIS IN ÍDEM (no dos veces por lo mismo). Esta transgresión se configura debido a que la recurrida duplica la sanción al recurrente, por el mismo hecho infraccional. Ya se le había condenado al recurrente por el Juzgado de Policía local a pagar una multa mínima de UNA UTM y sin embargo la Intendencia, por el mismo hecho, reitera la multa, exagerando la cantidad, en 20% de sus remuneraciones. Un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos. Transgrede el principio de enriquecimiento sin causa.

Sostiene que se realiza el acto en forma arbitraria, desde el momento mismo que califica al recurrente en lista uno durante todo su desempeño profesional y luego lo sanciona desconociendo esta calificación realizada por ella misma, decidiendo desvincularlo del servicio y aplicándole una multa del 20% de sus remuneraciones, por una infracción leve meramente culposa, agregando que el fundamento esgrimido por la Intendencia para prescindir de los servicios profesionales de don nombre reservado es lo resuelto en el sumario administrativo de marras. Sin embargo, incurre en la irregularidad de notificar al recurrente esta decisión sin que previamente se haya notificado la resolución que le sirve de fundamento, agregando que la sanción aplicada resulta excesiva en relación a la falta cometida, que se estableció en ei sumario administrativo. Se manifiesta la arbitrariedad de la recurrida en la desproporción entre la calificación funcionaría en Lista Uno y la sanción exagerada aplicada en el sumario.

Asevera como vulnerado el art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que el organismo público ha discriminado al recurrente por razones políticas , por el hecho de no ser correligionario político-ideológico de la autoridad vigente. Por ello se articula artificiosamente un procedimiento especialmente destinado a desvincularlo del servicio. Esta discriminación se ve reflejada en la forma y en el contenido del sumario administrativo aludido, exagerando la infracción para, sobre esta base arbitraria, decidir la no renovación de su contrata para el período 2019, enjuiciándolo y calificándolo arbitrariamente como un mal funcionario, siendo que en la realidad es un funcionario bien calificado en lista uno.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesta Acción Constitucional de protección en favor de don nombre reservado, previamente individualizado, y en contra de la INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA, representada por el Intendente don JORGE ATTON PALMA, ambos previamente individualizados, y en definitiva se sirva declararlo admisible y acogerlo a tramitación ordenando que: a) se deje sin efecto o se anule el acto administrativo (Resolución Exenta N° 3.220 APRUEBA VISTA FISCAL Y RESUELVE SUMARIO, de fecha 19/octubre/2018, notificada con fecha 29 de noviembre de 2018) que lo sanciona con multa de 20% de sus remuneraciones y anotación de demérito en la hoja de vida funcionaría; b) se deje sin efecto acto administrativo (Resolución Exenta N° 6962 de fecha 23 de noviembre de 2018) que dispone no prórroga de contratación del recurrente, por vulnerar principio de legítima confianza y Dictamen de la Contraloría General de la República. Ambos actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República, y se adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para resguardar y proteger los derechos constitucionales se estimen pertinentes para resguardar y proteger los derechos constitucionales indubitados del recurrente que están siendo objeto de privación absoluta, a fin de que se restablezca a la mayor brevedad el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

En el primer otrosí, solicita tener por acompañados, bajo apercibimiento del N° 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil: 1} Mandato judicial en que consta mi personería para actuar en representación del recurrente; 21 Acta de notificación de fecha 27 de noviembre de 2018; 3) Resolución Exenta N° 6962; 4) Resolución exenta N° 3.220; 5) Oficio N° 347 Causa Rol 32.282, del Juzgado de Policía Local de Traiguén; 6} Recibo de indemnización , finiquito y cesión de derechos Liberty Seguros; 7} Reposición Resolución Exenta N° 3220 de fecha 05 diciembre de 2018; Carta al Intendennte Sr. nombre reservado , de fecha 17 de diciembre de 2018; 81 Hoja de acuerdo y calificación período 01 septiembre del 2016 al 31 de Agosto de 2017; 9) Hoja de acuerdo y calificación período 01 septiembre del 2017 al 31 de Agosto de 2018; 10} Certificado de antigüedad N° 3619, de fecha 13 diciembre 2018 del Departamento Desarrollo y Gestión de Personas Ministerio del Interior y Seguridad; 11} Certificado de antigüedad N° 3619, de fecha 13 diciembre 2018 del Departamento Desarrollo y Gestión de Personas Ministerio del Interior y Seguridad; 12) Prórroga contratación 1 enero a 31 diciembre 2017, suscrito Subsecretaría del Interior con fecha noviembre de 2016; 13) Prórroga contratación 1 enero a 31 diciembre 2018, suscrito Subsecretaría del Interior con fecha noviembre de 2017; 14) Solicitud pronunciamiento a Contraloría de fecha 07 diciembre de 2018; 151 Solicitud de Contraloría a Intendencia de la Región de la Araucanía, respecto presentación de don nombre reservado, de fecha 12 diciembre de 2018.

A folio 15, con fecha 07 de febrero del año 2019, comparece don Carlos Manque Pérez, abogado, en representación de la INTENDENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Manifiesta que el recurrente don nombre reservado, es ingeniero de ejecución en administración de empresas de profesión, ingreso a la Intendencia regional de La Araucanía, para desempeñarse como Fiscalizador de camiones aljibes, en calidad jurídica contrata desde el 1 de octubre de 2016, según Resolución TRA N° 245/1390/2016, grado 12° EUS. En los años siguientes, su designación fue prorrogada sucesivamente mediante resolución RA n°245/36/2017 y RA n° 245/81/2018, siendo esta su última prórroga que extendió su contratación hasta el 31 de diciembre de 2018. Ahora bien, en lo que respecta a las labores específicas del recurrente, estas consistían en fiscalizar el funcionamiento de los camiones aljibes, para el SERVICIO DE SUMINISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, A TRAVÉS DE CAMIONES ALJIBES, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Efectivamente, con fecha 27 de noviembre de 2018, el Intendente de la Región de La Araucanía, don Jorge Atton Palma, notificó al Sr. nombre reservado informando que el servicio determinó la no renovación de su designación a contrata para el periodo 2019, por resolución exenta N° 6962 de fecha 23 de noviembre de 2018. Si bien, el recurrente indico haber sido calificado siempre en lista uno, las razones que fundan la no prorroga de contrata, dejan constancia de una mala evaluación particular del funcionario, "el cual realizo sus funciones sin el cuidado y diligencia debida exigible no solo a cualquier funcionario público, sino que a todo hombre razonable, lo que trajo consecuencias negativas a esta Intendencia, que se reflejó en una negativa imagen por hechos que alcanzaron, incluso, connotación pública." Situación que consta en resolución de Sumario Administrativo n°3220, de fecha 19 de octubre de 2018, motivo por el cual se aplica al Sr. nombre reservado, la medida disciplinaria de multa de 20% de sus remuneraciones y anotación de demerito en su hoja de vida, en razón de accidente que causo la pérdida total de vehículo fiscal, placa patente FJ.RG-32, siniestro ocurrido el día 02 de febrero de 2018, en la comuna de Traiguén. El juzgado de Policía Local de Traiguén, condeno a don nombre reservado a pagar una multa de 1 UTM, por conducir vehículo motorizado y no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, siendo ello la causa principal del accidente de tránsito que ocasiono daños. Dejando constancia de esto en su hoja de calificación y registrando un puntaje final de 87.0. Agrega que el recurrente solicitó a Contraloría Regional de La Araucanía, pronunciamiento respecto de la legalidad de la resolución que aprobó la vista del Sumario, el que a la fecha se encuentra pendiente. Por último, otro antecedente relevante es que se dispuso el traspaso de la administración de los camiones aljibes, desde la Intendencia Regional de La Araucanía a las Gobernaciones Provinciales a contar del año 2019, mejorando de esta forma la comunicación con los respectivos municipios, motivo por el cual, desde este año deja de existir la función de fiscalizador de camiones en esta Intendencia, por no contar con la administración de estos recursos de emergencia, para la gestión del déficit hídrico en la distribución de agua para consumo humano, a través de camiones aljibes. Fundamentos en definitiva, de acuerdo a las modificaciones y reestructuración de las funciones de este órgano, hicieron prescindir de los servicios de fiscalizador de camiones aljibes para el periodo 2019.

Sostiene la improcedencia formal de la presente acción de protección: por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por el actor, puesto que el actor solicita mediante esta acción de protección, que se adopten todas las medidas necesarias para dar efectivo resguardo a las garantías constitucionales eventualmente conculcadas, lo que en los hechos significaría dejar sin efecto la resolución exenta 6962/2018 del Servicio de Gobierno Interior. El nombre reservado no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el propio dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en la contratas.

Agrega que respecto de la no renovación del recurrente, el Subsecretario del Interior actuó en su calidad de Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior, según lo previsto en el artículo Io del DFL N° 22, de 1959, del Ministerio del Interior. Por lo tanto, dicha autoridad tiene plenas facultades legales para resolver acerca de las renovaciones del personal con desempeño en las Intendencias y Gobernaciones, recalcando el cumplimiento del Dictamen 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República, razón por lo que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente, refiriendo que el actor sostiene que la no renovación de su contrata carece de fundamentación suficiente dado que se amparó exclusivamente en los resultados de sumario citado, sin otras consideraciones. A este respecto, reitera que la no renovación del recurrente a partir del año 2019 obedece en primer lugar, a la actual crisis presupuestaria que enfrenta el Servicio de Gobierno Interior por presiones de gasto tolerados por la Administración anterior y que no están respaldados en el presupuesto vigente, lo que evidencia una situación de desorden financiero por la que se están cursando actualmente sumarios administrativos que se encuentran en etapa de sustanciación reservada. Así, sostiene que se ha cumplido con las formalidades legales para que la Resolución exenta N° 6962 de 2018, del Servicio de Gobierno Interior cumpla con el estándar de motivación que le compete; no pudiendo ser éste entonces el fundamento del cuestionamiento planteado por el recurrente, quedando de manifiesto además, la existencia de sentencia del Juzgado de Policía Local de Traiguén que condena al recurrente por no estar atento a las condiciones del tránsito, lo que dejo con pérdida total el vehículo fiscal patente FJ.RG-32 y, que la autoridad tuvo razones suficientes para no renovar la contrata del recurrente.

Asevera la no afectación al principio de "confianza legítima", siendo el acto recurrido debidamente motivado de acuerdo a los criterios y categorías indicados por el Órgano Contralor, es que la actuación de la Subsecretaría del Interior, se encuentra perfectamente ajustada a derecho y es ajena a cualquier tipo de arbitrariedad, razón por lo que estima que no hubo vulneración a garantías fundamentales, solicitando el rechazo del recurso.

Al primer otrosí, acompaña los siguientes documentos: 1. Res. TRA N° 245/1390/2016, que designa contrata de fecha 27 de octubre de 2016; 2. Res. Ex. RA N° 245/36/2017, que prorroga contrata de cargos que indica, de fecha 4 de mayo 2017; 3. Res. Ex. RA N° 245/81/2018, que prorroga contrata de cargos que indica, de fecha 17 de enero de 2018; 4. Acta de notificación de fecha 27 de noviembre, que comunica la no renovación de contrata; 5. Res. Ex. N°6962/2018, de fecha 23 de noviembre de 2018; 6. Copia Res. Ex. N°1431, de fecha 06 de abril de 2018, que ordena sumario administrativo; 7. Res. Ex. N°3220, de fecha 19 de octubre de 2018, que aprueba vista fiscal y resuelve sumario.

A folio 17, con fecha 13 de febrero del año 2019, la parte recurrida acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria por parte del recurrente la dictación de la Resolución Exenta N° 3.220 emanada de la Intendencia Regional de la Araucanía que aprobó la vista fiscal y resolvió el sumario administrativo en contra del actor, sancionándolo con multa de 20% de sus remuneraciones y anotación de demérito en la hoja de vida funcionaría; y asimismo, la dictación de la Resolución Exenta N° 6962 de fecha 23 de noviembre de 2018 que dispuso la no prórroga de contratación del recurrente, solicitando se dejen sin efecto, adoptando las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que no es un hecho controvertido que el recurrente nombre reservado, fue contratado en la calidad jurídica contrata desde el 1 de octubre de 2016, siendo sus funciones el de Fiscalizador de camiones aljibes, prorrogándose sucesivamente su contratación hasta el 31 de diciembre de 2018.

De esta manera, corresponde determinar si los actos administrativos dictados por la autoridad administrativa se han pronunciados en forma arbitraria e ilegal, con infracción a derechos fundamentales.

CUARTO: Que así, respecto a la sanción en el procedimiento sumarial, es dable tener presente que efectivamente se inició sumario administrativo en contra del recurrente el cual concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N° 3.220 emenada de la intendencia Regional de la Araucanía que aprobó la vista fiscal y resolvió sumario administrativo en contra del actor, sancionándolo con multa de 20% de sus remuneraciones y anotación de demérito en la hoja de vida funcionaría, siendo sus fundamentos que "la investigación realizada permitió verificar la responsabilidad administrativa del inculpado, en accidente de tránsito ocurrido con fecha 22.02.2018 que trajo como resultado la pérdida total del vehículo fiscal, perteneciente al Servicio de Gobierno Interior, correspondiente a la camioneta Nissan Terrano DCAB SXS 4X4 2,5 del año 2013”, lo que dio origen a la formulación de cargos relativo a la infracción establecida en el artículo 61 letra c) de la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo, esto es, “no realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”, concluyendo que “la sanción propuesta por el señor Fiscal nombre reservado del presente sumario administrativo, se ajusta al mérito de los hechos efectivamente acreditados durante la indagatoria, por lo que se mantendrá la propuesta del Fiscal nombre reservado”.

QUINTO: Que de esta forma, a juicio de esta Corte, no se divisan los defectos que al proceder de la Intendencia recurrida se imputan, por el contrario, se desprende de los antecedentes allegados a la causa, que la autoridad administrativa ha actuado conforme a derecho, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad de ningún tipo.

En este sentido, resulta relevante el pronunciamiento de la Contraloría Regional de la Araucanía, de fecha 08 de febrero del año 2019, que ante la solicitud de pronunciamiento del recurrente, indica que de los antecedentes acompañados, “aparece que aquel se encontraba realizando una comisión de servicio al momento de ocurrir el accidente, por tanto utilizaba el vehículo fiscal en las funciones propias del servicio al que pertenece, lo que no supone un uso indebido de vehículo fiscal en los términos preceptuados en el ya referido ley Nº799, de 1974”, agregando que se ha aplicado una medida disciplinaria en el contexto de una contravención a la normativa que regula el uso de vehículos estatales, concluyendo que “no se observa irregularidad en el actuar de ese servicio, debiendo desestimarse la presentación de la especie”.

SEXTO: Que, de lo que se viene de consignar, se concluye que no ha existido de parte de la autoridad administrativa denunciada ilegalidad o arbitrariedad alguna en su actuar y que la sanción aplicada al actor se ajusta al mérito del sumario y la legalidad aplicable al caso, no pudiéndose sostener que el recurrente haya sido objeto de un trato discriminatorio que haya vulnerado la igualdad ante la ley, pues el pronunciamiento impugnado resulta aplicable en los mismos términos a todos los funcionarios públicos del país, ni se haya afectado otros derechos fundamentales invocados.

SEPTIMO: Que por otra parte, en cuanto a la dictación de la Resolución Exenta N° 6962 de fecha 23 de noviembre de 2018, que dispone no renovar la contrata para el año 2019 del recurrente don nombre reservado, en atención a una serie de fundamentos, dentro de los cuales se destaca el fundamento séptimo que da cuenta de la “mala evaluación particular del funcionario que a continuación se individualizará, el cual realiza sus funciones reiteradamente sin cuidado y diligencia debida exigible no sólo a cualquier funcionario público, si no que a todo hombre razonable, lo que a traído consecuencias negativas a dicha Intendencia, que se refleja en una negativa imagen por hechos que alcanzan, incluso, connotación pública”, agregando que “lo expuesto se puede ejemplifcar, ilustrativamente, en Resolución Nº3.220, de fecha 19 de octubre de 2018, por lo cual se aplica al Sr. nombre reservado, la medida disciplinaria de multa del 20% de sus remuneraciones y anotación de Demérito en su Hoja de Vida por Sumario Administrativo…”

OCTAVO: Que en el Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, se consagra el principio de estabilidad laboral a la que tiene derecho todo funcionario sin distinción, conforme a lo establecido en su artículo 89, y sin que se exima a quienes detentan la condición “a contrata”, por lo que no podría discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “a contrata”.

Los criterios administrativos y judiciales, por su parte, se han unificado en cuanto a estimar que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016.

El artículo 10 de la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N° 19.880, acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares, y a su artículo 41 inciso cuarto, que dispone que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

Se exige entonces, que en la resolución que contenga la decisión de no renovación de la contrata, se tenga en consideración lo prevenido por la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la que se asegura un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880.

Entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él, a lo cual debe aunarse lo preceptuado por los artículos 11 y 41 antes citados.

NOVENO: Que teniendo presente el marco normativo referido en la motivación precedente, necesario es concluir que la decisión de la recurrida que ha sido cuestionada a través del presente recurso, de no renovar la contratación del actor para el año 2019, fue ejercida en conformidad a las disposiciones legales antes citadas y que atendido, además, al principio de confianza legítima, la autoridad ha motivado suficientemente la resolución recurrida, por lo que no está en presencia de un acto ilegal o arbitrario.

En efecto, la decisión de la recurrida se materializó a través de un acto administrativo, en este caso la Resolución Exenta N° 6962, dictado por el Subsecretario del Interior, con fecha 23 de noviembre de 2018, no habiéndose discutido el hecho de que tal decisión fue notificada a la recurrente dentro del plazo legal, así como el hecho de su remisión a Contraloría para su registro, también de manera oportuna, dándose así cumplimiento a las disposiciones que regulan el actuar de la autoridad en estas materias.

Dicho acto administrativo, además, y en lo que interesa al recurso, se encuentra debidamente motivado, en cuanto se señalan claramente las razones que tuvo en vista la recurrida para decidir la no renovación de la contrata del actor, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, haciéndose referencia a hechos concretos y determinados, que son atribuidos de manera expresa al recurrente y que dicen relación con la mala evaluación en relación con realizar sus funciones sin el cuidado y diligencia debida, lo cual se ejemplifica con la medida disciplinaria impuesta por Resolución Nº3220, de fecha 19 de Octubre del año 2018.

De esta manera, no se trata de la enunciación de consideraciones genéricas sino de la exteriorización de hechos específicos, en cuya virtud la recurrida adoptó la decisión de no renovar la contrata del actor todo lo cual otorga a la decisión de la autoridad el correspondiente sustento que la actora reclama, desde el momento que de la sola lectura de la Resolución Exenta N° 6962 resulta posible colegir la motivación de la misma.

DECIMO: Que de todo lo expresado no es posible formar convencimiento en orden a que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor del recurrente, resultando inconducente referirse a la supuesta vulneración de las garantías constitucionales que se denuncia, motivo por lo que se desechará el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el nombre reservado deducido por don José Luis Vargas Ovalle, Abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la INTENDENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por el Intendente don Jorge Atton Palma, todos ya individualizados.

Redacción del Ministro Sr. Aner Padilla Buzada.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Protección-6683-2018. (fcv)