nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICADE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, tres de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece CAROL ESTEFANIA APABLAZA CHEUQUEPÁN, abogada, en favor de doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

I. LOS HECHOS.

1. Doña nombre reservado, inició en contra SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA, rol único tributario numero 61.601.000 demanda laboral por cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco bajo el RIT 0-617-2022.

2. En la causa judicial referida, se acogió la demanda incoada por doña nombre reservado, dictándose sentencia definitiva con fecha 07 de octubre del año 2022, la cual en su parte resolutiva dispone: “Que se acoge la demanda interpuesta por doña nombre reservado, en contra de su ex empleador, SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA, rol único tributario numero 61.601.000.- representado judicialmente por el FISCO DE CHILE – CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO y su abogado procurador fiscal don Álvaro Sáez Willer, en cuanto se declara que el despido por la causal de necesidades de la empresa de fecha 30 de abril de 2022 es injustificada se condena a Fisco de Chile al pago de las siguientes prestaciones: a) La suma de $6.739.790.- a titulo de lucro cesante por concepto de las remuneraciones adeudadas correspondientes a los meses de mayo 2022, junio 2022, Julio 2022, agosto de 2022 y septiembre de 2022; b)Feriado proporcional adeudado equivalente a 3 días esto es $134.799; c) Que las cantidades otorgadas serán reajustadas de conformidad a lo dispuesto en el articulo 63 del Código del Trabajo.

3. Se certificó la ejecutoria de la referida sentencia el 21 de octubre de 2022.

4. Así las cosas, en virtud de que la recurrida no pagó las sumas condenadas por concepto de remuneraciones y feriado proporcional a mi representada, se derivo la causa a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral bajo el RIT C-499-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

5. Que en dicha causa se ingresó con fecha 09 de febrero del año 2023, resolución exenta número 237 de fecha 06 de febrero del año 2023, emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se resolvió: “1.- La Tesorería Regional de La Araucanía pagará la suma única y total de $6.892.459.- (seis millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos) a nombre reservado, RUN Nº RUT reservado; o a quien o quienes sus derechos representen, caso en el cual deberá acreditarse al momento del pago, la vigencia y suficiencia del poder con facultad para percibir, como en derecho corresponda. Lo anterior, según copias autorizadas de las siguientes piezas de autos: 1.1.- Sentencia definitiva de fecha 07 de octubre de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; 1.2.-Liquidación del crédito, de fecha 26 de octubre de 2022; 1.3.- Resolución de fecha 27 de octubre de 2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, que tuvo por practicada la liquidación del crédito y por aprobada si no fuere objetada dentro de quinto dla. Asimismo, se agregó copia autorizada de la certificación de fecha 21 de octubre de 2022, que acredita que habiendo transcurrido el plazo legal de impugnación y sin que exista constancia en autos de la presentación de recursos contra la sentencia definitiva de autos, ésta se encuentra firme y ejecutoriada; y copia autorizada de la certificación de fecha 07 de noviembre de 2022, que acredita que encontrándose vencido el plazo para objetar la liquidación del crédito, no consta en autos que se haya deducido reclamación alguna dentro del plazo legal; todas correspondientes a la causa caratulada "nombre reservado CON nombre reservado", RUC Nº 22-4-RUT reservado, RIT Nº 0-617-2022 y ROL N° C-499-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 2.- Atendido que la liquidación del crédito considera reajustes hasta octubre de 2022, se faculta a la entidad pagadora para que actualice dicha liquidación de acuerdo con la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde noviembre de 2022 y el mes anterior al de su pago efectivo. Respecto de los intereses, éstos deberán actualizarse desde el 27 de octubre de 2022 y hasta la fecha de su pago efectivo. 3.- lmpútese el gasto al ltem”:

6. Así las cosas, y habiéndose presentado el apoderado de la recurrente en las Oficinas de Tesorería General de la República de la comuna de Temuco, con fecha 14 de febrero del año 2023, a fin de que se procediera a efectuar el pago ordenado en causa de cobranza laboral ya antedicha se le informó mediante un “comprobante de compensación” impreso con fecha 14 de febrero del año 2023 y dirigido a su representada, lo siguiente: “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 10/02/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 826931” para indicar más adelante que el monto compensado ascendía a la suma de $7.175.393 pesos.

7. Junto con el “comprobante de compensación”, se le entregó al apoderado de su representada, un “COMPROBANTE DE EGRESO”, indicándose que el total autorizado es de de $7.175.393 pesos y que el monto compensado es de de $7.175.393 pesos.

8. Su representada tomó conocimiento de esta información el día MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, en que su apoderado le hace entrega de estos documentos y le explica que no habría pago de lo obtenido en su demanda laboral, porque la Tesorería General de la República, retuvo y compensó, la suma de $7.175.393 pesos.

9. Agrega que la Tesorería General de la República, ha retenido y compensado, ilegal, arbitraria e unilateralmente, las remuneraciones adeudadas por la SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA y obtenidas en virtud de una sentencia De esta forma la recurrida retiene el monto señalado anteriormente sin ofrecer mayor argumento respecto a la razón de esta retención, infringiendoasí los derechos constitucionales de mi representada.

El acto que provoca la privación, perturbación y constante vulneración día a día al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que nuestra Carta Constitucional reconoce a su representada, está constituido por el acto arbitrario e ilegal efectuado por Tesorería General de la Republica consistente en la retención arbitraria e ilegal de la suma de $7.175.393.- (Siete millones ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos) que mi representada obtuvo mediante sentencia judicial y a título de remuneraciones adeudadas, sin ofrecer justificación o argumento alguno, privando arbitrariamente a la actora de lo que en derecho le corresponde.

II. EL DERECHO.

1. DEL ACTO ARBITRARIO E ILEGAL.

En primer lugar cabe mencionar que si bien la legislación actual permite que la Tesorería General de la República retenga ciertos bienes -como la devolución de impuestos-, ésta facultad solo será aplicable cuando corresponda y sobre la base de antecedentes serios y fundados que acrediten y justifiquen su aplicación, antecedes los cuales -como se mencionó anteriormente- no son aportados por la recurrida a fin de fundamentar adecuadamente la retención, sin fundamentar entonces su actuar administrativo y unilateral.

En segundo lugar, es necesario señalar que no existe orden judicial ni decreto administrativo alguno seguido ante expediente administrativo, en donde se hayan decretado embargo de las remuneraciones de la recurrente y en favor de la Tesorería, y en el mismo sentido, no existe norma alguna que habilite a Tesorería a retener el 100% de las remuneraciones ni feriado legal correspondientes a su representada.

Así las cosas, se ha vulnerado la ley en cuanto a la inembargabilidad de las remuneraciones, ya que el artículo 276 de la Ley N°20.720, en su inciso primero señala:

“Inembargabilidad: Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del articulo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por tres meses después de dictada la resolución de liquidación de los bienes de la Persona Deudora”. En este sentido existe una ILEGALIDAD en el obrar de la recurrida en perjuicio de doña nombre reservado.

Por su parte los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil, 57 del Código del Trabajo y 96 del Estatuto Administrativo forman en nuestro sistema jurídico una interpretación sistemática respecto a la situación de embargabilidad e inembargabilidad de las cosas, lo que analizando las normas en cuestiones nos permite concluir que el sistema jurídico propende a la protección de las remuneraciones, señalando causales especificas respecto a su susceptibilidad de ser embargados, siento por tanto, la embargabilidad una situación excepcional que debe ser interpretada de manera restrictiva.

El actuar de Tesorería General de la Republica al retener el 100% de las remuneraciones adeudadas de su representada, es ilegal, toda vez que los mecanismos de protección de remuneraciones son normas de Orden Público, que no miran solo al interés de la persona, sino especialmente, al beneficio que tales resguardos irrogan a la sociedad en su conjunto, todo lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley y propiedad, contenidas en el articulo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política del a Republica.

El obrar de la recurrida además es arbitrario, toda vez que no existe razonabilidad en el actuar de la denunciada, no tiene fundamento ni motivo, y al carecer de motivo, -requisito escencial de todo acto administrativo- se torna en arbitrario, no existiendo un proceso administrativo debidamente tramitado en el cual pudiera ser emplazada mi representada a fin de hacer valer sus defensas respecto a la retención de sus remuneraciones.

Suponiendo que la retención y compensación corresponde al crédito a que se refiere la Ley N°20.027, lo que no ha sido informando ni notificado a la recurrente, en su artículo 17 permite a Tesorería General de la República efectuar retención sólo en los siguientes términos:

“La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Así las cosas, es evidente que Tesorería solo puede efectuar retención sobre la devolución de impuestos de su representada, mas no sobre el pago de remuneraciones a razón de una demanda laboral, no existiendo así norma alguna que autorice el actuar de la recurrida. Asimismo, la recurrida no ha evacuado argumento alguno para justificar la retención efectuada en contra de mi representada, por lo que no se puede justificar de manera alguna la retención a sus remuneraciones, por el contrario, es evidente que la ausencia en si misma de fundamentos es una manifestación más de la arbitrariedad del acto efectuado por la contraria.

2. DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS.

A. ARTICULO 19 N°2 CPR: DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

Teniendo presente los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 en cuanto disponen que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos administrativos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos y además que las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo deberán ser fundadas, es evidente que se ha infringido la igualdad ante la ley de mi representada, toda vez que se le ha retenido sus remuneraciones sin ningún tipo de justificación, no existiendo acto administrativo alguno que informe respecto a la retención, infringiéndose así la igualdad ante la ley de mi representada, toda vez que se le ha privado de un derecho el cual corresponde a todas las personas.

B. ARTICULO 19 N°24 CPE: EL DERECHO DE PROPIEDAD.

El actual arbitrario e ilegal de la recurrida infringe y vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que, si bien la Tesorería General de la Republica tiene la facultad de retener la devolución de impuestos, esta es restringida, pues solo puede retener la devolución de impuestos, mas no en remuneraciones ni feriado obtenidas en juicios laborales como ocurre en el caso de su representada y a mayor abundamiento, cualquier retención debe fundarse en motivos razonables que deben justificarse, cuestión que no ha ocurrido en el caso de marras. La infracción a esta garantía constitucional ocurre desde el momento que se establece una situación carente de fundamento, que impide a una persona a obtener lo que en derecho corresponde en virtud de una sentencia dictada por un Tribunal de la República, obligándolo a recurrir ante S.S.I, lo cual provoca un evidente perjuicio en su patrimonio y en su libertad.

La referida garantía consagra el derecho de propiedad respecto a todos los bienes corporales e incorporales que se encuentran en el comercio humano. Así las cosas y tal como se señaló anteriormente, respecto de las remuneraciones obtenidas en virtud de una sentencia judicial, esta adquirió su propiedad, y por el simple hecho de la recurrida de retener injustificadamente estas remuneraciones, utilizando en forma ilegitima los procedimientos establecidos en la ley, se está vulnerando su derecho de propiedad respecto de dichas remuneraciones, afectando gravemente su garantía constitucional, la cual precisamente asegura que ninguna persona o grupo puede vulnerar el derecho de propiedad en sus diversas especies que se tiene respecto al patrimonio.

Pide ordenar:

I. Se ponga término a la vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, ordenando se restituyan íntegramente y debidamente reajustadas las remuneraciones y cualquier otro concepto retenido por Tesorería General de la Republica correspondientes a su representada por la cifra de $7.175.393, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro.

II. Se condene expresamente a la recurrida en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. E-BOOK de tramitación de causa O-617-2022 de ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; 2.

BOOK de tramitación de C-499-2022 sección cobranza laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco; 3. Comprobante de compensación emitido por Tesorería General de la República de fecha 14 de febrero de 2023; 4.

Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la Republica de fecha 14 de febrero de 2023.

A folio N°11 evacua informe la recurrida TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien solicita el rechazo del recurso.

RELACIÓN DE LOS HECHOS:

Sobre la materia, y para mejor comprensión, es necesario realizar una relación de los hechos, para luego expresar los fundamentos que, a juicio de este Servicio, hacen improcedente la acción de protección impetrada.

Tal como se puede desprender del comprobante de compensación, que se acompaña a estos autos, con fecha 13-02-2023 Tesorería General de la República procede a compensar las deudas pendientes de pago de la recurrente por la suma de $7.175.393.

Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantiene deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado, formulario 34 folio 360703 y por el cual se giró una deuda equivalente a 231.94 UTM.

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN IMPETRADO.

En el caso en cuestión se revisó la Cuenta Única Tributaria, verificándose que el contribuyente a la fecha de devolución presentaba deuda vigente con el Fisco respecto a “Formulario 34 Crédito con Aval del Estado”, por ello se procedió a la compensación automática de su devolución, por la suma de $7.175.393.

La facultad de compensación se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

El artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”.

Asimismo, el artículo 1.656 del Código Civil y los dictámenes N° 53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la Ley”.

De lo anterior colige, que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso plateado por la recurrente.

Acompañó los siguientes documentos: Resolución de nombramiento pertinente y prórroga de contrata 2023; Comprobante de compensación practicada.

A folio N°13 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en estos antecedentes, la recurrente indica que el acto que provoca la privación, perturbación y constante vulneración día a día al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que nuestra Carta Constitucional, es el acto consistente en que habiéndose presentado el apoderado de la recurrente en las Oficinas de Tesorería General de la República de la comuna de Temuco, con fecha 14 de febrero del año 2023, a fin de que se procediera a efectuar el pago ordenado en causa de cobranza laboral en la cual la recurrente resultó vencedora, se le informó mediante un “comprobante de compensación” impreso con fecha 14 de febrero del año 2023 y dirigido a su representada, lo siguiente: “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 10/02/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 826931” para indicar más adelante que el monto compensado ascendía a la suma de $7.175.393 pesos.

TERCERO: Señala la recurrente que las garantías constitucionales vulneradas según su parecer son las contenidas en los artículo 19 Nº 2 y 24 de la constitución política de la República. Señala que el actuar de Tesorería General de la Republica al retener el 100% de las remuneraciones adeudadas de su representada, es ilegal, toda vez que los mecanismos de protección de remuneraciones son normas de Orden Público, que no miran solo al interés de la persona, sino especialmente, al beneficio que tales resguardos irrogan a la sociedad en su conjunto, todo lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley y propiedad, contenidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la Republica.

El obrar de la recurrida además es arbitrario, toda vez que no existe razonabilidad en el actuar de la denunciada, no tiene fundamento ni motivo, y al carecer de motivo, -requisito esencial de todo acto administrativo- se torna en arbitrario, no existiendo un proceso administrativo debidamente tramitado en el cual pudiera ser emplazada mi representada a fin de hacer valer sus defensas respecto a la retención de sus remuneraciones.

CUARTO: Por su parte el recurrido señala que tal como se puede desprender del comprobante de compensación, que se acompaña a esta causa, con fecha 13-02-2023 Tesorería General de la República procede a compensar las deudas pendientes de pago de la recurrente por la suma de $7.175.393.

Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantiene deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado, formulario 34 folio 360703 y por el cual se giró una deuda equivalente a 231.94 UTM.

QUINTO: Que destaca de lo informado por la recurrida que la compensación se realizó en virtud de lo que la propia Ley permite, especialmente en cuanto que la facultad de compensación se encuentra otorgada al Servicio, en el DFL 1, del 26/10/1994, en su artículo 6, relativo a las deudas que los contribuyentes mantienen con el Fisco, que dispone: "Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. A su vez el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías ya que dispone, que, "estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”. Finalmente cita el artículo 1.656 del Código Civil y los dictámenes N° 53.461 de 2007, N°32868 de 2012 y N° 64.591 de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que “el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la Ley”.

SEXTO: Que conforme lo señalado se puede concluir que en el actuar de la Tesorería General de la República denunciado por la recurrente no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley. Luego el actuar de la recurrida se ajusta a la Ley y a las facultades que esta le conceden, así como también está debidamente fundado en antecedentes de tipo fáctico, como de carácter jurídico suficientes para rechazar este arbitrio.

Sin que el acto denunciado vulnere las garantías constitucionales indicadas, en cuanto no hay afectación al artículo 19 Nº 2 y tampoco al 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, declara:

QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por CAROL ESTEFANIA APABLAZA CHEUQUEPÁN, abogada, en favor de doña nombre reservado, en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. nombre reservado.

Rol Proteccion N°668-2023. (sac)