nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 24 de diciembre del año 2018, comparece don Abel Alonso Ortega Hermosilla, abogado domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, orientadora, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce Recurso de Protección, en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda el recurso señalando que su representada es la única y absoluta propietaria del inmueble ubicado en el lugar Truf-Truf, camino a Niágara, que actualmente pertenece a la comuna de Padre Las Casas, en la Novena Región de La Araucanía, de una superficie aproximada de dos coma cuarenta y siete hectáreas cuyo dominio en su favor rola inscrito a fojas 779, número 1091, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 1995; en actual trámite de traslado al nombre reservado Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

Señala que con fecha 26 de Noviembre de 2018, a las 14:30 horas aproximadamente, la recurrida doña nombre reservado, en compañía de otras personas indeterminadas, aprovechándose de que el inmueble antes individualizado se encontraba sin su propietaria en dicho momento, ingresó al predio en cuestión increpando a don nombre reservado, dependiente de la dueña que se encontraba realizando trabajos de limpieza en el inmueble -cortar matorrales, árboles secos, leña y otros, para sacarlos de la propiedad- obligándolo por la fuerza a abandonar la propiedad indicándole que ella es la propietaria del mismo y que no puede cortar árboles sin su consentimiento.

Añade que paralelamente la recurrida realizó una denuncia por el delito de hurto simple en la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas, como consta en Parte Policial Nº 2662, por lo cual personal de dicha entidad se dirigió al lugar, siendo el personal policial a cargo del procedimiento el Sargento Primero don nombre reservado, y el Cabo Primero don nombre reservado, quienes ingresaron la denuncia efectuada y al llegar al lugar ubicado a la altura del kilómetro 6 del camino a Niágara, solicitaron a la denunciante que respaldara su calidad de propietaria, como en derecho corresponde, atendida la naturaleza del delito que denunció, cuestión que ella no pudo demostrar más que por sus propios dichos.

Sostiene que, por su parte, la hermana de la recurrente, doña nombre reservado, concurrió al lugar el mismo día de la denuncia y se encontró con don nombre reservado y otras personas que le ayudaban, quien le relató lo ocurrido horas antes, por lo cual ella llamó al Sargento nombre reservado para aclararle que la denunciante no es la propietaria del inmueble, sino que lo es su hermana la Sra. nombre reservado y le ofrece acreditar dicha circunstancia, por lo cual el carabinero le solicitó que le entregara la documentación que demuestrara aquello.

Afirma que con fecha 27 de Noviembre del año en curso, don nombre reservado llamó nuevamente a doña nombre reservado -atendido que es ella la encargada del predio mientras la propietaria se encuentra ausente, porque tiene domicilio civil y laboral en la Región Metropolitana- y le informa que nuevamente fueron las mismas personas al lugar a reclamarle y acompañados por personal de carabineros, por lo que doña nombre reservado se contacta en el acto y vía telefónica con carabineros y les reitera que la dueña es su hermana, entregándole digitalmente copia de la escritura pública de compraventa del inmueble, por lo cual carabineros le solicita dos cosas: 1º exhibir algún documento que acredite la titularidad del derecho de propiedad de su hermana, tal como se lo solicitaron a la denunciante en su momento; y 2º en lo posible, evitar que continúen los trabajos de limpieza en el inmueble, mientras no se acredite quién es el propietario, con el afán de resguardar la tranquilidad y el orden público, añadiendo que durante la tarde de ese día, la señora nombre reservado concurre nuevamente al predio, encontrándose con que don nombre reservado estaba fuera del inmueble porque la denunciante –recurrida en autos- acompañada de otras personas, lo obligó a salir y le colocó dos cadenas con candado al portón, impidiendo con esto la entrada de cualquier persona que no fuera ella al inmueble, por lo que, finalmente, la propietaria, se vio en la obligación de abandonar su trabajo y viajar a Temuco desde Santiago, concurriendo -en compañía de su hermana nombre reservado y de don nombre reservado- a la Tercera Comisaría de Padre Las Casas el día sábado 01 de Diciembre de 2018 y le entregan materialmente al carabinero nombre reservado el Certificado de Dominio Vigente del inmueble a nombre de doña nombre reservado.

Asevera que en dicho lugar se entrevistaron con el Sargento nombre reservado y también con la capitán nombre reservado, siendo esta última quien revisó la documentación y determinó en el acto que, atendido que doña nombre reservado acreditó su calidad de propietaria, era procedente enviar a personal policial acompañando a la propietaria al lugar a retirar las cadenas con candados que impedían el libre acceso al inmueble. En razón de la documentación aportada por mí representada, carabineros comprobó que la denunciante estaba mintiendo y la propietaria efectivamente es la recurrente, por lo que inevitablemente la denuncia efectuada por la recurrida no podía prosperar, dado que ella no tiene legitimación pasiva para denunciar porque carece de todo derecho sobre el inmueble en cuestión.

Hace presente, que estos hechos no son aislados y han ocurrido con anterioridad, por lo que se hace imperiosa la intervención de esta Corte de Apelaciones para resguardar el derecho constitucional de la propietaria del inmueble, que estaría siendo vulnerado abiertamente por la recurrida. Asimismo, destaca la cautelosa y adecuada labor que desarrolló el personal de carabineros, quienes procedieron como en derecho corresponde, con el afán de resguardar la integridad de las personas y velar por el orden público, gracias a lo cual el hecho fue controlado momentáneamente y no existen lesiones humanas que lamentar, sin perjuicio de la vulneración grave de garantías constitucionales por parte de la recurrida.

En cuanto al derecho, señala que los hechos descritos vulneran la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, que establece “artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, agregando dicho precepto legal que “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. …”, y que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”, señalando que para entender cuáles son los atributos o facultades esenciales del dominio que pueden ser vulnerados, debe relacionarse dicha norma con lo establecido en al artículo 582 del Código Civil que preceptúa “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno”, concluyendo que el derecho de propiedad que asiste a su representada le entrega la facultad de usar, gozar y disponer del inmueble a su arbitrio.

Afirma que el propietario solo debe tener en cuenta como limitación a su derecho de propiedad lo que establezca la ley, no terceros que se pretendan dueños del bien.

Manifiesta que los hechos descritos dan cuenta que la recurrida, mediante actos ilegales y arbitrarios, vulneró en forma grave y reiterada el derecho de propiedad constitucionalmente amparado que tiene la recurrente representada, debido al ingresó por la fuerza al inmueble desalojando a quien se encontraba en él efectuado por la recurrida y asegurando mediante cadenas y candados el portón y único acceso para impedir que los demás ingresaran, sin tener ningún título válido que se lo permitiera y provocando a su propietaria la privación, perturbación y amenaza en el libre ejercicio de su derecho de propiedad, limitándole en forma ilegal y arbitraria hacer uso de sus facultades de uso, goce y disposición del inmueble por varios días, vulnerando abiertamente la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República que asiste a la recurrente.

Explica que a su respecto, la Carta Fundamental entrega a la propietaria afectada la facultad de recurrir de protección, como medida de carácter cautelar, para obtener el restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección del recurrente, en el artículo 20 de dicho cuerpo legal.

Termina solicitando que se acoja la presente acción, y, en definitiva, se ordene la prohibición a la recurrida de acercarse al inmueble de la recurrente, a la distancia que esta Corte estime pertinente, ordenando vigilancia policial al respecto, bajo los apercibimientos y sanciones legales que correspondan, y adopte las demás medidas que juzgue pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a la recurrente, todo con expresa condenación en costas a la recurrida.

A folio 15, con fecha 28 de enero del año 2019, comparece don nombre reservado, abogado defensor de indígenas, quien evacua informe, peticionando su rechazo con costas.

Refiere que su representada es es dueña de 1/6 de las acciones y derechos que recaen sobre el resto de la Hijuela Quinta, signada con el número siete del Plano de Hijuelación, de 6,30 hectáreas, del lugar Truf Truf, comuna de Padre Las Casas, que deslinda: Norte: Estero Truf Truf; Este: una recta Norte Sur que separa de la hijuela número nueve, camino público de Temuco al Fundo Niágara y una recta Norte Sur que separa de la hijuela número ocho; Sur: una recta Este Oeste que separa de la hijuela número quince; y Oeste: Estero Collirahue, una recta Sur Norte que separa de las hijuelas números seis, cinco y cuatro, camino público de Temuco al Fundo Niágara y una recta que separa de la hijuela número cuatro.

Indica que adquirió los citados derechos hereditarios, al fallecimiento de su madre doña nombre reservado o nombre reservado, derechos que rolan inscritos en inscripción especial de herencia de fojas 3354, N°3126, del Registro de Propiedad del 2° Conservador de Bienes Raíces de Temuco, del año 2018, que asevera se encuentra vigente en todas sus partes.

Afirma que el dominio anterior sobre la Hijuela Quinta, signada con el número siete, rolaba inscrito a nombre de la madre de su representada, doña nombre reservado o nombre reservado como Adjudicación, a fojas 5540 vuelta, N°4512, del Registro de Propiedad del 1° Conservador de Bienes Raíces de Temuco, del año 1990, inscripción que fue trasladada al 2° Conservador de Temuco por corresponder a la comuna de Padre Las Casas, reinscribiéndose a fojas 7826, N° 7491, del Registro de Propiedad del 2° Conservador de Bienes Raíces de Temuco, del año 2016.

Explica que dicha adjudicación por la cual su madre se hizo dueña de la Hijuela en la citada inscripción del año 1990 tiene como título la Resolución de fecha 15 de enero de 1948 del Juzgado de Indios de Temuco, que dio origen a la división de la Comunidad Indígena nombre reservado, en causa Rol N° 2175, precisando que dicha Comunidad corresponde al Título de Merced N° 1315.

Indica que la recurrida pretende hacer valer su derecho de propiedad citando una inscripción del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco, de fojas 779, N° 1091 del Registro de Propiedad del año 1995, la que no se encuentra trasladada, por ende la inscripción de dominio que cita no se encuentra vigente y al efecto, se solicitó el certificado de avalúo fiscal acompañando ante el Servicio de Impuestos Internos la inscripción de dominio de la recurrente, resultando coincidir el rol de avalúo con el de la propiedad cuyos derechos hereditarios detentaría su representada, a saber: Rol 3357-5, de la Comuna de Padre Las Casas, cuyo certificado figura como “registrado a nombre de”: nombre reservado Victoria Del Ca y otros.

Manifiesta que lo anterior da a entender que estamos frente a una “superposición de títulos” o “inscripciones paralelas”, situación relativa al dominio, concluye que el nombre reservado presentado por la recurrente no es la vía idónea para discutir un asunto relativo al dominio, sino que se debe discutir en un juicio de lato conocimiento ante el juzgado de Letras en lo Civil que corresponda a la Comuna donde se encuentran inscritos los bienes en cuestión, juicio que debe sustanciarse conforme el procedimiento indígena regulado en el Artículo 56 de la Ley 19.253, por versar sobre tierra indígena y por ser la recurrida indígena.

Termina solicitando que se tenga por informado el recurso y se rechace el recurso incoado, con costas.

A folio 19, con fecha 12 de abril de 2019, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el nombre reservado de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

nombre reservado: Que, en el caso de autos, la actuación que motiva la presente acción cautelar, que se indica como ilegal y arbitraria y respecto de la cual se solicita que se restablezca el imperio del derecho, consiste en que la recurrida nombre reservado ha ingresado al inmueble ubicado en el lugar Truf-Truf, camino a Niagara, de la comuna de Padre Las Casas, respecto del cual la recurrente tiene la posesión material, la cual estaría amparada en una inscripción de dominio. Asimismo, la recurrida habría expulsando de dicho predio a un dependiente de la recurrente quien se encontraba realizando trabajos en el mismo y, además, le ha impedido el acceso toda vez que ha colocado dos candados.

Tercero: Que, son hechos no controvertidos que la actora detentaba la posesión material del inmueble en cuestión y que acompañó certificados de dominio vigente del inmueble ubicado en el lugar Truf-Truf, de la comuna de Padre las Casas de una superficie aproximada de dos coma cuarenta y siete hectáreas, y la parte recurrida doña nombre reservado es dueña de acciones y derechos en el resto de la hijuela Quinta, signada con el número siete del plano de Hijuelación de seis como treinta hectáreas, del luar Truf Truf, comuna de Padre Las Casas, lo cual, consta además, de copias de inscripción acompañados en estos autos Cuarto: Que, de los hechos reconocidos por la propia recurrida en su informe, y del informe de Carabineros evacuado en autos, se desprende que doña nombre reservado ha impedido a la recurrente el libre acceso al inmueble y al uso y goce del mismo cuya posesión material detentaba con antelación a los hechos que motivan la presente acción constitucional, bajo el argumento que aquella también tendría derecho de dominio sobre el referido predio.

Quinto: Que en ese contexto, la conducta de la recurrida ha de ser calificada como un acto de autotutela, no amparado por el derecho y; por ende, arbitrario e ilegal que lesiona, a lo menos, la garantía que la Constitución Política de la República reconoce a la recurrente en el número 24, del artículo 19, al afectar el uso y goce del inmueble, al no poder acceder él ni poder usar ni gozar de aquel.

Sexto: Que en el presente caso, la acción de la recurrida altera arbitraria e ilegalmente una situación de hecho preexistente que hace procedente acoger el presente recurso que no tiene otro objetivo que el de mantener el status quo vigente en el desenvolvimiento de los derechos, impidiendo precisamente las acciones de facto que alteren el orden jurídico, evitando la acción de autotutela, sin recurrir a las instancias judiciales correspondientes, lo que es contrario a un Estado de Derecho.

Séptimo: Que en razón de lo anterior, corresponde a esta Corte, por la vía de acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho y disponer de inmediato las providencias que aseguren la debida protección de la afectada.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, Garantías Constitucionales se declara:

Que SE ACOGE, con costas, el nombre reservado deducido por don Abel Alonso Ortega Hermosilla, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto, la recurrida deberá abstenerse en lo sucesivo de ejecutar cualquier acción que obstaculice de cualquier forma el acceso de la recurrente al predio ya singularizado y turbar de cualquier modo su posesión material, sin perjuicio que la recurrida pueda ejercer las acciones legales que estime pertinente en relación al dominio o la posesión del inmueble referido.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos.

Rol Protección N° 6669-2018 Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. José Martínez Ríos, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.