nombre reservado con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DEL MAULE

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos Comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, abogado en representación de doña nombre reservado, chilena, labores de casa, cédula de identidad N° RUT reservado, y doña nombre reservado, chilena, labores de casa, cédula de identidad N° RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, deduciendo acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, persona jurídica de derecho público, rol único tributario N° 69.190.700-7, representada legalmente por su alcalde don ROBERTO FRANCISCO NEIRA ABURTO, chileno, desconozco profesión u oficio, cédula de identidad N° RUT reservado ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; y además en contra de CONSTRUCTORA JOMAR S.p.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario 79.816.000-1, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, desconozco profesión u oficio, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; y el SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, rut RUT reservado, representada legalmente por su directora regional señora MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA SEPÚLVEDA, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. LOS HECHOS: Sus representadas viven junto a su familia en Callejón el Álamo sin número de la Localidad de Labranza de la comuna de Temuco, siendo vecinas del proyecto inmobiliario realizado por la Constructora Jomar S.p.A. rut RUT reservado, la cual en un acuerdo de colaboración mutua la constructora se obligaba a realizar el un cierre perimetral del área de construcción, obligación que no se ha llevado a cabo. El incumplimiento de la obligación anterior ha generado daños graves a la propiedad de los vecinos como también a su integridad física y psíquica toda vez que existen jaurías de perros salvajes que han pasado desde las construcciones llevadas a cabo por la constructora, las cuales han atacado a al ganado de los vecinos y a las personas del sector, incluso directamente a doña nombre reservado el día 22 de febrero del 2023, los mencionados perros la atacaron en varias ocasiones logrando derribarla en una de estas provocándole lesiones que fueron calificadas como graves, consistente en el desgarro del tendón el cual quedó expuesto y sangrado activo debiendo ser intervenida de emergencia el mismo día del ingreso, todo según epicresis que se acompaña. Se adjunta imagen ilustrativa. Producto de estos ataques el esposo de la sobrina de su representada y otros vecinos del sector personalmente han recurrido a la Municipalidad de Temuco no teniendo respuesta alguna, incluso negándose a entregar comprobante alguno por su denuncia, por lo que al repetirse dichos ataques se realizaron denuncias en Carabineros de Chile quienes ya derivaron los antecedentes al Ministerio público generándose la causa RUC 2300220831-8 de la Fiscalía de Temuco, gestiones que probablemente no tengan mayor relevancia jurídica toda vez que las jaurías de perros no tienen propietarios conocidos, por lo que no se vislumbra una responsabilidad penal que perseguir, siendo esta acción de protección la única herramienta idónea para lograr llevar a cabo las medidas urgentes por parte de la Municipalidad y la empresa constructora tendientes a erradicar esta jauría de perros y cerrar el perímetro tal como se habían comprometido. CONSIDERACIONES DE DERECHO: El incumplimiento de la Constructora Jomar S.p.A en su obligación del cierre perimetral y la falta de servicio evidente de parte de la Municipalidad de Temuco resulta en una grave y evidente vulneración a los derechos de integridad física o psíquica de mis representadas, además de su derecho de propiedad ya que los daños al ganado no han cesado hasta el día de presentación de este recurso, todos derechos constitucionales que se encuentran consagrados en los artículos 19 N° 1 y N° 24 respectivamente. Por otra parte el artículo 28 de la Ley 21.020 obliga a los municipios realizar fiscalizaciones referentes al control animal, además, si la municipalidad estimara que son incompetentes para conocer de estas materias, en virtud del principio de coordinación consagrado en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, de igual manera debió haber oficiado a la institución que creyera competente, y así velar por el bienestar de sus vecinos, todas gestiones que en el caso de autos no ha realizado, generando un perjuicio físico, psíquico, y económico de mis representadas.

Por ello pide, que en virtud de los hechos antes relatados, y considerando que el incumplimiento de la obligación de la municipalidad de Temuco consagrada en el artículo 3 de la ley N° 18.575 y el artículo 28 de la Ley 21.020, vulnera gravemente los derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N° 1 y N° 14 de la Constitución Política de la República, tener por presentado acción de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y la empresa CONSTRUCTORA JOMAR S.P.A, ambos individualizados anteriormente, darle tramitación y en definitiva ordenar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y al SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO a realizar las gestiones a las que están obligados controlando los animales bravíos que están causando daños a personas y propiedad de los vecinos de la calle El Álamo sin número de la localidad de Labranza de la comuna de Temuco; y a la Empresa Constructora Jomar S.p.A a que realice el cierre perimetral de las construcciones llevadas a cabo en la localidad de Labranza. Acompaña: 1. Set de 4 fotografías que dan cuenta de los daños materiales (ataques a ganado) y de los daños físicos a vecinos del sector. 2. Epicresis de doña nombre reservado, emitida por el Hospital Regional Hernan Henriquez Aravena de Temuco, de fecha 10 de abril del 2023.

Comparece don Francisco Javier Calderón Barbas, abogado, en representación, de la sociedad CONSTRUCTORA JOMAR SpA, informando: I.- ANTECEDENTES DEL RECURSO:

Según se lee del recurso de protección interpuesto, la recurrente manifiesta que el día 22 de febrero de 2023, habría sido atacada por una jauría de perros salvajes lo que le habría provocado lesiones graves.- Agrega que la falta de cerco perimetral del inmueble colindante al lugar en donde se configuró el ataque, y la falta de servicio por parte de la Municipalidad de Temuco, significarían una grave y evidente vulneración a sus derechos a la integridad física o psíquica, además de su derecho de propiedad producto de los daños provocados a sus animales por la misma jauría de perros.- Concluye que los derechos constitucionales vulnerados serían los del Art. 19 N° 1 y N° 24 respectivamente. II.- ANTECEDENTES FÁCTICOS: Es del caso señalar, que su representada Constructora Jomar SpA, es dueña del Lote Z de una superficie aproximada de 47.331,99 metros cuadrados ubicado en domicilio reservado de Labranza comuna de Temuco.- El referido inmueble, es colindante a la propiedad en donde vive la recurrente y además es colindante al proyecto habitacional en construcción denominado Praderas de Labranza 3, que actualmente ejecuta la empresa Inmobiliaria Brampton SpA.- En consecuencia, Constructora Jomar SpA no se encuentra actualmente desarrollando ningún proyecto habitacional en el sector aludido. Respecto al cierre perimetral del referido Lote Z, debemos señalar que han sido los vecinos colindantes quienes sistemáticamente y en innumerables ocasiones han destruido los cercos perimetrales que nuestra empresa ha instalado en el sector, constatando una férrea oposición (incluso violenta) de los señores nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, quienes no han permitido la reposición del cierre perimetral. De esta manera SS.I ha existido una imposibilidad material para reponer el cerco perimetral el que actualmente se encuentra parcialmente terminado por los motivos antes señalados, a pesar de la voluntad expresa y manifiesta de mi empresa de concurrir a su materialización. III.- EL RECURSO DE PROTECCIÓN ES EXTEMPORÁNEO: Conviene precisar que la interposición del presente recurso de protección es extemporáneo toda vez que la recurrente señala que el lamentable accidente que sufrió habría ocurrido con fecha 23 de febrero de 2023, lo que excede en demasía el plazo de 30 días establecido previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de la Excma. Corte Suprema, para la interposición del presente recurso que fue ingresado a vuestro Ilustrísimo Tribunal, con fecha 29 de mayo de 2023. IV.- FALTA O AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES IMPUTABLES A MI REPRESENTADA: Es del caso señalar que el lamentable accidente sufrido por la recurrente no puede ser atribuible a mí representada, toda vez que no tiene ni ha tenido propiedad alguna sobre la jauría de perros salvajes que provocaron las graves lesiones. En efecto, dicha responsabilidad radica directamente en la Ilustre Municipalidad de Temuco, órgano de la administración del estado sobre la cual descansa la obligación de servicio respecto de todos sus residentes y vecinos, o en su defecto en el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de La Araucanía.- Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar también que el mecanismo utilizado por la recurrente mediante el presente recurso de protección, no es el apropiado ni idóneo para su consecución pues la institución de la falta de servicio efectivamente y tal como lo indica la Ilustre Municipalidad de Temuco en su informe, es propia del derecho privado lo que debe ser ventilado en un proceso cuya competencia radica en nuestros tribunales civiles. En consecuencia al tenor de lo que expone la recurrente, no es posible advertir de qué modo el actuar de su representada puede afectar los derechos que alega haber sido vulnerados, pues el hecho de que existan animales bravíos en el lugar no la hace responsable de dicha circunstancia ni mucho menos del grave accidente que sufrió.- Así además, la presente acción de protección no puede constituir una instancia en la que se busque debatir sobre aspectos que no son propios de una acción rápida y eficaz para tutelar derechos fundamentales, como se ha pretendido en estos autos. V.- RECHAZO DEL RECURSO: Por todo lo antes expuesto, no cabe duda que el presente recurso debe ser rechazado, por las siguientes razones: 1.- Primero, porque no ha existido de parte de mi representada, un acto ilegal o arbitrario; 2.- Segundo, porque el recurso ha sido interpuesto de forma extemporánea; 3.- Tercero, porque el recurso de protección interpuesto, carece de fundamentos en cuanto a acreditar de qué modo el actuar de su representada afecta o vulnera los derechos o garantías constituciones de la recurrente; 4.- Cuarto, porque el presente recurso de protección no es la vía idónea para discutir de los asuntos ventilados por la recurrente; 5.- Quinto, porque, si eventualmente se estimare que pudo haber existido alguna afectación a las garantías constitucionales de la recurrente, con la falta parcial de cierre perimetral del inmueble, hemos dado cuenta que dicha circunstancia es un hecho imposible de cumplir pues han sido los mismos vecinos y residentes del lugar quienes férreamente se han opuesto (incluso violentamente) a la reposición del cierre y lo han destruido sistemáticamente cuando mi representada ha procedido con su reposición.- Por ello pide tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar en todas sus partes el Recurso de Protección interpuesto, con costas.

Comparece don JOSÉ LUIS EDUARDO ORTEGA PEDRERO, abogado, en nombre y representación de nombre reservado, en su calidad de Director Regional (S) del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, individualizada como EL SAG o EL SERVICIO, informando: en primer término, debo hacer presente a US. Ilustrísima que el Servicio Agrícola y Ganadero, no ha ejecutado actuación, ni ha incurrido en omisión alguna, que pueda ser considerada arbitraria o ilegal, en contra de la recurrente, que le hayan hecho sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Política, específicamente en el artículo 19 Números 1° y 24° como lo especifica la Recurrente. De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de la República: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” LOS HECHOS Y CONTENIDO DEL RECURSO. La recurrente declara que vive junto a su familia en Callejón el Álamo sin número de la Localidad de Labranza de la comuna de Temuco, siendo vecina del proyecto inmobiliario realizado por la Constructora Jomar S.p.A. rut RUT reservado, la cual menciona que en un acuerdo de colaboración mutua la constructora se obligaba a realizar el un cierre perimetral del área de construcción, lo que no se ha llevado a cabo. Ello ha generado daños graves a la propiedad de los vecinos como también en su integridad física y psíquica toda vez que existen jaurías de perros salvajes que han pasado desde las construcciones llevadas a cabo por la constructora, las cuales han atacado al ganado de los vecinos y a las personas del sector, incluso directamente a la recurrente, provocándole lesiones que fueron calificadas como graves. COMPETENCIA LEGAL DEL SAG EN ESTA MATERIA. En primer lugar, cabe hacer presente que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica N°18.755, el Servicio Agrícola y Ganadero es un Servicio Público, dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene por objeto contribuir al desarrollo del país mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; La mantención y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos agropecuarios sujetos a regulación en nomas legales y reglamentarias. Asimismo, para el cumplimiento de su objetivo, corresponde al Servicio el ejercicio de ciertas funciones y atribuciones, contenidos en el Artículo 3° de su Ley Orgánica N°18.755, dentro de las cuales se encuentra aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobres prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. Asimismo, conoce y sanciona toda infracción de las normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al Servicio. Además, le compete aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros genealógicos y de producción pecuaria, apicultura, defensa de suelo y su uso agrícola, contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos, entre otras. En razón de ello, las normas que le son aplicables, de conformidad a su Ley Orgánica son estrictamente de orden público, siendo su organización y funcionamiento, regido antes que cualquier otra norma, por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, más el artículo 38 del mismo origen, el cual hace referencia a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº 18.575 por el cual deben regirse todos los organismos de la Administración del Estado. El artículo 6º de nuestra Constitución Política de la República, establece que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. Por su parte, el artículo 7º del mismo origen señala que: “Los órganos del Estado, actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. Ante ello, es menester informar que el presente recurso, escapa de la esfera de atribuciones de la propia Ley Orgánica del Servicio N°18.755, y en relación a los artículos 6, 7 y 38 de nuestra Constitución Política de la Republica, siendo entonces incompetentes para conocer y actuar de los lamentables hechos que relata la recurrente.

Hacemos presente que, los perros (Canis lupus familiaris) o bien llámense jaurías de perros, perros asilvestrados, perros domésticos, otros, no se encuentran considerados en la Ley de Caza N° 19.473 y su Reglamento, ya que esta solo considera fauna silvestre protegida y dañina o perjudicial, y por tanto, los perros quedan excluidos por ser especies consideradas domésticas, y ante ello el único responsable de la correcta intervención y proceder es el departamento de tenencia responsable del Municipio Correspondiente. En ese sentido la Propia Ley de Caza N°19.473 dispone lo siguiente en su Artículo 1°: Las disposiciones de esta ley se aplicarán a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de animales de la fauna silvestre, con excepción de las especies y los recursos hidrobiológicos, cuya preservación se rige por la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Y en su Artículo 2°: Para los efectos de esta ley, se entenderá por: a) Fauna silvestre, bravía o salvaje: todo ejemplar de cualquier especie animal, que viva en estado natural, libre e independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, donde quedan clasificados los perros para estos efectos. Que, finalmente, el Servicio no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional de la recurrente como lo intenta esgrimir la recurrente, esto debido a que tal como se ha señalado precedentemente, en virtud de la Ley Orgánica del Servicio N°18.755, en relación a los artículos 6, 7 y 38 de nuestra Constitución Política de la Republica, somos incompetentes para conocer y actuar en el ámbito de los lamentables hechos que relata la recurrente.

Por ello pide, tener por evacuado el informe solicitado en el recurso de protección interpuesto don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, y doña nombre reservado., declarando incompetente al Servicio, rechazándolo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Comparece don CRISTHIAN HORMAZABAL WAGNER, abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcalde don ROBERTO NEIRA AGURTO, todos domiciliados en domicilio reservado, por la recurrida, en recurso de protección, interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, informando: I.- Antecedentes, que fundan el informe: 1.- Que en el presente recurso han comparecido doña nombre reservado y doña nombre reservado, siendo la imagen incorporada en el recurso, a lo menos inapropiada para los fines de las garantías constitucionales que permiten ser tuteladas por medio de la presentación del recurso de protección de garantías constitucionales. 2.- Manifestamos nuestro pesar por lo sucedido a la recurrente, sin embargo, este Municipio estima que, por medio de la presentación de un recurso de protección, no resulta apropiado la pre constitución de prueba, que en sede de responsabilidad haga fe de un hecho que no puede ser tenido por acreditado, ni en cuando, donde o a quien, en definitiva está recurrida desconoce todos los antecedentes relevantes que motivan el recurso de garantías constitucionales, para determinar cuál fue la acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de este municipio y qué derecho fundamental trasgredió. 3.- En relación al incumplimiento de la obligación de la Constructora Jomar S.p.A. de llevar a cabo el cierre perimetral del área de construcción, debemos señalar que la Municipalidad no tiene responsabilidad directa en dicha situación, ya que la obligación de cumplir con las disposiciones técnicas y de seguridad corresponden a la empresa constructora, quien es la responsable de ejecutar las obras de acuerdo a la normativa vigente. 4.- La Municipalidad de Temuco reconoce la importancia de garantizar la seguridad y bienestar de los residentes y vecinos de la comuna. Sin embargo, en el presente caso, es importante destacar que la responsabilidad de cumplir con las disposiciones técnicas y de seguridad, incluyendo la construcción de cercos perimetrales en los proyectos inmobiliarios, recae en la empresa constructora, en este caso, la Constructora Jomar S.p.A. 5.- La Municipalidad de Temuco, como entidad gubernamental, tiene la facultad de fiscalizar y velar por el cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas para el desarrollo de proyectos de construcción. No obstante, es importante mencionar que la responsabilidad primaria de llevar a cabo las obras y garantizar la seguridad de los trabajadores y residentes recae en la empresa constructora, quien es la encargada de ejecutar los proyectos de acuerdo a los estándares legales y técnicos establecidos. 6.- En caso de que exista un incumplimiento por parte de la Constructora Jomar S.p.A. en la realización del cierre perimetral, corresponderá a los afectados tomar acciones legales específicas contra dicha empresa para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. La Municipalidad de Temuco, por su parte, está dispuesta a cooperar y colaborar con los afectados en lo que le sea posible dentro del ámbito de su competencia y responsabilidad. 7.- Respecto a los ataques de perros salvajes provenientes de las construcciones llevadas a cabo por la Constructora Jomar S.p.A., entendemos la preocupación y los daños que esto ha ocasionado a los vecinos. Sin embargo, es importante destacar que la Municipalidad de Temuco no tiene control directo sobre los animales que circulan en dicha área. La responsabilidad de controlar animales en situación de riesgo corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de La Araucanía. 8.- En virtud de lo expuesto, solicitamos a esta Ilustrísima Corte que, al revisar los argumentos expuestos, considere que la Municipalidad de Temuco ha actuado dentro de los límites de su competencia y que los reclamos relacionados con el cierre perimetral y el control de animales corresponden a la Constructora Jomar S.p.A. y al Servicio Agrícola y Ganadero, respectivamente. 9.- La Municipalidad de Temuco reconoce la importancia de atender y responder adecuadamente a las denuncias presentadas por los ciudadanos. La recurrente no ha aportado los antecedentes necesarios para determinar quien, como, o donde se le negó la posibilidad de realizar un reclamo. Los canales tanto presenciales, como remotos, han sido uno de los ejes centrales en la relación del Municipio con la ciudadanía, por lo cual instamos a la recurrente a utilizarlos de forma adecuada. 10.- Esta Municipalidad revisará los antecedentes relacionados con las denuncias presentadas y a realizar las gestiones pertinentes para atender las preocupaciones de los vecinos de manera adecuada, de forma tal que, como órgano del Estado, resulta esencial el mejoramiento continuo de nuestros procesos de atención al público y reforzaremos la comunicación con los ciudadanos para garantizar una respuesta oportuna y eficiente a sus inquietudes. 11.- La aseveración de la recurrente en orden a la existencia de una evidente falta de servicio resulta del todo inapropiada, ya que la institución de la falta de servicio es reconocida en el derecho privado, siendo de común conocimiento de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, por medio del conocimiento de las acciones de responsabilidad que son de competencia de los juzgados civiles. 12.- Esta Ilustrísima Corte en reiteradas ocasiones ha manifestado que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar que posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el recurrente una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente, cuestión que en la especie, resulta manifiestamente existente. 13.- Vistas así las cosas, y teniendo en consideración que el recurso impetrado no ha señalado de forma expresa la garantía constitucional vulnerada por este ente Edilicio, es que se solicita el rechazo del mismo. II.- Garantías conculcadas. 14.- Resulta pertinente poder establecer que el recurrente en primer término no ha señalado claramente a Vuestra Ilustrísima Corte, de qué forma o mediante qué acto, mi representada, Ilustre Municipalidad de Temuco, ha efectuado una actuación ilegal o arbitraria que requiera protección de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Carta Magna, como asimismo, no es posible determinar la efectividad de la ocurrencia de los hechos denunciados. III.- Inexistencia del acto arbitrario e ilegal que reclama la recurrente. 15.- Desde ya se debe expresar que la recurrente confunde la responsabilidad administrativa, con los regímenes comunes de responsabilidad y ciertamente desconoce que la normativa que citó, al igual que toda, debe respetar el rango de jerarquías de las misma, no siendo posible denunciar una pretendida falta de servicio en virtud de la vulneración de garantías fundamentales, sin a lo menos, señalar la garantía fundamental perturbada. 16.- No obstante, aquello, y para aclarar la cuestión, debe señalarse que la recurrente no ha señalado con precisión CUAL es el acto arbitrario e ilegal que ha vulnerado sus derechos fundamentales. Solo con este argumento, la acción de protección impetrada no debería prosperar. IV.- Extemporalidad del recurso. 17.- La recurrente, en su presentación, ha señalado que los hechos habrían acaecido el día 22 de febrero del año 2023 y el recurso ha sido interpuesto el día 29 de mayo de 2023, es decir, su interposición ha sido extemporánea. 18.- ¿Cuál es el plazo para presentar un recurso de protección? El plazo es de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la Corte, cuestión que con la propia declaración contenida en el recurso es ilustrativa de la motivación para el rechazo del mismo.

Por ello pide, tener por evacuado el informe y en definitiva chazar el Recurso de Protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Finalmente compareció la SEREMI de Salud, indicando que en estas materias se coordinan con la Municipalidad para hacer seguimiento y control de animales, por razones de salubridad al pesquisar posibles infecciones por rabia. En la especie se concurrió al lugar de los hechos y se constató la presencia de un animal, el cual aparentemente no tenía sintomatología asociada a la rabia. Aparate del caso relatado, no hay más antecedentes de otras denuncias de persona mordidas en el sector.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, se recurre de protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, CONSTRUCTORA JOMAR S.p.A.,y el SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, dado la presencia de jaurías de perros salvajes que han pasado desde las construcciones llevadas a cabo por la constructora, en la localidad de Labranza as cuales han atacado a al ganado de los vecinos y a las personas del sector, incluso directamente a doña nombre reservado el día 22 de febrero del 2023, solicitando que se orden a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y al SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO realizar las gestiones a las que están obligados controlando los animales bravíos que están causando daños a personas y propiedad de los vecinos de la calle El Álamo sin número de la localidad de Labranza de la comuna de Temuco; y a la Empresa Constructora Jomar S.p.A a que realice el cierre perimetral de las construcciones llevadas a cabo en la localidad de Labranza.

TERCERO: Que, la reclamación efectuada en contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, será desestimada dado que como dicho órgano del Estado ha señalado lee compete aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos, entre otras, quedando fuera de su competencia la situación de los perros (Canis lupus familiaris) o bien llámense jaurías de perros, perros asilvestrados, perros domésticos, otros, ya que no estan considerados en la Ley de Caza N° 19.473 y su Reglamento, ya que esta solo considera fauna silvestre protegida y dañina o perjudicial, quedando excluidos por ser especies consideradas domésticas.

CUARTO: Que, también se desestimará el recurso en cuanto va dirigido CONSTRUCTORA JOMAR S.p.A., en cuanto a través del mismos e busca imponer una obligación consistente en construir un cierre perimetral de las construcciones llevadas a cabo en la localidad de Labranza, dado que dicha petición por su naturaleza escapa a la caracter cautelar del presente recurso, siendo además una cuestión no indubitada el origen de los daños sufridos en los cierres existentes dado que la recurrida ha indicado que han sido los vecinos colindantes quienes sistemáticamente y en innumerables ocasiones han destruido los cercos perimetrales.

QUINTO: Que, en cuanto a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO cabe considerar que en la especie, se denuncia el actuar trata de perros callejeros o vagos, sin dueños, abandonados en la sitios eriazos, siendo la Municipalidad recurrida, la responsable de adoptar las medidas y procedimientos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley Nº 21.020, “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, cuyo artículo 1 regula entre otras materias, para: “3) Proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía”, disponiendo en el artículo 2, que para efectos de esta ley, se entenderá por:… “2) Animal abandonado: toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. También se considerará animal abandonado, todo animal que hubiese sido dejado en situación de desamparo en una propiedad privada, sin cumplir las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable. 3) Perro callejero: aquel cuyo dueño no hace una tenencia responsable y es mantenido en el espacio público durante todo el día o gran parte de él sin control directo.” Por su parte, el artículo 12 dispone: “Se prohíbe el abandono de animales. El abandono de animales será considerado maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 bis del Código Penal. Las municipalidades estarán facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro inscritas en los registros a que se refieren los ordinales 3° y 6° del artículo 15, para sanitizarlo, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma su tenencia responsable. Para esto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá proveer los recursos necesarios para que las municipalidades puedan realizar estas acciones por sí mismas, o encomendar su ejecución a terceros, mediante la celebración de contratos.”

SEXTO : Que la Municipalidad de Temuco estima que, por medio de la presentación de un recurso de protección, no resulta apropiado la pre constitución de prueba, que en sede de responsabilidad haga fe de un hecho que no puede ser tenido por acreditado, ni en cuando, donde o a quien, en definitiva está recurrida desconoce todos los antecedentes relevantes que motivan el recurso de garantías constitucionales, para determinar cuál fue la acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de este municipio y qué derecho fundamental trasgredió. Agrega que, “es importante destacar que la Municipalidad de Temuco no tiene control directo sobre los animales que circulan en dicha área. La responsabilidad de controlar animales en situación de riesgo corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de La Araucanía”.

SEPTIMO: Que, más allá de la efectividad de las lesiones señaladas por los recurrentes, existe un reconocimiento tácito de parte del Municipio de Temuco, de no cumplir con su obligación de fiscalización establecida en el artículo 28 de la referida Ley 20.021, tomando las medidas necesarias que la situación ameritaba, cuando deslinda responsabilidades asignando la misma al Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de La Araucanía”. Al efecto cabe recordar que conforme a la norma citada: “La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos corresponderá a las municipalidades, en las materias de su competencia y a la autoridad sanitaria, que las ejercerá de conformidad a lo establecido en el Código Sanitario, especialmente en lo estipulado en su Libro Décimo. Esto, sin perjuicio de las facultades y atribuciones del Ministerio Público y de Carabineros de Chile. Las infracciones a los reglamentos del Ministerio de Salud mencionados en esta ley serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del Código Sanitario”, disposición que también entrega competencia a la autoridad de salud, para la solución de situaciones que afectan la salud pública, como la denunciada en el presente recurso”.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, debiendo la recurrida presentar a esta Iltma. Corte en el plazo de treinta días corridos contados desde que quede ejecutoriada la sentencia un plan de fiscalización que describa las acciones que desarrollarán tanto para el retiro y, ubicación de los perros vagos, como para determinar el procedimiento en caso de mordeduras.

II. Que, SE RECHAZA el recurso en cuanto va dirigido contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA y de la CONSTRUCTORA JOMAR S.p.A.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Cecilia Aravena López quien estuvo por desestimar la presente acción de protección al no estar acreditados los hechos que le sirven de fundamento, dado que no existe ningún medio prueba acompañado a los autos que acredite en forma indubitada la efectividad de los mismos, máxime cuando el Municipio en su informe expresamente “desconoce todos los antecedentes relevantes que motivan el recurso de garantías constitucionales”.

Redacción del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese.

Rol N° Protección-6662-2023 (pvb).