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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 6652-201818 abr 2019

nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Fecha
18 de abril de 2019
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 6652-2018, sentencia de 18 de abril de 2019

Resumen

Se rechaza la protección contra el banco por no haber actuación ilegal o arbitraria y por ser el recurso inepto al no precisar quién recurre ni qué documentos se le negaron.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce nombre reservado en contra de Sociedad Bancaria denominada “BANCO DE CREDITO E INVERCIONES, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulneración de la garantía constitucional consagradas en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Funda su acción en la negativa de la institución a la devolución de los documentos personales y comerciales de don nombre reservado.

Señala, que con fecha 22 de noviembre del año 2018, don nombre reservado, envía una carta al agente del Banco BCI, don nombre reservado, con el objeto que se le devuelvan sus documentos personales, privados, confidenciales, ya que se encontraba tramitando un crédito en dicha sucursal, y el agente, y el personal de la institución, no se han dignado a devolver los documentos.

Sostiene, que en varias oportunidades, concurrió a la sucursal, con el objeto de tramitar un crédito, ya que es un pequeño empresario, y cuando tenía aprobado el crédito, en forma telefónica, presencial, se firmaron 2 formularios de documentos, con el objeto de formalizar los créditos, estos, por circunstancias que aún no se conocen, este crédito nunca fue terminado, solo que en forma verbal, se le informó que el nivel central, le comunicaba que existía línea de crédito para su persona ni para su empresa.

Refiere, que con fecha 22 de noviembre, se envió una carta certificada, dirigida al agente de la sucursal, en el siguiente tenor “Señor nombre reservado, Agente del Banco BCI, Temuco, Junto con saludarlo muy afectuosamente, por intermedio de este acto, vengo en solicitar la devolución de los siguientes documentos personales como persona natural y como persona jurídica. Que se entregaron documentos personales, tales como, certificados de nacimiento de mis padres, ya que como persona natural, que me individualizo, como nombre reservado, RUT N° RUT reservado, lo cual como derecho humano, solicito la devolución, de todos y cada uno de los documentos entregados, con el objeto de proteger mi integridad personal, ya que con fecha 4 de septiembre de 2018, la Sociedad Inmobiliaria Andes SpA, Rut N° RUT reservado, en la cual soy el único accionista, se entregaron al ejecutivo don nombre reservado, los documentos comerciales, financieros, contables, jurídicos, con la finalidad de convertirse en un usuario o cliente del Banco BCI, lo que aún estamos esperando una respuesta razonable y lógica, del retardo en la entrega de los productos financieros aprobados por el Banco BCI, el monto total de los créditos aprobados son de $150.000.000.- Que los documentos que recuerdo que se entregaron fueron, certificados de dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, certificado de litigios, certificados de nacimiento de mis padres, documentos de la contabilidad presentados en el Servicio de Impuestos Internos, la presentación de Power Point de la empresa, flujos de caja.- y todo aquel, documentos entregados en tiempo y forma.

Señala, que los hechos antes descritos configuran un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida, quien a sabiendas que existe un ordenamiento jurídico, que regula cualquier irregularidad financiera, en todo momento actuó en forma irracional, que incluso vulneró el secreto bancario, al tomar una decisión unilateral, sin la intervención de los Tribunales de Justicia, o el Ministerio Público, si existe algún movimiento bancario que pueda ser sospechoso de alguna irregularidad, además, no ha realizado ningún acto del debido proceso de informar el fundamento legal.

Que los documentos solicitados por el proveedor financiero, escapa de la ilegalidad, ya que al solicitar certificados de nacimiento de sus padres, vulnera cualquier ordenamiento jurídico nacional o extranjero, afectando los Derechos Humanos, es su esencia, como es la dignidad, y afectando en forma adicional, la negativa en la devolución de los mismos, sin una razón lógica ni menos legal.

Agrega, que de la sola lectura de los hechos antes expuestos, resulta que la conducta desplegada por parte de la recurrida es una acción ILEGAL, toda vez, que la recurrida a sabiendas de que la ley garantiza a toda persona el derecho de propiedad (19 N° 24), y que solo autoriza a limitar dichas garantías cuando dichas actividades sean contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres, situaciones que en el caso de autos no se cumplen, siempre se debe informar al usuario las decisiones del ente bancario.

Además de lo anterior, la acción de la recurrida, esto es, el acto de solicitar documentos particulares, privados, y más encima que no los devuelvan, y peor aún, sin información que justifique tal actuar, es por decir lo menos una acción ARBITRARIA, toda vez, que debemos entender que existe arbitrariedad cuando quien actúa o se abstiene de actuar lo hace por mero capricho sin una razón legal, lógica o, al menos moral, que le sirva de fundamento y que justifique su actuar u omisión, así las cosas, no existiendo razonamientos lógicos y menos jurídicos que autoricen este actuar, no podemos más que catalogar a tal actuación como arbitraria, alejada de toda razón posible.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del Banco de Crédito e Inversiones, representado por nombre reservado, y/o don nombre reservado, todos ya individualizados por la perturbación de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al cometer la acción ilegal y arbitraria de realizar una conducta que atenta al derecho de propiedad, como es la retención de documentos personales, confidenciales, contables, financieros, tributarios, o negar su devolución de manera injustificada, arbitraria, admitirlo a tramitación legal, requiriendo informe de la recurrida, despachando oficio para tal efecto, acogerlo y en definitiva SS. ILTMA., declare que: a) la recurrida ha cometido una acción ilegal y arbitraria al realizar una conducta de retener documentos personales, confidenciales, privados, contables, financieros, sin justificación alguna. B) se condene en costas a la parte recurrida.

A folio 7 rola informe de la recurrida, quien solicita el rechazo total del recurso, con costas.

Refiere, que don nombre reservado ha recurrido en contra del Banco de Crédito e Inversiones, por el supuesto acto ilegal y arbitrario de no devolver los documentos personales y comerciales, privados y confidenciales. Señala que con fecha 22 de noviembre del año 2018, envió carta al agente del Banco BCI don nombre reservado con el objeto se le devuelvan, ya que se encontraba tramitando un crédito en dicha sucursal y el personal de dicha institución no se ha dignado a devolverlos.

Agrega que tal solicitud se realiza a objeto de proteger su integridad personal.

Señala en el punto 3, que la Sociedad Inmobiliaria Andes SpA, Rut N° RUT reservado, en la cual es único accionista, entregó al ejecutivo don nombre reservado, los “documentos comerciales, financieros, contables, jurídicos, con la finalidad de convertirse en un usuario o cliente del Banco BCI”.

Los documentos que “recuerda” fueron, certificado de dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, certificado de litigios, certificado de nacimiento de sus padres, documentos de la contabilidad presentados ante el Servicio de Impuestos Internos, presentación de Power Point de la empresa, flujos de caja entre otros.

Seguidamente expone, que “aún está esperando una respuesta razonable y lógica del retardo en la entrega de los productos financieros por el Banco BCI”.

Acto seguido expresa que los hechos descritos configuran un acto arbitrario e ilegal, ya que en todo momento la entidad bancaria actuó en forma irracional, incluso vulnerando el secreto bancario.

Por último, alega que los documentos solicitados por el Banco “escapan de la ilegalidad” al solicitar certificado de nacimiento de sus padres, lo que vulnera cualquier ordenamiento jurídico nacional o extranjero, afectando derechos humanos, en su esencia, como es la dignidad y afectando en forma adicional, la negativa en la devolución de los mismos documentos, sin una razón lógica ni menos legal.

El fundamento de su recurso en el acápite “Garantías Constitucionales Vulneradas”, señala que la recurrida ha lesionado gravemente su derecho constitucional garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado, esto es, “el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, Y que, en razón de lo anterior, solicita se declare arbitraria e ilegal la supuesta retención de documentos por parte del recurrido – documentos personales, confidenciales, privados, contables y financieros – y que además se condene en costas a la recurrida.

Solicita el rechazo del recurso, dividiendo las alegaciones desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del fondo.

a) RECURSO INEPTO.- Alega que el recurso en cuestión es completamente inepto, toda vez que de su sola lectura, resulta ininteligible conocer cuáles son los hechos que en definitiva permiten establecer que la norma infringida, lo sea el art. 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado.

En efecto, del relato de los mismos existe existe una multiplicidad de imputaciones, tanto como persona natural, como representante de la Sociedad Andes SpA para con el Banco que no logran concretizar dónde está o cuál es el acto supuestamente ilegal y arbitrario, que infringe o amenaza el derecho de propiedad, y respecto de quién.- Así podría entenderse que el recurrente no sabe o no entiende porqué su solicitud de respuesta de cliente del Banco se ha retardado; o por qué le habrían solicitado el certificado de nacimiento de sus padres; o por qué el Banco en cuestión no le ha entregado documentación que considera confidencial y personal.- Conforme al fundamento jurídico que sirve de sustento al nombre reservado, esto es el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, debemos descartar desde ya que el acto arbitrario o ilegal denunciado lo sea la tardanza en la respuesta de su solicitud de cliente, atento a que no existe derecho de propiedad alguno del recurrente que haya podido ser privado o perturbado a través de esta supuesta tardanza.

Todavía más, si el recurrente tiene reparos que realizar en este contexto, existen a su favor distintas vías legales y administrativas que utilizar, ajenas al nombre reservado propiamente tal, atento que el nombre reservado es una herramienta jurídica excepcional, y como acción cautelar de urgencia, constituye una acción de ultima ratio.- En cuanto al segundo argumento, tampoco podemos establecer que el fundamento del recurso lo sea, la supuesta solicitud de un certificado de nacimiento de los padres del recurrente, por cuanto aún esta parte niega que este mismo haya sido entregado por el recurrente, el fundamento del recurso, conforme se lee es el ya citado Art. 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado, el que definitivamente no corresponde, no encaja, con el fundamento de hecho ni de derecho esgrimido, entendiendo por lo demás que tratándose de certificados que se obtienen fácilmente de un registro público, no existe vulneración a un supuesto derecho de confiabilidad, o como este derecho armoniza con el derecho de propiedad.

Así las cosas y atento a la fundamentación, de hecho y del derecho realizad en el nombre reservado, debemos entender que el supuesto acto arbitrario e ilegal estaría dado por la no devolución de documentos entregados en su oportunidad por el recurrente.

Y es sobre este punto que nos haremos cargo en este informe, y respecto del cual debemos centrar la discusión.

b.- FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA Que de la lectura y análisis del escrito por el cual se acciona constitucionalmente en contra de mi representado se evidencian inconsistencias, yerros de forma y fondo, las cuales paso a señalar:

Quien acciona en contra del Banco de Crédito e Inversiones es don nombre reservado , persona natural RUT RUT reservado, sin embargo el propio recurrente expresa que habría hecho entrega de documentación perteneciente a la SOCIEDAD INMOBILIARIA ANDES SpA, y a continuación enumera someramente y sin individualizar en forma alguna estos documentos.

De lo expuesto fluye que la parte que acciona mediante el mecanismo de protección, don nombre reservado, lo hace como persona natural, por sí, y no en representación ni a favor de la Sociedad Inmoboliaria Andes SpA, la cual aduce el recurrido, fue la privada de la propiedad de los documentos entregados supuestamente al agente del Banco BCI don nombre reservado. Osea quien accionó en estos autos, es el Sr. nombre reservado como persona natural, y no lo hace a nombre de la persona jurídica, ni tampoco a través de un mandato o instrumento público o privado que lo habilite para actuar en su representación.

Lo anterior deja en evidencia nuevamente lo confuso e improcedente que sería este recurso, y de lo poco claro que resulta para esta parte inferir ya sean los supuestos documentos entregados, como así quien es realmente quien acciona en este recurso.

II.- RECHAZO DE RECURSO RESPECTO DEL FONDO.

Haciéndose cargo derechamente respecto del fondo del recurso y conforme se señaló precedentemente, esto es, “de la supuesta no devolución o retención de documentos de la citada Sociedad Inmobiliaria Andes SpA” debemos señalar que efectivamente la Sociedad citada, tomó contacto con el ejecutivo de cuentas del Banco BCI Sucursal Temuco, don nombre reservado, con el objeto de ser evaluado como cliente, para la compra de cartera Multiaval por la suma de $90.000.000, más la opción de un crédito estructurado o en la odalidad Bullet, destino capital de trabajo por un monto de $60.000.000, además de los productos retail, asociados a la apertura de una cuenta corriente.

Para este propósito, la sociedad en cuestión, a través de un señor llamado Jimmy Schwartenski, envió con fecha 30 de agosto de 2018 a las 09.20 horas, a través de un correo electrónico al agente de cuentas la siguiente documentación:

Cuadro de obras en ejecución Estatutos para la confección informe legal de sociedad Adjudicación venta de áridos con CMPC por 30.000 M3 Presentación Empresa (curriculum)

Rut inmobiliaria Andes Documento Serviu acreditando obras por Inmobiliaria Andes Esta documentación fue adjuntada al citado correo electrónico, de manera digital, es decir lo que recibió el Banco fueron copias de documentos, JAMAS ORIGINALES.

No existe otro antecedente que fuera entregado el Banco ni de manera presencial ni de manera virtual, siendo esta información insuficiente para operar con el Banco.

Además señala que dicha documentación es imposible de retener, ya que al ser digital, lo enviado es una copia de un archivo digital, que también está en poder del emisario y que fue remitido en nombre de la Sociedad Andes SpA.

Sostiene, que no existe otra documentación en poder del Banco, y que el recurrente no ha sido capaz de justificar o acreditar que entregó documentación, la fecha y los documentos supuestamente entregados.

Señala además, que llama la atención lo vago de la individualización que hace el recurrente respecto de los supuestos documentos entregados y retenidos.

Refiere, que estos antecedentes – copias adjuntas en archivo digital – permitan las siguientes interrogantes: ¿Cómo dan verosimilitud a su derecho invocado y supuestamente conculcado? Si primeramente, no sabe con claridad y exactitud, en orden a enumerar detalladamente cuales son estos supuestos documentos que se entregaron al Agente del Banco, y en qué calidad. En segundo lugar, como estos mismos documentos, que solo fueron entregados digitalmente, teniendo la propiedad de los mismos el propio recurrente por sí o a través de su representación legal – los originales – pueden contribuir a vulnerar el derecho de propiedad.

En consecuencia no existe una privación o perturbación de derecho alguno del recurrente, por cuanto es imposible que el Banco pueda retener contra la voluntad del recurrente, documentación enviada en formato digital.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe y rechazar de plano el nombre reservado por improcedente, con expresa condenación en costas.

A folio 9 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Recurso de Protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que causen a los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados constitucionalmente, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados.

SEGUNDO: Que el objeto de esta acción consiste en que el recurrente habría entregado documentos personales y confidenciales al Banco recurrido, con la finalidad de acceder a un crédito y ser cliente de dicha institución crediticia, y que tal documentación no ha sido devuelta por la recurrida, por lo que señala se estaría conculcando su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado.

TERCERO: Que al evacuar su informe, señala la recurrida, que no existe vulneración de alguna garantía constitucional, toda vez que la documentación acompañada, fue recepcionada por el Banco mediante un correo electrónico enviado por la propia parte recurrente y que en ningún caso se trata de documentación que haya sido recepcionada materialmente por el Banco, por consiguiente nada se ha retenido ni mucho menos se le ha negado su devolución.

CUARTO: De los antecedentes expuestos, cabe hacer presente que las instituciones bancarias, tienen estatutos en los cuales se establece tanto la normativa para sus dependientes como para todas aquellas personas naturales o jurídicas que desean ser clientes de dichas instituciones.

En el presente caso, de acuerdo a lo planteado por ambas partes, los documentos que el banco solicitó a la recurrente para ser evaluado como futuro cliente, fueron enviados en forma digital mediante correo electrónico, no de forma material.

QUINTO: Que, además es de sentido común, que los documentos digitalizados y que se transportan mediante vías electrónicas, siempre van a estar almacenados en los archivos primitivos desde los cuales se envían a otra dirección de casilla electrónica, por consiguiente el emisor siempre los va a tener en su poder, sin necesidad de que sean devueltos por el ente que recepciona dicha documentación digitalizada.

SEXTO: Así las cosas, de todo lo razonado anteriormente, se desprende que el actuar de la recurrida, no fue más que el de cualquier institución bancaria, cuando ocurre la situación de evaluar antecedentes de personas, naturales o jurídicas que pueden ser futuros clientes, esto es, solicitar información de dichas personas a fin de establecer si cuentan con los requisitos establecidos para nuevos clientes.

En ese sentido, la recurrida solicitó documentación a la recurrente, documentación que fue enviada digitalmente por correo electrónico, en archivo adjunto, a la institución bancaria, pero, que dicha documentación sigue en poder de la recurrente debido a que se encuentra digitalizada.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, el recurso planteado por la recurrente, no es claro, es inepto, como lo señala la recurrida, toda vez, que no queda claro quien recurre de protección, si es la persona natural o la jurídica, y además no da cuenta de forma indubitada, de cual o cuales serían los documentos que se le habría negado la devolución por parte de la recurrida.

OCTAVO: Dicho lo anterior, queda suficientemente claro para esta Corte, que la recurrida no ha realizado la actuación ilegal y arbitraria denunciada por la parte recurrente, toda vez que se ha ajustado a los procedimientos establecidos para el caso de la especie, por lo que la presente acción de protección debe ser rechazada, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículo y 20 de la Constitución Política de la República y lo prevenido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, el nombre reservado deducido a lo principal por don nombre reservado, abogado, en contra de Sociedad Bancaria denominada “BANCO DE CREDITO E INVERCIONES, representada legalmente por don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante Marcelo Neculman Muñoz.

Rol Protección N°6652-2018.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.