RECURSO DE PROTECCION DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR NORTESUR S.A. con FACTORING APOYO Y FINANCIAMIENTO TRUST S.A.

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado° piso, en representación de la Sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A., persona jurídica del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la SOCIEDAD FACTORING APOYO Y FINANCIAMIENTO TRUST S.A., ignora representación de la misma, con domicilio en domicilio reservado, en relación a la información y publicación en el boletín comercial de documentos facturas, que más adelante se individualizan, como impagas, realizada con fecha 5 de Abril del año 2017, por ser la misma un acto ilegal y arbitrario, según se acreditará, a objeto que se ordene el cese de este acto ilegal y arbitrario, reponiendo el derecho de su representada, ordenando la cancelación y eliminación de dicha información y publicación, de los registros de deudores morosos de la Cámara de Comercio y Dicom-Equifax.

Expresa que la sociedad recurrente ejerce actividad económica de comercialización y distribución de alimentos congelados, teniendo su domicilio comercial en domicilio reservado y uno de sus proveedores habituales es la Empresa Frigoexpress Spa, a la que se le compraban mercaderías, básicamente papas pre-fritas, la que procedió a emitir 4 facturas electrónicas: N°s 1591, de fecha 13 de Febrero de 2017, por la suma de $ 3.113.040, N° 1603 de fecha 21 de febrero de 2017, por la suma de $1.861.160.-N° 1619 de fecha 3 de marzo de 2017, por la suma de $2.018.240.- y N° 1547 de fecha 3 de marzo de 2017, por la suma de $3.113.040.- todas ellas por supuestas compras efectuadas por representada e informadas con fecha 05 de Abril de 2017 al Boletín de informaciones comerciales.

Señala que dichas facturas no se ajustan a la realidad, dado que la recurrente no ha efectuado compra alguna al proveedor que respalde la emisión de las facturas expresadas, de manera que corresponden a facturas falsas y que no reflejan operación ni comercial ni tributaria real y efectiva, no existiendo en consecuencia motivo legal que justifique esta situación; explica que estas facturas fueron factorizadas por la empresa indicada e informadas al DICOM como impagas, por el Factoring Apoyo y Financiamiento Trust S.A. Rut RUT reservado, como consta de documento que se acompaña y al tomar conocimiento de ella se realizó la denuncia correspondiente ante el Servicio de Impuestos Internos, como consta de copia de denuncia N° 548362-K, que se acompaña, siendo; teniendo la recurrida como único propósito al emitir esta documentación falsa, obtener financiamiento del servicio de Factoring que ha efectuado la publicación de las mismas en el boletín comercial.

Hace presente respecto de las facturas aludidas, que no representan una operación comercial real, fueron rechazadas las mercaderías que se indican como supuestamente compradas, las que jamás llegaron a la empresa, nunca fueron recibidas por persona alguna de la misma, no tienen orden de compra y carecen de causa, además fueron debidamente rechazadas comercialmente en el sistema contable de la empresa y tampoco fue utilizado su correspondiente crédito fiscal y como se ha dicho, se efectúo la denuncia al Servicio de Impuestos Internos como facturas ideológicamente falsas.

Manifiesta que a consecuencia de los hechos expresados la empresa y sociedad que representa, figura en los registros de deudores morosos, impidiendo, entre otras consecuencias, la posibilidad de recurrir al financiamiento bancario para el desarrollo de sus actividades normales, afectando tal situación su prestigio comercial y también le impide efectuar importaciones de sus productos por encontrarse en tal situación y además verse expuesta a acciones y demandas judiciales por el Factoring Apoyo y Financiamiento Trust S.A, institución que recibió y descontó estas facturas.

Expone que esta situación fue repetidamente informada a la recurrida a través de contactos telefónicos y que además, se ha demandado civilmente a la empresa Frigoexpress Spa, de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en la causa Rit N° 13.340-2018, que actualmente se sigue en el 16° Juzgado Civil de Santiago.

Indica que la publicación de las facturas antedichas, como documentos impagos, por parte de la recurrida, constituye un acto ilegal, puesto, en primer término, que la Ley N° 19.812, no establece la facultad de informar facturas impagas, sino los documentos que taxativamente indica. Es también ilegal, por cuanto, si bien es cierto, que aceptando la tesis que las facturas impagas pueden ser informadas en el boletín comercial financiero como documentos morosos e impagos, no es menos cierto que tales facturas deben tener, para tal fin mérito ejecutivo, y en el caso de autos, ello no ocurre, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la referida ley, dado que estas facturas no cumplen ninguno de los requisitos consignados en la norma indicada, a saber: no cumple lo exigido en la letra a) atendido a que estas facturas fueron rechazadas, de la letra c) puesto que las supuestas mercaderías vendidas y compradas, nunca fueron recibidas por la recurrente, y del texto de las facturas se acredita que no se menciona a nadie como persona que haya recibido las mercaderías; la letra d) exige que puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, no se alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día la falsificación material de la factura, haciendo notar que llama la atención la circunstancia que el supuesto acreedor, la empresa recurrida, a pesar de tener estas facturas más de un año de su emisión, NUNCA ha cobrado judicialmente la supuesta deuda, y ello tiene una explicación simple y sencilla, esto es, que la recurrida tiene pleno conocimiento que son falsas y no quiere hacer efectivo su cobro y, por lo demás, atendida la fecha de las facturas impugnadas, la acción ejecutiva para su cobro, se encuentra prescrita. } Expresa que además, la acción de la recurrida es ilegal, por cuanto la intención del legislador al autorizar la publicación de documentos impagos o morosos en el boletín comercial, parte de la base que el documento en cuestión, sea real y verdadero, lo que no ocurre en la especie, el DS N° 950 de Hacienda, establece que los documentos deben ser protestados o morosos, la Ley 19. 628 en su artículo 17, también explicita que los documentos deben tener la misma condición, lo que se encuentra reafirmado por los procedimientos de aclaración de esta información por diferentes causa, el artículo 4° del DS N° 950 de 1928 de Hacienda, señala que el Boletín Comercial, tendrá una sección de aclaraciones que pueden efectuar las personas afectadas por publicaciones inexactas, errores o cualquier otra causa- A su turno, la Ley N° 19.628, respecto del tratamiento de los datos relacionados con personales naturales, señala en su artículo 1° inciso 2° que el tratamiento de datos debe efectuarse “ respetando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos”.

A su vez el artículo 6° del texto legal citado, reconoce como causales de eliminación de estos datos cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado,… se deben modificar cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos y se bloqueará la publicación, cuando su exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa, lo que se reproduce en el artículo 12 que reconoce estas situaciones como derechos de los titulares de datos que se encuentren en alguna de las situaciones anotadas y, finalmente el artículo 18 de la ley indicada señala que no podrán seguir publicándose datos respecto de obligaciones extinguidas por cualquier otro modo legal.

Manifiesta que se hace referencia a estas normas que sobre tratamiento de datos de personas naturales reglamenta la Ley N° 19.628, para demostrar que el sistema de información de datos personales tanto de personas jurídicas como naturales, exige previamente que el documento sea real y verdadero y represente y de cuenta indubitadamente una obligación preexistente no cumplida, cuyo no es el caso que motiva la presente acción constitucional y además, teniendo presente que no existe un procedimiento judicial relativo a la eliminación de datos de personas jurídicas, este vació legal, debe suplirse conforme a la regla de interpretación legal que establece el art. 22 del Código civil esto es, recurriendo a ley que verse sobre la misma materia o asunto.

Agrega que habiéndose, en consecuencia, realizado la publicación en el boletín comercial y financiero de facturas que no son representativas de obligación alguna, se han vulnerado los preceptos legales indicados, lo que convierte dicha comunicación por parte de la recurrida, en un acto ilegal, que conculca garantías constitucionales de su representada.

En cuanto a la arbitrariedad de la comunicación, publicación e información, es sabido que un acto es arbitrario, cuando es contrario a la razón, y carece de razón al atribuirle a un documento falso, virtudes de validez y legalidad desde que obedece, no al ejercicio de un derecho, sino al arbitrio de la recurrida, y tiene una motivación arbitraria al mantener la publicación de estos datos, atribuyéndole requisitos de legalidad de la que carece y de los cuales está plenamente enterada la recurrida, y es además arbitrario, al persistir con la mantención del acto en el transcurso del tiempo, revelando una actuación, a lo menos negligente y caprichosa en resguardo de su propia negligencia.

Finalmente señala que esta actuación ilegal y arbitraria de la recurrida ha conculcado el derecho constitucional de su representada a desarrollar el ejercicio de cualquier actividad económica, previsto en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República; asimismo se ha arrogado facultades que escapan a la esfera de sus atribuciones, vulnerando de esta manera el principio de legalidad y de libre disposición y circulación de los bienes que contemplan los artículos 6, 7, y 19. N° 24 de la Constitución Política de la República. } Expone que los hechos descritos precedentemente, constituyen una infracción al derecho de propiedad por cuanto En este caso, se ha privado a su representada de la libertad para adquirir toda clase de bienes, como lo es, obtener financiamiento bancario, a través de préstamos que le permitan ejercer su actividad comercial, se le priva de la adquisición de dinero para ello y se le ha impedido ejercer actividades económicas que le son propias, se lesiona de esta forma la facultad de usar y gozar que el dominio concede a su titular.

Además el acto impugnado constituye una vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica lícita, que resguarda el artículo 19 número 21 de la Constitución Política, ello es así, desde que se ha impedido por acto arbitrario e ilegal, poder desarrollar la actividad económica de la recurrente, en su integridad, al verse privada de la opción de obtener créditos en el sistema financiero por encontrarse comunicada e informada en el boletín comercial facturas de compra falsas y que no corresponde a la realización de ninguna operación comercial, según se ha establecido precedentemente, a la que legítimamente tiene derecho a desarrollar la recurrente. El derecho a desarrollar la actividad económica importa la facultad de su titular para elegir y definir, , del modo más conveniente a su interés, la forma de ejecutar su giro empresarial, libertad que en el presente caso se ve menoscabada y vulnerada al impedírsele- en el hecho- a la recurrente contratar con proveedores nacionales y extranjeros y obtener financiamiento con el sistema financiero regular, pues no es otro el efecto que se produce al mantener a la recurrida como una empresa deudora y morosa en el Boletín comercial, cuando la realidad de los hechos determinan, que ello no es efectivo y que ha sido víctima de una maniobra, ejercida por uno de sus ex proveedores, para obtener recursos de la empresa recurrida en forma dolosa e ilegítima.- Precisa que la conducta de la recurrida ha infringido el Estado de derecho imperante, desde que no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política del Estado que obliga a toda persona, institución o grupo a someterse a las normas de la Constitución y las normas legales dictadas conforme a ella, y al artículo 7° pues se han atribuido facultades jurisdiccionales que no les corresponden.

En definitiva solicita: a) Disponer se dejen sin efectos los actos ejecutados por la recurrida: y b) Como consecuencia de ello, ordenar la eliminación de las anotaciones de morosidad que registra la recurrente respecto de las facturas a que se ha hecho referencia en el cuerpo del presente escrito, oficiando al efecto a la Cámara de Comercio y Empresa Dicom-Equifax y c) Brindar la protección jurídica necesaria para que puede ejercer la actividad económica expresada, o las que este Tribunal estime pertinentes, en virtud de la arbitrariedad e ilegalidad en que ha incurrido la recurrida, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos probatorios:

1.- Certificado de DICOM a que se ha hecho referencia, donde consta la publicación e información del acto impugnado.

2.- Denuncia efectuada al Servicio de Impuestos Internos relativa a la emisión de facturas falsas, que motivaron el acto arbitrario e ilegal que se reprocha con la interposición de la presente acción constitucional.

3.- Copia de rechazo de las mencionadas facturas en el sistema contable de la recurrida.

4.- Facturas impugnadas.

A folio 17, consta informe de la recurrida expresando que la sociedad APOYO Y FINANCIAMIENTO TRUST S.A., en adelante AF TRUST, es una sociedad financiera del giro operaciones de factoring, cuyo objeto es entregar liquidez en sus cuentas por cobrar a todas las empresas pequeñas y medianas, con ventas superior a los MM$ 100 anuales, que tengan facturas manuales o electrónicas de sus principales clientes. En dicho contexto, su cliente Frigoexpress SpA, Rut RUT reservado, desde el año 2015 hasta el año 2017, cedió a AF TRUST facturas aceptadas por la empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A., por montos totales que alcanzaron casi $90.000.000.-, en virtud de más de 36 operaciones con facturas recibidas por la recurrente, de las cuales solo las 4 facturas a que alude el recurso no fueron pagadas en tiempo y forma.

Expresa que dichas facturas se encuentran recepcionadas por la recurrente y no fueron reclamadas dentro del plazo de 8 días que indica la Ley N° 19.983, siendo verificadas y notificadas las cesiones a la recurrente por carta certificada, incluso publicando dichas cesiones en el Registro Público de Transferencias de Créditos, que lleva al efecto el Servicio de Impuestos Internos. La recurrente no devolvió ni rechazó las facturas dentro del plazo legal, como tampoco rechazó las cesiones de las mismas, las que le fueron puestas en conocimiento mediante el mecanismo electrónico que contempla el Portal de Cesiones de Créditos del Servicio de Impuestos Internos, lo que sólo hace presumir que facturas fueron debidamente recepcionadas y cumplen todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 5° de Ley 19.983.

En efecto, las facturas fueron irrevocablemente aceptadas por parte de la recurrente, toda vez que no fueron objetadas dentro del plazo de legal de haberle sido entregada, conforme lo establece el artículo 3° de la Ley N°19.983, no siendo devueltas al momento de su entrega, ni reclamadas dentro del plazo legal.

Por otra parte, los créditos que emanan de las mencionadas facturas, fueron cedidos a su representada APOYO Y FINANCIAMIENTO TRUST S.A., por la empresa Frigoexpress SpA, Rut RUT reservado, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 19.983 y a las disposiciones reglamentarias que regula el Decreto Supremo N° 93, de 1 de febrero de 2005; asimismo, en lo que dice relación con la oponibilidad de las cesiones al deudor, se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de las Ley 19.983.

Manifiesta que en relación al cobro de estas facturas, se inició el proceso de cobranza judicial respecto del cedente Frigoexpress y existe uno pendiente con Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A., para lo cual su representada cuenta con los plazos legales de prescripción para notificar las acciones judiciales respectivas, habida consideración que cedente y cesionario son responsables del pago, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1907 del Código Civil.

Manifiesta que el recurrente denuncia como infringidas normas contenidas en la Ley 19.628, sobre protección a la vida privada de la personas y sus modificaciones (Ley 19.812), norma legal que es aplicable a los datos de carácter personal de personas naturales, no siendo aplicables sus disposiciones a las personas jurídicas.

Como ya lo ha expresado reiterada y uniformemente con anterioridad la Excma. Corte Suprema, en los autos Roles N°s 6.337-2014, 11.627-2014, 565-2015 y 27.163-2015, que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 2° de la citada ley Nº 19.628, letra f), se entenderá por datos de carácter personal “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” (lo destacado es nuestro).} Al efecto, se ha sostenido por parte del máximo Tribunal que de la historia fidedigna de la ley en cuestión es posible desprender de varios de sus pasajes, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural, excluyendo así su aplicación a las personas jurídicas al no existir una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas Que, la información de que dispone el boletín comercial sobre morosidad, proviene del comercio y otras fuentes voluntarias, entre éstas, de la sociedad con la que la recurrente celebró un contrato de prestación de servicios.

Finalmente señala que no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, la Corte Suprema ha concluido que, “situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar.” De este modo, no existe ilegalidad alguna en la actuación de mi parte.

Tampoco puede calificarse de arbitraria su conducta de informar la morosidad en el pago de las facturas, pues es una conducta lógica y racional, esperable de todo acreedor diligente.

Dice que la recurrente invoca como derecho constitucional eventualmente lesionado por la recurrida, el establecido en el artículo 19 Números 21 y 24 de nuestra Carta Fundamental, pero estas garantías constitucionales no se ven amagadas en lo absoluto por cuanto AF TRUST ha actuado en estricto apego a la ley, siendo el recurrente quien pretende se le otorgue un trato no solo privilegiado, sino abiertamente arbitrario al pretender se elimine una deuda publicada sin que existan antecedentes que den cuenta de la veracidad de los hechos en que dice fundar la supuesta falsificación ideológica de las facturas cuyo pago pretende eludir.

Es evidente que la sede del recurso de protección no es la vía adecuada para discutir si la recurrente recibió o no las mercaderías de que dan cuenta las facturas de marras, y máxime si en este caso además las acciones de cobro de las facturas se encuentran con plazos pendientes y no existe sentencia que declare prescritas las acciones de cobro.

Expresa que los derechos constitucionales invocados no están vulnerados al no tener el recurrente un derecho indubitado, por lo que el presente recurso debe ser desestimado por manifiesta falta de fundamentos como se ha demostrado en los puntos anteriores y con la jurisprudencia que cita y expone.

Finalmente acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de su personería para representar en estos autos a la recorrida Apoyo y Financiamiento Trust S.A.

2.- Planilla con el detalle del número de operaciones histórico asociados al cliente Frigoexpress SpA..

3.- Certificado del Registro Público de Transferencias de Créditos, que lleva al efecto el Servicio de Impuestos Internos, que consigna la fecha de publicación de las cesiones, registro que informa automáticamente de la cesión al deudor cedido.

4.- Copias de las notificaciones de las cesiones realizadas por carta certificada al deudor.

A folio 25, se decretó medida para mejor resolver, oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que informe el estado de la denuncia N°548352-K, efectuada por la Sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A Rut: RUT reservado

A folio 30, se cumplió medida para mejor resolver.

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales.

El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.} SEGUNDO: Que conforme a lo antes señalado son requisitos para la procedencia de la acción o recurso de protección intentado, una conducta por acción u omisión, ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada; la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución que puedan ser objeto de amparo a través del presente arbitrio; relación de causalidad entre la acción ilegal y el agravio a la garantía constitucional, y posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección o cautela para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

TERCERO: Que en autos, recurrió de protección don nombre reservado, en representación de la Sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A., en contra de la Sociedad Factoring Apoyo y Financiamiento Trust S.A. por la publicación, a su juicio arbitraria e ilegal en el sistema de registro de morosidades de cuatro facturas, las cuales no reflejan ninguna operación comercial, infringiendo con ello las garantías de los números 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere en su recurso que las facturas de que se trata fueron factorizadas, y por la gravedad de los hechos se realizó denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos.- CUARTO: Que a folio 30, consta el informe del Servicio de Impuestos Internos, solicitado como medida para mejor resolver, el que señala que la denuncia efectuada por la recurrente en relación a las 4 facturas, fue terminada con fecha 27 de septiembre de 2018, por cuanto el contribuyente fue notificado en su domicilio para revisión específica, sin ser ubicado, domicilio reservado de restricción de timbraje, la que se mantiene vigente a la fecha.

QUINTO: Que el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal establece: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. A su vez, el artículo 17 inciso primero, dispone: “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales”. Y en su inciso segundo dispone: “También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante decreto supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento”.

SEXTO: Que, tratándose en la especie de la publicación de cuatro facturas que no revisten ninguna de las calidades referidas en el inciso 1° del artículo 17 citado en el motivo anterior, y para que proceda la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos era necesario que en ella constara el consentimiento expreso del deudor, autorización que no consta en las facturas acompañadas por el recurrente; y más aún el recurrente efectuó la correspondiente denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos, referente a las anomalías detectadas en estos documentos; situación que no ha podido ser aclarada a la fecha, por la incomparecencia de la denunciada.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto la publicación de la morosidad de la recurrente es agraviante directamente al prestigio comercial de ésta y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna, cuestión que habilita a acoger la acción incoada y disponer la medida de cautela que se indica en lo resolutivo de esta sentencia.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha resuelto: “La acción de protección se puede ejercer sin perjuicio de otros derechos", o como lo dice la Corte Suprema: "cabe señalar que la existencia de un procedimiento especial contemplado en la Ley N° 19.628 no obsta al ejercicio de la acción de protección, porque ésta puede ejercerse sin perjuicio de otros derechos”. Corte Suprema, Rol N° 11256-2011, de 27 de enero de 2012.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de Sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A., en contra de SOCIEDAD FACTORING APOYO Y FINANCIAMIENTO TRUST S.A, y se dispone la eliminación de la anotación de morosidad de las siguientes facturas electrónicas:

N°1591, de fecha 13 de Febrero de 2017, por la suma de $ 3.113.040.

N°1603 de fecha 21 de febrero de 2017, por la suma de $1.861.160.- N°1619 de fecha 3 de marzo de 2017, por la suma de $2.018.240.- N°1547 de fecha 3 de marzo de 2017, por la suma de $3.113.040.

Ejecutoriada, ofíciese a Cámara de Comercio y Empresa Dicom – Equifax, para que proceda a la eliminación de dichas facturas en su base de datos debiendo informar a la afectada Sociedad Distribuidora y Comercializadora Norte Sur S.A. y a esta Corte de dicha gestión.

Redacción de la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales Protección-6621-2018. (fcv)