nombre reservado con DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, Defensora Penal Pública Penitenciaria, en representación de nombre reservado, actualmente condenada a una pena privativa de libertad, quien interpone acción constitucional de protección, en contra de la resolución, de fecha 24 de diciembre de 2021 notificada con fecha 28 de diciembre de 2021, que rechazó su solicitud de traslado desde el Centro de Detención Preventiva de Angol al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, la que fue dictada, en la Sesión N° 46, por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, representado por el Sr. nombre reservado, Teniente Coronel de Gendarmería de Chile y Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, y, a la vez, esta acción constitucional se deduce en contra de GENDARMERÍA DE CHILE, representada legalmente por su Director Nacional don Christian Alveal Gutiérrez, por haber incurrido en la omisión, ilegal y arbitraria, consistente en no contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales.

Funda su acción en que nombre reservado, fue condenada - en causa RIT 1773-2011, RUC 1100974537-K del Juzgado de Garantía de Angol - por su participación a título de coautora del delito de violación impropia en carácter de consumado, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Según la información contenida en su Ficha Única de Condenada (en adelante F.U.C.), inició el cumplimiento de su condena el 23 de septiembre del 2011 y se registra como fecha de término el 23 de septiembre del 2031. El tiempo mínimo para postular a Libertad Condicional se cumple el 23 de enero del año 2025 y su tiempo para iniciar postulaciones a un Centro de Estudio y Trabajo se encuentra cumplido.

Con fecha 28 de diciembre del año 2021 la recurrente fue notificada de la resolución dictada, con fecha 24 de diciembre de 2021, por el Consejo Técnico del Centro de Detención Preventiva de Angol, que rechazó su postulación al Centro de Estudio y Trabajo de la ciudad de Valdivia. La resolución notificada - que es el acto ilegal y arbitrario en contra del cual se recurre - es del siguiente tenor:

“En la ciudad de Angol a 28 días del mes de diciembre del 2021, la secretaria del Consejo Técnico en representación de la jefatura del establecimiento que suscribe, viene en notificar a la interna condenada nombre reservado cedula nacional de identidad número RUT reservado, de lo resulto en la sesión del consejo técnico número 46 de fecha 24 de diciembre del año 2021, quien ha postulado al CET de Valdivia, lo cual en común acuerdo el Consejo Técnico que sesiono, ha determinado rechazar su solicitud, en razón de: que la usuaria no se adaptó al régimen interno en el sistema semiabierto del CET de Vilcun en donde permaneció anteriormente, además de que se encuentra pendiente la intervención relacionada a su delito, que debe tener antes de un traslado a un sistema semiabierto: se sugiere próxima postulación en seis meses a contar de la fecha de notificación”

Indica que, bajo este escenario, tenemos dos cuestiones que deben ser objeto de análisis y que en definitiva constituyen la motivación del rechazo de su postulación, siendo la primera de ellas “la falta de adaptación al régimen interno en el sistema semiabierto”; y en segundo término “su falta de intervención relacionada a su delito”.

Señala que, sin perjuicio de desconocer el contenido íntegro de la resolución, pues solo se cuenta con el acta de notificación que entrega información general y ambigua, es dable dar a conocer ciertas circunstancias de hecho que resultan ser relevantes para el asunto que funda la acción constitucional de protección. nombre reservado, durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, fue trasladada al CET de Vilcún, permaneciendo por más de 5 años en cumplimiento de su condena; desde ahí, fue trasladada hacia el CDP de Angol; Durante el período señalado, registró las siguientes faltas al régimen interno:

- 20/11/2019. Falta menos grave. Amenaza Interna. Sanción, privación de visita por 15 días - 21/09/2019. Falta leve. Participación culpable en actos que afecten el aseo de recintos de establecimientos penitenciarios. Sanción, anotación negativa.

- 01/08/2019. Falta menos grave. Denigrar o insultar a funcionarios penitenciarios. Sanción, limitación de visita por 15 días.

Refiere que desde su ingreso al CDP de Angol ha trabajado en su proceso de nombre reservado, lo que se evidencia en lo siguiente:

a)

Conducta Muy Buena. Desde el bimestre de mayo-junio 2020; en adelante, cuenta con la calificación de su conducta “Muy Buena”. En efecto, ha “participado en diversas actividades especialmente de índole laboral, desempeñándose como moza de aseo en sección femenina, es respetuosa con sus pares y personal de Gendarmería, posee cursos de cocina”;

b)

Ausencia de faltas y sanciones durante su permanencia en el CDP Angol. Beneficio de Venusterio. No registra faltas al régimen penitenciario en el recinto de Angol y actualmente goza del beneficio de venusterio con su pareja nombre reservado4, desde el 1 de octubre del 2021, el que, según la Resolución Exenta 434 del 5 de febrero del año 2007 que rige la materia, para acceder a éste, el interno debe poseer una conducta calificada como “Buena” o “Muy Buena”.

c)

Ámbito laboral. Además, a nivel laboral “…se encuentra desempeñando funciones, al interior del centro penitenciario la referida se desempeña en rubro de costura, oficio que aprendió al interior del centro penal. Actualmente se le facilita desde la unidad penal una máquina de costuras, marca Singer, la cual le permite hacer costuras a otros internos, funcionarios de Gendarmería y confeccionar cubre almohadas, lo cual es remunerado, generando un promedio mensual de $30.000.- a $50.000.-pesos.”

Agrega que actualmente se desempeña como encargada de compras de la sección femenina en el economato, función que le es entregada en base a la confianza que posee de los funcionarios de Gendarmería.

A lo largo de su proceso penitenciario ha participado en diversos cursos de capacitación, con la finalidad de mejorar sus capacidades laborales y poder reinsertarse de mejor manera una vez que obtenga su libertad. A continuación, se detallan los cursos:

- Certificado de Apicultura.

- Certificado de Manejo de Invernaderos y Huertos - Certificado de Diseño y Confección en tejido a Telar - Participación en Actividad Cultural, Voz Intrapenitenciario.

- Participación en Actividad Cultural, Raíz Folclórica Intrapenitenciaria -Certificado de Instalación y Mantención de sistema de Riego tecnificado - Participación en Yo Emprendo semilla, Innova Corp. FOSIS. 6 Estas acciones desplegadas durante el cumplimiento de su condena, desde su ingreso al CDP de Angol, dan cuenta que es una interna en quien Gendarmería de Chile confía, describiéndola como una persona respetuosa, trabajadora y colaboradora.

d)

Ámbito Educacional. La recurrente termina sus estudios durante el cumplimiento de su condena en el CET de Vilcún, y la evaluación del coordinador del área educacional del CDP de Angol refiere lo siguiente: “Es un hecho destacable desde el punto de vista educacional que alguien de termino a sus estudios de enseñanza media dado que los estudios contribuyen al desarrollo integral del estudiante, y que sin duda alguna es una herramienta importante para desenvolverse en el medio libre y su reinserción en la sociedad”. Posee salud compatible con los trabajos a realizar en un centro de estudio y trabajo, no tiene afectaciones que resulten invalidantes, y según informe del área de salud es una paciente “con buenas condiciones generales de salud”.

Pericia social evacuada por la Defensoría Penal Pública. La trabajadora social nombre reservado, evacuó pericia social respecto de la recurrente, el da cuenta de los siguientes avances en su proceso de nombre reservado:

-Red de apoyo familiar. Su familia se compone de un miembro, con quien mantiene un adecuado vínculo afectivo y una constante comunicación, don nombre reservado, su pareja desde hace 05 años, soltero, trabaja en rubro de climatización en empresa independiente constituida con su hermano denominada “DyD climatización de aire acondicionado Ltda.”, quien cuenta con educación técnico nivel superior completa. -Área Laboral. Cabe mencionar que la referida, durante su proceso privativo de libertad en CET Vilcun, accedió a oferta programática laboral de proyecto FOSIS Y CERCOTEC, que le permitió adquirir máquina de coser Overlo y Maquina de costura recta, con las que aprendió el oficio de la costuraría, el que hasta la fecha practica de forma independiente. En relación con los ingresos percibidos la referida, actualmente realiza ahorros a su cuenta RUN, del banco estado, N°[cuenta reservada], de los ingresos percibidos, utiliza 15 mil para gastos personales y la diferencia la ahorra a fin de contar con recursos cuando egrese al medio libre y de esa manera concretar un proyecto laboral de poder iniciar un emprendimiento.

-Desde el punto de vista educacional, hay que tener en cuenta que la referida al inicio del presente proceso judicial, tenía cursado hasta 8° año básico, y ante la posibilidad de acceder a la oferta programática del penal, logró superar la “de privación socioeducativa” la que genera una disminución en la obtención de las mismas oportunidades de desarrollo personal, escolar, y laboral, afectando el proceso de movilidad social. Logró culminar la educación media en establecimiento educacional Colegio De Educación de Adultos Andes, Comuna de Temuco, lo cual denota su interés en acceder a mejores oportunidades laborales y con proyección para alcanzar movilidad social tanto para ella como para su familia, haciendo además buen uso de su tiempo de reclusión y de esa manera lograr avanzar en el proceso educativo. La recurrente lleva 11 años de cumplimiento de condena privativa de libertad en dos unidades penales de la región, ha hecho buen uso de la oferta programática existente en los centros penales, instancia en la cual ha logrado culminar su proceso educacional, y adicionalmente ha adquirido herramientas socio laborales y maquinaria que le permiten auto- sustentarse.

-En lo conclusivo. “Según los antecedentes expuestos en relación con la solicitud de traslado de unidad penal planteada por parte del Sra. nombre reservado, a CET Valdivia; se puede observar una necesidad de adquirir herramientas que le permitan potenciar sus habilidades de resocialización, puesto que el CET es un programa centrado en mejorar la empleabilidad de la población condenada, a través de la capacitación, formación y/o especialización en oficios.

A lo largo de las distintas etapas de su ciclo vital, la referida se ha visto enfrentada a diversos factores de riesgo que han generado, pese a su historia de vida marcada por hechos traumáticos, el desarrollo de habilidades de resiliencia. Doña nombre reservado en su historia de vida ha estado expuesta a situaciones de vulneraciones y negligencia parental; como se observa en lo vivenciado a los 08 años y luego a sus 14 años, abandonando el hogar conformado por su figura materna y padrastro, transformándose en madre a los 15 años con pareja que durante la relación presentó de manera constante problemas de abuso de consumo de alcohol y drogas. Es importante señalar que doña nombre reservado no tuvo la opción de reparar sus experiencias tempranas de victimización y exclusión, y la violencia a la cual se vio expuesta la referida a lo largo de su vida se manifestó en diversas dimensiones, ...;El conjunto de dichas experiencias traumatizadoras en su proceso de socialización primaria contribuyeron a verse expuesta a inestabilidad emocional, buscando suplir las carencias parentales, en parejas de unión consensual con quienes sostuvo relaciones que generaron afectaciones tanto en la esfera personal, familiar y comunitaria....”

Pericia Psicológica evacuada por la Defensoría Penal Pública. En el contexto de poder realizar una evaluación pericial psicológica a nombre reservado y dar cuenta de su estado de salud mental actual, determinar características de personalidad y grado de reincidencia con relación al delito condenado. La pericia psicológica determino las siguientes características de la personalidad de la recurrente:

- “En el ámbito cognitivo se desprende un funcionamiento armónico con un Rango de Inteligencia suficiente y adaptable a su contexto de relación socio cultural. Todo lo anterior, permite en la actualidad mantener una capacidad de aprendizaje y de procesamiento cognitivo adecuado a su estado evolutivo. Lo que determina un pensamiento de tipo concreto, con capacidad hipotética deductiva, lo que o lleva a establecer una adecuada capacidad de análisis y evaluación de su contexto mediato.”

- En un segundo aspecto de la evaluación realizada, se desprende un nivel de madurez emocional adecuada con adecuada capacidad de mediación racional y emotiva, siendo un factor determinante a la hora de realizar análisis y de tomar decisiones.

- Con relación a su juicio crítico de realidad, este se observa ante la norma, con una pertinente integración del yo, mediando lo racional y emotivo, logrando establecer y distinguir relaciones vinculares y capacidad empática.

En lo conclusivo la pericia determina “En primera instancia, su estado de salud mental actual se observa con una adecuada integración de su experiencia personal y de su experiencia evolutiva, desarrollando procesos de voluntad y de orientación al logro adecuado, sin observarse compromiso patológico y elementos negativos asociados a su estructura de personalidad. Sin embargo, se observa una necesidad intrapsiquica de trabajar y elaborar su proceso relacionado con el delito cometido, lo que hace necesario brindar e incorporar a un programa de ofensores sexuales, incluso desde la línea de reparación, lo cual permitirá un adecuado proceso para su recuperación a nivel de salud mental.”

De esta forma podemos ver la alta necesidad de intervención de la recurrida debiendo ser incorporado dentro de sus planes de intervención especializada, aquel orientado a Ofensores sexuales, teniendo especial consideración en su delito, ya que, en cuanto a la oferta programática que puede ofrecer el recinto penitenciario, estas se encuentran agotadas por la recurrente, habiendo sido participe en todas aquellas que el recinto penitenciario ha dispuesto para ella.

Falta de intervención relacionada con su delito, violación contemplada en el artículo 362 del Código Penal. El segundo término, sirve de sustento al rechazo de la postulación de la recurrente la falta de intervención relacionada a su delito, a saber, violación conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código Penal. Dentro de los fundamentos que han motivado el rechazo de sus postulaciones anteriores, principalmente se le ha dado relevancia a este punto, considerando lo siguiente10:

“En cuanto al análisis global realizado hacia la usuaria evaluada, quien suscribe concluye lo siguiente: usuaria que si bien mantiene evaluación a trasvés del inventario para la gestión del caso (IGI), el cual establece que la usuaria mantiene bajo nivel de riesgo de reincidencia, con medias necesidades de intervención específica, en las áreas de consumo de alcohol y drogas y pares, en relación a los factores de riesgos específicos de riesgo/necesidad, existen características con potencial criminógeno, tales como diagnóstico de psicopatía, deficiente resolución de conflictos/habilidades de auto control, deficiente manejo de la ira y actividad sexual inapropiada. Presenta evaluación específica a través de informe pericial PCL-R el cual concluye que la usuaria se ubica actualmente en el percentil 61.9, hecho que identifica a que, de 100 personas evaluadas con el mismo instrumento, 61 sujetos presentan menos componentes relativos a rasgos de personalidad psicopática. De la misma forma existe la aplicación a través del protocolo para la valoración de riesgo de violencia sexual el cual concluye que, la usuaria requiere intervención media con relación a los déficits que presenta en especial a adaptación psicológica y social, generando riesgo de agresión sexual en escalamiento a generar un mayor daño físico grave, con alta necesidad y urgente, debido a los antecedentes descritos en su copia de sentencia…”

A la luz de los antecedentes, es posible advertir que la recurrente mantiene una alta necesidad de intervención en área de delitos sexuales, razón por la cual, el Consejo Técnico del CDP de Angol para efectos de conceder la postulación de traslado a un Centro de Estudio y Trabajo exige una intervención especializada en atención al delito que ella ha cometido (violación). En este sentido, es necesario señalar que actualmente, y conforme a las orientaciones técnicas a nivel nacional, Gendarmería de Chile cuenta, en el Sistema Cerrado, con programas de esta índole orientados solo a la población masculina.

“La población objetivo del programa para OOSS [ofensores sexuales], son personas de sexo masculino que dentro de su condena actual tengan un delito sexual, cuyo riesgo de violencia sexual sea medio o alto; esto consta en el Of. 454 de la SDRS de diciembre 2020. Así las cosas, advierten que “Dado que la población de mujeres que cumple condena por delito sexual en sistema cerrado corresponde al 1% versus un 99% de hombres, no hay un dispositivo de intervención especializado diseñado para ellas, pudiendo participar de otra oferta o prestaciones que su gestor de caso considere pertinente”

Asimismo, y según indicó el Departamento Post Penitenciario, Gendarmería de Chile no cuenta con programas para ofensores sexuales en donde participen mujeres; y respecto a la materia, desde el Departamento de nombre reservado - Sistema Abierto de Gendarmería de Chile, informaron que sólo cuentan con programas de ofensores sexuales que incluye a la población condenada masculina (PAS). En conclusión, en la actualidad Gendarmería de Chile no cuenta con un programa especializado de intervención en área de delitos sexuales orientado a mujeres condenadas que puedan estar cumpliendo condenas en regímenes cerrados, como es el caso de la recurrente, y tampoco, en sistemas semicerrados, ni en programas post penitenciarios (cumplimientos de penas sustitutivas o modalidades alternativas de cumplimiento como Libertad Condicional). Actualmente las orientaciones técnicas están dadas en base a la Resolución Exenta 454/21 de fecha 30 de diciembre del 2020, dentro de la cual se señala la población objetivo “Podrán participar todas aquellas personas de sexo masculino que dentro de su condena actual tengan un delito sexual, con riesgo medio y alto de reincidencia en violencia sexual y que no presenten criterios de exclusión estipulados para PPL…”. De esta manera, se excluye absolutamente a las mujeres, en razón a su género, de este tipo de intervención especializada aun cuando los informes y sus necesidades sean altas, lo cual es percibido de las actas del Consejo Técnico en postulaciones anteriores de la recurrente, donde se da cuenta inclusive que el riesgo de violencia sexual va en “escalamiento a generar un mayor daño físico grave”, conclusión que además puede ser extraída del contenido de la sentencia condenatoria, donde se da cuenta del alto grado de manipulación ejercido por la recurrente hacia su hija, cuya finalidad era que esta última engendrara un hijo de, en ese entonces, su pareja.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN La acción constitucional de protección, conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. En esta misma línea es necesario señalar, que la resolución que se impugna es aquella notificada con fecha 28 de diciembre del 2021, sin perjuicio de que, en el atendido de que se trata de una situación de carácter permanente de perjuicio que reporta la actuación arbitraria a la recurrente, es que nos encontramos, además, dentro de plazo.

DE COMO LA RESOLUCIÓN Y LA OMISIÓN DENUNCIADAS SON ARBITRARIAS E ILEGALES, PRODUCIENDO UNA AFECTACIÓN DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES.

Artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la Republica.

1. ACTO ILEGAL Y CONTRARIO AL ART. 19 N° 1 Y 2 DE LA CPR. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO QUE NIEGA EL TRASLADO AL CET DE VALDIVIA.

Indica que la resolución que rechaza la postulación de traslado al Centro de Estudio y Trabajo de la ciudad de Valdivia de su representada afecta las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, derecho a la integridad psíquica e igualdad ante la ley respectivamente, en razón de la falta de fundamentación para negar su derecho a la integridad personal de la recurrente, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos donde “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”, y el derecho a resocialización, contenida en el mismo cuerpo legal “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”. Actualmente Gendarmería de Chile incumple con los objetivos contenidos en el artículo 1 de la ley Orgánica de gendarmería que establece “Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la nombre reservado de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”, disposición en concordancia con el artículo 1 del DS 943 del 2010, Reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, en lo relativo a que “Estas actividades tendrán por objeto entregar herramientas que formen la integración social del sujeto, de modo que el ejercicio de aquellas propenda a su desarrollo económico y al de su familia”. De esta forma, los criterios del Consejo Técnico de gendarmería afectan las garantías mencionadas con anterioridad de la siguiente forma:

A.- El primer fundamento relativo a “la falta de adaptación al régimen interno en el sistema semiabierto”. Falta de fundamentación. Este factor dice relación con una situación que en definitiva ocurre el año 2019, donde la recurrente, debido a faltas al régimen penitenciario, resulto ser trasladada dese el CET de Vilcún al CDP de Angol, sin embargo, la consecuencia de haber cometido estas faltas se manifiesta precisamente en los motivos que resulta en su traslado desde un centro semiabierto a un recinto penitenciario cerrado y que, ya fueron ponderadas y juzgadas en su oportunidad, por ende, volver a revisarlas es improcedente, toda vez que, conforme a construcción del sistema penitenciario en Chile, su finalidad resulta ser la reinserción del individuo en la sociedad, de este modo, y conforme a lo dispuesto en artículo 1 del DL 321, base sobre la cual se construyen los beneficios intrapenitenciarios, estos serán otorgados en la medida que los internos demuestren “avances en su proceso de nombre reservado”, el que se encuentra en plena concordancia con el artículo 97 del Reglamento de establecimientos Penitenciario 51813. De este modo, debemos realizar un análisis de los antecedentes de los avances en su proceso de nombre reservado y no entrabar la solicitud en hechos acaecidos en tiempos pretéritos a los que fue evaluada.

A.1.- Antecedentes que deben tenerse en cuenta para otorgar el beneficio. La resolución impugnada desconoce los méritos de su representada en su proceso de nombre reservado, aun cuando sus evaluaciones en aquellos factores son concordantes con el artículo 8014 y siguientes del DS 943, donde los únicos requisitos son:

a)

su disposición al trabajo;

b)

necesidades de nombre reservado;

c)

motivación al cambio;

d)

antecedentes psicológicos, sociales y de conducta;

e)

haber cumplido 2/3 del tiempo mínimo para optar a beneficios.

Al realizar un análisis de los requisitos exigidos por el DS 943, podemos observar que su representada posee disposición al trabajo, ya que desde su ingreso al CDP de Angol realiza labores de costura y además se desempeña como mozo en la sección de cocina; en cuando a las necesidades de nombre reservado, estamos frente a una mujer que manifiesta su voluntad de ser intervenida, lo cual ha reflexionado mediante un análisis introspectivo de sus conductas, responsabilizándose de sus actos y el daño que este ha producido en terceros; desde el punto de vista de su motivación al cambio, queda claramente reflejado su respeto al régimen interno penitenciario, no teniendo ninguna falta desde el 20 de noviembre del 2019 a la fecha; respecto a antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, consta en las actas del Consejo Técnico las características de la personalidad de la recurrente, sus factores de riesgo han sido identificados y se encuentran a la espera de una intervención especializada, lo mismo respecto a sus antecedentes sociales, donde cuenta con arraigo social y familiar; en cuanto al tiempo de cumplimiento mínimo para poder postular a un CET (2/3 del tiempo mínimo para optar a beneficios), esta fecha se cumplió el 13 de agosto del 2020.

El artículo 80 del DS 943, juntamente con los requisitos anteriores, establece criterios que deben tenerse en consideración, los que, sumados a los requisitos anteriores, constituyen el marco legal que habilita a una persona condenada a acceder al beneficio, cuales son:

“a)

Conducta: Que los internos tengan Buena o Muy Buena conducta del último bimestre a la fecha de su postulación.” La recurrente tiene 15 bimestres de conducta calificada como Muy Buena.

“b)

Tipo de delito: la selección de los condenados no estará condicionada o limitada por el delito a que se encuentre condenado el postulante.”

“c)

Salud. Se considerará tener salud compatible con las actividades laborales del CET al cual se postula.” Mantiene un buen estado de salud, conforme a los trabajos que se desarrollan en el CET.

Así las cosas, la resolución del Consejo Técnico incumple el deber de fundamentación de toda resolución que se refiera al ejercicio de derechos de un particular, dictada por un órgano público, constituye una obligación legal que tiene como correlato el derecho al racional y justo procedimiento en los términos del art. 19 N° 3 inciso 6 de la Carta Fundamental. Una resolución que carece de fundamentación es ilegal y si ésta afecta el derecho a la libertad personal del particular, la decisión final violenta el art. 19 N° 7 de la Carta Fundamental. Legalmente, el Consejo Técnico se encuentra sujeto a la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos operando de manera supletoria respecto de las normativas administrativas aplicables a los organismos públicos, como surge del artículo 11, inciso 2: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. La exigencia de fundamentación impone el deber de señalar los hechos que motivan la denegación del traslado de su representada y los motivos de derecho que impiden acceder a ella, lo que no ocurre en la especie, pues el Consejo Técnico desacredita los avances que la recurrente ha tenido en su proceso de nombre reservado, fundando su rechazo en el hecho de haber existido una supuesta falta de adaptación al régimen semiabierto, hecho que insistimos, ya fue juzgado en su oportunidad.

B.- Falta de intervención relacionada con su delito. Imposibilidad de cumplimiento.

Actualmente y tal como se desprende de los párrafos que anteceden, a la recurrente se le exige para el otorgamiento del beneficio de traslado a un CET una intervención especializada conforme al delito por el cual resultó ser condenada, lo que significa un imposible de cumplir, ya que, en un sentido literal es sólo lo que no puede ejecutarse en absoluto y tal como indica Gendarmería de Chile en su orientaciones técnicas, los planes de intervención orientados en delitos sexuales, específicamente el plan de intervención de Ofensores Sexuales, solo está disponible para la población masculina, condenándola a un abandono desde el punto de vista de sus requerimientos psicológicos, máxime que, en el evento de presentar género masculino no se seguiría la misma suerte, lo cual implica una discriminación ilegal y arbitraria en el trato que el Estado debe brindar a personas que requieran de cuidados adecuados, más aún cuando les son exigidos por la autoridad penitenciaria para obtener beneficios intrapenitenciarios, afectando así la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución política de la República denominado el principio de igualdad ante ley.

El Artículo 1 de Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 518 establece que “La actividad penitenciaria … tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, …y condenados, como la acción educativa necesaria para la nombre reservado de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.”, el artículo 2 agrega “Será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su … condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.” Y luego su artículo 5 “Las normas establecidas en el presente Reglamento deben ser aplicadas imparcialmente no pudiendo existir diferencias de trato fundadas en el nacimiento, raza, opinión política, creencia religiosa, condición social o cualesquiera otras circunstancias…” Estas normas plantean la obligación del estado de resguardar los derechos y garantías constitucionales que persisten a la persona condenada, entendiendo que solo se priva de su libertad durante el periodo de su condena.

Señala que Gendarmería de Chile además de exigir a su representada un requisito que no es de aquellos que determina la ley para acceder a su traslado a un CET, y que, por cierto, es imposible de cumplir. Es la misma autoridad quien no prevé planes de intervención especializados en delitos sexuales cometidos por mujeres, no existiendo forma de que su representada pueda llevar a cabo un proceso de internalización guiado desde un punto de vista psicológico y conforme a los antecedentes esgrimidos lo requiere, especialmente dada su condición de vulnerabilidad a la que aún se encuentra expuesta, que no ha existido un proceso de reparación de vulneraciones que acarrea desde su infancia y que hoy se ven agravadas bajo su condición de condenada. Todo esto conlleva una afectación a su integridad psíquica, cuyo deber del estado es de garantizar y promover, más aún, considerando que se encuentra en una posición de garante respecto de la recurrida y tiene la obligación de cuidado respecto de esta.

La conducta desplegada por la recurrente, y los antecedentes psicosociales con los que cuenta Gendarmería de Chile en relación a los avances en el proceso de reinserción, así como también a las necesidades de intervención de doña nombre reservado sumado su historia de vida, donde recuerda haber vivido con su madre hasta los 14 años, época en la que decide hacer abandono de su hogar debido a los acosos de tipo sexual por parte de su padrastro, lo que la obliga a vivir en situación de calle y de alta vulnerabilidad, existiendo una polivulneración desde su infancia, no siendo abordadas estas materias a lo largo de su vida y teniendo hoy, el Estado de Chile, la obligación de custodia y asistencia de personas condenadas, así como también la de llevar a cabo la acción educativa necesaria para la nombre reservado de los sentenciados a penas privativas de libertad, conforme lo establece el artículo 1 del Reglamento de establecimientos Penitenciarios 518, no resulta aceptable que, en la actualidad no posea una atención de salud adecuada conforme a sus necesidades psicológicas, existiendo evidencias de la necesidad de ser intervenida, vulnerando así la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la constitución Política de la República relativa al derecho a la integridad psíquica de la recurrente.

Por último, el trato desigual que se da a la recurrente en virtud de su género afecta la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, en la actualidad sus necesidades psicológicas solo serían cubiertas si esta fuera de sexo masculino, no encontrando ningún sustento de texto legal que habilite al estado realizar esta discriminación de tipo arbitraria y antojadiza.

C. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CATEGORIAS SOSPECHOSAS, COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

Las llamadas categorías sospechosas, son un desarrollo jurisprudencial que proviene principalmente de Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su origen proviene del derecho antidiscriminatorio, que abarcan colectivos que tienen como factor común una histórica posición desventajosa. Engloban ciertas circunstancias personales que no resultan ser libremente adoptadas por las personas, como por ejemplo aquellas de origen étnico, nacional o social, sexo, religión y demás16, e imponen un quehacer estatal positivo. Existe la prohibición de discriminación por sexo, a las mujeres, incluyéndolas así dentro de las denominadas categorías sospechosas, confiriendo un título de reconocimiento especial, mediante la CEDAW, en virtud de la cual se impone al Estado la obligación de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y a garantizar, por conducto de los tribunales ordinarios así como también de las instituciones que representan al estado, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Esta marca el estándar mínimo de los derechos humanos de las mujeres en múltiples áreas.

Hoy en día el rol de la mujer a lo largo de la historia ha sido construido en base a ideologías de género, subordinadas al rol de hombre en la sociedad y ello explica la necesidad de revertir y erradicar el influjo de las instituciones del patriarcado que, como esquema de dominación y discriminación de la mujer, moldea a fuego el trato de las mujeres condenadas, las que se encuentran supeditadas a la realización de normas y trabajos, e inclusive intervenciones psicosociales enfocadas en actividades pensadas solo para hombres, como el caso en comento. Relevar las diferencias con miras a una discriminación positiva, entendiendo que la mujer, por el solo hecho de serlo, se encuentra en una situación desventajosa respecto del hombre, y esta se agudiza mucho más cuando se encuentra privada de libertad, es precisamente lo que las categoriza dentro de “Categorías sospechosas” y en base a esto, es que las normas relativas a la resocialización en pro de la igualdad ante la ley, deben ser interpretadas bajo el alero de discriminaciones positivas en favor de la mujer, cuyo eje debe ser el derecho a un trato digno y humano, en donde la dignidad se vincule al “goce efectivo de los derechos cuya limitación no deriva necesariamente de la privación de libertad”

Así las cosas, cuando la discriminación tiene una fundamentación en ciertas circunstancias personales de los individuos, como por ejemplo, un origen étnico, lo resuelto por la CIDH en el caso “Norín Catrimán y otros v. Chile", se refiere a las categorías sospechosas entendiendo que “para establecer si una diferencia de trato de fundamentó en una categoría sospechosa y determinar si constituyó discriminación, es necesario analizar los argumentos expuestos por las autoridades judiciales nacionales, sus conductas, el lenguaje utilizado y el contexto en que se produjeron las decisiones judiciales" 19 seguido por la reflexión que “considera que la sola utilización de estos razonamientos que denotan estereotipos y perjuicios en la fundamentación de las sentencias configuran una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento".

Lo anterior, tiene plena concordancia con la obligación del estado contenida en el artículo 5 inciso 2° “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Respetar y promover los derechos que contengan los tratados internacionales que se encuentren vigentes en Chile, hace plenamente aplicable las disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (convención Belém do Pará) que en su artículo 1° establece “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado., y que luego su artículo 3° dispone “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”, además consagra el derecho a la integridad psíquica y moral en su artículo 4°, los que en la especie, se vulneran respecto de la recurrente “ Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: … b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…” De esta forma, el Estado de Chile debe abstenerse de cualquier omisión o practica que signifique violencia hacia la mujer y así lo establece el artículo 7.a) “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación…”.

Gendarmería de Chile, en base a la finalidad resocializadora que tiene la pena debe, conforme a la obligación contenida en el artículo 8.f:” Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: f. OFRECER A LA MUJER OBJETO DE VIOLENCIA ACCESO A PROGRAMAS EFICACES DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE LE PERMITAN PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA VIDA PÚBLICA, PRIVADA Y SOCIAL;” más aún cuando esta se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad, reconociendo su pertenencia a las categorías sospechosas, en base a su condición de mujer privada de libertad, tal cual lo establece el Artículo 9 del mismo texto legal “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. “ 2. OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA. NO CONTAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE OFENSORES SEXUALES PARA MUJERES CONDENADAS POR DELITOS SEXUALES.

El Programa de intervención para la población que cumple condena por delitos sexuales en el sistema cerrado, es un programa que forma parte de la necesaria intervención especializada que el Estado, a través de Gendarmería de Chile, desarrolla en la etapa de ejecución penitenciaria y que tiene por objeto la reinserción o readaptación social de los condenados por delitos sexuales.

Se trata, conforme a la propia definición que entrega Gendarmería de Chile, de parte de una oferta especializada para personas privadas de libertad. Es así como Gendarmería imparte instrucciones técnicas operativas cuyos focos son la conciencia del delito, distorsiones cognitivas, prevención de la recaída, control social y seguimiento, empatía con la víctima y contacto interpersonal y funcionamiento social. En su ejecución, se lleva a cabo un Plan de Intervención Individual asociado al uso del Protocolo para la valoración del riesgo de violencia sexual RSVP y que tiene, dentro del proceso de intervención, etapas de retroalimentación y acompañamiento técnico No obstante, tal instructivo señala que participan de este programa las personas de sexo masculino. Esta defensa solicitó, vía trasparencia, información referente a las orientaciones técnicas a nivel nacional respecto de la participación de mujeres en los programas de intervención de ofensores sexuales. Gendarmería es clara en responder que sólo cuentan con programas de ofensores sexuales que incluyen a la población condenada masculina y que no tiene programas para ofensores sexuales en donde participen mujeres: “4. Por su parte, desde el Sistema Cerrado informaron que “La población objetivo del programa para OOSS, son personas de sexo masculino que dentro de su condena actual tengan un delito sexual, cuyo riesgo de violencia sexual sea medio o alto; esto consta en el Of. 454 de la SDRS de diciembre 2020. Así las cosas, advirtiendo que “Dado que la población de mujeres que cumple condena por delito sexual en sistema cerrado corresponde al 1% versus un 99% de hombres, no hay un dispositivo de intervención especializado diseñado para ellas, pudiendo participar de otra oferta o prestaciones que su gestor de caso considere pertinente”.

Es decir, el 1 % de la población de mujeres condenadas en Chile, dentro de las cuales se encuentra la accionante, carece de intervención especializada, de la cual goza el 99 % de los restantes condenados por delitos sexuales, que son hombres.

Así, queda de manifiesto que Gendarmería de Chile, no cuenta, es decir omite, llevar a cabo acciones de intervención especializada en materia de delitos sexuales cometidos por mujeres, desde que no incorpora en los Planes de Intervención Individual, la ejecución de programas de ofensoras sexuales en los cuales la recurrente pueda participar y beneficiarse de las actividades asociadas a la resocialización o readaptación para incorporarse al medio libre con todas las herramientas necesarias para evitar una reincidencia, mostrar empatía, conciencia del delito, entre otros.

Es esta la omisión ilegal y arbitraria, pues toda persona condenada a una pena privativa de libertad tiene el derecho humano y especial a ser resocializada o readaptada en los términos del artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese derecho es parte integrante del derecho a la integridad personal o integridad física y psíquica, tal como surge con claridad del art. 5 de la CADH (Derecho a la Integridad Personal), y parte integrante de la Constitución Material. No obstante, el derecho a la integridad física y psíquica está consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental y, por ende, debe entenderse inserto en éste. Por ende, el derecho a la resocialización o readaptación de la recurrente constituye una garantía fundamental consagrada en el art. 19 N° 1 CPR ya citada.

Debido a ello, es deber del Estado, conforme a la misma CPR, inciso 2 del art. 5, el “respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Al respeto y promoción se suma el deber de garantizar el ejercicio de los derechos en comento, deber que emana del artículo 1.1. de la CADH y, consecuencialmente, del deber de adoptar las medidas necesarias para respetar y garantizar el ejercicio de estos.

En cuanto a la obligación de respeto, ésta ha sido entendida como la consistente en cumplir directamente la conducta establecida en cada norma convencional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación”23. Debido a ellos, el Estado debe adoptar medidas destinadas a desarrollar progresivamente el derecho y no medidas que lo perjudiquen. En el caso concreto, el Estado, a través de Gendarmería de Chile, adopta, con el fin de hacer efectivo el derecho a la resocialización o readaptación social del condenado por delitos sexuales, un conjunto de acciones que buscan, a través de un plan de intervención individual, intervenir los factores que llevaron a cometer ese tipo de delitos, generando un programa de ofensores sexuales. No obstante, éste no tiene como sujeto pasivo a las mujeres condenadas, no tiene como sujeto pasivo a la recurrente.

Tal diferenciación y omisión en generar acciones o medidas que permiten desarrollar, respetar y garantizar el derecho a la integridad personal – manifestado en la readaptación social – constituye un actuar ilegal (contrario a los fines de Gendarmería consagrados el Reglamento de Establecimiento Penitenciario, ya citado anteriormente) y arbitrario por cuanto carece de razonabilidad la diferenciación entre personas que han sido condenadas por delitos de índole sexual, siendo la única razón, el sexo del condenado, arbitrariedad que se encuadra, nuevamente, dentro de las categorías sospechosas y que es atentatorio al numeral 2 del artículo 19 de la CPR, pues constituye una afectación a la igualdad ante la ley, por existir un trato diferenciado, discriminatorio al carecer de razonabilidad.

Pide se resuelva lo siguiente:

1. Dejar sin efecto la resolución dictada por el Consejo Técnico del Centro de Detención Preventiva de Angol, de fecha 24 de diciembre de 2021 y ordenar, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la accionante, ordenar el traslado al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, desde que Revocar la resolución que rechaza la solicitud de traslado de la recurrida desde el CDP de Angol al CET de Valdivia, ordenando que sea trasladada toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para acceder al beneficio; Se ordene la elaboración de un plan de intervención especializado para doña nombre reservado en atención al delito por el cual ha sido condenada, específicamente intervención en Ofensores Sexuales, cuya orientación sea para mujeres y, además, se ordene la elaboración de un plan de intervención especializado para doña nombre reservado en atención al delito por el cual ha sido condenada, específicamente intervención en Ofensores Sexuales, cuya orientación sea para mujeres; o en subsidio, que se revoque la resolución dictada por el Consejo Técnico del Centro de Detención Preventiva de Angol, de fecha 24 de diciembre de 2021 y ordenar, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la accionante y se ordene, que se acoja la solicitud de traslado de doña nombre reservado desde el CDP de Angol al Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, y se dé continuación a los demás trámites pertinentes para culminar el procedimiento, sin que en ninguna de sus fases se requiera intervención especializada en consideración a su delito. Respecto de la omisión ilegal y arbitraria de Gendarmería de Chile:

1. Se le ordene a Gendarmería de Chile, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la generación y ejecución de Programas para ofensoras sexuales, sea modificando el actual – dirigido a hombres – o generando uno específico para mujeres condenadas por delitos sexuales, en ambos casos con enfoque de género; además se ordene incluir en dicho programa, a la accionante por ser mujer condenada por delito sexual. Ello, fijándosele un plazo prudencial para cumplir con dicha obligación y ordenando se informe a esta Iltma. Corte sobre las medidas adoptadas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Oficio N° 1561, de GENCHI CDP Angol; 2.- Ficha única de condenada emitida por gendarmería de Chile; 3.- Sentencia condenatoria; 4.- Acta de notificación de fecha 28 de diciembre que rechaza la postulación de la recurrente. 5.- Control de conducta de la recurrente 6.- Oficio 1490 CDP Angol; 7.- Carta Nº 5249/21, Santiago 30/12/2021 en respuesta a Código AK006T0021797 del 1 de diciembre de 2021, presentado en el ámbito de la Ley N° 20.285, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 8.- Pericia Psicológica, evacuada por el psicólogo nombre reservado, de fecha 04 de Octubre de 2021; 9.- Pericia social, evacuada por la Trabajadora nombre reservado nombre reservado, de fecha 17 de enero 2022; y 10. Resolución exenta 0454/21, de fecha 30 de diciembre del 2020, que contiene el programa de intervención para la población que cumple condena por delitos sexuales en sistema cerrado.

A folio N°16-2022 evacua informe la recurrida GENDARMERIA DE CHILE, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.- ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS:

nombre reservado, RUT N° RUT reservado: Interna condenada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Angol en Causa RUC N° 1100974537 - K, RIT N° 15 - 2012 (RIT N° 1773 - 2011 del Juzgado de Garantía de Angol), a la pena de 20 años por el delito de violación de menor de 14 años. Inició su cumplimiento el 23 de septiembre de 2011, correspondiendo el término de esta el 23 de septiembre del año 2031.

Purga su pena en el Centro de Detención Preventiva de Angol, siendo clasificada como reclusa de bajo compromiso delictual, con un puntaje de 59,3 puntos sobre 171,0 posibles.

II.- FUNDAMENTOS DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE ANGOL PARA DENEGAR LA SOLICITUD DE TRASLADO EN CONSEJO TÉCNICO N° 46, LLEVADO A EFECTO CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118° y siguientes del D.S. N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, como igualmente al tenor de lo establecido en la Resolución Exenta N° 11.523 del 19 de noviembre de 2012, que "Aprueba normas de funcionamiento de los Consejos Técnicos", se celebró el 28 de diciembre de 2021 en el Centro de Detención Preventiva de Angol la Sesión de Consejo Técnico Ordinario N° 46, ocasión en que se analizó -entre otras- la postulación al Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia formulada por la interna nombre reservado. Al respecto, se tuvieron a la vista sus antecedentes personales y procesales y, una vez analizados, los miembros del Consejo Técnico proceden a dar su opinión y voto. Adjunta cuadro con lo anterior III.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y TRABAJO BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE.

La normativa legal aplicable a los Centros de Educación y Trabajo se encuentra contenida en el Decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento que establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, cuerpo legal que reformuló el artículo 1o del Decreto Ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en el sentido de establecer que uno de los fines de este Servicio es contribuir a la nombre reservado de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad.

Como corolario de lo precedentemente descrito, el artículo 64 del cuerpo legal en estudio, establece que "Los Centros de Educación y Trabajo, también denominados por la sigla CET, constituyen establecimientos penitenciarios o parte de ellos, destinados a contribuir al proceso de nombre reservado de las personas condenadas, proporcionando o facilitándoles, trabajo regular y remunerado, capacitación o formación laboral, psicosocial y educación, que sean necesarios para tal propósito, sin perjuicio que en cumplimiento de sus objetivos puedan constituir unidades económicas productivas y comerciales de bienes y servicios".

Nuestra legislación contempla la existencia de tres tipos de CET's, siendo éstos los siguientes: cerrados, semiabiertos y abiertos. Todos ellos comparten el objetivo de contribuir a la nombre reservado de las personas condenadas a través de la formación de hábitos sociales, laborales y del aprendizaje de habilidades y competencias, proporcionándoles capacitación técnica, trabajo regular y remunerado, educación, formación e intervención psicosocial.

A su vez, en lo que nos interesa, podemos señalar que, conforme así lo dispone el artículo 67 de la normativa en estudio, los Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos son establecimientos penitenciarios, independientes y autónomos, donde los internos cumplirán condena en un régimen basado en la autodisciplina y confianza.

En síntesis, podemos afirmar que los Centros de Educación y Trabajo obedecen al concepto de establecimiento penitenciario, consagrado en el inciso primero del artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en el Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que dispone: "Se denominan genéricamente establecimientos penitenciarios, los recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad".

Por su parte, en las letras b) y c) del artículo 10 de la citada norma en estudio, dispone que los establecimientos penitenciarios se organizarán, entre otros, conforme a los siguientes principios: "El desarrollo de actividades y acciones tendientes a la nombre reservado y disminución del compromiso delictivo de los condenados" y "La asistencia médica, religiosa, social, de instrucción y de trabajo y formación profesional, en condiciones que se asemejen en lo posible a las de la vida libre", respectivamente.

IV.- DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN Y DE INGRESO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en los artículos 77 y siguientes del Decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento que establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, y refrendado por medio del Oficio Circular N° 184 de fecha 27 de mayo de 2019, del primitivamente denominado nombre reservado, hoy nombre reservado de Gendarmería de Chile, instrumentos que disponen que la población penal de los Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos estará compuesta sólo por sujetos que posean la calidad procesal de condenados, quienes podrán optar a su ingreso a este tipo de establecimientos penitenciarios, debiendo para ello presentar la respectiva solicitud de postulación y participar en un proceso de selección en el cual se considerarán variables tales como: la disposición al trabajo; necesidades de nombre reservado; motivación al cambio; y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el respectivo Consejo Técnico.

Entre los requisitos de acuerdo con los cuales serán seleccionados los condenados que postulen a los Centros de Educación y Trabajo Semiabierto se encuentra contar con "al menos Buena o Muy Buena conducta" en el bimestre anterior a la fecha de su postulación, y tener salud compatible con las actividades del CET al cual se postula.

En lo que importa a la duración de la pena que se encuentre cumpliendo el condenado, éste no será un factor excluyente, sin perjuicio de lo cual sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios.

Cabe consignar que el procedimiento de postulación, en síntesis, consiste en que los condenados deberán presentar una solicitud y serán evaluados por el Consejo Técnico, el cual podrá aprobar o rechazar la postulación; asimismo, el Centro de Educación y Trabajo semiabierto de destino también deberá revisar el caso. Si fuese aprobado por ambos, se realizará una reunión conjunta entre ambos Consejos Técnicos y el Director Regional respectivo, en las situaciones en que ambos establecimientos pertenezcan a la misma región. Si ello no ocurre, el establecimiento de origen remitirá los antecedentes a la región de destino para la sesión del Consejo Técnico del CET al que postula.

V.- DE LA FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO.

1.- Que, el artículo 5o del D.L. N° 2.859, de 1.979, del Ministerio de Justicia, que fijó la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establece que: "A la Dirección Nacional le corresponderá la dirección superior, técnica, operativa y administrativa de Gendarmería de Chile, cuya jefatura será ejercida por el Director Nacional quien poseerá la máxima autoridad de la institución". Agrega el inciso 2o de este artículo: "El Director Nacional será nombrado por el Presidente de la República y permanecerá en el cargo mientras cuente con su confianza".

2.- Que, a su vez, el artículo 6o del citado cuerpo legal, relativo a las obligaciones y atribuciones del Director Nacional, dispone, en lo pertinente: "1.- Dirigir y administrar el servicio; 2.- Planificar, coordinar y controlar el funcionamiento de la Institución conforme a las políticas fijadas por el Gobierno y generar un plan de acción institucional"; 18.- "Delegaren los Subdirectores, los Jefes de Departamentos y los Directores Regionales, las atribuciones que estime necesarias para el mejor funcionamiento del Servicio". (Subrayado es énfasis incorporado por este informante).

En este orden de ideas, es del caso señalar que el cargo de nombre reservado (antes denominado nombre reservado, modificación efectuada por el artículo 16 de la Ley N° 21.209, que moderniza la Carrera Funcionaria en Gendarmería de Chile) goza de las atribuciones y facultades contempladas en los artículos 8 A y 9, del D.L. N° 2859, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuyo artículo 8 A, letra a), se dispone que a esta Subdirección corresponde, entre otras funciones, las de "Desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, deportes, recreación, asistencia social, psicológica, sanitaria, religiosa y demás conducentes a la nombre reservado de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penales con administración directa". A su turno, el cargo de nombre reservado, según lo establecido en la Resolución Exenta Nc 4.478 de fecha 08 de mayo de 2012, de este Director Nacional, que Establece la organización interna de Gendarmería de Chile, señala en el artículo 37, que éste tendrá, entre otras tareas, "Desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la nombre reservado de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento del régimen penitenciario".

3.- Que, en este contexto, la Subdirectora de nombre reservado (S), de acuerdo a los lineamientos institucionales, compromisos presupuestarios e indicadores suscritos con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de fortalecer los programas de los CET Cerrados y Semiabiertos del país, y en uso de sus facultades legales, procede a dictar el Oficio Circular N° 22 de fecha 18 de enero de 2022, acto administrativo en el cual se informa sobre la capacidad de las plazas oficiales para cada CET Semiabierto existente a nivel nacional, desagregado por género, las que se harían exigibles en forma progresiva desde el mes de enero del año en curso, consignándose en el caso de la Región de Los Ríos que el establecimiento institucional solicitado por la interna cuenta con cinco (5) cupos para reclusas de sexo femenino.

4.- Enseguida, resulta necesario señalar que el procedimiento de notificación a la protegida de la referida decisión de la Jefatura de Unidad del C.D.P. de Angol se realizó cumpliendo íntegramente lo prescrito en la Ley 19.880, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, ajustándose a lo establecido en sus artículos 4o, 5o, 11°, 16° y 45° de ese cuerpo legal, en cuanto a la legalidad, escrituración, imparcialidad, transparencia y motivación o fundamentación del acto administrativo.

5.- Que, la decisión adoptada por el Presidente del Consejo Técnico del C.D.P. de Angol se encuentra ajustada a derecho, por cuanto hace aplicación de las directrices que se han impartido normativamente desde la Dirección Nacional, centrándose en las políticas y lineamientos institucionales y que se alinean con las instrucciones impartidas desde la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, toda vez que las partidas presupuestarias que administra son otorgadas por medio de la Ley de Presupuestos de la Nación, y deben ser invertidos exclusivamente en los objetivos establecidos y detallados en el referido Presupuesto, los que se gestionan a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde esa perspectiva, a Gendarmería de Chile no se le puede imputar que se encuentra incurriendo en acto u omisión ilegal o arbitraria en esta materia, ni muchos menos endilgar que incumple la legislación vigente y administrativa que la regula, toda vez que con su actuar no pretende vulnerar -ni vulnera- los derechos de la recurrente.

6.- Para efectos de determinar si la protegida cumple con el requisito de tiempo para postular a un Centro de Educación y Trabajo Semiabierto, hay que remitirse a lo establecido en el inciso primero del artículo 80 del Decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, cuerpo legal que señala:

"Requisitos. Para la selección de los condenados postulantes a los CET se considerarán: su disposición al trabajo, necesidades de nombre reservado, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe".

Sobre dicho aspecto interno volitivo, el pronunciamiento de la Jefa Técnica Local, Profesional nombre reservado, es concluyente en indicar en relación a la protegida, ante la aplicación del Instrumento de protocolo de valoración de riesgo para la violencia sexual denominado R.S.V.P. , "que la usuaria requiere intervención Media en función a los déficits que presenta en especial a adaptación psicológica y social, generando riesgo de agresión sexual en escalamiento a generar un mayor daño físico grave, con alta necesidad y urgente". Por tal motivo, se hace recomendable convocar a personal especializado que la atenderá, en su oportunidad, y debido a su nueva evaluación, podrá participar en el nuevo período de postulación para el segundo semestre del año en curso.

Por lo que, hoy, la protegida no cumple con la totalidad de los requisitos contemplados en la normativa en estudio, no verificándose, tampoco, que la Subdirección de nombre reservado de Gendarmería de Chile haya aprobado su postulación conforme lo establece el inciso tercero del artículo 80 del anotado cuerpo legal.

VI.- DE LA SUPUESTA PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN O AMENAZA A DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ALEGADAS EN EL PRESENTE RECURSO.

1.- La recurrente sostiene que los hechos en que funda su recurso constituyen una vulneración a los derechos consagrados en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a la igualdad ante la ley, respectivamente.

En cuanto a la supuesta afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 N° 1), sostiene el recurrente que ésta se configuraría porque el fundamento entregado por Gendarmería en cuanto a la negativa de ingreso al C.E.T. genera un daño psíquico inevitable, debido a la imposibilidad de contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales, y a juicio de la recurrente ambas vulneraciones se evidenciarían en "la falta de fundamentación para negar su derecho a la integridad personal". Este hipótesis se desvirtúa porque la reinserción no sólo se lleva a cabo en los Centros de Estudio y Trabajo, sino en todo establecimiento penal abierto, semiabierto y cerrado administrado por Gendarmería, situación reconocida por la letrada recurrente en su escrito cautelar, lo cual se evidencia en la serie de cursos que ha realizado la protegida, entre los que destaca: Certificado de Apicultura; Certificado de Manejo de Invernaderos y Huertos; Certificado de Diseño y Confección en tejido a Telar; Participación en Actividad Cultural; Voz Intrapenitenciario; Participación en Actividad Cultural; Raíz Folclórica Intrapenitenciaria; Certificado de Instalación y Mantención de sistema de Riego tecnificado; Participación en Yo Emprendo semilla; Innova Corp. FOSIS.

En conclusión, queda demostrado que el Consejo Técnico ha orientado las actividades de nombre reservado aplicando los RSVP a ambos géneros en pos de un principio de no discriminación. En este orden de ideas, la parte recurrente tampoco acompaña a su presentación antecedentes indubitados de las patologías de origen clínico que afectarían severamente a la protegida, que sean específica y directamente derivados de los supuestos actos y/u omisiones que se denuncian como ilegales y/o arbitrarios, y que sean imputables a esta Institución, por lo que tal aserto no tiene asidero alguno.

Por otra parte, en lo pertinente a la supuesta vulneración y/o conculcación de su garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), la peticionaria intenta fundamentar una supuesta violación a este precepto constitucional basado en la exclusión que sufrirían las mujeres de los programas de nombre reservado, lo que - a su parecer-sería una situación generalizada a nivel penitenciario en nuestro país, señalando además que la disponibilidad de programas CET dependen de la existencia de recursos financieros, los cuales siempre son limitados, por lo que el Estado debe administrar estos recursos de tal manera que permitan un acceso igualitario entre hombres y mujeres. A este respecto, cabe indicar que el artículo 24 de la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos) manifiesta que todas las personas son iguales ante la ley, enfatizando que, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Desde ese punto de vista, siendo deber del Estado garantizar los derechos de las personas, también tienen el imperativo de evitar la eventual amenaza o riesgo de su derecho a la integridad, como podría ocurrir en este caso.

Tampoco ha habido discriminación, pues si bien ha tenido avances en su proceso progresivo de nombre reservado, éstos no permiten vislumbrar que la protegida está en condiciones de ingresar a un establecimiento penal que otorgue mayores espacios de autodeterminación en cuanto al uso de la libertad y responsabilidad. Asimismo, la pericia social efectuada por la Defensoría Penal Pública es clara y concluyente respecto del peligro que para la sociedad conllevaría que egrese sin alcanzar en plenitud el desarrollo de aptitudes que impidan la comisión de nuevos ilícitos de tal especie. En dicho sentido indica: "En lo conclusivo. "Según los antecedentes expuestos en relación con la solicitud de traslado de unidad penal planteada por parte del Sra. nombre reservado, a CET Valdivia; se puede observar una necesidad de adquirir herramientas que le permitan potenciar sus habilidades de resocializacíón, puesto que el CET es un programa centrado en mejorar la empleabilidad de la población condenada, a través de la capacitación, formación y/o especialización en oficios. A lo largo de las distintas etapas de su ciclo vital, la referida se ha visto enfrentada a diversos factores de riesgo que han generado, pese a su historia de vida marcada por hechos traumáticos, el desarrollo de habilidades de resiliencia. Doña nombre reservado en su historia de vida ha estado expuesta a situaciones de vulneraciones y negligencia parental; como se observa en lo vivenciado a los 08 años y luego a sus 14 años, abandonando el hogar conformado por su figura materna y padrastro, transformándose en madre a los 15 años con pareja que durante la relación presentó de manera constante problemas de abuso de consumo de alcohol y drogas. Es importante señalar que doña nombre reservado no tuvo la opción de reparar sus experiencias tempranas de victimización y exclusión, y la violencia a la cual se vio expuesta la referida a lo largo de su vida se manifestó en diversas dimensiones, ...;El conjunto de dichas experiencias traumatizadoras en su proceso de socialización primaria contribuyeron a verse expuesta a inestabilidad emocional, buscando suplir las carencias parentales, en parejas de unión consensua! con quienes sostuvo relaciones que generaron afectaciones tanto en la esfera personal, familiar y comunitaria...."(sic).

Finalmente, corresponde ponderar de fondo la pertinencia de trasladar a la protegida a un establecimiento penitenciario, independiente y autónomo, donde cumplirá condena en un régimen basado en la autodisciplina y relaciones de confianza, incumpliendo los antecedentes psicológicos establecidos en la normativa para su ingreso, lo que podría significar un riesgo potencial de reincidencia u otras actividades delictivas debido a la posibilidad de optar a los permisos de salida sin custodia, establecidos en el artículo 83 del Decreto 943, de fecha 14 de mayo de 2011 que Aprueba Reglamento que establece un Estatuto Laboral y de Formación para el trabajo penitenciario.

Acompañó los siguientes documentos: 1)

Ficha Única de Condenada de la protegida; 2) Ficha de Control de Conducta de doña nombre reservado; 3) Acta Sesión N°46, efectuado con fecha 28 de diciembre de 2021, en el Centro de Detención Preventiva de Angol; 4) Notificación a la protegida de fecha 28 de diciembre de 2021, del Alcaide del Centro de Detención Preventiva de Angol; 5) Cuadro Resumen de domicilio reservado de marzo de 2022 por delitos sexuales, del Departamento de Estadística y Estudios Penitenciarios de la Subdirección de nombre reservado de Gendarmería de Chile; 6) Oficio Circular N° 22 de fecha 18 de enero de 2022, de Subdirectora (S) de nombre reservado de Gendarmería de Chile; 7) Oficio Circular N° 184 de fecha 27 de mayo de 2019, del nombre reservado, hoy nombre reservado de Gendarmería de Chile.

A folio N°19-2022 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de autos, tiene por objeto se deje sin efecto la negativa traslado de la recurrente desde el Centro de Detención Preventiva de Angol al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, la que fue dictada, en la Sesión N° 46, por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, representado por el Sr. nombre reservado, Teniente Coronel de Gendarmería de Chile y Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, domiciliado en domicilio reservado; y por la otra se ordene a Gendarmería de Chile contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales.

SEGUNDO: Que, el artículo 80 del DS. 943 de 2011 del Ministerio de Justicia dispone: “Requisitos. Para la selección de los condenados postulantes a los CET se considerarán: su disposición al trabajo, necesidades de nombre reservado, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe. La duración de la pena no constituirá un factor excluyente. Sin perjuicio de lo cual sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos, los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intra penitenciarios. Excepcionalmente podrán ser postulados internos con menor tiempo de cumplimiento siempre que concurran los requisitos establecidos en el inciso precedente y cuenten con la aprobación de la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile. Los criterios conforme a los cuales serán seleccionados los condenados que postulen a los CET semiabiertos serán los siguientes: a) Conducta: Que los internos tengan Buena o Muy Buena Conducta del último bimestre a la fecha de su postulación. b) Tipo de delito: La selección de los condenados no estará condicionada o limitada por el delito a que se encuentre condenado el postulante. c) Salud: Se considerará tener salud compatible con las actividades laborales del CET al cual postula. Artículo 81. La selección de los condenados que se envíen a los CET será aprobada por el Consejo Técnico del Establecimiento Penitenciario cuando se trate de condenados de los CET cerrados y abiertos. En el caso del CET semiabierto, el Director Regional de Gendarmería otorgará la aprobación a que se refiere el inciso precedente, previo informe favorable tanto del Consejo técnico del Establecimiento de origen como del de destino, quienes evaluarán los antecedentes en reunión conjunta con el Director Regional respectivo, en los casos en que ambos Establecimientos se encuentren en la misma región. En caso contrario, el Establecimiento de origen remitirá los antecedentes a la región de destino, para la sesión del Consejo Técnico del CET de destino”.

TERCERO: Que, el ejercicio de la facultad de aprobar o desestimar una solicitud de traslado por parte de Gendarmería cae dentro de que se conoce como discrecionalidad técnica que “ se relaciona con exclusión del control judicial de los actos administrativos que expresan un juicio técnico, aspecto que supone que en la decisión que se adopte, la judicatura reemplace la labor del ente especializado expresando un decisión relacionada con el fondo de la cuestión debatida, la que necesariamente debe relacionarse con la ponderación de elementos altamente técnicos entregados a órganos especializados” (Corte Suprema. Sentencia de fecha 09 de Mayo de 2021|7 Rol N° Nº 62.128-2016).

CUARTO: Que, lo anterior, no impide el control jurisdiccional de los aspectos jurídicos implicados, ya que a través de las pruebas realizadas en el proceso los tribunales pueden llegar a una conclusión contraria a la que se ampara en la presunción de legalidad, como ejemplo cuando a través cuando a través de la prueba se establece fehacientemente el error técnico cometido en el juicio técnico efectuado por la Administración, lo que puede afectar la motivación de la decisión, sino solo el de la no revisión del juicio técnico y de la eventual sustitución de la voluntad administrativa, ya que no procede la sustitución por parte de los tribunales mediante la emisión a su vez de una decisión de tipo técnico por los propios criterios o conocimientos del tribunal, salvo el caso en que según Eva Desdentado Daroca “las valoraciones y juicios técnicos permiten la integración de conceptos jurídicos indeterminados empleados por la norma o normas jurídicas habilitantes”. (Eva Desdentado Daroca La motivación de los actos administrativos y su control. Reflexiones críticas sobre las últimas orientaciones. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Nota al pie N° 25, Nº 84, 2009, págs. 85-134).

QUINTO: Que, para la recurrente la resolución del Consejo Técnico incumple el deber de motivación de toda resolución que se refiera al ejercicio de derechos de un particular, dictada por un órgano público. Al efecto, indica que la exigencia de motivación impone el deber de señalar los hechos que motivan la denegación del traslado de su representada y los motivos de derecho que impiden acceder a ella, lo que no ocurre en la especie, pues el Consejo Técnico desacredita los avances que la recurrente ha tenido en su proceso de nombre reservado, fundando su rechazo en el hecho de haber existido una supuesta falta de adaptación al régimen semiabierto, hecho que sostiene fue juzgado en su oportunidad.

SEXTO: Que, los fundamentos de la jefatura del centro de detención preventiva de Angol para denegar la solicitud de traslado constan del acta del Consejo Técnico N° 46, llevado a efecto con fecha 28 de diciembre de 2021, la que declara haber tenido a la vista sus antecedentes personales y procesales, generando un documento en el que se consigna el voto fundado de cada integrante de dicho Consejo, todos los cuales fueron desfavorables al traslado solicitado, justificando individualmente sus decisiones.

SEPTIMO: Que, no se aprecia que la decisión adoptada por Gendarmería adolezca de vicios que afectan su legalidad o que la tornen en arbitraria. En particular, y relación a las alegación de carencia de la debida fundamentación en la “la falta de adaptación al régimen interno en el sistema semiabierto” y en relación a que la exigencia de intervención relacionada con su delito es de imposible cumplimiento, sin perjuicio de que se trata de cuestiones propias de una juicio técnico, aparecen en cuanto determinación debidamente justificadas, justificación que la recurrente podrá no compartir, pero que no significa que conlleven que la decisión carezca de motivación. Así, se podrá o no compartir que se considere como parte del proceso de análisis que la recurrente ha tenido una falta de adaptación al régimen semiabierto, para no tener por plenamente justificado su proceso de nombre reservado, pero ello no obsta a que la fundamentación técnica concurra en el presente caso. Además, en relación a que no se ha podido exigir el requisito de intervención relacionada con su delito, ya que el plan de intervención de Ofensores Sexuales, solo está disponible para la población masculina, no se aprecia que ello haya sido determinante en la decisión técnica adoptada, por lo que no obstante, ser efectivo la ausencia del referido protocolo, no se aprecia que la aplicación de lo existente haya sido el factor determinante y específico de la negativa adoptada a la solicitud de traslado.

OCTAVO: Que, dado lo antes señalado se rechazará el recurso en lo que dice relación con la negativa al traslado de la recurrente desde el Centro de Detención Preventiva de Angol al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, adoptada en la Sesión N° 46, por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol.

NOVENO: Que también se recurre por la omisión de Gendarmería de Chile en cuanto a contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales que puedan estar cumpliendo condenas en regímenes cerrados, como es el caso de la recurrente, y tampoco, en sistemas semicerrados, ni en programas post penitenciarios (cumplimientos de penas sustitutivas o modalidades alternativas de cumplimiento como Libertad Condicional).

DECIMO: Que, la Resolución Exenta 454/21 de fecha 30 de diciembre del 2020, señala que: “Podrán participar todas aquellas personas de sexo masculino que dentro de su condena actual tengan un delito sexual, con riesgo medio y alto de reincidencia en violencia sexual y que no presenten criterios de exclusión estipulados para PPL…”.

UNDECIMO: Que, el articulo 4 letra f.-) de, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), promulgada por DS. N° 1.640 de 23 de septiembre de 1998 y ´publicad en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998 señala: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: Letra f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. El artículo 6 letra a.-) adiciona que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Finalmente, el artículo 7 letra a.-) agrega que : “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: Letra a.-) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

DUODECIMO: Que, la ausencia de Programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales que puedan estar cumpliendo condenas en regímenes cerrados, en sistemas semicerrados, y en programas post penitenciarios (cumplimientos de penas sustitutivas o modalidades alternativas de cumplimiento como Libertad Condicional), configura una situación de violencia contra la mujer, dado que vulnera la igual protección de la misma ante la ley, al existir programas equivalentes para la población masculina, generando una discriminación no permitida por el ordenamiento jurídico, que vulnera el deber del Estado abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, que debe ser superada.

DECIMO TERCERO: Que, la situación anterior no solo es ilegal, al ser contraria a la normativa antes citada, sino que también es arbitraría, ya que el solo hecho de ser reducida la población penal afectada por esta omisión, no justifica la ausencia de dicho programa, entendiéndose además que es contraria a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que ampara la igual ante la ley y que impide a las autoridades establecer diferencias arbitrarias, prohibición que en su amplitud comprende no solo las conductas activas, sino que también las conductas omisivas, como ocurre en el presente caso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, Defensora Penal Pública Penitenciaria, en representación de nombre reservado, en contra del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, representado por el Sr. nombre reservado, Teniente Coronel de Gendarmería de Chile y Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, por la negativa a aprobar el traslado de la recurrente desde el Centro de Detención Preventiva de Angol al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia.

Sin perjuicio de lo anterior SE ACOGE la presente acción en contra de GENDARMERÍA DE CHILE, representada legalmente por su Director Nacional don Christian Alveal Gutiérrez, por haber incurrido en la omisión, ilegal y arbitraria, consistente en no contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales, ordenándose que dicha institución deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la generación y ejecución de Programas para ofensoras sexuales, sea modificando el actual – dirigido a hombres – o generando uno específico para mujeres condenadas por delitos sexuales, en ambos casos con enfoque de género; fijándosele al efecto un plazo de seis meses, debiendo informar a esta Iltma. Corte sobre las medidas adoptadas.

Redacción del abogado integrante Sr Roberto Contreras Eddinger Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 649-2022. (sac)