nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dos de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, C.I. RUT reservado, bombero, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, C.I.RUT reservado, bombera, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, bombera, C.I. RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y nombre reservado, C.I. RUT reservado, bombera, domiciliada en domicilio reservado, quienes exponen que impetran acción de protección constitucional en contra del nombre reservado, corporación de derecho privado sin fines de lucro, RUT RUT reservado, representado por su superintendente Juan Feliciano Soto Sáez, C.I. RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y correo electrónico para notificaciones correo reservado, por lo siguiente:

CONTEXTO El nombre reservado es una corporación de derecho privado fundada en 1994. La integran personas naturales que reciben el nombre de voluntarios o voluntarias, aun cuando a veces se les denomina bomberos o bomberas. Estas personas se agrupan en reparticiones funcionalmente independientes denominadas compañías. Las compañías, que en Melipeuco son 2, no son jurídicamente independientes, pues no tienen personalidad jurídica. Solo son una división interna, y pueden además dotarse a sí mismas de reglamento interno, siempre y cuando, por supuesto, éste no vaya en contra del reglamento general ni de los estatutos.

Conforme a sus estatutos y reglamento general, que acompaña a esta presentación, el nombre reservado anualmente elige a sus autoridades generales (superintendente, comandante, segundo comandante, secretario general, tesorero general).

Las compañías por su parte, también de manera anual, eligen sus autoridades internas, que son: Director, Capitán, Secretario, Tesorero y la cantidad de Tenientes que se estimen necesarios.

La potestad disciplinaria del cuerpo está entregada al Consejo Superior de Disciplina y a los Consejos de Disciplina de las Compañía) Ningún otro organismo ni autoridad de la corporación puede ejercer funciones disciplinarias.

HECHOS Los recurrentes son bomberos y bomberas del nombre reservado. En tal condición, pueden ser sometidos a juzgamiento disciplinario de acuerdo con el estatuto y reglamento que los rige.

El 24 de agosto de 2024 doña nombre reservado, directora de la primera compañía de nombre reservado, unidad que integra el nombre reservado, les hizo llegar individualmente cartas en las que junto con señalarles hechos que según su entendimiento constituían faltas reglamentarias, les indicaba que a contar de esa fecha dejaban de pertenecer al nombre reservado, salvo el caso de nombre reservado, a quien impuso una amonestación verbal.

En cada carta describía hechos que ella consideraba una falta, sin que haya habido un solo acto destinado a probar lo que son rumores, acusaciones, imputaciones, o como quiera llamárseles, pero hechos consumados no son.

Esta carta constituía un acto único ejecutado por la directora en su calidad de tal, sin que haya existido una sesión disciplinaria de alguno de los organismos contemplados en el reglamento.

Copias de esas cartas se adjuntan a este recurso. Las cartas les fueron notificadas entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre, ambos de 2024.

ACTOS IMPUGNADOS Las cartas de fecha 24 de agosto, enviadas por la directora de la primera compañía doña nombre reservado a cada uno de los recurrentes por separado, que fueron notificadas a nombre reservado El 28 de agosto de 2024 y a las demás recurrentes el 2 de septiembre de 2024, en las que dicha autoridad decreta su expulsión de la institución y la amonestación verbal de nombre reservado

LEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD Esta comunicación de la directora es totalmente contraria a reglamento, ilegal e inconstitucional, dado que la facultad de juzgar las faltas cometidas por los miembros de la corporación está radicada en el Consejo Superior de Disciplina (artículo decimoprimero de los estatutos y título X del reglamento general) y en los Consejos de Disciplina de las Compañías (título XI del reglamento general). A mayor abundamiento, en los casos de nombre reservado y nombre reservado, y nombre reservado el artículo 5 del reglamento general establece de manera expresa que la calidad de bombero o bombera, es decir, la calidad de miembro de la corporación, solo puede perderse por renuncia, separación o expulsión, indicando los organismos que conocen de cada una de las causales, entre las cuales no está la directora de la compañía.

La directora de la compañía de bomberos no tiene la facultad de juzgar faltas ni de aplicar sanciones. Desde el punto de vista reglamentario, sus facultades están establecidas en el artículo 60 del reglamento general y ninguna de ellas dice relación con despojar a una persona de su calidad de Bombero o Bombera, o de aplicar una sanción de amonestación verbal.

La decisión tomada por la directora viola además lo dispuesto por el artículo 552 inciso tercero del Código Civil, dado que se trata de un órgano de la administración que se arroga facultades disciplinarias.

De todas maneras, el reglamento del nombre reservado es contrario a la ley, dado que establece que los organismos disciplinarios están integrados por miembros de la administración, algo que en Chile está prohibido desde 2011.

ARBITRARIEDAD Resulta evidente que la decisión tomada por el nombre reservado a través la directora nombre reservado es también arbitraria.

De hecho, se trata de una sentencia disciplinaria condenatoria, pues impone sanciones corporativas, las de expulsión en tres casos y de amonestación verbal, en el cuarto. Sin embargo, esta sentencia no está basada en proceso alguno. La carta que comunica la sanción no hace más que dar cuenta de los hechos que supuestamente habrían sido cometidos por cada uno de los recurrentes, sin que se haya recibido prueba alguna, sin dar argumentación alguna para dar por probados los hechos. En efecto, se limita a repetir en algunos casos el resultado de auditorías que sugieren que deben realizarse investigaciones, o sea, ni siquiera hay una investigación realizada para culparlos y en otros hace eco de rumores acerca de relaciones personales o supuestos dichos, dándolos por ciertos sin prueba alguna.

Además, en los casos de nombre reservado y nombre reservado y nombre reservado, la directora inventa una sanción que no existe, diciendo que si quieren volver al cuerpo “nunca más podrán ser oficiales”, un capricho irracional que no tiene fundamento ni asidero alguno.

GARANTÍAS VULNERADAS 19 N°2 Artículo 19 N°2 de la CPR: Igualdad ante la ley La Constitución Política de la República consagra en varias de sus normas, el respeto debido al principio de igualdad, como lo proclama: el artículo 1º cuando dispone que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos; el precepto del artículo 15, que resguarda el principio que el sufragio ha de ser igualitario; la exigencia de igualdad que debe existir entre independientes y miembros de los partidos políticos que estatuye el artículo 19, a propósito del sistema electoral público; al establecer la igualdad como derecho subjetivo constitucional en el artículo 19 números 2, 3, 9 inciso segundo, 16, inciso tercero, 17, 20, 22 y 26, o bien como exigencia de conducta para determinados órganos, como resulta del artículo 98, inciso final respecto del Banco Central y otras.

Como ha dicho reiteradamente la Corte Suprema, la igualdad supone admitir desde la perspectiva de las categorías de igualación o diferencia que distingue el legislador- los siguientes tipos de igualdad o más bien de justicia.

Por una parte, la igualdad por equiparación; por otra, la igualdad por diferenciación; y por último, la igualdad procesal. Las dos primeras recogen la fórmula clásica de tratar de modo igual lo que es igual (o cuyas diferencias son irrelevantes) y de modo desigual lo que es desigual (cuando sus diferencias son relevantes). Las tres modalidades de igualdad la Constitución chilena las contempla.

En este caso, el nombre reservado ha violado gravemente los principios del debido proceso, les ha impuesto una sanción de expulsión y una inhabilidad futura, sin citación, sin comunicación de hechos, sin indicación de normas infringidas, ni formalización de cargos, sin acceso a antecedentes del caso habiendo constancia de que existían, sin darles la posibilidad de rendir prueba y sin dar fundamentos racionales en su decisión, con lo cual ha infringido de manera directa la obligación de cautelar un debido proceso, y con ello ha generado una discriminación arbitraria respecto de su persona y en relación a todos los demás miembros de la institución.

Las infracciones al debido proceso en esta sanción que reciben son profundamente graves. Se les impone una sanción por oficio, sin que haya proceso alguno.

Nuestros tribunales superiores han acogido progresivamente la tesis de que la infracción grave de las normas del debido proceso genera una discriminación ilegal y arbitraria que debe ser cautelada por vía proteccional. A manera de ejemplo cito las sentencias siguientes: 12.523-2020 ICA Concepción, 4282-2016, 7798- 2019, y 10689-2020 de la ICA San Miguel, 3541-2019 de la ICA Rancagua, 1555-2017 de la ICA Valdivia, 1896-2020 ICA Puerto Montt, todos confirmados por la Excma. Corte Suprema.

Art. 19 Nº3, inciso quinto de la CPR. Prohibición de juzgamiento por comisiones especiales.

Ha afirmado en esta presentación que la potestad sancionatoria de una corporación no puede estar radicada en su administración. (Artículo 553, inciso segundo del Código Civil).

En este caso, es un oficial de la administración del nombre reservado quien se ha arrogado facultades disciplinarias, decidiendo de manera unilateral, ilegal y arbitraria que deben perder su calidad de miembros de la corporación o sufrir una sanción. Lo hizo sin que disposición reglamentaria alguna se lo permitiera. Lo hizo además sin citación, sin formalización de cargos, sin juzgamiento, sin audiencia, sin sentencia y sin apelación.

Este es uno de los casos más graves del ejercicio de las facultades disciplinarias y sancionatorias de una corporación por una comisión especial, no contemplada en reglamento alguno, sin facultades y sin existencia reglamentaria ni legal.

La disciplina no puede ser aplicada por el órgano administrativo. La sanción no puede ser impuesta por nadie más que por un tribunal. Además, la aplicación de justicia con infracciones al debido proceso convierte a cualquier tribunal en una comisión especial.

Nuestra jurisprudencia va en claro sentido unificatorio respecto de este punto, como lo ha expresado en las siguientes sentencias, entre otras: Rol 10689-2020 ICA San Miguel, 1579-2019 ICA Puerto Montt, 38621-2020 ICA Valparaíso, 732-2020, 2312-2020 y 678-2020 ICA Chillán, 278-2017, 6109-2019 y 8460-2020 ICA Rancagua, 1924-2020 y 1066-2020 ICA Puerto Montt, 96615-2020, ICA Santiago. Todas estas sentencias fueron confirmadas por la Corte Suprema.

Por lo expuesto terminan solicitando se tenga por interpuesta la acción proteccional presente en contra de los recurridos ya individualizados, admitirla a tramitación y en definitiva acogerla declarando ilegal y arbitraria la decisión de expulsarnos por carta, adoptada por el nombre reservado a través de la directora de la primera compañía nombre reservado, dejándola en consecuencia sin efecto y ordenando a la recurrida que los reincorpore inmediatamente, sin pérdida de antigüedad y derechos, todo con costas.

Acompañan a su acción constitucional los siguientes documentos:

1. Estatuto y reglamento del nombre reservado.

2. Copia de las cartas recibidas por las que se les expulsó sin proceso.

INFORME.- En el folio ___, comparece nombre reservado, nombre reservado, en representación según se acreditará del nombre reservado, persona jurídica sin fines de lucro, ambos con domicilio en domicilio reservado, y evacuando el informe que se les ha solicitado, expresa:

EN CUANTO A LOS HECHOS.

Efectivamente el nombre reservado, es una institución sin fines de lucro; que actualmente y desde el día 25.05.2024 ha sido designado como Superintendente de dicha organización. En lo que respecta a la acción interpuesta, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, señala que el plazo para su interposición es de 30 días desde la ocurrencia del acto arbitrario o ilegal; los recurrentes refieren como acto arbitrario o ilegal la comunicación de la directora de la aplicación de sanción, la que fue notificada a doña nombre reservado el día 28.08.2024, nombre reservado con fecha 28.08.2024, nombre reservado el día 28.08.2024 y nombre reservado el día 28.08.2024.

A) Efectivamente los recurrentes formaban parte de la 1ra. Compañía del nombre reservado, con los siguientes cargos y parentescos: don nombre reservado, quien fue Comandante de la Compañía manifiesta un lazo de amistad muy cercano con doña nombre reservado, quien se desempeñaba como Secretaria de la Compañía, ella a su vez es hija de doña nombre reservado que se desempeñó como Directora de la Compañía; por otra parte don nombre reservado, es hermano de la recurrente doña nombre reservado, quien se desempeñaba como Secretaria de la Compañía durante el período 2022-2023, y sobrino de don Jaime Ceballos que se desempeñaba como Superintendente hasta 25 de mayo de este año 2024; a su vez doña nombre reservado, es madre de doña nombre reservado, y doña nombre reservado, se desempeñaba como voluntaria de la compañía.

B) Los recurrentes, es decir don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, era quienes tenían la más absoluta organización, dirección y gestión de la Compañía, atendida la cercanía entre todos ellos conforme los antecedentes indicados en la letra A) del presente, las decisiones las adoptaban entre ellos y de estas decisiones tomaban conocimiento los demás miembros sólo si es que ellos las comunicaban, pero no en una asamblea ni a través de medios formales, sino que se deducían de las conversaciones que se pudieren sostener de manera informal con ellos e incluso en otras oportunidades debían deducirse o suponerse en razón del actuar de ellos, no se convocaba a la asamblea, no se sometía a votación las iniciativas, no existía aprobación de la asamblea, no se rendía cuenta de los gastos, de los egresos e ingresos del nombre reservado, no se contaba con claridad del destino de los bienes muebles de la institución y no se daba de baja los bienes o al menos no consta acta alguna que dé cuenta de esa labor.

C) La situación anterior era de conocimiento de los voluntarios, sin embargo al momento en que alguno de éstos les requería información a los recurrentes, éstos enardecían los ánimos, sin embargo aun así, no llamaban a Asamblea, no se citaba a sesionar, ni se rendía cuenta, obligaciones con las que se debía cumplir, como tampoco tenía lugar la posibilidad de convocar al Consejo de Disciplina de la Compañía, no siendo posible realizar las investigaciones ni denuncias correspondientes al encontrarse el mismo grupo de recurrentes emparentados entre sí y con los más altos cargos en la Compañía, se estima que las irregularidades datan aproximadamente desde el año 2020.

D)

Recién el año 2024, y a solicitud del voluntariado se realizó una auditoría interna en la tesorería de la Primera Compañía de nombre reservado, se logró iniciar un procedimiento mediante el Consejo de Disciplina, en él se hizo llegar toda la documentación con que se contaba y se incorporó a la investigación, se constituyó debidamente el Consejo conformándose por los nuevos miembros, conforme lo expresado por los artículo 52 y siguientes del Reglamento General del nombre reservado, quienes asumieron recientemente. En efecto, los recurrentes fueron notificados de las resoluciones, conforme consta en el Libro de Bitácora a fojas 196 y 196 vta., respecto de las notificaciones y de las resoluciones, no realizaron presentación alguna, aun cuando el Reglamento les otorga la posibilidad de recurrir, cabe precisar, que todos los voluntarios al momento de su ingreso les es entregada una copia del Reglamento General del nombre reservado, en consecuencia no queda más que estimar que renunciaron a su derecho a realizar presentación alguna.

E) A su vez, en cuanto a la alegación realizada por los recurrentes, que se refiere a que la Directora habría realizado las notificaciones y/o el proceso, es posible señalar que no es efectivo, el proceso fue debidamente realizado por el organismo competente, eso es el Consejo de Disciplina, y la remisión de la carta corresponde a la Directora a quien, conforme el artículo 60 del mismo Reglamento, le corresponde velar por la disciplina y buen nombre de la Compañía y firmar la correspondencia de la Compañía y toda cuenta o presupuesto que debiere presentarse al Directorio o al Consejo de Oficiales Generales; cabe precisar que la Directora Sra. nombre reservado, asumió el cargo con fecha (¿?) , en consecuencia, se encuentra debidamente notificado y ajustado al Reglamento y no fue ella quien juzgó ni aplicó la sanción, sino que fue el cuerpo colegiado que indica el Reglamento. A mayor abundamiento, es posible señalar que los recurrentes no han sido expulsados de la institución, sino que solamente de la Primera Compañía de nombre reservado, no resultando efectiva su alegación.

EL DERECHO.

En cuanto a las garantías supuestamente vulneradas, es posible señalar que yerra la parte recurrente al pretender aplicar la acción de protección que contempla el artículo 20 de la Carta Fundamental a los siguientes numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, 9 inciso segundo, 17, 20 y 26, por cuanto no se encuentran resguardados por la acción interpuesta.

A su vez, respecto de las demás garantías que señala, se debe precisar que no aplica respecto de la resguardada en el N°2 del artículo 19, por cuanto tal como se ha señalado ha sido aplicada la normativa existente para la compañía, que es el correspondiente Reglamento, una vez que ellos dejaron de ostentar los cargos, fue posible realizar el proceso, lo que no tuvo lugar mientras los recurrentes ejercían dichos cargos, es más podría incluso pensarse que ellos eran quienes se encontraban privilegiados y con una cierta protección al ser familiares o amigos cercanos y contar con dichos cargos, puesto que no era posible solicitar rendir cuenta ni tampoco tenían lugar las Asambleas a las que correspondía que citaran, puesto que éstas deben tener cierta periodicidad conforme señala el mismo Reglamento.

Tampoco se encuentra transgredida la garantía del artículo 19 N°3, esto es igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pues ellos fueron debidamente notificados y tuvieron la oportunidad de hacer valer los derechos que estimaren, derecho que no ejercieron, aun habiendo sido debidamente notificados, conforme consta en la documentación que se acompaña.

En lo que respecta a la garantía del artículo 19 N° 16 se refiere a la libertad de Trabajo, cabe señalar que ser voluntario de una Compañía de Bomberos no reviste los caracteres de un trabajo, para eso existen otras garantías, pero no la del numeral 16, que se refiere expresamente al trabajo no siendo aplicable para la situación que la parte recurrente pretende. Y en lo referente al numeral 22 del artículo 19, señalar que tampoco es aplicable en la especie, puesto que en caso alguno ha sido discriminado alguno de los recurrentes, no existiendo acto u omisión que pudiere siquiera estimarse algún tipo de discriminación hacia alguno de ellos, muy por el contrario, ellos formaron parte de la Compañía e incluso ejercieron altos cargos en ella, y se aplicó la sanción de expulsión de la Compañía y no de todo el nombre reservado, debiendo, también estimarse inaplicable para la situación de la especie.

A su vez en lo que se refiere a los demás numerales del artículo 19 invocados, en lo que dice relación con el numeral 9 inciso segundo, se refiere al derecho a la salud, a su acceso libre e igualitario que no dice relación alguna con los hechos indicados además no se encuentra resguardado por el artículo 20 de la Constitución Política, en lo que se refiere al numeral 17 del mismo artículo, esto es la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin más requisitos que los impuestos por la Constitución y las leyes, tampoco resulta pertinente debido a que no se trata de un empleo o función pública, en lo que respecta al numeral 20 del mismo artículo 19 esto es la igual repartición de los tributos, tampoco dice relación con los supuestos hechos que alega la recurrente y en lo que respecta al numeral 26 que es la no afectación de los derechos en su esencia , en relación con el artículo 98 de la Ley del Banco Central, materia que no dice relación con los supuestos hechos por los que recurre.

Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de fechas 27 de junio de 1992 modificado por el Auto Acordado de 9 de junio de 1998, solicita tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar la Acción de Protección en todos sus partes con costas.- Acompaña con su informe los siguientes documentos:

1.-Reglamento General del nombre reservado 2.- Notificaciones a cada uno de los recurrentes.

3.- Actas 4.- Copia del libro de bitácora.

5.- Aplicación de sanción a cada uno de los recurrentes.

En la vista del recurso, audiencia realizada el 28 de abril de 2025 solo compareció la apoderada de la institución recurrida, reiterando su petición de rechazo contenida en el informe, por cuanto su representada no ha cometido acción u omisión ilegal o arbitraria, que haya afectado las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes. La sanción fue adoptada por el órgano competente y conforme a un justo y racional procedimiento, y pudiendo haber recurrido no interpusieron apelación alguna.

Terminada la vista quedó en acuerdo y logrado éste se redacta la presente sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por finalidad cautelar ciertos y determinados derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la carta magna, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen. Su objeto es otorgar una protección urgente, siendo improcedente cuando el conflicto planteado exige un análisis más profundo que requiera de debate contradictorio, prueba y determinación de derechos controvertidos. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEGUNDO: Que, en la especie, la acción ha sido deducida por los recurrentes en contra del nombre reservado, corporación de derecho privado sin fines de lucro, RUT RUT reservado, representado por su superintendente Juan Feliciano Soto Sáez, impugnando las cartas que doña nombre reservado, directora de la Primera Compañía de nombre reservado, unidad que integra el nombre reservado, les hizo llegar individualmente a cada recurrente con fecha 24 de agosto de 2024 en las que junto con señalarles hechos que constituían faltas reglamentarias, les indicaba que a contar de esa fecha dejaban de pertenecer al nombre reservado, salvo el caso de nombre reservado, a quien impuso una amonestación verbal, decisión que fue adoptada por órgano incompetente- comisión especial- y sin apegarse a las normas del debido proceso, afectando su derecho a ser oídos, conocer los cargo, formular los descargos y aportar las pruebas pertinentes.

TERCERO: Que para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es necesario consignar la normativa aplicable.

El artículo 1° de la Ley N° 20.564, prescribe: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil”. Por su parte, el artículo 553 del Código Civil, señala: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.”

“La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.”

Asimismo, el Reglamento General del nombre reservado, en su artículo 51, establece que “El ejercicio de las funciones disciplinarias en las Compañías, corresponderá a sus Consejos de Disciplina y Junta de Oficiales. Por ningún motivo el conocimiento y resolución de las faltas cometidas por los miembros de una Compañía, podrá llevarse a las reuniones de las mismas”- A su vez el artículo ART.53 estatuye que: “Los Consejos de Disciplina de las Compañías estarán integradas por el Director, el Capitán, el Secretario, el Tesorero y un Voluntario designado por el Directorio de la Compañía. Las reuniones de los Consejos de Disciplina, serán secretas y formaran quorum cuatro de sus miembros.

El ART.54 agrega que: “Las Juntas de Disciplina actuaran como jurado, sus fallos serán inapelables y en contra de ellos sólo procederá el recurso de que trata el Art. N° 51 (nulidad). En el acto se dejara constancia de las disposiciones reglamentarias infringidas y de la resolución adoptada por este organismo.-“ “Deberá procederse oyendo al afectado, previa citación. Si no concurriera, se le juzgara en rebeldía. La citación se hará por escrito al domicilio que tuviere registrado en su respectiva Compañía.”

El ART. 55 dispone: “Las resoluciones serán comunicadas al afectado en presencia del organismo disciplinario, o por nota dirigida al domicilio.- La nota se presumirá recibida dentro de 10 días contados desde la fecha en que se acreditare haber sido la de su envió.”

ART.56: “El Consejo de Disciplina de las Compañías, podrá imponer a sus Voluntarios toda clase de penas, con excepción en el caso que se tratare de un Oficial General, según se establece en el Art. N- 44”.

“ART.57. Las medidas disciplinarias producirán sus efectos desde la fecha de su comunicación a la Compañía y al afectado. La expulsión se comunicará a todas las Compañías.”

ART.58: “La pena de suspensión aplicada por el Consejo de Disciplina a un Oficial de Compañía, producirá de hecho la acefalia del cargo que desempeñare.”

“ART.59. “El Voluntario suspendido no podrá concurrir a los actos de servicio ni al Cuartel, ni podrá ser elegido o designado para cargo alguno mientras se hallare pendiente la suspensión.”

CUARTO: Que en cuanto a las irregularidades que los actores acusan respecto de la decisión de expulsión y amonestación que les fuera comunicada por la carta de 24 de agosto de 2024, esto es, que fue adoptada sin procedimiento racional y justo, sin formulación de cargos, sin ser oídos, sin poder rendir prueba y adoptada por órgano incompetente, por ende, por una comisión especial, lo que es negado por la recurrida; de la documentación acompañada por ésta y los primeros, queda demostrado que aquellas son efectivas. En efecto, revisadas las actas y cartas aludidas por la recurrida, también anexadas por la recurrente, no existe claridad en primer lugar, de la constitución regular y oportuna del Consejo de disciplina, de su funcionamiento, del quorum de los acuerdos, si los hubo; en segundo término, cargos formulados a los recurrentes, pruebas que los acreditaron; fundamentos de la decisión, En tercer término, no consta, si se dio a los recurrentes la posibilidad de efectuar sus descargo- ser oídos, como lo establece el inciso segundo del artículo 54 del Reglamento.

Así, por ejemplo, en el acta de Reunión Extraordinaria datada el 18 de mayo de 2024, manuscrita y con firmas ilegibles, se da cuenta de asistencia como Superintendente, Jaime Ceballos; secretario general, nombre reservado; Tesorero General, nombre reservado; Directora 1ra. Compañía, nombre reservado; Director 2da. Compañía, nombre reservado; 2do. Comandante, nombre reservado, siendo el primer tema a conocer la renuncia del Superintendente, no existe referencia algún a la existencia de irregularidades precisas y determinadas que hicieran necesario constituir el Consejo de disciplina, a que se iniciaría una investigación respecto de algún integrante de la institución, sólo consta que se solicita una comisión revisora de cuentas “para un mayor orden en las platas e ingresos y egresos del nombre reservado”.

En otra Acta, también manuscrita y con firmas ilegibles, que correspondería a reunión ordinaria correspondiente al mes de agosto de 2024, se da conocer el nuevo directorio, y existe constancia de ciertas denuncias, y malos entendidos entre los integrantes, y se efectúa un llamado a mejorar la relación entre ellos.

Sólo en un Acta, datada 28 de agosto de 2024, se consigna “Reunión comité disciplina, 19:40 horas”

“nombre reservado Guillibrand, expulsado de forma inmediata, por injurias, con derecho a apelación.”

“nombre reservado, expulsado de forma inmediata, falsificación de firma y uso mal de logos institucionales.”

nombre reservado Guillibrand, expulsada de forma inmediata, por falta de registro formal de bienes que no fueron transferidos a la 1ra. Compañía. Inexistencia de Actas del Directorio General, auditoría inconclusa o sesgada.”

“nombre reservado, expulsada de forma inmediata, por venta de bienes y que no hay registro alguno y sin autorización de dicha venta, por parte del Directorio General, comprobantes de pago; falta de comprobantes o recibos que no se les entregó a los voluntarios, siendo que los registros contables y pago de cuotas fueron realizados a la cuenta personal de nombre reservado Guillibrand, es por esto que no se encuentra registro de tal decisión; documentación incompleta de la Tesorería; falta de registros incompletos de documentos financieros relacionados con las ventas.”

nombre reservado, expulsada de forma inmediata, por faltas de indisciplina. Participación no autorizada en el Consejo Regional.”

Hay firmas ilegibles de la Secretaría de la 1ra compañía y de la directora.

QUINTO: Que, corresponde destacar que las cartas en que la directora de la 1ra.Compañía del nombre reservado, señorita nombre reservado, comunica la decisión de expulsión de dicho cuerpo a los recurrentes, y la amonestación, en el caso de la recurrente, doña nombre reservado, está datada con fecha 24 de agosto del año 2024, es decir, la sanción fue adoptada y comunicada cuatro días antes a la supuesta reunión del Consejo de disciplina de dicha compañía, que se pretendió plasmar en el Acta referida precedentemente datada el 28 de agosto de 2024, es decir se tomó la decisión de expulsión por la directora, órgano incompetente, sin haber formulado cargos, sin haberlos notificado, sin haber oído a los imputados, sin que se acreditaran en un debido proceso la efectividad de aquellos.

SEXTO: Que, si bien la Carta Fundamental reconoce la libertad y el derecho que asiste a los cuerpos intermedios de la sociedad de aplicar sus propios reglamentos y regular mediante ellos la actuación de sus miembros e imponer las sanciones disciplinarias debidamente establecidas en sus reglamentos internos, es procedente la revisión de la legalidad del procedimiento administrativo sancionador en cuanto sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y proporcionalidad de la sanción impuesta, dentro de un marco de control judicial de las facultades disciplinarias asumida por el órgano investigador de Bomberos.

SEPTIMO: Que así, en el caso de autos, con lo que se lleva dicho se vislumbra una clara infracción a las normas del debido proceso y el derecho que tiene toda persona a no ser juzgado, y menos sancionado, por una comisión especial. En efecto, destaca en primer término el incumplimiento de las propias reglas establecidas en el Estatuto respecto del órgano disciplinario, procesalmente no hubo formulación de cargos, no se demostró la notificación de ellos y la citación para ser oídos. Llamando asimismo la atención que no se indiquen las razones por las cuales no se citó a los recurrentes, ni en qué calidad, sin que se haya acreditado, asimismo, la constitución previa del órgano encargado de investigar como establece el propio reglamento de la institución, que se hayan formulado cargos formalmente y, que la carta resolución y el Acta de la reunión posterior del Consejo de disciplina, que dispuso las sanciones disciplinarias carecen de una adecuada motivación, sin expresar las razones por las cuales arribaron a las conclusiones allí indicadas, ni fundar la entidad de la sanción aplicada a los recurrentes de manera que permita entender las razones por las cuales se aplicaron éstas y no otras.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la sanción aplicada en contra de los recurrentes, aparece desde ya como arbitraria, toda vez que ha sido el resultado de un proceso en el cual no se permitió conocer con anticipación los cargos, para así preparar adecuadamente su defensa, poder efectuar los descargos, rendir prueba, y que, además, la sanción de expulsión aparece adoptada por órgano incompetente, la directora de la 1ra. Compañía del nombre reservado, decisión que además carece de la debida fundamentación, que permita estimar que ha sido el resultado de un procedimiento racional y justo. Además como directora de la compañía, al ser parte de la administración de la corporación, le está vedado formar parte del Consejo de disciplina, conforme lo dispone el artículo 553 del Código Civil, citado precedentemente, de manera que su decisión de expulsión es además, ilegal.

NOVENO: Que, establecida la arbitrariedad e ilegalidad de la sanción aplicada a los recurrentes por las infracciones al debido proceso que han sido individualizadas, ha quedado en evidencia que aquellas, no han sido consecuencia de una investigación en la cual hayan podido ejercer debidamente su defensa, hacer valer sus pretensiones y tener la posibilidad de rendir las probanzas que estimare del caso como, asimismo, de obtener una decisión fundamentada, ajustada a derecho y conforme al mérito del proceso.

DECIMO: Que de lo anteriormente relacionado, es posible concluir que, en el caso sub-lite, ha existido una infracción a la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que se ha aplicado sanciones a los recurrentes, vulnerándose una serie de normas y principios que estructuran el denominado debido proceso y que vienen a constituir el mínimo de garantías de las cuales goza aquel ciudadano que es objeto de un enjuiciamiento, cualquiera sea el ámbito en el que se deduzca tal imputación que, en el presente caso, dice relación con la supuesta responsabilidad disciplinaria de integrantes de la 1ra. Compañía del nombre reservado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos bomberos en contra del nombre reservado, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representado por su superintendente Juan Feliciano Soto Sáez, y, en consecuencia, se resuelve que se deja sin efecto la sanción aplicada y comunicada por la Directora de la 1° Compañía de esta institución, doña nombre reservado, debiendo ser reincorporados de inmediato los tres primeros recurrentes, eliminando toda constancia de la sanción, en cualquier registro que lleve el nombre reservado, su Consejo de Disciplina y la Compañía a la que pertenecen los recurrente, sin perjuicio de que se investiguen conforme al debido proceso, los hechos a que se hizo referencia en el informe.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y notifíquese.

Redactó don nombre reservado, ministro titular.

N°Protección-6455-2024. (csd)