Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 11 de diciembre del año 2018, comparece don nombre reservado, Abogado, en representación convencional de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SPA, R.U.T. RUT reservado, del giro de su denominación; debidamente representado por don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, chileno, independiente, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos; rol único tributario número 60.803.000-K, representado legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado; por vulnerar las siguientes garantías constitucionales del recurrente: derecho constitucional a la propiedad sobre cosa incorporal, garantizado en su más amplio espectro por el constituyente, y establecido en el art. N 19 N° 24 de la Constitución Política del República; cautelada por la Acción de Constitucional de Protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Política; por las consideraciones de hecho y derecho que expone como se indica:

Los Hechos:

A) Requisitos de admisibilidad.

Es un requisito de admisibilidad de todo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, que los hechos descritos puedan significar la vulneración (amenaza, privación o perturbación) de algún derecho de aquellos expresamente señalados en el catálogo del artículo 20 de la Carta Magna. En este caso, recurrimos por una vulneración del derecho de Propiedad sobre cosa incorporal, expresamente asegurado en el artículo 19 N° 24, y protegido asimismo en el artículo 20, todos de la Constitución Política de la República.

En segundo término, también se cumple el requisito del plazo de presentación, puesto que, conforme lo dispone el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ha tenido conocimiento cierto de la ejecución del acto vulneratorio el día 05 de diciembre de 2018. Los actos vulneratorios tienen lugar en la audiencia de declaración jurada a que fue citado el gerente general de la FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, en la fecha indicada.

B) Antecedentes de Contexto:

La FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA está sometida a una fiscalización tributaria, por parte del Servicio de Impuestos Internos de Temuco con motivo de unas supuestas disconformidades, encontradas entre lo consignado en algunas facturas que su representada aceptó, y los actos jurídicos realmente celebrados, investigando entonces una supuesta falsedad ideológica de las facturas, o una verdadera simulación.

Se hace presente, desde ya, que formalmente mi representada desconoce, con exactitud, cuáles son las facturas cuya fidelidad en sus declaraciones consignadas, se cuestiona por el servicio de impuestos internos de Temuco. A veces pareciera haber más facturas cuestionadas, y en otras ocasiones pareciera haber menos facturas cuya sinceridad se pone en “entredicho” por el Servicio de Impuestos Internos.

Indica este abogado, previo otorgamiento de mandato judicial por parte de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, (de fecha 03 de diciembre en la Notaria de Temuco, con la expresa finalidad de asesorar en los trámites relativos a esta fiscalización, así consta en la escritura que acompaño a esta presentación); este abogado se apersonó en la carpeta de fiscalización, el día miércoles 05 de diciembre de 2018, entregué escrito para acompañar el mandato judicial, como es práctica habitual, se hizo la presentación en duplicado, con la finalidad que a la copia se estampe un cargo, o se dibuje una firma administrativa, que dé autenticidad y seguridad a la presentación hecha por el abogado, negándose el Servicio de Impuestos Internos a autenticar la copia.

Hechos que motivan la interposición del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales:

El día viernes 07 de diciembre de 2018, a las 08:30 de la mañana, el gerente general de la FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, don nombre reservado, fue citado en el departamento de fiscalización, del Servicio de Impuestos Internos de Temuco. Oportunamente el representante de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA y el abogado infrascrito concurrieron a la audiencia.

La finalidad de esta citación era obtener una declaración jurada por parte del citado gerente.

Los hechos, sobre lo que se pretendía obtener una confesión de parte del citado gerente general de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA., pueden eventualmente, llegar a ser constitutivos de delito. Tipificado y penado en el artículo 97 del Código Tributario. Delito respecto del cual es el gerente general personalmente responsable por tratarse de una persona jurídica. En efecto, si acaso la persona llamada a hacer declaración jurada, declara haber aceptado una factura ideológicamente falsa, estará confesando extrajudicialmente, haber cometido el delito tipificado y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso tercero, del Código Tributario: “Artículo 97. Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indica: … El que, simulando una operación tributaria mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado.”

No obstante, lo delicado de lo anterior, en dicho acto, al representante de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, no se le permitió entrar a dicha audiencia asesorado por abogado, estando presente. En la puerta de ingreso solo se le permitió entrar a don nombre reservado, y no al abogado especialista, no obstante la delicadeza de lo que se pretendía que se declarara. Asimismo, el señor nombre reservado, no cuenta con formación académica suficiente como para comprender el alcance de ciertas abstracciones, que normalmente suelen plantearse en audiencias de esta naturaleza, por ello es que resultaba imprescindible, para él, contar con asesoría de un letrado en dicha audiencia. En todo momento se trata a la FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA como si efectivamente hubiese incurrido en la comisión de los hechos fiscalizados, causando con ello un descrédito de la misma en el ámbito empresarial local, ya que el citar a declarar bajo juramento a su gerente general, sin que pueda contar siquiera con la asesoría de un letrado, conlleva la destrucción de la honra a que la persona jurídica tiene derecho.

Tampoco, a la recurrente FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, se le otorgó copia de lo declarado bajo juramento por su gerente general, no obstante que se solicitó en dicho acto por don nombre reservado copia de su declaración.

Esto reviste particular gravedad, pues se necesita conocer con exactitud el alcance de lo declarado bajo juramento por parte del gerente general de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA. En caso de disconformidad entre lo declarado y el documento en que consta esta declaración, no tenemos forma de rebatir esa disconformidad, ya que el único texto que consigna lo declarado está en poder del Servicio de Impuestos Internos, el que puede, en consecuencia, hacer y deshacer con dicha declaración.

Por último, a modo de téngase presente, narramos que el gerente de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, ingresó a declarar cerca de las 09:00 de la mañana, de ese día 07 de diciembre de 2018. Y, se le obligó que permaneciera declarando hasta las 14:30 horas aproximadamente, sin que se le autorizara a salir, en una audiencia que apenas si se redujo para lo que naturalmente estaba concebida: declaración jurada; antes bien en todo momento al representante de la FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA se le interrogó sobre una supuesta organización que vendería facturas, se le confrontó con una serie de documentos, conminándole en todo momento a que declarase haber aceptado facturas falsas, y que rectificase su contabilidad e hiciese devolución de unos créditos fiscales a los que no habría tenido derecho supuestamente. Esto constituye una amenaza a la integridad física del gerente general de la recurrente, estar confinado por 5 horas en un espacio determinado, sin ingerir líquidos ni alimentos, perjudica el desenvolvimiento de las funciones fisiológicas de don nombre reservado.

El Derecho:

El artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, establece que la acción de protección podrá interponerse a favor de toda persona que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo19, número 24, a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva, adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado.

1.- El Derecho de propiedad sobre cosa incorporal.

La Constitución Política de la República, garantiza el derecho a la propiedad de forma amplia, en el numeral 24 del artículo 19. Elevó a rango constitucional el dominio sobre las cosas incorporales, sin siquiera excluir al derecho real de dominio de esta protección, así las cosas, uno es dueño, también, de su derecho real de dominio.

Dispone el artículo 19 número 24, de la Constitución Política de la República:

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Luego en el texto del Recurso se pueden leer literalmente, sin cita, partes del siguiente texto nombre reservado. LA DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD EN EL DERECHO CHILENO. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia , v. 19, n. 1, p.125-148, jul. 2006. Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502006000100006&lng=es&nrm=iso>. accedido en 15 marzo 2019. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502006000100006, de la forma en que sigue:

El derecho de propiedad siempre ha sido una pieza clave de nuestra cultura y civilización. Su régimen jurídico constituye uno de los elementos arquitectónicos básicos del sistema social, político y económico, así como uno de los núcleos o pilares centrales de los ordenamientos jurídicos occidentales.

Esto encuentra su fundamento en la adopción de un concepto unitario y abstracto de propiedad, que en muchos casos precede al análisis y a la valoración del derecho positivo, estableciéndose así un concepto a priori al cual el intérprete debe adaptar posteriormente los diversos supuestos.

De esta manera, esta visión unidimensional de todos los derechos constitucionales hace que el eje de su construcción sean las situaciones jurídicas concretas, así como todo el sistema de garantías que la Constitución establece para su protección. Dadas estas circunstancias, el derecho subjetivo aparece como un reducto inexpugnable por parte de los poderes públicos, una especie de fuerte o coraza que separa el ámbito de lo público y lo privado. Por eso no es de extrañar que este sistema haya llegado a su más alta expresión a través del reconocimiento de una suerte de congelación del régimen jurídico, desconociendo al legislador no sólo la facultad de configurar los derechos, sino también del poder de modificar o abrogar las normas que hayan conferido previamente algún poder o facultad, sobre todo, si son de contenido patrimonial, lo que en definitiva se extiende a todos los derechos, pues de una forma u otra también tienen un trasfondo económico.

Luego expone razones históricas del proceso conocido como propietarización de los derechos” se consolida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la década de los años noventa.

No hace mella a lo anterior, el que estos derechos sean irrenunciables, intransferibles e intransmisibles, al respecto hay que distinguir dos argumentos: a) La propia Carta Magna en su artículo 19 N° 24, pura y simplemente ampara el dominio sobre las cosas incorporales, y en Derecho Público puede hacerse todo aquello que está expresamente autorizado; por tanto, si, el Constituyente no distinguió modalidad alguna para la protección del dominio sobre las cosas incorporales, tampoco debemos hacerlo nosotros; b) No se puede renunciar a estos derechos, pues no solo miran al interés individual del renunciante, también miran a la colectividad toda, habría un germen de inmoralidad si el infrascrito pudiese voluntariamente renunciar a su Derecho a la Vida, a No ser discriminado, a la presunción de inocencia, Derecho de acceso a la información pública; lo anterior sería contrario a la razón, y al Derecho.

Del mismo modo se pueden leer, sin cita, partes del siguiente texto nombre reservado. LA PROPRIETARIZACIÓN DE LOS DERECHOS. Rev. derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XIV (1991-1992) Disponible en http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/255/235 . accedido en 15 marzo 2019. Luego cita a los Comisionados Evans, Ortúzar, Rodríguez y Guzmán, en discusiones a favor de su posición de la existencia del derecho de propiedad sobre los derechos o cosas incorporales como indica el libelo.

Continúa señalando que se elevó a rango constitucional la disposición contenida en el artículo 583 del Código Civil.

Por tanto, todos los derechos garantizados por la Constitución y la Ley, son de propiedad de sus titulares, y no sólo los garantizados en la Constitución, sino en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en las leyes(como ya hemos dicho más arriba), reglamentos, decretos, etc.; y en cuanto propiedad de sus titulares deben ser amparados o protegidos, cuando son conculcados y aun amenazados en el libre ejercicio de estos derechos, por cualquiera.

Agrega en base a doctrina de Colombia en el siguiente tenor: el derecho a ser asistido por un abogado, o en su defecto el derecho de acceso a la información pública, al ser propiedad de su titular, está “conectado” al derecho de propiedad, y cualquier atentado al primero puede ser protegido con las herramientas jurídicas que consagra el segundo. Es lo que la doctrina constitucional colombiana más avanzada ha dado en llamar “DERECHOS FUNDAMENTALES POR CONEXIDAD”.

Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional sin embargo, les resulta comunicada esta clasificación en virtud de la íntima relación con otros derechos fundamentales de forma que si no fueren protegidos los primeros en forma inmediata se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Así la Corte Constitucional colombiana, en sentencia ROL T-491/92, de 13 de agosto de 1992.

Añade que el derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tales derechos, de acuerdo al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, constituyen límites a la soberanía, debiendo ser asegurados y promovidos por todos los órganos del Estado. En la especie es perturbado por la actuación del Servicio de Impuestos Internos, con una fiscalización que cuyos límites son lo suficientemente difusos, para así de antemano, pre juzgar a la recurrente y en definitiva darle por responsable de algún tipo penal, lo que en definitiva implica condenar personalmente al gerente general de la recurrente.

Argumenta en base a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en su artículo 10, inciso 1° y Artículo 4º. de la Presunción de inocencia del imputado. Afirma que constituye un verdadero trato de culpable el que se ha dado a la recurrente ni siquiera se le permite concurrir asistida por su abogado a una audiencia de declaración jurada. Esta norma a pesar de estar en un código de la República, se debe entender que tiene un alcance general, por la naturaleza trascendental de la garantía que consagra. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, verbigracia: el artículo 707 del Código Civil, igualmente tiene un alcance que rebasa los límites del código en que se halla contenido. Así las cosas, en la especie, al investigar la comisión de delitos penales, tipificados en el Código Tributario, se deben observar las mismas garantías que todo imputado tiene, en virtud del principio de igualdad, frente a cualquiera indagación de la posible comisión de delitos penales. En Derecho es la función la que determina al órgano, y no el órgano que determina la función.

Por ello, en este procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el derecho a la presunción de inocencia y las demás derechos y garantías del imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, imputación, medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso). Me refiero al Procedimiento Penal como arquetipo, la recurrente si bien no es procesado bajo las reglas del Código Procesal Penal, lo es bajo las reglas del Código Tributario, pero un proceso en definitiva, y el proceso es sinónimo de garantía, de respeto por la dignidad del procesado. Aquí, un servicio público, sin ningún proceso, sin ninguna garantía viene y vulnera la presunción de inocencia que ampara a mi representado, eso es contrario a Derecho.

La lucha contra el crimen y la delincuencia manifiesta su superioridad ética en el Estado Constitucional democrático respecto de otros tipos de Estado por el respeto y garantía efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas, entre ellas, de los imputados.

El conjunto de derechos fundamentales están protegidos por el sistema de garantías constitucionales y el sistema de protección internacional de los derechos humanos, tanto el derivado del sistema interamericano (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) como el sistema de protección internacional de Naciones Unidas.

Dentro de las garantías generales de los derechos se encuentra la vigencia del Estado republicano democrático (artículo 4° dela Constitución) y del Estado de Derecho (artículos 5°, 6° y 7° de la Constitución).

Expresa que dentro de las garantías normativas se encuentra el principio de reserva de ley para la regulación de los derechos fundamentales y la prohibición de que el legislador afecte el contenido esencial de los derechos fundamentales, lo que incluye la aplicación del principio de proporcionalidad. Asimismo, en el ámbito de los derechos existe una garantía interpretativa que determina que la limitación del ejercicio de los derechos debe siempre ser interpretada restrictivamente y sin poder aplicarse por analogía, lo que es asumido por el Código Procesal Penal expresamente en su artículo 5° inciso 2°.

DERECHO A SER ASISTIDO POR UN ABOGADO.

Si bien, frente a un procedimiento administrativo, el derecho de ser asistido por un abogado, está más degradado, lo cierto es que esto se debe a que el “sumariado” enfrenta una potencial sanción administrativa nada más. Aquí, no obstante encontrarnos frente a un órgano de la administración pública, se está indagando la comisión de un delito penal. De hecho el Servicio de Impuesto Internos indaga la comisión de delitos, delitos tributarios, pero, delitos al fin y al cabo; y, en ese orden de ideas las personas imputadas deben estar rodeadas de las mismas garantías que cualquier persona investigada por la supuesta comisión de un delito tiene en este país, siendo una de las garantías que le asiste es estar acompañado de un abogado.

Dispone la Constitución Política de la República:

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.”

Esto le fue privado arbitrariamente por el Servicio de Impuestos Internos a la recurrente.

Esto ha quedado filmado, en una cámara de seguridad, ubicada en el acceso a la sección de fiscalizadores, en el tercer piso del edificio del Servicio de Impuesto Internos, ubicado en domicilio reservado. Entre las 8:45 horas y las 9:15 horas de la mañana del 07 de diciembre de 2018. Ahí se ve al gerente de la recurrente y al abogado, y puede ingresar solo el gerente.

Esta privación, le causa un perjuicio a la recurrente, que se ve privada de defensa técnico – jurídica. Asimismo el abogado no puede cumplir acabadamente con el mandato legal que le encomienda el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales:

“Artículo 520. Los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunalessticia los derechos de las partes litigantes.”

No se explica, como se podrá defender ante los tribunales, en su oportunidad, a la recurrente si ya desde la investigación no se le permite al abogado estar presente cuando el gerente de la recurrente concurre a hacer una declaración jurada.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Las partes tienen derecho a conocer, el contenido de las resoluciones, así como sus fundamentos.

Dispone el artículo 8 de la Constitución, inciso primero y segundo:

“Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Sin embargo, sólo una ley de quórum único calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”

Luego, citando la Ley 19.880, transcribe el Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;”

Alega que la recurrida, mediante una omisión arbitraria, los privó del legítimo ejercicio obtener copias, aún a su costa, de las piezas solicitadas, que su representado siendo propietario de su derecho a ser asistido por un abogado, la recurrente mediante una acción arbitraria, privó de este derecho a la recurrente, que se encuentra bajo investigación de hechos constitutivos de delito. Siendo igualmente propietaria la recurrente de su derecho de acceso a la información pública, y de obtener copias del expediente, mediante omisión arbitraria la recurrida, privó de este derecho a la recurrente, todo esto le fue denegado por la recurrida.

Indica que el acto arbitrario e ilegal, ocurrió en Temuco, en la oficina del departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, territorio jurisdiccional de esta I. Corte de Apelaciones de Temuco, en los términos del artículo 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, solicitando desde ya las costas del recurso.

Por todo lo anterior solicita de esta US.ILTMA., se decreten las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho, y en definitiva, resolver lo siguiente:

1.- Se ordene al Servicio de Impuestos Internos, dejar sin efecto la actual fiscalización que sigue contra la recurrente.

2.- En su lugar, se ordene al Servicio de Impuesto Internos, iniciar una fiscalización nueva, con fiscalizadores diferentes a los que hayan intervenido, y se tramite con total respeto a las garantías constitucionales de la recurrente.

3.- Se declare infringido el derecho a defensa jurídica, y asimismo el derecho de conocer el estado de la tramitación y obtener copia; asegurado por el artículo 19 N° 24 en cuanto su representada es titular en propiedad de este derecho.

4.- Se declare infringido el derecho a defensa jurídica, y asimismo el derecho de conocer el estado de la tramitación y obtener copia; asegurado por el artículo 19 N° 24 en cuanto su representada es titular en propiedad de este derecho.

5.- Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos arbitrarios e ilegales descritos más arriba. O las medidas que VSI., tenga a bien decretar.

6.- Se ordene al Servicio de Impuesto Internos instruir los sumarios internos respectivos que permitan dilucidad las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a las garantías reclamadas.

7.- Se condene en costas a la contraria.

Acompañó los siguientes documentos:

1.- Imagen fotográfica, captada en el acceso del personal del Servicio de Impuestos Internos, en el tercer piso del citado servicio, ubicado en domicilio reservado, ciudad y comuna de Temuco. Da cuenta de la existencia de una cámara que captó el momento en que sólo se permitió el acceso del gerente de la recurrente, y no del abogado.

2.- Copia de escritura pública, de mandato judicial, otorgada por FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA al recurrente. Extendida en la Notaria de Temuco del abogado don Carlos Alarcón Ramírez, con fecha 03 de diciembre de 2018, bajo el repertorio número 9457-2018.

A folio 10 de 04 de enero de 2019, rola el informe emitido por la recurrida el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, a través del Abogado Jefe de la Dirección Regional Temuco, el cual solicita se rechace en su totalidad el recurso, con costas, y expone:

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO Señala haber sido recurrido por la Forestal Enríquez Junior SPA, representada legalmente por don nombre reservado por vulneración del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya que el día 07 de diciembre de 2018 éste concurrió a la diligencia a la cual se le requirió por el Departamento de Fiscalización de la IX Dirección Regional de Temuco, el Servicio de Impuestos Internos, sin que pudiese contar con la asesoría de un letrado, no se le otorgó copia de su declaración y que ingresó a declarar cerca de las 09:00 de la mañana habiendo sido obligado a permanecer hasta las 14:30 horas aproximadamente sin que se le autorizara a salir.

II. GÉNESIS DE LA ACTUACION RECURRIDA La contribuyente, Sociedad Forestal Enríquez Junior SPA, RUT RUT reservadodio inicio de actividades con fecha 23 de noviembre de 2016, bajo el giro de comercio de maderas, compra venta de ganar y transporte de carga por carretera, siendo su presentante legal don nombre reservado, RUT RUT reservado.

Con ocasión del Plan de Fiscalización Regional denominado Pagando 2018, se efectuó una revisión a la contribuyente, siendo visitada el 24 de marzo de 2018 en el domicilio informado al servicio ubicado en domicilio reservado, según consta de orden de trabajo Nº 48152, Visita Nº 912263, registrada en el Sistema de Cumplimiento en Terreno (SCT) sin haber encontrado a nadie en el domicilio, ni haber observado desarrollo de la actividad declarada, dejándose una anotación causal 45, en el sistema informático de la recurrida.

Con posterioridad le requirieron antecedentes al contribuyente, mediante formulario 3285, Nº 1056332, de 28 de marzo de 2018, notificado personalmente a fin de verificar la exactitud de sus declaraciones de impuesto IVA, solicitándosele la declaración tributaria correspondiente a los periodos noviembre 2016 a febrero 2016.

De la revisión de los antecedentes aportados por la contribuyente, se constata que ésta incluyó en sus declaraciones de impuestos, facturas de proveedores cuyos créditos fiscales presentaban irregularidades, tales como subdeclaración de IVA, no declarantes de IVA, y anotaciones por incumplimientos de este Servicio, entre otros.

A raíz de lo anterior, con fecha 04 de mayo de 2018 se generó hoja de Auditoria Nº 322486, notificándose personalmente al representante legal de la sociedad, don nombre reservado, conforme a los artículos 59 y 60 del Código Tributario y artículo único de la Ley 18.320 de 1984, oportunidad en que se le requirió que aportara los antecedentes necesarios para la fiscalización del impuesto a las Ventas y Servicios, correspondiente a los periodos de noviembre 2016 a marzo 2018, a Impuesto a la Renta Años Tributarios 2017 y 2018.

Indica que de la revisión de los antecedentes aportados a lo largo del proceso de fiscalización se constató que, la contribuyente incluyó en sus declaraciones de impuestos mensuales facturas, aparentemente irregulares, por lo que se le solicitó acreditar el pago de dichos documentos y, en el caso de la compra de ganado, acompañar el Formulario de Movimiento Animal (FMA), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), documento que se exige cada vez que efectúa una transacción por venta de animales.

De las facturas cuestionadas, el contribuyente sólo acompañó copia simple de tres cheques correspondientes al pago de tres facturas de un proveedor, sin embargo, dijo proveedor no ha pagado el débito fiscal correspondiente a las facturas emitidas, y no logra acreditar materialmente la operación. Por ello, se le informó al contribuyente las diferencias detectadas, indicando además que la documentación aportada no acreditaba la efectividad de las operaciones. Ante ello se solicitó al representante legal de la recurrente concurrir a las dependencias del servicio a fin de que prestase declaración jurada.

El día 05.12.2018, de acuerdo a lo informado por la funcionaría actuante, doña nombre reservado, concurrió a dependencias del Departamento de Fiscalización, el abogado Samuel Tomás Saavedra Aviles, quién señaló que concurría sólo a entregar escrito de patrocinio en favor del contribuyente antes señalado, documento que fue recibido personalmente por la funcionaría, y dado que no venía a efectuar ningún trámite u otra actuación, sólo se recibió el referido patrocinio y poder, y se le informó que se entendía recibido y se adjuntaría al expediente del contribuyente.

Posteriormente el día 07.08.2018, en dependencias de este Servicio, prestó declaración jurada, en virtud de los artículos 34 y 60, inciso penúltimo del Código Tributario, el representante legal de la contribuyente Forestal nombre reservado Junior SpA.

III. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN La acción de protección intentada por el recurrente, adolece de una serie de vicios de admisibilidad y de fondo, que la hacen absolutamente improcedente, según se expondrá a continuación:

CONSIDERACIONES PREVIAS Sin perjuicio de lo que se dirá a continuación respecto de la ausencia de acto u omisión ilegal o arbitraria o de la inexistencia de afectación de derechos constitucionalmente protegidos, es necesario hacer una breve mención a la absoluta falta de congruencia entre los actos u omisiones que se imputan, con la petición de dejar sin efecto un proceso de fiscalización llevado a cabo.

Como podrá apreciar VS lltma., los actos u omisiones imputados, constituirían de ser efectivos, actuaciones de escasa relevancia, toda vez que no tienen la entidad e influencia necesarias para invalidar o viciar el proceso de fiscalización que se lleva adelante, considerando especialmente que se trata de situaciones que dicen relación única y exclusivamente con las circunstancias en las que se habría llevado a cabo una declaración jurada, que en el peor de los casos podría significar que, en caso de llegar a instancias judiciales, pudiese restársele valor probatorio.

A. INEXISTENCIA DE ACTO ARBITRARIO O ILEGAL La jurisprudencia ha señalado que "es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1o del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso." (I. Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 573-2012, considerando 2°)

Por lo que, para que proceda la acción de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de aquella ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho evidente, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, lo que en la simple lectura del recurso de autos no se logra vislumbrar, ya que este se fundamenta de dichos y apreciaciones, mas no hay evidencia alguna de la existencia de tales vicios.

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente informe nos haremos cargo de los dichos de la recurrente, a fin de esclarecer las acusaciones generadas por la misma.

a. Primer vicio denunciado: No autenticación del documento entregado por el abogado.

El artículo 9° del código Tributario establece:

"Toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación. El mandato no tendrá otra formalidad que la de constar por escrito.

El Servicio aceptará la representación sin que se acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá exigir la ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del plazo que él mismo determine, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación correspondiente.

La persona que actúe ante el Servicio como administrador, representante o mandatario del contribuyente, se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de éste mientras no haya constancia de la extinción del título de la representación mediante aviso por escrito dado por los interesados a la Oficina del Servicio que corresponda." De acuerdo a lo relatado en el recurso de autos, el día 05.12.2018, el abogado de la sociedad Forestal nombre reservado Júnior SpA, concurre a las dependencias de la XI Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, a fin de entregar, mediante un escrito, mandato judicial, en 2 copias, que acreditara su representación, pero señala habérsele negado estampe y firma alguna que autenticara la copia.

En cuanto a lo señalado por la fiscalizadora, doña nombre reservado, en el Informe N°209, de fecha 21.12.2018, "El día 05.12.2018, se atendió al Abogado Samuel Tomás Saavedra Aviles, quien señaló que venía sólo a entregar escrito de patrocinio en favor del contribuyente antes señalado, documento recibido personalmente, y dado que no venía a efectuar ningún trámite u otra actuación, sólo se recibió el Mandato y Poder, se le informó que se entendía recibido y se adjuntaría al expediente del contribuyente. Cabe señalar que en ningún caso el abogado manifestó u/o solicitó que requería le estampare un sello o cargo al documento que acredite la recepción." [sic]

En definitiva, respecto de esta supuesta actuación u omisión ilegal, sólo existe la versión dada por el recurrente, la cual se contradice con lo expuesto por la funcionaría actuante y que se ha transcrito precedentemente, sin que al efecto se haya aportado algún otro medio que permita tener por efectivo lo señalado por el recurrente.

Por lo demás, lo señalado por la funcionaría actuante, da cuenta del cumplimiento del deber de recepcionar el documento y de incorporarlo al respectivo expediente, lo que en consecuencia, resulta plenamente coincidente con lo establecido en el artículo 8 bis del Código Tributario, en su numeral N°9, que reconoce el derecho del contribuyente "Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y a que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente".

b.

Segundo vicio denunciado: No concurrencia de un abogado a la declaración Jurada.

El artículo 34, del Código Tributario establece:

"Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, los que las hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección, o en la preparación de ella o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera, dentro de los plazos de prescripción. Tratándose de sociedades esta obligación recaerá, además, sobre los socios o administradores que señale la Dirección Regional. Si se trata de sociedades anónimas o en comandita, están obligados a prestar ese juramento su presidente, vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el caso, indique la Dirección Regional." En virtud de la norma señalada, y de acuerdo a los dichos de la recurrente de autos en su recurso (...) "No obstante, lo delicado de lo anterior, en dicho acto, al representante de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SPA, no se le permitió entrar a dicha audiencia asesorado por un abogado, estando presente el abogado. En la puerta de ingreso solo se le permitió entrar a don nombre reservado, y no al abogado especialista, no obstante la delicadeza de lo que se pretendía que declarara. (...) [sic]

En el Informe N°209, de fecha 21.12.2018, la fiscalizadora de este Servicio, doña nombre reservado, indica respecto de este hecho lo siguiente:

"Cabe señalar que ese día llega acompañado de su abogado, se le indica que la Declaración Jurada es personal y que su abogado puede esperar o hacer alguna consulta si lo requiere. El Contribuyente entró solo al sector donde está ubicado mi módulo de atención, sin manifestar en ningún momento querer permanecer acompañado de su abogado. Por otra parte, el abogado tampoco manifiesto querer acompañar o permanecer con su representado." [sic]

De lo anteriormente expuesto no podemos sino concluir que, el representante legal ingresó voluntariamente al sector donde está ubicado el módulo de atención de la fiscalizadora, sin manifestar en ningún momento su intención de ser acompañado o requerir ser asistido por su abogado. Por otra parte, el abogado tampoco solicitó acompañarlo en la declaración jurada prestada, por lo que no habría arbitrariedad alguna en el actuar de este Servicio, y se dio pleno cumplimiento a lo señalado en el artículo 34 del Código Tributario.

Con todo, es menester aclarar que, si un contribuyente solicita estar acompañado de un abogado o un asesor no se impide por este Servicio la asistencia de un letrado o asesor.

Se trata simplemente de dichos del recurrente, respecto del cual no ha aportado antecedente alguno de respaldo y respecto del cual existe una versión totalmente diferente, de acuerdo a lo manifestado por parte de la funcionaría actuante.

c.

Tercer vicio denunciado: No entrega de copia de la declaración jurada Señala la recurrente que; "Tampoco, a la recurrente FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA, se le otorgó copia de lo declarado bajo juramento por su gerente general, no obstante que se solicitó en dicho acto por don nombre reservado copia de su declaración. Esto reviste particular gravedad, pues se necesita conocer con exactitud el alcance de lo declarado bajo juramento por parte del gerente general de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA. En caso de disconformidad entre lo declarado y el documento en que consta esta declaración, no tenemos forma de rebatir esa disconformidad, ya que el único texto que consigna lo declarado está en poder del Servicio de Impuestos Internos, el que puede, en consecuencia, hace y deshacer con dicha declaración." [sic]

Por su parte, el informe N° 209, de fecha 21.12.2018, emitido por la fiscalizadora de este Servicio, doña nombre reservado, señala que; "En relación a esta afirmación que hace el abogado, resulta ser totalmente falso, dado que el contribuyente NUNCA solicitó copia de la Declaración Jurada, ni siquiera manifestó el deseo de tenerla. Igualmente, en este sentido siempre se les informa a los contribuyentes que en relación a estas declaraciones pueden solicitar copia cuando lo estimen pertinentes y que deben hacerlo por escrito." [sic]

Como puede apreciarse de los dichos de ambas partes, la fiscalizadora en ningún momento se negó a la entrega de una copia de la declaración realizada por don nombre reservado.

Debe tenerse presente que, en todo caso, se trata de una declaración jurada prestada por el recurrente, la cual una vez redactada le es exhibida y sólo si está de acuerdo con ella procede a firmarla, lo que habría sucedido en este caso y de acuerdo a lo expresado por la funcionaria actuante, el recurrente no solicitó en ese momento ni en un momento posterior, que se le otorgará copia de la misma.

d. Cuarto vicio denunciado: Duración de la declaración jurada Finalmente, la recurrente realiza una grave acusación, señalando que la declaración jurada tomada a don nombre reservado, en su calidad de representante legal de la recurrente, fue excesivamente larga, en los siguientes términos:

"Por último, a modo de téngase presente, narramos que el gerente de FORESTAL nombre reservado JÚNIOR SpA, ingresó a declarar cerca de las 09:00 de la mañana, de ese día 07 de diciembre de 2018. Y, se le obligó que permaneciera declarando hasta las 14:30 horas aproximadamente, sin que se le autorizara a salir, en una audiencia que apenas si se redujo para lo que naturalmente estaba concebida: declaración jurada; antes bien en todo momento al representante de la FORESTAL nombre reservado JUNIOR SpA se le interrogó sobre una supuesta organización que vendería facturas, se le confrontó con una serie de documentos, conminándole en todo momento a que declarase haber aceptado facturas falsas, y que rectificase su contabilidad e hiciese devolución de unos créditos fiscales a los que no habría tenido derecho supuestamente. Esto constituye una amenaza a la integridad física del gerente general de la recurrente, estar confinado por 5 horas en un espacio determinado, sin ingerir líquidos ni alimentos, perjudica el desenvolvimiento de las funciones fisiológicas de don nombre reservado." Por el contrario, la fiscalizadora a cargo de tomar la declaración jurada, doña nombre reservado, en el informe N° 209, de fecha 21.12.2018, explica pormenorizadamente el contexto en que se llevó a cabo dicha actuación, señalando que:

"En primera instancia se le informó al contribuyente que la Declaración tomaba un tiempo, debido a que tenía cierta formalidad que debía ir cumpliéndose al momento de ir haciendo las preguntas y además se le ¡rían mostrando las facturas objeto de la Declaración Jurada una a una." "Cabe destacar que este contribuyente ya había prestado declaración jurada en este Servicio, con la Fiscalizadora, NIVIA PÉREZ LAGOS con fecha 09 de mayo de 2018, producto de que habría recibido un documento del contribuyente nombre reservado RUT RUT reservado que se encuentra en proceso de confección de Minuta para recopilación de antecedentes." "Es importante señalar que no se trata de una audiencia propiamente tal, como lo señala el abogado y las preguntas realizadas en la declaración jurada tomada, simplemente dicen relación con las operaciones comerciales que efectuó el mismo representante legal de la compañía a diario, cuando compró o vendió en el desarrollo habitual de su giro.

La Declaración Jurada se efectúo en un ambiente abierto, donde se ve lo que ocurre en todo momento, existen más módulos de atención, un mesón al ingreso y una puerta de acceso que no está cerrada con llave ni impide el ingreso o salida, dado que en el lugar se atiende público de manera constante durante toda la mañana, por ende, el acceso es abierto." "Cabe destacar que, durante el transcurso de la Declaración Jurada, el contribuyente no pidió retirarse del lugar, no señaló querer ir al baño, no señaló estar incomodo, no señalo querer hablar con su abogado, tampoco se le obligó a permanecer en el lugar, incluso se levantó varias veces del puesto para hablar por teléfono." De lo transcrito queda de manifiesto que, no se trató en caso alguno de una "amenaza a la integridad física", del representante legal de la sociedad recurrente, sino que, por el contrario, del desarrollo normal de una declaración jurada que, por su naturaleza, dada la tecnicidad de la materia, es usual que comprenda un período más o menos extenso de tiempo. No se aprecia en qué consistiría la amenaza física que pretende el recurrente, como se habría configurado.

Tampoco existe registro alguno de que el representante legal de la sociedad, haya manifestado su molestia, contrariedad o encontrarse sometido a alguna presión ¡legítima durante el desarrollo de dicho trámite de prestar declaración jurada, máxime si, con anterioridad a la misma, ya se le había informado respecto de su contenido.

Finalmente, debemos hacer presente que el Sr. nombre reservado, representante de la contribuyente recurrente, de acuerdo a lo informado por la funcionaría actuante estuvo constantemente utilizando su celular, y contestó llamados telefónicos a cada instante, lo que dificultó y demoró la declaración jurada, dadas las interrupciones constantes. Sumado a ello, la circunstancia de que el declarante siempre se extendía latamente en cada respuesta.

En consecuencia, como S.S. Iltma. podrá apreciar, esta repartición no ha cometido acto u omisión arbitraria e ilegal alguna, en relación con el ejercicio de estas atribuciones. Tampoco se vislumbra algún vicio que amerite la realización de una nueva fiscalización, de una nueva declaración jurada o que haga necesario la aplicación de un procedimiento destinado a hacer efectivas responsabilidades administrativas.

B. INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS.

Respecto de las alegaciones del recurrente, en cuanto a que ha sido privado o perturbado en el legítimo ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos, es necesario tener presente:

1.- No queda claro, cual es el derecho que supuestamente se habría infringido por parte de este Servicio, dado que comienza el texto del recurso, señalando que se trataría de la afectación del derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N°24 de la carta fundamental, para luego, a lo largo del libelo de protección, haciendo referencia a otros derechos, mencionando el "derecho a la presunción de inocencia"; "derecho a ser asistido por un abogado"; "derecho de acceso a la información pública"; "derecho a defensa jurídica" y "derecho a conocer la tramitación y obtener copia".

Esto no es sino consecuencia, del forzado esfuerzo del recurrente en orden a crear una afectación de derechos que, en la realidad son absolutamente inexistentes, como se expresará en los párrafos siguientes.

2.- A continuación, se analizará cada uno de los derechos que supuestamente se habrían afectado en su ejercicio, por la actuación denuncia en este recurso:

2.1.- NO AFECTACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

El recurrente interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo, fundado en que habría vulnerado su derecho de propiedad sobre cosa incorporal garantizados por el articulo 19 N°24, de la Constitución Política de la República.

Dicha vulneración al derecho de propiedad se materializaría en las circunstancias que rodearon una declaración jurada prestada por el Sr. nombre reservado, en su calidad de representante legal de la sociedad Forestal nombre reservado Junior SpA.

En dicho sentido en el recurso se describen los alcances que tendría la protección del derecho de propiedad, y se concluye a este respecto que "Por tanto, todos los derechos garantizados por la Constitución y la Ley, son de propiedad de sus titulares, y no sólo los garantizados en la Constitución, sino en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en las leyes(como ya hemos dicho más arriba), reglamentos, decretos, etc.; y en cuanto propiedad de sus titulares deben ser amparados o protegidos, cuando son conculcados y aun amenazados en el libre ejercicio de estos derechos, por cualquiera." Sin embargo, lo que el recurrente solicita a esta lltma. Corte de Apelaciones, es que dicha Judicatura ordene el inicio de un nuevo proceso de fiscalización, con fiscalizadores diferentes a los que hayan intervenido, y que éste se tramite con la asistencia de un letrado a la recurrente.

Como se ha señalado, no existen los actos u omisiones ilegales o arbitrarios que señala el recurrente, como, asimismo, éste no ha sido capaz de explicar cómo el Servicio de Impuestos Internos, ha privado del dominio sobre algún derecho del contribuyente, al momento de tomar una declaración jurada, cuya procedencia se encuentra establecida por ley.

Por otra parte, y como se analizará en los numerales siguientes, tampoco existe una amenaza, perturbación o privación en algún otro derecho del contribuyente que, a juicio del recurrente se encuentren formando parte de su patrimonio, y por tanto dicha afectación signifique alguna afectación del derecho de propiedad sobre ellos.

2.2.- IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, ARTÍCULO 19 N°3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

El recurrente señala que el derecho a defensa jurídica le fue privado arbitrariamente por el Servicio a la contribuyente, y que esta privación, le causa un perjuicio, puesto que, se ha visto privada de defensa técnico-jurídica.

En primer lugar, debe tenerse en consideración que, la declaración jurada no constituye una instancia administrativa de juzgamiento. En relación a esta alegación no nos encontramos en presencia de una instancia administrativa punitiva o un procedimiento sancionatorio. Por el contrario, estamos en presencia de un procedimiento de fiscalización administrativa tributaria establecido por el Código Tributario, y que de ninguna forma implica un juicio o atribución de responsabilidad penal al contribuyente.

En segundo lugar, como se ha mencionado, no hay constancia alguna, más allá de los dichos del recurrente, de que se le haya impedido comparecer y prestar declaración acompañado por abogado. Como se ha indicado la funcionaría actuante índica que, en ningún momento éste solicitó que le acompañara su abogado e incluso durante el trámite de la declaración, el representante de la sociedad recurrente, tenía acceso a su teléfono móvil, y que el mismo fue utilizado en variadas oportunidades, por lo que perfectamente pudo comunicarse con él.

En tercer lugar, no se aprecia como el hecho de haber prestado una larga declaración jurada, relativa a operaciones con varios proveedores y muchas facturas, pueda significar que se ha afectado su derecho a defensa y lo ha puesto en una situación de menoscabo, y que, en definitiva le significara la imposibilidad de efectuar una correcta y adecuada defensa de sus intereses, máxime, si se considera que, sabía cuál sería el contenido de la declaración, dado que se le había informado para que concurriese con su documentación de respaldo; se le leyó el texto escrito de sui declaración y sólo una vez aprobado por él, procedió a firmarla.

En cuarto, lugar y en lo que dice relación con una supuesta afectación a su derecho al principio de inocencia, hay que dejar establecido que, no se ha podido establecer con cierto margen de seriedad, cómo y de qué forma, este Servicio habría desconocido tal principio, considerando que se trata de actuaciones -la declaración jurada- de un simple proceso de fiscalización que tiene por objeto establecer la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria, no constituyendo, un procedimiento que, tenga por objetivo o finalidad el establecimiento de supuestas responsabilidad penales.

2.3.- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

Señala el recurrente que la afectación a este derecho se produjo al ser privado por este Servicio de la posibilidad de obtener copia de la declaración jurada prestada por el contribuyente.

A este respecto cabe señalar que de acuerdo a la información proporcionada por el área de fiscalización correspondiente no se habría presentado ningún requerimiento en este sentido. Así lo ha señalado la fiscalizadora actuante, en el sentido que, en el momento de prestar la declaración jurada, por parte del representante de la recurrente, no requirió ni verbalmente ni por escrito, copia de la declaración que acababa de prestar.

Por otra parte, debe tenerse presente que la Ley 20.285, sobre transparencia de la función pública, hace aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución, estableciendo un procedimiento específico para solicitar la entrega de información que, de acuerdo a la Constitución y la Ley, pueda considerarse pública y los procedimiento o vías para lograr su entrega. De suerte que, sí entendía que no se le había entregado una información que, a su juicio, debía entregársele, la ley ha previsto un procedimiento específico, consistente en recurrir de Amparo, ante el Consejo para la Transparencia, pudiendo, además, impugnar lo resuelto en dicho amparo, a través del reclamo de ilegalidad, ante la lltma. Corte de Apelaciones. Con lo que queda de manifiesta de si resulta ser ésta a vulneración, ella no podría ser solucionada por esta vía, sino que a través de los procedimientos mencionados.

IV. CONCLUSIÓN.

En mérito de lo expuesto, estima que la presente acción cautelar debe ser rechazada, por cuanto el Servicio no ha incurrido en ninguna omisión o actuación que tenga el carácter de arbitraria o contraria a la ley y que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el recurrente reclama.

De esta forma, según lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, ruego a SS. lltma. tener por evacuado el Informe requerido y con su mérito declarar no ha lugar el Recurso de Protección interpuesto por el abogado Samuel Tomás Saavedra Aviles, en favor de Forestal nombre reservado Júnior SPA, representada legalmente por don nombre reservado, todos ya individualizados, en todas y cada una de sus partes, con expresa condena en costas.

Con fecha 1 de marzo de 2019 a folio 14 se trajeron los autos en relación.

TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, el recurso de protección en cuanto acción constitucional de evidente carácter cautelar y de emergencia, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales en que incurra el o los recurridos y asegurar la protección de él o los afectados, y que produzcan en el recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, de acuerdo al texto del arbitrio, se ha sostenido que el Servicio de Impuestos Internos con fecha 05 y 07 de diciembre del año 2018, al efectuar una fiscalización al representante legal de la recurrida habría vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, al haber faltado de modo ilegal a garantías conexas de nuestro ordenamiento jurídico sobre las que la recurrente detenta una especie de propiedad, a saber: presunción de inocencia, derecho a ser asistido por un abogado, derecho a la información pública, derecho a la defensa jurídica y a conocer la tramitación y obtener copia de sus actuaciones en el procedimiento administrativo.

TERCERO: Que, si bien es efectivo existe doctrina respecto de la existencia de dicha propiedad sobre los derechos que menciona, no existe aún una construcción dogmática del todo acabada ni jurisprudencia concluyente sobre el “contenido prescriptivo del artículo 19 Nº 24 que nos permita comprender mejor el conjunto de garantías que establece, sus alcances y sentido dentro del Texto Constitucional, así como el objeto hacia el cual se encuentran orientadas.” (CORDERO Eduardo, 2016, La dogmática Constitucional de la Propiedad en el Derecho Chileno, Revista de Derecho, Vol. XIX N°1, julio 2006, p. 148).

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, sobre la vulneración al principio de inocencia alegado por la recurrente, si bien es efectivo éste no se encuentra amparado por el recurso de protección, lo cierto es que se trata de un principio basilar de nuestro ordenamiento jurídico como lo indica en su libelo, sin embargo, no se logra vislumbrar de los antecedentes aportados a la causa el modo en que se haya vulnerado dicho principio por la recurrida por cuanto lo afirmado en el recurso es contradicho en el informe de esta última, existiendo controversia al respecto, por lo que no existe una infracción indubitada.

QUINTO: Que, sobre el derecho a ser asistido por un letrado y de contar con defensa jurídica así como del derecho a la vida como desliza en su recurso la empresa, tampoco se puede establecer que ello haya sido impedido por el servicio de los antecedentes del recurso.

SEXTO: Que, sobre la negación en el acceso a la información y el aquí invocado derecho de obtener copia de las propias actuaciones que obran en manos de los servicios del estado indicados en cuanto manifestación de dicho acceso, debe hacerse presente que en el artículo 10 y siguientes de la Ley 20.285, se establece el procedimiento conforme al cual obtenerla, disposiciones que indican que tampoco sería el recurso de protección la vía idónea para proteger el derecho al acceso a la información.

SÉPTIMO: Que, a consecuencia de lo anterior, no es posible acoger el recurso solicitado al no haberse podido constatar por este Tribunal, en los hechos que motivan este recurso, una vulneración ilegal o arbitraria por parte del Servicio de Impuestos Internos al goce, en cuanto atributo de la propiedad sobre los derechos invocados, del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 del artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo prevenido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido a lo principal de fojas 1 y siguientes por don nombre reservado, Abogado, en representación convencional de FORESTAL nombre reservado JUNIOR SPA en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción Abogada Integrante doña Hellen Pacheco Cornejo.

Rol Protección N° 6446 - 2018.