RECURSO DE PROTECCION CORPORACION EDUCACIONAL EL LABRADOR con DIRECCION DEL TRABAJO

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1).- Comparece don MARCELO NAVARRETE CHAVEZ, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en nombre y representación de CORPORACION EDUCACIONAL EL LABRADOR, nombre reservadoº 65.126.654-8, según mandato judicial que acompaña e interpone recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, nombre reservadoº 61.502.000-1, representada por su Director Nacional don MAURICIO PEÑALOZA CIFUENTES, ignora profesión y oficio, domiciliado en domicilio reservadoº de la comuna de Santiago; en contra de don nombre reservado, Seremi del Trabajo y Previsión Social Araucanía, ignora profesión y oficio y Rut, domiciliado en domicilio reservado; en contra de doña nombre reservado, ignora profesión y oficio y Rut, Seremi del Trabajo y Previsión Social de los Ríos , domiciliada en domicilio reservado; en contra de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, Director Comunal del Trabajo de Osorno con domicilio en domicilio reservado; y en contra de doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, Directora Comunal del Trabajo de Victoria con domicilio en domicilio reservado, todos quienes, como se dirá, con fecha 14 de noviembre de este año, han violado las garantías constitucionales de su representado consagradas en el artículo 19 N°s 2; 19 N° 3, incisos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°; 19 N° 4; y 19 N° 4 y 26 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 11 y siguientes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

LOS HECHOS.- Señala que con fecha 14 de noviembre de 2018, su representada es informada mediante funcionario notificador de la Tesorería Provincial de Angol, de la existencia de una cobranza ingresada para su cobro por las Direcciones Comunales del Trabajo de Osorno y Victoria las que a continuación se detallan, correspondientes a impuestos o créditos supuestamente adeudados por su parte:

A)

8580170131 30-11-2017 $2.612.490 Mult.Dir.Trabajo.

B)

8356180071 31-01-2018 $ 705.285 Mult.Dir.Trabajo.

C) 8580170134 30-11-2017 $1.400.760 Mult.Dir.Trabajo.

D)

8580170132 30-11-2017 $ 933.840 Mult.Dir.Trabajo.

E)

3160180454 13-07-2018 $1.631.202 Mult.Dir.Trabajo.

F)

3160180452 13-07-2018 $1.223.402 Mult.Dir.Trabajo.

G)

3160180453 13-07-2018 $ 339.834.

Mult.Dir.Trabajo.

H)

8347180382 06-07-2018 $2.670.555.

Mult.Dir.Trabajo.

I) 3160180451 13-07-2018 $1.907.240.

Mult.Dir.Trabajo.

J)

8580170133 30-11-2017 $1.867.680.

Mult.Dir.Trabajo.

K)

8347180381 06-07-2018 $ 1.907.240 Mult.Dir.Trabajo.

Agrega que sin perjuicio que dichas multas fueron cursadas por la Dirección del Trabajo tanto en la comuna de Victoria como de Osorno, dichas multas no debieron ser ingresadas a cobranza en virtud de que fueron dejadas sin efecto, en su caso, mediante reclamaciones judiciales o no se encuentran firmes por hallarse aún en tramitación por lo que la conducta de las recurridas han afectado los derechos constitucionales de su representada, ante la posibilidad de embargo de dineros o bienes por parte de Tesorería General de la Republica.

a)

Respecto a la multas códigos 8580170131; código 8580170134;

código 8580170132; código 8580170133, dichas multas fueron cursadas por la Inspección del Trabajo de Victoria en el año 2017 como consta de Resolución de multas Nº 8580/17/13 de fecha 30 de noviembre de 2017 y fueron reclamadas por Corporación Educacional el Labrador como consta de reclamación judicial de multa en causa I-9-2018 presentada ante Juzgado del trabajo de Victoria, cuyas copias integras se acompañan en un otrosí de esta presentación, en las cuales consta que por sentencia de fecha 07 de mayo del 2018, la reclamación judicial de multa presentada en contra de la Inspección del Trabajo de Victoria, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, motivo por el cual no debió ser informada por dicha institución para que Tesorería realizada el cobro , ya que no existe título ejecutivo que cobrar o éste es inexistente.

b)

Respecto a las multas códigos 3160180454; código 3160180452; código 3160180453; código 3160180451, dichas multas fueron cursadas por la Inspección del Trabajo de Osorno mediante resolución de multa 7648/18/44 con fecha 26 de junio del 2018, y fueron reclamadas por Corporación Educacional el Labrador con fecha 12 de septiembre del 2018, ante el Juzgado del Trabajo de Osorno mediante reclamación judicial de multa en causa I-85-2018 caratula da Corporación Educacional el Labrador con Dirección Provincial de Trabajo de Osorno, siendo esta reclamación acogida como consta de sentencia dictada con fecha 24 de septiembre del 2018, resolución se encuentra firme y ejecutoriada, motivo por el cual no debió ser informada por dicha institución para que Tesorería realizada el cobro de dichas multas, ya que no existe título ejecutivo que cobrar o este es inexistente, motivo por el cual debe ser dejada sin efecto la cobranza iniciada.

c)

Respecto a la multa código 8356180071, dicha multa fue cursada por la Inspección del Trabajo de Victoria en virtud de la resolución ordenada en causa I-4-2018 del Juzgado de Letras de Victoria en que se ordenó a la Inspección del Trabajo de Victoria que admitiera a tramitación la reclamación administrativa presentada por Corporación Educacional El Labrador, la que había sido rechazada por presentarse fuera de plazo siendo esta resolución nuevamente notificada a su representado con fecha 23 de agosto del 2018, y siendo esta reclamada ante el Juzgado del Trabajo de Victoria en causa I-9-2018 caratulada Corporación Educacional El labrador con Inspección del Trabajo de Victoria, la que se encuentra actualmente en tramitación.

d)

Respecto a las multas Código 8347180382 y Código 8347180381, cursadas por la Inspección del Trabajo de la comuna de Osorno en conformidad a lo estableció multa 4544/18/24, fue reclamada judicialmente siendo la acción rechazada por el juzgado del Trabajo de Osorno, sentencia respecto de la cual se interpuso recurso de nulidad ante la “Ilustre” (sic) Corte de Apelaciones de Valdivia como consta de ingreso Laboral-Cobranza 228-2018, la cual hasta el momento no ha sido vista por ese tribunal de alzada, por lo que en consecuencia tampoco existe un título ejecutivo para poder ser admitida a cobranza o ser enviada a cobranza como lo ha hecho la recurrida.

ACTO ARBITRARIO:

El acto u omisión arbitraria por el cual se recurre de protección, está constituida por la acción de la Dirección del trabajo de ingresar a cobranza a la Tesorería multas que fueron dejadas sin efecto por resolución judicial o se encuentran aún en estado de reclamación o con recursos pendientes.

EL DERECHO VULNERADO.- Art. 19 Nº 3, de la Constitución Política de la República: Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

En efecto, los recurridos al activar un procedimiento legal de cobranza y disponer que dichos antecedentes sean traspasados a Tesorería General de la Republica para su cobro y publicar a su representado como un deudor moroso, le han negado su derecho al debido proceso y a no ser Juzgado por comisiones especiales, y sin que dichas multas se encuentren firmes firmes o ejecutoriadas o tengan validez para ser informadas a Tesorería General de la Republica para su cobro; comisión en la que se ha transformado de facto el actuar de los recurridos en autos.

A mayor abundamiento, que el artículo 19 N° 4, de la Constitución, asegura a toda persona el respeto y protección de su vida privada mediante la prohibición de realizar actos que le causen descrédito. Y, es en esta parte, precisamente, en la protección del crédito y de las garantías Constitucionales de su representado, en donde se ha producido perturbación por parte de la recurrida mediante una publicación de multas rechazadas en su mayor parte cuyo cobro fue rechazado y cuyos reclamaciones judiciales fueron acogidas por los Tribunales de Justicia.

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 26, en cuanto a que los preceptos legales que por mandato de la Carta Fundamental, regulen o complementen las garantías que ésta establece, o que las limiten, “no podrán Que impidan su libre ejercicio” (sic).

Así también, se han infringido por los recurridos, los artículos 10 y 11°, del Pacto de San nombre reservado

Rica, que consagra el compromiso de los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella sin discriminación alguna por motivos de cualquier índole; y, el aseguramiento de que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Por todo lo anterior, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por don Mauricio Peñaloza Cifuentes, en contra de la Directora Comunal del Trabajo de Victoria y en contra del Director Provincial del Trabajo de Osorno, don nombre reservado, y que acogiéndose la acción constitucional se restablezca el imperio del derecho y se resuelva que los recurridos, deben dejar de informar a la Tesorería General de la Republica multas dejadas sin efecto o que se encuentren en tramitación o que no tengan merito ejecutivo, con costas.

Acompaña a su presentación los documentos que indica en el segundo otrosí de la misma.

2).- Comparece informando doña nombre reservado, en representación del Director Nacional del Trabajo, don Mauricio Peñaloza Cifuentes, de la Inspectora Comunal del Trabajo de Victoria doña nombre reservado y del Inspector Provincial del Trabajo de Osorno don nombre reservado.

Sostiene que el fundamento del presente recurso de protección, según la reclamante, es haberse informado a la Tesorería General de la República, la existencia de multas dictadas por las respectivas Inspecciones del Trabajo de Victoria y Osorno, incurriéndose supuestamente en infracción a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 19 N° 2; 19 N° 3, 19 N° 4, 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, afirmándose que habría arbitrariedad en la acción de ingresar a cobranza multas que fueron dejadas sin efecto o se encuentran en estado de tramitación, con recursos judiciales pendientes.

Ausencia de arbitrariedad e ilegalidad. De las multas cursadas por la inspección comunal de victoria y por la inspección provincial de Osorno:

Multas Cursadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno:

Resolución de multa N° 7648/18/44: Con fecha 26 de junio de 2018 la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Osorno doña nombre reservado, en el marco de un proceso de fiscalización cursó multa administrativa N° 7648/18/44-1, 2, 3, 4 y 5, al empleador Corporación Educacional El Labrador, por incumplimiento a normativa laboral que en ellas se expresan.

Con fecha 28.09.2018 la Inspección del Trabajo de Osorno, fue notificada de la sentencia definitiva dictada en reclamo monitorio RIT 1-85-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno que acoge de plano el reclamo interpuesto por la Corporación Educacional El Labrador y ordena al Inspector Provincial del Trabajo de Osorno, tramitar la solicitud de reconsideración de multa presentada en contra de la resolución de multa N°7648/2018/44-l, 2, 3, 4 y 5 de fecha 26 de junio de 2018, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

En conformidad a lo anterior, ante la Inspección del Trabajo de Osorno se encuentra actualmente en tramitación de la solicitud de reconsideración de la multa indicada, la que, por lo tanto, no se encuentra cargada a Tesorería General de la República.

En efecto, la multa en que el recurrente funda su acción no estuvo ni está informada ni cargada a Tesorería General de la República por encontrarse con recurso administrativo pendiente, tal como dan cuenta los documentos acompañado en el otrosí del presente Informe que informa del estado de la sanción, documento obtenido de la plataforma informática DT Plus de este Servicio; lo que se ratifica por la Resolución de Tesorería General de la República, Oficina de Angol, expediente N° 10155-2018, acompañado por el recurrente en Segundo Otrosí de su recurso, y del que se advierte que la multa N°7648/2018/44-l, 2, 3, 4 y 5, no figura.

En consecuencia, no es efectivo la existencia de un actuar ilegal o arbitrario imputable a esta parte, no existiendo afectación a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Resolución de multa N° 4544/18/24: Con fecha 20 de marzo de 2018 el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Osorno don nombre reservado, también en un proceso de fiscalización, cursó la multa administrativa N° 4544/18/24-1 y 2, al empleador Corporación Educacional El Labrador, por incumplimiento a normativa laboral que en ellas se expresan.

Con fecha 22.08.2018 la Inspección del Trabajo de Osorno fue notificada del reclamo judicial interpuesto por Corporación Educacional El Labrador con fecha 16.08.2018 respecto de la resolución de reconsideración de la multa 4544/18/24-1 y 2, correspondiente a la causa RIT 1-79-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, la que se encuentra en tramitación con recurso de nulidad interpuesto por la recurrente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 228-2018.

En conformidad a lo anterior, la Resolución de la Inspección del Trabajo de Osorno se encuentra efectivamente con reclamación judicial en trámite, pero no es efectivo que la multa se encuentre cargada a Tesorería General de la República.

En efecto, la multa en que el recurrente funda su acción no se encuentra informada ni cargada a Tesorería General de la República por encontrarse con reclamo judicial en tramitación, tal como da cuenta el documento acompañado en el otrosí del presente Informe que da cuenta del estado de la sanción, documento obtenido de la plataforma informática DT Plus de este Servicio. Lo que se ratifica por la resolución de Tesorería General de la República, Oficina de Angol, expediente N° 10155-2018, acompañado por el recurrente en Segundo Otrosí de su recurso, y del que se advierte que la multa N° 4544/18/24-1 y 2 no figura.

En consecuencia, queda de manifiesto que no es efectivo el actuar ilegal o arbitrario que se imputa a esa parte en este acápite del recurso.

Multas Cursadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria:

Resolución de Multa N° 8580/2017/13.1,2,3 y 4: Cursada con fecha 30.11.2017 por la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria. Dicha multa es objeto de dos tipos de reclamos judiciales, el primero de ellos, corresponde a la causa Rit 1-4-2018 del Juzgado de Letras de Victoria, interpuesto por el recurrente en contra del ordinario que rechazó su solicitud de reconsideración administrativa por haber sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos. Dicho reclamo concluyó con sentencia firme, que ordena a la Inspección del Trabajo de Victoria, conocer de la reconsideración administrativa.

Lo anterior se hizo mediante resolución n° 107 de fecha 23.08.2018 que resolvió confirmar las multas n° 1, 3 y 4 y rebajar la n° 2. De dicha resolución la recurrente reclamó judicialmente, proceso que actualmente se encuentra en tramitación del Juzgado de Letras de Victoria causa Rit 1-9-2018, con audiencia de juicio fijada para el día 04 de Marzo del presente año.

Pues bien, según instrucciones vigentes de nuestro Servicio, contenida en Circular N° 35, de fecha 17 Marzo de 2016 del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo que "Instruye sobre registros administrativos de reclamaciones judiciales de multas", una vez notificada la Inspección del Trabajo de un reclamo judicial en relación a multa cursada en su oficina debe procederse al ingreso de dicho reclamo en nuestro sistema DTPLUS para efectos de que dicha multa quede en estado de "reclamada judicialmente" evitando así se cargue a Tesorería General de la República. Lo anterior se hizo, por lo que actualmente y desde que se notificó el reclamo judicial la multa se encuentra en dicho estado, como da cuenta documento acompañado en el Otrosí del presente Informe, documento obtenido de la plataforma informática DT Plus de este Servicio.

Cabe hacer presente que en relación a esta multa, una vez que se notifica a la Inspección del Trabajo de Victoria del reclamo judicial Rit 1-9-2018, la multa en cuestión ya se encontraba cargada a TGR, razón por la que se solicitó a la Oficina de Control y Gestión de Multas, a través de su encargado que se proceda a la descarga para efectos de ingresar al DT PLUS dicho evento y que aparezca la multa en estado de reclamada judicialmente. De lo anterior da cuenta copia de correo electrónico, que se adjunta en el otrosí de este informe.

En este orden de ideas, no es efectivo que dicho reclamo judicial fuere acogido existiendo a su respecto sentencia judicial firme y ejecutoriada, desde que dicha causa se encuentra en tramitación y no existe a su respecto sentencia firme y ejecutoriada, encontrándose pendiente aún la audiencia de juicio.

Multa N° 3160/2018/45.1, 2, 3 y 4: Cursada con fecha 13 Julio de 2018, por la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria, notificada al recurrente Corporación Educacional El Labrador con fecha 09 de Agosto de 2018. Respecto de ella el empleador no presentó recursos administrativos ni reclamó judicialmente por lo que pasados los plazos legales para ejercer una u otra opción, la multa en cuestión quedó firme, procediéndose en forma automática a cargarse a la Tesorería General de la República.

Por lo anterior, efectivamente la multa en cuestión aparece informada a la Tesorería General de la República, ello no por haber ejercido la Inspección del Trabajo alguna acción arbitraria o ilegal, sino por el solo hecho de haber quedado firme dicha resolución que aplica multas pecuniarias a beneficio fiscal. Lo anterior, constituye el protocolo o conducto regular a seguir una vez que han transcurrido los plazos que el Código del Trabajo establece para reclamar administrativa y/o judicialmente de la aplicación de las multas.

Por lo anterior, no es efectivo que esta multa se haya dejado sin efecto, tenga recurso administrativo o judicial pendiente, circunstancia que ameritarían que no se encuentre cargada a Tesorería y si lo está es precisamente porque respecto del empleador recurrente se constató infracción manifiesta a la normativa laboral vigente.

En relación a esta multa clarifica que en concordancia con Circular N° 35, de fecha 17 Marzo de 2016 del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo que "Instruye sobre registros administrativos de reclamaciones judiciales de multas" a la que ya se hizo referencia, una vez que esta parte toma conocimiento a través de la respectiva notificación del presente recurso de protección, se solicitó a la Oficina de Control y Gestión de Multas de la Dirección del Trabajo, la descarga de dicha multa de la Tesorería, ello para efectos de ingresar a nuestro sistema este nuevo evento, cual es, el presente recurso de protección, y así la multa aparezca en nuestro sistema DT Plus en estado de "reclamada judicialmente", ello en atención a ser éste el primer y único recurso judicial que existe en relación a la multa 3160/2018/45. Por lo anterior, lo que la Tesorería informa al recurrente, con fecha 14.11.2018, en relación exclusivamente a esta multa es efectivo, reflejando la realidad que en esa época o momento existía, por cuanto a dicha fecha la multa se encontraba sin recursos pendientes, habiendo pasado los plazos legales para interponerlos, razón por la que estaba cargada o mejor dicho bien cargada a la TGR.

DE LA NO VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS POR EL RECURRENTE:

Vulneración del derecho de igualdad ante la ley: Al respecto no se vislumbra de qué manera este Servicio habría conculcado esta garantía constitucional, el actuar de este Servicio, por cuanto existen instrucciones claras y precisas impartidas a todas las Inspecciones del Trabajo de la Nación, y por lo tanto en el caso en concreto del recurrente no se ha establecido ninguna diferencia arbitraria con respecto a los demás empleadores del país ante las multas impuestas por los fiscalizadores de las Inspecciones del Trabajo.

La recurrente señala que igualmente se ha vulnerado la garantía consagrada en el Artículo 19 n° 26, sin desarrollar ni explicar cómo se habría vulnerado ese derecho y solo se limita a transcribir el texto de la norma. Lo mismo sucede con la mención que realiza del artículo 10 y 11 del Pacto de San nombre reservado Rica, respecto de los cuales tampoco especifica de qué manera se habrían vulnerado por parte de la Dirección del Trabajo.

Por todo lo anterior pide se sirva rechazar la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas de la recurrente.

3.- Que comparece informando además, nombre reservado, Secretario Regional Ministerial del Trabajo de la Región de Los Ríos, señalando que ni el suscrito ni el órgano administrativo que dirige tienen la calidad de recurridos en el proceso constitucional iniciado por recurso de protección Rol 6438-2018 del que conoce la lltma. Corte de Apelaciones de Temuco.

Tampoco consta que el llustrísimo Tribunal aludido haya resuelto en autos solicitarnos informe alguno. Y no pudo hacerlo ya que no se solicitó por el actor.

Es más, si se lee la resolución que proveyó la acción constitucional deducida en autos, respecto del cuarto otrosí del libelo de protección, en el que se pedía una diligencia similar a la que se menciona en su oficio ("Se tome declaración a ...", entre otros, el suscrito, en calidad de Seremi del Trabajo y Previsión Social) el lltmo. Tribunal dispuso su rechazo, por improcedente.

4.- Comparece en el mismo sentido, nombre reservado, Seremi del Trabajo de La Araucanía, señalando que ni el suscrito ni el órgano administrativo que dirijo tenemos la calidad de recurridos en este proceso constitucional. Tampoco consta que ese ilustrísimo Tribunal haya resuelto en autos solicitarnos informe alguno; es más, al proveer el cuarto otrosí del libelo de protección que se adjunta, en el que se pedía una diligencia similar a la que se menciona en su oficio, se dispuso el rechazo. En consecuencia, pido a usted certificar, informar a la Presidencia de esa Corte de Apelaciones y dejar registro en autos, que nada corresponde informar a esta autoridad ministerial al tenor del Recurso de Protección Rol 6438-2018, caratulado "Corporación Educacional el Labrador con nombre reservado".

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la presente acción constitucional, como se desprende de los argumentos expuestos en la parte expositiva del presente fallo, se dirige en definitiva en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, de la Inspección Comunal del Trabajo de Victoria y de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno. Respecto de éstos, es por lo demás, de quienes el propio recurrente ha solicitado el informe respectivo.

TERCERO: Que la acción ilegal y arbitraria que se achaca a las recurridas, Inspección Comunal de Victoria e Inspección Provincial de Osorno es haber informado a la Tesorería General de la República determinadas multas para que ésta proceda a su cobro, sanciones pecuniarias singularizadas tanto por el recurrente como por las recurridas, no obstante que las Resoluciones Administrativas que las impusieron fueron dejadas sin efecto por decisión judicial o bien, se encuentran en actual tramitación, no encontrándose por ende dichas resoluciones firmes y ejecutoriadas.

CUARTO: Que de lo expuesto en el informe de las recurridas, sustentadas en la documentación que acompañan al mismo, resulta que ninguna de las mentadas multas ha sido “cargada” a la Tesorería General de la República para su cobro y respecto de aquellas que lo fueron, la Dirección del Trabajo solicitó oportunamente su exclusión, justamente por encontrarse pendiente el presente recurso de protección.

QUINTO: Que de lo expuesto deviene que el actuar de las recurridas no ha sido ilegal ni arbitrario, de manera tal que no ha podido afectar ninguna de las garantías constitucionales que aduce el recurrente quien no se ha visto expuesto a ningún acción de cobro de sanciones pecuniarias por parte de Tesorería, desde que éstas, tal como lo exponen las recurridas se encuentran en tramitación.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza, con costas, el deducido por el abogado don Marcelo Navarrete Chavez, en representación de la Corporación Educacional El Labrador, en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, de la Dirección Comunal del Trabajo de Victoria y de la Dirección Provincial del Trabajo de Osorno.

Regístrese, incorpórese a la carpeta electrónica y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro A.nombre reservado.

Rol N° Protección 6438-2018