nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Que a folio 1, comparece don JAVIER ALBORNOZ HERNÁNDEZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección de garantías constitucionales, a nombre de don nombre reservado, chileno, casado, vendedor, con domicilio domicilio reservado, Región de La Araucanía, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho que expone: el recurrente trabaja en SALESLAND Chile SpA, ingresando a dicha empresa en el 29 de Octubre de 2018. Al momento de recibir su remuneración del mes de Noviembre, dentro de los descuentos que se le practicaron a su remuneración, existió uno efectuado de manera automática, informado por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES por la suma de $77.465, montos que se siguen descontando hasta la fecha actual, con cifras similares que varían según el ingreso mensual. Como consecuencia de lo recién señalado, el recurrente averiguó el origen de dicha deducción, y se le informó que el descuento procedía de un crédito social solicitado por él durante el año 2017 a dicha Caja por un monto de $1.902.184, pagaderos en 48 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $72.284, con vencimiento la primera de ellas el día 31 de Enero de 2018, y las restantes los días 30 de cada mes. Así las cosas, el último pago se efectuó el día 30 de Octubre del año 2018, quedando en mora desde la cuota N° 11, tal como se indica en el documento del otrosí de esta presentación. Teniendo presente que el recurrente, en su momento, quedó debiendo desde las cuotas N° 11 a la 48, la CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES se encuentra realizando dichos descuentos, fundándose en la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sobre nuevo estatuto de las cajas de compensación y asignación familiar, que señala “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una caja de compensación por un trabajador adeudado afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales”. Señala que si bien es cierto que existe un sistema de información de las cajas de compensación para evitar riesgos financieros y ubicar a los morosos que han cambiado de caja de compensación o que han sido desvinculados de la empresa afiliada, el uso de este mecanismo excede sus atribuciones, toda vez que el crédito social otorgado al recurrente se paga mediante retención de cuotas en su remuneración. Luego, a su juicio, la Caja de Compensación de Los Andes, entidad diputada para solicitar la retención, excedió sus atribuciones cometiendo un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no puede solicitar la retención a la entidad empleadora, siendo este un acto que conculca la garantía constitucional del articulo 19 N°24 de la Carta Fundamental, esto es el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, generando la consecuencia de no permitirle usar, gozar y disponer de la parte retenida por la prestación de servicios realizados.

Considera que la aludida entidad debiera, para efectos de exigir el cumplimiento del saldo moroso del crédito, iniciar un juicio ejecutivo, cuestión que es conocida por la caja acreedora. De hecho, la Caja de Compensación de Los Andes, inició en su contra el 22 de Mayo de 2019 causa ejecutiva, en causa ROL C – 2857 – 2019, del Tercer Juzgado civil de Temuco, caratulada “Caja De Compensación de Asignación Familiar de Los Andes/ nombre reservado”, es decir, pretende cobrar por dos vías el mismo pago, lo cual torna el descuento a sus remuneraciones un acto arbitrario e ilegal.

Por lo expuesto, pide se tenga por interpuesto el presente recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, ya individualizada, acogerlo a tramitación, y, en definitiva, declarar que la recurrida no puede realizar los descuentos de las cuotas impagas mediante las retenciones de sus remuneraciones; proceder a la devolución de lo ya retenido; y condene a la recurrida al pago de las costas. Acompaña: Liquidaciones de sueldo emitidas en el mes de Noviembre y Diciembre de 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2019; Copia de Demanda ingresada en los Tribunales Civiles de Temuco en contra de su representado.

Que a su turno, compareció don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informando: el 14 de noviembre de 2017, Caja Los Andes otorgó a don nombre reservado la operación de crédito código 116CON100200027, por un capital inicial de $1.902.184.-, con una tasa de interés de 2.05%, pagadero en 48 cuotas de $72.284, y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de enero de 2018: las cuotas de enero a junio de 2018, cuotas N°1 a N°6, fueron pagadas mediante descuentos en la remuneración del recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, durante el periodo que va desde febrero a septiembre de 2018, cesando los pagos correspondientes a las cuotas posteriores, y entrando el Sr. nombre reservado en situación de morosidad, lo que motivó la interposición de demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación, en autos ROL C-2857-2019 del 3º Juzgado Civil de Temuco. Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador a la empresa SALESLAND CHILE SpA, RUT RUT reservado, se informó al empleador para la retención para el pago de las cuotas de los meses de julio 2018 a marzo 2019, cuotas N° 7 a la N°15. A la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso, las cuotas de los meses de abril a agosto 2019, cuotas N° 16 a la N° 20, vencida y emitida la cuota de septiembre de 2019, N°21, y aun por vencer aquellas cuotas que van desde octubre de 2019 a diciembre de 2021, N°22 a N°48. En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, y que aún mantiene cuotas por vencer hasta el 31 de diciembre de 2021.

Cabe señalar que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador. En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

Por consiguiente, el actuar de su representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social. En todo caso, hace presente que la demanda ejecutiva referida por la recurrente, nunca pudo ser notificada a la demandada, por lo que, en este caso, no cabe hablar siquiera de litigio pendiente. Es menester señalar que, en la especie, estamos frente a un crédito vigente y actualmente exigible, pactado a 48 meses plazo a partir del mes de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, de modo que cualquier descuento que en lo futuro pueda producirse respecto del recurrente, habrá de producirse con total apego a lo establecido en el mentado artículo 22 de la Ley que regula las Cajas de Compensación. Por último, es enfática en aclarar que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. Por lo expuesto, pide se rechace el recurso de protección intentado por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme al Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 24 de junio de 1992, y sus modificaciones, la acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEGUNDO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para la mantención del orden jurídico y para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente; en virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

TERCERO: Que, el abogado JAVIER ALBORNOZ HERNÁNDEZ en representación de don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Cajas de Compensación de Asignación Familiar “ Los Andes” atribuyendo como acto ilegal y arbitrario, el haber, ejecutado el descuento de parte de su remuneración mensual, del cual se percata en el mes de Noviembre de 2019 en pago de cuotas de un préstamo contratado por él obligación que, por lo demás, se encontraba impaga desde el 30 de Octubre del año 2018, quedando debiendo desde las cuotas N° 11 a la 48.

CUARTO : Que, en su respectivo informe, la recurrida señala que habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador a la empresa SALESLAND CHILE SpA, RUT RUT reservado, se informó al empleador para la retención para el pago de las cuotas de los meses de julio 2018 a marzo 2019, cuotas N° 7 a la N°15. A la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso, las cuotas de los meses de abril a agosto 2019, cuotas N° 16 a la N° 20, vencida y emitida la cuota de septiembre de 2019, N°21, y aun por vencer aquellas cuotas que van desde octubre de 2019 a diciembre de 2021, N°22 a N°48. En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

QUINTO: Que, la Ley N° 18.833 dispone que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, que en tal carácter pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social en virtud del cual podrán otorgar préstamos en dinero.

A su vez el artículo 22 de ese cuerpo legal establece que: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente a la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

SEXTO: Que, el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo dispone que: “el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

SÉPTIMO: Que, de la interpretación armónica de las normas antes citadas se colige que los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación constituyen prestaciones de seguridad social y en tal carácter el descuento de las cuotas de los mismos de la remuneración del trabajador, deudor directo o indirecto de éstos, es obligatorio.

OCTAVO: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración del actor una de las cuotas impagas del crédito que éste adeudaba, estando la recurrida facultada para ello, y al no exceder dicho descuento del porcentaje máximo establecido por el legislador, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, motivo por el cual el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales y reglamentarias citadas y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección deducida por don JAVIER ALBORNOZ HERNÁNDEZ en favor de nombre reservado, y en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, sin costas por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger.

Protección-6436-2019. (fcv)