nombre reservado con MINISTERIO OBRAS PUBLICAS , IX REGION DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio N°1 comparece JUAN PABLO OSSES, abogado, en representación de don: 1) nombre reservado, 2) nombre reservado, 3) nombre reservado, 4) nombre reservado, 5) nombre reservado, 6) nombre reservado, 7) nombre reservado, 8) nombre reservado, 9) nombre reservado, 10) nombre reservado, 11) nombre reservado, 12) nombre reservado, 13) nombre reservado, 14) nombre reservado 15) nombre reservado, 16) nombre reservado, 17) nombre reservado, 18) nombre reservado, 19) nombre reservado, 20) nombre reservado, 21) nombre reservado, 22) nombre reservado, 23) nombre reservado, 24) nombre reservado, 25) nombre reservado, 26) nombre reservado, 27) nombre reservado, 28) nombre reservado, 29)nombre reservado, 30) nombre reservado, 31) nombre reservado, 32) nombre reservado, 33) nombre reservado, 34) nombre reservado, Y EN CALIDAD DE AGENTE OFICIOSO en favor de: 35) nombre reservado, 36) nombre reservado, 37) nombre reservado, 38) nombre reservado, 39) nombre reservado, 40) nombre reservado, 41) nombre reservado, 42) nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , por la acción ilegal y arbitraria cometida al “RETENER ARBITRARIAMENTE Y NO DEJAR A DISPOSICIÓN DE LOS RECURRENTES SUS FINIQUITOS DE TRABAJO, YA SUSCRITOS Y CON ORDEN DE PAGO”, lo cual importa una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República; esto es, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad e infracción al principio de legalidad.

I.- ADMISIBILIDAD.- El acto arbitrario que se denuncia corresponde a que en fecha 16/02/2023, se ha tomado conocimiento que el MOP, tiene en su poder finiquitos de trabajo, con orden de pago y con cargo a retenciones practicadas al contratista, los cuales no ha entregado ni puesto a disposición de los trabajadores, pese a ser emplazado judicialmente mediante demanda laboral sin acompañar o hacer referencia a los mismos.

Señalar que se deduce este recurso extraordinario, puesto que no existe otro procedimiento especial que contemple la resolución del presente conflicto, y, conforme los hechos que se expondrán, se solicita el restablecimiento del imperio del derecho por haberse vulnerado flagrantemente derechos fundamentales con dicha retención.

En efecto, esta parte pide que se restablezca el imperio del derecho, ordenando al MOP que se abstenga de retener arbitrariamente los finiquitos y los deje a disposición de los trabajadores, ya que, flagrantemente y de forma arbitraria, ha contravenido texto expreso de nuestro Código del Trabajo (art 177), transgrediendo el principio de legalidad que rigen a los organismos del Estado, y una clara vulneración a los derechos fundamentales de todos los recurrentes.

A la fecha no se había tomado conocimiento de la existencia de estos documentos (finiquitos), tampoco había conocimiento que el Ministerio de Obras Públicas mantenía los finiquitos físicamente disponibles para su pago, habiéndose tramitado una causa laboral inclusive.

En concreto, la tramitación de la causa laboral antes mencionada, no es impedimento para deducir el presente recurso extraordinario, puesto que la petición de esta parte no es de carácter laboral, ni se pide la declaración de existencia de un derecho, sino que pedimos el restablecimiento del imperio del derecho ya que se ha alterado el statu quo de la integridad de las remuneraciones del trabajador, y que el MOP se obtenga de continuar ejecutando una actuación arbitraria e ilegal, conforme se expone en los párrafos siguientes.

II.- FUNDAMENTO Y CONTEXTO DE LOS HECHOS:

1. Relatando brevemente el contexto de los hechos, mencionar que los recurrentes antes individualizados corresponden a trabajadores que desempeñaron funciones construyendo un proyecto de “Sistema de Agua Potable Rural” (bajo régimen de subcontratación), ejecutando obras en el sector rural llamado a) Proyecto “APR El Boye” de la comuna de Traiguén; y b) Proyecto “APR Coihueco” de la comuna de Galvarino, respectivamente.

2. Las obras antes individualizadas fueron licitadas por el Ministerio de Obras Publicas a través de su unidad DOH, adjudicándole la ejecución de las mismas a la empresa a la Empresa E y C Constructora Ltda, por la suma de a) $3.245.578.152.- (Tres mil doscientos cuarenta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos) la obra el “Boye de Traiguén” y b) $1.137.985. 337.- (Mil ciento treinta y siete millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos) el Proyecto “APR Coihueco”.

3. A comienzos del año 2022 la empresa no pagó los sueldos de los trabajadores durante 3 meses, bajo amenaza de despido, tampoco había pagado cotizaciones previsionales durante años, retirándose de las obras sin aviso previo dejando a todos los trabajadores desprovistos de su remuneración e indemnizaciones, por lo que en mayo de 2022, todos ellos iniciaron demanda de auto despido en contra de la empresa “E y C Constructora Ltda” y en contra del “Ministerio de Obras Publicas”, en calidad de responsable solidario, paralizándose ambas obras por el no pago de las ultimas 3 remuneraciones y deuda histórica de cotizaciones previsionales (2 años).

4. Las audiencias de juicio respectivas se desarrollaron en rebeldía de la empresa demandada E y C, compareciendo solo el Consejo de Defensa del Estado, en representación y defensa del MOP, quienes en su contestación de la demanda niegan todos los hechos de la demanda, inclusive, que se les adeude algún concepto a los trabajadores, en el siguiente sentido:

- Contestación Consejo de Defensa del Estado “Ministerio de Obras Públicas”

En particular esta parte controvierte y niega: a) Que concurran los requisitos para estar en presencia del régimen de subcontratación aludido en la demanda. b) Que los demandantes hayan prestado servicios en la obra indicada en la demanda por el tiempo allí señalado. c) Que el empleador haya incurrido en causales de despido indebido o improcedente. d) Que la remuneración de los demandantes sea la indicada en la demanda. e) Que se adeude alguna prestación los demandantes.

5. Durante el desarrollo de las audiencias, el MOP rindió su prueba documental, y no se acompañó resolución o decreto que aprueba el pago de finiquitos, tampoco ellos tenían los documentos materialmente, sin embargo, se obtuvo una sentencia condenatoria sobre responsabilidad solidaria del MOP, por lo que el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de nulidad, encontrándose pendientes para su vista y fallo ante vuestra I. Corte. de Apelaciones Temuco bajo el Rol de ingreso laboral/Cobranza 38- 2023, 43-2023, 108 -2023.

Resulta un hecho cierto que el Consejo de Defensa del Estado continuará la tramitación de las causas, agotando todos los recursos que franquea la ley, llegando incluso hasta la Excma. Corte Suprema.

Afirma que no pretende que V.S.I., conozca sobre la causa laboral mediante este recurso, sino que se denuncia la retención ilegal del finiquito que el MOP tiene en su poder, resultando necesario exponer el contexto de los hechos.

III. HECHO VULNERATORIO Y CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS:

6. Ahora bien, hasta la fecha, la Dirección de Obras Publicas no ha informado a los trabajadores, ni tampoco acompañó al juicio los finiquitos o resolución que aprobaba su pago, tampoco informó que este organismo tiene en su poder los instrumentos físicos para su pago.

7. Sin embargo, de forma sorpresiva, esta parte, habiendo tomado conocimiento que la DOH había citado a trabajadores “que no eran parte de la demanda” para entregarles su finiquito, concurrió personalmente a la oficinas de atención de la DOH, y en fecha 16 febrero del año 2023, le hicieron entrega de la copia de 28 finiquito de trabajadores, tomando recién conocimiento de estos documentos, señalando que no se los entregarían a los trabajadores recurrentes por estar en demanda.

8. En efecto, conforme documentación que se acompaña, dan cuenta que existen 28 finiquitos de trabajadores “desde el mes de octubre de 2022”, todos firmados por su ex empleador y aprobados por el MOP, con indicación de la resolución que ordena el pago dentro de 10 días hábiles, con la cláusula que reza el siguiente tenor:

9. A su vez, en esa misma oportunidad, le indican que existen más finiquitos pendientes de entregar, lo cuales justamente corresponden a los otros trabajadores recurrentes, por lo que en la misma fecha 16/02/2023, envió correo electrónico al encargado e Inspector Fiscal de Obra acerca de dichos documentos, quien le indica que se encontraba con vacaciones hasta agosto de 2023.

- “Estimado, estoy con feriado hasta 01-08-2023”…- Sin obtener mayor información por parte de la DOH (correo que se acompaña a este recurso).

10. De esta forma, el MOP ha negado dejar a disposición de los trabajadores sus finiquitos bajo el argumento de que” iniciaron una demanda”. Lo anterior sobrepasa el respeto de las normas que rigen nuestro estatuto laboral, pues el artículo 177 del Código del Trabajo, por mandato legal, ordena dejar a disposición el finiquito dentro de 10 días hábiles, y siendo el MOP un organismo del Estado, de forma ejemplificadora debe dar cumplimiento a la obligación que le impone la Constitución y las Leyes, contraviniendo con ello, el principio de legalidad.

11. A la fecha el MOP no ha dejado a disposición los finiquitos de los trabajadores, tampoco ha dado aviso “pudiendo hacerlo desde octubre de 2022 puesto que dichos documentos están timbrados con esa fecha”, incluso no dio cuenta de este hecho ni tampoco acompañó los documentos al juicio, a pesar de estar emplazado judicialmente mediante demanda laboral y ahora ultimo ser condenado al pago en forma solidaria, “”, 12.

También cobra relevancia el hecho que la resolución que ordena el pago de finiquitos, se hace con cargo a retenciones de estados de pago del Contratista E y C Constructora, y no con recursos estatales.

IV. RESPECTO DEL PLAZO .- 13. Conforme hechos relatados, en fecha 16 febrero del año 2023, tomó conocimiento y le hicieron entrega de copia de 28 finiquitos de trabajadores, (documentos que se acompañan a esta presentación), siendo esta fecha en que se ha tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario que se denuncia, consistente en la retención de estos documentos, estando la presente interposición ajustada en tiempo y forma.

V. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE RETENER FINIQUITOS SUSCRITOS CON ONDER DE PAGO POR EL EMPLEADOR Y EL ORGANISMO PUBLICO RECURRIDO.

14. Principio de legalidad.:

Todo organismo que forma parte de la Administración del Estado, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Obras Públicas, debe someterse a la norma que prescribe la Constitución, las leyes y principios generales que rigen su actuación.

De esta forma, todos los órganos del Estado sólo actúan válidamente si se cumplen tres condiciones básicas, tal como lo prescribe el artículo 7° inciso 1º de la Constitución Política de la República:

a)

Que se encuentren investidos de forma previa y regular;

b)

Que actúen dentro de su competencia; y c)

Que lo hagan en la forma que prescriba la ley.

Así, siempre los órganos del Estado, para poder actuar, requieren de una atribución expresa de la ley, pues, en caso contrario, sus actos serán nulos o arbitrarios. En tal sentido, nuestra Carta Fundamental lo expresa en los incisos 2° y 3° del artículo 7º en los siguientes términos:

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

A su vez, el artículo 2° de la Ley Nº 18.575 dispone que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

Por su parte, la Contraloría General de la República ha sostenido que: “[…] es oportuno recordar que, en el ámbito del derecho público, acorde con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, el que es reiterado en términos similares en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos que la integran deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y no tienen más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico”

En la misma línea, ha señalado que el ejercicio de las potestades de un órgano administrativo “[…] debe enmarcarse dentro del ordenamiento jurídico vigente, lo cual implica que por su intermedio no pueden establecerse mayores requisitos o restricciones al desarrollo de las actividades económicas que aquellos que hubieren sido impuestos por la ley o por las normas dictadas por los órganos competentes, pues lo contrario significaría actuar en contravención a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, y 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que consagran el principio de juridicidad”

En este caso, de forma indebida y arbitraria, el MOP ha incumplido el mandato legal prescrito en el artículo 177 del Código del Trabajo, bajo el argumento que los trabajadores iniciaron demanda, lo que carece de una justa causa, tornándose en ilegal y arbitrario VI. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS.

15. Infracción a la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución.

La actuación de la recurrida tiene como efecto inmediato la privación del derecho a la igualdad ante la ley, lo cual es reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al establecer que se garantiza a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados […]”. Aquello es consecuencia de una de las bases esenciales de nuestra institucionalidad, consagrado en el artículo 1º de la Constitución, al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

El derecho a la igualdad ante la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona a no ser objeto de discriminación, vale decir, de un trato basado en diferencias arbitrarias. En el plano de la aplicación, la igualdad ante la ley obliga a que esta sea aplicada de modo igual a todos aquello que se encuentran en la misma situación, sin que la autoridad pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en las normas.

En este caso, la recurrida le ha dado a sus representados un trato desigual sin motivo o causa legal que lo justifique, muy por el contrario, la ley lo exige de forma literal “… El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador…” (art 177 C del Trabajo)

De esta forma, el acto impugnado incurre en una discriminación arbitraria, es decir, han aplicado una medida que carece de fundamento plausible o razonable, violentando la igualdad en el trato que deben dar a toda persona.

16. Infracción al derecho de propiedad, artículo 19 N° 24 de la Constitución.

La Constitución, en su artículo 19 N° 24, garantiza a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Por su parte, el artículo 565 del Código Civil establece que: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales”. Luego dispone expresamente que las cosas incorporales son: “[…] las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas”.

En este caso, el “acto recurrido” constituye una amenaza cierta y grave de la propiedad que los recurrentes tienen sobre su remuneración, existen diversas normas en nuestros Código Laboral y dictámenes de la Dirección del Trabajo que protegen la integridad de la remuneración y de las indemnizaciones del trabajador, puesto que el espíritu de la ley que concede las indemnizaciones legales al momento del despido, tiene como objeto o fin social garantizar la subsistencia de quien ha sido privado de su fuente de ingresos, enfrentándose a un futuro incierto para él y su familia.

En Chile, nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de las facultadas esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice su expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional (artículo 19 Nº 24 inciso tercero de la Constitución). En este caso, resulta evidente que no sólo se está soslayando los procedimientos legales sino que se están transgrediendo flagrantemente.

Pide ordenar lo siguiente:

• El Ministerio de Obras Públicas se obtenga de seguir reteniendo los finiquitos de los trabajadores recurrentes, dejándolos a su disposición ante la Inspección del Trabajo, informando a esta Corte de Apelaciones el día y hora para suscribirlos sin condición ni limitación alguna.

• Se condene en costas del recurso.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de finiquitos de 28 trabajadores recurrentes, todos firmado y timbrados por su ex empleador y el Ministerio de Obras Públicas, con indicación de resolución administrativa que ordena su respectivo pago a los trabajadores; 2. Cadena de 3 correos electrónicos de fecha 16/02/2023, enviado al Inspector fiscal de la DOH a cargo de las obras don nombre reservado, y a encargada en MOP, donde esta parte consulta por la tenencia de los finiquitos, acompañando copia de los mismos. Respondiendo estar con licencia hasta octubre de 2023; 3. Mandato Judicial otorgado por don: 1) nombre reservado, 2) nombre reservado, 3) nombre reservado, 4) nombre reservado, 5) nombre reservado, 6) nombre reservado, 7) nombre reservado, 8) nombre reservado, 9) nombre reservado, 10) nombre reservado, 11) nombre reservado, 12) nombre reservado, 13) nombre reservado. 14) nombre reservado, 15) nombre reservado, 16) nombre reservado, 17) nombre reservado, 18) nombre reservado, 19) nombre reservado, 20) nombre reservado, 21) nombre reservado; 4. Mandato Judicial otorgado por don: 1) nombre reservado; 2) nombre reservado, 3) nombre reservado, 4) nombre reservado, 5) nombre reservado, 6) nombre reservado, 7) nombre reservado 8) nombre reservado, 9) nombre reservado, 10) nombre reservado, 11) nombre reservado, 12) nombre reservado; 5.

Mandato Judicial otorgado por don: 1) nombre reservado, A folio N°9 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

DE LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO EN CONTRA DEL RECURSO.

1°.- Que la acción de protección que ha dado origen a estos autos se ha interpuesto en contra del Ministerio de Obras Públicas, RUT RUT reservado, aludiendo a una supuesta acción ilegal y arbitraria por parte del recurrido consistente la cual describe de la siguiente forma: “Retener arbitrariamente y no dejar a disposición de los recurrentes sus finiquitos de trabajo, ya suscritos y con orden de pago”, 2°.- Que en relación a lo anterior, en el Oficio Ordinario N° 354, de fecha 6 de abril de 2023, de la Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía se expresa lo siguiente:

“1) Los finiquitos asociados a los 42 trabajadores señalados en el recurso de protección rol 639-23 (ver anexo 1) de la Corte de Apelaciones de Temuco, fueron informados y enviados por la Unidad Técnica Aguas Araucanía a esta Dirección Regional; Los montos de estos finiquitos indicados por la Empresa Constructora, también fueron informados directamente al Abogado Juan Carlos Osess y a un grupo de trabajadores que lo acompañaron, en las oficinas de la DOH en Temuco.

2) Los finiquitos en original firmados por el Contratista con los montos informados, se encuentran en DOH a disposición de firma de los trabajadores (que debe ser en la Inspección del Trabajo). Esta firma de aceptación por parte del trabajador en la Inspección del Trabajo, es requisito previo para proceder al pago por parte de DCYF MOP; según se indica en punto b) de Cláusula Especial incorporada al final de cada finiquito.

3) A la fecha sólo se han pagado los finiquitos que han sido firmados por los trabajadores en la Inspección del Trabajo. Los trabajadores asociados a las demandas judiciales NO HAN QUERIDO FIRMAR LOS FINIQUITOS, por lo que se hace imposible el pago de éstos, mediante la modalidad implementada.

4) En reuniones sostenidas con el Consejo de Defensa del Estado relacionado a estos pagos, se les indicó que no procedieran a pagar finiquitos que fueran parte de una demanda judicial y que no tuvieran previamente un acuerdo entre las partes ante el tribunal, porque en definitiva podrían tener que pagar dos veces lo mismo.

5) Han existido otras causas judiciales relacionadas al mismo contrato (el Boye), las cuales han sido pagadas ya que existió acuerdo previo entre las partes ante el tribunal respectivo, según se detalla en Acta de Acuerdo en el tribunal, adjunta”.

3°.- Que los contratos de obra denominados “Mejoramiento y ampliación APR Villa Coihueco, comuna de Galvarino, Región de La Araucanía”, SAFI 322.523, e “Instalación Sistema Agua Potable Rural El Boye sectores Chufquén, Terpelle, comuna de Traiguén, Región de La Araucanía”, SAFI 292.715, fueron adjudicados a la referida empresa. En ambos contratos esta última no pagó la totalidad de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores, por lo cual la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía procedió a iniciar un proceso de pago por subrogación respecto a dichas prestaciones.

4°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que todos los trabajadores recurrentes presentaron demandas laborales ante los tribunales de justicia en contra de la Empresa E y C Constructora Ltda. y solidariamente en contra del Ministerio de Obras Públicas, en las cuales solicitan el pago de las prestaciones que sostienen que se les adeudan, no existiendo a la fecha en ninguna de ellas una sentencia definitiva firme y ejecutoriada, lo cual es el motivo fundamental para resolver el rechazo de la acción de protección que ha dado origen a estos autos, por cuanto no existe un derecho indubitado que sea susceptible de protección a su respecto, no siendo la sede de protección la vía idónea para efectuar sus reclamaciones. El detalle de las referidas causas laborales es el siguiente:

a) Demanda laboral por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-11-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén:

a.1) Demandantes: 1) nombre reservado, RUT: RUT reservado; 2) nombre reservado, RUT:RUT reservado; 3) nombre reservado, RUT: RUT reservado; 4) nombre reservado, RUT: RUT reservado; 5) nombre reservado, RUT: RUT reservado; 6) nombre reservado, RUT: RUT reservado; 7) nombre reservado, RUT: RUT reservado; y 8) nombre reservado, RUT: RUT reservado.

a.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

a.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 15 de junio de 2022 ante el Juzgado de Letras de Traiguén. Los demandantes solicitaron al tribunal una medida cautelar de retención de dineros pero este último, al proveer la demanda, no dio lugar a la medida solicitada por no existir antecedentes suficientes aportados por los demandantes que permitiesen acreditar razonablemente el fundamente y la necesidad del derecho que se reclamó.

El 14 de diciembre de 2022 el tribunal dictó sentencia acogiendo la demanda en contra de E y C Empresa Constructora Ltda. y el Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas, declarando que a este último le asiste responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones a las que fue condenado a pagar el demandado principal, limitadas al tiempo en que estuvo vigente la prestación de servicios bajo régimen de subcontratación, coincidente con la fecha de contratación y de autodespido de cada trabajador, en los términos establecidos en el artículo 183-B del Código del Trabajo, indicándose que la cantidad a pagar por dicho período será determinada en la etapa de cumplimiento de la sentencia. Se condenó en costas a ambos demandados.

El 26 de diciembre de 2022 el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de nulidad en contra de la citada sentencia, el cual fue declarado admisible mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2022 dictada por el referido tribunal. Dicho recurso dio origen a la causa Rol Laboral-Cobranza 38-2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Mediante resolución de fecha 1 de febrero de 2023, S.S. Iltma. declaró admisible el recurso de nulidad, el cual aún se encuentra pendiente de fallo.

b)

Demanda laboral por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-12-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén:

b.1) Demandantes: nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT RUT reservado; y nombre reservado, RUT: RUT reservado.

b.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

b.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 16 de junio de 2022 ante el Juzgado de Letras de Traiguén. Los demandantes solicitaron al tribunal una medida cautelar de retención de dineros pero este último, al proveer la demanda, no dio lugar a la medida solicitada por no existir antecedentes suficientes aportados por los demandantes que permitiesen acreditar razonablemente el fundamente y la necesidad del derecho que se reclamó.

El 29 de diciembre de 2022 el tribunal dictó sentencia acogiendo la demanda en contra de E y C Empresa Constructora Ltda. y el Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas, declarando que a este último le asiste responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones a las que fue condenado a pagar el demandado principal, limitadas al tiempo en que estuvo vigente la prestación de servicios bajo régimen de subcontratación, coincidente con la fecha de contratación y de autodespido de cada trabajador, en los términos establecidos en el artículo 183-B del Código del Trabajo, indicándose que la cantidad a pagar por dicho período será determinada en la etapa de cumplimiento de la sentencia. Se condenó en costas a ambos demandados.

El 11 de enero de 2023 el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de nulidad en contra de la citada sentencia, el cual fue declarado admisible mediante resolución de fecha 16 de enero de 2023, dictada por el referido tribunal. Dicho recurso dio origen a la causa Rol Laboral-Cobranza 43-2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Mediante resolución de fecha 7 de febrero de 2023, S.S. Iltma. declaró admisible el recurso de nulidad, el cual aún se encuentra pendiente de fallo.

c)

Demanda laboral por despido injustificado, declaración de continuidad laboral y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O- 15-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén:

c.1) Demandantes: nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; y nombre reservado, RUT: RUT reservado.

c.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

c.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 9 de septiembre de 2022 ante el Juzgado de Letras de Traiguén. Los demandantes solicitaron al tribunal una medida cautelar de retención de dineros pero este último, al proveer la demanda, no dio lugar a la medida solicitada por no existir antecedentes suficientes aportados por los demandantes que permitiesen acreditar razonablemente el fundamente y la necesidad del derecho que se reclamó. Sin embargo, en dicha causa solo se ha celebrado la Audiencia Preparatoria (con fecha 25 de noviembre de 2022), encontrándose pendiente la Audiencia de Juicio, ya que esta última, mediante resolución de fecha 14 de abril de 2023, adoptada por el Tribunal en Audiencia celebrada dicho día, fue reprogramada por el tribunal para el 2 de junio de 2023. En otras palabras, aún no se ha dictado sentencia.

d)

Demanda laboral por despido indirecto, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-41-2022, del Juzgado de Letras de Lautaro:

d.1) Demandantes: nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; y nombre reservado, RUT: RUT reservado.

d.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

d.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 27 de julio de 2022 ante el Juzgado de Letras de Lautaro. El 28 de marzo de 2023 se dio inicio a la Audiencia de Juicio, la cual continuó con fecha 11 de abril del presente año. Sin embargo, aún no existe sentencia definitiva en dicha causa.

e)

Demanda laboral por despido indirecto, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-42-2022, del Juzgado de Letras de Lautaro:

e.1) Demandantes: nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; nombre reservado, RUT: RUT reservado; y nombre reservado, RUT: RUT reservado;

e.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

e.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 27 de julio de 2022 ante el Juzgado de Letras de Lautaro. Con fecha 21 de febrero de 2023, el tribunal dictó sentencia acogiendo la demanda de despido indirecto en contra de E y C Empresa Constructora Ltda. y solidariamente en contra del Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

El 3 de marzo de 2023 el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de nulidad en contra de la citada sentencia, el cual fue declarado admisible mediante resolución de fecha 6 de marzo de 2023, dictada por el referido tribunal. Dicho recurso dio origen a la causa Rol Laboral-Cobranza 108-2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2023, S.S. Iltma. declaró admisible el recurso de nulidad, el cual aún se encuentra pendiente de fallo.

f) Demanda laboral por despido indirecto, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-46-2022, del Juzgado de Letras de Lautaro:

f.1) Demandantes: nombre reservado, RUT: RUT reservado; y nombre reservado, RUT: RUT reservado.

f.2) Demandados: Demandado principal: E y C Empresa Constructora Ltda. Demandado solidario: Fisco de Chile – Ministerio de Obras Públicas.

f.3) Información sobre la causa: La demanda fue interpuesta con fecha 24 de agosto de 2022 ante el Juzgado de Letras de Lautaro. El 17 de febrero de 2023 se celebró la Audiencia de Juicio. Sin embargo, aún no existe sentencia definitiva en dicha causa.

5°.- Que, por otra parte, los artículos 130, 131 y 132 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en adelante RCOP, aprobado mediante el Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, respectivamente, prescriben:

Artículo 130. “El período para el pago de las remuneraciones será semanal, quincenal o mensual, según se establezca en los contratos celebrados entre el contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato, deberá concederse el anticipo con relación a la labor realizada.

Las remuneraciones deberán pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el trabajador convenga con el empleador y no podrán ser inferiores a las legales vigentes en la zona correspondiente. Sin embargo, cuando la Dirección General lo estime conveniente, podrá fijar en las bases administrativas de cada contrato las remuneraciones mínimas que el contratista deberá pagar a sus trabajadores, no pudiendo ser éstas inferiores al ingreso mínimo vigente.

El contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada día de lluvia no trabajado una suma equivalente a la estipulada en la legislación vigente”.

Artículo 131: “En caso que el contratista o un subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, el inspector fiscal queda facultado para pagar, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con cargo a los estados de pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados por esta diligencia. Si los estados de pago pendientes son insuficientes, se utilizarán las retenciones y garantías del contrato.

Este acto se hará administrativamente sobre la base de los libros del contratista y de la nómina de los trabajadores entregada por éste al inspector fiscal, según lo prescrito en el inciso 3º del artículo 143.

Asimismo la Dirección podrá hacer uso de los estados de pago pendientes para mantener en vigencia las pólizas de seguro o las boletas de garantía del contrato, si éstas no fueren oportunamente renovadas por el contratista.

Iguales disposiciones se podrán tomar en caso de liquidación o terminación anticipada del contrato, si el contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, o no hubiere renovado la vigencia de las garantías correspondientes”.

Artículo 132: “Los funcionarios autorizados para aprobar estados de pago quedan facultados para no darles curso, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la ley 16.744 de los trabajadores ocupados en las faenas, o bien, podrán ordenar que se retenga de dichos estados de pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que serán pagadas por cuenta del contratista a las personas o a las instituciones que corresponda, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Lo mismo se adoptará en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios”.

6°.- Que de lo anterior se puede colegir lo siguiente: a) En primer lugar, que la facultad que otorga el RCOP para no dar curso a los estados de pago se puede ejercer cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones de la Ley 16.744; y b) En segundo lugar, que ninguna de las normas transcritas del RCOP hace referencia al pago de finiquitos o indemnizaciones adeudadas a los trabajadores.

7°.- Que los artículos 183-B y 183-C del Código del Trabajo, respectivamente, prescriben:

Artículo 183-B: “La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.

En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.

La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo.

En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural”.

Artículo 183-C: “La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá dictar, dentro de un plazo de 90 días, un reglamento que fije el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados. Asimismo, el reglamento definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes podrán certificar debidamente, por medios idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los contratistas respecto de sus trabajadores.

En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al trabajador o institución previsional acreedora.

En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.

La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas”.

8°.- Que al respecto, resulta pertinente destacar el caso al cual se refiere el Dictamen N° 91937, de 2015, de la Contraloría General de la República, el cual dice relación a un trabajador de la empresa Doval Ingeniería S.A. que se desempeñó en la obra “Instalación sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo”, el cual consultó a dicho Ente de Control si la Ley N° 20.123 prima por sobre el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, para los efectos de obtener el pago de la indemnización por años de servicios que le adeudaría su ex empleadora con cargo a los estados de pago pendientes. Lo anterior, atendido a que el servicio público respectivo (Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta) sostuvo que el artículo 131 del mencionado reglamento sólo le permite pagar con tales montos los sueldos impagos que mantenga el contratista o subcontratista con los trabajadores ocupados en la obra. En el referido Dictamen se expresó lo siguiente: “Acorde con el principio de legalidad previsto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la Ley N° 18.575, las autoridades del Estado sólo actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, si lo hacen dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que posean más atribuciones que las expresamente conferidas por el ordenamiento jurídico.

Por su parte, la jurisprudencia de este Ente Contralor precisa que los servicios públicos no pueden renunciar a las acciones y derechos que les corresponden a menos que exista una autorización contenida en un texto legal expreso (criterio contenido en los dictámenes N° 26.658 de 1987; 19.516 de 1993 y 32.992 de 2002, entre otros).

Pues bien, como se advierte, el artículo 131 del aludido reglamento faculta, en este caso, a la aludida dirección regional para solucionar los sueldos impagos de los trabajadores del contratista ocupados en la obra por medio del procedimiento especial que él establece. Con ello la autoriza a no hacer valer, para tales efectos, la responsabilidad solidaria con que debe responder ante estas obligaciones y a pagar sin el marco de las acciones judiciales que supone lo previsto en el artículo 183-B del Código del Trabajo.

Sin embargo, no la habilita para emplear esta misma fórmula en el caso de la indemnización por años de servicio prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo.

Con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que la decisión de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta en cuanto a no pagar la indemnización por años de servicio del reclamante, bajo la fórmula prevista en el artículo 131 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, se ajusta a derecho. Ello con independencia de que posea o no la calidad de empresa principal”.

Como puede apreciarse, la Contraloría General de la República es clara al señalar que aun cuando el servicio al que se refiere el Dictamen (la Dirección de Obras Hidráulicas) sea considerada una empresa principal, la decisión de no pagar la indemnización por años de servicio al reclamante, bajo la fórmula del artículo 131 del RCOP, se ajusta a derecho y no habilita a la DOH a emplear dicha fórmula para pagar indemnizaciones por años de servicio.

9°.- Que en cuanto a la naturaleza del finiquito en materia laboral, la Corte Suprema, en sentencia de fecha 11-12-2008, dictada en la causal rol 7.370-2008, señaló que “(…) es el instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación laboral, en el que dejan constancia del cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las acciones o reservas con que alguna de las partes lo hubiere suscrito, con conocimiento de la otra. Este acuerdo de voluntades es una convención y presenta un carácter transaccional, que lo constituye en una forma de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza laboral, cuyo nacimiento se corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, que son quienes consintieron en dar por terminada una relación laboral de determinadas condiciones, expresando ese asentamiento libre de todo vicio”. (5 Recurso de Casación en el Fondo. Excelentísima Corte Suprema, 11/12/2008, Rol N° 7.370-2008.). Por su parte, la Dirección del Trabajo, en el Dictamen N° 2390/101, de 2004, estableció que el finiquito “es un acto jurídico bilateral por medio del cual las partes dan constancia de la terminación del contrato de trabajo y de las condiciones en que ella se produce”.

De lo anterior se puede concluir que para la suscripción de un finiquito necesariamente tienen que concurrir las partes del contrato, esto es, empleador y trabajador, por lo que, independiente que al servicio se le considere como empresa principal por la jurisprudencia administrativa y judicial, de todas maneras es un tercero en la relación laboral y, por lo mismo, no está habilitada para suscribir finiquitos y poner término a la mencionada relación laboral. Además, de acuerdo a lo informado en el Oficio Ordinario N° 354, de fecha 06-04-2023, de la Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, existe una negativa de los propios trabajadores recurrentes de protección en orden a suscribir finiquitos con su empleador, actitud que no es coherente con lo expuesto en su acción.

10.- Que sin perjuicio de lo anterior, y ante las normas del Código del Trabajo enunciadas, en especial, el artículo 183-B que señala “La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral (…)”, cabe destacar que para perseguir dicha responsabilidad el trabajador debe presentar una demanda y obtener sentencia favorable (la cual establecerá los términos precisos en que operará la solidaridad o subsidiaridad, según corresponda), lo que se desprende justamente del inciso cuarto del artículo en comento, de acuerdo al cual “El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo”. Además, ha de tenerse presente que el fallo respectivo que debe encontrarse firme y ejecutoriado, cuestión que actualmente no ocurre en ninguna de las causas laborales iniciadas por los trabajadores recurrentes, ya individualizadas, debido a que en algunas no se ha dictado sentencia de primera instancia y en otras la sentencia dictada por el respectivo Juzgado del Trabajo ha sido impugnada a través de la interposición de recursos de nulidad, encontrándose estos últimos pendientes de fallo ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

11.- Que el Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía no se encuentra obligado al pago por subrogación en los términos indicados en la acción de protección de autos por cuanto actualmente no existen sentencias firmes y ejecutoriadas que declaren la solidaridad en materia laboral en relación a los recurrentes, motivo por el cual no existe un actuar ilegal y/o arbitrario a su respecto, menos aún si se tiene en cuenta que la solidaridad no se presume.

12.- Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que ante los incumplimientos laborales de E&C Empresa Constructora Ltda. se comenzó un proceso de pago a los trabajadores que se desempeñaron en las obras ya individualizadas, lo cual se efectuó respecto a los trabajadores que tenían un acuerdo con su respectivo empleador y que no habían presentado demandas ante los tribunales de justicia, puesto que respecto de aquellos trabajadores que presentaron demandas laborales ante el tribunal respectivo, si no existía un acuerdo entre las partes ante el tribunal, existía el riesgo de efectuar un doble pago.

13.- Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales el conocimiento en primera instancia de las causas del trabajo corresponde a los Juzgados de Letras del Trabajo, de Cobranza Laboral y Previsional y, respecto a las causas cuyo conocimiento no corresponda a estos, a los Juzgados de Letras. En este sentido, de acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente informe ha quedado de manifiesto que actualmente existen causas laborales iniciadas en relación a la situación de los trabajadores recurrentes en el contexto de sus desempeños en los contratos de obra ya individualizados, esto es, las causas RIT O-11-2022, O-12-2022 y O-15-2022, del Juzgado de Letras de Traiguén y las causas RIT O-41-2022, O-42-2022 y O-46-2022, del Juzgado de Letras de Lautaro, por lo cual existen claras hipótesis de litis pendencia que estos pretenden soslayar, buscando un mecanismo improcedente para obtener un pronunciamiento judicial, situación más que suficiente para el rechazo, con costas, de la acción de protección que ha dado origen a la presente causa.

14.- Que, en definitiva, la situación expuesta y pretendida por las recurrentes es de competencia del respectivos tribunales laborales (respecto de las causas que aún no poseen sentencia de primera instancia) y de la Corte de Apelaciones de Temuco (respecto de los recursos de nulidad que aún no ha sido objetos de fallo). Además, la finalidad propia de la acción de protección es la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atente contra alguna de las garantías que establece la Constitución Política de la República, situación que en la especie claramente no ocurre. En efecto, la acción de protección se trata de una acción cautelar, de origen constitucional, que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan los efectos de un acto arbitrario e ilegal, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución protectora. Al respecto, en sentencia de fecha 29 de mayo de 2018, dictada en la causa rol 963-2018, sobre acción de protección de garantías constitucionales, V.S. ILTMA. señaló lo siguiente: “Que conforme a lo anteriormente señalado, es un hecho controvertido si existe o no derecho afectado por parte de la recurrida y en perjuicio de la actora, tornándose en un asunto que debe ser resuelto a través de un proceso de lato conocimiento, no pudiendo dilucidarse por esta vía procesal si el recurrido tiene derecho sobre los mencionados proyectos, y en consecuencia, si existe o no una actuación ilegal por parte de la recurrida, apareciendo de manifiesto que el objeto no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que esta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar (…)”.

15.- Que, en efecto, la acción de protección no puede ser un instrumento sustitutivo de acciones declarativas de derechos. La jurisprudencia de los Tribunales de Justicia ha sido coincidente con dicho criterio al señalar reiteradamente que asuntos que por su naturaleza requieran de un lato conocimiento quedan al margen de esta acción cautelar, por ser ajenos a su objetivo. Así, por ejemplo, V.S. ILTMA., en sentencia recaída en la causa rol C 999-2016, señaló que el asunto debatido es materia de un juicio de lato conocimiento.

16.- Que, a mayor abundamiento, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2004, recaída en la causa rol 8765-2003, sobre acción de protección de garantías constitucionales, ha precisado que “siempre que se avoque al conocimiento y fallo de un recurso de protección, la Corte de Apelaciones no podrá prescindir ni desatender la circunstancia que dicha acción fue concebida por el constituyente como un remedio eficaz y urgente para amparar al afectado en el ejercicio legítimo, indubitado, y no disputado –como igualmente se dijo en el párrafo 2° del mismo motivo–, presupuestos constitucionales que, al no concurrir copulativamente en el caso de la especie, no habilitan al órgano jurisdiccional para reestablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección del afectado, cuales son los dos objetivos finales y específicos de esta acción cautelar que, separadamente pero armónicamente miran, el primero a la salvaguardia del ordenamiento jurídico en general, y el segundo a la protección singular e individual del afectado.”

17.- Que, finalmente, cabe hacer presente que la actuación de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía no ha significado una vulneración al principio de legalidad ni a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República) y del derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental), ya que los propios recurrentes, al interponer demandas laborales ante los tribunales ordinarios de justicia, fueron quienes determinaron que sus pretensiones en relación a las prestaciones laborales que sostienen adeudárseles fueren conocidas por la vía judicial. Por lo anterior, no resulta coherente y lícito que los recurrentes pretendan soslayar la vía judicial que ellos mismos decidieron iniciar, la cual, por cierto, aún no se encuentra totalmente agotada. Por otra parte, el hecho de que actualmente no existan en las respectivas causas laborales iniciadas por los recurrentes sentencias declarativas de derechos firmes y ejecutoriadas a favor de estos que establezcan la solidaridad de parte del Fisco de Chile en cuanto al pago de las prestaciones demandadas impide obligar a la administración a poder efectuar pagos de prestaciones comprendidas en finiquitos en relación a los demandantes, a lo que se suma el riesgo cierto de efectuar con ello dobles pagos. Además, no existe vulneración alguna a las referidas garantías constitucionales ya que de acuerdo a dicho servicio público fueron los propios recurrentes quienes se negaron a suscribir finiquitos, de modo tal que no pueden endosar el mérito de sus propias actuaciones al primero para intentar configurar una supuesta actuación arbitraria e ilegal que afecte las garantías esgrimidas. Tampoco existe una vulneración al derecho de propiedad por cuanto, como se ha dicho, respecto a las pretensiones hechas valer por los recurrentes en sede laboral aún no existen sentencias firmes y ejecutoriadas declarativas de derechos a su respecto, que obliguen al Fisco de Chile, a través del establecimiento de la solidaridad, por la vía de la subcontratación, a efectuar pagos de las prestaciones demandadas.

Acompañó los siguientes documentos: 1°.- Decreto N° 95, de fecha 25 de abril de 2022, del Ministerio de Obras Públicas, que nombra Fiscal Nacional de dicho Ministerio a persona que se indica; 2°.- Resolución Exenta N° 1509, de fecha 7 de agosto de 2019, del Ministerio de Obras Públicas, que delega facultad que indica en Fiscal Nacional de Obras Públicas en materias de recurso de protección; 3°.- Copia del Oficio Ordinario N° 354, de fecha 06-04-2023, de la Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, que se refiere a los hechos indicados en la acción de protección que ha dado origen a los presentes autos (y documento adjunto al mismo consistente en Acta de Audiencia de Juicio de fecha 15 de diciembre de 2022, celebrada en el contexto de la causa RIT O-482-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco); 4°.- Demanda laboral por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-11-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén; 5°.- Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-11-2022, seguida ante dicho tribunal; 6°.- Recurso de nulidad interpuesto con fecha 26 de diciembre de 2022 por el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-11-2022; 7°.- Resolución de fecha 27 de diciembre de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-11-2022, seguida ante dicho tribunal, mediante la cual se tuvo por interpuesto el citado recurso; 8°.- Resolución de fecha 1 de febrero de 2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco, dictada en el contexto de la causa Rol Laboral-Cobranza 38-2023, mediante la cual dicho tribunal declaró admisible el referido recurso de nulidad, el que aún se encuentra pendiente de fallo; 9°.- Demanda laboral por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-12-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén; 10.- Sentencia de fecha 29 de diciembre de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-12-2022, seguida ante dicho tribunal; 11.- Recurso de nulidad interpuesto con fecha 11 de enero de 2023 por el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-12-2022; 12.- Resolución de fecha 16 de enero de 2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, dictada en el contexto de la causa RIT O-12-2022, seguida ante dicho tribunal, mediante la cual se tuvo por interpuesto el citado recurso;13.- Resolución de fecha 7 de febrero de 2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco, dictada en el contexto de la causa Rol Laboral-Cobranza 43-2023, mediante la cual dicho tribunal declaró admisible el referido recurso de nulidad, el que aún se encuentra pendiente de fallo; 14.- Demanda laboral por despido injustificado, declaración de continuidad laboral y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-15-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén; 15.- Acta de Audiencia Preparatoria de fecha 25 de noviembre de 2022, celebrada en el contexto de la causa RIT O-15-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén; 16.- Acta de Audiencia de fecha 14 de abril de 2023, celebrada en el contexto de la causa RIT O-15-2022, del Juzgado de Letras y Garantía con competencia Laboral y Cobranza de Traiguén, mediante la cual se reprogramó la audiencia de juicio para el 2 de junio de 2023; 17.- Demanda laboral por despido injustificado, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-41-2022, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro; 18.- Acta de Audiencia de Juicio fecha 28 de marzo de 2023, celebrada en el contexto de la causa RIT O-41-2022, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro; 19.- Acta de Continuación de Audiencia de Juicio fecha 11-04-2023, celebrada en el contexto de la causa RIT O-41-2022, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro; 20.- Demanda laboral por despido injustificado, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro; 21.- Sentencia de fecha 21 de febrero de 2023, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro, dictada en el contexto de la causa RIT O-42-2022, seguida ante dicho tribunal; 22.- Recurso de nulidad interpuesto con fecha 3 de marzo de 2023 por el Abogado de la Procuraduría Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2023, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro, dictada en el contexto de la causa RIT O-42-2022; 23.- Resolución de fecha 6 de marzo de 2023, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro, dictada en el contexto de la causa RIT O-42-2022, seguida ante dicho tribunal, mediante la cual se tuvo por interpuesto el citado recurso; 24.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2023, de la Corte de Apelaciones de Temuco, dictada en el contexto de la causa Rol Laboral-Cobranza 108-2023, mediante la cual dicho tribunal declaró admisible el referido recurso de nulidad, el que aún se encuentra pendiente de fallo; 25.- Demanda laboral por despido indirecto, declaración de continuidad laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales que ha dado origen a la causa RIT O-46-2022, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro; y 26.- Acta de Audiencia de Juicio fecha 17 de febrero de 2023, celebrada en el contexto de la causa RIT O-46-2022, del Juzgado de Letras y Familia de Lautaro.

A folio N°11 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, es una acción destinada a cautelar la privación , perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

En consecuencia, es menester, para la procedencia de esta garantía constitucional, la existencia de un acto u omisión de un acto arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quién lo ejecuta o se abstiene y que, además, provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que, el acto que se considera arbitrario e ilegal por los actores corresponde a la acción, por parte de la recurrida, de retener arbitrariamente y no dejar a disposición de los recurrentes sus finiquitos de trabajo, ya suscritos y con orden de pago. Sostienen que dicho acto arbitrario vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental. TERCERO: Que, la parte recurrida indicó que, a la fecha, solo se han pagado los finiquitos que han sido firmados por los trabajadores en la Inspección del Trabajo. Señala que los trabajadores asociados a las demandas judiciales no han querido firmar los finiquitos, por lo que se hace imposible el pago de estos, mediante la modalidad implementada. Afirma que existen numerosas causas laborales en donde los actores están persiguiendo el cobro de sus derechos laborales, procesos en donde además se ha decretado el embargo de bienes. En las referidas causas figura como demandada “Empresa E & C Constructora Limitada”, y se ha determinado la responsabilidad solidaria del Fisco.

CUARTO: Que, para que prospere el recurso de protección es necesario que exista un perjudicado o agraviado, es decir, alguna persona que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de algún derecho, exigencia que en la especie no se advierte, por cuanto existen numerosas causas laborales en donde los recurrentes están efectuando el cobro de sus derechos laborales, las que corresponden a los Roles O-11-2022; O-12-2022 y O-15-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Traiguén y; los Roles O-41-2022; O-42-2022 y O-46-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro, como consta de los antecedentes acompañados a este recurso.

En las referidas causas, los actores han solicitado embargos de dinero. Entonces los recurrentes de autos están efectuando el cobro de sus acreencias por la vía ordinaria, es decir, a través de los Tribunales de Justicia, no siendo en consecuencia esta sede proteccional la vía idónea para conocer del cobro de los dineros adeudados.

QUINTO: Que, atendido lo referido precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas, ni proceder al examen pormenorizado de los documentos acompañados.

Por estas consideraciones, y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre protección y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Pablo Osses, por sus representados, en contra del Ministerio de Obras Públicas, Fisco de Chile.

Se previene que el ministro suplente don Luis Olivares Apablaza concurre al rechazo del recurso, teniendo únicamente presente que la acción de protección versa sobre el incumplimiento por parte de la empresa principal de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 183-C del Código de Trabajo, cuestión que tiene una forma de conocimiento y resolución dispuesta en el ámbito de las causas laborales en el marco de las cuales se conoce, entre otros planteamientos, de la retención, siendo ciertamente esta una cuestión que debe ser allí resuelta, por cuanto se relaciona directamente con la decisión de si la demandada respectiva ha cumplido o no con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del citado artículo, lo cual ha de determinar el carácter de su responsabilidad, razón por la cual el asunto que se plantea por la vía de la acción de urgencia se encuentra ya sometido al imperio del derecho en un procedimiento específico donde el actuar de la recurrida está siendo juzgado y tiene las consecuencias que del dilucidar el sentido y alcance de la ley especial han de seguirse.

Regístrese, y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol Proteccion N°639-2023(ela)