nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, comparece Alejandro Rodrigo Zúñiga Garrido, Abogado, en favor de don nombre reservado, Ingeniero Civil, quien recurre de protección contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistes en que durante el proceso de devolución de impuesto a la renta del presente año, la Tesorería General de la República le retuvo del total de la misma, la suma de $183.280.- por concepto de deuda de Crédito Universitario con la Universidad de La Frontera, lo cual vulneraría las garantías de los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el actor fue estudiante de la Universidad De La Frontera, en cuyo contexto contrajo un crédito universitario para financiar parte de sus estudios, donde al 27 de agosto de 2019 mantenía una deuda total en la referida casa de estudios por la suma de $4.127.421.

Explica que como consecuencia de su precaria situación económica y financiera, el 27 de agosto de 2019, presentó ante el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles, “solicitud para inicio de procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora”, procedimiento actualmente terminado en causa caratulada “nombre reservado” bajo el ROL C-3577-2019, en el cual se dictó resolución de término, con fecha 23 de Octubre de 2.020, luego de lo cual, su representado presentó la referida resolución de término y certificación ante la Cámara de Comercio, posterior a lo cual todos los acreedores eliminaron al recurrente de sus registros comerciales, excepto los recurridos.

Al mantener vigente la deuda de la UNIVERSAD DE LA FRONTERA, generó que la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con fecha 11 de mayo de 2021 le haya retenido el total de su devolución de impuestos, por un monto $183.280.

Sostiene que don nombre reservado se ha visto expuesto a un acoso ilegítimo y vulnerador por parte de los recurridos, por cuanto se le atribuye una deuda que a su juicio se encuentra extinguida por el solo ministerio de la ley.

Alega que esta situación le habría generado inconvenientes a su representado, hasta el punto de tenerlo bajo un estado constante de stress generalizado, al temer que no le será entregada su devolución de impuestos, y lo que es más, que serán retenidas sucesivamente sus siguientes devoluciones de impuestos, no obstante estar extinguida la deuda, lo que le genera una inseguridad y sentido de vulneración constante.

Agrega que se ha generado un menoscabo a su honra financiera, pues públicamente se le atribuye una deuda que ya no existe, y una vulneración a su derecho de propiedad respecto del monto de la devolución de impuestos ($183.280), viéndose así en la obligación de presentar esta acción de protección con el objeto de tutelar sus derechos a la integridad psíquica, a la honra, y de propiedad, emanados de las garantías constitucionales presentes en el artículo 19 números 1, 4 y 24 de nuestra Carta Magna.- Aduce que el actuar de las recurridas es ilegal por infringir las disposiciones contenidas en la Ley 20.720, en especial, el artículo número 255 que regla los efectos de la Resolución de Término, el cual reza: “Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación. Extinguidas las obligaciones conforme al inciso anterior, el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución señalada en el artículo precedente establezca algo distinto”.

Pide que se acoja la presente acción, y en definitiva:

A. Se ordene a TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y a UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA eliminar de sus registros de morosidad, comerciales y/o financieros, toda deuda -ya sea en capital, intereses, costas, gastos de cobranza o por cualquier otro concepto- que aún aparezca vigente y de que sea o haya sido deudor don nombre reservado.- B.- Se prohíba a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y a UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, ya sea, de forma directa o a través de servicios prestados por persona jurídica o natural diversa, a tomar contacto con don nombre reservado, ya individualizado, a través de correos electrónicos y/o por cualquier otro medio de comunicación destinado al efecto, que tenga como objeto: solicitar, recordar, mencionar, precisar, determinar, compeler, informar, señalar, amenazar o instar al pago de la deuda existente entre dicha institución y la recurrente de autos.

C.- Se ordene a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA que proceda a la devolución de los $183.280 y/o de cualquier otro monto retenido a don nombre reservado.

D.- Se prohíba a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA que en lo sucesivo retenga cualquier monto de dinero, ya sea por devolución de impuestos o por cualquier otro concepto, que tenga su origen en cualquier deuda por crédito universitario o de estudios que don nombre reservado haya o pudiese haber tenido, pues dichos créditos se encuentran extintos.

E.- Se condene a la recurrida en costas.- Acompaño los siguientes documentos:

1. Demanda de liquidación voluntaria, donde consta que se informó como acreedor a UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.

2. Resolución de Término del Procedimiento Concursal de Liquidación de Bienes de la Empresa Deudora dictada con fecha 23 de octubre de 2020.

3. Screenshot de la página de la Tesorería General de la República, la que da cuenta de retención por crédito universitario.

4. Screenshot de la página del Servicio de Impuestos Internos, que da cuenta de la retención efectuada por Tesorería General de la República.

A folio 9 evacúa informe la recurrida Tesorería General de la República, solicitando su rechazo conforme a los siguientes argumentos:

En primer término reconoce como efectivos los hechos en cuanto a que el recurrente, fue objeto de Proceso Concursal de Liquidación Voluntaria, en autos C-3577-2019, sustanciado ante el 1°Juzgado Civil de Los Ángeles y que se dictó Resolución de Término con fecha 23 de octubre de 2020.

Sin embargo la Certificación de firme y ejecutoriada de la resolución que puso término al procedimiento de liquidación concursal voluntaria, es de fecha 14 de junio de 2021. Precisa que el propio abogado solicitó dicha certificación, con fecha 11 de junio de 2021, en circunstancias que su recurso de protección fue presentado con fecha 9 de junio de 2021, es decir, a la época de su presentación aún no se encontraba firme y ejecutoriada la resolución que puso término al procedimiento de liquidación concursal voluntaria.

De lo anterior, concluye que Tesorería, en uso de sus facultades y completamente dentro del marco legal, realizó retención de fondos con fecha 7 de mayo de 2021, y en favor del Liquidador titular del respectivo Proceso, don nombre reservado, ello en cumplimiento precisamente a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 20.720.

Por ende, de lo expuesto se concluye que el recurrente atribuye una arbitrariedad e ilegalidad del obrar de Tesorería, citando incluso la norma del artículo 255 de la Ley 20.720 que dispone “una vez que se encuentra firme y ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por le solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación…”.

Siendo que a la época de presentación del presente recurso ni siquiera el letrado había solicitado dicha certificación ante el tribunal competente.

Sostiene que no procede solicitar la devolución de los fondos a su representada, toda vez que tales sumas las dispone el Liquidador concursal respectivo, por lo que la acción no debe dirigirla en contra de Tesorería.

Concluye que no existe arbitrariedad, ni mucho menos ilegalidad en el obrar de Tesorería, quien realizó la retención en favor del Liquidadora concursal titular, como la ley así lo dispone, por lo que no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad alguna, no puede alegarse vulneración de Derechos fundamentales, por lo que la acción no puede prosperar.

Acompaña copia digitalizada de CONSULTA ESTADO RENTA obtenida en Cuenta Única Tributaria del recurrente.

A folio 14, evacúa informe la recurrida Universidad de La Frontera, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que su representada le otorgó crédito universitario al recurrente, presentando a la fecha una deuda de 88,06414 UTM, equivalentes a la suma de $4.578.945.- Es del caso, que la deuda invocada tiene una regulación especial, cual es la establecida en la ley 19.287 y sus modificaciones y no es regulada por el derecho común. En efecto, establece el artículo 1 de la Ley 19.989, lo siguiente:

Artículo 1º.- Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Por otro lado, el Reglamento aprobado por el Decreto 297 del Ministerio de Educación del año 2009, establece el tiempo y forma en que las administradoras de Fondos de Crédito deben hacer entrega de las nóminas de deudores morosos de créditos universitarios regulados por la ley 19287.

Las normas legales antes indicadas, imponen una obligación a las instituciones a informar a la Tesorería General de la República, cada año, la nómina de los deudores morosos de crédito universitario en conformidad a la ley 19.287, por lo que las Universidades, a través de los administradores de fondos respectivos, por su parte no tienen otra opción que informar a quienes se encuentren en esta situación, lo que ha ocurrido en el caso de autos con el Recurrente.

En dicho contexto, podemos señalar, que si bien en el proceso concursal de liquidación voluntaria de bienes de que fue objeto el recurrente -sustanciado bajo el ROL C-3577-2019 del 1°Juzgado Civil de Los Ángeles-, se dictó Resolución de Término con fecha 23 de octubre de 2020, sin embargo, la Certificación de firme y ejecutoriada de la resolución que puso término al procedimiento de liquidación concursal voluntaria, es de fecha 14 de junio de 2021.

Dicha certificación fue solicitada con fecha 11 de junio de 2021, siendo que el presente recurso de protección fue presentado con fecha 9 de junio de 2021, es decir, a la época de su presentación aún no se encontraba firme y ejecutoriada la resolución que puso término al procedimiento de liquidación concursal voluntaria, en autos C-3577-2019, del 1°Juzgado Civil de Los Ángeles.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que el recurrente atribuye una arbitrariedad e ilegalidad del obrar de mi representado, citando incluso la norma del artículo 255 de la Ley 20.720 que dispone “Una vez que se encuentra firme y ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación(…)”, siendo que a la época de presentación del presente recurso ni siquiera el letrado había solicitado dicha certificación ante el tribunal competente.

Concluye que su representada en uso de sus facultades y dentro del marco legal que lo regula, cumplió con la obligación que le impone el Reglamento aprobado por el Decreto N°297 del Ministerio de Educación del año 2009, que establece el tiempo y forma en que las administradoras de Fondos de Crédito deben hacer entrega de las nóminas de deudores morosos de créditos universitarios regulados por la ley 19.287, por lo que solo cumplió una obligación legal de informar y que la sentencia no se encontraba firme y ejecutoriada, por cuanto al momento de interponer el recurso y aún más, al momento de informar la deuda existía habilitación legal para hacerlo, no existiendo a su juicio un proceder discriminatorio, arbitrario ni ilegal por lo tanto no hay ninguna garantía fundamental del recurrente que se haya afectado.

Acompaña Informe de situación Crédito Universitario Ley 19.287, emitido por doña nombre reservado, Administrador General de Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, por lo que esta es una acción de urgencia de carácter tutelar, que permite a este Tribunal, examinar y sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, sin se han producido situaciones que amenacen el legítimo ejercicio de los derechos que hace procedente esta cautelar.

Que, la Excma. Corte Suprema ha precisado que es requisito indispensable de esta acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 ° del Código Civil, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado precedentemente, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis de decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, es pacífico entre las partes que existió una deuda por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de la Frontera, por 88,06414 UTM, equivalentes a la suma de $4.578.945.- Por otra parte, consta de los antecedentes acompañados por la recurrente que con fecha 27 de agosto de 2019 solicitó liquidación voluntaria de bienes, que fue resuelta con fecha 23 de Octubre de 2.020 cuando se declaró la liquidación voluntaria de los bienes de nombre reservado, por sentencia dictada en causa Rol N°C-3577-2019 del 1° Juzgado Civil de Los Ángeles, lo que se tiene por acreditado mediante el documento sentencia definitiva que consta con firma electrónica avanzada, y además no fue controvertido por los recurridos.

Lo que discuten los recurridos es el hecho de haberse dictado el certificado de encontrarse firme y ejecutoriada dicha sentencia solo con fecha 11 de junio de 2021, esto es, con posterioridad incluso a la interposición del presente recurso.

TERCERO: Que, conforme al artículo 255 de la Ley N°20.720, una vez ejecutoriada la sentencia definitiva en procedimiento concursal, sus efectos se aplican a todos los acreedores del insolvente por el solo ministerio de la Ley y para todos los efectos legales, afectando los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

Al respecto cabe hacer presente que la decisión queda ejecutoriada al transcurrir los términos legales sin haberse recurrido la decisión, y no desde la fecha del certificado del tribunal.

CUARTO: Que teniendo en consideración la premisa normativa antes referida, el hecho que el crédito en cuestión fue materia del procedimiento concursal, sin haber sido excluido del mismo, resulta ser que la mantención de dicha morosidad, al ser anterior al 23 de octubre de 2020, atenta contra el efecto que la ley 20.720 asigna a la sentencia dictada en el procedimiento concursal, según ya se ha razonado.

QUINTO: Que, así las cosas, el cobro de la deuda que por el solo ministerio de la ley ha sido extinguida, configura entonces un acto ilegal, al encontrarse cubierto por los resguardos que establece la ley N°20.720 para el deudor acogido al procedimiento concursal.

SEXTO: Que el cobro de este crédito perturba el ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, que reconoce el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, al pretenderse un menoscabo a su patrimonio.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, se reúnen en la especie cada uno de los requisitos establecidos en el considerando primero de este fallo para la procedencia del presente arbitrio constitucional, razón por la cual, será acogido únicamente respecto del crédito interno o institucional recién singularizado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Alejandro Rodrigo Zúñiga Garrido, en favor de don nombre reservado en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, solo en aquella parte que denunció como ilegal y arbitrario el cobro de la deuda a nombre del recurrente, correspondiente a un crédito de Fondo Solidario de la Universidad de la Frontera por 88,06414 UTM, equivalentes a la suma de $4.578.945, la cual se encuentra extinguida por el solo ministerio de la ley, debiéndose restituir la suma retenida por Tesorería de la devolución de impuesto mencionada por el recurrente,$183.280, e informada por Universidad de la Frontera, y abstenerse de efectuar retenciones en sus devoluciones de impuesto, por este concepto.

II.- Que, dado lo anterior, la recurrida Universidad de la Frontera deberá eliminar del registro de morosos al recurrente respecto de la deuda por crédito universitario ya referido, debiendo abstenerse de proceder a su cobro.

III.- Que, en todo lo demás, se rechaza la acción impetrada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-6362-2021. (sac)