nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y KAREN VALESKA CASTILLO MEIER, abogada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Quienes exponen.

Que por este acto interponen Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), rol único tributario N°61.509.000-k, representada legalmente por doña nombre reservado, superintendenta de seguridad social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado, de la ciudad de Temuco EN RAZÓN, de los constantes rechazos de las licencias médicas que ha presentado su representada, siendo estos confirmandos por la recurrida Suseso, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad según pasamos a exponer:

I. ANTECEDENTES MÉDICOS Refieren que su representada se encuentra en terapia médica psiquiátrica desde agosto de 2021, con diagnóstico de EPISODIO DEPRESIVO REACTIVO MODERADO, TRASTORNO ANSIOSO SEVERO y SINDROME DE BURNOUT. Con motivo de las patologías que padece, presentó las licencias médicas en cuestión las cuales fueron rechazadas por la Compin y confirmado el rechazo por la recurrida SUSESO, sin fundamento alguno, de forma arbitraria e ilegal según se expondrá.

II. EN CUANTO A LAS LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS Que como se expuso con anterioridad, la COMPIN ha estado rechazando de manera continua e ininterrumpida las licencias médicas que le presentó su representada y esto ha sido confirmado por la suseso. Dichas licencias médicas son las siguientes: Folios N°74673382, 11531753, 8458403, 10951179, 11376821, 8144900, 10541732, 9881579 y 10201815, extendidas desde el día 22 de noviembre de 2021, por un total de 197 días.

Refiere que el rechazo de las licencias médicas indicadas por parte de la recurrida, no se encuentra debidamente fundamentado, como tampoco, se le realizó algún peritaje a nuestra representada para luego referirse a las licencias médicas, ante dicha falta, la recurrida suseso tuvo la oportunidad de corregir a la Compin, sin embargo esto no aconteció y según se ha expuesto la recurrida procedió a confirmar los rechazos de la Compin, vulnerando con aquello los derechos de mi representada.

III. DEL DICTAMEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE MOTIVA EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN Argumenta que según se expuso con anterioridad, la recurrida SUSESO confirmó el rechazo de las licencias médicas de nuestra representada por parte de la Compin, sin fundamento alguno, mediante resolución exenta N°R-01-F-147070-2024, de la siguiente forma:

“VISTO:

La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y las Resoluciones N°s 6, 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Exenta R-01-IBS-05517-2024, de 10/01/2024, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, confirmándose lo resuelto por la Subcomisión Cautín, en orden a rechazar las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas en forma discontinua desde el 22/11/2021 al 19/08/2022, por reposo injustificado. Que, en tal sentido, consta que se interpuso una acción de protección en contra del citado pronunciamiento.

Que, la Excma. Corte Suprema, mediante fallo de 29/05/2024, revocó la sentencia de primera instancia pronunciada por la llma. Corte de Apelaciones de Temuco, de 29/04/2024, en los autos correspondientes a la referida acción de protección (Rol N°113-2024), declarándose que este Organismo debe ordenar a la COMPIN respectiva, evacuar un nuevo informe médico -suficientemente fundado- respecto de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la recurrente, a fin de que sea remitido a esta Superintendencia para que pueda pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas singularizadas precedentemente, en base a su resultado. Que, en virtud de lo anterior, la Subcomisión Cautín remitió antecedentes, entre ellos, el informe médico evacuado al efecto y el acta de la Comisión Médica N°3, ambos de 12/08/2024, los cuales han sido estudiados por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones:

Que, en primer término, se debe señalar que la interesada registra 120 días de reposo autorizado por patología psiquiátrica, previo al período correspondiente a las licencias médicas rechazadas, extendidas a contar del 22/11/2021.

Que, asimismo, corresponde hacer presente que el informe médico evacuado al efecto detalla que los antecedentes médicos disponibles no permiten acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado, precisando que no es posible acreditar que la interesada haya cursado sintomatología grave que impida el desempeño de su actividad laboral. No es posible evaluar el curso de la enfermedad, pese a lo extenso del reposo otorgado. No hay evidencia de refractariedad o resistencia al tratamiento. Se indicó un único ISRS (escitalopram) asociado al uso de benzodiazepinas en crisis. No hay cambios en la terapéutica ni potenciación. No hay evidencia de evaluaciones periódicas, pese a lo cual se otorgaron las sucesivas licencias por 30 días. Las atenciones fueron otorgadas en su totalidad en extrasistema. Tampoco se acredita la realización de psicoterapia ni ingreso a programa GES.

Que, a mayor abundamiento, en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) consignada en el referido informe, se indica que la paciente alcanzó un 60%, lo que significa que en general funciona bastante bien. Para mayor ilustración, un puntaje del EEAG entre 60 y 100 significa que la persona evaluada debería estar llevando actividad y vida normal.

Que, todo lo anterior lleva a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, circunstancia consistente con lo ya resuelto por este Organismo.

RESUELVO:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema, se procede a confirmar lo resuelto mediante la Resolución Exenta R-01-IBS-05517-2024, de 10/01/2024, de esta Superintendencia, ratificándose el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8.”

Plantea que según se puede apreciar en el dictamen transcrito, no existe fundamento científico alguno que, de certeza a la tesis de la recurrida, toda vez que se menciona en la resolución informes médicos, pero sin embargo estos no se acompañan quedando todas las declaraciones de la resolución en meras palabras sin sustento científico como se ha venido exponiendo. Con todo, no consta que se le haya realizado peritaje alguno a mi representada para poder modificar las licencias médicas que mi representada presentó, haciendo evidente la vulneración de derechos por parte de la recurrida suseso. Ante lo expuesto se evidencia que la recurrida no cumple con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, toda vez que esta última resolvió en sentencia de fecha 29 de mayo de 2024 lo siguiente: “la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegada, que ha sido objeto del presente libelo”1. Según se puede apreciar en el Dictamen de la Suseso, no existe tal informe médico, sólo se menciona, además para que exista dicho informe, se le debió realizar algún examen a nuestra representada, circunstancia que no ocurrió y tampoco consta en el dictamen recurrido.

IV. DE LO QUE ESTA PARTE SOLICITA PARA RESTABLECER EL IMPERIO DEL DERECHO Sin perjuicio de que lo que podría corresponder para reestablecer el imperio del derecho es que la recurrida disponga la reevaluación de los padecimientos de nuestro representado, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y posterior a aquello pronunciarse nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas, cabe señalar que no es posible referirse actualmente al estado de salud de nuestra representada respecto de las licencias médicas rechazadas, toda vez que el estado de salud de esta último NO ES EL MISMO O ES DIVERSO del que tuvo cuando se emitieron las licencias médicas en cuestión, la única oportunidad que tenía la recurrida de practicar dichos exámenes, fue en el momento en que decidió confirmar el rechazo de las licencias médicas, circunstancia que no ocurrió y motivó la presentación del presente recurso de protección. Dicho lo anterior, lo único que queda para restaurar el imperio de la ley, es precisamente declarar que se autoricen las licencias médicas rechazadas y se paguen los subsidios correspondientes.

EN CUANTO AL DERECHO COMO FUNDAMENTO DE LO QUE POR ESTE ACTO SE RECURRE Según se ha expuesto existe una nula fundamentación respecto de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas presentadas, por ende, cabe exponer que nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN (SEREMI) controvertir dicho criterio sólo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevó al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984). El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). Las resoluciones administrativas que rechazan las licencias médicas señaladas son presentadas sin los fundamentos científicos necesarios para ello. Que, así las cosas, al no tener la decisión de la Isapre como también la de la COMPIN fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado a su vez, un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación de este. En este sentido la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado y le resultan aplicables las disposiciones de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas que presentó mi representada desde un punto de vista técnico, por tanto, dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo con la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal.

CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES La Excma. Corte Suprema ha señalado a propósito de resoluciones sin fundamentación técnica lo siguiente: “Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido”2.

La Corte Suprema en otro fallo realiza su apreciación frente a la falta de fundamentación al momento de rechazar las licencias médicas en los siguientes términos: “Que, en razón de lo expuesto, tanto porla falta de fundamentación como por la circunstancia de no habersometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazode los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido. Que la conducta de la recurrida afecta, así, la integridad física de la actora, al comprometer la recuperación de su salud, y el derecho que tiene sobre el subsidio respectivo, derechos asegurados por los números 1° y24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y susceptibles de cautela por esta vía”3.

La Corte de Apelaciones de Temuco, acogió un recurso de protección que se presentó por circunstancias similares por no decir iguales. Dicho fallo dice respecto del actuar de las recurridas a la hora de rechazar las licencias médicas que se les presentó: “En este sentido, se tiene en especial consideración, que la institución recurrida cuenta con los medios humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de la paciente, pudiendo disponer la realización de otros exámenes necesarios para confirmar o descartar las patologías que motivan las reiteradas licencias, facultad que no consta hayan ejercido, limitándose al escueto motivo de rechazo que se ha explicitado anteriormente Al no realizar tal actividad en el caso de que se trata, se afecta injustificadamente el derechoa la igualdad ante la ley del recurrente, y se afecta su derecho de propiedad, privándola injustificadamente de los recursos que provienen del pago de los subsidios correspondientes”. (Lo subrayado es nuestro).Continúa dicho fallo con lo siguiente: “Luego, existen otras que han sido rechazadas mediante la simple afirmación de considerar un reposoinjustificado, pero sin explicar las razones de su estimación, o bien, por encontrarse en trámite su invalides, pero sin justificar o explicar elfundamento de su rechazo. Esta falta de motivación, debiendo haberlajustificado, es una clara manifestación que el acto del rechazo es arbitrario, abusivo, que se aparta del criterio racional con que deben ser adoptadas las decisiones en una materia como de autos, que tanto por su naturaleza, como por sus efectos, son de la mayor importancia, y deben ser decididas en base a razones expresadas, justas y equilibradas. No expresarlas es lomismo que no tenerlas, por lo que el presente recurso deberá ser acogido”4.(Lo subrayado es nuestro). Cabe exponer que lo anteriormente expuesto fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 14.378-2021.

Con todo, en otra oportunidad la Corte de Apelaciones de Temuco a resuelto lo siguiente respecto de fundamentar la modificación o rechazo de una licencia médica: “Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidadde Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale su rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

Que en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas. En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago delas licencias médicas respectivas.

Que de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto5.

Cabe advertir que ninguna de estas facultades que la ley faculta a la recurrida, se le ha practicado a nuestro representado.

También hay que tener presente lo que resuelve la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al considerar que el actuar como el de las recurridas en estos autos, vulnera el derecho consagrado en el artículo 19N° 24 de la Constitución política de la República, cuando dice: “Que así las cosas, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida6”.

Dicho todo lo anterior se hace necesario exponer, que producto del rechazo de las licencias médicas en cuestión, nuestro representado ha visto disminuido su patrimonio, al no ser subsidiado, poniéndolo en unasituación muy complicada, debiendo no sólo vivir con los perjuicios de susenfermedades, sino también con las dificultades económicas actuales.

V. CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES RESPECTO A LA FORMA DE RESTABLECER EL IMPERIO DEL DERECHO EN EL PRESENTE CASO Sobre la forma de resolver la controversia y restablecer el imperio del derecho, la Corte de Apelaciones de Concepción a resuelto lo siguiente en un caso similar: “Octavo: Que revisadas las resoluciones recurridas, aparecen desprovistas de la fundamentación que la ley le exige, utilizando fórmulas genéricas que pretenden desvirtuar el diagnóstico del médico tratante del actor, sin tener dicha virtud en tanto éste no fue sometido a ningún tipo de peritaje por parte de la COMPIN de manera que los antecedentes proporcionados no sólo por el médico que expidió la licencia médica sino que también por una profesional especialista en psiquiatría no aparecen contradichos por ningún otro elemento de convicción y además el reposo prescrito por el profesional competente se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Decreto N° 7 que Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas. Noveno: Que en las precisas condiciones antes anotadas, la conducta de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República que le asiste al recurrente, desde que la negativa a acoger las reclamaciones respecto a la licencia médica cuestionada por el actor lo ha privado del correspondiente subsidio por incapacidad laboral. Décimo: Que en estas condiciones, el arbitrio deducido debe ser acogido, ordenando el pago del subsidio relacionado con la licencia médica materia del presente recurso, no siendo posible optar por la realización de un peritaje, toda vez que el extenso tiempo transcurrido desde el otorgamiento del reposo médico, prescrito por un profesional médico, hace que resulte imposible determinar cuáles eran las condiciones de salud en que se encontraba el actor en aquél momento”7. Cabe señalar que dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema mediante causa rol N°153.592-2023.

Asimismo, la Corte de Apelaciones de la Serena a resuelto al respecto lo que sigue: “DUODÉCIMO: Que, conforme a lo que se viene razonando, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria, al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo especialista - sin ningún tipo de antecedente adicional a aquellos que constan en el expediente administrativo anexado por la propia recurrida-, y sustentada simplemente en una nueva ponderación de los ya tenidos a la vista, lo que en caso alguno puede estimarse como un juicio complementario de contraste que permitiera disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio por incapacidad laboral por una afectación en su salud física, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos. DÉCIMO TERCERO: Que, por los motivos expuestos, existiendo claridad en tono a la conducta arbitraria e ilegal en la que incurrió la recurrida, existiendo basamento jurisprudencial en casos similares (Cortes de Apelaciones de Rancagua rol 13114-20 y La Serena rol 2129-21), la presente acción constitucional será acogida en los términos que, a continuación, se exponen. Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: I. – Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción opuestas por la recurrida. II. – Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas N°61795672-1, 62799704-3, 63725391-3, 66495231-9, 67733274-3, extendidas por un total de 100 días a contar del 19 de noviembre de 2021”8.

Sin perjuicio de lo anterior se debe considerar, a su vez, lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Arica, según expone lo siguiente: “SEXTO: Que, de las normas transcritas, se advierte que la Superintendencia de Seguridad Social, al dictar la Resolución Exenta N° R-01- UME-00795-2021, de seis de enero del presente año, sólo se funda en lo siguiente: “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 137683690, 137404152, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado”, sin dar mayores argumentos sobre el motivo del rechazo; en efecto, no analiza o desvirtúa de alguna manera, los antecedentes acompañados por el recurrente, consistentes en el diagnóstico del médico tratante, ni refiere los fundamentos de por qué se trata de una enfermedad de carácter crónica. SÉPTIMO: Que, lo razonado anteriormente, permite concluir que la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, en la que se rechaza autorizar las licencias médicas del recurrente, es ilegal, toda vez que contraviene lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, antes referido, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política, al no poder percibir el recurrente el subsidio económico por su incapacidad laboral, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en Roles N° 85.210-2020 y N° 95.136-2020, confirmando lo decidido por esta Corte en tal sentido. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Isapre Banmédica, sólo en cuanto se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social, autorizar el pago de las licencias médicas N°137683690 y N°137404152. Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado. Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese”9.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, también se ha pronunciado en las siguientes palabras: “DECIMO TERCERO: Que, pronunciándose sobre el fondo del asunto, de los antecedentes acompañados, aparece que la razón que ha tenido la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social para rechazar las licencias médicas de la recurrente, se materializa en considerar que su reposo es injustificado, por no haberse acreditado la incapacidad laboral temporal de la recurrente. DECIMO CUARTO: Que, a juicio de estos sentenciadores, dicho fundamento no sería motivado y carecería de asidero, por cuanto no expresa de forma suficiente las razones para rechazar las licencias médicas en cuestión .DECIMO QUINTO: Que, por otra parte, del informe del médico especialista, don nombre reservado, acompañado a fs. 1 y siguientes por la recurrente y a fs. 27 y siguientes por la Superintendencia de Seguridad Social, se aprecia que la recurrente doña nombre reservado, no se encuentra en condiciones de trabajar según lo describe dicho informe, razones que en estos Jueces hacen fuerza para acoger la acción intentada. DECIMO SEXTO: Que, de lo que se lleva dicho, se concluye que el hecho de no aprobar las licencias médicas presentadas por la recurrente, redunda en una afectación a su integridad física y psíquica, derecho que se encuentra protegido en el numeral 1 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 6 por doña nombre reservado, en contra de la COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social y en consecuencia se declara que se deja sin efecto el Ordinario N° 18.524 de fecha 30 de marzo de 2015 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, que dictaminó no hacer lugar a la reclamación deducida por la recurrente y ratifica lo obrado por la COMPIN respectiva, y se ordena a dicha COMPIN, cursar y pagar las licencias médicas rechazadas a la beneficiaria nombre reservadoºs 47723866 y 47728277”.

La misma Corte de apelaciones de Puerto Montt, ya con anterioridad había resuelto al respecto lo siguiente: “Sexto: Que de lo señalado precedentemente aparece que la Superintendencia de Seguridad Social al actuar de la manera dicha no se ajustó a la legalidad vigente,desde que no justificó ni desvirtuó debidamente - debiendo haberlo hecho- la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico tratante, teniendo en consideración que la paciente acompañó precisamente informes de éstos, que justificaban el reposo, de manera que los fundamentos plasmados en el Oficio N° 38266 de fecha 18 de agosto de 2014, que resuelve la apelación de la resolución de la licencia médica, resulta insuficiente para resolver el rechazo y no otorgar el pago de la misma a quien se encuentra en estado de no poder trabajar. Séptimo: Que, el proceder de la recurrida resulta además arbitrario, en la medida que la resolución que confirma la disminución y rechazo de las licencias médicas, no señala pormenorizadamente los antecedentes que se tomaron en consideración para resolver como se hizo ni menos se encuentra motivada. Octavo: Que de esta manera, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la disminución y el rechazo de la licencia importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada en el motivo anterior, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida. Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 11, por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejando sin efecto el Oficio N°38266 de fecha 18 de junio de 2014 de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo en consecuencia la COMPIN de la Región de Los Lagos autorizar el pago íntegro de la licencia médica N° 42041807”.

DERECHOS CONCULCADOS La acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza a la recurrente en su legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

A) Derecho de Propiedad; consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias médicas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley.

B) Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica; consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, considerando que el actuar de la recurrida le está privando de gozar de licencias médicas otorgadas a favor de mi representada, lo cual importa un subsidio de incapacidad laboral, otorgado para la recuperación de la salud física y psíquica de mi representada. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, La Convención Americana (Pacto de San José, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, derecho que no está respetando las recurrida con su actuar ilegal y arbitrario.

C) El Derecho de Igualdad ante la ley; Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho ala igualdad ante la ley, al privar a nuestra representada del subsidio en relacióncon otras personas que si tienen ese derecho en iguales circunstancias, daa entender, que a nuestra representada no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho que se expone en este acto.

Finalmente señala que de acuerdo con lo expuesto, disposiciones citadas, jurisprudencia expuesta y según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de fecha 24 de junio de 1992, modificado por el Auto Acordado N°70 de 2007 y Acta N°4-2015 referidas a la materia; pide se sirva tener por interpuesto recurso de protección, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, o por quien haga las veces de tal, acoger el recurso en todas sus partes, resolviendo en definitiva que se autoricen a nuestro representado todas las licencias médicas reclamadas y se le paguen los respectivos subsidios, para así restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación 1. Resolución exenta de la SUSESO.

2. Informes Médicos.

A folio 12 informa don nombre reservado, en representación del Fondo Nacional de salud quien indica:

Que Doña nombre reservado, C.I. N° RUT reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se aprueben las licencias médicas materia del recurso.

Posteriormente, SS. Iltma. solicitó a este Servicio informar a su respecto. Así las cosas, teniendo a la vista los antecedentes del caso que obran en poder de esta parte y en cumplimiento de lo ordenado por SS. Ilustrísima, informo al tenor lo siguiente:

I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Finalmente solicita que en mérito de lo expuesto tener por evacuado el informe solicitado.

A folio 14 informa don nombre reservado SEREMI de Salud de La Araucanía quien indica:

Que junto con saludar cordialmente, en mi calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía y por tanto representante del Ministerio de Salud en la Región y por ende de la COMPIN, según lo estipulado en los artículos 31 y 34 del Decreto Nº 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, doy respuesta a lo solicitado en Recurso de Protección ROL Nº 6.355-2024.

Indica que el presente recurso de protección fue interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de licencias médicas, por lo que se informa lo siguiente:

1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

3.- Para la visación de una licencia médica, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

4.- Que, respecto de la licencia médicas recurrida, se informa lo siguiente:

a)

Licencia médica N° 4-8144900: Emitida a contar del 22.11.2021 por 30 días, con diagnóstico “Episodio depresivo moderado” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 29.11.2021 considerando: “Sin antecedentes médicos que respalden diagnóstico”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

b)

Licencia médica N° 4-8458403: Emitida a contar del 22.12.2021 por 25 días, con diagnóstico “Episodio depresivo moderado” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 27.12.2021 considerando: “Sin antecedentes médicos que respalden diagnóstico”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

c)

Licencia médica N° 4-9881579: Emitida a contar del 31.03.2022 por 30 días, con diagnóstico “Episodio depresivo moderado” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 05.04.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

d)

Licencia médica N° 4-10201815: Emitida a contar del 30.04.2022 por 30 días, con diagnóstico “Episodio depresivo moderado” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 09.05.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

e)

Licencia médica N° 4-10541732: Emitida a contar del 30.05.2022 por 30 días, con diagnóstico “Episodio depresivo moderado” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 31.05.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

f)

Licencia médica N° 4-10951179: Emitida a contar del 29.06.2022 por 30 días, con diagnóstico “Trastorno de estrés postraumático” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 04.07.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

g)

Licencia médica N° 4-11376821: Emitida a contar del 29.07.2022 por 7 días, con diagnóstico “Lumbago no especificado” por médico general, Dr. nombre reservado

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 03.08.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

h)

Licencia médica N° 3-74673382: Emitida a contar del 16.08.2022 por 4 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad, orgánico” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado.

Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 09.08.2022 considerando: “Reposo injustificado”.

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 23.08.2022, con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Reposo injustificado” con fecha 05.10.2022.

5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para evaluar las licencias médicas por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

Listado maestro de licencias médicas FONASA años 2021 y 2022.

Informe médico por Dr. nombre reservado, fechado 27.07.2022.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a)

Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo.

Comenzó con reposo médico por patología de salud mental el 25.07.2021, acumulando al 15.01.2022 un total de 175 días de licencia médica. Retoma reposo el 01.03.2022, acumulando al 18.08.2022 un total de 172 días. De los 347 días de reposo se autorizaron 150 días, estimando plazo suficiente para resolución del cuadro clínico.

La trabajadora apeló al rechazo de sus licencias médicas en forma extemporánea, lo hizo a todas las licencias a la vez, con fecha 23.08.2022, aportando solamente: Informe médico por Dr. nombre reservado, fechado 27.07.202, informe escueto, cataloga el cuadro de intensidad moderada y que existe un componente laboral, que no detalla. No describe sintomatología ni compromiso funcional. No informa puntaje en escala de evaluación de la actividad global. Señala como tratamiento psicoterapia y farmacoterapia, sin especificar características de la psicoterapia ni fármacos en uso. No informa historia de refractariedad a tratamiento o ajustes de dosis. Indica recomendación de no participar en evaluación docente. La finalidad del informe aportado en las apelaciones de las licencias que reclama no es justificar reposo, sino que, ser presentado en su lugar de trabajo.

Cabe señalar que, de acuerdo con Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”, en su artículo 4to, relativo a reposo laboral por patologías mentales, en aquellos casos que se superen los 60 días de reposo y hasta un máximo de 180, las licencias deben ser emitidas por médico psiquiatra, debe contar con informe de peritaje, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir refractariedad o resistencia al tratamiento. El reposo debe ser indicado por psiquiatra cada 15 días cada vez y cada episodio clínico debe considerar, para la indicación de reposo tratamiento farmacológico, psicoterapia y medidas psicosociales (recomendado terapia cognitivo conductual).

b)

La Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado el rechazo de las licencias médicas realizado por la COMPIN Subcomisión Cautín, mediante las siguientes resoluciones:

Resolución Exenta N° R-01-IBS-05517 del 10.01.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-F-147070 del 16.09.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo.

Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas reclamadas no se encontraba clínicamente justificado ni acredita rol terapéutico con medidas claras orientadas a la recuperación de la salud y el reintegro laboral, basándose en los antecedentes médicos aportados por la trabajadora, por su médico tratante y las normas técnicas vigentes, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

7.- Se acompañan siguientes antecedentes fundantes de lo expuesto precedentemente.

A folio 16 informa don nombre reservado en representación de la Superintendencia de Seguridad Social quien indica:

Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, solicita, que se acoja la Excepción de Cosa Juzgada Formal por las siguientes razones:

Que, con fecha 18 de enero de 2024, el recurrente, doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, interpuso ante esa Iltma. Corte, recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ingresado bajo el ROL N° 113-2024, por la supuesta vulneración de diversas Garantías Constitucionales señaladas en el artículo 19, de nuestra Constitución Política de la República, en que se habría incurrido al determinar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas por un total de 197 días, a contar del 22 de noviembre de 2021, por reposo no justificado, por medio de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-05517-2024, de 10 de enero de 2024, emitida por este Servicio.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo dicho recurso de protección, en los siguientes términos:

“…se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegada, que ha sido objeto del presente libelo...”

Por lo anterior, resulta evidente que esa Corte de Apelaciones a través de una de sus salas, se pronunció sobre hechos idénticos a los propuestos en la presente causa, por tanto, el fallo que se dictó en la primera causa es una sentencia interlocutoria y por tratarse de una acción cautelar de urgencia produce únicamente cosa juzgada formal.

Por lo anterior, es necesario tener presente que, debido a la naturaleza cautelar de la presente acción, la situación jurídica alegada y la protección que se reclama, tiene vital importancia. Ello, porque el objeto del recurso de protección es determinar si ha existido un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más de las garantías, de carácter indubitadas y protegidas. El conflicto planteado debe ser de orden constitucional que amerite un pronunciamiento urgente a fin de tutelar un derecho o garantía amagada.

Que, lo reclamado mediante esta acción es idéntico a lo perseguido en el proceso anterior resuelto por esta Corte. En efecto, en la presente causa el hecho material alegado y las consecuencias jurídicas que se atribuyen al acto calificado de ilegal y arbitrario son, a saber, “rechazar el pago del subsidio laboral otorgado por las licencias médicas N°s 74673382, 11531753, 8458403, 10951179, 11376821, 8144900, 10541732, 9881579 y 10201815. Mismas licencias que aquellas que determinaron el conflicto planteado en los autos ROL N° 113-2024. Por consiguiente, al haberse resuelto por una de las salas de esta Iltma. Corte respecto de un acto administrativo que rechazó las citadas licencias médicas, no puede sino concluirse que ese tribunal está impedido de volver a pronunciarse sobre una pretensión que ya ha sido resuelta con anterioridad.

Conforme ello solicita se acoja la excepción de cosa juzgada formal, en atención a la materia objeto del presente recurso, ya fue resuelto mediante la sentencia dictada en causa ROL N° 113-2024, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Señala que sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Consecuente con ello solicita que en mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta, solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador Señala que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas.

Consta en el expediente, que mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS- 05517-2024, de fecha 10 de enero de 2024, esta Superintendencia no dio lugar a la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado, confirmándose lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas por un total de 197 días, a contar del 22 de noviembre de 2021, por reposo no justificado.

Respecto de la resolución recién individualizada, la Sra. nombre reservado interpuso acción de protección, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en causa ROL N° 113- 2024.

Que, la Excma. Corte Suprema, mediante fallo de fecha 29 de mayo de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo la referida acción de protección, dejando sin efecto las resoluciones recurridas y ordenando que, la Superintendencia de Seguridad Social, disponga que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos.

Que, con el fin de dar cumplimiento de la citada sentencia, esta Superintendencia emitió la Resolución Exenta N° R-01-F-112908-2024, de 19 de julio de 2024, instruyendo a la COMPIN Subcomisión Cautín, que en uso de las facultades reglamentarias previstas en el artículo 21 del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, evacúe un nuevo informe médico -suficientemente fundado- respecto de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad residual de la recurrente, sirviéndose para tal efecto de los antecedentes que disponga, a fin de que sea remitido a esta Superintendencia para que pueda pronunciarse nuevamente sobre la procedencia del reposo correspondiente a las licencias médicas reclamadas.

En este sentido, la citada COMPIN, remitió a esta Superintendencia el nuevo informe médico de fecha 12 de agosto de 2024, que, junto con los demás antecedentes disponibles, sirvieron para efectuar un nuevo pronunciamiento acerca de las licencias médicas reclamadas.

Así, este Organismo, mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-147070-2024, de 16 de septiembre de 2024, consignó lo siguiente:

“Que, en virtud de lo anterior, la Subcomisión Cautín remitió antecedentes, entre ellos, el informe médico evacuado al efecto y el acta de la Comisión Médica N°3, ambos de 12/08/2024, los cuales han sido estudiados por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas, basándose en las siguientes consideraciones:

Que, en primer término, se debe señalar que la interesada registra 120 días de reposo autorizado por patología psiquiátrica, previo al período correspondiente a las licencias médicas rechazadas, extendidas a contar del 22/11/2021.

Que, asimismo, corresponde hacer presente que el informe médico evacuado al efecto detalla que los antecedentes médicos disponibles no permiten acreditar la existencia de un compromiso en la capacidad funcional ni fin terapéutico alguno que avale una eventual prolongación del reposo más allá de aquel período que consta previamente autorizado, precisando que no es posible acreditar que la interesada haya cursado sintomatología grave que impida el desempeño de su actividad laboral. No es posible evaluar el curso de la enfermedad, pese a lo extenso del reposo otorgado. No hay evidencia de refractariedad o resistencia al tratamiento. Se indicó un único ISRS (escitalopram) asociado al uso de benzodiazepinas en crisis. No hay cambios en la terapéutica ni potenciación. No hay evidencia de evaluaciones periódicas, pese a lo cual se otorgaron las sucesivas licencias por 30 días. Las atenciones fueron otorgadas en su totalidad en extrasistema. Tampoco se acredita la realización de psicoterapia ni ingreso a programa GES.

Que, a mayor abundamiento, en la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) consignada en el referido informe, se indica que la paciente alcanzó un 60%, lo que significa que en general funciona bastante bien. Para mayor ilustración, un puntaje del EEAG entre 60 y 100 significa que la persona evaluada debería estar llevando actividad y vida normal.”

Que, todo lo anterior lleva a concluir que el reposo en cuestión resulta injustificado, circunstancia consistente con lo ya resuelto por este Organismo.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia mediante la citada Resolución Exenta N° R-01-F-147070-2024, resolvió confirmar lo obrado, ratificándose el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, que incluyen un nuevo informe médico ordenado por esa misma Iltma. Corte, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir, haciendo presente, además, que el acto administrativo impugnado, se dictó en el marco de lo instruido en la sentencia de fecha 29 de mayo de 2024.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente:

“…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Finalmente solicita que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

A folio 17 se trajo los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes el recurrente de protección lo hace en razón, de los constantes rechazos de las licencias médicas que ha presentado su representada, siendo estos confirmandos por la recurrida Suseso, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad. En este sentido refiere que su representada se encuentra en terapia médica psiquiátrica desde agosto de 2021, con diagnóstico de EPISODIO DEPRESIVO REACTIVO MODERADO, TRASTORNO ANSIOSO SEVERO y SINDROME DE BURNOUT. Con motivo de las patologías que padece, presentó las licencias médicas en cuestión las cuales fueron rechazadas por la Compin y confirmado el rechazo por la recurrida SUSESO, sin fundamento alguno, de forma arbitraria e ilegal.

Que como expuso en su recurso, la COMPIN ha estado rechazando de manera continua e ininterrumpida las licencias médicas que le presentó su representada y esto ha sido confirmado por la suseso. Dichas licencias médicas son las siguientes: Folios N°74673382, 11531753, 8458403, 10951179, 11376821, 8144900, 10541732, 9881579 y 10201815, extendidas desde el día 22 de noviembre de 2021, por un total de 197 días.

Refiere que el rechazo de las licencias médicas indicadas por parte de la recurrida, no se encuentra debidamente fundamentado, como tampoco, se le realizó algún peritaje a nuestra representada para luego referirse a las licencias médicas, ante dicha falta, la recurrida suseso tuvo la oportunidad de corregir a la Compin, sin embargo esto no aconteció y según se ha expuesto la recurrida procedió a confirmar los rechazos de la Compin, vulnerando con aquello los derechos de mi representada.

TERCERO: Que a juicio de la recurrente los hechos descritos en su presentación perturbaran sus garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad, conforme la exposición que refiere.

CUARTO: Que en la oportunidad procesal pertinente esta Corte solicito los informes respectivos, los cuales fueron evacuados y conforme su tenor el recurrido realiza las siguientes alegaciones:

En primer lugar solicita, que se acoja la Excepción de Cosa Juzgada Formal por las siguientes razones:

Que, con fecha 18 de enero de 2024, el recurrente, doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, interpuso ante esa Iltma. Corte, recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ingresado bajo el ROL N° 113-2024, por la supuesta vulneración de diversas Garantías Constitucionales señaladas en el artículo 19, de nuestra Constitución Política de la República, en que se habría incurrido al determinar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas por un total de 197 días, a contar del 22 de noviembre de 2021, por reposo no justificado, por medio de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-05517-2024, de 10 de enero de 2024, emitida por este Servicio.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, acogiendo dicho recurso de protección.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

Señala que sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior informa respecto del fondo de la acción impetrada solicita el rechazo de la misma por cuanto a su juicio, se efectuó lo ordenado por la Exma. Corte Suprema, existen justificaciones médico administrativas que justifican conforme lo que señala el respectivo informe en cuanto rechazar las licencias presentadas por la recurrente.

Así, mediante la Resolución Exenta N° R-01-F-147070-2024, de 16 de septiembre de 2024, consignó lo siguiente:

“Que, en virtud de lo anterior, la Subcomisión Cautín remitió antecedentes, entre ellos, el informe médico evacuado al efecto y el acta de la Comisión Médica N°3, ambos de 12/08/2024, los cuales han sido estudiados por los profesionales de este Organismo, junto a los demás antecedentes disponibles, concluyéndose que corresponde mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir”.

Conforme lo anterior y las normas que cita, indica que el acto administrativo es dentro del marco legal y además no es arbitrario, así como tampoco existen derechos vulnerados.

QUINTO: En cuanto las alegaciones presentadas por la recurrida, esta Corte las rechazará toda vez que en el caso particular no se dan los requisitos de la cosa juzgada, desde el momento en que lo reclamado no es la misma resolución.

En relación a que esta no es la vía para recurrir respecto de materias propias de seguridad social, también debe ser descartada, ya que en rigor no se está denunciando la aplicación de las normas propias de la seguridad social, sino que se recurre respecto de una resolución y particularmente de si es fundada, ello conforme las normas que rigen los servicios público, motivo por el cual esta alegación también será descartada.

SEXTO: Que, en relación al fondo debemos considerar que tal como se ha afirmado anteriormente los actos u omisiones arbitrarios son aquellos carentes de fundamento o razonamiento. Esto es actos que tienen la apariencia de un actuar por mero capricho o voluntad, sin que medie en ellos una explicación a lo menos razonable y completa. Por su parte, los actos u omisiones ilegales son aquellos que se realizan fuera del marco legal, contraviniendo las disposiciones legales que los regulan o derechamente se realizan fuera del marco legal previamente establecido.

SEPTIMO: En este sentido debe destacarse tal como se ha señalado en otras protecciones en cuanto que la institución materia de esta acción tutelar cuenta con medios humanos y técnicos suficientes para evacuar un informe completo de la real condición del paciente, más allá de lo que puede ser una suerte de metainforme en relación a lo ya informado. Debiendo cumplir con lo ordenado por la Exma. Corte Suprema, así como lo derivado de su propia normativa. Sin que resulte suficiente la confección de una justificación que corrobora el rechazo.

Es así como al no realizar el informe o la evaluación adecuadamente, se afectan los derechos señalados por la recurrente privándola de los recursos que provienen del pago de los subsidios correspondientes. Sin que resulte suficiente lo dicho en la resolución materia de este recurso, así como tampoco la justificación presentada en el informe, la cual claramente no era de conocimiento de quien acciona, al no ser parte de la mencionada resolución.

En este mismo orden de ideas, esta Corte de Apelaciones a resuelto lo siguiente respecto de fundamentar la modificación o rechazo de una licencia médica en causas 7911-2020 y 1437-2018 citadas por el recurrente en cuanto lo siguiente: “Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c)

Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

SEPTIMO: Que conforme lo anterior, así como el propio texto del recurso, se puede desprender como efectivos lo denunciado, ello en cuanto la evaluación efectuada como consecuencia de lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema de Justicia, si bien tiene una apariencia de corrección, ello no es suficiente para instar adecuadamente por lo reclamado desde el momento en que se realizó a partir de los mismos antecedentes inicialmente controvertidos. En ese orden de ideas lo razonable para resolver esta materia y responder adecuadamente a la orden emanada de nuestro máximo Tribunal de Justicia, es acoger esta vía constitucional y ordenar una nueva evaluación de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia..

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE SIN COSTAS, el recurso de protección, deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), declarándose que el recurrido: DEBERÁ REALIZAR NUEVA EVALUACIÓN MEDIANTE UN PERITAJE EFECTUADO POR PROFESIONALES NO INHABILITADOS PARA TAL EFECTO.

Regístrese, y archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N°Protección-6355-2024. (csd)