nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Vistos:

1° Que a folio 1, con fecha 24 de julio del año 2020, compareció don Gerardo Neira Parra, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en nombre de nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, ingeniero informático, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, Rut Nº RUT reservado, representada por su alcalde, don Javier Jaramillo Soto, ambos domiciliados en domicilio reservado; y de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, Rut Nº RUT reservado, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda la acción en que el recurrente es funcionario del DEM (Dirección de Administración de Educación Municipal) de la I. Municipalidad de Victoria desde el año 2001, desempeñando la función de encargado de mantención y soporte informático del DEM de la ciudad de Victoria. Asimismo en su calidad de funcionario público desempeña funciones de orden gremial, formando parte actualmente del directorio de AFEMVICT Victoria -calidad de director- y además se desempeña como primer director nacional de la CONFEMUCH. Refiere que mediante denuncia reservada se inició proceso de investigación en contra del sr. nombre reservado, mediante investigación especial Nº 154 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la jornada laboral. Dicho trámite conlleva a que Contraloría Regional de La Araucanía evacue pre informe sobre dicha situación con fecha 21 de abril de 2020. A raíz del preinforme de la Contraloría de La Araucanía su representado se procede a emitir respuesta frente a la situación denunciada, lo cual se efectúa con fecha 11 de mayo de 2020; el sr. nombre reservado explica la situación, remitiendo junto a sus descargos la correspondiente documentación que sustenta su posición.

Agrega que mediante Decreto Exento Nº 279 del 7 de julio de 2020 la Municipalidad de Victoria le informa al sr. nombre reservado que debe reintegrar la suma de $ 1.722.929, equivalentes a 434 horas por incumplimiento de jornada laboral durante el año 2019, por supuestamente excederse en las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho por ser director nacional de la CONFEMUCH. La base de dicha medida adoptada por la Municipalidad de Victoria sería el Informe de Investigación Final Nº 154/2020 del 30 de junio de 2020 emitido por Contraloría de La Araucanía, agregando que si bien conoce el contenido del preinforme, evacuado con fecha 21 de abril de 2020, no fue notificado en persona del contenido del Informe de Investigación Final Nº 154/2020 emitido por Contraloría de La Araucanía, ni por Contraloría de La Araucanía ni por el Municipio, desconociendo en la actualidad cual fue su resultado por lo cual se infringen los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880, puesto que si lo hubiera conocido, hubiera realizado gestiones ya sea para pedir la rebaja de la medida impuesta o bien para pedir su condonación ejerciendo derechos que le conceden los artículos 30 y siguientes de la Ley 19.880 y artículos 67 inciso 4º de la Ley 10.336 en relación con la Resolución Nº 35 del año 2019.

Manifiesta como acto ilegal o arbitrario que la recurrida Municipalidad de Victoria mediante Decreto Exento Nº 279 del 7 de julio de 2020, le informa a su representado que procederá a hacer reintegro de la suma de $ 1.722.929, equivalentes por 434 horas de incumplimiento de jornada laboral, basado en el informe de Investigación Especial Nº 154/2020, informe que el sr. nombre reservado desconoce atendido a que no sido notificado de el por parte de Contraloría Regional de La Araucanía ni por el Municipio. La Municipalidad de Victoria bajo el supuesto argumento de existir una instrucción al efecto de parte de la recurrida Contraloría, sin entregar mayores antecedentes al respecto, pese a lo gravosa de aquella decisión que le privara –de forma permanente- de esa cantidad de dinero, de sus remuneraciones a contar del mes de julio del año en curso. De esta forma, tal actuar de las recurridas no es sino calificable de ilegal y arbitrario, y en consecuencia afecta gravemente derechos constitucionalmente reconocidos en favor del sr. nombre reservado.

En cuanto al derecho, da cuenta de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República de Chile, la Ley Nº 18.575, agregando que se infringen los artículos 45 y 46 de la Ley 19.880 relativo a notificación de actos administrativos, afirmando que los recurridos procedieron –en forma ilegal y arbitraria-, ya que su representado no ha sido notificado del Informe Final de Investigación Nº 154/ 2020 y a pesar de ello, de no conocer su contenido ni haber podido ejercer su posibilidad de defenderse de su resultado mediante los recursos administrativos que la ley le confiere, se le informa –por parte de su empleador, la Municipalidad de Victoria- de un descuento sin más, sin precisar si será en cuotas o en una sola cuota, por lo cual conlleva a que exista incertidumbre si va a poder tener su remuneración a finales de mes de julio del presente año; ello ha afectado gravemente su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, resguardados por la Constitución, causándole graves perjuicios, en circunstancias que debe seguir percibiendo su remuneración de manera normal y no estar afecto a un descuento que lo podría privar del total de la misma, considerando que ni siquiera conoce ni las razones ni menos el resultado del referido Informe Final de Investigación. De forma tal que, al no haberse procedido en dicha forma, se han vulnerado dichas garantías constitucionales.

Hace presente que resulta ilegal la actuación de los recurridos, puesto que su decisión de proceder al descuento en sus remuneraciones, trasgrede las exigencias establecidas en la Ley de Bases del Procedimiento, relativo a la notificación de la misma. En efecto, la decisión recurrida incumple uno de los principios contenidos en la ley en comento, específicamente se trasgrede lo preceptuado en el artículo 45 que dispone que “Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo”. Asimismo, un acto u omisión será arbitrario en aquellos casos en que carece de fundamento racional, de motivación que la sustente o constituye una discriminación injustificada entre sujetos de derecho de la misma condición. Los hechos relatados que fundan el recurso, constituyen claramente un acto ilegal y arbitrario, según los términos ya expuestos, por cuanto pese a que el sr. nombre reservado no desconoce mediante esta presentación de la existencia de una investigación desarrollada en su contra solo conoció un preinforme y no las conclusiones del informe final, por lo cual al disponer la Municipalidad de Victoria descuentos de su remuneración se le está privando de los derechos reconocidos por el Art. 19 Nº 2 y 24 de la Constitución. No existe razón alguna que funde tal proceder, dicha actuación resultó motivada por una voluntad no gobernada por la razón, sino por un propósito sin motivación aparente, carente de la mesura y meditación previa a la toma de decisiones de tal envergadura y que conllevan la afectación de los derechos de su representado. Finalmente, hace presente que conforme a lo prescrito por el Art. 20 inciso 1º de la Constitución, la debida protección de afectado es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales competentes.

Por todo lo anterior, y previa citas legales, solicitó tener por interpuesto recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, y de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, y que en definitiva se acoja, restableciendo el imperio del derecho, asegurando la debida protección del afectado y se declare: 1.- Que se deja sin efecto el acto administrativo consistente en la decisión de privar al sr. nombre reservado de su remuneración, mientras no le sea debidamente notificado el contenido del Informe de Investigación Final Nº 154/2020 del 30 de junio de 2020 emitido por Contraloría de La Araucanía, por quien corresponda. 2.- Que se condena en costas a los recurridos. 3.- En subsidio, que esta Corte acogiendo el presente recurso de protección, disponga las medidas que estime procedentes y que sean necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando la debida protección del afectado.

Acompaña en su presentación Decreto Exento Nº 279 del 07 de julio de 2020 de la Municipalidad de Victoria; preinforme en Investigación Especial N° 154 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la jornada laboral; y Respuesta frente a preinforme en Investigación Especial N° 154 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la jornada laboral efectuada por el sr. nombre reservado con fecha 11 de mayo de 2020.

2° Que a folio 9, con fecha 05 de agosto del año 2020, comparece doña Laura Cifuentes Estrada, abogada, en representación de la MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Manifiesta la recurrida que Contraloría Regional, inició una investigación derivada de una denuncia anónima, cuyo objetivo era verificar eventuales incumplimientos de la jornada laboral de dos dirigentes gremiales de la Asociación de Funcionarios No Docentes del DAEM de Victoria, siendo uno de ellos el recurrente de autos, don nombre reservado. El Informe Final N° 154/ 2020 de fecha 30 de junio del año 2020 de la Contraloría Regional, indica que el Sr., nombre reservado solo posee la calidad de director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, por lo que se le reconoce solo el fuero correspondiente a esta confederación. En relación a la función que tiene en la Asociación de Funcionarios No Docentes del DAEM de Victoria, el informe final indica que el Sr. nombre reservado no forma parte de la directiva que la representa, teniendo únicamente la calidad de socio, razón por la que no goza de ninguna de las prerrogativas establecidas para los dirigentes gremiales de dicha asociación, tales como el fuero y los permisos en esa calidad. En este sentido, advierte que el Sr. nombre reservado en forma sistemática incumplió su jornada laboral, al exceder las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho para desarrollar sus labores de director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, por un total de 434 horas equivalentes a $ 1.722.929, debiendo, por tanto, la Municipalidad de Victoria requerir y acreditar el reintegro o restitución de dicho monto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada Ley N° 10.336. De igual manera, se indica que la entidad edilicia, deberá instruir un procedimiento disciplinario, en orden a establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos, relacionados con el incumplimiento de la jornada laboral por parte del Sr. nombre reservado.

Plantea que en ningún caso es efectivo que la Municipalidad haya vulnerado los derechos a la igualdad ante la ley, ni el derecho de propiedad del Sr., nombre reservado, como tampoco se advierte de qué manera el proceder de la Municipalidad podría ser ilegal y arbitrario, toda vez que únicamente ha dado cumplimiento a lo indicado por la Contraloría Regional, informando respecto a los hechos, y posteriormente solicitando al Sr., nombre reservado el reintegro de la suma indicada en el informe final de Contraloría Regional. Así las cosas, en el proceso de investigación efectuado por la Contraloría Regional, solo se limitó a informar respecto a los hechos denunciados, relacionados con ciertas irregularidades en las horas que el Sr. nombre reservado destinaba a su actividad gremial, siendo la propia Contraloría Regional, en el ejercicio de sus funciones, quien efectuó la investigación y análisis de los hechos denunciados, en atención a las competencias que expresamente le han sido otorgadas por la ley, específicamente, en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; y artículos 1°, 6°, 7°, 9° y 67 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General. En relación al supuesto descuento al que hace alusión el recurrente en su presentación, y que se supone que se realizaría en la liquidación del Sr. nombre reservado del mes de julio de 2020, señala que en ningún caso es efectivo, y que dicha afirmación carece de toda veracidad, ya que la Municipalidad en ningún caso le ha indicado al Sr. nombre reservado que se realizarían descuentos para llevar a cabo el reintegro, haciendo presente que no ha indicado, en sus diversas formas de comunicación con el recurrente el hecho que procederá a efectuar descuento alguno de sus remuneraciones con la intención de cumplir con la instrucción efectuada por la Contraloría Regional, sino que, muy por el contrario, ha instruido al recurrente el hecho que es éste quien debe efectuar el reintegro del monto observado por dicho órgano fiscalizador, existiendo así plena capacidad por el recurrente de efectuar las presentaciones y solicitudes que considere pertinentes en atención a la restitución. En este orden de ideas, señala que la Municipalidad de Victoria, mediante Decreto Exento N° 279 de fecha 07 de Julio de 2020, instruyó al Sr. nombre reservado el reintegro de la suma de $1.722.929, equivalentes a 434 horas por incumplimiento de su jornada laboral durante el año 2019, al exceder las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho para realizar sus labores de director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada. Agrega que el Decreto Exento señalado precedentemente que instruye el reintegro, fue enviado por la encargada de personal del Departamento de Educación Municipal de Victoria al Sr. nombre reservado mediante correo electrónico de fecha 10 de julio del año 2020, informándole, además, que la misma información fue enviada mediante carta certificada al domicilio que el recurrente tiene registrado ante el empleador. En consecuencia, su parte notificó el Decreto Exento antes mencionado, el cual señala en sus considerandos el Informe Final de Investigación Especial N°154/2020 de fecha 30 de junio del mismo año, emitido por la Contraloría Regional, decretando textualmente: “Se instruye al Sr. nombre reservado, el reintegro de la suma de $1.722.929, al exceder las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho para realizar sus labores como Director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipal”. En consideración a lo anteriormente señalado concluye que no ha incurrido en ninguna conducta ilegal ni mucho menos arbitraria, toda vez que el acto administrativo que ordena el reintegro fue notificado por carta certificada al recurrente de autos, señalando expresamente como fundamento el Informe Final de Contraloría, motivo por el cual el funcionario perfectamente podría haber concurrido a dependencias del Departamento de Educación de Victoria para solicitar una copia del mismo, ya que sabía de su existencia al menos desde el día 10 de Julio de 2020, fecha en la que se le comunicó por correo electrónico la suma de dinero que debía reintegrar, haciendo presente que la Resolución N° 35 del año 2018, que establece el “Procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos 1° y 4° del artículo 67 de la Ley N°10.336”, dispone una serie de solicitudes que el Sr. nombre reservado podría haber efectuado.

Agrega la inexistencia de vulneración a normas de derechos fundamentales, puesto que el Decreto Exento N° 279 de fecha 7 de abril del presente año, en donde se instruye al reintegro que debe realizar producto de lo señalado en el Informe Final N°154 de Contraloría Regional de fecha 30 de junio de 2020, fue notificado al recurrente por carta certificada a su domicilio y además vía correo electrónico, por lo que en ningún caso puede alegar ignorancia de la notificación realizada, y más aún, con la interposición del presente recurso se tiene por tácitamente notificado del mismo. Debido a que el Decreto Exento N° 279 solo se limita a instruir el reintegro y no señalar descuento alguno de la remuneración del recurrente, es que no existe vulneración a las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, ni menos un acto arbitrario o ilegal, ya que no existe el descuento en que se funda el presente recurso de protección. En cuanto a que la supuesta falta de notificación del Informe Final de Contraloría perjudicaría gravemente al Sr. nombre reservado, ya que debido al supuesto desconocimiento no ha podido efectuar las solicitudes de condonación de la deuda o el pago en cuotas, menciona que dicho plazo no ha terminado, motivo por el cual el recurso carece de todo fundamento, no existiendo, por tanto, lesión a su derecho a la igualdad ante la ley y a su derecho de propiedad, agregando que dando pleno cumplimiento al Informe Final de Contraloría, que es vinculante para la Municipalidad, ha dispuesto un sumario administrativo, mediante decreto N° 917 de fecha 07 de julio de 2020, con la finalidad de indagar las responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos relacionados con el incumplimiento de la jornada laboral por parte del Sr. nombre reservado, motivo por lo que solicita su rechazo, con costas.

Adjunta a su informe los siguientes documentos: 1. Decreto Exento N°279 de fecha 7 de julio de 2020, que instruye reintegro; 2. Liquidaciones de sueldo del recurrente correspondientes a los meses de junio y julio; 3. Print de pantalla de correo electrónico enviado al Sr. nombre reservado de fecha 10 de julio, en el que se comunica que en consideración al informe final de Contraloría debe reintegrar la suma indicada en el Decreto Exento N°279; y 4. Decreto Alcaldicio N° 917 de fecha 7 de julio de 2020, que dispone sumario administrativo.

3° Que a folio 14, con fecha 18 de agosto del año 2020, comparece don nombre reservado, CONTRALOR REGIONAL, solicitando el rechazo del recurso.

Da cuenta de la falta de legitimación pasiva, puesto que la actuación que podría haber afectado las garantías constitucionales que invoca el recurrente es el Decreto Exento N° 279, de 07 de julio de 2020, de la Municipalidad de Victoria, mas no impugna la existencia ni el contenido del precitado informe, el cual además conoce en virtud de la dictación del aludido decreto exento. De esta forma, señala que la presunta perturbación de los derechos fundamentales que alega el actor serían consecuencia de la actuación de la Municipalidad de Victoria y no por la falta de notificación del Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, ya que éste fue dirigido al organismo auditado y no al señor nombre reservado.

Agrega la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, puesto que no advierte de qué manera el Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, que se impugna pueda ser ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto ha sido emitido por dicha Entidad Regional de Control en virtud de las competencias que le han sido asignadas por los artículos 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 21 A, 131 y 132 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General; lo establecido en la Resolución N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y los procedimientos sancionados por la Resolución N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, ambas de dicho Organismo Fiscalizador; y la Resolución N° 1.002 de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales; por lo que la actuación recurrida se ha efectuado de acuerdo con la normativa legal. De acuerdo con lo señalado, la Contraloría Regional, al emitir el informe que se impugna y notificarlo a la Municipalidad de Victoria, no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades privativas que le otorgan la Constitución Política, su ley orgánica y las normas reglamentarias mencionadas, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula materia. A su vez, la actuación de esta Entidad Fiscalizadora tampoco puede ser arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, por cuanto el Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, fue expedido a partir de una denuncia formulada bajo reserva de identidad y comunicado con estricto apego a las disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, de dicho Organismo Fiscalizador, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, que se acompañó a su presentación.

Asevera que no procedía la notificación al recurrente del Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, de dicha Contraloría Regional de La Araucanía, ya que en virtud de una denuncia realizada ante ese Ente Fiscalizador por supuestas irregularidades cometidas en el DAEM de Victoria, se dio origen a una investigación especial, en la cual se dio estricto cumplimiento a las normas contenidas en la precitada resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General de la República. En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 48 de dicha resolución, el Preinforme de Observaciones de la Investigación Especial N° 154, de 2020, fue remitido al alcalde de la Municipalidad de Victoria y al recurrente, mediante los oficios confidenciales Nos E3540 y E3539, de 7 y 26 de abril de 2020, respectivamente, con la finalidad de que formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran. Es así, como el señor nombre reservado con fecha 25 de mayo de 2020, mediante Referencia N° 93.028, de 2020, que acompaña a su informe, efectuó sus descargos los cuales fueron debidamente analizados y ponderados por este Órgano de Control, según consta a fojas 11 y 12 del citado Informe Final, sin que lograran desvirtuar los reproches formulados a su respecto, por lo que, contrario a lo alegado por el actor, no se observa una situación de indefensión respecto de los hechos investigados en la auditoría, los cuales fueron oportunamente puestos en su conocimiento. Posteriormente, el 30 de junio de 2020, la Contraloría Regional emitió el Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, ratificando las observaciones formuladas a la Municipalidad de Victoria, en virtud del pago ilegal de remuneraciones que produjeron el detrimento al patrimonio municipal y, en razón de ello, se ordenó que dichos montos debían ser debidamente reincorporados. En consecuencia, al ser la Municipalidad de Victoria el organismo auditado y destinatario de la instrucción impartida por la Contraloría Regional, el referido Informe fue comunicado a dicha entidad edilicia en conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la precitada Resolución N° 20, de 2015, que dispone: “El Informe Final y el Oficio de Auditoría se comunicarán, por medios físicos y/o electrónicos, al jefe de servicio o a la autoridad superior del auditado, con copia al auditor interno, al secretario municipal, si corresponde, y de existir, al denunciante”. En consecuencia, en virtud de las normas que regulan las auditorías efectuadas por esta Entidad de Control, no correspondía que el Informe de Investigación Especial en comento fuera notificado al actor como sostiene en el recurso.

Añade que el recurrente no se encuentra impedido de ejercer el derecho que establece el artículo 67 de la Ley N° 10.336. Por tanto, la falta de notificación respecto de la cual reclama el actor, en caso alguno lo ha privado de solicitar, si así lo estima procedente, el derecho que establece el precitado artículo 67 de la Ley N° 10.336, ya que en el caso que el Decreto Exento N° 279, de 7 de julio de 2020, de la Municipalidad de Victoria se le hubiere notificado ese mismo día, el plazo para efectuar la aludida solicitud se extiende hasta el 19 de agosto de 2020, pudiendo una vez vencido el mismo, pedir facilidades de reintegro.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, señala que no se advierte cómo la falta de notificación del Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, habría establecido diferencias arbitrarias contra el recurrente, pues, como se expresó anteriormente, el proceso de comunicación del referido informe fue efectuado sobre la base de la normativa legal vigente y la uniforme jurisprudencia administrativa de esa Entidad de Control, la cual ha sido aplicada de la misma forma en el caso del señor nombre reservado, de manera que dicha actuación en ningún caso ha significado un tratamiento discriminatorio respecto del actor. Por otro lado, indica que el actor no ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por dicho órgano fiscalizador, el que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia, razón por la que mal podría suponerse que no haberle comunicado el Informe de Investigación Especial de la especie haya significado dar al interesado un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata. En cuanto al derecho de propiedad, manifiesta que para contar con esa protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie, agregando que el Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, ordenó a la Municipalidad de Victoria requerir el reintegro o restitución de los montos pagados improcedentemente, sin privar ni ordenar el descuento de remuneraciones al actor, de manera que no se divisa cómo la falta de notificación de aquel informe habría vulnerado el derecho de propiedad del actor, como asimismo tampoco se comprende como aquel podría amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, motivo por lo que solicita el rechazo del recurso.

Acompañó en su informe los siguientes documentos: 1. Informe de Investigación Especial N° 154, de 2020, de la Contraloría Regional de La Araucanía; 2. Oficio N° E3.539, de 26 de abril de 2020, de la Contraloría Regional de La Araucanía; 3. Oficio N° E3.540, de 7 de abril de 2020, de la Contraloría Regional de La Araucanía; 4. Resolución N° 20, de 2015, de dicho Ente Fiscalizador, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República; 5. Oficio N° 226, de 2020, de la Dirección del Trabajo; y 6. Referencia N° 93.028, de 2020, de la Contraloría Regional de la Araucanía.

3° Que se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista de la causa con fecha 19 del presente mes.

Y teniendo presente:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, en razón de lo dicho en el motivo anterior, resulta necesario para la procedencia del recurso de protección, que se demuestre la existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales -entendiendo por ilegal lo contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, y arbitrario lo que es producto del mero capricho de quién incurre en él- que condujeren a la privación, perturbación o amenaza de un legítimo ejercicio de uno de aquellos derechos de los expresamente consultados en el artículo 19 del mismo texto de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, de acuerdo a lo relacionado en la parte expositiva, en el caso de autos se ha interpuesto recurso de protección a favor de don nombre reservado, funcionario público, en contra de la Ilustre Municipalidad de Victoria y de la Contraloría Regional de la Araucanía, fundado en la afectación de derechos fundamentales contenidos en los artículos 19 Nos 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando como petición concreta que se deje sin efecto el acto administrativo consistente en la decisión de privar al señor nombre reservado de su remuneración, mientras no le sea debidamente notificado por quien corresponda el contenido del Informe de Investigación Final Nº 154/2020 del 30 de junio de 2020 emitido por Contraloría Regional de La Araucanía; y en subsidio, que esta Corte disponga las medidas que estime procedentes y que sean necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando la debida protección del afectado, con costas.

Cuarto: Que para resolver el presente conflicto constitucional, es del caso tener presente que es un hecho cierto y no controvertido por las partes que, luego de una denuncia interpuesta, Contraloría Regional de La Araucanía inició una investigación con el objeto de verificar eventuales incumplimientos de la jornada laboral de dos dirigentes gremiales de la Asociación de Funcionarios No Docentes del DAEM de Victoria, siendo uno de ellos el recurrente de autos, emitiéndose un Preinforme de Observaciones de la Investigación Especial N° 154, de 2020, comunicado al Alcalde de la Municipalidad de Victoria y al recurrente, para posteriormente, dictarse el Informe de Investigación Especial N° 154, de fecha 30 de junio de 2020, el cual concluyó que don nombre reservado solo posee la calidad de director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, incumpliendo su jornada laboral, al exceder las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho para desarrollar sus labores de director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, por un total de 434 horas equivalentes a $ 1.722.929, debiendo, por tanto, la Municipalidad de Victoria requerir y acreditar el reintegro o restitución de dicho monto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336. De igual manera, se indica que la entidad edilicia, debe instruir un procedimiento disciplinario, en orden a establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos relacionados con el incumplimiento de la jornada laboral por parte del señor nombre reservado.

Así, con motivo de dicha actuación del órgano contralor, consta que la Municipalidad dictó el Decreto Exento N° 279, de fecha 07 de Julio de 2020, que instruye al recurrente el reintegro de la suma de $1.722.929, equivalentes a 434 horas por incumplimiento de su jornada laboral durante el año 2019, al exceder las 26 horas semanales de ausencia a que tiene derecho para realizar sus labores de Director de la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación Municipalizada.

Quinto: Que, en cuanto a la interposición de la acción constitucional de protección en contra de la recurrida Contraloría Regional de La Araucanía, teniendo presente que la Constitución Política de la República, en su artículo 98, encomienda a la Contraloría General de la República el control de legalidad de los actos de la administración, el fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, y las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva, y considerando que la Investigación Especial N° 154, de 2020, fue iniciada luego de recibirse una denuncia, cumpliéndose además con las disposiciones contenidas en la Resolución N° 20, de 2015, del Organismo Fiscalizador, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, siendo la Municipalidad de Victoria el organismo auditado y destinatario de la instrucción impartida y no propiamente el recurrente, no cabe sino desestimar el recurso respecto de la Contraloría, ello sin perjuicio del allanamiento en estrados por la parte recurrente en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva que planteó en su informe la Contraloría Regional.

Sexto: Que, en lo que se refiere al Decreto Exento N° 279 de fecha 07 de julio de 2020, consta de sus propios fundamentos que dicho acto administrativo municipal se ha pronunciado precisamente conforme a lo dispuesto por la Contraloría en su Investigación Especial Nº154/2020, motivo por lo que se debe descartar desde ya un actuar ilegal o arbitrario en su dictación, toda vez que corresponde al cumplimiento de lo dispuesto por el órgano contralor.

De la misma forma, y tal como ya se ha señalado, siendo la Investigación Especial Nº154/2020 resorte de la Contraloría Regional de La Araucanía, no corresponde a la Municipalidad su notificación, siendo relevante en la especie precisamente la notificación del Decreto Alcaldicio, el cual sí se realizó en la especie, motivando incluso el presente recurso, existiendo además un sumario administrativo en curso.

Séptimo: Que, de otra parte, tampoco consta del Decreto Alcaldicio indicado en el razonamiento anterior que se haya dispuesto la privación de las remuneraciones del recurrente, sino tan sólo que éste debe reintegrar lo pagado indebidamente, no encontrándose impedido el actor de ejercer el derecho que establece el artículo 67 de la Ley N° 10.336 –tal como lo ha señalado la propia recurrida- razón por lo que no es posible apreciar la privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos fundamentales invocados como infringidos.

Octavo: Que conforme a lo expuesto, no constituyendo el presente recurso una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, no pudiéndose establecerse cuál es la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, no cabe sino concluir que para el presente caso la acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Gerardo Neira Parra, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, y de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese oportunamente.

Redactada por el Ministro suplente señor Wilfred Ziehlmann Zamorano.

Protección-6328-2020. (fcv)