nombre reservado con MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco.

Temuco, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien viene en interponer el presente recurso de protección en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, alegando como acto ilegal y arbitrario que la administración municipal ordenó descuentos en las remuneraciones de la recurrente por supuestos pagos indebidos del año 2024, error administrativo que se pretende cobrar unilateralmente al trabajador, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y pide que se declare ilegal y arbitrario el acto administrativo que ordena los descuentos y se deje sin efecto cualquier cobro administrativo derivado de dichos hechos.

Señala que la recurrente fue contratada en mayo del 2022 bajo modalidad de plazo fijo por la Municipalidad de Padre Las Casas para desempeñarse como abogada en el Departamento de Salud Municipal y que su contratación se renovó anualmente, de modo que durante el año 2024 resultó por primera vez beneficiaria de la asignación de desempeño colectivo o METAS, pagada por el Servicio de Salud Araucanía Sur en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de 2024.

Indica que en enero del 2025, con ocasión de un descuento en ejecución, la unidad de remuneraciones advirtió que la nómina remitida por el Departamento de Salud informaba a la recurrente dos veces en la nómina anual, lo que produjo una transferencia duplicada de las asignaciones en 2024, y que tal duplicidad fue imputable a la propia administración, circunstancia que impidió a la funcionaria advertir el doble pago, toda vez que sus liquidaciones contenían un único ítem denominado metas con un monto constante durante el año.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio N° 291/2025 de fecha 17 de junio del 2025 se ordenaron descuentos por montos mal pagados y que, con fecha 6 de febrero del 2026, mediante Decreto Alcaldicio N° 35/2026 se ordenó el descuento en 11 cuotas por un total de $2.826.875 al 31 de diciembre del 2026, medida que la recurrente impugna por resultar gravemente lesiva a su patrimonio al ejecutarse de forma administrativa sin resolución judicial y por atribuirle a ella la carga de reparar un error institucional que la propia Municipalidad reconoció.

Argumenta que la conducta municipal contraviene principios generales del derecho y las normas sobre pago indebido y buena fe, en particular la regulación civil relativa al enriquecimiento sin justa causa y al artículo 706 del Código Civil puesto que la recurrente actuó de buena fe al percibir las remuneraciones por existir decreto, transferencia y liquidación formal; por tanto la recuperación unilateral y administrativa de sumas cuya duplicidad derivó de un error de la administración constituye acto arbitrario que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Arguye que del mérito de las actuaciones resulta que la imposición del descuento carece de motivación idónea y de proporcionalidad, y que la municipalidad no ofreció a la recurrente información previa ni mecanismos de reparación acordes que permitan evitar el perjuicio patrimonial, de modo que la medida configura una afectación grave y actual de la esfera patrimonial de la interesada.

Relata que la recurrente presentó una comunicación al alcalde con fecha 9 de julio del 2025 y que la respuesta municipal de fecha 24 de noviembre del 2025 ofreció la posibilidad de pactar cuotas sin reconocer el error; asimismo señala que la notificación del Decreto Alcaldicio N° 35/2026 se cursó por correo electrónico el 10 de febrero del 2026, antecedente que demuestra la ejecución administrativa del cobro.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto administrativo que ordena los descuentos por supuestos pagos indebidos durante el año 2024, que se ordene a la Municipalidad de Padre Las Casas abstenerse de efectuar cualquier descuento en las remuneraciones de nombre reservado por dicho concepto y que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 35/2026, con expresa condenación en costas.

A su recurso acompañó el Decreto Alcaldicio N° 35 de fecha 6 de febrero del 2026; las liquidaciones de sueldo de los meses de abril, junio, septiembre y diciembre del año 2024 en que se refleja el ítem “metas”; la comunicación remitida al alcalde con fecha 9 de julio del 2025.

A folio 9 comparece Carlos Fonseca Ávila, en representación de la Municipalidad de Padre Las Casas, quien viene en informar respecto del presente recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, quien en su informe defiende la legalidad del Decreto Alcaldicio N° 35/2026 que dispone el reintegro de sumas indebidamente percibidas en el año 2024, y pide que se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido contra la Municipalidad.

Señala que la materia controvertida guarda relación con la determinación de remuneraciones, la existencia de pagos indebidos y la procedencia de su restitución, cuestión que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección y que corresponde ser ventilada en sede de lato conocimiento, por lo que alega la incompetencia de esta Ilustrísima Corte para conocer aspectos de naturaleza laboral y patrimonial regulados por el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo del asunto, indica que mediante Decreto Alcaldicio N° 291/2025 de fecha 17 de junio del 2025 se informó a la funcionaria sobre la obligación de reintegrar montos percibidos indebidamente en el año 2024, compuesto por aguinaldo de navidad, bonos y la asignación de desempeño colectivo por un total de $2.826.875, monto que se estableció pagar en 11 cuotas mediante Decreto Alcaldicio N° 35/2026 de fecha 6 de febrero del 2026 y que fue comunicado a la interesada conforme consta en los antecedentes administrativos.

Expone que la duplicidad del pago de la asignación de desempeño colectivo se originó en un error administrativo de incorporación doble en la nómina remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur, lo que provocó transferencias repetidas en abril, junio, septiembre y diciembre del 2024, y que la detección del error impuso a la Administración la obligación de proceder al reintegro de fondos públicos indebidamente pagados.

Argumenta que la actuación municipal se ajusta plenamente a derecho, por cuanto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República establece que los pagos sin causa legal generan enriquecimiento sin causa y la obligación de restitución, principios que conectan con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política respecto de juridicidad y probidad administrativa, por lo que la Municipalidad no puede condonar libremente dichos montos sino solo otorgar facilidades de pago.

Arguye que la medida adoptada es razonable y proporcional pues la restitución se efectiviza en cuotas mensuales durante el año 2026, criterio que fue aplicado con transparencia mediante hoja de cálculo y documentación administrativa que detallan el origen y cuantía de la deuda, por lo que no resulta un acto arbitrario ni ilegal.

Relata que la doctrina administrativa y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores, incluida la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 21.421-2025 de fecha 22 de agosto del 2025, confirman que la rectificación de remuneraciones erróneas no constituye privación arbitraria de propiedad, de modo que la buena fe del funcionario solo sirve para modular la forma de cumplimiento y no para consolidar un derecho sobre sumas pagadas sin causa legal.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe rendido, que se declare improcedente y se rechace el recurso de protección deducido por doña nombre reservado contra la Municipalidad de Padre Las Casas y que, en su oportunidad, se impongan las costas procesales a la parte actora.

A su informe acompañó los siguientes documentos: Decreto Alcaldicio N° 291/2025 de fecha 17 de junio del 2025; Decreto Alcaldicio N° 35/2026 de fecha 6 de febrero del 2026; Memorándum N° 35/2025 de fecha 24 de noviembre del 2025; hoja de cálculo de determinación de la deuda con plan de pago; correo electrónico del Director del Departamento de Salud de fecha 4 de febrero del 2026; cadena de correos de marzo del 2026; sentencias y dictámenes citados en el informe.

A folio 10 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto impedir las consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la adecuada protección al afectado. Es una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar garantías preexistentes mediante medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia del acto u omisión reprochado; b) que dicho acto u omisión pueda estimarse arbitrario o ilegal conforme al mérito de los antecedentes; c) que de él se siga un atentado directo e inmediato contra una o más garantías constitucionales invocadas, en términos de privación, perturbación o amenaza del ejercicio de un derecho indubitado y expresamente protegido en el artículo 19 de la Constitución; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección solicitada.

TERCERO: Que, en el caso que nos ocupa, la actora reclama la ilegitimidad y arbitrariedad de los descuentos ordenados por la Municipalidad de Padre Las Casas mediante Decreto Alcaldicio N° 35/2026, consistentes en el reintegro en 11 cuotas de la suma de $2.826.875 por supuestos pagos indebidos efectuados en el año 2024, que incluyen la asignación de desempeño colectivo (METAS) y otros ítems, así como la emisión previa del Decreto Alcaldicio N° 291/2025 que informó la existencia de dichos montos. A su vez, la recurrente sostiene que la duplicidad de pagos de la asignación METAS se debió a un error administrativo de la propia Municipalidad en la nómina remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur, lo que impidió que la funcionaria advirtiera la doble transferencia, toda vez que sus liquidaciones mostraban un único ítem “metas” con monto constante durante 2024.

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes rendidos, la Municipalidad de Padre Las Casas reconoce que la duplicidad del pago de la asignación se originó en una incorporación doble en la nómina remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur y que, por tal motivo, procedió a determinar la suma a reintegrar y a fijar un plan de pago mediante el Decreto Alcaldicio N° 35/2026, comunicación que se practicó por correo electrónico el 10 de febrero de 2026; asimismo, consta en autos la remisión del Decreto Alcaldicio N° 291/2025 y la hoja de cálculo que detalla el origen y cuantía de la deuda, así como la comunicación remitida por la actora al alcalde con fecha 9 de julio de 2025 y la respuesta municipal de 24 de noviembre de 2025 que ofreció facilidades de pago sin reconocer la existencia del error.

QUINTO: Que, es preciso ponderar si la actuación municipal configura, por su forma o fondo, un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales, en particular el derecho de propiedad del artículo 19 N°24. La Municipalidad alega que la recuperación de sumas indebidamente pagadas se ajusta a la normativa y a la doctrina administrativa de la Contraloría General de la República, que impone la restitución de fondos públicos pagados sin causa legal y faculta a la administración a determinar mecanismos de cobro, incluidos planes de pago. Por su parte, la recurrente invoca su buena fe, la existencia de decretos, transferencias y liquidaciones que formalizaron los pagos y que la recuperación unilateral y administrativa de sumas originadas por un error de la administración lesiona gravemente su patrimonio.

SEXTO: Que, de los antecedentes aportados, aparece acreditado el reconocimiento, por parte de la administración, de una duplicidad en las transferencias de la asignación METAS en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de 2024, imputable a un error administrativo en la nómina remitida; igualmente consta la emisión de los actos administrativos que ordenan el reintegro y su notificación. Ahora bien, la procedencia del reintegro por pagos indebidos y la forma de materializarlo, incluida la determinación de cuotas, constituyen decisiones de la administración que se encuentran sujetas al principio de juridicidad y probidad, y cuya legalidad deberá ponderarse en atención a la motivación, proporcionalidad y respeto de derechos fundamentales de la interesada.

SÉPTIMO: Que, en tal sentido, la imposición de descuentos para reintegrar sumas cuya duplicidad deriva de un error administrativo exige que la actuación municipal cuente con motivación idónea, que se haya ofrecido a la interesada información previa y medios de reparación razonables y proporcionales, y que la carga de la restitución no recaiga exclusivamente sobre el trabajador cuando el error sea imputable a la propia administración; aspectos que son materia de debate en el presente recurso en cuanto se alega la falta de idoneidad en la motivación del Decreto y la afectación grave y actual del patrimonio de la recurrente.

OCTAVO: Que, por último, corresponde señalar que la presente vía constitucional no sustituye la resolución de controversias de fondo de naturaleza laboral o patrimonial, pero sí es procedente cuando se configuren afectaciones actuales, concretas e inminentes de garantías constitucionales que puedan ser reparadas mediante la adopción de medidas cautelares propias del recurso de protección. En atención a los antecedentes, incluyendo la existencia del acto administrativo impugnado y la ejecución administrativa del cobro, procede examinar si la medida municipal constituye una afectación de la esfera patrimonial que justifique la protección solicitada.

NOVENO: Que, además, habiéndose examinado los actos administrativos impugnados, debe consignarse que los decretos alcaldicios objeto de cuestionamiento —en particular el Decreto Alcaldicio N° 291/2025 y el Decreto Alcaldicio N° 35/2026— contienen motivación suficiente y se encuentran revestidos de fundamento legal. En sus considerandos constan la descripción del origen de la deuda, la identificación de los periodos y los montos afectados, la referencia al error administrativo consistente en la doble incorporación en la nómina remitida al Servicio de Salud Araucanía Sur y la determinación aritmética del total a reintegrar, todo lo cual permite conocer las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión administrativa.

DÉCIMO: Que, por tanto, y sin perjuicio de las demás alegaciones de la recurrente relativas a su buena fe y a la imputabilidad del error, los antecedentes administrativos acreditan que los actos recurridos no adolecen de ausencia de motivación ni de falta de fundamento legal, razones en virtud de las cuales la Municipalidad ha procedido dentro del marco de sus atribuciones a exigir la restitución de sumas indebidamente pagadas, aplicando medios de cobro compatibles con la tutela de los recursos públicos y con la protección de los derechos de la funcionaria.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-630-2026 (cwm).