Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL o SUSESO

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Osvaldo Pizarro Poblete, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (en adelante "La Universidad"), Corporación Educacional de Derecho Público del giro de su denominación, cuyo representante legal es el Rector señor nombre reservado, Ingeniero Acuícola, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección constitucional en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL o SUSESO, persona jurídica de Derecho Público, representada por el Superintendente de Seguridad Social señor nombre reservado, o quien tenga a su cargo la representación legal de dicho Organismo, subrogue o reemplace al que corresponda, ignoro profesión u oficio, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los siguientes hechos.

Con fecha 14 de noviembre de 2019, la señora nombre reservado, RUN. NUM000, domiciliada en domicilio reservado, formuló una denuncia individual de Enfermedad Profesional ( DIEP) ante la Mutual de Seguridad de esta ciudad mientras de desempeñaba a esa fecha como Docente en la Universidad Católica de Temuco exponiendo que ella tenía síntomas que expresa como " Angustia, dificultad para dormir, sin apetito", los que ubica temporalmente en unos siete meses a esa fecha, dejando manifestado que esas molestias que declara no las había tenido anteriormente en el puesto de trabajo, estando afectadas , como partes de su cuerpo, la cabeza. Acompaña a la denuncia anterior una licencia médica particular No. NUM001 con tipificación No. 6, esto es, enfermedad laboral. No entrega información sobre el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias. Estos documentos llegaron a manos de la Universidad por medio de la funcionaria nombre reservado, a cargo del Departamento de Prevención de Riesgos. Al caso se le asignó el número NUM002, como Código del caso.

De esta investigación interna de la Mutual mi representada tomó conocimiento y participó, sometiéndose a los procedimientos de rigor y entregando los antecedentes que le fueron requeridos por dicha Mutual y contestados por nota de 20 de noviembre de 2019 por la Universidad, documento que se acompaña.

Entre los documentos aportados en dicho contexto también tiene relevancia el que se denomina "Solicitud de Evaluaciones de Condiciones Generales del Trabajo", y en el que la Universidad hace las declaraciones que se le requieren, expresando que la denunciante es trabajadora dependiente de la requerida desde hace unos cinco años, 8 meses y 19 días a la fecha de la declaración; que ocupa el cargo de Docente, y que tiene la misma antigüedad ya señalada.

Finalmente este procedimiento multidisciplinario , teniendo a la Universidad como sujeto que proporciona información, culmina por Resolución Nº NUM003, de 06 de diciembre de 2019, de dicha Mutual que calificó la enfermedad de la denunciante como ENFERMEDAD COMUN, bajo la tipología numeral 7, lo que le es informado a mi parte.

Sin embargo, y luego de lo anterior, mi parte nada más sabe del curso que siguió el procedimiento a lo ya resuelto, y solo con motivo de habérsele comunicado por la Mutual de Seguridad que la SUSESO llevó adelante un procedimiento recursivo que se siguió ante ella por la Sra. nombre reservado en contra de la calificación que contiene la Resolución No. NUM003, ya citada, reposición que interpuso directamente ante la Superintendencia por los canales que dicha entidad tiene establecido de modo informático, dicho Organismo Público dio trámite al mismo, pero sin informar de ello a la Universidad que por el medio que emplea dicho Organismo no es posible tampoco conocer ya que se vincula directamente entre éste y la reclamante, pero no con la persona jurídica o natural empleador quien queda así al margen del conocimiento y participación en dicho procedimiento.

Lo único de que es informada la Universidad es que en el procedimiento administrativo anterior se dictó por la SUSESO un acto terminal, una resolución que acoge lo pedido por la Sra. nombre reservado y resuelve recalificar la enfermedad como profesional a través de la Resolución No. NUM004 de 18 de junio de 2020, de la que la Universidad se impone en la forma de que da cuenta el documento adjunto que se contiene en el mensaje de correo electrónico enviado el 25 de junio 2020 , 18:30 horas, por don nombre reservado, Jefe PRP de la Mutual de Seguridad CChC a la funcionaria de la Universidad doña nombre reservado, dirigido a su correo institucional " correo reservado" , dándole cuenta de la existencia de esta resolución No. NUM004 antes señalada, la que se le adjunta.

Solo de esta forma en dicha fecha y por ese medio de comunicación, le ha sido posible a la Universidad imponerse de la existencia del procedimiento de reclamo administrativo ante la SUSESO y de la Resolución de término del mismo emanada de la SUSESO y que ordena a la Mutual de Seguridad recalificar la enfermedad común en profesional , que es del siguiente tenor:

Por ende, con este documento quedan demostrados los siguientes hechos:

A.- Ante la SUSESO se llevó a cabo un procedimiento administrativo recursivo originado por la presentación directa que hace ante dicho Organismo doña nombre reservado, ya individualizada.

B.- No existe en este procedimiento, que se origina en forma directa ante la misma SUSESO a través de su página WEB Institucional, posibilidad alguna de que la Universidad tome conocimiento de la existencia del mismo, ni de su contenido, a fin de hacer uso de su derecho a la defensa jurídica que le reconoce la Constitución Política de la República en el artículo 19 No. 3 y los Tratados Internacionales que forman parte del ordenamiento nacional.

C.- Tampoco la SUSESO realizó acto administrativo alguno en dicho procedimiento para poner en conocimiento de la Universidad la existencia del reclamo ante ella notificándole en la misma forma que dispone la Ley 19.880 , toda vez que esa ley así lo dispone, más aún cuando se trata de un Organismo Público del Estado que es el primer llamado a observar en sus actuaciones el respeto a las garantías constitucionales de los administrados.-Lo anterior a pesar de que la recurrida SUSESO tomó conocimiento cabal de los antecedentes que le proporciona la misma reclamante , más los que seguramente recabó, que la pretensión recursiva no solo buscaba recalificar una enfermedad como profesional en circunstancias que el Organismo Especializado - Mutual de Seguridad- después de una acuciosa investigación la había calificado como común, para los fines de proporcionar o no la cobertura de seguro de salud por uno u otro organismo previsional , sino que en el mismo procedimiento ante la Mutual se hizo la exposición clara e indubitada de la denunciante en que se le atribuye a la Universidad una conducta culpable en el origen de la misma, desde el momento que la denuncia primitiva de la Sra. nombre reservado hace dicha imputación y que como tal es investigada por la Mutual oyendo o haciendo participar del proceso a esta entidad universitaria, y solo después de realizar las diligencias pertinentes, por medio de los profesionales idóneos, concluye en que no existe enfermedad profesional ni hecho alguno que pueda ser imputado a la Universidad como propio para originarla. De esta forma, en ese procedimiento, se observó el debido proceso que queda culminado con la Resolución de la Mutual en cuanto a que la enfermedad es de origen común, no profesional. Y se puede afirmar que el procedimiento queda terminado entre partes interesadas con dicha Resolución porque en el expediente respectivo no puede constar la existencia de un recurso en contra de ello, conforme a lo ya expuesto, toda vez que cualquier recurso que se interponga en contra de dicho acto llevado adelante por la Mutual no se efectúa en el mismo expediente y procedimiento, lo que priva a la parte interesada de la Universidad de saberlo e instar ante la SUSESO por la ratificación o confirmación de lo resuelto.

Lo anterior , de modo alguno, exonera a la SUSESO de su obligación de dar a conocer a mi representada la existencia del recurso deducido ante ella precisamente porque está obligada a observar el debido proceso que incluye el derecho a la defensa jurídica en la instancia recursiva y porque también la Ley 19.880 así se le impone su aplicación, para evitar afectar derechos constitucionales, cual es el de igualdad ante la ley, el de propiedad, y del debido proceso como se ha dicho.

La Universidad es jurídicamente un sujeto procesal interesado con derecho a participar en el procedimiento administrativo de la SUSESO ya la Resolución de término que se pronuncie está llamada, en cuanto es contraria a sus intereses, ha producir efectos dañinos a los intereses patrimoniales de la Universidad.

En efecto, la calificación como enfermedad profesional , dentro del contexto del seguro de accidentes del trabajo/ enfermedad profesional, coloca a la empleadora en una posición de ser tipificada como un empleador infractor y de mayor riesgo Psicosocial elevando su actual calificación de " estado de Riesgo Bajo" por otro que lo aumenta a " Riesgo Medio" o bien " Riesgo Alto", lo que incide en los índices de seguridad en el trabajo al tener que registrarse este evento en forma pública, y por sobre todo, agregarlo a la información requerida en el contexto de Acreditación Institucional ante el Estado.

Pero no solamente se afecta el interés jurídico actual de la Universidad por lo anterior, sino que dicha recalificación de la enfermedad de común a profesional incide directamente en un procedimiento judicial en curso, y que es el juicio sobre tutela laboral iniciado por la Sra. nombre reservado luego de auto desvincularse el día 30 de enero de 2020, invocando como presupuesto de hecho precisamente los mismos que le sirvieron para reclamar como enfermedad profesional ante la Mutual de Seguridad la que rechazó fundadamente tal reclamo. Este juicio tiene asignado el RIT T- 56-2020 y se sigue ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, debiendo hacerse presente que antes fue precedido por una reclamación tutelar por iguales hechos ante la Inspección del Trabajo de Temuco, procedimiento que terminó por desistimiento de dicha reclamante para seguir en dicho procedimiento. Este juicio o pretensión tutelar busca no solo obtener resarcimientos pecuniarios sino que además la interdicción de la Universidad en el sistema de Compras Pública intentando aplicar el artículo 4 de la Ley 19.886, haciendo uso de un proceso de recalificación de una enfermedad común por otra de laboral, vinculada directamente con los mismos hechos en que se funda la reclamación administrativa desistida ante la Inspección del Trabajo de Temuco, fundamentos de hecho que ponen a la Universidad como empleador que permite y fomenta el acoso laboral en contra de la exfuncionaria Sra. nombre reservado.

Resulta así evidente que la instrumentalización que hace la Sra. nombre reservado de la interposición de un recurso de reclamación , reposición o reconsideración en sede de SUSESO, tiene por objeto preciso el de obtener de dicho organismo ,en el desconocimiento e indefensión de la Universidad, una Resolución terminal administrativa contraria a los derechos e intereses de la recurrente, para que su contenido incida directamente en la sentencia que deba pronunciar el Tribunal de Justicia llamado a conocer y resolver dicha acción tutelar laboral por los mismos hechos, pero privando a esta parte de su derecho a instar por la confirmación de lo resuelto por la Mutual de Seguridad.

De esta forma queda demostrado que la Sra. nombre reservado ha actuado de mala fe y en contra de sus propios actos anteriores, intentando modificar la situación jurídica existente a la fecha en que se califica la enfermedad como común, y ello a través de un mecanismo como el denunciado y avalado por la SUSESO como agente concurrente al nacimiento de dicho Acto modificatorio por su incumplimiento a las obligaciones que la Constitución y la ley 19.880 le imponen.

Así, el daño patrimonial que amenaza actualmente los intereses de la Universidad con motivo del acto administrativo ilegal, arbitrario e injusto de SUSESO , también lo hace al conjunto de los trabajadores de ella, por cuanto la interdicción de contratación impedirá que la entidad obtenga recursos financieros emanados de la investigación científica que contrata con el Estado, como igualmente de cualquier otra fuente que vincule a dicho estado con la misma, para remunerar a dicho personal que supera los 1.200 trabajadores. Las consecuencias que siguen a esta falta de recursos, en este estado de catástrofe y el que sigue al mismo, son previsibles y basta un análisis lógico aplicando las reglas de experiencia y conocimiento público para entender lo grave que ello representa.

DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS POR SUSESO en el procedimiento seguido ante ella y que se concreta finalmente en la Resolución No. NUM005 de 10.06.2020, ya referida anteriormente. 1.- La garantía al derecho de igualdad ante la Ley y en la aplicación de ella debió darse por parte de SUSESO a la Universidad en el conocimiento, tramitación y decisión del conflicto administrativo que origina la Resolución antes señalada.

El artículo 19 No. 2 de la Constitución Política de la República dispone expresamente que: " La Constitución asegura a todas las personas 2º. La igualdad ante la ley...Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Decreto No. 778, 1976, Ministerio de RR.EE., Diario Oficial 29.04.1989; Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos " Pacto de San nombre reservado Rica"; Ley Orgánica Constitucional No. 18.575 , sobre Bases Generales de la Administración Pública, arts. 16, 44, 49 y 51, entre otras. La forma o modo que SUSESO infringe, respecto de la Universidad, este derecho al trato igualitario en relación a sus derechos o intereses jurídicos puestos en conflicto por el procedimiento administrativo de reclamo o recursivo que origina la Resolución No. NUM005 de 10.06.2020, es la siguiente:

La SUSESO es un organismo público obligado a observar en su funcionamiento y respecto de los administrados que recurren a ella y a quienes afecten sus actos , la aplicación irrestricta y debida de la garantía y derecho a la igualdad de trato , estándole prohibido con sus actos afectar estos al discriminar y no darle el mismo trato que debe observar con otros justíciales en dicho orden administrativo, en el procedimiento reglado por ley sobre la materia.

Aplicar esta garantía constitucional implica que a todo interesado en el procedimiento y el resultado de éste que tenga un interés jurídico actual protegible, y a quien pueda afectar dicho pronunciamiento, debe recibir igual trato que otros puestos en igual situación procesal, sin diferencias.

La ley sobre procedimiento administrativo, Número 19.880, en forma expresa ordena que se aplica a todos los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa ( art. 2) como asimismo que la Resolución que dicho Organismo emita en un proceso de esta naturaleza es un acto administrativo , en este caso una Resolución , la que está llamada a resolver la cuestión promovida en su seno, y producir sus efectos propios de legalidad aparente que reviste dicho acto, con imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios ( art.3).

En el presente caso, el acto administrativo de la SUSESO que recalifica una enfermedad común como profesional y sostiene que el origen de ella se encuentra en el funcionamiento de la Universidad para con la reclamante, en actos que atribuye a la empleadora, como actos de acoso laboral, denota en forma clara y precisa la existencia de este conflicto jurídico actual también entre la reclamante y la Universidad en los términos que se han explicado, cuya resolución terminal que pretende la reclamante está llamada a producir efectos jurídicos en los intereses de orden legal , patrimonial y de toda índole de dicha empleadora, en este caso mi parte.

Los principios jurídicos que gobiernan el proceso administrativo ya indicado están expresamente contemplados en la ley referida, artículo 4, que los enumera, destacándose esencialmente el principio de contrariedad, conforme al artículo 10 de la ley; los de imparcialidad ( artículo 11); el de no formalización ( art. 13) , el de transparencia y publicidad ( art. 16) , agregándose a ello el derecho que tienen las personas en sus relaciones con la Administración , contenidos en el art. 17 letras a) consistente en : " conocer , en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos en que tengan la condición de interesados" ; el de la letra f) que mira al " derecho de las personas a formular alegaciones y producir prueba para que ello sea tenido en cuenta por el órgano competente" ; y el de la letra i) "Cualquiera otros que les reconocen la Constitución y las leyes".

Igualmente la Resolución terminal ya señalada debe ser motivada, puesto que solo a través de las razones que han llevado a la Administración del Estado a dictarlo, se logra la aplicación del principio de legalidad. Constitucional , que se consagra en los principios de transparencia y publicidad ya enunciados, conforme al artículo 11 inciso 2º. Y 41 de dicha Ley, que obligaba a SUSESO a observar en la elaboración de la resolución final que pronuncia determinar "si existen cuestiones conexas que puedan afectar a terceros no participantes en el proceso·" , lo que queda en claro por lo ya expuesto sobre el interés jurídico actualmente comprometido en el resultado de dicho procedimiento administrativo que tiene la Universidad, razón demás por lo cual debió hacer poner en conocimiento de mi parte todo lo obrado para que dispusiera de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimare pertinentes y aportar, en su caso, la prueba de descargo que se vinculara con la pretensión recursiva de la reclamante, lo que SUSESO omitió con grave infracción en el trato de igualdad que estaba llamada a respetar y aplicar respecto de las partes que tienen los intereses comprometidos por una Resolución terminal, la que , además, debe descansar asimismo en el respeto del derecho al debido proceso, que también se infringe.

La Resolución de Recalificación que ordena SUSESO en su Resolución que se cita en el contenido de lo comunicado de modo alguno contiene la motivación de hecho y de Derecho que le resulta exigible, no hay un razonamiento contenido en ella que se funde en el análisis y ponderación de la prueba que mi parte ignora y sobre la cual se desestima o deja sin efecto o modifica la Resolución de la Mutual de Seguridad, lo que le es exigible por aplicación de la garantía constitucional que se ha señalado.

En efecto, y tal como se ha señalado anterior, la Universidad nada supo de la existencia de la reclamación, reconsideración o apelación que dedujo la Sra. nombre reservado en contra de la Resolución de la Mutual de Seguridad que calificó su enfermedad como común, no laboral, y no vinculada a factores de riesgo o de alguno o algunos agentes existentes en el lugar de trabajo en que se desempeñaba la reclamante y que pudieren haber observado una conducta ya sea de liderazgo disfuncional o de conducta constitutivas de acoso laboral hacia la reclamante. Cabe destacar que la Sra. nombre reservado, mientras se realizó el procedimiento en sede la Mutual de Seguridad, atribuyó a la Universidad y a los superiores jerárquicos de su Unidad, conductas de acoso laboral que sitúa como productoras de lo que ella califica como enfermedad profesional, y que dicha Mutual rechaza.

Dentro del procedimiento que debió llevar adelante la SUSESO para conocer de la reclamación en contra de la calificación inicial hecha por la Mutual necesariamente debió convocar a la Universidad para que se impusiera de ello e hiciera uso de su derecho a la defensa jurídica de sus intereses amagados en el procedimiento , porque este conflicto o controversia sobre la calificación de la enfermedad no le es inocuo o indiferente ya que le afecta en sus derechos como empleadora toda vez que la calificación dicha enfermedad como profesional y atribuible a factores internos de la misma Institución, crea una situación no solo de responsabilidad empresarial ante los Organismos pertinentes, sino que además se crea una eventual fuente de responsabilidad que tiene a la reclamante como "víctima eventual" de los actos del empleador, sean ellos directos o indirectos.

La condición o calidad de interesada en el procedimiento administrativo que tiene la Universidad está reconocida expresamente en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley 19.880 que considera como tales a "Los que , sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte", cuyo es el caso de la Universidad en la forma que se ha expuesto.

En lo relativo a los actos de instrucción que debe observar la SUSESO ellos se reglan en el párrafo 3 de la ley indicada, y en lo que es pertinente, le impone a dicho organismo la obligación de actuar de oficio inclusive, quedando facultado para que hacer pública la existencia del proceso y ello para que los terceros interesados se impongan de su existencia y contenido, y pueda hacer valer sus derechos intraproceso.

Fuera de lo anterior, la decisión que constituye el acto administrativo terminal en contra del cual se recurre también debe cumplir con uno de los requisitos esenciales que le es exigido a todo acto jurídico sentenciador o sentencia de cualquiera naturaleza, y que en este caso administrativo se expresa en el artículo 41 de dicha Ley 19.880 cuando exige en el inciso 4º, que la Resolución decisoria "debe ser fundada".

Finalmente, y sobre lo que debió ser el procedimiento administrativo inobservado por SUSESO respecto de la Universidad, el artículo 45 y siguientes de la Ley 19.880 obliga a dicho organismo hacer notificar "a los interesados" los actos administrativos de efectos individuales conteniendo su texto íntegro, reglando el proceso de notificación señalado.

El primer acto de procedimiento que constituye o da inicio al procedimiento de reclamo ante dicho Organismo está constituido por cierto por la reclamación o recurso que interpone la interesada contra lo resuelto por la Mutual de Seguridad al calificar su enfermedad como común rechazando su calificación como profesional, acto jurídico procesal esencial que contiene los fundamentos de hecho y de Derecho que ella hace valer y con el cual pretende dejar sin efecto el que atribuye a la Universidad la condición de causante de dicha enfermedad cuyo origen debe estar vinculado con causas que provienen del sitio de trabajo y en el cual se encuentren el o los agentes causantes de la misma.

En el procedimiento seguido ante SUSESO este organismo , con conocimiento de causa, incurrió en la omisión inexplicable e ilegítima de no dar traslado de la pretensión recursiva de la reclamante en este proceso de índole administrativo en que se buscaba por la Sra. nombre reservado un reexamen de la Resolución de Calificación de enfermedad común en profesional basada en una declaración en que se atribuya a la Universidad, por medio de sus Directivos de la Unidad en que trabajaba la reclamante, el carácter de ser agentes causales de ella. No puede ni podría SUSESO sostener que ignoraba la afectación de los derechos de mi parte como resultado del procedimiento recursivo de la Sra. nombre reservado porque , al menos, al examinar los fundamentos y los antecedentes hechos valer al efecto, ostensiblemente quedaba en evidencia lo anterior, lo que unido a la escueta exposición que hace la Resolución puesta en conocimiento de esta parte, instala la responsabilidad por dicha supuesta enfermedad profesional en la conducta de la Universidad, la empleadora.

En este caso, SUSESO se limitó a dar curso al recurso, omitiendo a sabiendas o al menos debiendo saberlo inexcusablemente, que al no poner en conocimiento de ello a la Universidad, ésta quedaba en la mas absoluta indefensión, e impedida de hacer valer sus derechos de defensa jurídica que le asiste como persona, conforme al artículo 19 No.2 y 3 de la República, ya que tiene el derecho a ser tratada en igualdad de condiciones como cualquier otra que tenga interés jurídico comprometido en el mismo tipoi de procedimiento y su resultado, como lo garantiza el artículo 19 No. 2 de la misma Constitución, porque en este procedimiento recursivo se amaga en forma clara y directa el interés patrimonial de la misma Universidad de no ser considerada infractora del deber de protección de la salud ( art. 184 del Código del Trabajo) de la Sra. nombre reservado , derecho de tipo incorporal que forma parte del derecho de propiedad que ampara el numeral 24 del mismo artículo 19 citado , el que también es vulnerado por la Resolución ilegal, arbitraria e injusta de SUSESO, porque su afectación acarrea amenaza y perjuicio eventual a su patrimonio basándose en una infracción inexistente que conlleva gravemente responsabilidad de tipo laboral ( Tutela de Derechos Fundamentales) y patrimonial desde que amenaza con una sanción de prohibición de contratación con el Estado ( artículo 4 Ley 19.886 en relación con el art. 495 inciso final del Código del Trabajo) , privando a la Universidad de ingresos que le permitan seguir manteniendo la fuente de trabajo de más de 1.200 trabajadores, efecto buscado con la imputación por parte de la Sra. nombre reservado, como actualmente ocurre, y todo ello sin haber sido escuchada la Universidad en el proceso administrativo que llevó adelante la recurrida SUSESO, con manifiesta conducta funcionaria e institucional injustificada, ilegal, y arbitraria.

Solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección constitucional en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL-SUSESO-, ya individualizada por vulnerar las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República de las cuales es titular la Universidad Católica de Temuco, ello al tramitar y dictar en forma ilegal, arbitraria e injusta en la forma que es denunciada en este recurso - en un procedimiento igualmente ilegal la Resolución de Recalificación individualizada como No. NUM005 de 10.06.2020, que es comunicada y conocida por esta recurrente recién por medio del correo electrónico de 25 de junio de 2020; admitirlo a tramitación, y , previo informe de la recurrida, se sirva acogerlo en todas sus partes decretando las siguientes medidas de protección en favor de mi mandante:

A.- Anular y/o dejar sin efecto en todas sus partes tanto el procedimiento administrativo como la Resolución No. NUM005 de 10.06.2020 que es su acto administrativo terminal arbitrario, injusto e ilegal, retrotrayendo el procedimiento al estado de serle notificada a esta parte la forma y contenido del recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la Resolución de Calificación como enfermedad común por parte de la Mutual de Seguridad en el expediente identificado como " Caso Unico Nacional ( CUN) NUM006, siniestro No. NUM002, que contiene la Resolución No. NUM003 en dicho procedimiento, de fecha 06 de diciembre de 2019, ordenando a SUSESO que otorgue a esta parte el plazo de 15 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución que así lo ordena por medio de la cuenta de correo electrónico "DIRECCION001" para poder ejercer debidamente su derecho a la defensa jurídica respecto de dicho recurso y actuaciones que se verifiquen en el mismo y poder así también ofrecer y producir prueba de descargo en forma que sea efectivo dicho derecho ;

B.- Hacer entrega a esta parte de todas las piezas que conformaron dicho procedimiento recursivo, en especial, las que constituyen el expediente de calificación de la Mutual de Seguridad por cuanto solo mediante la orden judicial es posible que mi parte acceda a dichas piezas que son esenciales para ejercer su derecho al debido proceso, y si la recurrida las acompañare en este recurso, ordenar hacer entrega de ellas en forma completa a mi parte, salvo que ellas puedan ser obtenidas directamente de la carpeta electrónica respectiva; y C.- Lo anterior sin perjuicio de otras medidas de protección en favor de mi mandante que estime procedente decretar conforme al mérito de autos, todo ello con expresa condenación en costas de la recurrida , y las responsabilidades administrativas y funcionarias de los empleados públicos que concurrieron a la vulneración de los derechos fundamentales denunciados.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1.- Documento No. 1: Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley No. 16.744, del 06 de diciembre de 2019, correspondiente a lo conocido y resuelto en el expediente Caso Único Nacional No. NUM007, relativo a la Universidad Católica de Temuco, como empleadora, y a doña nombre reservado, como trabajadora reclamante. 2.- Documento No. 2: Declaración, de 14 noviembre 2019, hecha por la reclamante en la Mutual de Seguridad en el marco del procedimiento anterior. 3.- Documento No. 3: Informe Psicosocial de Resultados de la Universidad Católica de Temuco. 4.- Documento No.4. Notificación por correo electrónico de Resolución de Recalificación de la enfermedad común en laboral, mensaje de 25 de junio 2020. 5.- Documento No. 5.- Resolución No. NUM004, de 18 de junio 2020, pronunciada por Mutual de Seguridad en el Caso Unico Nacional No. NUM006, por orden de SUSESO conforme al Oficio No. NUM005, de 10 de junio 2020, que se inserta en dicho documento, como Resolución terminal recaída en dicho procedimiento como da cuenta el documento acompañado. 6.- Documento No. 6.- Orden de reposo N. NUM008 de 14 noviembre 2019, de la Mutual de Seguridad. 7.- Documento No. 7. Solicitud evaluación condiciones generales de trabajo nombre reservado. 8.- Mandato Judicial entre Universidad Católica de Temuco y este abogado recurrente.

A folio 12, recurrente acompaña: Informe de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, hecho a requerimiento del Juzgado de Letras del Trabajo, en el marco del juicio T- 56-2020, caratulado "nombre reservado / Universidad Católica de Temuco.

A folio 9, comparece FRANCISCO CALVO FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, esta parte viene en alegar la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a "actos u omisiones arbitrarios o ilegales ".

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se rechace la Acción de Protección, por haber sido ejercida improcedentemente en virtud del derecho a la seguridad social, con costas.

Como consta en la copia del expediente administrativo que se acompaña a este informe, con fecha 12 de diciembre de 2019, la Sra. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción quién calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó.

Frente al requerimiento de pronunciamiento por parte de esta Superintendencia, se solicitó a la Mutual de Seguridad remitir todos los antecedentes tenidos a la vista al momento de la calificación de la patología que presentó la Sra. nombre reservado.

Dicha Mutual entregó los antecedentes correspondientes, entre los cuales se cuenta la copia de la ficha clínica y un estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia.

Una vez recibidos los antecedentes, profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron la totalidad de éstos y llegaron a una conclusión, que se vertió en la decisión administrativa contenida en la Resolución Exenta N° NUM005, de 10-06-2020, calificando la patología que presentó la Sra.

nombre reservado como de origen laboral, señalando: "Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora es de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología. Que, los antecedentes disponibles, entre ellos los informes médico y psicológico y el estudio de puesto de trabajo, realizados en su oportunidad por la Mutualidad, la propia presentación de la trabajadora y la documentación aportada, incluyendo las conclusiones jurídicas contenidas en el informe de Fiscalización N° NUM009 de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, fueron todos exhaustivamente evaluados por profesionales médicos de esta Superintendencia, y de este examen se verifica que la trabajadora estuvo expuesta a situaciones de menoscabo en su puesto de trabajo, evidenciado por conductas de hostigamiento hacia la trabajadora, las que tienen una relación causal con los síntomas presentados." a) Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

No obstante que la Superintendencia de Seguridad Social es una institución de rango legal, sus competencias arrancan de una norma constitucional. En efecto, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del Derecho a la Seguridad Social, de tal forma que a mi representada le corresponde cumplir con ese mandato constitucional en las materias que resultan de su competencia, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones que debe cumplir en su rol de institución fiscalizadora del Estado, según lo prescribe el artículo 1° de la Ley N° 16.395, orgánica y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Corresponde, entonces, a mi representada como misión esencial, la fiscalización y el control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y garantizar, en el campo administrativo, el respeto de los Derechos específicos de los usuarios reconocidos en la legislación, con la sola exclusión del ámbito que compete a las Superintendencias de Salud y de Pensiones. Respecto de esta última, en lo que concierne al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980 y de aquel conformado por las ex Cajas de Previsión y el ex Servicio de Seguro Social hoy fusionados en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), como sucesor legal del ex Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.255.

La organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social están contempladas en la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley Nº 20.691, del año 2013. Así el artículo 1° de este cuerpo legal, establece que a mi representada le corresponde "...la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley." En seguida, el artículo 2º del referido cuerpo legal, establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales podemos citar las siguientes: "a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia. b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley. c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia." A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: "La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia".

El inc. 2º del mismo artículo indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones." A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: "En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades".

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: "Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes." En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: "Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación".

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA). b) Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Pues bien, a la Superintendencia le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, "...la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen...".

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: "Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos." c) Siniestros cubiertos por este seguro, personas protegidas, administración y financiamiento.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo "toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte." Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las "causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte". Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que "una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico".

Las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.937, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1978, y que regula la nueva Autoridad Sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

El seguro de que se trata, se financia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador. A este se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador.

Otras fuentes de financiamiento son las multas que aplican los Organismos Administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley Nº 16.744. d) Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N° 16.744 En cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias.

Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte se otorgan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado. e) Enfermedades Profesionales.

De acuerdo con el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las "causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte".

Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

En conformidad a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que "una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico".

En atención a lo dispuesto en los artículos recién mencionados, resulta indispensable señalar que los elementos que deben concurrir para que se estime una enfermedad como profesional son los siguientes: a) Alteración de la salud. b) Relación directa de causa a efecto entre el trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud. c) Que el estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del trabajador. f) Procedimiento para determinar el grado de incapacidad. Ausencia de ilegalidad.

Al respecto, el artículo 58 de la Ley N° 16.744, dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de competencia de las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a MUTUALIDADES DE EMPLEADORES, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

En seguida, el artículo 77 del mismo cuerpo legal en comento, contempla la facultad para los afiliados, sus causa-habientes y organismos administradores para reclamar en el plazo de 90 días ante la COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS (COMERE) de las decisiones de los Servicios de Salud (hoy esta referencia debe entenderse realizada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectiva) o Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Así, el inciso segundo de la norma legal en comento, dispone que las resoluciones que en esta materia emita la COMERE son en todo caso apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 30 días hábiles, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Finalmente, el inciso tercero de la norma de que se trata prescribe que, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores, se puede apelar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 90 días hábiles. g) Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante indistintamente COMPIN, son unidades técnico administrativas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, están organizadas bajo la dependencia de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud.

Complementando la referida norma legal, el artículo 34 del Decreto N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dispone que: "Las COMPIN continuarán ejerciendo dentro de la estructura orgánica de la Secretaría Regional Ministerial, las mismas funciones que efectuaban como dependencias de los Servicios de Salud, conforme a las leyes y reglamentos especiales que se les asignaran." Por su parte, el artículo 45 del mismo reglamento establece que en cada SEREMI de Salud se constituirá una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a las cual le corresponderá desarrollar todas las funciones médicas administrativas que la ley ha asignado al ex Servicio Nacional de Salud y al ex Servicio Médico Nacional de Empleados, así como aquellas que, siendo competencia de los Servicios de Salud, eran realizadas por las COMPIN de dichos servicios.

Entre las principales funciones que las COMPIN deben cumplir, se cuenta la evaluación de las incapacidades permanentes derivadas de enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores.

También realizan esta función respecto de las incapacidades permanentes causadas por accidentes del trabajo que afecten a trabajadores de entidades empleadoras que no estén adheridas a una Mutualidad de Empleadores.

En seguida, a estas comisiones médicas corresponde evaluar las incapacidades permanentes derivadas de accidentes y enfermedades comunes que afecten a trabajadores imponentes del ex Servicio de Seguro Social o de alguna de las ex Cajas de Previsión que conformaban el antiguo sistema previsional. h) Acerca de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (COMERE), según lo establece el artículo 77 de la Ley N° 16.744, es una institución autónoma que tiene su domicilio en la ciudad de Santiago y se relaciona con el Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 78 de la Ley N° 16.744, está integrada por dos médicos del Servicio Nacional de Salud (referencia que hoy debe entenderse hecha a las Secretarías Regionales Ministeriales de salud, dentro de las cuales están las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN); un médico en representación de las organizaciones más representativas de los trabajadores; un médico en representación de las organizaciones más representativas de las entidades empleadoras, y un abogado.

Esta Comisión médica tiene entre sus funciones, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 79 del D.S. N° 101, de 1968, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 16.744, conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que mi representada resuelve estas reclamaciones con COMPETENCIA EXCLUSIVA Y SIN ULTERIOR RECURSO.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para esta parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee mi representada. 2.- Imputaciones de la recurrente Mediante la acción constitucional de autos, la recurrente, entre otras materias, imputa a esta Superintendencia que ha actuado ilegalmente al dictaminar, mediante la Resolución Exenta impugnada lo latamente expuesto. En efecto, las vagas imputaciones antes señaladas, como se expondrá a continuación son absolutamente infundadas y el reflejo del profundo desconocimiento que la contraria tiene de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744, y la relación que la Superintendencia de Seguridad Social tiene con el mismo, en cuanto organismo fiscalizador.

Frente a esto, la recurrente señala que la Superintendencia de Seguridad Social "realizó acto administrativo alguno en dicho procedimiento para poner en conocimiento de la Universidad la existencia del reclamo ante ella notificándole en la misma forma que dispone la Ley 19.880 , toda vez que esa ley así lo dispone, mas aún cuando se trata de un Organismo Público del Estado que es el primer llamado a observar en sus actuaciones el respeto a las garantías constitucionales de los administrados." (sic)

Cabe hacer presente que en el procedimiento administrativo contemplado en la Ley N° 16.744 respecto al reclamo de una calificación de enfermedad como laboral o común ante esta Superintendencia, no se contempla la obligación de notificar a la entidad empleadora, por cuanto en dicho procedimiento los intervinientes son la mutualidad y el trabajador, y la entidad empleadora podrá reclamar de lo decidido por la Superintendencia posteriormente, que en la especie, no ha ocurrido. En efecto, la CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO no ha solicitado la reconsideración de la Resolución Exenta N° NUM005, y simplemente ha recurrido de protección en estos autos.

Así, no existe ninguna norma en la Ley de Procedimiento Administrativo, que obligue a la Superintendencia de Seguridad Social ha notificar a las entidades empleadoras en estos casos. Se encuentra obligada, obviamente, a notificar de lo resuelto a los intervinientes, esto es, a los trabajadores o entidades empleadoras que realizan el reclamo y a los Organismos Administradores que calificaron las patologías. 3.- Ausencia de ilegalidad.

Pues bien, en cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente, cabe hacer presente que mi defendida no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Tanto es así, que el recurrente en su escrito en el cual materializa el ejercicio de la acción constitucional que nos ocupa, pese a afirmar que lo resuelto por mi defendida es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente lo que mi defendida ha hecho es calificar una AFECCIÓN COMO DE ORIGEN PROFESIONAL, con las consecuencias que de ello se deriva.

Para realizar esta labor, mi defendida es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º Y 77 de la Ley Nº 16.744.

En tal sentido, debe hacerse presente a US. Ilustrísima que lo que existe en la especie es un dictamen emanado de mi defendida, dictado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

Entonces, cabe preguntarse cuál es la ilegalidad que se imputa y cuál es la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia. La respuesta es ninguna, por cuanto lo que existe, lisa y llanamente, es la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales, como lo ha hecho en infinidad de veces y cuyo resultado, no es obviamente de la conveniencia del recurrente.

De tal forma, es válido preguntarse también, si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario. La respuesta, claramente, es no. LO ANTERIOR, MÁXIME SI CONSTAN LOS INFORMES TANTO MÉDICOS COMO ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA POR MI REPRESENTADA, INDISPENSABLES PARA LA DICTACIÓN FUNDADA DEL DICTAMEN IMPUGANDO. EN EFECTO, TODOS LOS ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CASO, SE ACOMPAÑAN EN EL PRESENTE INFORME ANTE US. ILTMA.

A mayor abundamiento, esta parte cumple con señalar que a pesar que la citada Resolución Exenta N° NUM005, de 10-06-2020, se encuentra debidamente fundada, podemos indicar que en la ficha médica que se encuentra en la copia del expediente administrativo acompañado con este informe, se pueden observar las impresiones que plasmaron los profesionales médicos de esta Institución luego del análisis de los antecedentes y que señala: "Expediente NUM010.

Fecha: 09/06/2020 23:30:04. Responsable nombre reservado. Ficha Médica: nombre reservado, RUT NUM000. Trabaja como docente de planta adjunta en Universidad Católica de Temuco desde 2013. Ingresa el 14.11.19 refiere que tiene antecedentes con su jefe directo, de correos donde él le niega muchas cosas. El año pasado la universidad sufre diversos cambios; indicando que para pasar a planta había que hacer cuatro compromisos mínimos, y el año pasado ella hizo 16 compromisos. Señala que este año, ella también asume la jefatura de carrera, y en enero tuvo dos fracturas, por lo que debió tomar licencia médica. Cuando regresa la segunda semana de marzo, ve que integran a una jefa de carrera, reemplazándola, lo cual nunca se le informó de manera oficial, y regresó a ejercer su cargo anterior. Además, hay un nuevo director de departamento, quién le hace acoso laboral por discriminación de género, de nacional, hostigamiento, omisión y anulación constante. En general, ha habido 10 o 12 cosas de las cuales no le han permitido participar. Por otro lado, indica, que postuló a dos proyectos. El 10 de abril llega un correo donde el jefe del departamento indica que dos personas deben postular, y la paciente le dice que ella desea hacerlo. Comienza a hacer el proyecto, se demoró dos meses y lo presenta al consejo de carrera, enviado información constante a su jefatura.

Llega la fecha en que deben firmarle la carta de auspicio, y su jefe ni decano nunca le respondieron. Luego, le envían un correo indicando que no la iban a patrocinar. Como antecedente desencadenante señala que el 19 de julio su jefa de carrera luego de que regresa de su licencia, modifica su carga horaria, además, de los cursos que iba a dictar, quitándole dos horas de clases. Adjunta informe de IT donde se corrobora vulneración de derechos, debido a negligencia en tomar medidas eficaces para protegerla tras las denuncias de vulneración de derechos, sumario en curso no cumplió plazo establecido. Informe de tratante señala atenciones desde el 10 de julio hasta 11 de diciembre, que describe sintomatología detallando situaciones laborales. RECA 06.12.19 enfermedad común. EPT 25.11.19 testigos señalan la presencia de conflictos relacionales con incidencia directa en el entorno laboral inmediato de la trabajadora, pero con origen indeterminado. Participantes manifiestan diversos comienzos en la problemática, considerando a la consultante como un miembro activo en el desarrollo y agudización del conflicto. Desconocen cambio de cargo académico y conflicto de proyecto de investigación, jefatura explica que no se entregó apoyo porque no tiene doctorado. Reposo NUM011 desde 14/11/19 por 28 días.

Conclusión: enfermedad laboral, EPT describe liderazgo disfuncional e informe de IT muestra retraso en procesos administrativos." Así, lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados por esta recurrida, permite descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestra que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de esta Institución, quién, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa de la Seguridad Social en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de esta Superintendencia, decisión administrativa que no fue del agrado de la recurrente, sin embargo no por ese motivo puede señalarse que el actuar de la Superintendencia ha sido ilegal o que haya vulnerado, o siquiera, amenazado alguna de las garantías fundamentales de la recurrente.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un JUICIO DE LATO CONOCIMIENTO en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario "...sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19...".

En el caso, el origen laboral o común de la afección de la Sra. nombre reservado, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que era procedente la calificación como de origen laboral y la pérdida de capacidad de ganancia en favor de la trabajadora.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, en razón de tratarse de un procedimiento cautelar de carácter excepcional y por lo mismo más rápido, pero que evidentemente está llamado a ser utilizado para otros casos, y no para que, por esta vía, se solucione un problema que dice relación con unos de los efectos jurídicos de la calificación como laboral de un siniestro.

La parte recurrente, en resumen, para calificar al dictamen de la Superintendencia como ilegal, parte del supuesto que la conclusión a la que llega mi defendida, es "errónea" ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, esta llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que por lo demás está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes en este Organismo de Control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendido éste como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de otorgar la procedencia de otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley Nº 16.744 en el caso de la Sra. nombre reservado.

Es del caso, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se halla radicada, con carácter exclusivo y excluyente, en la Superintendencia de Seguridad Social, cualificado como órgano técnico, encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Adviértase bien, que, lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley, se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y no se vea, al contrario, forzado a cubrirla con su propio peculio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2º del D.L. Nº 3551, de 1980, al establecer que: "La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad" (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3º de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por lo preceptuado en el artículo 19 N° 18° inciso 4° de la Carta Fundamental, como porque ella se orienta a la cautela de un derecho fundamental que el Código Político asegura a todas las personas.

Cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a mi representada, es su origen y sustento constitucional y posteriori configuración por la ley; la personalidad jurídica de Derecho Público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N° 18° inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Finalmente, la Ley N° 16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de mi representada, los que tienen que ser, necesariamente interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, la recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza "fiscalizadora" que tiene este Servicio.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por la CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, solicitando sea desestimado en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Copia del expediente administrativo de la Sr. nombre reservado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del presente recurso, atendido que la garantía alegada dice relación con la contemplada en el artículo 19 n° 18 de la Constitución Política, será rechazada, por cuanto claramente el recurrente señala que las garantías infringidas son las contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3, N° 24 de la Constitución Política. Lo anterior, sin perjuicio sobre lo que se resuelva en cuanto al fondo.

TERCERO: Que, resolviendo el fondo del asunto, la resolución que la recurrente impugna, que confirma el recalifica el dictamen de la Mutual de Seguridad, en orden a recalificar de enfermedad común a enfermedad laboral, fue dictada por autoridad competente y en uso de sus facultades legales, sin que se advierta, tampoco, arbitrariedad en su obrar. Desde luego, es el artículo 1° de la ley 16.395 el que le entrega competencia a la SUSESO para supervigilar y fiscalizar los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren y en su artículo 30 se le asigna la labor específica de fiscalizar el seguro de accidentes del trabajo y de las instituciones que a él se dediquen. Luego, en tal virtud, ha obrado la SUSESO como ente técnico, dentro de sus atribuciones, sin que esta Corte pueda revisar, desde luego, el mérito de sus decisiones, pues no corresponde a la judicatura tal cosa.

No se advierte arbitrariedad en el actuar de la SUSESO, quien obra en forma arbitraria no está gobernado por la razón o el buen sentido sino por el mero capricho o el voluntarismo, de suerte que, en realidad, cuando se le imputa a una autoridad un actuar de esta forma, se le enrostra una ilegalidad, pues el ordenamiento jurídico le exige a la Administración que sus decisiones sean fundadas, de acuerdo a lo que consagra el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880. Pero sea como fuere, en la especie no se advierte capricho o sinrazón en el actuar de la SUSESO, la que dictó el acto impugnado sobre la base del estudio de los antecedentes médicos y laborales de la señora nombre reservado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, se declara:

I.- Que SE RECHAZA la acción constitucional deducida por Osvaldo Pizarro Poblete, en representación de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Pronunciada por el abogado integrante Marcelo Neculman Muñoz.

N° Protección-6276-2020. (sac)