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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 627-20237 jun 2023

Protección contra Compin y la Superintendencia de Seguridad Social

Fecha
7 de junio de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Primera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 627-2023, sentencia de 7 de junio de 2023

Resumen

Se acoge la protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Compin, dejando sin efecto el rechazo de licencias médicas por reevaluar potestativamente sin reevaluar el padecimiento, debiendo reevaluarlo y pronunciarse de nuevo.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, siete de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que, a folio 1 comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social, por vulneración derechos y protección tanto de ella como la de su hija menor de edad por parte de Compin y la Superintendencia de Seguridad Social.

Hace presente que es enfermera y en el año 2020 en plena pandemia por COVID y siendo de la primera línea, se entera que está embarazada de su primera hija, nombre reservado. Con todo lo angustiante y agotador por la sobrecarga laboral que implicó el trascurso de la pandemia, comienza a enfrentar un proceso angustioso que repercute tanto en su salud y de la de su bebé.

Posterior al nacimiento de su hija inició tratamiento con el profesional del área de psiquiatría Dr. nombre reservado, por depresión moderada a severa post parto, con trastorno ansioso severo insomnio, síndrome inflamatorio autoinmune, crisis vital, EEGA 60 ptos. Tratada con farmacología que se iba adaptando a su estado de lactancia materna exclusiva. Asistiendo a todos los controles con su médico tratante, sin problemas en el pago de sus licencias médicas.

Agrega que en junio de 2022, retorna a sus actividades laborales normales, teniendo una mala respuesta al proceso de exposición (crisis de angustias, ansiedad persistente, temor a la exposición con pacientes COVID, sobrecarga laboral, falta de comprensión por su jefatura, sumado a eso, falta de redes de apoyo para el relevo en el cuidado del bebé, por lo que su médico decide indicar reposo por reaparición de síntomas. Desde ese periodo se sumaron más problemas ya que COMPIN rechazó las últimas dos licencias médicas, FOLIO RUT reservado, FOLIO RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, desde el 31 de julio hasta 28 de septiembre 2022.

Tras esperas por las respuesta de COMPIN y agotando todos los medios para que la entidad aprobara sus licencias, y sin tener un respuesta favorable, ingresa reclamo a nombre reservado en dos oportunidades, en el mes octubre del 2022 (rechazada) y en el mes de diciembre 2022, con nuevo informe médico completo, teniendo respuesta el 10 de marzo 2023, donde se confirma nuevamente el rechazo de sus licencias médicas.

Da cuenta del perjuicio que ha generado la falta de pago de esas dos licencias, que va en su desmedro y el de su hija, ya que el agobio que siente por no tener insumos básicos para cubrir sus necesidades básicas, principalmente las de su hija como la compras de pañales, alimentación, asistencia a sus controles médicos frecuentes, fármacos, vestuario, el pago de servicios básicos (luz, agua), arriendo, movilización. Además en el retraso en el pago de sus deudas, lo que ha vulnerado sus derechos fundamentales en la totalidad, ya que como ciudadana y contribuyente chilena se siente pasada a llevar, más en tiempos tan difíciles como lo fue en pandemia donde había peligro hasta de perder la vida. Posterior al 29 de septiembre 2022 se encuentra laboralmente activa hasta la fecha.

Señala que los hechos descritos vulneran la garantía del articulo 19 N° 1, 3, 4, de la Constitución Política, esto es, - El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las persona.

- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Pide se sirva tener por interpuesto dentro de plazo el Recurso de Protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social (nombre reservado) y COMPIN, acogerlo a tramitación, solicitar informe a las recurridas y en definitiva declarar que el rechazo de las dos últimas licencias médicas folio RUT reservado, folio RUT reservado, argumentando falta de antecedentes médicos y conductas médicas ya que eso está fuera de sus manos o decisión propia, dependiendo totalmente del profesional tratante sin poder cuestionar conducta a seguir ya que no le compete.

Todo lo anterior sin perjuicio de las medidas que se estime aplicar para restablecer el imperio del derecho, con costas para el evento que exista oposición de la recurrida.

Acompaña a su presentación:

Último informe medico Primera Resolución exenta nombre reservado 23/11/2023 Segunda Resolución exenta nombre reservado de reconsideración rechazada 10/03/2023. Certificado de cotizaciones (donde se constata retorno laboral) y me encuentro activa hasta la fecha.

Que, a folio 12 evacúa informe nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región, representante del Ministerio de Salud en la Región y por ende de la COMPIN, en los siguientes términos:

I.- Se declare inadmisible el recurso de protección por falta de legitimación pasiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, nombre reservado, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que, la nombre reservado confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-32832-2023, de fecha 10.03.2023, por reposo no justificado, “…conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. En el informe médico no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. No acredita asistencia a psicoterapia”.

2.- Que, desde el momento en que la nombre reservado se pronuncia sobre el rechazo de alguna licencia médica, las COMPIN no tienen la potestad de modificar lo resuelto por aquella, por cuanto en virtud de lo señalado en los artículos 1 inc. final; 2 letra b) y 27 de la Ley Nº 16.395, que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, dependen administrativa y técnicamente de la nombre reservado, quien ejerce sobre aquellas una fiscalización y supervigilancia.

3.- Que, en la especie, la recurrente debió haber presentado el presente recurso de protección solo en contra de la nombre reservado, por cuanto dicha Institución fue en definitiva quien rechazó las licencias médicas por las que se recurre, no estando la COMPIN facultada para modificar lo resuelto por la nombre reservado, en virtud de las normas jurídicas señaladas, tal como ha sido resuelto por esta Iltma. Corte de Apelaciones al dictar sentencia en Recurso de Protección ROL N° 6701-2016 y 307-2017, las cuales acogen la alegación sobre la falta de legitimación pasiva formulada por la recurrida, y las que transcribe en lo pertinente.

Lo anterior, también fue el criterio utilizado en sentencia dictada en Recursos de Protección ROL N° 2550-2017, N° 206-2018, acogiéndose la falta de legitimidad pasiva de la COMPIN.

4.- Que, en virtud de lo anterior, solicita se declare inadmisible el presente recurso de protección por falta de legitimación pasiva de la COMPIN nombre reservado, desde que el recurso debió ser interpuesto solo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que en definitiva se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, ya que se ha demostrado mediante las normas legales señaladas, que las COMPIN, no tienen la facultad para revertir lo resuelto por la nombre reservado, por cuanto dependen técnica y administrativamente de ella.

II.- En subsidio, informa:

1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

3.- Para la visación de una licencia médica, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

4.- Que, respecto de las licencias médicas recurridas, se informa lo siguiente:

a) Licencia médica N° 4-11407395: Emitida a contar del 31.07.2022, por 30 días con diagnóstico “Reacción al estrés agudo” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado.

- Rechazada en primera instancia por COMPIN el 04.08.022 considerando: Reposo prolongado.

- Recurso de reposición rechazado el 11.10.2022 considerando: Reposo injustificado.

- Resolución Exenta N° R-01-IBS-32832-2023 del 10.03.2023: Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo de licencia médica N° RUT reservado y RUT reservado por no encontrarse justificado el reposo.

b) Licencia médica N° 4-11797966: Emitida a contar del 30.08.2022, por 30 días con diagnóstico “Trastorno de estrés postraumático” por médico psiquiatra, Dr. nombre reservado.

- Rechazada en primera instancia por COMPIN el 30.08.022 considerando: Reposo prolongado.

- Recurso de reposición rechazado el 11.10.2022 considerando: Reposo injustificado.

- Resolución Exenta N° R-01-IBS-32832-2023 del 10.03.2023: Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo de licencia médica N° RUT reservado y RUT reservado por no encontrarse justificado el reposo.

5.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN nombre reservado, para rechazar la licencia médica por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

a) Listado Maestro De Licencias Médicas FONASA:

- Inicio licencias médicas discontinuas el 01.01.022 por patología de salud mental, principalmente con diagnóstico de reacción al estrés agudo.

- Acumula un total de 230 días de reposo laboral por patología de salud mental, en el plazo comprendido entre el 01.01.2022 al 29.09.2022 de los cuales 180 días fueron autorizados.

b) Informe médico por Dr. nombre reservado, psiquiatra, del 29.08.2022.

- Se indicó reposo durante julio y agosto 2022 por reaparición de síntomas angustiosos.

- Cuadro reactivo principalmente a lo referente al traspaso en los cuidados de su hijo lactante de 1 año.

- Se posterga uso de farmacoterapia inicialmente, por estado de lactancia materna exclusiva. Se adhiere a uso de sertralina hasta 150 mg a la espera recién de merma de síntomas de acuerdo con plan terapéutico.

- Escala de evaluación en actividad global de 60 puntos el último mes.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Pérdida De Temporalidad Del Reposo: La definición de licencia médica contenida en el artículo 1° del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, establece que es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador (en su caso) y autorizada por una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral si cumple los requisitos legales establecidos para tales efectos o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda. De lo anterior se entiende que la finalidad de la licencia médica es que sea temporal y que tienda a la recuperación para retornar a la actividad laboral.

Cabe señalar que, de acuerdo a las guías referenciales de reposo contenidas en el Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que “APRUEBA REGLAMENTO SOBRE GUÍAS CLÍNICAS REFERENCIALES RELATIVAS A LOS EXÁMENES, INFORMES Y ANTECEDENTES QUE DEBERÁN RESPALDAR LA EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS”, en su artículo 4°, numeral II.- PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL, señala que al superar el plazo de 60 días de licencia médica (prorrogables a un máximo de 180 días), los reposos deben ser emitidos por médico psiquiatra, los síntomas deben ser de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Debe existir el antecedente de refractariedad o resistencia a tratamiento. Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, teniendo como referencia las Guías Clínicas del Ministerio de Salud.

b) Antecedentes Médicos Aportados Insuficientes Para Justificar Reposo:

Sin elementos psicopatológicos de gravedad. Descripción de sintomatología vaga y generalizada.

Sin descripción de la evolución del cuadro clínico en el tiempo.

No describe historia de refractariedad a esquemas farmacológicos previos ni optimizaciones recientes. Se mantuvo con antidepresivo ISRS de primera línea, cuya indicación fue incluso postergada.

Sin informe de psicoterapia que describa plan de tratamiento, metas planteadas y avances logrados a la fecha. Tampoco se describen otras medidas terapéuticas implementadas.

Informe médico no describe impedimento laboral asociado a patología.

Por todo lo anterior la COMPIN nombre reservado consideró que los antecedentes clínicos aportados no permiten estimar que el reposo otorgado mediante las licencias médicas N° 4-11407395 y 4-11797966 se encontrara clínicamente justificado y que cumpliera un rol terapéutico con acciones claras orientadas a lograr la mejoría y el reintegro laboral.

7.- Que además, es importante tener presente que la COMPIN, junto a la nombre reservado, son los organismos técnicos competentes para aprobar o rechazar las licencias médicas, tal como se ha indicado anteriormente, lo cual ha sido ratificado por esta Corte en diversos fallos, y también ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, a modo de ejemplo, en causa ROL N° 50.695, sentencia de fecha 28.05.2020, dictada en un recurso de protección también interpuesto en contra de la nombre reservado y de la COMPIN nombre reservado, por el rechazo de licencias médicas y que solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional; y que transcribe en lo pertinente.

8.- Que, el criterio anterior se reitera en sentencia dictada en causa Rol N° 50.695 y Rol N° 138.578-2020, de la Excelentísima Corte Suprema, dictadas en recursos de protección interpuestos en contra de la nombre reservado y de la COMPIN nombre reservado, por el rechazo de licencias médicas y que solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional; y que transcribe en lo pertinente.

9.- Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la COMPIN nombre reservado no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, nombre reservado no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que el rechazo de las licencias médicas y que origina la presente acción constitucional, lo fue en virtud de la legislación vigente y ratificado por la nombre reservado.

10.- Solicita, que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que ha tenido motivo plausible para litigar.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

a) Historial de licencias médicas.

b) Resoluciones de rechazos por COMPIN.

c) Resolución de nombre reservado.

d) Informes médicos.

Que, a folio 15, evacúa informe TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en los siguientes términos:

Doña nombre reservado, con fecha 13 de marzo del año 2023, ha interpuesto Acción de Protección en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-32832-2023, de 10 de marzo del año 2023, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social, rechazando el recurso de reconsideración interpuesto por la misma recurrente con fecha 13 de diciembre de 2022, confirmó lo dictaminado por la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-158776-2022, de 23 de noviembre del año 2022, la que, a su vez, había confirmado lo antes decidido por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado, que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 31 de julio de 2022, por cuanto la referida comisión médica consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

Agrega la accionante que tales resoluciones vulnerarían las garantías de los números 1º, 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política.

Respecto a la acción interpuesta en contra de su defendida, en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, ALEGA SU PALMARIA FALTA DE OPORTUNIDAD, al haberse interpuesto en forma subsidiaria de las reclamaciones que en su oportunidad se interpusieron ante la COMPIN y posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En efecto, doña nombre reservado, con fecha 13 de diciembre de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL solicitando la reconsideración de lo antes resuelto por su defendida, respecto a la confirmación del rechazo de las licencias médicas ya singularizadas por la causal de orden médico reposo no justificado.

De acuerdo con lo antes expuesto y como consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, la recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación del rechazo de esta licencia médica, dispuesto por la COMPIN ya citada y de la confirmación resuelta por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, desde que interpuso el referido recurso ante su defendida, a saber, el 13 de diciembre de 2022, sino muchos antes.

De tal forma, la acción constitucional de autos interpuesta, tres meses después, con fecha 13 de marzo de 2023, en subsidio de todas las reclamaciones administrativas, incluido el recurso jerárquico y de reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social, resulta manifiestamente extemporánea.

En efecto, el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

En relación con esta alegación, pide tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica. Por otra parte, se debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos.

En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad.

Lo anterior, sin perjuicio que, en cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional, como se demostrará, carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de su defendida que haya vulnerado y ni siquiera puesto en peligro algún derecho garantido por nuestra Constitución Política.

En respaldo de la tesis expuesta en cuanto a la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción de protección, cuando se ejerce en subsidio de otras instancias de revisión que contempla nuestro ordenamiento jurídico, cita los siguientes fallos:

a) Sentencia pronunciada por esta Iltma Corte de Apelaciones en causa Rol Corte 898-2013.Civ., del 7 de junio de 2013.

b) Fallo de 31 de octubre de 2017, pronunciado por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, en apelación de sentencia de recurso de protección, autos Rol N° 36.224-2017.

c) Sentencia firme pronunciada en la acción de protección Rol N° 7083 – 2004, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”.

d) Por último, fallo de 27 de diciembre de 2019, pronunciado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, en autos sobre Recurso de Protección, autos Rol N° 2192019.

Finalmente, hace presente que la declaración de admisibilidad ya resuelta en autos, se hizo sin previa notificación y audiencia de su parte, de tal forma que lo resuelto no puede ser obstáculo a que se declare, con los antecedentes por ella proporcionados, la palmaria falta de oportunidad y, por lo tanto, su rechazo por esta causa.

Pide se rechace la Acción de Protección interpuesta por doña nombre reservado por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, evacúa respecto del fondo del asunto, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, por carecer de todo fundamento.

Refiere que como la Acción de Protección de autos se ha interpuesto solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado, resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. En efecto, la citada COMPIN, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

I) ANTECEDENTES a) Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de doña nombre reservado

1.- Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, doña nombre reservado, con fecha 21 de octubre del año 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 31 de julio de 2022, por cuanto la referida comisión médica consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

2.- Con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, ellos recabaron los antecedentes médicos de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro o registro histórico de licencias médicas y la cartola médica del Servicio de Salud respectivo. En este último documento se indica como fundamento del rechazo lo siguiente: “...IM no describe sintomatología de gravedad, sin fracasos en tratamientos farmacológicos, sin evidencia de psicoterapia en curso. Se estima antecedentes no justifican la totalidad del reposo que apela, se reconsidera LM N° RUT reservado y mantengo rechazo de LM N° RUT reservado y RUT reservado reposo injustificado. /DGC...”

3.- Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-158776-2022, de 23 de noviembre del año 2022, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya otorgado, el cual alcanza a 180 días por la misma patología. En efecto, del informe otorgado, no es posible desprender información que de cuenta de los ajustes de tratamiento según respuesta, asistencia a atención de psicoterapia, activación de garantía GES con derivación a su centro de salud según previsión u otro tipo de intervenciones que permitan desprender el rol terapéutico de las licencias médicas reclamadas...”

4.- En efecto, revisado el caso por la Dra. nombre reservado, PSIQUIATRA de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “…Fundamentos de la resolución: Paciente de 33 años, enfermera. Completa 180 días de reposo autorizados por dg Reacción depresiva moderada a severa post parto, Tr. ansioso severo, Insomnio. Adjunta informe médico, emitido por médico psiquiatra particular (AE) tratante que indica sintomatología brevemente sin indicar síntomas de gravedad. Indica evolución, sin precisar mayormente limitación funcional ocasionada. Indica tratamiento farmacológico, sin precisar ajustes según respuesta. No acredita asistencia a psicoterapia, ni derivación a prestador de salud según previsión, para activación de garantía GES: Se rechaza apelación pues antecedentes resultan insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo otorgado…”

5.- Posteriormente, doña nombre reservado, con fecha 13 de diciembre de 2022, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UNRA-158776-2022, ya singularizado.

6.- La Superintendencia de Seguridad Social, previo nuevo estudio de los antecedentes médicos del caso, básicamente los mismos ya acompañados, por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-32832-2023, de 10 de marzo del año 2023, confirmó su anterior dictamen, confirmando el rechazo de las licencias médicas reclamadas por segunda vez. Lo anterior, por cuanto como se indica en el dictamen en comento: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En el informe médico no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. No acredita asistencia a psicoterapia...”

7.- En efecto, revisado el caso por el Dr. nombre reservado, PSIQUIATRA de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “...Fundamentos de la resolución: MAE. Reposo excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a dispositivos de mayor complejidad. En el informe médico no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifican los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. No acredita asistencia a psicoterapia…”

8.- Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida, la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región de La Araucanía y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

9.- Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

10.- Ahora bien, explicada la actuación que correspondió a la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado, corresponde referirse al marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales la Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social.

II) EL DERECHO ACERCA DE LA LICENCIA MÉDICA.

Hace presente que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporalmente para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SOMETE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS.

Hace presente, que el Procedimiento de Autorización de Licencias Médicas está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. De acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo en comento, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Que las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso de la recurrente de autos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En este punto, hace presente que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre ante esta Corte, se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTA MATERIA.

La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de la Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora.

Así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a la Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Hace presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍA REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Y, en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

AUSENCIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS Refiere en primer término, que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se han cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y la Superintendencia llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, señala que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

En cuanto a la ausencia de vulneración del derecho a la integridad física o psíquica, sostiene que su defendida se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social, respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral; y, en modo alguno, ha causado las afecciones psiquiátricas que padece la recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, y que no ha impedido el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso la cobertura que contempla su sistema de salud (COMPIN), autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

En resumen, la Superintendencia no ha intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso de la recurrente a la salud, teniendo la cobertura de su sistema previsional de salud común. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de la Sra. nombre reservado, responde al mandato legal de pronunciarse respecto de los reclamos que interpuso en contra de la COMPIN, con ocasión de haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de su derecho de propiedad, en este caso relacionado con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, la recurrente entiende, equivocadamente, que la actuación de la Superintendencia vulneraría su supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, el que operaría en reemplazo de su remuneración, lo que implicaría – en opinión de la recurrente - afectar un eventual o hipotético derecho de propiedad. Por las razones que se han señalado y las que se exponen a continuación no existe un derecho de propiedad vulnerado ni siquiera amenazado por los dictámenes de la Superintendencia.

Al respecto, cabe hacer presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

A mayor abundamiento, hace presente, que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Reitera, que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes administrativos que obran en el expediente administrativo, relativo al caso del recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

Se ordenaron traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social, por vulneración derechos y protección tanto de ella como la de su hija menor de edad por parte de ambas recurridas, debido al rechazo de las licencias médicas, FOLIO RUT reservado, FOLIO RUT reservado, extendidas por su médico tratante por un total de 60 días, desde el 31 de julio hasta 28 de septiembre 2022.

SEGUNDO: Que, la COMPIN nombre reservado alega falta de legitimación pasiva, lo que funda en que el acto recurrido fue dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que nada se puede imputar en esta sede a su respecto.

Sobre tal punto es necesario aclarar que no solo se recurre contra la Resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, sino que del mérito de los antecedentes aportados por la recurrente, consta que también se dirige de manera directa en contra los dictámenes de la citada Subcomisión, que rechazan licencias médicas, por lo que no cabe sino desechar la excepción de falta de legitimación pasiva.

TERCERO: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, reclama la falta de oportunidad de la presente acción, por cuanto se habría deducido fuera del plazo dispuesto en el auto acordado de la materia para la interposición de esta clase de recursos.

Al respecto, cabe señalar que el presente recurso se ha dirigido en concreto en contra de las resoluciones exentas que confirmaron el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, estimando que los efectos de los actos administrativos que se reclaman, tiene efectos permanentes, toda vez que impiden a la recurrente tener cobertura de sus patologías por lo que se rechazará según se dirá en lo resolutivo.

CUARTO: Que en cuanto al fondo y para efectos de resolver la controversia planteada en la presente acción es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

QUINTO: Que así, según se observa en las resoluciones impugnadas, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SEXTO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I. Que, SE RECHAZA la alegación de falta de legitimación pasiva de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

II. Que, SE RECHAZA la alegación de falta de oportunidad planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social III. Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, disponiendo dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N° R-01-UNRA-158776-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022 y R-01-IBS-32832-2023, de fecha 10 de marzo de 2023, emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

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