Protección contra Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, en representación convencional de doña nombre reservado, funcionaria de Carabineros de Chile con el grado de Cabo Segundo, y de su hija menor de edad, nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representada por el General don nombre reservado, por estimar que los actos administrativos emanados de dicha entidad —consistentes en el traslado de la funcionaria desde la 8ª Comisaría de Temuco a la 6ª Comisaría de Ercilla, dispuesto mediante Documento Electrónico N° 189877048 de 25 de agosto de 2023, y el rechazo del recurso de reconsideración deducido en su contra mediante Documento Electrónico N° 198455940 de 11 de enero de 2024— son ilegales y arbitrarios.

Fundamentan el recurso en que tales actos vulneran derechos fundamentales garantizados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en particular los numerales 1° (derecho a la vida e integridad física y psíquica), 2° (igualdad ante la ley), 3° (derecho al debido proceso), y 24° (protección del derecho de propiedad), además de desconocer el principio del interés superior del niño y el principio de igualdad y no discriminación en razón de género.

Relatan que la Sra. nombre reservado, de 25 años de edad, es madre de una niña lactante de 8 meses, se encuentra con licencia médica y bajo fuero maternal. Agregan que la recurrente tiene el cuidado exclusivo de su hija y de su abuela de 80 años, con un 70% de discapacidad. El acto administrativo impugnado fue dictado cuando la funcionaria se encontraba embarazada, y el traslado fue dispuesto hacia la ciudad de Ercilla, Región de La Araucanía, específicamente a la 6ª Comisaría de dicha localidad, la que se encuentra ubicada en una zona catalogada como de alta complejidad o 'zona roja', por ser un territorio con altos niveles de tensión social y conflicto rural, especialmente sensible para el personal policial.

Se denuncia, además que, la recurrida no consideró ni ponderó adecuadamente los antecedentes personales, familiares, médicos y psicológicos de la funcionaria, los cuales fueron presentados oportunamente, vulnerando con ello las normas de orden público que regulan la protección a la maternidad contenidas en el Código del Trabajo (artículos 194, 197 bis y 206), la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos. Asimismo, se acusa infracción al Manual de Traslados de Carabineros de Chile, en particular su numeral 2.4.2, y a su Código de Ética, que consagran el deber de considerar factores personales y familiares en la adopción de este tipo de decisiones.

Afirman que la negativa de la Dirección del Personal a reconsiderar el traslado se basa en motivos vagos y genéricos, carentes de motivación individualizada, y que ignoran la realidad de la madre trabajadora y las obligaciones institucionales respecto de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Sostienen que el traslado vulnera el principio de igualdad material al tratar de forma igual a personas en situaciones notoriamente desiguales, sin considerar las necesidades y cargas específicas derivadas de la maternidad y el cuidado exclusivo de un lactante. Agregan que la recurrida incurre en un trato discriminatorio al omitir la perspectiva de género en su análisis.

Solicitan que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones declare que los actos administrativos impugnados son ilegales y arbitrarios, que se deje sin efecto la orden de traslado de la funcionaria y la resolución que rechazó la reconsideración; que se ordene a la Dirección del Personal de Carabineros abstenerse de emitir nuevas decisiones en igual sentido mientras subsistan las condiciones personales de la recurrente; que se dispongan medidas conducentes al restablecimiento del imperio del derecho y se condene en costas a la recurrida. Acompañan informes médicos, psicológicos, administrativos, certificados de nacimiento, acta de cese de convivencia y antecedentes reglamentarios internos de Carabineros que respaldan sus afirmaciones.

Evacuando el informe por la recurrida, comparece don nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal, quien expone, en primer lugar, los antecedentes administrativos de la actora. Así afirma que aquella ingresó a la institución el 21 de octubre de 2019 como Carabinero Alumno, siendo nombrada con el grado de Carabinero el 02 de diciembre de 2019 y destinada a la 12° Comisaria de la Prefectura Santiago Sur. Posteriormente, fue trasladada a contar del 16 de enero de 2021 a la 8° Comisaría de “Temuco” de la Prefectura “Cautín” N° 22, permaneciendo en dicha Unidad a la fecha del informe.

Que por medio de Documento Electrónico N.C.U. 189744629, de 24 de agosto de 2023, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional, por orden del Director Nacional de Personal, se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos de la recurrente, a contar del 1 de septiembre de 2023, con los derechos reglamentarios, hacia la 6° Comisaría de la Prefectura Malleco N° 21, movimiento que fue regularizado en la Orden de Traslado N° 103, de 26 de septiembre de 2023, de esa Alta Repartición, publicada en el Boletín Oficial N° 5.083, del 2 de octubre de 2023.

Indica que, con fecha 27 de agosto de 2023, la 8° Comisaría de Temuco, notificó personalmente a la citada funcionaria del traslado dispuesto, manifestándose no conforme y haciendo uso de la instancia normativa que le asiste, presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta por orden del Director Nacional de Personal Suplente, a través del Documento Electrónico N.C.U. 198451934, de 11 de enero de 2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional, de la Dirección de Gestión de Persona de esa dependencia, denegándose su solicitud, toda vez que dicho movimiento obedeció a las necesidades propias del servicio, basadas en una redistribución de personal para el correcto y óptimo desarrollo de los servicios policiales, a fin de dotar de más recurso humano a la Unidad policial de destino.

Refiere que se tuvo presente en aquella oportunidad, diferentes factores objetivos que hacían necesario dicho movimiento, a saber, la elevación de categoría de la Subcomisaría Ercilla a conformarse la 6° Comisaría Ercilla de la Prefectura Malleco N° 21, lo que conllevó a la redistribución del recurso humano conforme al grado jerárquico que ostentaba la actora.

Agrega que, en todo caso, a fin de evitar una disgregación familiar, el traslado de la recurrente fue dispuesto con los derechos reglamentarios, estipendio que abarca los beneficios de asignación por cambio de residencia, pasajes para la funcionaria y su grupo familiar y flete, esto es, la mudanza por cuenta fiscal de especies de menaje y casa que deba realizar la funcionaria a su nueva destinación.

Que, con fecha 11 de enero de 2024 se notificó personalmente a la funcionaria del contenido íntegro del Documento Electrónico N.C.U. de 11 de enero de 2024, del Departamento, según consta en acta de la 8° Comisaría de Temuco de la Prefectura Cautín, firmada por ésta.

En todo caso, hace presente que la funcionaria a ese entonces no había sido despachada aún al lugar de su nueva destinación, por cuanto ésta se encontraba haciendo uso de licencia médica, desde el 27 de septiembre de 2024 hasta el 26 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive, de forma que el despacho de la actora quedó condicionado al término de su reposo médico.

Arguye que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional. Cita al efecto el art. 3 de la ley N° 18.961, artículo 10 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9 y el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de 2019, de la Dirección General.

Asevera que es parte de la política institucional el compromiso que adquiere cada funcionario al ingresar a ella, debiendo prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

Agrega que la señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

Asevera que es esa directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de dicha facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

Así, sostiene, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

Conforme a lo expuesto, niega la afectación de garantías fundamentales denunciada por la recurrente, estimando que la decisión de traslado de la funcionaria se ajusta a la normativa vigente, solicitando el rechazo del recurso.

Por último, en lo que se refiere a la interposición del recurso dentro de plazo, indica que la recurrente fue notificada el 11 de enero de 2024 de lo resuelto por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional respecto de su reconsideración de traslado, de modo que a contar de entonces la recurrente tomó conocimiento cierto del supuesto acto u omisión arbitraria o ilegal que habría ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías y derechos alegados. En consecuencia, el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea, solicitando su rechazo también por este motivo.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia de 14 de abril del año en curso, a la que comparecieron los abogados de las partes alegando ante estrados, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección procede respecto de todo acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los numerales 1°, 2°, y 24° del artículo 19 de la misma Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por la parte recurrida, cabe tener presente que el acto impugnado –esto es, la orden de traslado de la funcionaria policial y el rechazo del recurso de reconsideración– constituye una decisión que proyecta sus efectos de manera permanente en el tiempo, por cuanto no se agota en una sola ejecución sino que implica una modificación relevante, duradera y continua en la vida familiar y profesional de la recurrente. En consecuencia, tratándose de un acto de efectos permanentes, el plazo para interponer el recurso de protección se computa no desde la dictación formal del acto, sino mientras subsista la afectación a los derechos fundamentales invocados. Por ende, la acción ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en el numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, por lo que la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

TERCERO: Que, en la especie, como se señaló, se ha recurrido en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, por haber dispuesto el traslado de la recurrente, funcionaria policial con el grado de Cabo Segundo, desde la 8ª Comisaría de Temuco a la 6ª Comisaría de Ercilla, y rechazado sin la debida fundamentación el recurso de reconsideración interpuesto en su contra. La recurrente denuncia que tales actos afectan sus derechos fundamentales, al no haber sido ponderadas las condiciones personales y familiares expuestas en su solicitud, consistentes en el cuidado exclusivo de una hija lactante de ocho meses de edad y de una abuela con alto grado de discapacidad.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, consta que la funcionaria hizo presente en sede administrativa la especial situación familiar y personal que le afecta, solicitando que se dejara sin efecto la medida de traslado o, al menos, que se reconsiderara su ejecución. La autoridad recurrida, sin embargo, al resolver el recurso de reconsideración, documento que se ha tenido a la vista, no se hizo cargo de los antecedentes fundantes de la solicitud, limitándose a invocar en términos generales las necesidades del servicio, sin ponderar ni desestimar expresamente las circunstancias personales invocadas por la recurrente.

QUINTO: Que, la omisión de toda referencia o análisis de los antecedentes personales expuestos por la recurrente en su solicitud administrativa vulnera el principio de fundamentación de los actos administrativos, consagrado en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, el cual exige que las decisiones de los órganos de la Administración del Estado deben ser debidamente motivadas cuando afecten derechos de los particulares. Este requerimiento cobra especial relevancia cuando se invocan razones relacionadas con la maternidad, el interés superior del niño, o la salud familiar, todos constitucional y legalmente protegidos.

SEXTO: Que, además, debe recordarse que el Código del Trabajo —norma aplicable supletoriamente al personal de Carabineros en materias de protección a la maternidad, conforme al artículo 194 inciso tercero— impone al empleador un deber reforzado de compatibilizar el trabajo con la vida familiar, particularmente cuando se trata del cuidado de menores de corta edad, norma que adquiere aún mayor fuerza tratándose de personal público o dependiente de instituciones jerarquizadas como Carabineros de Chile, lo que resulta especialmente relevante cuando la destinación funcional compromete el cuidado de una menor lactante y el entorno inmediato de la madre trabajadora.

SÉPTIMO: Que, adicionalmente, debe tenerse especialmente en cuenta que la ciudad de Ercilla, ha sido calificada reiteradamente como zona de alto riesgo institucional para el personal policial, caracterizada por hechos de violencia rural, ataques armados, amenazas constantes a la integridad del personal uniformado y presencia activa de conflictos territoriales que hacen del destino una plaza de alta peligrosidad. En dicho contexto, el traslado de una mujer que ha sido madre en un tiempo reciente a una unidad emplazada en un territorio con tales características, sin ponderar su situación de fuero maternal, afecta no solo su integridad psíquica sino que agrava la amenaza a su integridad física, con afectación directa a su hija menor. Lo anterior impone a la Administración una obligación reforzada de evaluar adecuadamente los factores personales antes de disponer su destinación, máxime cuando existen antecedentes concretos que permiten calificar la medida como desproporcionada y lesiva a los derechos fundamentales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al no haber considerado debidamente los antecedentes expuestos por la funcionaria ni otorgado una respuesta fundada, razonada y proporcional, los actos administrativos recurridos revisten un carácter arbitrario, desde que omiten la aplicación del principio de proporcionalidad, vulneran el derecho a la integridad psíquica de la madre recurrente y el interés superior del niño en el ejercicio de la potestad administrativa.

NOVENO: Que, en virtud de lo razonado, se acogerá el presente recurso de protección.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad del recurso.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y en favor de su hija menor de edad nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representada por el General don nombre reservado.

III.- En consecuencia, se deja sin efecto el acto administrativo contenido en el Documento Electrónico N° 189877048 de fecha 25 de agosto de 2023, mediante el cual se ordenó el traslado de la funcionaria recurrente desde la 8ª Comisaría de Temuco a la 6ª Comisaría de Ercilla, Región de La Araucanía.

IV.- Igualmente, se deja sin efecto el acto administrativo contenido en el Documento Electrónico N° 198455940 de fecha 11 de enero de 2024, por el cual se rechazó el recurso de reconsideración deducido en sede administrativa por la misma recurrente.

V.- Del mismo modo, se deja sin efecto todo acto posterior a ambos actos administrativos singularizados, que supongan darle validez al referido traslado, debiendo la recurrida disponer en el más breve plazo, el retorno de la recurrente a su destinación anterior en la 8° Comisaría de Carabineros de Temuco.

VI.- Se ordena a la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile abstenerse de disponer nuevos actos de traslado respecto de la funcionaria recurrente mientras subsistan las condiciones personales y familiares que motivaron esta acción constitucional, debiendo en caso de adoptar futuras decisiones administrativas, fundarlas adecuadamente conforme a la normativa vigente y en estricto respeto de los derechos fundamentales de la afectada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

N°Protección-6209-2024. (csd)