INVERSIONES DEL LAGO IDELA LIMITADA Y OTROS con MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

C.A. de Temuco Temuco, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Comparece José Francisco Montalva Feuerhake, abogado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad de Temuco, en representación según se acreditará de Inmobiliaria Puerto Pucon Tres S.A, persona jurídica del giro de su denominación, nombre reservado 77.099.355-5; nombre reservado, abogado, Cedula Nacional de Identidad RUT reservado; nombre reservado, corredora de propiedades, Cedula Nacional de Identidad RUT reservado; nombre reservado, corredora de propiedades, Cedula Nacional de Identidad RUT reservado; nombre reservado, corredora de propiedades Cedula Nacional de Identidad RUT reservado; Comercial Del Sur Spa., nombre reservado 76.078.361-7; Inmobiliaria Los Boldos de Pucón Spa., nombre reservado 76.450.171-3; Inmobiliaria Espacios de Pucón Spa., nombre reservado 76.724.401-0; Inversiones Del Lago Idela Limitada, nombre reservado 76.524.873-6; todos de su mismo domicilio para estos efectos, y expone:

Que con el mérito de lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, deduce Acción de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, persona jurídica de Derecho Público, nombre reservado número 69.191.600-6, representada por su alcalde Carlos Barra Matamala, de quien desconozco oficio o profesión, Cedula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

ANTECEDENTES Que la recurrida con fecha 30 de diciembre de 2019 aprobó el Decreto Exento N° 3344, por el cual se aprueba la “Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico” para la comuna de Pucón. Dicho instrumento en diversas disposiciones vulnera los derechos constitucionales de mis representados, tal y como se pasa a explicar a continuación.

1.- Como primera cuestión a abordar resulta esencial señalar que la Ordenanza tiene por objeto “la promoción, desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la comuna de Pucón” según se indica en el artículo 1° de la misma. Sin embargo, de la sola lectura de la Ordenanza ya señalada, queda en evidencia que esta excede los límites de lo permitido para una ordenanza municipal, por cuanto en los artículos posteriores se procede a definir y clasificar los servicios de alojamiento turístico, específicamente en los artículos 4 y 5 de la misma. Similar situación ocurre en los artículos 6° y 7° en los cuales se hace una clasificación de los diferentes tipos de alojamientos turísticos u operadores del rubro.

Esta situación Ssa., resulta sumamente relevante, por cuanto con fecha 12 de febrero de 2010 se publicó la Ley 20.423 “Del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo” que se encuentra vigente, la cual en su artículo 30 señala “El sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos, en adelante el sistema, comprende un Registro de los servicios turísticos agrupados por tipo, de acuerdo a las definiciones establecidas en el Reglamento.” El reglamento al que hace alusión la disposición transcrita se creó por medio del Decreto Supremo N° 19 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de Abril de 2019, el cual en sus artículos 2° y 3° define entre otros lo que debe entenderse por prestador de servicios turísticos, servicio de alojamiento turístico.

Como queda en evidencia por lo ya señalado, la Ordenanza Municipal dictada por la recurrida viene a normar algo que ya está regulado por Ley, y por el Decreto Supremo mencionado, lo cual sin ninguna duda implica una ilegalidad, puesto que no puede pretender la recurrida mediante un decreto alcaldicio, regular y modificar lo que está regulado por una Ley y por un Decreto Supremo.

En el caso en cuestión la Ley 20.423 regula la materia, y ordena la dictación de un Reglamento lo que se concreta mediante el Decreto supremo N° 19 ya citado. La relevancia de lo indicado recae en el hecho de que la recurrida al definir algunos conceptos lo hace en contravención de definiciones legales contenidas en la Ley y en el Reglamento, dando conceptos diferentes de aquellos, no pudiendo entonces dar una definición distinta de las contenidas en la Ley y en el Reglamento.

Efectivamente, la dictación de la Ordenanza Municipal por parte de la recurrida no hace sino infringir el ordenamiento jurídico, entendiéndose por tal el conjunto unitario y coherente de normas jurídicas que rigen en un cierto momento dentro de un ámbito espacial determinado. Si bien es cierto la Ordenanza municipal es una fuente del derecho, no puede pretenderse que esta venga a modificar lo que se encuentra establecido por Ley, o por el Reglamento dictado por un Decreto Supremo, simplemente porque es una norma de una jerarquía inferior.

Efectivamente Ssa., Iltma., si bien es cierta la existencia de una pluralidad y diversidad de fuentes del derecho, por lo que resulta imprescindible entonces aclarar que no todas gozan del mismo valor, puesto que algunas están en una relación de supraordenación respecto de las otras. Lo anterior en referencia al principio de Jerarquía, es decir estamos hablando de algo tan esencial como es la tesis de la pirámide normativa, teoría sustentada por Hans Kelsen, quien sostuvo que “una norma jurídica es válida en cuanto ha sido creada de acuerdo a una determinada regla, y solo por ella. La norma fundamental de un orden jurídico es la regla suprema de acuerdo con la cual los preceptos de tal orden son establecidos y anulados. Esto quiere decir que las normas tienen distintos grados o estratos dentro del sistema, de forma tal que la norma superior es una condicionante para la de rango inferior. Así las cosas se hace evidente que la recurrida al dictar la Ordenanza que motiva la presente acción, vulnera el ordenamiento jurídico, puesto que modifica el contenido de la Ley 20.423 y así mismo el Decreto Supremo N° 19 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, todas normas superiores a una ordenanza municipal.

Es más, Ssa., el hecho de que la actividad de alojamientos turísticos se encuentra regulada por la Ley 20.423 y su reglamento, lo señala la propia ordenanza dictada por la recurrida. Efectivamente en el artículo 42 Inc. 2° se señala “La Ley y reglamento de urbanismo y construcción (Esta parte supone que es en referencia al Decreto con Fuerza de Ley 458 de 1976 Ley General de Urbanismo y Construcciones y al Decreto Supremo N° 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que crea la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), el plan regulador de la comuna de Pucón, y la Ley de Turismo y su Reglamento, tiene estrictamente regulada la actividad de los alojamientos turísticos.” Lo que nos lleva a concluir Ssa., que si la Ley de Turismo tiene regulada la actividad turística, no puede entonces la recurrida mediante una simple Ordenanza Municipal regularla de una forma distinta, incluyendo nuevas exigencias y condiciones, bastante más gravosas que las que establece la propia Ley, llegando incluso a vulnerar derechos consagrados constitucionalmente como se indica más adelante.

2.- Aclarado lo señalado en el punto precedente, resulta necesario indicar que la totalidad de mis representados ejercen actividades económicas que dicen relación con el arrendamiento de bienes inmuebles, ejerciendo actividades económicas licitas como son el desarrollo inmobiliario y el corretaje de propiedades, ya sea de forma directa o indirecta, y que están siendo privados perturbados y amenazados de sus derechos, por diversas disposiciones contenidas en la ordenanza, tal y como se expone a continuación: Las normas contenidas en la Ordenanza que vulneran los derechos de mis representados son las siguientes:

.-A) El artículo 9° de la Ordenanza señala “La municipalidad de Pucón llevará un registro obligatorio de alojamientos denominado Registro Municipal de alojamientos turísticos.”

Artículo 10° Inc. 3°:“Este registro será automático, generado a partir de la información entregada semestralmente por la oficina de rentas y patentes, a su vez será de carácter público y deberá encontrarse disponible en la página web de la Dirección de Turismo o aquella que la reemplace.”

Artículo 11° indica la información que contendrá el registro señalando los siguientes datos: Razón Social; Rut; Representante legal; Rut; Nombre de Fantasía; Clasificación de la patente (cabaña, hotel, hostal u otro); Tipo de patente (Provisoria, definitiva, micro empresa familiar.); Rol de la patente; Estado de la patente; Teléfono; Dirección; Correo electrónico.

Por otro lado el artículo 22° indica que el Registro Municipal de Corredores y Administradores de Propiedades contendrá la siguiente información: Nombre completo o razón social; Rut; Representante legal; Rut; Fecha de ingreso al registro; Teléfono; Dirección; Correo electrónico.

Como puede comprenderse fácilmente, las normas citadas y transcritas son abiertamente ilegales por ser contrarias a la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. Efectivamente Ssa., en la mencionada Ley específicamente en su artículo 20 se establece “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar a terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la administración del Estado, requerido, deberá dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. Los terceros podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa”. En razón de lo anterior, es evidente que la Ordenanza es contraria a la ley 20.285, puesto que no solo se limita a requerir información de carácter privada respecto de quienes desarrollen actividades relacionadas con el alojamiento turístico, sino que además al señalar que esta información será de carácter pública, incluyendo datos a lo menos sensibles tales como el teléfono y la dirección entre otros, se está vulnerando los derechos de aquellos quienes desarrollan actividades como las reguladas.

Es más, al señalar la ordenanza que dicho registro será de carácter público, implica además la privación de un legítimo ejercicio del derecho de oposición a que la información se entregue a terceros, tal y como lo contempla el artículo 20 de la Ley 20.285.

Es evidente Ssa., que el legislador al dictar la Ley 20.285 y consagrar el derecho de oposición a la entrega de información a terceros, lo hizo con la clara intención de proteger los datos que pudieran ser sensibles, de ahí la obligación de la administración de informar respecto de la solicitud de información a aquel que se pudiera ver afectado y así mismo de quien la solicita, con la finalidad de que pueda existir la oposición a la entrega de dichos datos.

Tal y como se indica en la Ordenanza, al ser esta información de carácter pública y estar en la página web de la municipalidad, no existe la posibilidad de oponerse, puesto que ésta ya está subida a la web, no siendo necesario solicitarla, impidiendo de esta forma el ejercicio de un derecho consagrado en la Ley, consistente en el derecho a oposición para la entrega de la información. Si bien el derecho de oposición no está consagrado en la Constitución como cautelado por la acción de protección, es relevante señalarlo como un antecedente claro de lo ilegal de la Ordenanza dictada por la recurrida, pero especialmente pues constituye una vulneración al derecho al respeto y a la protección de la vida privada, contemplado en el artículo 19 N° 4.

Efectivamente Ssa., el artículo 19° N° 4 de la Constitución Política, que señala “El respeto y protección a la vida privada…” Así las cosas, el hecho de que mis representados realicen una actividad económica legitima, no implica que estén obligados como se pretende por la recurrida a entregar información definitivamente de carácter privado, tal como es su número de cedula de identidad, su dirección, o su teléfono entre otros. Es evidente que esta exigencia constituye una perturbación, amenaza y privación de su vida privada, siendo ilegal la exigencia de entregar cierta información para inscribirse en el registro que según indica la propia ordenanza dictada por al recurrida es de carácter pública.

Solo a modo de ejemplo y con la única finalidad de ilustrar a Ssa., es que me permitiré mencionar una situación similar. El escalafón primario del poder judicial se encuentra obligado a tener declaraciones de patrimonio e intereses. Sin embargo y como es de toda lógica, existen en dichas declaraciones información que es de carácter reservado, como son la dirección, el teléfono entre otros, y que al revisar en la página web del poder judicial estas declaraciones, dichos datos se encuentran tachados, de tal forma que no se tenga acceso a ellas por contener información de carácter privado. Sin embargo, la recurrida, a través de la ordenanza está exigiendo que esos datos privados se encuentren exhibidos de forma pública, con lo cual sin ninguna duda mis representados están viendo infringidos su derecho a la vida privada y a la protección de la misma.

B.- Por otro lado Ssa., tanto el artículo 9 como el 13 de la Ordenanza dictada por la recurrida, señalan la obligatoriedad de la inscripción en los registros, lo cual sin duda alguna constituye una vulneración a lo establecido en el artículo 19 N° 16 Inc. 4° de nuestra carta fundamental, la cual señala “ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo.” Es obvio que eso es precisamente lo que la recurrida está exigiendo a mis representados, inscribirse en un registro, afiliarse, o de lo contrario serán sancionados con las multas que la propia ordenanza señala.

C.- Continuando con las ilegalidades, el artículo 21° de la Ordenanza señala “De las obligaciones tributarias de corredores y administradores de propiedades. Los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni que sea percibida como trabajador dependiente incluyéndose los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital puedan estar acogidos por la segunda categoría como persona natural y ocupar boleta de honorarios, sin necesidad de constituir una empresa.

Así las cosas, la Dirección de Turismo, a través de su unidad de fiscalización, constatando una infracción de estos operadores turísticos estará obligada a formular la denuncia respectiva al servicio correspondiente en forma inmediata.”

Como es sabido Ssa., Iltma., la municipalidad carece de las atribuciones para fiscalizar el pago de los impuestos, facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos, no entendiéndose de que forma la unidad de fiscalización de la Dirección de Turismo municipal pretende fiscalizar el cumplimiento de la carga impositiva, pues si bien, lo cual no es solo ilegal por carecer el municipio de dicha facultad, sino que lo anterior, tan solo puede realizarse mediante la solicitud de exhibición de la documentación tributaria, luego, dado que el municipio no puede fiscalizar el pago de los tributos es evidente que tampoco goza de la facultad de solicitar dicha documentación.

Tal y como se indicó, la Municipalidad carece totalmente de facultades para ello, no existiendo sustento legal alguno ni aun en la Ley Organiza Constitucional de Municipalidades que lo faculte.

D.- Artículo 31: De la obligación de fiscalización propiamente tal: Señala el mencionado artículo que la unidad de fiscalización realizará una revisión on-line de la oferta turística, para luego realizar reservas de alojamiento. Como es de toda lógica estas reservas en la práctica no se van a pagar, puesto que la finalidad de hacerlas es tan solo poder verificar la regularidad del servicio prestado, lo cual sin ninguna duda implica una perturbación al ejercicio de la actividad económica que desarrollan mis representado. Solo a modo de ejemplo, que ocurriría si el servicio de alojamiento cuenta con las autorizaciones requeridas, pero debe rechazar nuevas solicitudes o reservas de alojamientos por entender que estaría completamente lleno el establecimiento, dado que el municipio está dedicado a realizar reservas falsas. Resulta de toda lógica que esta situación constituye, a lo menos, una amenaza y una perturbación en el legítimo ejercicio de mis representados a desarrollar una actividad económica licita, vulnerándose de esta forma el artículo 19 °21 de la Constitución política de la Republica. Efectivamente Ssa., el articulo 19 N° 21 establece “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional” y no queda duda que el hecho de que por la Ordenanza dictada por la recurrida que establece como obligación de la unidad de fiscalización realizar reservas falsas de alojamiento, con la intención de proceder a fiscalizar se infringe dicha disposición.

Efectivamente Ssa., queda sujeto además al criterio de la unidad de fiscalización en qué servicio de alojamiento turístico se realizaran las reservas, lo cual ya es arbitrario, y sin ninguna duda resulta esto ser a lo menos una amenaza o una perturbación en el ejercicio de la actividad económica, puesto que esto genera que se van a realizar reservas que obviamente no se van a concretar, lo cual puede implicar que frente a solicitudes reales de alojamiento estas se rechacen por estar el servicio completo, cuando en realidad lo que existe una reserva falsa realizada por el municipio.

E.- Continuando con las situaciones anómalas, el artículo 36 establece el procedimiento de denuncia, señalando la misma disposición que esta la podrá realizar cualquier ciudadano, ya sea en forma nominal o anónima, lo cual sin ninguna duda también se presta para la existencia de denuncias mal intencionadas, entre competidores, sin que exista sanción alguna respecto de aquel que formule denuncias falsas. Esto sin ninguna duda también constituye una clara amenaza o perturbación al ejercicio de desarrollar una actividad económica.

F.- Por otro lado y mucho más grave resulta ser lo establecido en el artículo 39 de la Ordenanza, al señalar que los fiscalizadores “estarán dotados de la facultad para requerir información al fiscalizado, acceder a los locales, establecimientos, condominios, empresas y a cualquier otro lugar en donde se pudieren recabar antecedentes relevantes para la fiscalización del alojamiento turístico”. Esta situación Ssa., definitivamente resulta ser inadmisible, por cuanto el otorgar esas facultades constituye una perturbación, amenaza y privación del derecho a la inviolabilidad del hogar, consagrado en el artículo 19 n° 5 de la Constitución Política, y qué duda cabe también al respeto y a la protección de la vida privada.

El derecho en comento fue recogido por nuestro constituyente, en base a la acepción proporcionada por Don nombre reservado en su libro Elementos del Derecho Penal, el que lo definió como “Se entiende por hogar, casa o morada, el recinto de las habitaciones y sus dependencias en que una persona vive o ejerce sus actividades de trabajo y también los recintos cerrados que tenga bajo su control a cualquier título, aunque no concurran las circunstancias de vida o actividad dentro de él.” Qué duda cabe Ssa., de que el otorgar facultades a los fiscalizadores de una forma tan amplia como se pretende por la recurrida, “acceder a los locales, establecimientos, condominios, empresas y a cualquier otro lugar en donde se pudieren recabar antecedentes relevantes para la fiscalización del alojamiento turístico” implica una ilegalidad y una amenaza, perturbación y privación frente al derecho en comento, especialmente si el propio artículo 19 N° 5 indica “El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por ley.”

Efectivamente Ssa., el hecho de otorgar la facultad a un fiscalizador para ingresar a un local, establecimiento etcétera, como lo hace la recurrida en la Ordenanza, resulta simplemente ilegal, por cuanto resulta contrario a lo dispuesto en la constitución, y por otro lado, si se le faculta a entrar, obviamente no es para que se dé una vuelta al interior del recinto, sino que lo hará con la finalidad de registrar el lugar en búsqueda de documentación que le sirva para efectuar la fiscalización, es decir, la recurrida pretende otorgar la facultad de registrar.

Pero el artículo 39 de la Ordenanza en cuestión no se limita a lo ya señalado, si no que continúa señalando en su Inc. 4° que podrá solicitar cooperación a las fuerzas de Seguridad, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Esta disposición solo puede entenderse en el caso de que la recurrida pretenda ingresar por la fuerza, con lo cual queda en mayor evidencia lo ilegal de la disposición.

G.- Continuando con las situaciones anómalas, continúa el artículo 42 de la Ordenanza dictada por la recurrida señalando en su Inc. Final haciendo una referencia a lo establecido en la Ley 20.169 que regula la competencia desleal, señalando que lo contemplado en ella le serviría de fundamento. Pues bien, Ssa., basta solo con leer el artículo 3° de dicho cuerpo legal para entender que ninguna de las situaciones que indica la ordenanza dictada por la recurrida se encuentran en el marco de lo que legalmente se debe entender por Competencia o actos de competencia desleal. De tal manera que queda nuevamente en evidencia el descuido y la falta de prolijidad con que se ha dictado la Ordenanza por parte de la recurrida, citando incluso cuerpos legales que nada tiene que ver con lo que pretende normar. Lo anterior, no hace sino confirmar lo ilegal de la Ordenanza dictada por la recurrida.

H.- Por otro lado el artículo 43 de la Ordenanza dictada por la recurrida señala: “De los condominios de departamentos y casas. N° 1 El departamento o casa de un condominio deberá estar autorizado por el reglamento de copropiedad inicial o tener la autorización por asamblea extraordinaria de copropietarios con el quórum legal para poder destinar la o las unidades habitaciones a fines comerciales y así poder desarrollar en forma legal el alojamiento turístico“.

Como inequívocamente se desprende de la disposición citada y transcrita, esta constituye una perturbación, una amenaza y una privación a todas luces ilegal al legítimo ejercicio del derecho de propiedad. Efectivamente Ssa., el articulo 19 N° 24 en su Inc. 2° señala “Solo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.”

En atención a que la Ordenanza dictada por la recurrida en su artículo 43 establece requisitos para poder gozar de la propiedad, en una clara infracción a lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 Inc. 2 es que no puede sino interpretarse como una privación del derecho de propiedad, puesto que tal y como allí se indica, estas materias solo pueden ser reguladas por Ley, y no como pretende la recurrida, limitar el dominio o establecer requisitos, condiciones o límites al ejercicio de las facultades del dominio a través de una mera ordenanza municipal. Efectivamente Ssa., la facultad de goce habilita al titular para gozar de la cosa, vale decir, percibir para sí todos los frutos que ella sea susceptible de producir, sin que tenga facultades la recurrida para establecer límites o condiciones para ello.

I.- Continuando con las situaciones ilegales, irregulares y vulneratorias de derechos, el artículo 53 de la Ordenanza dictada por al recurrida señala “Se prohíbe expresamente la práctica de actividades de promoción, publicidad y difusión activa o pasiva, de arriendo de casas, departamentos, cabañas o cualquier tipo de actividad de alojamiento turístico por particulares o empresas de publicidad, destinada a captar turistas, en vías o bienes nacionales de uso público”. Como es de toda lógica, con la sola lectura de la norma citada y transcrita, se hace evidente que ésta atenta contra el derecho de a desarrollar cualquier actividad económica, establecido en el artículo 19 N° 21 de la carta fundamental. Efectivamente Ssa., la recurrida no puede, por carecer de las facultades para ello, de establecer límites al ejercicio de una actividad económica, menos aun cuando lo hace limitando el libre tránsito en vías o bienes nacionales de uso público.

J.- Por último Ssa., y como una muestra más de lo irregular de la ordenanza dictada por la recurrida, es el articulo 59 N° 4 que señala al Servicio de Vivienda y Urbanización como el encargado de hacer cumplir la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en circunstancias que esa facultad se encuentra radicada en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Como ya se indicó esto no es sino una muestra más de lo desprolijo, incoherente e irregular de la ordenanza dictada por al recurrida.

DERECHOS VULNERADOS 1.- Artículo 19 N° 4 El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y así mismo la protección de sus datos personales.

2.- Artículo 19 N° 5 La inviolabilidad del hogar y de toda otra forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley.

3.- Artículo 16° la Libertad de trabajo. Ninguna Ley o disposición podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo.

4.- Artículo 19 N° 21 El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica.

5.- Artículo 19 N° 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella.

La forma en que la recurrida de manera ilegal y arbitraria, ha privado, perturbado y amenazado ha sido expuesta de forma precedente. Concluye solicitando tener por entablada acción de protección constitucional en contra de la Municipalidad de Pucón, representada por su Alcalde Carlos Barra Matamala, ya individualizado, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar a sus representados la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar a la recurrida que deje sin efecto la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico aprobada mediante Decreto Exento Municipal N° 3344 de fecha 30 de Diciembre de 2019.

En apoyo de sus pretensiones acompañó los siguientes documentos: 1.- Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico aprobada mediante Decreto Exento Municipal N° 3344 de fecha 30 de Diciembre de 2019; 2.- Escritura pública suscrita ante el Notario Público suplente de Pucón, de Mandato Judicial Repertorio N° 162 de fecha 20 de Enero de 2020, que acredita mi capacidad para representar a Inmobiliaria Puerto Pucón Tres S.A., a Don nombre reservado y a Doña nombre reservado; 3.- Escritura pública suscrita ante el Notario Público suplente de Pucón, de Mandato Judicial Repertorio N° 118 de fecha 15 de Enero de 2020, que acredita su representación por nombre reservado, nombre reservado, Comercial Del Sur Spa., y a Inmobiliaria Los Boldos de Pucón Spa, Inmobiliaria Espacios de Pucón Spa., Inversiones Del Lago Idela Limitada.

Al Folio 9 se agrega Informe del Servicio de Impuestos Internos, evacuado por don nombre reservado, Director Regional (S) de la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, y expone: Atendido que este organismo público no es recurrido en esta acción, y que el acto reprochado es una Ordenanza aprobada mediante Decreto Exento Municipal N° 3.344 de fecha 30 de diciembre de 2019 dictada por la I. Municipalidad de Pucón, quien es la recurrida, el Informe que evacuará este Servicio necesariamente debe limitarse a la parte de dicha acción en que el Servicio de Impuestos Internos es citado por el recurrente de protección. Dicha parte, es aquella en que el recurrente cita el artículo 21 de la Ordenanza Municipal de alojamiento turístico, aprobada mediante Decreto Exento Municipal N° 3.344 de fecha 30 de diciembre de 2019, que indica: “De las obligaciones tributarias de Corredores y Administradores de Propiedades. Los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales, o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni que sea percibida como trabajador dependiente, incluyéndose los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo e actuación personal sin que empleen capital, pueden estar acogidos por la segunda categoría como persona natural y ocupar boleta de honorarios, sin necesidad de constituir una empresa. Así las cosas, la Dirección de Turismo, a través de su unidad de fiscalización, constatando una infracción de estos operadores turísticos estará obligada a formular la denuncia respectiva al servicio correspondiente en forma inmediata”.

El recurrente concluye en relación al citado artículo que la Municipalidad “carece de atribuciones para fiscalizar el pago de los impuestos, pues es facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos”, por lo que, indica, no entiende de qué forma la unidad de fiscalización de la Dirección de Turismo Municipal pretende fiscalizar el cumplimiento de la carga impositiva, pues, agrega, si bien, “no lo cual (sic) no es solo ilegal por carecer el municipio de dicha facultad, sino que lo anterior, tan solo puede realizarse mediante la solicitud de exhibición de la documentación tributaria, dado que el municipio no puede fiscalizar el pago de los tributos es evidente que tampoco goza de la facultad de solicitar dicha documentación”. Agrega que, como ya se indicó, la Municipalidad carece totalmente de facultades para ello, no existiendo sustento legal alguno ni aun en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que lo faculte.

Cabe señalar al respecto que el artículo 21 de la Ordenanza transcribe la parte correspondiente del artículo 42 N° 2 del D.L. N° 824, sobre Impuesto a la Renta, referido a las rentas de segunda categoría o del trabajo, y que prescribe en sus incisos primero y segundo: “ARTICULO 42°.- Se aplicara, calculará y cobrará un impuesto en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes rentas: 2°.- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración de justicia por derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales.

Para los efectos del inciso anterior se entenderá por "ocupación lucrativa” la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomine el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio, técnica por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital.”

A continuación, la Ordenanza vincula el texto con la boleta de honorarios que deben emitir estos profesionales, esto es, la obligación de emitir boleta de honorarios que efectivamente tienen los corredores de propiedades al encontrarse en la segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta o una boleta afecta al Impuesto al Valor Agregado, si se clasifican en el N° 4 del artículo 20, del mismo cuerpo legal.

Así las cosas, la omisión de dicha obligación genera la infracción del artículo 97 N° 10 del D.L. N° 830, sobre Código Tributario, que sanciona: “10.- El no otorgamiento de guías de despacho, facturas, notas de débito, de crédito o boletas en los casos y en la forma exigidos por las leyes, el uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito, guías de despacho sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas”.

Al respecto, cabe señalar que para configurarse dicha infracción no es necesaria una revisión de la documentación tributaria del contribuyente, sino que cualquier persona puede constatar que respecto de un hecho gravado - la prestación de un servicio en este caso o la venta de un bien mueble, por ejemplo - no se ha emitido el correspondiente documento tributario.

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código Tributario, las personas que tengan conocimiento de la comisión de infracciones a las normas tributarias, podrán efectuar la denuncia correspondiente ante la Dirección o Director Regional competente. Para lo anterior, el Servicio de Impuestos lnternos en su página www.sii.cl tiene habilitado el link “Contacto-denuncias sobre evasión” o buzones de recepción que se encuentran en las oficinas del S.I.I., lo que precisamente tiene por objeto recibir las denuncias de cualquier persona referida a contribuyentes que practican conductas mediante las cuales omiten o subdeclaran sus impuestos, distorsionan o alteran su situación tributaria en perjuicio del interés fiscal.

Al Folio 10 Informa MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ ARAQUE, abogada, Fiscal del Servicio Nacional de Turismo, en adelante “Sernatur” o “el Servicio”, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, y expone que: encontrándose dentro del plazo procede a evacuar Informe en Recurso de Protección, pudiendo informar lo siguiente:

Mediante Decreto Exento N° 3344 de 30 de diciembre de 2019, de la I. Municipalidad de Pucón, se aprobó la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico, la que fue publicada en el sitio web del Municipio, entrando en vigencia desde el 1 de enero de 2020, cuyo objeto, de acuerdo al texto aprobado, es la “promoción, desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la comuna de Pucón…”, y de esta forma, brindar protección a los operadores turísticos establecidos en forma legal frente al importante aumento de la oferta informal de alojamiento turístico en la comuna de Pucón. Para ello, mediante la citada Ordenanza ha establecido una regulación comunal basada en un sistema de Registros Municipales, que incluyen uno de Prestadores de Servicios de Alojamiento Turístico y de Alojamientos Turísticos Irregulares, y un Registro de Corredores y Administradores de Propiedades. Además, la ordenanza contempla la regulación de las patentes comerciales otorgadas a alojamientos turísticos, y normas sobre fiscalización del cumplimiento de la norma y las sanciones aparejadas a las infracciones en ella establecidas.

En contra de las disposiciones de la referida Ordenanza Municipal, un conjunto de empresas inmobiliarias, profesionales y corredores de propiedades de la comuna de Pucón, recurrieron de Protección, argumentando para ello la vulneración de una serie de garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República. Que, al tenor del recurso de Protección incoado por particulares, se puede señalar lo siguiente:

1.- El Servicio Nacional de Turismo, en adelante Sernatur, es un órgano público descentralizado, creado por el Decreto Ley N° 1.224 de 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que tiene como objeto investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística del país. Su misión es fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística, a través de la coordinación público- privada, del resguardo de la calidad de los servicios turísticos, de la promoción nacional e internacional, del impulso e implementación de programas especiales de investigación, promoción y distribución de información; de forma de contribuir al crecimiento económico y social del país. Para cumplir con este objeto la ley le ha otorgado facultades para orientar, coordinar e incentivar la actividad del sector público y privado hacia planes, programas y proyectos de carácter turístico, así como para celebrar convenios con personas naturales o jurídicas o con organismos públicos y privados con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico, y para convenir y contratar con personas naturales o jurídicas, organismo públicos o privados, la colaboración o coordinación necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

2.- El marco normativo de Sernatur, en lo referente a la materia consultada, se encuentra conformado, además de la Constitución y las leyes que rigen transversalmente al sector público, por el Decreto Ley N° 1224 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Crea el Servicio Nacional de Turismo; la Ley N° 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo; el Decreto N° 19 de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Aprueba el Reglamento para la aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos y el conjunto de Normas Técnicas sobre prestadores de servicios de alojamiento turístico dictadas por el Instituto Nacional de Normalización y aprobadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, destacando la Norma Chilena NCH2760 de 2013 sobre Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico y sus normas derivadas.

3.- La Ley N° 20.423, en adelante Ley de Turismo, creó un Sistema de Instituciones y mecanismos destinados a desarrollar y fortalecer el turismo como actividad económica estrategia para el país. En este contexto, creó un Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos, el cual comprende un Registro de los servicios turísticos agrupados por tipo, de acuerdo a un Reglamento que la misma Ley ordenó crear, y que en una primera versión fue aprobado por el Decreto N° 222 de 2011, del Ministerio del ramo.

4.- En cuanto al Registro, éste se denomina “Registro Nacional de Clasificación de Prestadores de Servicios Turísticos”, siendo sus principales características ser una herramienta pública, disponible electrónicamente en la página web de Sernatur, cuya inscripción es gratuita y voluntaria, en base a un método de auto-clasificación, mediante el cual cada prestador completa un formulario preparado por Sernatur, disponible para todos los prestadores tanto en línea como presencialmente e indica el tipo de servicio que presta y su clase (Por ejemplo, un prestador puede ser de tipo alojamiento turístico, clasificación hotel). Es importante destacar que de acuerdo a su consagración legal, el Registro de Sernatur se utiliza con fines estadísticos y de control, lo que permite al Servicio cumplir la función pública descrita en el numeral primero de este Informe.

5.- No obstante el carácter voluntario del Registro de Sernatur, esta característica encuentra su excepción en los prestadores de servicios de alojamiento turístico, y en los prestadores de turismo aventura para quienes la inscripción en el Registro es obligatoria, de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Turismo.

6.- En este mismo contexto, en el Párrafo octavo “De la Fiscalización” del Título VII “Del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos” de la Ley de Turismo, se estableció la facultad de Sernatur para supervisar el cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Clasificación, establecidas en la propia ley y en sus normas complementarias; facultad en virtud de la cual, Sernatur podrá realizar visitas inspectivas a establecimientos turísticos. En este sentido, es importante señalar que Sernatur no realiza una fiscalización en los términos convencionales, sino que se trata de una inspección en dos etapas (inspección documental e inspección en terreno), y en la que se revisa fundamentalmente que los prestadores que se encuentran inscritos en el Registro de Sernatur hayan hecho entrega de los documentos obligatorios y las declaraciones de estándares de seguridad obligatorias, esto último sólo para el caso de prestadores de servicios de turismo aventura. Una vez aprobada esta revisión, se procede a la visita presencial al respectivo prestador. Adicionalmente, Sernatur, a través de sus inspectores de servicios turísticos, inspecciona aquellos prestadores de servicios turísticos de alojamiento y turismo aventura, verificando su correspondiente inscripción en el Registro, notificándoles del incumplimiento en caso de constatarse que no se encuentran registrados, y procediendo a denunciarlos en el Juzgado de Policía Local de la comuna de su domicilio para que curse la multa que en derecho corresponda, en caso de persistir en la infracción.

7.- Por otra parte, y en cuanto a la clasificación de los prestadores de servicios turísticos para efectos legales y para inscripción en el Registro, la normativa vigente en Chile se encuentra contenida en la Ley de Turismo, y más específicamente en el Decreto N° 19 de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el “Reglamento para la aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos”, el que por una parte establece y define a los distintos tipos de servicios turísticos, y por otra consagra los requisitos que deben cumplir los prestadores para inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur.

Lo anterior se expone con la finalidad de ilustrar a SSI. la finalidad del Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur, y la forma en que opera el Servicio Nacional de Turismo en materia de prestadores de alojamiento turístico. Conforme a lo anterior, corresponde pronunciarnos sobre las materias, de competencia de este Servicio, aludidas en el recurso de Protección que da origen al presente informe. Cabe indicar que en los asuntos objeto del recurso de Protección, que este Servicio estima no son de su competencia, no emitirá pronunciamiento a fin de no invadir la esfera de competencia de los demás servicios oficiados por SSI.

En primer lugar, Sernatur reconoce la potestad normativa o reglamentaria de la Municipalidad de Pucón, consagrada en el artículo 5° letra d) de la Ley Orgánica que la rige, valorando positivamente el esfuerzo del Municipio de contribuir al desarrollo del turismo de forma armónica e integral. No obstante, esta potestad siempre se encuentra subordinada a la Constitución Política de la República, a las leyes y a los Reglamentos que se dicten por el Presidente de la República en ejercicio de sus potestades; de forma tal que ninguna regulación que tenga por objeto satisfacer necesidades locales, puede contradecir o afectar el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

En este sentido, en primer lugar se informa que revisado el texto de la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico, y en lo que a los Registros Municipales que ella crea, se aprecia que dichos registros tienen una finalidad distinta a la del Registro de Sernatur, por cuanto los Municipales tienen por objeto promover e incentivar la legalidad de los servicios de alojamiento turístico, mientras que el catastro de Sernatur tiene fines estadísticos y de control, no apreciándose una incompatibilidad legal en esa materia.

Por otra parte, y en lo referente a Título I “Normas Generales” de la Ordenanza Municipal, se aprecia que dicha norma establece en el artículo 4° un concepto propio de Alojamiento Turístico, que si bien se basa en el concepto de alojamiento turístico establecido en el artículo 3° letra a) del “Reglamento para la aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos”, presenta diferencias, por cuanto la definición reglamentaria vigente conceptúa al Servicio de alojamiento turístico como “establecimiento en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un período no inferior a una pernoctación; que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de descanso, recreo, deportivo, de salud, estudios, negocios, familiares, religiosos u otros similares”, mientras que la Ordenanza Municipal señala que “Se considerará servicio de alojamiento turístico: aquél que se preste en forma onerosa y/o comercialmente por un periodo no inferior a una pernoctación, excepto aquéllos que detenten patente de motel, la cual acepta estadías de fracción de días. Todo alojamiento turístico debe estar habilitado para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, vacacionales u otras manifestaciones turísticas”.

Como se puede apreciar, mientras que en el concepto legal vigente se establece una provisión de servicios de tipo comercial, en la Ordenanza Municipal se distingue en “oneroso y/o comercial”; constatándose además la incorporación de los establecimientos con patente de motel a la calidad de establecimiento de alojamiento turístico, situación que no acontece ni en la Ley de Turismo ni en el Reglamento al cual la ley remite. En este mismo orden de ideas, se aprecia que el artículo 6° de la Ordenanza establece y conceptualiza las distintas clases de servicios de alojamiento turístico, apreciándose las siguientes trece categorías: Refugio; apart-hotel; hospedaje familiar; hostal, hostel y albergue; hostería, hotel, lodge, motel, recinto de campamento (camping); resort; cabaña; bed & breakfast y alojamiento rural; mientras que la Norma Técnica “Norma Chilena NCH2760 de 2013 sobre Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico” que rige en la materia, establece quince clases, a saber: albergues u hostels; Bed & Breakfast; apart-hoteles; camping o recintos de campamento; centros de turismo de naturaleza o lodge; complejos turísticos o resort; departamentos turísticos y/o ejecutivos; haciendas o estancias; hoteles; hostales, residenciales; hosterías; cabañas; termas y hoteles boutique. En lo pertinente, se ha podido constatar una incongruencia parcial entre las clases de alojamiento turístico reconocidas por la Ordenanza Municipal y las consagradas en la Norma Técnica, y que actualmente son utilizadas para todos los fines estadísticos, formulación de políticas públicas, planes y programas en materia de desarrollo e incentivo al turismo en Chile, y que son utilizadas además para otorgar el Sello de Calidad Turística establecido en la Ley N° 20.423, registrarse en el Registro de Sernatur y para realizar las labores de inspección por parte del Servicio Nacional de Turismo.

Una situación similar acontece con lo que la Ordenanza Municipal considera “operador turístico”, ya que, no obstante no haber sido definido en la Ley de Turismo ni en el Reglamento del Sistema de Clasificación, la Norma Técnica “Norma Chilena NCh 3067 Tour operadores u operadores mayoristas – Requisitos” considera a los tour operadores como organizaciones comerciales a las que clasifica en los numerales 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 en cuatro categorías distintas: a) tour operador u operador mayorista, b) tour operador doméstico; c) tour operador emisivo y d) tour operador receptivo, mientras que por su parte, la Ordenanza Municipal realiza una interpretación propia de lo que debe entenderse por operador turístico, definiéndolo genéricamente como “todos los agentes que participen directa o indirectamente en el servicio de alojamiento turístico”, clasificándolos luego en diversas categorías, que si bien incluye a prestadores de tipo turístico como son las agencias de viajes y los tour operadores, amplía el concepto al establecer que los corredores de propiedades, administradores de propiedades, administradores de edificios o condominios y los promotores de alojamiento turístico son operadores turísticos, situación que como se dijo, no se encuentra contemplada en la legislación nacional vigente. A mayor abundamiento, el Reglamento del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos, cuya aplicación rige en todo el territorio nacional, consagra en su artículo 3° un listado taxativo de Servicios Turísticos, entre los que se incluyen los servicios de alojamiento turístico, restaurantes y similares, agencias de viajes, tour operadores, servicios de transporte de pasajeros, arriendo de vehículos, turismo aventura, entre otros, sin que los corredores y administradores de propiedades, administradores de edificios y condominios, y promotores de servicios de alojamiento, sean considerados prestadores de servicios turísticos.

Dicho lo anterior, corresponde a este Servicio pronunciarse sobre el literal D) del recurso de Protección en comento, por cuanto los recurrentes señalan que el artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico de la comuna de Pucón, establece un tipo de fiscalización basado en reservas on-line ficticias que servirá de sustento a una eventual infracción y multa a beneficio municipal. Sobre este punto, se observa que la referida ordenanza, al establecer la obligación de fiscalización municipal mediante la “revisión semanal de oferta online de alojamiento turístico” a través de un sistema de reservas en línea de tipo ficticio, pudiera eventualmente entorpecer el desarrollo de la actividad turística de la forma establecida en la Ley de Turismo, por cuanto el artículo 2° de la referida Ley, establece que el Estado debe promover de forma armónica e integral el turismo en su calidad de actividad económica estratégica, agregando en su artículo tercero, que “Los órganos del Estado que diseñen, ejecuten, coordinen o participen en el desarrollo de actividades o programas asociados al turismo, deberán considerar en sus planes y programas el sistema institucional establecido en la presente ley.”

De lo señalado se observa que, fiscalizar servicios de alojamiento turístico de la forma indicada, puede implicar un entorpecimiento al desarrollo de la actividad turística, por cuanto se trata de cupos que no serán utilizados en la realidad y que por tanto, disminuyen frente a un turista real y potencial la cantidad de habitaciones disponibles en un determinado alojamiento. Por otra parte, y en lo que a la misión institucional de Sernatur se refiere, la situación antes descrita puede desvirtuar la tasa real de reservas de alojamiento en la comuna, pudiendo por tanto afectar la generación de estadísticas tanto a nivel local, regional y nacional.

Concluye el recurso, reclamando la ilegalidad de las disposiciones del artículo 53 de la Ordenanza Municipal, que en lo medular prohíbe expresamente la práctica de actividades de promoción, publicidad y difusión activa o pasiva, de arriendo de casas, departamentos, cabañas o cualquier tipo de actividad de alojamiento turístico por particulares o empresas de publicidad, destinada a captar turistas en vías o bienes nacionales de uso público. Sobre este punto, se informa que Sernatur, en virtud del mandato legal contenido en la Ley de Turismo y el Decreto Ley que lo crea, se encuentra desarrollando la Política Nacional de Promoción del Turismo, que incluye el impulso de la imagen de Chile tanto en territorio nacional como en el extranjero, con la finalidad de dar a conocer los atractivos turísticos naturales, patrimoniales, culturales, y de toda naturaleza, que contribuyan a difundir a Chile como destino turístico en los mercados internacionales. Para la consecución de este fin, se trabaja de forma colaborativa con el sector privado, siguiendo especialmente los lineamientos establecidos por el Consejo Consultivo de Promoción Turística, órgano colegiado integrante del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. Conforme a lo anterior, legalmente Sernatur no se encuentra facultado para regular la actividad de promoción o publicidad de servicios de alojamiento que los privados o particulares ejerzan en bienes nacionales de uso público administrados por la comuna de Pucón u otros municipios.

Finalmente, se informa a SSI. que el Servicio Nacional de Turismo no tuvo participación en la formulación de las normas contenidas en la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico de la comuna de Pucón, ni le fue solicitada asesoría técnica o legal, así como tampoco fue objeto de consultas o invitaciones a mesas de trabajo sobre el particular; situación que se hubiese valorado positivamente, por cuanto da cumplimiento al Principio de Coordinación consagrado en el artículo 5° de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que establece “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.” Concluye solicitando Tener por evacuado el Informe requerido mediante Oficio N° 328/2020 de 30 de enero de 2020, notificado al Servicio Nacional de Turismo con fecha 31 de enero de 2020.

Por su parte, acompañó los siguientes documentos: 1. Ley N° 20.423 sobre el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo; 2. Decreto Ley N° 1224 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Crea el Servicio Nacional de Turismo; 3. Decreto N° 19 de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que Aprueba el Reglamento para la aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos; 4. Norma Chilena NCH2760 de 2013 sobre Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico; 5. Norma Chilena NCh 3067 Tour operadores u operadores mayoristas – Requisitos.

Al folio 12 comparece Claudia Mariela San Martín Ponce, Abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pucón, Corporación Autónoma de Derecho Público dedicada a los fines establecidos en el artículo 1 inciso 2 de la ley 18.695, nombre reservado número 69.191.600-6, ambos con domicilio en domicilio reservado, informando el recurso de protección interpuesto en su contra, pidiendo su total rechazo. I.- Antecedentes.- 1.1) Recurrente: se ha deducido este recurso de protección por varios recurrentes: - Inmobiliaria Puerto Pucón Tres S.A.; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Comercial del Sur Spa; Inmobiliaria Los Boldos de Pucón Spa; Inversiones del Lago Idela Limitada; 1.2) Recurrida. A su vez, la parte recurrida es la Municipalidad de Pucón. 1.3) Hechos denunciados.

Se indica que, con fecha 30 de diciembre de 2019, la Municipalidad, mediante Decreto número 3344, dictó la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico, que tiene por objeto “la promoción, desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la comuna de Pucón”, según su artículo 1°. Indica que esa Ordenanza excede los límites permitidos, pues define y clasifica los servicios de alojamiento (artículo 4 y 5), lo que contravendría el Reglamento de la ley 20.423 sobre Turismo, aprobado por Decreto Supremo número 19 del Ministerio de Economía. Luego, la Ordenanza “vienen a normar algo que ya está regulado por Ley, y por el Decreto Supremo mencionado, lo cual sin ninguna duda implica una ilegalidad”, dice el recurrente.

Indica, en términos generales, la naturaleza de las Municipalidades, como corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, correspondiéndoles la administración local de cada comuna o agrupación de comunas (artículo 118 de la Constitución Política de la República y en el artículo 1 de la ley 18.685, Orgánica Constitucional de Municipalidades). Las Municipalidades desarrollan una actividad jurídica formal unilateral, la que se expresa en la emisión de resoluciones.

Finalmente, el artículo 12 de la ley 18.695 termina señalando que “Las resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones. El inciso 2° agrega: “Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes”. Así, esta potestad normativa de que gozan, se traduce precisamente en la dictación de resoluciones, las cuales pueden revestir la forma jurídica de ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios e instrucciones, todos dogmáticamente denominados como instrumentos normativos municipales unilaterales (Jorge Bermúdez, Derecho Administrativo General, Thomson Reuters, 3ra. ed. 2014, p. 748). Lo anterior se expone para fundar que las Ordenanzas son instrumentos municipales emitidos por expresa autorización legal.

A continuación se analizarán los cuestionamientos usando el mismo orden del recurso: 1) Sobre el registro de alojamientos. Está regulado de acuerdo a la información recibida por la Dirección de Rentas (artículo 10), lo que se estima contrario a la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, específicamente por infringir el artículo 21, sobre causales de secreto o reserva.

Sin embargo, la parte recurrente omite indicar que el artículo 34 de la Ley de Turismo, que cita en su recurso, dice precisamente que es obligatorio registrarse para los alojamientos turísticos. Adicionalmente, el artículo 36 de la misma ley lo declara “público”. Luego, es el propio legislador el que impuso la obligación de registrase y darle carácter público a ese registro.

En cuanto al contenido del Registro. El artículo 9 del Reglamento (D.S. 19 de 2019) contiene un detalle pormenorizado de los antecedentes que deben figurar en el Registro: Transcribo la larga enumeración: a) Fecha en que se practicó la inscripción y número asignado al registro; b) Nombre o razón social del prestador; c) Nombre de fantasía, si lo tuviere; d) nombre reservado o Cédula de Identidad del prestador; e) Domicilio del prestador del servicio; f) Nombre y domicilio del representante legal, si corresponde; g) Dirección comercial del prestador; h) Tipo; i) Clasificación, si corresponde; j) Calificación, si corresponde, y su fecha de expiración; k) Estándares de seguridad, cuando corresponda; l) Teléfono; m) Correo electrónico; n) Sitio web, si corresponde; y o) Capacidad del establecimiento, de acuerdo a su tipología, cuando corresponda.

La misma norma reglamentaria da carácter público a todos esos datos, salvo el de la letra o) y los de las letras d), l) y m) (rut, fono y correo) en relación a personas naturales. Sin embargo, por ejemplo, la aplicación “Airbnb” exige esos 3 datos a todos los usuarios oferentes.

Ahora bien, no entendemos por qué los recurrentes hacen alusión a que vulneramos su privacidad y sus datos como ente edilicio, cuando todos ellos fueron subidos de forma voluntaria a aplicaciones que tienen el carácter de público, aplicaciones geo referenciadas, que publicitan su información y la ofrecen a un universo masivo de personas.

2) Sobre la obligatoriedad del registro. Me remito a lo dicho precedentemente: el artículo 34 de la Ley de Turismo dice precisamente que es obligatorio registrarse para los alojamientos turísticos y para servicios de turismo aventura. Los demás operadores turísticos podrán registrarse voluntariamente.

Sobre este punto, debe precisarse que no se ha exigido “afiliación” alguna en la Ordenanza. No se trata de que los recurrentes ingresen a alguna institución, club, empresa, partido político, etc. Solo se ha exigido un “registro” que no es más que el llenado de información relevante, detallada en el artículo 9 del Reglamento.

3) Acerca de las obligaciones tributarias de los corredores. Nada nuevo ha hecho la Ordenanza. La norma contenida en el artículo 21 no hace sino aplicar lo dispuesto en el artículo 42 número 2 de la Ley de la Renta, que regula el impuesto de segunda categoría. Y el inciso 2 tampoco hace que se atribuyan facultades fiscalizadoras a la Municipalidad, pues, en caso de constatación de una infracción, deberá remitir la denuncia al Servicio de Impuestos Internos, lo que es la misma facultad que tiene cualquier ciudadano, de acuerdo al artículo 164 del Código del ramo.

4) De la fiscalización. Se critica la fiscalización a través de “reservas” que posteriormente no se concretarán. Sobre este punto, debe dejarse en claro que todo el comercio sobre establecimientos y servicios hoteleros funciona sobre la base de “reservas” e, incluso de “confirmaciones” que pueden ser revocadas o dejadas sin efecto por el cliente, eso sí, con costos asociados. Si alguno de los recurrentes tiene implementado tal sistema, ninguno de ellos debiera sufrir perjuicio económico por tales motivos, dado que, por muy “municipal” que sea la reserva, compromete a quien la hace en los términos explicitados por cada uno de los establecimientos de los recurrentes, en su caso.

5) Sobre las denuncias. Se critica que el artículo 36 permite las denuncias de cualquier ciudadano e, incluso, anónimas, sin que exista sanción si es falsa. Tampoco lo anterior constituye ni ilegalidad ni vulneración de garantías: quien sea denunciado, tendrá todas sus facultades procesales para defenderse y si, efectivamente es absuelto, el Derecho común le concede acciones e, incluso, condenas en costas, para su resarcimiento.

6) Sobre las facultades de los fiscalizadores. Se cuestiona que los fiscalizadores tengan facultad de requerir información, acceder a los locales, condominios, etc, para recabar antecedentes, de acuerdo al artículo 39 de la Ordenanza. Sin embargo, la facultad fiscalizadora es inherente a toda Municipalidad, de acuerdo al artículo 51 de la LOC., lo que se concreta en diversas otras normas como el artículo 5 sobre materia ambiental, en el artículo 24 respecto a la Dirección de Obras, etc.

Específicamente, el artículo 2 de la ley 18.287, sobre procedimientos en los Juzgados de Policía Local señala: “los Carabineros e Inspectores Fiscales o Municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado competente”.

A su vez, el artículo 12 inciso 2 de la LOC de Municipalidades, ya citado, establece la facultad de que las Municipalidades dicten Ordenanzas y contemplen multas en ellas, dando competencias a los juzgados de policía local para su conocimiento.

Pareciera que el recurrente quiere asimilar estas facultades de todos los inspectores municipales a las propias de la Policía en los allanamientos, detalladamente regulados en los artículos 204 y ss. del Código Procesal Penal. Sin embargo, en ninguna parte de la Ordenanza se hace “obligatorio” el acceso de tales funcionarios, dado que, incluso en materias penales, se requiere “consentimiento” del dueño de casa o del encargado delrecinto (artículo 205 inciso final).

7) Sobre la Ordenanza en relación a edificios y condominios. Tampoco hay ilegalidad alguna en relación a las disposiciones del artículo 43, relativo a las casas o departamentos de condominios. Su destino (departamentos, casas, locales comerciales, estacionamientos) está regulados en la ley 19.537, que se remite a su “reglamento” y, en subsidio, a lo determinado por la asamblea de propietarios (artículos 13, 15, 17, 27 y 49). Luego, es exigencia básica que se cuente con la posibilidad de uso “comercial” para los efectos de la Ordenanza de Alojamiento.

8) Sobre la prohibición de publicidad en las calles. Es la última objeción y está regulada en el artículo 53 de la Ordenanza cuestionada.

Nuevamente tal prohibición no agrega nada nuevo a las regulaciones sobre la materia contempladas por la LOC. de Municipalidades y por la Ley de Rentas. Por ejemplo, el artículo 41 número 5 faculta a todas las Municipalidades para cobrar derechos para publicidad “en la vía pública o que sea vista u oída desde la misma”. Luego, no constituye novedad que la Ordenanza que las actividades de publicidad y promoción requieran permiso municipal.

9) Sobre los organismos públicos relacionados. Siendo antecedentes meramente referenciales los contenidos en el artículo 59 de la Ordenanza, no constituyen regulación ni menos implican detrimento a garantía constitucional alguna. Termina solicitando el rechazo del recurso de protección con costas.

Acompañó 2 cartas de apoyo ingresada a la Oficina de Partes por las siguientes instituciones: 1) Asociación Gremial de Servidores Turísticos; 2) Agrupación Gremial Hostales y Hoteles de Pucón.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Recurso de Protección tiene por objeto restablecer el imperio de derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de dejar a salvo los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En tal sentido, es abrumadora la jurisprudencia que ha sentado el principio esbozado, el que debe compartirse naturalmente, teniendo en consideración que la acción constitucional de protección es una de emergencia, extraordinaria, cuya finalidad no es resolver controversias sobre derechos entre partes. Su objeto es, simplemente, restablecer una situación de hecho que ha sido alterada por un acto arbitrario o ilegal que perjudica, amaga o perturba el ejercicio de determinados derechos que, además de ser garantías constitucionales, debe tratarse de derechos concretos, indubitados, precisos.

SEGUNDO: En el sentido que se viene señalando, es particularmente clarificadora la sentencia de la Excma. Corte Suprema, dictada con fecha 3 de julio de 2020, en los autos Rol 36.413 - 2019, en la que se refiere a la procedencia del recurso de protección señalando; “En efecto, esta Corte ha señalado reiteradamente que para que prospere la acción de protección, requiere la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta – por acción u omisión - ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”

TERCERO: En el presente caso, se ha deducido este recurso de protección por varios recurrentes según se señaló en lo expositivo, entre las que se encuentran cuatro sociedades de naturaleza comercial e inmobiliaria, lo que necesariamente debe ser diferenciado respecto de las personas naturales por las que se recurre, puesto que de los derechos constitucionales que se mencionan como vulnerados, hay algunos inherentes a las personas naturales, y no son reconocibles en las personas jurídicas, como el de la vida privada y de la intimidad. Si bien en materia ambiental las Cortes han ampliado el sentido y alcance de la titularidad respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se han estimado procedentes en algunos casos, se la considera respecto de personas jurídicas cuyo fin principal es la conservación del medio ambiente y su cuidado, y en cuanto haya accionado en defensa de un interés colectivo (Jorge Ossandón, Garantías fundamentales de las personas jurídicas. ¿Titulares del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación?, Revista de Derecho Ambiental, U. de Chile, vol. 83, 2015, p. 123 y ss).

CUARTO: Que los hechos denunciados como arbitrarios e ilegales se hacen consistir en que con fecha 30 de diciembre de 2019, la I. Municipalidad de Pucón, mediante Decreto número 3344, dictó la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico, que tiene por objeto “la promoción, desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la comuna de Pucón”, según su artículo 1º. Se indica que esa Ordenanza en sus disposiciones excede los límites permitidos, puesto que viene a normar algo que se encuentra ya regulado en la Ley 20.423 y en el Decreto Supremo Nº 19 del Ministerio de Economía que la reglamenta, traspasando los extremos de la norma legal y reglamentaria, lo que la hace contraria a la ley.

Tales cuestiones se manifiestan en que la Ordenanza establece conceptos diferentes a los de la ley, excediendo sus límites, como es el caso de los “servicios de alojamiento”, estableciendo obligaciones de registros con información de carácter privado, regulando situaciones que ya lo han sido en la normativa legal, todo lo cual lo lleva a sostener que se han infringido las garantías señaladas en el numeral 4º del artículo 19 referido al respeto y protección de la vida privada; la del Nº 5 sobre la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; la del Nº 16 sobre la libertad de trabajo; y la del Nº 24 sobre el derecho de propiedad.

QUINTO: que para resolver lo anterior, se debe considerar que la Constitución Política de la República establece en los artículos 118 y siguientes las normas sobre la Administración Comunal, señalando que “las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. Les corresponde la administración local de cada comuna o agrupación de comunas y está constituida por el Alcalde que es su máxima autoridad y por el Concejo. Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.685, reitera tales conceptos y determina las competencias del órgano administrativo comunal, las formas de actuación y los quórum, consultas o acuerdos del concejo que en cada caso se requieren. “El Municipio es y debe ser considerado como una organización administrativa con características propias, diferentes a las comúnmente aplicables a la Administración general, atendida la definición constitucional de sus competencias y objetivos. Esto explica su autonomía constitucional, la generación electiva de sus autoridades, su autonomía financiera y la flexibilidad de su organización interna, de personal y de remuneraciones; sus competencias normativas de regulación objetiva y general que hacen excepción a las de la Administración pública general”. (nombre reservado, Administración Pública, Normativa Anotada, Tomo II).

SEXTO: De las normas legales señaladas surge que las municipalidades poseen una potestad normativa de orden reglamentario que les permite dictar normas generales, abstractas, permanentes, con eficacia normativa general. “Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local correspondientes”. Así, esta potestad normativa de que gozan, se traduce precisamente en la dictación de resoluciones, todas dogmáticamente denominadas como instrumentos normativos municipales unilaterales (Jorge Bermúdez, Derecho Administrativo General, Thomson Reuters, 3ra. ed. 2014, p. 748). Por lo tanto, las Ordenanzas son instrumentos municipales emitidos por expresa autorización legal, cuya autorización está dada en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

SEPTIMO: que de lo antes expresado se puede concluir que la Ordenanza Municipal regulatoria dictada por la recurrida I. Municipalidad de Pucón no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, porque ella corresponde al ejercicio de sus facultades reguladoras de la actividad comunal, que encuentran sustento en las normas constitucionales citadas, en su propia ley orgánica constitucional, y en la que se han observado las formas en que dicha facultad debe ser ejercida. Tampoco se advierte en su dictación, ni en su contenido, aspectos que revelen que ella es producto de un acto arbitrario, infundado, carente de razonabilidad, fruto del mero capricho. Por el contrario, se advierte de lo expuesto por las partes que ella tiene por objeto regular una de las actividades relevantes de la comuna, cuya calificación corresponde a la de Zona de Interés Turístico y que, por lo tanto, se encuentra claramente comprendida entre las que corresponden al gobierno comunal. Por lo tanto, no es posible admitir que la dictación de la Ordenanza Municipal que motiva el recurso pueda constituir un acto arbitrario e ilegal.

OCTAVO: En cuanto a vulneración de derechos o garantías fundamentales, ya se ha observado que las sociedades por las que se recurre, en la medida que ejercen una actividad comercial dentro de la comuna, relacionada con la actividad regulada por la Ley 20.423 que se denomina DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, quedan por entero sometidas a las normas reguladoras de la actividad que la Municipalidad haya decidido establecer, sin que puedan afectarse derechos de los que carecen, como es el caso del Nº 4 del artículo 19 referido al respeto y protección de la vida privada, ni la del Nº 5 sobre la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Tampoco pueden afectarse derechos como el de la libertad de trabajo, y en cuanto al derecho de propiedad no se divisa la forma en que ello se puede manifestar en la presente causa.

NOVENO: Lo anterior viene dado porque las regulaciones contenidas en la Ordenanza Municipal no difieren, en lo esencial, de aquellas definiciones, conceptos, reglas y disposiciones de la Ley 20.423 y de su Reglamento, y que los probables excesos que se le atribuyen no son contrarios a las normas de la ley, porque no disponen condiciones, requisitos o exigencias que contradigan el texto legal, por lo que no se configura infracción a la legalidad, ni tampoco excede sus facultades regulatorias que antes se han determinado para que los municipios puedan normar, en términos generales, aplicables a todos los ciudadanos, la actividad económica dentro de su comuna.

En el sentido que se viene señalando, la Ley 20.423 citada en su artículo 5º letra h) define “servicios de alojamiento turístico”; el artículo 34 obliga a registrarse; el artículo 36 declara que el registro es público; el artículo 50 establece sanciones. A su vez, el Decreto Supremo 19 de 2019 que contiene el Reglamento sobre clasificación de prestadores de servicios turísticos, en su artículo 3º letra a) define el “servicio de alojamiento turístico” como un “establecimiento en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento por un período no inferior a una pernoctación, que estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de descanso, recreo, deportivo, de salud, estudios, negocios, familiares, religiosos u otros similares”. Dicho concepto está en concordancia con el contenido en el artículo 5 letra h) de la ley respectiva.

Continuando lo referido a la afectación de derechos, no puede considerarse que el imponer un Registro de alojamientos pueda ser contrario a la ley ya que el artículo 34 de la Ley de Turismo, que cita en su recurso, dice precisamente que es obligatorio registrarse para los alojamientos turísticos. Adicionalmente, el artículo 36 de la misma ley lo declara “público”. Luego, es el propio legislador el que impuso la obligación de registrarse y da carácter público a ese registro.

En cuanto al contenido del Registro, el artículo 9 del Reglamento (D.S. 19 de 2019) contiene un detalle pormenorizado de los antecedentes que deben figurar en el Registro, de manera que es la misma norma reglamentaria la que confiere carácter público a todos esos datos, salvo el de la letra o) sobre la capacidad del establecimiento, y los de las letras d), l) y m) referidos al nombre reservado, teléfono y Correo electrónico respecto de las personas naturales. Por lo demás, los recurrentes estiman vulnerados sus derechos a la privacidad, en circunstancias que los mismos datos son publicitados de manera voluntaria mediante las aplicaciones en páginas web, en que se publican sus servicios y la información de lo que ofrecen a un universo masivo de personas.

En lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas de la actividad no se trata de establecer que la municipalidad ejercerá las labores de fiscalización que corresponden al Servicio de Impuestos Internos, sino que, como se desprende de lo informado por el referido Servicio, las infracciones que sobre materias tributarias se pudieren sorprender en la labor de fiscalización del cumplimiento de la Ordenanza, pueden y deben ser denunciadas al propio Servicio para que se apliquen las sanciones procedentes según el procedimiento establecido en el Código del ramo. Sin embargo, además, les corresponde fiscalizar y efectuar el control de las patentes municipales que sean exigidas de conformidad a la Ley de Rentas Municipales del D. Ley 3053. La facultad fiscalizadora es inherente a toda Municipalidad, de acuerdo al artículo 51 de su Ley Orgánica Constitucional, lo que se considera en diversas otras normas como el artículo 5º sobre materia ambiental, en el artículo 24 respecto a la Dirección de Obras. En tal sentido, el artículo 2º de la ley 18.287, sobre procedimientos en los Juzgados de Policía Local señala: “los Carabineros e Inspectores Fiscales o Municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado competente”.

DECIMO: Ratifica lo anterior lo informado por el Servicio Nacional de Turismo, en cuanto señala que por el Decreto Exento N° 3344 de 30 de diciembre de 2019 de la I. Municipalidad de Pucón, se aprobó la Ordenanza Municipal de Alojamiento Turístico, la que fue publicada en el sitio web del Municipio, entrando en vigencia desde el 1 de enero de 2020, cuyo objeto, de acuerdo al texto aprobado, es la “promoción, desarrollo, regulación y fiscalización de la actividad del alojamiento turístico para la comuna de Pucón…”, y de esta forma, brindar protección a los operadores turísticos establecidos en forma legal frente al importante aumento de la oferta informal de alojamiento turístico en la comuna de Pucón. Para ello, mediante la citada Ordenanza ha establecido una regulación comunal basada en un sistema de Registros Municipales, que incluyen uno de Prestadores de Servicios de Alojamiento Turístico y de Alojamientos Turísticos Irregulares, y un Registro de Corredores y Administradores de Propiedades. Además, la ordenanza contempla la regulación de las patentes comerciales otorgadas a alojamientos turísticos, y normas sobre fiscalización del cumplimiento de la norma y las sanciones aparejadas a las infracciones en ella establecidas.

DECIMO PRIMERO: De acuerdo con lo relacionado en las consideraciones anteriores el alojamiento, en cuanto actividad “comercial” que se desarrolla en la comuna, declarada Zona de Interés Turístico, queda sujeta a las Ordenanzas respectivas, la que en el caso específico ha sido dictada al amparo de las normas constitucionales y legales que confieren a las municipalidades la potestad de reglamentarlas, lo que se ha hecho en concordancia con las disposiciones de la Ley 20.423 y su Reglamento, sin que se establezcan requisitos o condiciones contrarias a la ley, todo lo cual permite concluir que su dictación no es un acto arbitrario e ilegal y que, por la misma causa, no afecta los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, sin que sea necesario referirse a las demás condiciones impuestas a un recurso de esta naturaleza para que pueda prosperar según se indicó en consideraciones anteriores, por lo que el recurso deducido será desestimado.

Y Visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el deducido por nombre reservado, en representación de Inmobiliaria Puerto Pucon Tres S.A; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Comercial Del Sur Spa.; Inmobiliaria Los Boldos de Pucón Spa; Inmobiliaria Espacios de Pucón Spa.; Inversiones Del Lago Idela Limitada; en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, representada por su alcalde Carlos Barra Matamala.

Regístrese, Notifíquese y Archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Luis Mencarini Neumann.

Rol N° Protección-619-2020 (pvb).