Protección contra PRINCIPAL VIDA CHILE

C.A. de Temuco Temuco, siete de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección, en base a lo siguiente: Los hechos: Señala que se encuentra pensionado de invalidez en Principal Vida Chile S.A. desde Mayo del año 2006. Adquirió una renta vitalicia con una pensión bruta total de 17.20 UF mensuales. Dentro de este tiempo que lleva pensionado ante esta compañía de seguros en forma de renta vitalicia solicitó un crédito a cajas de compensación de asignación familiar 18 de Septiembre el 01 de Septiembre del 2011, por un monto de $3.283.483 pesos, pagaderos en 72 cuotas iguales de $97.955 pesos. El 23 de marzo del 2012 la Caja de Compensación Los Andes otorgó un crédito por la suma de $2.686.278.- pagaderos en 85 cuotas iguales de $68.338 pesos. El 04 de septiembre del año 2012, Caja de Compensación Gabriela Mistral le otorgó un crédito por la suma de $2.717.555 pesos pagaderos en 60 cuotas iguales de $102.718 pesos. Finalmente el 01 de abril del año 2013 Caja La Araucana otorgó un crédito por un monto de $2.336.242 pesos, pagaderos en 60 cuotas de $66.511 pesos.

El año 2013 presentó un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su pensión liquida a pagar, luego de todos los descuentos realizados por las Cajas antes mencionadas, ascendía a la suma de $8.921.- La SUSESO, procedió a regular esta situación y ordenó a las Cajas descontar en orden, lo cual fue comunicado a Principal Vida Chile, la cual es la entidad pagadora de su pensión. La primera Caja en efectuar los cobros sería "Los Héroes", terminando con esta seguiría la Caja "18 de Septiembre", y luego empezaría a cobrar "Caja los Andes"; terminando ésta seguiría "Caja Gabriela Mistral", concluyendo "Caja La Araucana". Los montos de cada operación en cuotas fueron designados como antes lo mencionó, sin intereses ni reajustes.

No obstante lo anteriormente señalado, Principal sigue autorizando el pago a otras Cajas, no respetando el orden establecido, y además le han cobrado la suma de $7.000 más por cada cuota. Así, Caja "La Araucana" le descontó $72.679 pesos, siendo el valor de la cuota pactada de $66.511 pesos, o sea todas las cajas le están cobrando entre $6.000 y $7.000 pesos extras. Considera que lo descrito es un acto arbitrario e ilegal, ya que la SUSESO reguló todo esto el 20 de Agosto del 2013.

Solicita, mediante el presente recurso, que se anule el cobro de las Cajas de Compensación, ya que, los créditos otorgados por ellos se están cobrando con un interés demasiado excesivo además de haber sido reguladas y normadas por una entidad fiscalizadora con jerarquía superior a ellos.

Señala, que los hechos descritos anteriormente vulneran las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República considerando el Derecho de Propiedad que le asiste respecto a los derechos personales de sus remuneraciones y de su patrimonio. Es dueño de su renta vitalicia.

En mérito de lo expuesto y las disposiciones legales vigentes, pide tener entablada acción de protección constitucional con costas, en contra de PRINCIPAL VIDA CHILE, representada por don nombre reservado, y acoger a tramitación el mismo, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto estos cobros excesivos a su pensión de renta vitalicia por las Cajas antes mencionadas.

Acto seguido, comparece don CARLO BATTAGLIA CASTRO, abogado, en representación, de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quien con respecto a los hechos descritos por el recurrente, señala que con fecha 09 de marzo del año 2006 don nombre reservado, contrató con PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., la póliza N° 33.905 de Seguro de Renta Vitalicia. Respecto a los cobros y/o descuentos en sus liquidaciones de Pensión, señalados y en base a los certificados acompañados, indica que ellos no pueden revocar los descuentos solicitados por las CCAF, ya que la Compañía está obligada, conforme al artículo 4° de la Circular N°1.404 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy “Comisión para el Mercado Financiero” (CMF) a efectuarlos, cuando la Caja lo solicita.

El recurrente menciona que el año 2013, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante “SUSESO”), señalando que esta última en respuesta a su reclamo le comunicó a su representada, mediante Orden N° 52.599 de fecha 20 de agosto del año 2013, que los descuentos se harían en base a un orden de prelación, y no de manera conjunta. El orden sería el siguiente: 1. CCAF Los Héroes; 2. CCAF 18 de septiembre; 3. CCAF Los Andes; 4. CCAF Gabriela Mistral y 5. CCAF La Araucana.

Como se puede apreciar la Orden N° 52.599, emitida por la SUSESO, documento que fue acompañando por el recurrente, se encuentra específicamente dirigido a las CCAF y notificado a estas últimas, atendiendo a que son éstas las instituciones fiscalizadas por dicho regulador sectorial, por ende, son aquéllas las instituciones llamadas y/o sujetas al cumplimiento del mismo. Por tanto, mal podría entenderse que la Compañía fuese obligada por dicho documento o bien que se encontraba sujeto al mismo, dado que no se encontraba dirigido a la misma, por no tener la calidad de regulado para tales efectos.

Lo anterior, deja en evidencia que son las CCAF quienes, como sujetos regulados, estaban llamadas a respetar la orden impartida por la SUSESO, y no su representada, quien únicamente da cumplimiento a las notificaciones de descuentos emitidas por las respectivas CCAF en esta materia, de conformidad con la normativa vigente y aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, su representada al tomar conocimiento de la Orden N° 52.599, extraoficialmente, tomó la determinación de respetar dicha instrucción de pago bajo el criterio de prelación, esto último aun cuando no fuese la entidad llamada a dar cumplimiento de ello, todo con el objeto de respetar lo establecido en el número 10.2 de la Circular N°2.052 de 2003 de la SUSESO, el cual establece lo siguiente: “La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración liquida mensual o pensión liquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, definidas en el punto 9 precedente”.

De acuerdo al marco legal que regula esta materia, Principal debe actuar a requerimiento de lo que le solicita cada Caja. Por ello, en el caso de autos, los descuentos efectuados en la pensión de don nombre reservado fueron solicitados por las CCAF, según se acredita en los documentos acompañados, por lo que Principal, en cumplimiento de la normativa vigente, debió realizarlos obligatoriamente, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al de su descuento. En caso de que su representada incumpla el plazo señalado, se verá expuesto a las acciones que ejerza la respectiva Caja de Compensación, en aplicación de las normas de la Ley 17.322, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 19 de agosto del año 1970, que establece “NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”.

Por ello, no existe acto arbitrario o ilegal que haga procedente el Recurso De Protección, al no conculcarse tampoco garantía constitucional alguna. Por ello, pide no dar lugar al recurso de protección interpuesto, con costas.

3.- Que comparece informando doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien señala que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como Corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Para la finalidad anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. Al ser las Cajas de Compensación, Corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados. Es así, que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social. Siendo interesante destacar que la administración superior de estas instituciones de previsión social, están a cargo de un Directorio formado por los propios interesados, es decir empleadores y trabajadores. A su vez el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para las entidades pagadoras de pensiones. En consecuencia, los descuentos a aplicar en una liquidación de pensión tienen su asidero en el artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 relativa al Régimen de Crédito Social y Circular N°1669 del año 1998 referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados conforme Circular N°1.669 del año 1998.

Que, para ilustrar de mejor forma acerca del acaecimiento de los hechos señala que el 01 de abril de 2013, se le otorgó al afiliado Sr. nombre reservado, en su calidad de pensionado, el crédito social folio N°92-RUT reservado, por la suma total de $2.336.242 pesos, pactado en 60 cuotas cada una por la suma de $72.679 pesos. El crédito fue otorgado como pensionado de la entidad pagadora Principal Vida Chile S.A. RUT RUT reservadoEn consecuencia, la cuota establecida para el crédito folio N°92-RUT reservado, es de $72.679 pesos, atendido que la suma del seguro de desgravamen el que dividido en 60 cuotas arroja la suma a aplicar mensual de $6.168 pesos. Al inicio de esta relación contractual, es decir durante los meses de junio a septiembre de 2013, se le aplicaron los respectivos descuentos al recurrente, los que a partir del mes de octubre cesaron atendida la resolución N°52599 del 20 de 08 de 2013 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, pasando a diferirse las cuotas restantes conforme las instrucciones emanadas de dicho órgano fiscalizador, las que en forma sistémica comenzarían a retomarse a partir del mes de agosto de 2019, por la suma mensual de $66.511 pesos, más el seguro de desgravamen correspondiente a la suma de $6.168 pesos, sin intereses ni reajustes. De esta forma, los descuentos practicados en la pensión del recurrente, tienen su origen en el crédito social contraído por el Sr. nombre reservado con La Araucana C.C.A.F., el que era de su pleno conocimiento, al practicarse los descuentos en su pensión a partir del año 2013, los que cesaron y pasaron a diferirse atendida resolución N°52599 del 20 de 08 de 2013 emanada del ente fiscalizador, a saber la Superintendencia de Seguridad Social. Por otra parte, señala, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, transcritos en la parte referente a los antecedentes generales, deben ser deducidas de la entidad pagadora de la pensión, por ende dicha entidad pagadora, tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora la suma que el pensionado adeude por crédito social, sin requerir la autorización previa del deudor. Ahora bien, sin perjuicio de lo descrito precedentemente, la Caja de Compensación atendida la liquidación de agosto 2019 acompañada por el Sr. nombre reservado, en la que se observan descuentos efectuados por ésta Caja de Compensación y la Caja 18 de Septiembre, solicitó en forma inmediata y urgente se depurara el sistema conforme la resolución ya mentada, lo que permitió diferir nuevamente el resto de cuotas a descontar, teniendo presente que el único descuento efectuado por la entidad pagadora de pensión al recurrente, a solicitud de ésta Caja de Compensación corresponde a dicho mes, a saber, Agosto de 2019, descuento que cabe agregar no fue remesado y que conforme lo indicado ha sido el único informado, no existiendo otros descuentos efectuados al recurrente por parte de su representada.

Solicita el rechazo del presente recurso de protección por cuanto no ha existido un acto ilegal o arbitrario, atendido que se practicó lo ordenado por resolución emanada de su órgano fiscalizador, sin perjuicio de que atendida la depuración sistémica se procederá a diferir nuevamente las cuotas y a efectuar la devolución de lo descontado por la Caja de Compensación conforme liquidación acompañada por el recurrente, a menos que su entidad pagadora de pensión haya ya efectuado dicha devolución por cuanto ésta Caja no le ha remesado suma alguna. Reiterando el cese mientras se mantiene el diferimiento conforme lo ordenado por resolución N°52599 del 20 de 08 de 2013. En cuanto a la suma de $72.697 pesos a descontar, señala que se han ceñido a lo dispuesto en la mentada resolución, por cuanto no se le han aplicado ni reajustes ni intereses a la cuota, sólo el seguro de desgravamen que corresponde aplicar en todas las cuotas, en este caso de $6.168 pesos, por ende la suma mensual de $66.511 pesos, más el seguro de desgravamen correspondiente a la suma de $6.168 pesos, arroja el valor cuota de $72.697 pesos, conforme el detalle incorporado en el acápite antecedentes del caso.

4.- Que comparece don MATÍAS ZOROQUIAIN VÉLEZ, abogado, en representación convencional de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; Santiago, informando que es efectivo lo que señala el recurrente en orden a haber solicitado a dicha Caja, una operación de crédito por $3.280.483.- pagaderos en 72 cuotas de $97.955 pesos, cuyo folio es el Nº 910054089; que esta operación fue otorgada con un seguro de desgravamen, en cumplimiento de la normativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, cuya prima mensual ascendía a $6.299 pesos, que sumada al monto de la cuota del crédito social por $97.955.-, determinaba que el total que se le descontara al señor nombre reservado correspondiera a $104.254.- Tal crédito hoy se encuentra moroso, y de acuerdo a sus antecedentes, el actor ha pagado 57 cuotas del crédito, incluida aquella descontada en las remuneraciones de agosto de 2019. Para mayor claridad, adjunta el cronograma de pagos. El pago parcial del crédito se ha realizado mediante el mecanismo establecido en el artículo 16 inciso 3° de la ley N° 19.539, el que estipula que “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento”, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 17.322.. Así, el cobro que impugna el actor se observa respetuoso no sólo de la normativa que regula la materia, sino que, además, obedece a lo ordenado por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Oficio N° 52.599, de 20 de agosto de 2013, toda vez que la última cuota remesada a la Caja de Compensación Los Héroes, data del 31 de agosto de 2016, por tanto por orden de prelación corresponde a su representada efectuar el cobro y por consecuencia el descuento en sus liquidaciones de pensión de las cuotas adeudadas, desde septiembre de 2016 hasta el término de la deuda contraída con esta Corporación resulta totalmente procedente. En cuanto a la suma de $104.254 pesos a descontar, señala que la Caja que representa se ha ceñido a lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto no se ha aplicado ni reajustes ni intereses a la cuota, sino sólo el seguro de desgravamen que corresponde aplicar en las cuotas indicadas en el párrafo segundo. Naturalmente, respecto de las cuotas impagas no ha operado modo de extinguir alguno, por lo que las obligaciones provenientes del contrato de crédito permanecen absolutamente vigentes. Conforme a lo expuesto precedentemente, solicita el rechazo del recurso de protección no solo por no existir de su parte una actuación arbitraria e ilegal, que perturbe o amenace una Garantía Constitucional, según afirma el actor, sino porque en todo momento se ha actuado conforme a derecho y en cumplimiento del Oficio N° 52.599, de 20 de agosto de 2013, dictado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Que comparece don SERGIO ABARCA VARGAS, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT Nº RUT reservado, informando que con fecha 23 de mayo de 2012, Caja Los Andes otorgó a don nombre reservado el crédito código 150206893-4, por la suma de $2.686.278.-, pagaderos en un plazo de 84 meses, con cuotas mensuales de $69.619.-, cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de julio de 2012. Hace presente que su representada no ha recaudado ninguna de las 84 cuotas pactadas. Lo anterior, en concordancia con lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en Oficio Ord. N°52599 de fecha de 20 de agosto de 2013, en cuanto a que, por orden de prelación, su representada podrá iniciar el cobro de las cuotas de su crédito, una vez pagado enteramente el crédito otorgado al Sr. nombre reservado por C.C.A.F. 18 de Septiembre, situación que no ha ocurrido, tal como lo ha expresado esta última institución en su presentación.

Indica, que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social otorgados a afiliados pensionados son informados a las entidades pagadoras de pensiones de acuerdo a lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 16 de la Ley N°19.539 que establece; “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la ley Nº 17.322.”.

Por consiguiente, su entidad, una vez corresponda según el orden de prelación instruido por la Superintendencia de Seguridad Social para el caso en comento, ejercerá los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen, los cuales no son más que cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable esta obligación para su representada.

En consecuencia, solicita se rechace este recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario.

Finalmente comparece don nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, abogado, con domicilio domicilio reservado, informando en representación según se acreditará de “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES”, entidad de previsión social sin fines de lucro, RUT N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, informando, que el señor nombre reservado obtuvo de Caja del Compensación Gabriela Mistral, un crédito social con fecha de colocación el día 6 de septiembre del año 2012, el cual fue signado con el número 788274, por un monto de $2.578.195 pesos, el cual se pagaría en 73 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $79.879 y una 74 de $79.880 pesos. De este crédito el recurrente no ha pagado ninguna cuota, así como tampoco la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, no ha solicitada descuento de la cuota de crédito social. Tampoco ha recibido ningún pago del mencionado préstamo. En razón de ello, solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

SEGUNDO: Que, en el caso sub lite y luego de un análisis pormenorizado del libelo constitucional, de los informes presentados por las recurridas y de los documentos allegados por las partes, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a) que el actor solicitó una serie de créditos a las Cajas de Compensación recurridas, a partir del año 2011; b) que el actor percibe su jubilación de invalidez a través de Principal Vida Chile S.A.; c) que el recurrente denuncia que se le presentó un problema en el año 2013, ya que todas las Cajas acreedoras comenzaron a retener simultáneamente parte de su remuneración para el pago de las cuotas adeudadas, quedándole un líquido a percibir de escasos $8.921 pesos; d) que tal situación motivó que presentara el reclamo respectivo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual reguló un orden de prelación para el pago de los diferentes créditos adeudados; e) que en agosto de 2019 lo señalado volvió a ocurrir, cuando nuevamente le fueron descontadas cuotas de manera simultánea por parte de la Caja de Compensación 18 de Septiembre y La Araucana, lo cual implicó una merma total en su pensión de invalidez de $176.933, hecho que fue reconocido por las recurridas en sus respectivos informes; f) que la Caja de Compensación La Araucana señaló en su informe que había tomado nota de lo ocurrido, asegurando que no se habían efectuado descuentos posteriores a ése, y que respetaría el orden determinado por la Superintendencia; g) por su parte la Caja de Compensación 18 de Septiembre indicó que es a ella a quien corresponde, atendido el orden establecido por la SUSESO, practicar los descuentos; h) las demás Cajas informaron que no se estaban pagando las cuotas correspondientes a sus créditos a pesar de asegurar la recurrida Principal Vida Chile S.A., que se han descontado y pagado montos relacionados a lo adeudado por el actor también a las demás Cajas; i) que los montos que se descuentan incluyen el seguro de desgravamen.

TERCERO: Que para resolver la cuestión planteada, es menester señalar previamente que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

CUARTO: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Cabe establecer que la recurrida Principal Vida Chile S.A. ajustó su actuar a la normativa vigente, al efectuar las deducciones conforme las mismas Cajas se lo fueron requiriendo, por lo que a su respecto, no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte la garantía constitucional enunciada en el libelo de protección.

SEXTO: Que respecto a la conducta desplegada por las Cajas recurridas, de acuerdo a lo informado, es posible dilucidar que las mismas se encuentran en conocimiento del orden de prelación establecido por la SUSESO y que se encuentran llanas a cumplirlo. A mayor abundamiento, y como ya se consignó, Caja La Araucana reconoció haber solicitado el descuento para el mes de agosto de 2019, asegurando que ello no volvería a ocurrir, hasta que no le corresponda su turno.

SÉPTIMO: Que por los motivos anteriormente señalados y teniendo en consideración que existe un claro ánimo por parte de las acreedoras a acatar los resuelto por la SUSESO, no se vislumbra afectación a las garantías invocadas por la recurrente en virtud de un acto ilegal o arbitrario imputable a las Cajas recurridas, no constituyendo el actuar aislado y puntual de Caja La Araucana, suficiente fundamento para estimar que se han conculcado los derechos constitucionales del actor.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo apuntado, cabe añadir que en la substanciación de los presentes autos, la empleadora del actor –la recurrida Principal Vida Chile S.A.- ha entregado información que contradice lo informado por las Cajas Los Héroes y Gabriela Mistral, quienes aseguraron que no se les ha pagado cuota alguna, en circunstancias que la empleadora ha indicado lo contrario, razón por la cual aun cuando la presente acción cautelar será rechazada en virtud de lo anteriormente razonado, ello no obsta a que el actor requiera a las Cajas acreedoras, en su oportunidad, efectuar una reliquidación de cada uno de sus créditos, acompañando la documentación disponible, a fin de determinar con precisión lo que actualmente se adeuda a cada una de ellas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por don nombre reservado, sin perjuicio que éste solicite las respectivas reliquidaciones de sus créditos, conforme se ha razonado en el considerando octavo de esta sentencia.

Redacción de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

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