nombre reservado con PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

C.A. de Temuco Temuco, nueve de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

1.- Que, en estos antecedentes comparece doña MARIA CAROLINA MORA REYES, Abogada, con domicilio en la ciudad de Temuco, domicilio reservado de la ciudad de Temuco e interponer recurso de protección en favor de don nombre reservado, pensionado, en contra de la empresa PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., giro de su denominación, ignoro representante legal, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la institución CAJA DE COMPENSANCION LA ARAUCANA, representada legalmente por don nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso en que el recurrente se encuentra a la fecha pensionado por intermedio de la empresa PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., mediante la modalidad de renta vitalicia.

Al momento del pago de su pensión del mes de julio de 2019 se le informa un descuento por un monto de $259.270 QUE EN LA GLOSA SOLO SEÑALABA “CAJA DE COMPENSACION”, recibiendo a pago la suma de $55.758.

Frente a dicha situación deduce reclamo ante la empresa PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, quienes informan que dicho descuento fue instruido por CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA.

Al concurrir a CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA le informan que los descuentos corresponden a 2 créditos de los años 2005 y 2008; el primero otorgado en 48 cuotas de $101.502, de los cuales se descontaron íntegramente de su pensión hasta la cuota N°47, y el segundo en 60 cuotas de $153.748, que su primera fecha de vencimiento correspondía el 29 de febrero de 2008, los cuales en su momento dejaron de ser descontados y nunca fueron cobrados judicialmente.

Que, presuntamente amparadas en la ley de Cajas de Compensación las recurridas efectúan estos descuentos que no han sido informados de manera alguna, y que corresponderían a una deuda que en todo caso –y para todo efecto legal– se encuentra prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil.

Por lo demás, nunca se ha notificado a la parte recurrente acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda. Con ello se evidencia que la recurrida pretende por la vía de este descuento ilegal, arbitrario y tardío, corregir la negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito.

Que, lo cierto es que al recurrente se le ha descontado arbitrariamente un monto a título de un préstamo de consumo ante la caja de compensación La Araucana, infringiendo vitales normas constitucionales de protección, pues como ha quedado de manifiesto, estos descuentos fueron realizados sin autorización ni consentimiento del recurrente, ni menos decreto judicial, por el ente pagador de su pensión SEGUROS PRINCIPAL VIDA CHILE, dándole la facultad de imperio a la CCAF La Araucana, ya que a su solo requerimiento proceden a realizar tal descuento.

Agrega, que el recurrente no se encuentra afiliado a Caja de Compensación La Araucana, hace por lo menos 10 años, por lo que tampoco se da en la especie el presupuesto del Artículo 22 de la ley 18.333.

Finalmente, queda claro que la actuación denunciada no se ha agotado en cuanto a sus efectos con los descuentos de los meses de julio y agosto de 2019, resultando de manera indiscutible que el acto cuestionado es de efectos permanentes, toda vez que los descuentos se realizarán mensualmente –todos los días 20 del mes-de la liquidación de pensión de vejez del recurrente, según lo informado por la empresa PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Que los hechos anteriormente expuestos constituyen acciones arbitrarias e ilegales que configuran una amenaza, perturbación y privación de vitales garantías establecidas en la constitución política de la república, tal como se expone a continuación:

1.- Articulo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la república, esto es “La igualdad ante la ley”. En este artículo, además de la igualdad de la ley, establece que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; En la especie, esta garantía esta conculcada desde el momento de que C.C.A.F., La Araucana, instruye efectuar el descuento por planilla a la empresa de Seguros Principal de la respectiva liquidación de pensión de vejez del recurrente.

Que, el hecho arbitrario e ilegal de las recurridas ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación de desventaja, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para obtener el pago de un crédito, se les debe demandar en tribunales ordinarios, cuestión que los recurridos han obviados presuntamente amparados en normas de la ley de Cajas de Compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una deuda, que por lo demás, como se ha dicho, se encuentra prescrita.

2.- El artículo 19 de la Constitución Política de la República prescribe que “La Constitución asegura a todas las personas: N° 24 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Es requisito para que proceda la interposición de la acción de protección, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que el acto u omisión vulnere por privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos enumerados en este artículo. El acto arbitrario en que incurre la recurrida importa una privación del derecho garantido, por el descuento realizado en el mes de julio a su jubilación y una amenaza al derecho de propiedad, desde el mes de julio en adelante, lo que se traduce en una disminución concreta y efectiva de su patrimonio.-Este artículo dispone además, que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. Esta garantía, resulta evidentemente conculcada y vulnerada, teniendo presente y en el entendido que la remuneración resulta un bien de exclusiva propiedad del recurrente, por lo que al descontarse en forma arbitraria por la empresa de Seguros Principal, el monto exigido por la caja de compensación La Araucana, implica ciertamente una privación de parte de un derecho de su absoluta propiedad, que no está amparado bajo legislación alguna, sino que por el contrario, ampliamente repudiado por el ordenamiento jurídico.

Por lo anterior, pide acoger el recurso, declarando específicamente, como medida de protección las siguientes:

1) Que se ordena a la empresa PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., cesar y abstenerse de efectuar descuentos a la planilla o liquidación de pensión o remuneración mensual del recurrente, respecto de PRESTAMO C.C.A.F. LA ARAUCANA, por cuanto al encontrarse prescritas sus acciones y derechos, necesaria y consecuencialmente, su retención resulta contraria a los dispuesto en los artículos 19 Nros. 2 y 24 de la constitución política de la Republica.

2) Que se ordena a ambas recurridas, hacer devolución inmediata de los montos retenidos los meses de julio y agosto;

3) Que se condena en costas a la recurrida. Todo lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de protección que US. ILTMA. Estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de los recurridos.

2.- Que, comparece don CARLO BATTAGLIA CASTRO, abogado, en representación, de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, informando el recurso pidiendo su rechazo, con expresa condena en costas al recurrente.

Indica que el recurso debe ser desestimado: (i) no existe acto ilegal alguno imputable a Principal; (ii) tampoco existe acto arbitrario de Principal y (iii) mi representada ha dado estricto cumplimiento a la normativa que regula estas materias.

Precisa que con fecha 06 de enero del año 2005 don nombre reservado, contrató con PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., la póliza N°31505 de Seguro de Renta Vitalicia. En virtud de dicho contrato, sería primero la AFP Capital (en ese entonces “AFP Summa Bansander S.A.”) la que pagaría una pensión fija, como Retiro Programado, durante el período de tres años, comprendido entre el año 2005 hasta el año 2008, fecha en que comienza a recibir pensión de parte de Principal, comenzando el pago de la Renta Vitalicia contratada (la “Pensión Respecto al cobro y/o descuento en la liquidación de pensión, refiere que únicamente con fecha 19 de julio y 20 de agosto del presente año, respectivamente, se efectuaron descuentos a expresa solicitud de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (la “Caja”), en el mes de julio por un monto de $ 255.250.- y el mes de agosto por un monto de $153.748. Lo anterior, descontándose de la Pensión del recurrente, como hemos mencionado, a requerimiento y/o instrucción de la Caja, la cual recibió y procesó mi representada en atención al mandamiento legal que recae sobre la misma. A mayor antecedente, acompañamos en un otrosí de esta presentación, los códigos de envió de la Caja con el detalle de los meses y los montos a descontar, y que, tal como veremos más adelante en los antecedentes de Derecho, el actuar de mi representada se ajusta plenamente a la normativa vigente y aplicable en la materia.

Agrega que el recurrente con fecha 7 y 21 de agosto de 2019, concurrió presencialmente ante la Compañía, sucursal Temuco, con el objeto de informar y transmitir dicha situación, en ambas ocasiones le informó el motivo de dicho descuento, indicándole que el mismo fue en base a instrucción impartida por la Caja, por un crédito social.

Finalmente, hace presente que, como Compañía de seguros de vida, oferente de contratos de seguros de Rentas Vitalicias Provisionales, su representada actúa como pagadora de las mismas rentas, de conformidad a los términos de la póliza de la pensión contratada, como asimismo, recaudadora de los descuentos legales instruidos que el propio contratante o pensionado de la renta haya convenido y autorizado en cajas de compensación o en otras instituciones autorizadas al afecto, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente.

ANTECEDENTES DE DERECHO I.- NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LOS DESCUENTOS POR CREDITOS SOCIALES OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR Indica, en primer lugar, encontramos la circular N° 2.052 de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 10 de abril del año 2003, que establece el “REGIMEN DE CREDITO SOCIAL. IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS CAJAS DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR” que en su punto 17.1.2 señala lo siguiente: “Igual mecanismo especial de pago rige respecto de los afiliados pensionados, conforme al artículo 16 de la Ley N° 19.539 que establece que las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una C.C.A.F., lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social y enterado en aquélla dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al de su descuento. Para tales efectos, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la Ley N° 17.322”.

Por otra parte, el Decreto N° 91 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 11 de enero del año 1978 que “APRUEBA REGLAMENTO DEL REGIMEN DE PRESTACIONES DE CREDITO SOCIAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR” señala en su artículo 11 inciso segundo lo siguiente: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales”.

De las normas transcritas, fluye la obligación de actuar a requerimiento de la Caja de Compensación respectiva, realizando el descuento que ésta le solicite.

En el caso de autos, los descuentos efectuados en la pensión de don nombre reservado fueron solicitados por la caja de compensación La Araucana. En caso de que su representada incumpla el plazo señalado, se verá expuesto a las acciones que ejerza la Caja de Compensación, en aplicación de las normas de la Ley 17.322, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 19 de agosto del año 1970, que establece “NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”.

II.- EN CUANTO A LA INFRACCION A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA a) No existencia acto arbitrario o ilegal que haga procedente el Recurso De Protección En cuanto a las consideraciones de fondo, estimamos importante señalar que el recurso de protección es una herramienta destinada a resguardar vulneraciones de los derechos expresamente contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para cuya reparación constituya este recurso una vía idónea, necesaria y pertinente, acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de ACTOS U OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales protegidos por esta acción cautelar.

Considero importante recalcar que el recurso es procedente en casos de actos arbitrarios entendiéndose como tales aquellos “contrarios a la justicia, injustos, irracionales, prejuiciados, desproporcionados para el fin querido, guiado o movido por el capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor y la equidad”. De los hechos descritos, tanto por el recurrente como a lo largo de la presente, queda en evidencia que mi representada ha actuado y actuó de conformidad a la normativa vigente y aplicable, la cual le indica y obliga en la presente materia, esto es, ante la solicitud de descuentos por parte de las Cajas de Consignación de Asignación Familiar, realizar tales descuentos instruidos a sus pensionados. Por tanto, y en atención a las normas que la regulan y a la buena fe con la cual esta Compañía ha actuado, no es Principal la institución, en este caso, en su rol de pagadera de la renta vitalicia y recaudadora de los descuentos legales instruidos por las instituciones autorizadas al efecto, llamada a validar y/o analizar el mérito y oportunidad de los descuentos instruidos, dado que, no está facultada para tal, como así también, al hacerlo incumpliría el mandato normativo que recae sobre la misma, incluso pudiendo ser objeto de acciones tendientes al cobro de los mismos descuentos. De conformidad a lo anterior, difícilmente o malamente, puede esta Compañía estar cometiendo un acto u omisión arbitraria o ilegal en tal sentido y en cumplimiento de la legislación. Con todo, el respectivo análisis del mérito y/o oportunidad del cobro, en atención a la solicitud - por parte de un pensionado - de un crédito social, debe producirse en un momento anterior al descuento propiamente tal, y para el cual la Caja, como institución otorgadora del crédito y requirente del descuento, posee y maneja todos aquellos criterios y requisitos otorgados por la normativa aplicable y por el regulador sectorial, esto es, la Superintendencia de Seguridad Social, en donde debe velar por su debido otorgamiento, gestión, cumplimiento y cobro.

b) Inexistencia de garantía constitucional afectada por el actuar de mi representada El recurrente en autos señala que se ha visto afectado el derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Esto último lo sustenta atendiendo al hecho de estar efectuándose descuentos en su Pensión por parte de mi representada. Tal como ha sido señalado en este informe, estos descuentos no son realizados por parte de Principal de manera aleatoria, arbitraria ni abusiva, sino que son efectuados en base a las instrucciones recibidas de parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. Como fue mencionado anteriormente, Principal una vez recibida la instrucción por el otorgamiento de un crédito social, debe necesariamente comenzar a realizar el descuento para el pago del mismo, todo esto en cumplimiento de la normativa vigente.

Por lo anterior, pide negar lugar al recurso de protección interpuesto, con costas.

3.- Que, finalmente, comparece doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso.

ANTECEDENTES GENERALES:

Conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Luego de referir los estatutos que la rigen indica que el artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, prescribe: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquella dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la Ley N°17.322”, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las entidades pagadoras de pensiones.

En consecuencia, los descuentos a aplicar en una liquidación de pensión tienen su asidero en el artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 relativa al Régimen de Crédito Social y Circular N°1.669 del año 1998 referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados.

Señala que el 07 de octubre de 2005, se le otorgó al Sr. nombre reservado, en su calidad de pensionado el crédito social folio N°001-0026611098, por la suma total de $3.693.322 pesos, pactado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $101.502 pesos, a descontar a través de su entidad pagadora de pensión Corpseguros. Crédito que se encuentra pagado, atendido que la última cuota del mismo se descontó en el mes de agosto de 2019.

El 13 de diciembre de 2007, se le otorgó al Sr. nombre reservado, en su calidad de pensionado el crédito social folio N°092-000654045, por la suma total de $4.657.444 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $153.748 pesos, a descontar a través de su entidad pagadora de pensión AFP Capital SA. Crédito que sólo se ha pagado una cuota, debiendo las 47 restantes.

Finalmente, cabe hacer presente que se han generado 2 devoluciones a favor del Sr. nombre reservado, la primera por la suma de $153.748 pesos cobrado por el recurrente el 08 de agosto de 2019, atendido el descuento efectuado en el mes de julio de 2019, conforme lo ordenado en la Circular N°2.052; y la segunda por la suma de $61.159 pesos, cobrado por el recurrente el 02 de septiembre de 2019, en virtud del descuento efectuado en el mes de agosto de 2019, conforme la mencionada Circular.

III. ANTECEDENTES DE FONDO:

Los descuentos practicados en la pensión del recurrente, tienen su origen en los créditos sociales otorgados por La Araucana C.C.A.F., los que cesaron no por un hecho imputable a esta parte sino en razón de los cambios de entidad pagadoras efectuados por el Sr. nombre reservado, al ser de su cargo no sólo informar el cambio de entidad pagadora, sino además una vez efectuado el descuento concurrir a la Caja acreedora y presentar las liquidaciones de pensión para efecto de determinar el monto que conforme al tope legal contemplado en la Circular N°2.052 (de la Superintendencia de Seguridad Social), sin perjuicio de haber efectuado esta caja las respectivas devoluciones, atendido lo informado por su actual entidad pagadora.

Por otra parte, es del caso reiterar, que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ley N°17.322, transcritos en la parte referente a los antecedentes generales, deben ser deducidas y retenidas por la entidad pagadora de la pensión, para posteriormente ser enteradas a la Caja de Compensación acreedora sin requerir la autorización previa del deudor.

En consecuencia, La Araucana C.C.A.F., no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora si en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho, por cuanto no ha aplicado un procedimiento en desigualdad de condiciones ni tampoco ha efectuado un traspaso ilegal a la esfera de dominio del acreedor, menos aún ha efectuado expropiación alguna de parte de la pensión de la recurrente, pues es la propia ley la que permite a la Caja de Compensación solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la pensión del deudor.

Enfatiza que la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Es así, que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que reitero esta sea alegada, y mientras no exista un pronunciamiento por parte de un tribunal competente, respecto a la prescripción emanada de la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo, la misma sigue siendo plenamente exigible, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para alegarla. Situación que no aconteció, en el caso de marras.

Argumento que comparte la Superintendencia de Seguridad Social conforme Ordinario N°26204 numeral 5° de fecha 22 de mayo de 2018, que dispone: “...que en cuanto a la prescripción reclamada, por los años transcurridos, cabe señalar que corresponde únicamente a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción de la acción de cobro del crédito social”.

Exponente que el recurso de protección no es la vía idónea para alegar la extinción de una obligación, ni menos aun cuando el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de un crédito que tiene evidente carácter social; además que todo medio de extinción de la misma, debe invocarse y acreditarse en un proceso diverso, lo que impide que el recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado al que deba brindarse protección, más aún al tratarse de una obligación libremente contraída y que debe ser cumplida de buena fe.

No obstante lo expuesto precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda, señala que se ha dispuesto las gestiones tendientes a hacer cesar los descuentos al recurrente, teniendo en consideración que a la fecha ya se le generaron dos devoluciones, la primera por la suma de $153.748 pesos cobrado por el recurrente el 08 de agosto de 2019, atendido el descuento efectuado en el mes de julio de 2019, conforme lo ordenado en la Circular N°2.052; y la segunda por la suma de $61.159 pesos, cobrado por el recurrente el 02 de septiembre de 2019. Sin perjuicio de lo antes expuesto, y en el evento que el empleador efectuase un nuevo descuento sobre su pensión y este sea remesado, se solicita al Sr. nombre reservado concurrir a cualquiera de nuestras sucursales a solicitar la restitución acompañando la respectiva liquidación de pensión, lo anterior teniendo presente que las nóminas de descuento se remiten con dos meses de antelación a las entidades pagadoras de pensión y son masivas.

Finalmente, en atención a lo expuesto precedentemente, se solicita a esta Corte se les exima del pago de costas, toda vez que es manifiesta la buena fe y la plausibilidad para litigar de esta entidad, al tenor de lo informado, de las disposiciones legales ya señaladas y por cuanto al ser las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, es posible colegir que existe un motivo plausible para litigar, esto es la protección del fondo social, obligación impuesta a las C.C.A.F., en virtud de los artículos 29 y 30 de la Ley N°18.833, cuyos recursos se destinan a financiar los regímenes de prestaciones de crédito social y de prestaciones adicionales, por tanto los desembolsos que efectúan las C.C.A.F., por concepto de créditos sociales impagos y costas, constituye una disminución del fondo social, que produce un perjuicio al resto de los afiliados.

Por lo anterior, pide rechazar por falta de oportunidad la acción de protección, solicitando que no se les condene en costas atendido que no ha mediado oposición de esta parte.

4.- Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar, en carácter de urgente, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEGUNDO: Que, el presente recurso de protección se ha dirigido en contra de la actuación de las recurridas consistente en el descuento desde la pensión del actor, que paga la compañía de seguros, a requerimiento de la caja de compensación, de las cuotas correspondientes a dos créditos otorgados durante el año 2005 y 2007 y que se encontrarían en mora desde esa época. En este contexto, no siendo discutido la existencia del crédito y la morosidad del mismo, cabe analizar si las recurridas tenían facultades para efectuar los descuentos referidos precedentemente.

TERCERO: Que, habiendo caído en morosidad la recurrente durante el año 2008, al vencimiento de la cuota 2 del segundo crédito, y habiendo vencido la última cuota el mes de enero de 2013, es menester concluir que las acciones para exigir el cumplimiento de dicha obligación se encontraban prescritas. Asimismo, ocurre con la última cuota del primer crédito, suscrito en 2005, en que, la cuota 48 habría sido exigible hasta el año 2009.

CUARTO: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N 18.833 señala que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales” no cabe duda que dicha norma es aplicable en cuanto aquellas deudas sean exigibles, puesto que se deprende con nitidez que el objetivo de dicha disposición legal es facilitar y garantizar a las Cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero de ninguna manera transforman tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debió haberlo dicho de manera expresa, puesto que, además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

QUINTO: Así las cosas, tratándose de obligaciones respecto de las cuales la Caja de Compensación carece de acciones para exigir el cobro de las mismas, puesto que ellas se encontraban prescritas como se ha venido señalando, forzoso es concluir que también se habría extinguido su potestad de hacerse pago de esas acreencias a través del mecanismo de descuento previsto por el artículo 22 de la Ley N 18.833.

SEXTO: Que, por lo razonado precedentemente, el descuento en las pensiones del recurrente efectuado por la compañía de Seguros Principal S.A., por instrucción de la Caja de Compensación La Araucana, resulta no sólo ser ilegal, si no que una arbitrariedad al tratarse de un acto de autotutela, debiendo arbitrarse las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho.

SÉPTIMO: Que, esa acción ilegal vulnera el derecho de propiedad del recurrente consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de La República, por lo que corresponde a esta Corte, acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho y disponer de inmediato las providencias que aseguren la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que:

1.- SE ACOGE, el recurso de protección deducido por la Abogada doña María Carolina Mora Reyes, en favor de don nombre reservado, en contra de PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. y CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, en cuanto se ordena a las recurridas abstenerse en lo sucesivo de realizar descuentos de las pensiones del recurrente con cargo a créditos respecto de las cuales carece de acciones para reclamar su cobro, debiendo restituir aquellas sumas de dinero efectivamente descontadas y respecto de la cuales, la recurrida Caja de Compensación no haya hecho devolución con anterioridad, tan pronto quede ejecutoriada la presente sentencia.

2.- Que, no se condena a las recurridas al pago de las costas, por cuanto, no se han opuesto a la acción, teniendo motivo plausible para litigar y habiéndose allanado al recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante doña Hellen Pacheco Cornejo.

Rol N° Protección-6175-2019.

Se deja constancia que no firman el Ministro Sr. Aner Padilla Buzada y la abogada integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.