nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, ocho de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS Comparece en autos doña nombre reservado, chilena, agricultora, casada y separada totalmente de bienes, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y expone:

Que estando dentro de plazo, vengo en interponer Recurso de Protección en contra de la nombre reservado, persona jurídica sin fines de lucro, conforme al artículo 15 de la Ley 20.500 representada por su Presidente don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados actualmente en domicilio reservado, calle del Medio cruce Los Aromos, Km. 17,comuna de Lautaro, por vulneración de las Garantías Constitucionales consagradas en los artículos 19 Nº 1 y Nº 24 de la Constitución Política del Estado.

Funda su recurso en que soy única y exclusiva dueña del resto del inmueble denominado “LOTE DOS”: en que se subdividió el predio agrícola denominado “Santa Herminia”, ubicado en el Lugar Alhueco, de la Comuna de Lautaro, según plano y memoria explicativa que se encuentran archivados bajo el número 332 al final del Registro de Protocolo de Lautaro del año 2020, con una superficie de 90,01 hectáreas, y cuyos deslindes especiales son: NORTE, nombre reservado y nombre reservado; SUR, con Lote uno de la presente subdivisión y camino público, y con terrenos ocupados por nombre reservado; ORIENTE, con Fundo El Aromo que era de nombre reservado, hoy nombre reservado; y PONIENTE, con nombre reservado y Lote uno de la presente subdivisión.- Se encuentra inscrita a mi nombre a fojas 367 vta., número 421, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, correspondiente al año 2020.- Adquirí esta propiedad por adjudicación que se me hizo en la Partición de Bienes habidos con mi hermana doña nombre reservado, mediante escritura pública otorgada en Lautaro, ante el Notario César Aravena Labrin, Suplente de la titular doña nombre reservado, de fecha 6 de marzo de 2020, y escritura rectificatoria otorgada en la misma Notaría de fecha 14 de Abril de 2020.- Se hace presente que la suscrita y su hermana nombre reservado poseían en la indivisión dicho predio conjuntamente con su madre nombre reservado, lo anterior, desde el fallecimiento del anterior propietario de la totalidad del inmueble denominado “FUNDO SANTA HERMINIA” de 171 hectáreas nuestro padre nombre reservado, cuya delación de la herencia se produce por el hecho de su fallecimiento acaecido el 02 de Agosto de 2015.- En consecuencia, y siendo asignatarios a título universal, teniendo presente el artículo 722 del Código Civil, no cabe duda de que soy la propietaria legítima del inmueble, esto según consta en la documentación que se acompaña a esta presentación, la cual acredita que mi derecho de propiedad es indubitado.

Dicho lo anterior, señalo que el día 23 de Enero de 2021, como a las 18.00 horas, aproximadamente 30 personas de la nombre reservado, que es cercana, pero no colindante a mi propiedad precedentemente individualizada, sin derecho o autorización alguna, toda vez que no existe tampoco sentencia judicial, o contrato, ingresaron al predio, ubicado en el lugar ya individualizado, descerrajando y violentando el candado del portón de entrada a la referida propiedad, la cual se entra por calle del Medio cruce Los Aromos, Kilómetro 17, de la comuna de Lautaro.- Entraron con carteles y banderas aludiendo a eventuales “derechos ancestrales” sobre dicho bien raíz.-Afortunadamente, en ese momento, no se encontraba ni la suscrita ni familiares o cuidadores, de modo que nadie resultó lesionado con la ilegal acción.- Incluso, dicho acto fue difundido y “celebrado” por redes sociales , específicamente por la red social “Facebook”, en la página “Autoconvocatoria Huenteche Lautaro".- Hago presente a US.I. que dicha ocupación ilegal y arbitraria, persiste hasta el día de hoy, de modo que según se ha resuelto en múltiples fallos de nuestros tribunales superiores de justicia, el acto respecto del cual se recurre es de aquellos de desarrollo permanente y continuo, por lo que el derecho a recurrir de protección no precluye, mientras la acción ilegal o arbitraria continúe produciéndose.- Sin perjuicio de lo expuesto y la ilegal ocupación, toda vez que no existe autorización, ni sentencia judicial, ni contrato que los autorizara a ingresar, no contentos con ello, los integrantes de dicha Comunidad, han sacado madera, que estaba trabajando y en condiciones de ser vendida (alrededor de 400 a 500 pulgadas), además de 150 metros de leña, han cortado árboles nativos al interior de mi predio, como Hualle, Lingue y Coihue; también están haciendo fardos y vendiéndolos sin derecho alguno sobre ellos.- Actualmente, no me es posible acercarme al lugar, ni tampoco mi cónyuge e hijo, puesto que tienen permanentemente apostados a dos personas en la entrada que hacen las veces de “guardias” y percibiendo cualquier presencia “extraña” o ajena a la Comunidad dan la voz de alarma, procediendo a lanzar piedras, palos y todo tipo de objetos contra mi vehículo o cualquier otro que se acerque, llegando al absurdo de no poder ingresar a mi propiedad por estar siendo ocupada ilegalmente por la comunidad recurrida con la excusa de ser un territorio en recuperación.- La suscrita estima que las reclamaciones de tierras indígenas cuentan con una vía institucional de resolución de conflictos, con intervención de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por lo que los recurridos no pueden abstraerse del uso de las herramientas que prevé el ordenamiento jurídico y utilizar vías de hecho para reivindicar los derechos ancestrales que estiman les asisten. Por ello consideramos que los citados actos son arbitrarios e ilegales, pues se ejercitaron de forma clandestina y violenta, motivados por el solo objeto de apoderarse del inmueble de mi propiedad.- Cabe aquí hacer presente la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que ha establecido lo siguiente: “el artículo 12 de la Ley N° 19.253 ha previsto requisitos jurídicos y de hecho que deben concurrir copulativamente para otorgar la calidad de tierra indígena a un determinado territorio. Así, el mencionado precepto dispone que son tierras indígenas aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión proveniente de ciertos títulos mencionados en la ley. Que en este contexto el denominado ‘ejercicio de reivindicación de tierras” que ha desarrollado en mi predio la Comunidad individualizada no encuentra reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues no existe norma alguna en los mismos que habilite a conjunto alguno de personas para por sí mismos alterar y vulnerar derechos pre constituidos, pues aceptar ello es validar la auto tutela, medio de resolución de conflictos relevantes jurídicamente proscrito en nuestro sistema jurídico procesal ”.- (Corte Suprema Ingreso 5.860-2012 “acoge recurso de protección por ocupación de terrenos en Tirúa”)

Los hechos denunciados requieren una urgente tutela de nuestro más Alto Tribunal de la Región de la Araucanía, con el objetivo de garantizar de manera eficaz mis derechos fundamentales irrespetados por la comunidad recurrida.

Es importante que VS.I., acoja la presente acción de protección, pues dicha sentencia será una señal clara de Usía Ilustrísima de respeto de nuestro ordenamiento jurídico, de protección de los derechos constitucionales garantizados por nuestra Carta Magna.

EL DERECHO:

Esta parte tiene claro y sabe que el recurso de Recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia de un derecho de dominio sobre un determinado terreno cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. En este orden de ideas, los conflictos relacionados con el derecho de dominio, deben necesariamente ser discutidos en sede ordinaria mediante la interposición de las acciones correspondientes, al amparo de la legislación vigente y no por la vía de la presente acción.- No es ese el caso de autos SSa. I., puesto que lo que se reclama, es el actuar de los ocupantes que en su proceder constituye auto tutela, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.- Ahora bien, por auto- tutela entendemos las vías de hecho que cualquier persona ejecuta o lleve a cabo alterando un determinado status quo, lo que, a su vez, significa afectar determinadas relaciones jurídicas que sobre estas bases de facto se desarrollaban. Ahora bien, quien lleve adelante estas acciones u omisiones significativas de cambios en estos supuestos de hecho existentes en forma previa normalmente buscan un beneficio o provecho para sus autores, en definitiva, tomar la justicia por mano propia desoyendo el principio básico de un Estado de Derecho que obliga a recurrir a los Tribunales de Justicia en busca de la justicia que de facto pretenden.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS Y FORMA EN QUE HAN SIDO VULNERADAS:

1.- La nombre reservado mediante el ingreso ilegal y arbitrario a mi predio, la violación a sus candados de entrada, la apropiación de diversas especies y destrozos al interior del mismo junto con otros elementos que denotan que esta ocupación pretende ser permanente, sustrayendo del uso y goce de mi propiedad e incluso impidiéndome su disposición en la práctica, me causan grave privación del legítimo ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución Política, esto es, el derecho a mi integridad psíquica y física, en cuanto sus actos ilegales y arbitrarios me han conllevado grave inquietud y estrés, no sólo por ya haber invertido cuantiosas sumas en la adquisición del inmueble tomados por la recurrida, sino por la imposibilidad de usar y gozar (y, en la práctica, disponer) del mismo junto a mi familia.- En efecto, la garantía invocada se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende también la totalidad o integridad de los aspectos que la constituyen. La integridad personal, entonces, constituye aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas, la que ha sido al menos perturbada o amenazada cuando pretendo acercarme a mi predio. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Este derecho se encuentra consagrado como una piedra angular de toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como asimismo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7°). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1968) en su artículo 5 dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y, conforme a lo expuesto, los hechos materia del recurso me amenazan y perturban seriamente en la garantía señalada. Teniendo la propiedad ocupada un altísimo valor espiritual al ser - además en definitiva- herencia y recuerdo de mi padre, los actos de la recurrida la han destrozado emocionalmente.

A mayor abundamiento, teniendo presente la forma en que ha escalado en el sur de nuestro país el denominado “Conflicto Mapuche”, que ya se encuentra plenamente instalado en esta Región me encuentro experimentando el justo temor de que mi integridad física y la de los demás miembros de mi familia pueda verse afectada, en la medida que las autoridades competentes -entre ellas S.S. Iltma. no actúen prontamente en este caso.

2.- Asimismo, cabe hacer presente a S.S. Iltma. que el actuar de la recurrida me causa grave privación del legítimo ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política, esto es, el derecho de propiedad, en cuanto se me impide usar y gozar de mi predio, construir en éste, transitar libremente por el mismo; e incluso se me afecta, en la práctica, en mi facultad de disponer del inmueble, toda vez que no estaría dispuesta a vender todo o parte en la actual situación, como lo tenía planeado, ni nadie lo estaría a comprarlo. Dicho predio se encuentra incorporado legalmente a mi patrimonio y su existencia es indubitada, resultando altamente reprochable el actuar de la recurrida a través de vías de hecho, cuestión que nuestro ordenamiento jurídico rechaza en todas sus formas, pues dichas acciones llevan implícitas formas de autotutela, como se ha dicho, reñidas con un estado de derecho, todas razones que conducirán a S.S. Iltma. a acoger la acción constitucional que vengo en impetrar.

Resulta interesante analizar que con la ratificación y posterior entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, mucho se ha discutido respecto a si aquello implicó una suerte de expropiación sobre tierras a favor de miembros de pueblos indígenas que las reclamasen como suyas. Lo anterior a la luz de lo prescrito en el artículo 14, en relación con el artículo 13 del referido Convenio. Sobre este particular el Tribunal Constitucional, en fallo dictado con fecha 04 de agosto de 2000, causa Rol N° 309-2000, pronunciándose sobre la constitucionalidad del referido artículo 14, señaló que el mismo no era inconstitucional, pues esa disposición del Convenio, entre otras, era programática; lo que implicaba que el Estado era invitado a ponerlas en ejecución mediante una serie de normas adecuatorias que permitan su implementación, dado que ni la Constitución ni las leyes admiten la posibilidad de expropiar por dichas consideraciones. Luego, resulta claro que cualquier pretensión que pudieran tener los recurridos, deben conducirse mediante el empleo de los instrumentos jurídicos que nos proporciona nuestro ordenamiento y no mediante vías de hecho. Así, resulta evidente que con ocasión de las acciones de la recurrida nombre reservado que han ingresado a mi predio, junto con elementos que denotan que esta ocupación pretende ser permanente, sustrayéndome de su uso y goce e incluso impidiéndome su disposición en la práctica- han sido afectadas mis garantías del artículo 19 de nuestra Constitución Política en sus numerales 1 y 24, vale decir, derechos a la integridad personal y de propiedad; afecciones que se tienen el carácter de permanentes en cuanto no sean remediadas por S.S. Iltma. De lo contrario, se estarán validando tácitamente por parte de los Órganos Jurisdiccionales con competencia en la materia, las vías de hecho de la recurrida.

Que conforme a lo expuesto, disposiciones legales y constitucionales citadas y lo dispuesto en el Auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, pide Tener por presentado recurso de protección en contra de la nombre reservado, representada por don nombre reservado, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación, ordenarle que informe a S.S. Iltma. en el plazo perentorio que fije, y ordenar de inmediato:

1.- La salida del predio de mi propiedad y la de todo otro ocupante;

2.- El restablecimiento y reparación de todo daño causado al interior del predio.

3.- Que la recurrida se abstenga de ingresar nuevamente al predio de mi propiedad ya individualizado.

4.- Que se condene en costas a la recurrida.- Que el Subdirector Nacional de Conadi don nombre reservado, expresa:

Que, con fecha 02 de marzo de 2021 y mediante oficio N° 676, la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco solicita a esta Corporación indicar si la nombre reservado, ha iniciado trámites asociados al Fondo para Tierras y Aguas de los artículos 20 y siguientes de la Ley N° 19.253, en lo que guarda relación con el predio denominado "LOTE DOS" en que se subdividió el predio agrícola denominado "Santa Herminia", ubicado en el Lugar Alhueco, de la Comuna de Lautaro, según plano y memoria explicativa que se encuentran archivados bajo el número 332 al final del Registro de Protocolo de Lautaro del año 2020, con una superficie de 90,01 hectáreas, y cuyos deslindes especiales son: NORTE, nombre reservado y nombre reservado; SUR, con Lote uno de la presente subdivisión y camino público, y con terrenos ocupados por nombre reservado; ORIENTE, con Fundo El Aromo que era de nombre reservado, hoy nombre reservado; y PONIENTE, con nombre reservado y Lote uno de la presente subdivisión. El predio se encuentra inscrito a fojas 367 vta., número 421, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, correspondiente al año 2020 y de propiedad de doña nombre reservado.

Que, respondiendo lo solicitado, se procede a indicar que la nombre reservado, Personalidad Jurídica N° 216, de la comuna Lautaro, presentó formalmente su problema de tierras a CONADI con fecha 29 de septiembre de 2009 y actualmente su expediente se encuentra en revisión respecto de la procedencia o no de la aplicación del Artículo 20 Letra b) de la Ley N° 19.253 y el Decreto Supremo 395.

Que, según el relato histórico realizado por la Comunidad, se sostiene que la pérdida territorial se explica porque sus tierras: "pasaron a manos de winkas, se fueron perdiendo cuando el Sr. nombre reservado vecino colindante del lado oeste sur... poco a poco fue corriendo los cercos, ocupando dicha superficie por varios años, posteriormente este predio fue traspasado a don nombre reservado, luego al Sr. nombre reservado y finalmente a nombre reservado, es asi como parte de nuestro predio fue traspasado a mano de particulares". Asimismo, sostienen que la comunidad "no sólo ha sufrido la usurpación de esta tierra sino también de otras ... anterior a la entrega de título de merced ya habían sido usurpadas al inicio por el Sr. nombre reservado, luego pasó a Pedro Nolasco nombre reservado y a su hija Esterlina nombre reservado y finalmente a Black Ibáñez nombre reservado y hermanos".

Que, en conclusión, la nombre reservado si tiene una solicitud de aplicación del artículo 20 letra b) de la Ley N° 19.253, sin embargo y en principio, según su relato histórico no se apreciaría vinculación con las tierras de la recurrente.

Que don nombre reservado, abogado, por la recurrida, nombre reservado “nombre reservado”, representada por don nombre reservado, expone:

Que vengo en evacuar informe al tenor del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la “nombre reservado”, representada legalmente por su Presidente don nombre reservado, solicitando desde ya su rechazo con expresa condena en costas, por las razones que paso a exponer:

Antecedentes:

Con fecha 22 de febrero de 2021, doña nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la “nombre reservado”, por supuesta vulneración a su persona en cuanto a las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1° y 24° de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en los siguientes hechos:

1. Que es propietaria de un predio rural cercano a dicha comunidad.

2. Que el día 23 de enero de 2021, a dicho predio habrían ingresado 30 personas sin individualizar a ninguna de éstas, suponiendo - sin aportar ningún antecedente suficiente - que pertenecen a la “nombre reservado”.

3. Que dichas personas estarían haciendo ocupación ilegal del predio, y consumiendo los bienes existentes al interior de éste. Además, que ella habría sido repelida al intentar ingresar, sin indicar el día y hora de este acontecimiento, ni las personas que habrían procedido a efectuar estas acciones.

4. Que, sin justificar debidamente el nexo causal, la comunidad señalada, mediante una voluntad colectiva y con responsabilidad organizacional estaría ejerciendo autotutela, desoyendo los cauces institucionales para reclamar tierras.

5. Que finalmente, este actuar haría necesaria la acción de esta Ilustrísima Corte en uso de sus facultades conservadoras, solicitando se dispongan las siguientes medidas:

a. La salida del predio de su propiedad de la “nombre reservado”, no de las personas que estarían ocupando el predio, sean o no de la citada comunidad, sino que de la Comunidad misma.

b. El restablecimiento de todo daño causado;

c. La abstención del reingreso a dicho predio;

d. Condena en costas.

6. A su turno, con fecha 10 de marzo de 2021, CONADI evacuó informe en la presente causa, señalando que la “nombre reservado” se encuentra tramitando la Resolución de Aplicabilidad para adquirir tierras haciendo uso del Fondo de Tierras regulado en el artículo 20 letra b) de la ley 19.253. De igual forma, constan sendos informes que la pérdida territorial de esta comunidad se basa en predios que pertenecen a don nombre reservado, quien no es recurrente en esta causa ni tampoco propietario de derecho alguno sobre el predio de la recurrente.

7. Que, con fecha 09 de marzo, Carabineros de Chile evacúa informe en la presente causa, señalando que a la entrada del predio hay letreros, entre los cuales uno señala “Territorio recuperado Lliulliucura Mapu, Wewaiñ”, cuya traducción es “Territorio recuperado, territorio de Lliulliucura, venceremos”. Cabe hacer presente que el sector donde se emplaza el predio se denomina “Lliullucura”.

8. A mayor abundamiento, acompaña la recurrente dos publicaciones extraídas de Facebook. Una de ellas hace referencia a “La Lof nombre reservado de Lliulliucura” (cuya terminología está usada de forma específica para distinguirse de nuestra comunidad, como ya señalaré); la otra, expone una declaración a nombre de la nombre reservado, sin embargo no consta ni el nombre, ni la firma ni el timbre del Presidente de la Comunidad en dicha publicación, y está publicada por un usuario identificado como “Autoconvocatoria Huenteche Lautaro”, cuya identidad desconocemos para este recurso.

Así las cosas, procedo a evacuar informe al tenor del recurso, solicitando sea éste rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas por litigación temeraria, por los siguientes motivos:

Inadmisibilidad de recurso de protección:

Previo a entrar a pronunciarse sobre el presente recurso, es necesario recalcar que ésta es “(…) una acción cautelar, para defensa de derechos subjetivos concretos indubitados y que no es idóneo para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que amerita una solución urgente (…)1”. Precisamente, es una acción excepcional para resolver situaciones claras en su resolución, y que no requieran una tramitación de lato conocimiento. Lo cierto es que, del propio tenor del recurso y especialmente de su petitorio, aparece que la recurrente pretende obtener una reivindicación de inmueble, una pretensión indemnizatoria y una prohibición a los responsables de acercarse a algún lugar determinado, todas provenientes en forma evidente de juicios civiles y/o penales que exigen precisamente un lato conocimiento por parte del tribunal respectivo, con derecho a defensa y etapa probatoria suficiente. No resulta plausible atender tal petitorio por la vía de esta acción cautelar de urgencia, ya que se estaría omitiendo el pronunciamiento del tribunal competente para tales efectos. Y por tal motivo, aun sin entrar a pronunciarse sobre el fondo del recurso, éste debe ser rechazado con costas.

FONDO: La “nombre reservado” efectivamente se encuentra en las cercanías del Fundo Santa Herminia, y no tiene colindancia. Efectivamente cuenta con personalidad jurídica y mantiene una demanda territorial que ha sido canalizada desde el año 2009 por intermedio de CONADI a través de la Postulación al Fondo de Tierras, estando aún a la espera de la Resolución de Aplicabilidad. No existe una decisión como nombre reservado de hacer ingreso al predio de la recurrente; en tal sentido, yerra la recurrente al informarse únicamente por redes sociales de lo que ocurre en su predio, y no efectuar las averiguaciones correspondientes, consultando a la Directiva de la Comunidad respecto de las decisiones que se toman al respecto, toda vez que las acciones colectivas constan en actas y otros documentos de la organización, y esta acción no forma parte de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, la comunidad sí ha tomado conocimiento del inicio de un proceso de “recuperación territorial” en dicho fundo; es un hecho público y notorio toda vez que ocurre en el sector donde vivimos. Es posible que en tal proceso participen personas vinculadas a la comunidad, sin embargo, no se han hecho averiguaciones al respecto toda vez que estos actos dependen de la voluntad de cada persona individualmente y no del colectivo contra el cual se dirige este recurso. Este tipo de situaciones podrá generar en algún caso responsabilidades civiles o penales en contra de quienes efectúan la ocupación, pero vale señalar que tales responsabilidades son de carácter personal, y no se puede asumir que por meras presunciones sin mayores antecedentes esté efectivamente implicada la comunidad con su directiva, cuestión que controvierto. Corresponde aclarar que al hablar de “la Lof nombre reservado”, se está haciendo una diferencia de trato con la “nombre reservado”. El lof es la forma tradicional de organización mapuche, basada en alianzas de diferentes familias que pueblan un mismo territorio, dirigidas por un longko. La ley 19.253 no reconoce esta forma tradicional de organización, y ha impuesto el mecanismo de “nombre reservado”, que agrupa a 15 personas sin necesidad de ser familia o de tener vínculos territoriales, y que es dirigida por un Presidente, Secretario y Tesorero. Es del caso que don nombre reservado no es longko del lof, sino Presidente de la Comunidad. Por tanto, si se alude a la “Lof”, se pretende distinguir a la organización mapuche ancestral de las personas que componen la nombre reservado. Para mayor claridad, el longko del lof correspondía a don nombre reservado, recientemente fallecido el día 15 de marzo del presente.

El recurso no aporta ningún tipo de información para poder elucidar si efectivamente hay o no miembros de la nombre reservado contra quien se recurre efectuando las acciones denunciadas. Sólo se hacen supuestos ambiguos por una declaración de redes sociales, que no se condice con la información aportada tanto por Carabineros como por CONADI y también por la evacuación del presente informe. Que, en tal sentido, el recurso de protección carece de fundamento toda vez que, de acogerse, se solicitaría a la “nombre reservado”, por intermedio de su Presidente como representante legal: hacer abandono de un predio al cual nunca se ha determinado ingresar por voluntad organizacional, establecer daños que, de existir, provienen de actos de personas individualmente consideradas, no de la comunidad; y se prohibiría reingresar a un lugar que es transitado por personas individualmente consideradas; suponer el ingreso de la comunidad caería en el absurdo de pensar en un traslado de la sede comunitaria a tal recinto;

- Eventualmente, se pretenden cobrar costas por hechos que la nombre reservado no ha cometido Es cargo de la recurrente verificar el sujeto pasivo de sus pretensiones y acreditarlo por la vía procesal que corresponda, sin acusar gratuitamente de actos que no han sido ordenados ni acordados, ni por el Presidente de la Comunidad, ni por los miembros de la directiva, ni la asamblea.

En cuanto a la privación de integridad física y psíquica de la recurrente: doña nombre reservado extiende su integridad a la imposibilidad de ingresar a un predio de su propiedad; es más, desarrolla un argumento para indicar que la integridad está mancillada por afectarse el valor espiritual de un predio que ha sido destrozada emocionalmente. Es necesario aclarar que la garantía pretendida no puede extenderse hasta su abuso, en el sentido que se pretende resguardar el derecho a la vida de la persona, y a su dignidad como tal; mas no a sus bienes. A mayor abundamiento, no consta ningún antecedente, salvo la redacción del mismo recurso, que pueda evidenciar una afectación a su persona o a su familia.

En cuanto a la privación de su derecho de propiedad: Si bien eventualmente la recurrente pudiera tener algún grado de afectación, respecto del cual se desconoce todo antecedente por no empecer a esta nombre reservado, aquello debe solicitarlo por las vías judiciales respectivas, tales como una querella de amparo o restablecimiento, o cualquier otra acción restitutoria o reivindicatoria que estime pertinente, a efectos de resguardar las normas mínimas para asegurar un procedimiento racional y justo.

Solicita se tenga por evacuado informe, y se rechace en todas sus partes el recurso por los argumentos señalados, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar derechos fundamentales, frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado entonces que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) Que conforme el auto acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección, el mismo debe sea interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismo, lo que se hará constar en autos. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura.

SEGUNDO: Que, en el caso de marras, el primer problema que se plantea, es aquél que dice relación con establecer efectivamente contra quiénes se pretende dirigir el presente recurso, verificándose una individualización completa de las personas que ocuparon el predio de la recurrente, lo que en la especie no ocurre.

TERCERO: Que, en efecto, el recurso de protección tiene por objeto cautelar el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales reconocidas a personas determinadas, y en contra de personas también determinadas. Al no estar individualizado estos últimos supone un escollo inicial difícil de superar, desde el momento en que la recurrentes se dirige contra alrededor de 30 personas indeterminadas que ingresaron a su predio las que solo indica que pertenecen a la nombre reservado.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, y para un pronunciamiento más acabado, cabe puntualizar, que los hechos que afectan a la recurrente, son materia de un juicio de lato conocimiento en sede civil y están siendo conocidos al actual por la Fiscalía, entidad ante la cual se efectuaron las correspondientes denuncias penales.

QUINTO: Que, así las cosas, la presente acción no puede prosperar, por cuanto no se determinó con precisión contra quien se deducía la misma, razón por la cual no resulta necesario entrar al análisis de las supuestas garantías conculcadas.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, contra la nombre reservado.

Redacción de la Ministra Interina doña Luz Mónica Arancibia Mena.

Regístrese.

Rol N° Protección-614-2021 (pvb).