RECURSO DE PROTECCION PRODUCTOS INDUSTRIALES MADEREROS LTDA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO MALLECO -ANGOL

C.A. de Temuco Temuco, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

A la presentación de fecha cuatro de febrero del año en curso, de la abogada Carolyn Concha Salazar: Téngase presente.

VISTOS:

Que, comparece don JAVIER ZEHNDER GILLIBRAND, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Productos Industriales Madereros Limitada (en adelante PROIMAD), sociedad del giro contratista forestal, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero civil industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Malleco-Angol, representado legalmente por el Inspector Provincial don nombre reservado, o quien lo subrogue, suceda o reemplace, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a los argumentos de hecho y de derecho siguientes:

I.- Antecedentes de hecho:

1.- Que con fecha 10 de julio de 2018, la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo de Collipulli, Sra nombre reservado, resolvió aplicar a su representada, Productos Industriales Madereros Limitada (PROIMAD) una multa administrativa a beneficio fiscal por la suma total de 15 IMM, correspondiente a la suma total de $2.670.555, a la fecha en que se constató la infracción, fundándose en el siguiente argumento: Multa N° 8203/18/11: No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: registro de ingreso y salida de planta Plywood por parte de los trabajadores que ahí prestan servicios, lo anterior del período enero 2018 a mayo 2018; y el contrato de prestación de servicios de PROIMAD ltda con CMPC MADERAS S.A., a fin de determinar la obligación de incorporar la figura del supervisor en los trabajos que realizan en planta Plywood.

La resolución señala que tal hecho constituye incumplimiento de los artículos 31 y 32 del DFL Nº2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

2.- Que la referida multa se aplicó por medio de la Resolución Nº 8203/18/11, la que se notificó personalmente a mi representada con fecha 13 de julio de 2018, según consta en documento que acompañamos a este Recurso.

3.- Que con fecha 10 de agosto de 2018, por medio de Correos de Chile, se envió a la Inspección Comunal del Trabajo de Collipulli, al mismo domicilio indicado en la Multa, esto es domicilio reservado, la respectiva Reconsideración Administrativa de Multa, solicitando se dejara sin efecto la multa por existir errores de hecho al momento de la fiscalización, y en subsidio, se rebajara el monto de la multa administrativa, por haberse corregido la infracción, además de acompañar ciertos documentos, todo ello a fin de que la autoridad pudiese resolver y acoger nuestra petición.

4.- Que luego, la Inspección Provincial del Trabajo de Angol – Malleco emitió la Resolución Ordinario Nº 1004, la cual fue notificada vía carta certificada en el domicilio de mi representada el día 25 de octubre de 2018, resolviendo lo siguiente: “En relación a la presentación mediante la cual se solicitó Reconsideración de la Multa indicada, se informa Ud, que no se dió cumplimiento a los requisitos que permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, puesto que esta: No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación. Por ello, no resulta posible para este Servicio admitir a tramitación tal solicitud”.

Esta situación nos parece contraria a derecho, puesto que no se entiende porque si su representada fue notificada personalmente el día 13 de julio de 2018, y luego es enviada con fecha 10 de agosto la respectiva Reconsideración Administrativa, la Inspección haya resuelto declararla extemporánea, cuando estaba absolutamente dentro de plazo.

5.- Que, estimamos que la Resolución constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, el debido proceso y de propiedad de su representado, pues el plazo de días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo es un plazo de días hábiles, por lo que al día 10 de agosto de 2018, la empresa se encontraba dentro del plazo legal para deducir la Reconsideración Administrativa.

II. Fundamentos de Derecho.

Plazo legal de días.

1.- Que, según el artículo 512 del Código del Trabajo, las reconsideraciones administrativas respecto de multas cursadas por la Dirección del Trabajo, deberán ser presentadas dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

2.- Que, por tratarse de actos administrativos, debe ser aplicado el artículo 25 de la Ley 19.880, esto es, los 30 días son hábiles, considerándose inhábiles los sábados, domingos y festivos.

3.- Asi lo ha resuelto de manera reiterada la jurisprudencia:

A) En sentencia de fecha 28 de abril de 2015, la Excelentísima Corte Suprema resolvió en causa Rol Nº 4015-2015: “Segundo: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.”

4.- Como se ve, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido una postura clara sobre cómo debe estimarse este plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, lo que nos lleva a concluir que lo resuelto por la recurrida es ilegal, al entender ésta que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, en circunstancias que lo legalmente correcto es estimarlo como un plazo de días hábiles.

Acto arbitrario e ilegal.

1.- La resolución recurrida, en cuya virtud no se admitió a tramitación Reconsideración Administrativa de la Multa aplicada por Resolución Nº 8203/18/11, por entender que dicha petición había sido formulada extemporáneamente, resulta ser ilegal.

2.- Las razones ya han sido expuestas: la correcta interpretación del plazo a que alude el artículo 512 del Código del Trabajo, es aquella que considera que el plazo para interponer Reconsideración Administrativa en caso de Multas es de días hábiles, y no de días corridos como lo estima la recurrida.

3.- Esta parte entiende, que además de ser ilegal el comportamiento de la recurrida (ello por no aplicar correctamente el artículo 512 del Código del Trabajo), es una conducta arbitraria, puesto que carece de sustento jurídico y fáctico, llegando a hacer antojadiza. Y aún más considerando cuál ha sido la postura sostenida de la jurisprudencia en esta materia.

Garantías Constitucionales vulneradas:

1.- La decisión de la recurrida, en cuanto estima por extemporánea la Reconsideración presentada, vulnera en primer lugar el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, pues se desconoce el imperativo legal imponiendo a mi representada una forma de cómputo de plazos que no es la prevista por el legislador.

2.- No sólo se ve vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, también se infringe el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, esto es, el debido proceso, pues es requisito esencial de este derecho que se respeten los plazos legales y procedimientos para el ejercicio de defensas o prerrogativas. En el caso de autos, la recurrida ha privado a mi representado de ejercer legítimamente su derecho a defensa, puesto que ha estimado erróneamente que la actuación se ha realizado de forma extemporánea.

3.- Asimismo, se ha visto vulnerada la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, puesto que la multa impuesta bajo estas condiciones, vulnera ilegítimamente el derecho de propiedad que ejerce mi representada sobre su patrimonio.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Ordinario Nº 1004 de fecha 22 de octubre de 2018 de la Inspección Provincial de Trabajo de Angol-Malleco y se ordene a la recurrida admitir a tramitación el Recurso de Reconsideración Administrativa presentado por esta parte en contra de la Resolución de Multa Nº N° 8203/18/11 de fecha 10 de julio de 2018, sin perjuicio de otras medidas de protección que V.S.I. estime procedentes y necesarias para reestablecer el imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, todo ello con expresa condenación en costas.

Que, comparece don nombre reservado.U.T. RUT reservado, Inspector Provincial del Trabajo Malleco-Angol en representación de la recurrida INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO MALLECO-ANGOL.

Refiere que en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo de Angol no he hecho sino apegarse a la legalidad en mi actuación, pues lo he hecho conforme a las instrucciones administrativas vigentes, tanto de la Dirección del Trabajo, como de la Contraloría General de la República, por lo que no existe la ilegalidad ni arbitrariedad alegada.

El asunto planteado por la ocurrente, esto es, si el plazo de 30 días para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del trabajo, que establece el artículo 512 del Código del ramo, es un plazo de días hábiles o de días corridos se produce por la ausencia de norma expresa al respecto.

Pues bien para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo, cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento, ha dado a la materia.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil, en cuya virtud "en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados".

Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162, incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero; 171, inciso primero; 201, inciso cuarto; 223, inciso cuarto; 282, incisos primero y cuarto, y 503, inciso tercero en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Corrobora esta interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo-conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro, "se entenderán suspendidos durante los días feriados", toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, al tenor de la cual los plazos de días establecidos en esa ley "son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos", toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Todo ello y en idénticos términos fue resuelto por Contraloría General de la República, en dictamen N° 64985 de fecha 20-11 -2009, en pronunciamiento sobre legalidad de acta de constancia de Inspección del Trabajo y computo del plazo para impugnar multas administrativas, por medio del cual informó expresando que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho, es de días corridos, por cuanto no existiría acto arbitrario e ilegal alguno que conculque las garantías constitucionales, por cuanto una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce a la Contraloría General, consiste en la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización, tal como acurre con esta Inspección Provincial que como Institución de carácter público que somete su actuación a lo resuelto por Contraloría.

Así, habiéndome apegado absolutamente a la interpretación administrativa vigente, mi acto no puede ser considerado ilegal, ni mucho menos arbitrario, pues esta doctrina es sostenida en todos los casos similares. Así, no se advierte de modo alguno la existencia de vulneración a la garantía aludida.

Por todo lo anterior, pide tener por evacuado el informe solicitado que incide en el recurso de protección deducido en mi contra, y con lo informado, rechazarlo por improcedente, en todas sus partes, con costas.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que por la presente acción cautelar, se reclama por el actor de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo de Malleco Angol –la que tilda de arbitraria e ilegal- por la que se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que su parte dedujo respecto de una multaa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada en forma extemporánea.

TERCERO: Que según aparece de los documentos agregados al proceso, la resolución que impuso la multa fue notificada a la recurrente el día 13 de julio de 2018 y que la reconsideración fue remitida con fecha 10 de agosto por medio de Correos de Chile. Esto es, dentro del plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, que es de días hábiles.

CUARTO: Que, como ya lo ha resuelto reiteradamente esta Corte y la Excma. Corte Suprema en los autos Roles N° 809-2014, 8384-2014, 18.414-2015 y 16.288-2016, entre otros - el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles, como ya se indicó los días sábado, domingo y festivos. Al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

QUINTO: Que, si bien la Contraloría General de la República mantuvo una concepción diversa sobre la naturaleza del plazo en discusión, por medio del Dictamen N° 25.891 del 16 de octubre de 2018, cambió su postura estimando en concordancia con la jurisprudencia judicial, que el plazo del artículo 512 es de días hábiles.

SEXTO: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, actuar que afecta, del mismo modo, el principio de legalidad que vincula a toda autoridad.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por don JAVIER ZEHNDER GILLIBRAND, abogado, en representación de Productos Industriales Madereros Limitada y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Malleco-Angol, y se deja en consecuencia sin efecto el Ordinario Nº 1004 de fecha 22 de octubre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa Nº N° 8203/18/11 de fecha 10 de julio de 2018.

Rol N°Protección-6120-2018.(bmm)