nombre reservado con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, tres de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 5 de enero de 2025, comparece don Jorge Iván Licanqueo Calfiqueo, abogado, en representación de don nombre reservado, domiciliado en Temuco, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección del Trabajo Regional de La Araucanía, representada por su directora regional doña Carolina Ojeda Galaz, fundado en la negativa de dicho organismo a acoger a tramitación una denuncia por acoso laboral presentada por el recurrente. Expone que con fecha 11 de diciembre de 2024 formuló denuncia verbal ante la Inspección del Trabajo, la cual fue recibida como mera constancia, por lo que con fecha 17 de diciembre del mismo año concurrió nuevamente a presentar la denuncia, esta vez de forma escrita y detallada, en dependencias ubicadas en domicilio reservado de la ciudad de Temuco, en el marco de la Ley N° 21.643 sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo (denominada “Ley Karin”). Sin embargo, señala que funcionarios del órgano recurrido se negaron a recibir la denuncia escrita, indicando que no existían antecedentes suficientes para su tramitación formal y que únicamente podían dejarla como una constancia.

Alega el actor que tal proceder vulnera los artículos 211-B bis y siguientes del Código del Trabajo, así como los artículos 11 y siguientes del Reglamento contenido en el D.S. N° 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que establecen que las denuncias por acoso laboral pueden efectuarse de forma verbal o escrita, presencial o electrónicamente, y que no se contempla control de admisibilidad alguno, según lo dispone expresamente el artículo 12 inciso tercero del reglamento citado. Afirma que su denuncia cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, y que la negativa a tramitarla importó un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2) y derecho de propiedad (art. 19 N° 24), al impedirle el ejercicio legítimo de su derecho a denunciar hechos de acoso laboral, con el correlativo inicio del procedimiento investigativo y de las medidas de resguardo establecidas por la ley.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida tramitar la denuncia presentada en los términos de la Ley N° 21.643 y su reglamento, iniciando la investigación correspondiente.

Con fecha 31 de enero de 2025, evacúa informe la Dirección Regional del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso. Indica que el servicio cuenta con tres vías para la recepción de denuncias por Ley Karin: presencial, a través de su sitio web, o mediante remisión por parte del empleador si el trabajador denuncia ante él. Señala que consta en sus registros atención al recurrente el día 11 de diciembre de 2024 a las 09:44 horas, oportunidad en la cual fue atendido por la asistente laboral nombre reservado, levantándose una constancia bajo el folio 0901.2024.522, que por su naturaleza no genera trámite posterior. Respecto de la supuesta atención de fecha 17 de diciembre de 2024, niega que existan antecedentes que acrediten que el recurrente hubiese sido atendido o que su denuncia escrita haya sido efectivamente ingresada en oficinas de dicha inspección, pues el documento carece de timbre de cargo que acredite su recepción formal. Agrega que consta que con fecha 20 de enero de 2025 el recurrente ingresó una denuncia por Ley Karin, bajo registro E18622/2025, la cual fue acogida a tramitación como denuncia general contra el empleador, por incumplimiento del proceso investigativo, y se asignó al inspector de terreno nombre reservado, lo que fue informado al denunciante mediante oficio N° 901.3543/2025 de fecha 23 de enero de 2025.

En cuanto al fondo, niega vulneración a las garantías constitucionales invocadas, indicando que no existe en el caso de autos discriminación alguna respecto del derecho a la igualdad ante la ley, ni privación o afectación del derecho de propiedad, ya que el procedimiento de recepción de denuncias se aplica de forma uniforme a todos los usuarios y el actor no ha demostrado haber sido objeto de un trato diferenciado ni que se haya conculcado algún derecho del cual sea titular. Concluye que el recurso carece de objeto, toda vez que actualmente existe una denuncia acogida a tramitación conforme a lo solicitado por el recurrente, por lo que solicita su rechazo, con expresa condena en costas. Adjunta copia del formulario de ingreso de denuncia de fecha 20 de enero de 2025, oficio de notificación y correo electrónico respectivo.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado 16 de junio, a la que comparecieron los apoderados de las partes, quienes alegaron ante estrados, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Jorge Iván Licanqueo Calfiqueo, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de La Araucanía, representada por su directora doña Carolina Ojeda Galaz, fundado en que dicho organismo habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario al negarse a acoger a tramitación una denuncia por acoso laboral, presentada por su representado en el marco de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”.

SEGUNDO: Que, sostiene el recurrente que el día 11 de diciembre de 2024 formuló una denuncia verbal ante la Inspección del Trabajo, la que fue registrada como mera constancia. Debido a ello, el día 17 del mismo mes concurrió a presentar una denuncia escrita, la que también habría sido rechazada por funcionarios del organismo recurrido, quienes indicaron que no procedía su tramitación por falta de antecedentes suficientes, limitándose a dejar constancia de los hechos denunciados. A juicio del actor, dicha negativa transgrede lo dispuesto en los artículos 211-B bis y siguientes del Código del Trabajo y en el D.S. N° 21, en particular su artículo 12 inciso tercero, que prohíbe expresamente un control de admisibilidad respecto de denuncias por acoso laboral. Atribuye a dicho actuar la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

TERCERO: Que, informado el recurso, la Dirección del Trabajo señala que el recurrente fue efectivamente atendido el 11 de diciembre de 2024, oportunidad en que se levantó una constancia de hechos con el folio 0901.2024.522, conforme a los procedimientos habituales del servicio. En cuanto a la supuesta presentación de una denuncia escrita el día 17 del mismo mes, la recurrida niega que existan antecedentes de atención en esa fecha, no constando registro alguno ni timbre de recepción en el documento acompañado. No obstante lo anterior, informa que con fecha 20 de enero de 2025 el recurrente ingresó denuncia por Ley Karin, registrada bajo el folio E18622/2025, la cual fue debidamente acogida a tramitación y asignada a fiscalizador, situación que fue comunicada oportunamente al denunciante.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados y del mérito del proceso, aparece que, aun en el evento de haber existido una omisión por parte del organismo recurrido respecto de la denuncia presentada el día 17 de diciembre de 2024, lo cierto es que a la fecha existe una denuncia acogida a tramitación en los términos que el recurrente ha solicitado, encontrándose el procedimiento actualmente en curso. Así, no se advierte una afectación actual ni una privación o amenaza concreta respecto del derecho del actor a denunciar hechos de acoso laboral ante la autoridad administrativa competente.

QUINTO: Que, en relación con la garantía del N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, no se ha acreditado por parte del recurrente la existencia de un trato arbitrario o diferenciado respecto de otros trabajadores que hayan denunciado hechos similares ante la Inspección del Trabajo, ni se ha acompañado antecedente alguno que permita concluir que el organismo recurrido haya aplicado un criterio distinto del que emplea de manera general frente a denuncias de esta naturaleza. El mero rechazo de una presentación, más aún cuando no consta haber sido ingresada formalmente, no permite tener por acreditada la conculcación de esta garantía constitucional.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad en su dimensión de ejercicio de facultades jurídicas, esta Corte estima que la acción de protección no constituye la vía idónea para obtener la declaración de existencia de un derecho subjetivo administrativo ni para controlar la legalidad del procedimiento en abstracto, sin perjuicio de las acciones administrativas o contencioso administrativas que el recurrente estime pertinentes para impugnar eventuales actos de la Administración. En todo caso, el propio recurrente se encuentra actualmente ejerciendo dicho derecho por medio de una denuncia ya tramitada, lo que excluye una afectación actual que habilite la procedencia de la acción constitucional.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de derechos constitucionales. En la especie, no se configura acto ilegal ni arbitrario, ni una afectación de derechos en los términos exigidos por la acción intentada, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Jorge Iván Licanqueo Calfiqueo, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de La Araucanía.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N°Protección-61-2025. (csd)