nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE nombre reservado

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, doce de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

1) Que, comparece doña PAOLA LARA SANHUEZA, Abogada, chilena, casada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación convencional, según se acreditará, de Don nombre reservado, chileno, casado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, cesante, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Acción de Protección en contra de nombre reservado MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, persona jurídica de Derecho Público, R.U.T. N° RUT reservado, representada por su ALCALDE, don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR, en adelante indistintamente “la municipalidad”, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulneración a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política del Estado.

LOS HECHOS Que en virtud del Decreto Alcaldicio N° 105 de fecha 15 de Abril de 2019, se ordena instruir sumario administrativo en contra de su representado por existir una serie de hechos irregulares en el Eco Parque Corcolén. Específicamente sobre robo de materiales que llegan al Punto Limpio.

Que, con fecha 4 de Julio de 2019 se formulan los cargos en su contra siendo el siguiente: “CARGO UNO: Haber actuado negligentemente en el cumplimiento de sus funciones en el Eco Parque Corcolén, al ofrecer para la venta artículos electrónicos, entregados por la tienda Ripley Centro y Portal nombre reservado al Eco Parque, los cuales estaban destinados a ser depositados en el punto limpio que se encuentra al interior de este recinto en el marco del programa “Por nombre reservado yo reciclo”, realizando estos ofrecimientos en la plataforma “Market Place” de su red social Facebook”.

Que con fecha 19 de Julio de 2019 se procede a efectuar los respectivos descargos. Con fecha 13 de agosto de 2019 se dicta Decreto Alcaldicio N°239, suscrito por el Alcalde de la nombre reservado Municipalidad de nombre reservado Don Miguel Becker Alvear, siendo notificada esta parte con fecha 20 de agosto de 2019, en cuya virtud no se consideraron los descargos y se dispone la destitución de su cargo:

“Aplíquese a don nombre reservado.U.T. N°RUT reservado, Auxiliar, Grado 18, dependiente de Departamento de Aseo y Ornato la medida disciplinaria de Destitución, contemplada en el artículo 120, letra d) y articulo 123 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por hechos señalados y probados en el considerando N° 1 del presente decreto”.

Que se arriba a la referida sanción, pues en virtud de tal resolución, se entienden vulneradas las siguientes disposiciones legales:

“articulo 59 letras b), Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan; letra c) realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad; art. 82 letra a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le hayan sido delegadas y letra b) intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción. Ambas de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales.

Contraviniendo además el principio de probidad administrativa al vulnerar lo establecido en el artículo lo establecido en el artículo 62 contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: N°3 Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; N° 4 Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, Intervenir en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; y 8, Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración; Todos de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”

Notificada la destitución le informan personalmente a su representado que desde esa fecha se producían los efectos del anotado acto sancionatorio y, por ende, sólo hasta tal fecha le asistía el derecho a percibir sus remuneraciones, omitiendo de esa forma el pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República que entendemos aplicable en la especie.

Que el supuesto fundamento para que el Municipio pretenda hacer efectiva la medida de destitución, desde la fecha de notificación y omita pronunciamiento del órgano contralor, se sustentaría en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en lo pertinente señala: “Articulo 53: Las resoluciones que dicten las Municipalidades estarán exentos del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a funcionarios municipales. Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones en que hace el resto del sector público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes que aquella solicite.”

Que tal perspectiva a priori aplicable a todos los actos municipales, tiene límites y ha sido la propia Contraloría General de la República quién los ha fijado, en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de la República; lo dispuesto en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, especialmente en sus artículos 10 y siguientes, y lo señalado en la resolución N° 1.600 de 2008, de referida Entidad Fiscalizadora.

En efecto en uso de tales facultades se dicta la RESOLUCIÓN N°10 DE 2017 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRAMITE DE TOMA DE RAZÓN DE LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE INDICA, en su artículo 6°, N°16 que:

“Quedarán afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican:

(…) 16. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas.”

Que lo establecido por la Contraloría, habida cuenta que, la toma de razón resulta esencial para la preservación del Estado de Derecho tiene íntima relación con lo dispuesto en el Artículo 87 de la Ley N°18.883 que APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, que consagra los principios de la estabilidad laboral y la carrera funcionaria, preceptuado al efecto:

“Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraía a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto.”

En otro punto, que en el ejercicio legítimo de su derecho a defensa, su representado con fecha 19 de julio de 2019 procedió a efectuar sus descargos respecto de la imputación efectuada en su contra, peticionando diligencias de prueba a fin de exculparlo de la responsabilidad administrativa que se le pretende:

Diligencias de prueba solicitadas para CARGO UNO:

“1.- Decretos alcaldicios de nombramiento del Sr. nombre reservado.

2.- Hoja de calificación de Don nombre reservado.

3.- Autorizaciones a Doña nombre reservado, o respaldos de funcionarios que los autoricen a retirar especies y residuos del punto limpio del Eco Parque Corcolén.”

Que de dichas solicitudes de diligencia, en la resolución N° 238, en su considerando 3° se señala: “ (…) Se accede por la fiscalía incorporar a petición de la defensa del Sr. nombre reservado, lo siguientes documentos: Decreto Alcaldicio de nombramiento del Sr. nombre reservado y su hoja de calificación del último periodo, respecto al resto de lo solicitado, no fue accedido en atención a que dicha probanza no resulta necesaria, útil, pertinente y plausible para esclarecer los hechos materia del presente sumario y determinar el grado de responsabilidad que le recaeré al sumariado, por lo que no se observó la relevancia de lo solicitado.”

Como Us., Iltma., podrá observar, dicha diligencia aislada sin un contexto no reviste mayor relevancia, pero esto cambia al señalar que dichas personas de las cuales se solicitó el respaldo de las autorizaciones para retirar elementos del punto limpio son las únicas a las cuales el Sr. nombre reservado les dejaba entrar y retirar elementos. Por lo mismo se acompañaron las fotos de la camioneta fletera con la cual los retiraba y a los cuales Don nombre reservado los ayudaba, ya que muchas veces iba una sola persona que conducía y cargaba dicho vehículo. Todo ello respaldado con correos electrónicos incorporados en el mismo procedimiento sumarial.

Además solo se incorporan a los autos, la hoja de calificación del último periodo y no todas aquellas correspondientes a los más de 10 años que su representado llevaba vinculado a la recurrida. Todas las hojas de calificación demuestran que mi representado a tenido una conducta intachable en cada uno de los periodos trabajados. Por lo cual incluso ha subido de grado desde que comenzó a trabajar para la municipalidad, hasta el momento del proceso sumarial. Lo cual implica necesariamente que ha mejorado en el correcto desarrollo de sus funciones, que tiene la confianza de la Institución y que por supuesto jamás se han visto antecedentes negativos en su conducta como funcionario municipal.

En la tramitación e investigación del procedimiento sumario seguido en contra del Sr. nombre reservado que motiva la presentación de esta acción cautelar, se omitieron actuaciones o diligencias esenciales del proceso sumarial, específicamente las señaladas en los dos puntos precedentes, para demostrar a través de la inmediación la verdad material de los hechos, por lo cual dichas diligencias si revestían el carácter de necesaria, útil, pertinente y plausible.

ACTOS ILEGALES O ARBITRARIOS 1.- Que de lo que se viene diciendo, queda de manifiesto que la decisión de hacer efectiva la medida de destitución, desde la época de notificación del Decreto Alcaldicio N° 238 de fecha 13 de Agosto de 2019 ES ILEGAL Y ARBITRARIA, habida cuenta de no haber mediado trámite de razón; y más aún no haberse pronunciado la entidad de fiscalización, ratificando o no la medida expulsiva aplicada, atendida la circunstancia de revestir el recurrente la calidad de funcionario municipal.

2.- En efecto, la decisión del órgano público constituye un acto arbitrario e ilegal, atendido el hecho que conforme a los dispuesto en RESOLUCIÓN N°10 DE 2017 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA y en particular en el artículo 25 inciso primero de la ley N° 19.296, es del caso que previo a producir sus efectos el decreto Alcaldicio en cuestión, debió efectuársele el control preventivo por parte de la Contraloría y después debió ratificarse la medida de destitución por dicho órgano, lo que no ocurrió en la especie.

3.- Que, a partir de la arbitrariedad cometida por parte del Municipio, al omitir el trámite de ratificación de parte de la Contraloría, se le ha cesado injustificadamente del cargo que detentaba en propiedad.

4.- Que además incurre de ilegalidad y arbitrariedad que, el Municipio en cuestión, no consideró los descargos efectuados por esta parte en el sumario administrativo seguido en contra del recurrente ni consideró como esenciales, útiles, pertinentes y necesarias las diligencias y documentos a incorporar sin más razones que lo transcrito precedentemente.

DERECHOS VULNERADOS.

1) EL ARTICULO 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Igualdad ante la Ley.

En la especie, al tomar la autoridad administrativa la decisión de hacer valer los efectos del acto sancionatorio desde la notificación del Decreto N°238, sin que mediara ratificación de la Contraloría constituye una manifiesta vulneración de la referida garantía, desde el momento que ha efectuado diferencias arbitrarias.

A mayor abundamiento el acto, o sea el decreto referido, a este respecto es ilegal, pues, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 inciso primero de la ley N° 19.296, procedía que el órgano contralor, conociendo del proceso en su integridad se pronunciara previamente, ratificando o no la medida expulsiva aplicada, por lo que la decisión de hacer efectiva tal resolución, omitiendo tal trámite, es arbitrario.

Además el precepto constitucional en cuestión asegura la igualdad ante la ley, de manera tal que ninguna persona pública ni privada, ni autoridad pública alguna, puede establecer diferencias arbitrarias o discriminatorias que lesionen el principio constitucional de no discriminación.

Que, en esta línea de razonamiento, todo acto administrativo goza de discrecionalidad, consistente en una libertad de apreciación en relación a ciertos elementos del acto frente al objeto del mismo. Siguiendo esta lógica, el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la administración un margen de libre apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar o no.

Lo cual es totalmente distinto de la arbitrariedad, ya que esta última es una conducta antijurídica e ilegítima de los órganos del Estado. Así, en el sumario administrativo la arbitrariedad está vedada pues se trata de derecho estricto que exige que las resoluciones administrativas estén lo suficientemente fundadas, como no lo fue al momento de rechazar los descargos ofrecidos por esta parte, así como también la incorporación de documentos y la solicitud de diligencias.

Esto infringe claramente los principios de imparcialidad, razonabilidad, probidad, objetividad y no discriminación que debe investir todo acto administrativo que emana de algún órgano del Estado.

2) EL ARTICULO 19 N°24 de la Constitución Política de la República. De propiedad. En este caso la afección recae en un doble ámbito, en primer término al imposibilitar de continuar ocupando el cargo público que detentaba en propiedad mi representado, esto es, Auxiliar grado 18 dependiente del departamento de Aseo y Ornato de la nombre reservado Municipalidad de nombre reservado, en abierta vulneración a lo dispuesto en el artículo 27 que APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, que consagra los principios de estabilidad laboral y la carrera funcionaria, y en segundo término el no poder percibir sus remuneraciones, ya que la Constitución Política de la República asegura en el artículo 19 N° 24 el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En su inciso tercero agrega expresamente: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.”

Esta norma debe relacionarse con el artículo 583 del Código Civil que señala que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad.

De esta forma, el Sr. nombre reservado tiene el derecho a percibir remuneraciones por su trabajo como funcionario municipal, la suma mensual que como remuneración liquida le corresponde; sobre ese derecho existe una especie de propiedad y por tanto, es dueño de sus remuneraciones.

Si se relaciona el artículo 19 N°24 y el artículo 583 del Código Civil se podrá constatar que la recurrida al actuar de dicha forma lo privó del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, ha afectado en la esencia su derecho de dominio sobre ellas y sus atributos esenciales de uso, goce y disposición; infringiendo expresamente el articulo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso y se ordene:

a.- Se deje sin efecto Resolución N°238 de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por el Alcalde Miguel Becker Alvear que dispone la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 120, letra d) y articulo 123 de la ley N° 18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

b.- Se ordene el reintegro a sus funciones a Don nombre reservado, se le restituya el cargo de su propiedad y se proceda al pago de sus remuneraciones desde el día 20 de Agosto de 2019.

Lo dispuesto a fin de restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del recurrente en calidad de afectado por el acto unilateral, ilegal y arbitrario, y adoptar todas las medidas necesarias tendientes a tal fin; según el mérito de autos, todo con expresa condenación en costas.

2) Que se evacuó informe por la parte recurrida, a través de don HÉCTOR CAMPOS MALDONADO, Abogado, en representación de la Municipalidad de nombre reservado, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcalde don MIGUEL ÁNGEL BECKER ALVEAR.

LOS HECHOS 1.- Con fecha 13 de agosto de 2019, se dicta el Decreto Alcaldicio N°238, por el cual se aplica al recurrente nombre reservado, la sanción disciplinaria de Destitución, contemplada en el artículo 120 letra d) y artículo 123 de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, por el siguiente hecho: “Haber actuado negligentemente en el cumplimiento de sus funciones en el Eco Parque Corcolén, al ofrecer para la venta artículos electrónicos, entregados por la tienda Ripley Centro y Portal nombre reservado al Eco Parque, los cuales estaban destinados a ser depositados en el punto limpio que se encuentra al interior de este recinto en el marco del Programa “Por nombre reservado yo reciclo”, realizando estos ofrecimientos en la plataforma “Market Place” de su red social Facebook”.

2.- Con fecha 03 de septiembre de 2019, se dicta el Decreto Alcaldicio N° 10321, confirma la medida de destitución aplicada.-3.- En atención a dichas circunstancias, sólo señala en el presente recurso de protección, que se habría omitido el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.-4.- De los hechos antes señalados y de lo expresado en el Recurso de Protección, se desprende los siguientes hechos: A.- Que el recurrente, no ha negado los hechos, es decir que ofreció a la venta artículos electrónicos entregados por terceros destinados a un punto limpio en el Eco Parque, incluso aparecen fotografías en las redes sociales de dichas cosas.-B.- Que tampoco ha cuestionado la tramitación del sumario, reconociendo que efectuó descargos el 19 de julio de 2019 y que dedujo los recursos correspondientes.-C.- No debemos olvidar que el acto recurrido, es decir el Decreto 10321 de fecha 03 de septiembre de 2019 que confirma la medida de destitución para el recurrido, es un acto administrativo que goza de una presunción de legalidad, de conformidad a lo establecido en el ley de bases de procedimiento administrativo Ley N°19880.- FALTA DE OPORTUNIDAD DEL RECURSO En el recurso de protección, ha cuestionado que no se habría cumplido con la legislación en cuanto a la “toma de razón”, del Decreto Alcaldicio cuestionado, lo cual no es efectivo, toda vez que los actos municipales, se encuentran exentos del acto de “toma de razón”, y solo se “registran”, en la contraloría General de la República, cuando proceda.-Que mi parte remitió a la Contraloría General de la República, el sumario para su registro solamente, de tal forma que se cumplió administrativamente con todo el procedimiento.-Al respecto debemos recordar que su representada posee lo que denomina “autotutela declarativa”, en cuya virtud tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de terceros de forma unilateral, aun contra su voluntad y sin que sea necesario la concurrencia de órganos jurisdiccionales.-El inciso final del artículo 3 de la LBPA describe esta modalidad de eficacia bajo la fórmula de que los actos administrativos son actos de imperio y exigibles frente a sus destinatarios, gozando además de una presunción de legalidad.- En relación a la eficacia de los actos administrativos, debemos señalar que éstos dejan de producir sus efectos y que conlleva su extinción por diversos efectos: a) por causas objetivas, como por ejemplo la consumación de sus efectos jurídicos; por la verificación de una modalidad que conlleva la extinción del acto; o por la desaparición de su objeto; b) por la conducta del destinatario, como por ejemplo la renuncia o el abandono; y c) por la decisión de órganos distintos de la administración; sentencia, leyes, dictámenes; y d) por decisión de la propia autoridad administrativa.-En este último caso, la extinción puede ser por motivos de legalidad, en cuyo caso se denomina invalidación, situación contemplada en el artículo 53 de la LBPA; o por motivos de oportunidad, en cuyo caso de denomina revocación.-El recurrente no ha discutido la legalidad del DA 10321 de 2019, en cuanto al fondo, por lo que a su respecto no puede ser dejado sin efecto por motivo de legalidad o ser contrario a derecho.-En cuanto al control de la legalidad de los actos de la administración referidos a la revocación de actos administrativos, actos que son de por sí discrecionales, estos no pueden ser controlados en cuanto a su oportunidad.- FALTA DE AGRAVIO Del recurso de protección, se observa que se cuestionan ambos Decretos, por cuanto no se habría sometidos al trámite de la “toma de razón”, en circunstancias, que lo señala la ley, es que la medida disciplinaria debe ser “ratificada”, por el órgano contralor.-Como puede observarse, dentro del proceso administrativo, ambos Decretos Alcaldicios, en sí mismo son actos trámites y no un acto terminal, ya que éste debe producirse cuando sean ratificado por el órgano contralor.-Conforme a la doctrina, los actos trámites no requieren ser fundamentados, por lo que se descarta su ilegalidad; ya que son meramente instrumentales y que tienen un sentido únicamente en relación a la totalidad del procedimiento, no produciendo el efecto jurídico directo.-Debe además señalarse que esta misma Corte de Apelaciones, en Sentencia de fecha 28 de junio de 2011 dictada en la causa Rol 19-2011 considerando 7°, dispuso que: “a través de la vía del Recurso de Protección es factible revisar la legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa, manifestada en el acto terminal, pero sin que ello importe revisión de cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades, cuestión con todo que no cabe considerar en este etapa del procedimiento administrativo por estar ante un acto trámite que no puede estimarse que cause agravio o constituya una amenaza ya que ello ocurre sólo en el acto terminal”. El mencionado fallo fue confirmado por la Corte Suprema a través de la Sentencia Rol 6349-2011.

Es del caso Ilustrísima Corte, que la Resolución N°10327 que impugna el recurrente, constituye sólo un acto trámite del sumario administrativo, no de un acto terminal puesto que aún restan actuaciones para que se dé lugar a la decisión de la autoridad en cuanto a la eventual aplicación de una medida disciplinaria, sin mencionar los demás recursos administrativos que puede hacer valer el recurrente, en el caso de que se estime aplicar alguna medida disciplinaria.

Conforme lo indicado, no es procedente pretender utilizar el Recurso de Protección a fin de revisar la legalidad y razonabilidad de un acto trámite.- EN CUANTO A LAS GARANTIAS INFRINGIDAS El recurrente, ha señalado como infringido o violado el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que protege el derecho de propiedad en sus diversas especies, en cuanto posee “un derecho de dominio sobre el cargo o empleo obtenido mediante un reglado”.-Al respecto, debemos solicitar su rechazo, toda vez, que el cargo que poseía el recurrente, perteneciente a la planta municipal, corresponde a la de un empleo público, características que le viene dado tanto por la naturaleza como por las finalidades propias del ente empleador. Lo enunciado conduce a descartar que la función de tales servidores públicos pueda ser objeto de una apropiación patrimonial como que aquella que proporciona el dominio, según la definición de que este derecho real se formula en el artículo 582 del Código Civil, puesto que las facultades de dicha disposición reconoce a sus titulares no se aviene con la naturaleza de la función pública y de los cargos destinados a servirla, para cuya protección y resguarda el otorgamiento legal consagra otros derechos, más no el derecho de propiedad.

El derecho de propiedad sobre un empleo, no debe confundirse con el denominado “derecho a la función”, que puede definirse como “el derecho a permanecer en el empleo a que se ha accedido legalmente, mientras no medie una causal legal de expiración de funciones, de modo que la garantía para el funcionario consiste en que la cesación de sus funciones no quede entregada a la discrecionalidad de la Administración, sino a la determinación de la ley.- Al respecto, atendido a que no existe un derecho de propiedad sobre el cargo como lo invoca el recurrente, no resulta procedente por la vía de este Recurso de Protección, entrar a examinar la juridicidad del decreto derogatorio puesto no que la podido afectar la garantía constitucional respecto de un derecho que el recurrente no tiene.

El recurrente, ha citado como violada, la garantía constitucional indicada en el artículos 19 Nº2 de la Constitución Política del Estado, esto es derecho a la igualdad ante la ley, sin precisar la forma en que ello había ocurrido.- En mérito de lo anteriormente expuesto, lo establecido en los artículos 19 Nº 15 y 24 de la Constitución Política de la República y Nº 1 y 5 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, publicado en el Diario Oficial del 27 de junio de 1992 y complementado con otro publicado el 9 de junio de 1998, solicito a HUÍS., se sirva tener por evacuado el informe sobre el Recurso de Protección deducido en estos autos y en definitiva por las razones expuestas, negar lugar a dicho recurso, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en la especie se denuncia por el recurrente que no se habría cumplido en la especie con el trámite de toma de razón de Contraloría General de la República, respecto del Decreto Alcaldicio que resolvió su destitución luego de un sumario administrativo seguido en su contra, por lo que el actuar de la entidad Municipal ha sido arbitrario e ilegal.

TERCERO: Que, sobre el punto discutido consta que actualmente los actos expulsivos de funcionarios Municipales no requieren del trámite de toma de razón, bastando para su materialización sólo el registro de dicho acto en Contraloría General de la República, formalidad que ha sido cumplida por la parte recurrida, según aparece de los documentos acompañados en la carpeta digital, es que no es posible dar por configurado el vicio que se denunció en el recurso.

CUARTO: Que, por lo demás el recurrente no ha cuestionado de manera alguna el procedimiento ni la sanción aplicada, de manera que no aparece idónea la alegación desde que el acto administrativo ha sido tramitado en conformidad a la Ley y los Dictámenes y resoluciones vigentes que le eximen del trámite de toma de razón.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña PAOLA LARA SANHUEZA, Abogada, en favor de don nombre reservado y contra de nombre reservado MUNICIPALIDAD DE nombre reservado.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese.

Rol N° Protección-6097-2019 (pvb).