INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMA NOS con SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
- Fecha
- 14 de febrero de 2022
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 6076-2021, sentencia de 14 de febrero de 2022
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena a los organismos recurridos dar estricto y urgente cumplimiento a la normativa de sus competencias y coordinarse para poner fin a la emisión de contaminantes al Estero Perquenco por la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, catorce de febrero de dos mil veintidós.
Vistos:
A folio 1, con fecha, 04 de junio de 2021, comparece MARCOS RABANAL TORO, abogado de la Sede Regional de la Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, actuando en representación del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH), RUT RUT reservado, Corporación Autónoma de Derecho Público, representado a su vez por su Director don nombre reservado, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien expone que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1° y siguientes de la Ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en particular lo señalado en el artículo 2° inciso primero y artículo 3° N° 5 de la referida ley, en su calidad de Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, interpone Recurso de Protección en contra de:
1.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado por SR. nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana;
2.- MINISTERIO DE SALUD, representado por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana;
3.- DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, ARAUCANÍA, representado por don nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado;
4.- SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado;
5.- SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE, domiciliada en domicilio reservado, Santiago de Chile, representada por don nombre reservado;
6- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, domiciliada en domicilio reservado, representada por nombre reservado;
Por vulnerar los derechos constitucionales de las personas que habitan la zona aledaña al Estero Perquenco en el espacio geográfico que abarca las tierras antiguas mapuche que forman parte del Título de Merced designado a nombre reservado, comuneros y comuneras de la comunidad mapuche del mismo nombre, de la Comunidad mapuche Llancamil, y habitantes de la zona urbana de la ciudad de Perquenco, particularmente de nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Lonko de la Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Presidenta de Comunidad Llancamil (por sí y en representación de la comunidad); nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Secretario de Comunidad Llancamil; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado, CI N°RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; C.R.P.P 11 años, comunidad Llancamil, hija de nombre reservado; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad Llancamil; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Llancamil; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Llancamil; nombre reservado Monte. CI Nº RUT reservado, comunidad nombre reservado; nombre reservado. CI Nº RUT reservado, comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI NºRUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Lonko comunidad Koyam Montre; M.Y.N.H, 14 años, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre, Hija de nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; N.I.A.Q 3 años, hija de nombre reservado, comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Koyam Montre; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Cayumil; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad Cayumil; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI NºRUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI NºRUT reservado, Comunidad nombre reservado; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Perquenco urbano; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Perquenco urbano; nombre reservado, CI Nº RUT reservado, Perquenco urbano; nombre reservado, C.I NºRUT reservado, Presidenta de la directiva del Comité de Adelante, nombre reservado; nombre reservado, C.I Nº RUT reservado, vecina Complejo Habitacional nombre reservado; nombre reservado, C.I Nº RUT reservado, Vicepresidenta Comunidad Montre y socia del Comité de Adelanto Complejo Habitacional nombre reservado; A.A.S.P, 13 años, hijo de nombre reservado; nombre reservado, C.I Nº RUT reservado, vecina del Complejo Habitacional nombre reservado; A.I.CH.M, 15 años, hijo de nombre reservado; nombre reservado, CI NºRUT reservado, Socio Comité de Adelanto Complejo Habitacional nombre reservado;
Todas y todos quienes han visto perturbados y amenazados el derecho a la vida y a la integridad personal (art. 19 nº1) en relación con el art. 19 nº9 del mismo cuerpo normativo, y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 nº8), tutelados por la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental.
Funda la acción constitucional en las siguientes consideraciones de hecho y derecho:
HECHOS:
ANTECEDENTES PRELIMINARES:
Señala que Perquenco es una comuna ubicada en la IX Región de la Araucanía, la cual tiene una superficie de 331 km2, con una población de 6.905 habitantes, de los cuales el 50,59% son mapuche. Uno de los cursos de agua más importantes de la comuna es el Estero Perquenco, el cual atraviesa gran parte de ésta, naciendo en el sector Cheuque y desembocando en el Río Quillem, siendo parte de la cuenca del Río Imperial.
La Planta de tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, en adelante PTAS, se encuentra emplazada en un inmueble de propiedad del Fisco de Chile, de una superficie total de 6,3 hectáreas, inscrito a fojas 222 bajo el número 260 del Registro de Propiedad de 1989 del Conservador de Bienes Raíces. Dichos terrenos son parte del Título de Merced designado a nombre reservado -siendo colindantes a dicha comunidad mapuche y además, a la Comunidad mapuche Llancamil- a aproximadamente 200 metros de la Piscina-Balneario Municipal de la Comuna.
Según la información proporcionada por la Municipalidad de Perquenco, el sistema de agua potable de la comuna, fue construido en 1982, por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS) dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Su financiamiento parcial provino de préstamos otorgados al país por el Banco Interamericano del Desarrollo para llevar a cabo el Programa de Agua Potable Rural. En virtud de dichos préstamos debió constituirse en la localidad un Comité de Agua Potable Rural, sin fines de lucro, para que asumiera la administración y mantenimiento del sistema, conservando el Fisco la propiedad de toda la infraestructura sanitaria entregada. Una vez desaparecido SENDOS, la continuidad del Programa de Agua Potable Rural quedó entregada a la dirección de planeamiento entre los años 1990 y 2001, y posteriormente, a partir del 2002, a la Dirección de Obras Hidráulicas.
En razón de lo anterior, se constituyó en la comuna, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural de Perquenco, el cual estuvo encargado de la administración del sistema de producción y entrega de agua potable y de la disposición y tratamiento de aguas servidas, hasta el año 2006, cuando se produce un traspaso de los bienes desde el Comité a la “Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Ltda.” Esta Cooperativa, asumió tanto la producción y distribución del agua potable como la disposición y tratamiento de las aguas servidas, cobrando la respectiva tarifa por sus servicios. Según lo indicado por los denunciantes, dicho cobro se realizaba mediante el ítem mantención y conservación de redes, siendo uno de los más caros en la Región. Sin embargo, la Cooperativa de Aguas Perquenco no habría cumplido con las funciones relativas a la disposición y tratamiento de las aguas servidas, no obstante, eventualmente haber seguido percibiendo ingresos por recolección y tratamiento de aguas servidas quedando la planta de tratamiento en una situación de abandono, sin administración ni mantenimiento.
En efecto, según lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Araucanía, el 21 de diciembre de 2010, por resolución Nº2440, la Seremi de Bienes Nacionales concede en arrendamiento a la Cooperativa el inmueble fiscal donde se emplazan las instalaciones de la PTAS, para ser destinado al funcionamiento de las mismas. Mediante carta de fecha 19 de abril de 2013, la Cooperativa pone término unilateralmente al contrato de arriendo “sin que mediara recepción conforme de la SEREMI de Bienes Nacionales”. En consecuencia, la SEREMI por oficio ORD. Nº2140 de fecha 24 de octubre de 2014, da cuenta a la Cooperativa que el inmueble no fue debidamente recibido por el Ministerio, debido a la existencia de sumarios sanitarios, encontrándose además el inmueble en condiciones sanitarias y ambientales que debían ser subsanadas antes de su devolución.
Mediante dicho documento, se notifica a la Cooperativa que dentro del plazo de un año a contar del día 12 de noviembre de 2014 debía proceder al cierre formal de sus instalaciones, debiendo contar con las autorizaciones y visaciones de los órganos competentes a fin de concluir con la devolución del inmueble a dicho Servicio, situación que no se concretó.
Desde esa fecha, el inmueble y la PTAS quedó en total abandono, no realizando la Cooperativa ni Bienes Nacionales procesos de operación y mantenimiento, pues según lo informado por esta última, “carece de las facultades legales, reglamentarias y administrativas que le permitan operar o destinar recursos a la mantención de una planta de tratamiento de aguas servidas”. Cabe destacar que previo al término del contrato de arrendamiento, la situación de descarga de aguas servidas sin tratamiento al Estero Perquenco ya venía ocurriendo, siendo la Cooperativa objeto de múltiples sumarios sanitarios.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PERQUENCO:
Expone que la PTAS está compuesta de dos piscinas de decantación, las cuales están posicionadas de este a oeste, con un tamaño de aproximadamente 100 metros por 40 metros cada una, a una distancia de unos 15 metros entre ambas. No existen barreras de contención que prevengan la caída de animales o personas a las piscinas, situación que ha sido referida por vecinos del sector como problemáticas.
En la observación en terreno se pudo apreciar que al sur de las piscinas, se encuentra una cámara de recepción de las aguas servidas la que funciona como una especie de filtro para materiales de mayor tamaño. Esta cámara se encuentra casi en su totalidad tapada. Según los testimonios entregados por algunas de las personas entrevistadas, cada cierto tiempo van al lugar trabajadores de la Cooperativa de Aguas Perquenco S.A para destapar dichas cámaras y así evitar el rebalsamiento de las piscinas.
Una vez que las aguas servidas pasan a través de dicha estructura llegan a las piscinas a través de unas cámaras que al igual que la estructura ya indicada, contienen restos de una compuerta metálica totalmente destruida y sin ninguna funcionalidad. Estas cámaras dividen las aguas servidas entre las piscinas, sin embargo, contiene un acceso directo al estero, el que debería estar cerrado con la compuerta metálica, pero que en la actualidad, se encuentra en mal estado y que por ende, permite la descarga directa de las aguas contaminadas.
Hacia el norponiente del lugar, se encuentra el desagüe por el cual llegan las aguas servidas sin tratamiento directamente al Estero Perquenco. En dicho lugar se mantiene un olor fétido que hace imposible la presencia de personas, apreciándose el agua de color café, con algas y suciedad, único sitio en que presentan dicha coloración y fetidez.
SOBRE DENUNCIAS Y FISCALIZACIONES:
Expone que los testimonios recabados dan cuenta de las constantes denuncias efectuadas por ciudadanos de Perquenco a diversos organismos. Así por ejemplo, miembros de la Comunidad Llancamil, desde hace varios años han hecho reclamos, tanto a la Municipalidad de Perquenco como a la Cooperativa de Aguas Perquenco, sin encontrar una solución a la problemática. Doña nombre reservado, miembro de dicha comunidad, refiere que hace años atrás estuvieron en la Dirección de Medio Ambiente Regional perteneciente a la Gobernación de Malleco, pero nunca obtuvieron respuesta.
Según lo informado por la Ilustre Municipalidad de Perquenco, algunas de estas denuncias se han derivado a la Seremi de Salud a fin de que efectúe las fiscalizaciones pertinentes. Mediante oficio Nº1288, de fecha 14 de noviembre de 2018, el Alcalde de la Comuna de Perquenco, solicitó a la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía que “el Departamento o Unidad competente fiscalice y exija, si corresponde, a la Cooperativa, tomar las acciones pertinentes, con el fin de dar pronta solución a esta problemática”, señalándose como antecedente para esta solicitud que: “Desde hace algún tiempo dirigentes pertenecientes a la Comunidad Indígena Llancamil de la comuna de Perquenco, han manifestado quejas de malos olores en torno al Río Perquenco, sobre todo en los meses de verano. De igual manera se ha manifestado que existe presencia de sólidos en suspensión en el mismo cuerpo de agua, indicando que probablemente esto puede ser consecuencia de un mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas, administrada por la Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada”
Para apoyar su solicitud, el Municipio acompañó además un Informe Técnico de Análisis Microbiológico de aguas del Río Perquenco, elaborado por estudiantes de la Universidad de la Frontera en el año 2018, el que concluye que “el agua del estero de Perquenco en los puntos de muestreo no es apta para el consumo humano ni para regadío ya que contiene altos niveles de Escherichia Coli los cuales son perjudiciales para el ser humano”. Según lo consignado en el informe “las muestras fueron tomadas en varios puntos del río, la mitad de las muestras fueron tomadas antes de la Cooperativa [aguas arriba de la PTAS] que tiene las dos piscinas de decantación, y el resto posterior a su intervención”. Asimismo, el informe recalca que el día que se realizó el muestreo, las piscinas de la PTAS se encontraban rebalsadas por la lluvia y parte de las aguas residuales eran descargadas directamente al estero.
Posteriormente, mediante Oficio Nº1115 de fecha 30 de mayo de 2019, el Alcalde de la Comuna de Perquenco, señor Luis Alberto Muñoz Pérez reitera la solicitud de fiscalización a la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía, señalando como nuevos antecedentes que: ”(…) vecinos del sector urbano de la comuna, han manifestado también la presencia de malos olores que emanan desde sus baños y alcantarillados, indicando incluso problemas por emanación de gas metano lo que ha traído consecuencias de salud para algunos vecinos de la comuna. La Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada, indica que no es responsable de la operación y mantenimiento del alcantarillado”.
Luego, mediante Oficio 1262 de fecha 04 de julio de 2019, el Municipio de Perquenco reitera la solicitud de fiscalización a la Seremi de Salud, señalando que adicionalmente se presentaban nuevas irregularidades constatadas en terreno ya que “el sitio donde se encuentran emplazadas las piscinas de decantación de aguas servidas se está ocupando irregularmente como escombrera, además de presentar acopio de envases agroquímicos sin ningún tipo de tratamiento ni medidas sanitarias” indicando que esto podría deberse al fácil acceso al sitio, el cual no cuenta con un cierre perimetral y una vigilancia permanente.
Por su parte, mediante Oficio Ord. 01324 del 01 de diciembre del 2020, la Seremi de Salud informó a la sede regional del INDH sobre las fiscalizaciones realizadas en relación a la PTAS de Perquenco, indicando que desde el año 2012 se han realizado 8 fiscalizaciones, dándose inicio a 7 sumarios sanitarios:
• Fiscalización 27.11.2012, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco con multa de 15 UTM;
• Fiscalización 20.11.2013, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco con multa de 8 UTM;
• Fiscalización 28.08.2014, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco con multa de 25 UTM;
• Fiscalización 15.09.2015, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco con multa de 20 UTM;
• Fiscalización 28.09.2017, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco absolución, acreditan que el terreno le pertenece a Bienes Nacionales;
• Fiscalización 01.06.2018, Sumario iniciado a la SEREMI de Bienes Nacionales con multa de 15 UTM;
• Fiscalización del 05.02.2020, se realiza fiscalización en el Río Perquenco en atención a una denuncia en redes sociales por mortandad de peces en el río, sin embargo, al momento de la fiscalización no se constata el hecho denunciado;
• Fiscalización 03.09.2020, Sumario iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco por no acreditar cambio de razón social de la Resolución Exenta Nº1329, dicho expediente se encuentra en proceso de resolución.
Asimismo, la SEREMI de Salud ha realizado monitoreos de la calidad del agua del Estero Perquenco, constatando la deficiencia del tratamiento de las aguas en la PTAS, conforme a cuadro resumen que se incorpora al recurso.
Agrega que de acuerdo a la Norma Chilena 1.333 of. 78 el contenido máximo admisible en aguas destinadas al Uso Recreacional con contacto directo debe ser menor o inferior a 1.000 coliformes fecales por cada 100 ml de agua. La misma Norma 1.333 expresa que las aguas destinadas a riego agrícola deben tener un contenido inferior a 1.000 coliformes fecales por cada 100 ml de agua. Por su parte, el Decreto Supremo 90 del año 2002 dictado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece la Norma de emisión para regulación de contaminantes asociados a descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales y señala que las descargas de aguas de plantas de tratamiento de aguas servidas deben cumplir la norma de agua de riego, es decir, 1.000 coliformes fecales/100 ml cuando son descargadas a masas de aguas fluviales o lacustres.
En definitiva, de acuerdo a la última medición de la calidad del agua efectuados por la Seremi de Salud Araucanía, las cantidades de coliformes fecales en el Estero Perquenco, superan la norma:
a)
En el punto de descarga de la PTAS se registraron 92.000 coliformes fecales NMP por 100 ml lo que equivale a la superación de 92 veces la norma.
b)
Mientras que en el cuerpo de agua receptor (100 metros aguas abajo) se registró el número más probable de 160.000 coliformes fecales por 100 ml, mientras que la norma de Calidad D.S 144/2000 establece que la NMP máxima para coliformes fecales será de 160.000 por 100 ml. Por lo que la norma de calidad se encuentra superada 160 veces.
No obstante los alarmantes resultados de los monitoreos realizados por la SEREMI de SALUD, esta autoridad no ha ejercido sus atribuciones, de forma que, permita terminar con las descargas de líquido cloacal o residual a la masa receptora “estero Perquenco” sin recibir un debido tratamiento. Pero además, estos niveles alarmantes de coliformes fecales en el Estero Perquenco han traído una serie de repercusiones para los habitantes de Perquenco, principalmente para aquellos que viven en las comunidades aledañas al mismo, pero también para los residentes del área urbana de Perquenco.
HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN:
I.-Hechos en área urbana de la comuna de Perquenco:
Los días 02 de febrero de 2021, y entre los días 19 de abril y 05 de mayo se dio a conocer la situación que afecta a vecinas y vecinos del sector El Alto, quienes denunciaron deficiencias en el servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la Cooperativa Aguas Perquenco S.A. Dichas deficiencias denunciadas decían relación con dos aspectos: primero, con la baja presión de agua y, segundo, con los malos olores provenientes de la red de alcantarillado, lo cual no les permitiría estar dentro de sus hogares a ciertas horas del día. También, los vecinos hacían mención a las aguas residuales, las cuales no son objeto de tratamiento debido al abandono de la Planta que se había creado para estos efectos.
En dicho contexto, la directiva del Comité de Adelanto del Complejo Habitacional nombre reservado, ubicada en el Sector El Alto, tomó contacto con la Sede Regional del INDH, a fin de denunciar la situación.
El problema de los malos olores provenientes de las cañerías del alcantarillado, es una situación que les ha afectado desde hace varios años, agravándose en ciertas horas del día y épocas. Los vecinos y vecinas del sector refieren que el primer episodio grave por emanación de malos olores sucedió a fines de enero del año 2019, y que estos han continuado hasta el día de interposición del recurso, es decir, junio del año 2021.
Agregaron que, el Cuerpo de Bomberos de Perquenco ha debido concurrir al sector El Alto, para verificar qué ocurría pues recibieron un llamado que advertía sobre una posible emanación de gas, sin embargo al llegar verificaron que el olor provenía del sistema del alcantarillado, lo que consta en certificado de concurrencia de fecha 30 de enero de 2019, emitido por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Perquenco. Una de las vecinas del sector fue trasladada al Cesfam de la comuna con mareos y vómitos en una ambulancia del establecimiento.
Otro de los episodios más graves se vivió el sábado 15 de enero de 2021. Según lo indicado por los entrevistados, siempre hay malos olores pero ese día era tanto que los vecinos debieron salir de sus casas. Para solucionar el problema tuvieron que llamar a bomberos, quienes limpiaron las cañerías con alrededor de 5000 litros de agua, demorándose alrededor de una hora en dicho procedimiento. Al día siguiente, se sentían nuevamente los malos olores. Producto de esto, como Comité de Adelanto decidieron realizar una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Perquenco en ejercicio de las acciones que se contemplan en la Ordenanza Ambiental de la comuna, ya que la situación se ha mantenido por mucho tiempo provocando consecuencias en la salud de los vecinos, ya que algunos de ellos han presentado malestares como dolores de cabeza, mareos y alergias. El formulario de la denuncia (Nº 011) se encuentra firmado por 27 vecinos del sector, señalando como hecho denunciado “malos olores emanados desde las cámaras hacia las viviendas, por los ductos de lavaplatos, lavamanos, duchas o tinas, afectando nuestra salud y vida cotidiana” y dirigiéndose esta denuncia contra la Cooperativa de Aguas Perquenco y quienes resulten responsables. Según lo indicado por los vecinos, la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Perquenco realizó un informe relativo a la denuncia ambiental en el cual se señala lo siguiente:
Según constata la denuncia ambiental Nº008 realizada por la Ilustre Municipalidad de Perquenco hacia la Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada, ingresada al Juzgado de Policía Local de la comuna con fecha 19-11-2020 “existe un problema desde hace varios años con el tratamiento de aguas residuales de la comuna, debido al mal funcionamiento y abandono por parte de la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., lo cual podría interferir en que este mal funcionamiento y deficiencia en el tratamiento de las aguas esté generando un problema a los vecinos del Complejo Habitacional nombre reservado, teniendo como consecuencia la devolución de malos olores hacia sus domicilios; así como también otro motivo a verificar que pueda generar olores dentro del domicilio corresponde a la limpieza irregular por parte de la sanitaria que entrega el servicio de agua potable, y por consiguiente, el servicio de mantenimiento de redes, los cuales deben realizarse para evitar problemas de estas características.
En el informe se adjuntan también fotografías de la concurrencia de bomberos el día sábado 16 de enero de 2021 “por los malos olores emanados y que estaban generando ya alteraciones mayores a los vecinos como mareos e imposibilidad de estar en sus viviendas”.
Nuevamente, una grave situación afectó a los vecinos de Perquenco, entre el 19 de abril y el 07 de mayo, vecinos del Complejo Habitacional nombre reservado denunciaron el rebalsamiento del alcantarillado público, lo cual ha derivado en que de éste emanen tanto aguas servidas como fecas y los consecuentes malos olores. El rebalsamiento se ha producido en dos cámaras, una de las cuales se ubica calle Bilbao con Los Cóndores, en sector donde se ubica una plazoleta, mientras que la otra, se encuentra dos calles más arriba siguiendo por calle Francisco Bilbao, adjuntándose al recurso algunas imágenes a fin de ilustrar la situación.
II.-Hechos en área rural de la comuna de Perquenco:
El episodio más reciente, data de la semana de interposición del recurso, cuando en el sector rural de la comuna, las piscinas se encuentran al borde del rebalsamiento con la mezcla de aguas servidas y aguas lluvias, adjuntándose fotografías.
Lo anterior, da cuenta de un riesgo de esparcimiento de las aguas no tratadas en una mayor superficie de terreno que al retraerse dejará nuevos espacios con depósitos de material contaminado expuestos a la fauna del lugar, a animales y aves domésticas que se internen, y por cierto, al secarse, potencia episodios de malos olores como las que ya han afectado a la población del sector rural de Perquenco. Los habitantes del área rural de la comuna manifestaron que por los malos olores provenientes del Estero y de los ductos del alcantarillado en el área urbana, sufren nauseas, dolores de cabeza y presencia de moscas y ratones y que entre las consecuencias se encuentra la muerte y enfermedad de animales que han bebido el agua del Estero, todo ello según relatos que reproduce, agregando que los denunciantes han señalado que han encontrado peces muertos metros más abajo del punto de descarga de las aguas servidas.
EN CUANTO AL DERECHO:
I.-ACERCA DE LA OMISIÓN ILEGAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS):
Expone que uno de los objetivos estratégicos de la Dirección de Obras Hidráulicas, según lo indicado en su página web, es propiciar el desarrollo ambiental sustentable del país, a través de la provisión de servicios de infraestructura hidráulica que cumplan con las políticas y normativas medioambientales. Para cumplir con este y otros objetivos estratégicos, la DOH cuenta con Subdirecciones encargadas de regular los sistemas de agua potable y servicios sanitarios rurales.
En este sentido, se debe mencionar lo dispuesto en la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales, la cual entró en vigencia el 20 de noviembre de 2020 y que en lo sustancial creó la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la cual es dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas y tiene facultades regulatorias respecto de los servicios sanitarios rurales.
El art. 73 de dicho cuerpo legal señala como parte de las funciones de la Subdirección la supervigilancia y/o supervisión de los Servicios de Agua Potable Rural, esto se traduce, de acuerdo a lo señalado en la propia página web del Ministerio, “en la ejecución de la política de asistencia y promoción de las organizaciones sociales, capacitando, apoyando, asistiendo y asesorando a los servicios sanitarios rurales, en el proceso de implementación de la Ley y en el pleno funcionamiento de los Servicios Sanitarios Rurales del país.
Otra norma relevante es aquella contenida en el artículo 76 de la citada ley, el cual prescribe que para cumplir con sus fines, la Subdirección podrá requerir información a los operadores de los Servicios de Agua Potable Rural.
Destaca que previo a la entrada en vigencia de la ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales, el organismo encargado de supervisar los servicios de agua potable rurales igualmente era la Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, mediante la Subdirección de Agua Potable Rural.
Sin perjuicio de dichas facultades regulatorias, hasta la fecha del recurso, la Dirección de Obras Hidráulicas no ha cumplido con sus facultades legales en torno a la fiscalización y supervigilancia del servicio de saneamiento de agua potable existente en la comuna de Perquenco, situación que ha propiciado la permanencia de una PTAS de tratamiento en el lugar sin ningún tipo de regulación o fiscalización en el ámbito técnico y de infraestructura. Agrega que la Sede Regional del INDH ofició en al menos dos oportunidades a la DOH Araucanía, sin recibir respuesta respecto a las actividades realizadas por dicho servicio en relación a la PTAS de Perquenco.
Lo anterior, se traduce en una grave omisión en el ejercicio de sus facultades legales, y que ha traído como consecuencia la grave situación de contaminación a la que nos enfrentamos: líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento, directamente vertidos al estero Perquenco, afectación grave a los derechos de los habitantes de la misma localidad.
Pero además, esta falta en el despliegue de sus facultades habría repercutido en la falta de supervisión a los cobros que realiza la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada. De acuerdo a las denuncias recibidas por INDH, la Cooperativa, en la actualidad se encontraría percibiendo el servicio de alcantarillado, a través del ítem “Mantención y Conservación de Redes” que en términos concretos representa un 25% del total de la cuenta a pagar por los usuarios al mes.
Se adjunta detalle de la cuenta de una de las denunciantes y habitantes de la comuna de Perquenco.
Se hace presente, que dicha denuncia fue hecha llegar a INDH, en conjunto con diversos medios de comunicación, como una situación que preocupa enormemente a los vecinos, quienes manifiestan inquietudes por los altos costos facturados en sus cuentas, a la vez que no existe ningún organismo del Estado que haya realizado fiscalizaciones respecto estos cobros.
II. ACERCA DE LA OMISIÓN ILEGAL DE LA SEREMI DE SALUD (MINISTERIO DE SALUD).
La contaminación del Estero Perquenco y la falta de mantención de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, es una situación que desde hace más de 7 años viene afectando tanto a la población rural como urbana de Perquenco. A pesar de las constantes denuncias efectuadas por los habitantes de la comuna, los órganos del Estado encargados de ejercer facultades fiscalizadoras y de establecer mecanismos de prevención de la contaminación y de velar por la salubridad pública no han actuado, manteniéndose la situación hasta la fecha de interposición del recurso.
Uno de los servicios públicos respecto de los cuales se alega la omisión ilegal y arbitraria que funda el presente recurso de protección, es la SEREMI DE SALUD.
El Código Sanitario en su artículo 3º dispone que le corresponde al Ministerio de Salud atender las materias relacionadas con la salud pública y bienestar higiénico del país, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del nº14 del artículo 10 de la CPR, el Código Sanitario y su Ley Orgánica.
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 19.937 establece las funciones de la Autoridad Sanitaria, y que en relación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, se traduce en:
2- Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren.
3- Adoptar las medidas sanitarias que correspondan según su competencia, otorgar autorizaciones sanitarias y elaborar informes en materias sanitarias. Las normas, estándares e instrumentos utilizados en la labor de fiscalización, serán homogéneos para los establecimientos públicos y privados.
Sin perjuicio de que el Ministerio de Salud, mediante la Seremi Araucanía, ha efectuado fiscalizaciones y mediciones para determinar la calidad del agua del Estero Perquenco, éstas han sido del todo insuficientes para evitar la grave situación que se encuentra dicho cuerpo lacustre. El líquido cloacal o residual, sigue hasta el día hoy siendo vertido en la masa receptora “estero Perquenco” sin haber recibido tratamiento adecuado alguno.
Por ello, afirma el recurrente, que la autoridad sanitaria, no ha tomado un rol proactivo para la implementación de medidas en torno a la contaminación y/o la posible intoxicación de la población. En efecto, la última fiscalización efectuada por la Seremi de Salud Araucanía se remonta al año 2019, no existiendo un seguimiento por parte de la misma respecto a la calidad del agua en el año posterior ni tampoco durante los últimos meses.
En definitiva, aun estando en conocimiento de la situación de contaminación del Estero Perquenco y del peligro que esto acarrea para la salud de las personas - a raíz de las fiscalizaciones antes descritas - el organismo recurrido no ha dado cumplimiento a las funciones que la ley establece en esta materia, es decir, ejercer la vigilancia sanitaria. En este sentido, resulta atingente referirse lo prescrito por los artículos 72 y 73 del Código Sanitario:
Artículo 72°.- El Servicio Nacional de Salud ejercerá la vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos industriales o mineros; podrá sancionar a los responsables de infracciones y en casos calificados, intervenir directamente en la explotación de estos servicios, previo decreto del Presidente de la República.
Artículo 73°.- Prohíbase descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos.
Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IX de este Código, la autoridad sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir toda contaminación.
En relación a estas funciones, es claro que la recurrida SEREMI de Salud no ha dado cumplimiento a todas las obligaciones que la ley establece en la materia, incluida la omisión en ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas contaminantes con aguas residuales al estero, ni tampoco ha exigido la ejecución de sistemas de tratamiento satisfactorio destinado a impedir que el líquido cloacal siga siendo vertido en la masa receptora sin tratamiento; manteniéndose entonces como un agente pasivo frente a la grave situación que hoy pone en peligro la salud pública en la comuna de Perquenco.
A mayor abundamiento, la autoridad sanitaria está revestida de amplias y robustas atribuciones o facultades en materia sanitaria, a saber, el mismo artículo 73 establece que en los casos en que se descargare aguas servidas en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los Reglamentos, la Autoridad podrá: a) ordenar la suspensión de dichas descargas; b) exigir la ejecución de sistema de tratamiento satisfactorio destinados a impedir la contaminación. Pero además, el artículo 174 del Código Sanitario, establece que la infracción a las normas de dicho Código, serán sancionadas con multas, desde un décimo de UTM hasta las 1.000. Mientras que las reincidencias serán sancionadas por el doble de la multa original.
Además el inciso 3° del artículo 174, establece otras sanciones como la clausura, prohibición de funcionamiento, etc.
No obstante las anteriores atribuciones en materia sanitaria de la autoridad de salud, y como consta en el oficio recepcionando por el INDH - Ord. 01324 del 01 de diciembre del 2020 - la máxima sanción que se ha cursado por estos graves hechos, en 8 fiscalizaciones, ha sido la de 25 UTM, es decir, un monto no superior a un millón de pesos, en contra de la Cooperativa de Aguas Perquenco, con fecha 28 de agosto del año 2014, omitiendo ejercer las facultades que realmente podrían haber solucionado el problema, como ordenar la ejecución del sistema de tratamiento existente en la comuna, para dar una solución a la carga contaminante recibida desde Perquenco.
III.- ACERCA DE LA OMISIÓN ILEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS.
A la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), también se le imputa una omisión ilegal y arbitraria, en razón que, al igual que los demás Servicios, ha omitido desplegar sus facultades legales para evitar y remediar la situación de riesgo que actualmente enfrenta la población de Perquenco. Así, el artículo 2 de la su Ley Orgánica N° 18.902, señala que dentro de sus funciones se encuentra la de fiscalización de los prestadores de servicio sanitarios, en torno al cumplimiento de las normas relativas sanitarios, y específicamente el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias.
Por su parte el artículo 6, indica que “para todos sus efectos legales, se considerará institución fiscalizadora (…)”.
Por otro lado, la SISS, por mandato legal establecido en el artículo 11 de su Ley Orgánica, posee una obligación de sanción respecto aquellos prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios; o en casos de incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de multas a beneficio fiscal que fluctúan entre 1 a 10.000 UTA, en consideración a la cantidad de usuarios afectados y la gravedad de la infracción, o incluso llegar a la clausura del establecimiento o a parte de sus instalaciones Las disposiciones antes referidas otorgan potestades a la SISS incluso para iniciar de oficio –proactivamente– procedimientos sancionatorios, sobre todo en casos de notorio y público conocimiento como el latamente relatado en el presente recurso.
Por otro lado, el Reglamento de las Concesiones Sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios Decreto N°1199/2005 MOP, autoriza a las Cooperativas para establecerse como Servicio destinado a producir y distribuir agua potable así como la recolección y disposición de aguas servidas (artículo 4°), dejando la aplicación y supervisión de dicho Reglamento, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (artículo 1°), Artículo 1°: Las materias relativas al régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios públicos sanitarios, las condiciones que regulan la prestación de los servicios públicos sanitarios, entre los prestadores y los usuarios, los niveles de calidad en la atención exigidos a los concesionarios, las materias relativas al sistema de los grandes consumidores, fusión y clasificación de las empresas y factibilidad de los servicios se regirán por lo establecido en el DFL MOP N°382/88, sus modificaciones y el presente reglamento. Velar por su aplicación corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en adelante la "Superintendencia" o "la entidad normativa".
Artículo 4° “Los Servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, podrán establecerse, construirse y explotarse sólo en virtud de una concesión, otorgada por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", previo informe de la entidad normativa.
Siendo la regla general de acuerdo establece el artículo 4° que dichas concesiones se otorguen a sociedades anónimas, aunque la excepción 5°, como señalamos se refiere a las Cooperativas –como la que opera PTAS Perquenco - “Exceptúase del cumplimiento de lo prescrito en el inciso segundo del artículo precedente a los prestadores, que tengan menos de 500 arranques de agua potable, pudiendo en tal caso, incluso ser concesionario una persona natural; a las Comunidades a que se refiere la ley Nº 19.537 de 1997, sobre Copropiedad Inmobiliaria; Municipalidades y Cooperativas que estaban prestando algún servicio sanitario al 21 de junio de 1989, cualquiera que sea su número de arranques de agua potable.
Asimismo, dicha excepción regirá para aquellas Municipalidades, Cooperativas o prestadores con menos de 500 arranques que a partir de la fecha indicada en el inciso anterior hayan tenido o tomen a su cargo cualquiera de esos servicios públicos y a la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada.
Además, de acuerdo a lo declarado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en concordancia con el texto de la Ley 18.902 que la rige, es:
Velar porque la población urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y saneamiento de las zonas urbanas del país, reciba dichos servicios con la calidad y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el largo plazo; adicionalmente, asegurar a la comunidad, que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con un desarrollo sustentable. Esta responsabilidad será cumplida buscando promover la transparencia en el mercado, el autocontrol por parte de las empresas y desarrollando una actuación eficiente.
En el aspecto que resulta pertinente a lo que se viene reseñando, corresponde a esta institución asegurar a la comunidad que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza. Pues bien, en la especie no existe constancia que la Superintendencia de Servicios Sanitarios por si o de manera coordinada con otras instituciones públicas haya ejecutado en relación a la contaminación que se ha descrito latamente, acciones concretas tendientes a la realización efectiva de esta misión declarada que no es otra cosa que una síntesis del cúmulo de obligaciones que le impone la Ley. Sino que por el contrario, de acuerdo, a lo señalado a INDH vía ORD N°4568, “en la actualidad [PTAS Perquenco] no está sujeta a la fiscalización y control que ejerce este Organismo, la que se realiza sobre concesionarias que operan en la zona”.
IV.- OMISIONES ILEGALES Y ARBITRARIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.
La Superintendencia de Medio Ambiente, en su calidad de entidad fiscalizadora en este tipo de materias tiene diversas obligaciones de supervigilancia, que ha omitido ejercer, en perjuicio de los habitantes de la comuna de Perquenco.
Así, la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece en su artículo 64, las obligaciones de fiscalización con las que debe cumplir este organismo, dentro de las cuales se encuentra la fiscalización del permanente cumplimiento de las normas de calidad ambiental y de emisión.
Respecto a estas funciones, en la página de la SMA se indica “La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debe, entre otros, fiscalizar el cumplimiento de las Normas de Emisión de residuos líquidos hacia cuerpos de agua superficiales, subterráneos y marinos”.
Dentro de dichas normas se encuentra el D.S Nº90/2000 el cual establece la Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, y que regula, entre otros, el máximo permitido respecto a la descarga de coliformes fecales en afluentes fluviales, los cuales según las fiscalizaciones realizadas por la Seremi de Salud superan con creces los permitidos en la Norma Chilena 1.333 y el D.S Nº90/2000.
Sin perjuicio de este mandato legal expreso, la Superintendencia no ha ejercido sus funciones fiscalizadoras en la materia ni mucho menos ha ejercido facultades sancionatorias, manteniéndose el incumplimiento de los instrumentos ambientales vigentes en la materia.
Esta obligación legal, además está dada por la Ley Nº 20.417, que crea la Superintendencia de Medio Ambiente, la que establece en los artículos 2, 16 y siguientes, normas sobre las facultades de fiscalización; como el artículo 31 sobre administración de la información relativa a fiscalizaciones; el artículo 35, referente a la potestad sancionatoria; además del artículo 64, de la Ley Nº 19.300, relativo a las labores de fiscalización que la ley le otorgó a la SMA, ya mencionado.
A su vez, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las funciones de fiscalización y sanción que la ley otorga a la Superintendencia de Medio Ambiente. En un segundo caso, Rol Nº 34.594-2017, la Excelentísima Corte Suprema reconoce que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene potestades fiscalizadora amplias, no limitadas por la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, por la inexistencia de una Resolución de Calificación Ambiental.
A su vez, y como ha señalado la Contraloría General de la República, corresponde a la autoridad de salud fiscalizar el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural. No obstante, compete a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar el incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental que rijan dicha actividad. (Dictamen 035736N16 de 16-05-2016)
Sin embargo, todas estas actividades de fiscalización no han sido desplegadas, y muy por el contrario, han sido completamente omitidas, lo que aparece evidente frente a la gravedad de los hechos acaecidos.
Destaca, el recurrente, que el Estado no actúa como un mero observador frente a como privados ejecutan actos ilegales y arbitrarios como los efectuados por la Cooperativa. De esta manera, el Estado, a través de sus organismos debe prevenir y mitigar cualquier acto que pudiera conllevar a la afectación de derechos fundamentales, esto en base a las obligaciones de Derecho Internacional que atañe a los Estados en materia de Derechos Humanos, debiendo siempre considerar que el fin último de cualquier organismo de carácter estatal es el servicio de las personas y la protección y garantía de sus derechos fundamentales.
AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA, AL DERECHO HUMANO AL SANEAMIENTO Y AL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HABITAN LA COMUNA DE PERQUENCO POR CONTAMINACIÓN DEL ESTERO PERQUENCO Y LA FALTA DE MANTENCIÓN DE LA PTAS.
A) afectación al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al derecho humano al saneamiento:
Expone que lo señalado en el acápite de los hechos, constituye una permanente privación, perturbación y amenaza al derecho a la integridad física y psíquica de las personas que habitan la zona de Perquenco, derecho garantizado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución. Este artículo consagra el derecho a la vida, integridad física y psíquica de la persona.
La referida garantía Constitucional se ve respaldada en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país como la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala en su artículo 3 que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también señala en su artículo 6 la protección a la vida, estableciendo que “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”.
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra los derechos a la vida e integridad personal, en los siguientes términos: El artículo 4, que establece el derecho a la vida, siendo aplicable a este caso el numeral primero: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
En tanto, el artículo 5 consagra el Derecho a la Integridad Personal, particularmente relevantes son sus numerales 1 y 2, que establecen:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
La vulneración a esta garantía no debe atenderse por sí sola, sino que debemos vincularlo con el derecho a la salud contenida en el artículo 19 N° 9 de nuestra Carta Fundamental, puesto que las personas que habitan el sector de Perquenco, están constantemente expuestas a la contaminación que emanan de la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas Perquenco, afectando gravemente la salud física y mental de las personas que allí habitan.
La situación revistió tal gravedad que la totalidad de la población de Perquenco – urbano y rural – ha manifestado algún tipo de afectación a su vida e integridad física. Así por ejemplo, don nombre reservado, quien vive domicilio reservado metros aguas arriba de la piscina municipal señala “el mal olor nos llega igual, no tenemos dónde lavar la ropa, mi hijo de 9 años es el más afectado”.
En tanto, doña nombre reservado indica “Hay días en que hay que estar encerrados, pues el aire está irrespirable.”
Misma situación indica nombre reservado quien refiere que en las tardes el olor es más fuerte “se llena de moscas, a veces en las tardes mi hijo se queja de los malos olores, tenemos que cerrar las puertas y ventanas”.
Por otra parte, desde el derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala en su artículo 12 que:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a)
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b)
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c)
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d)
La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Y como se ha relatado, los niveles alarmantes de coliformes fecales en el Estero Perquenco han traído una seria amenaza y vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica de los habitantes de Perquenco, principalmente para aquellos que viven en las comunidades aledañas al mismo, pero también para los residentes del área urbana de Perquenco.
B).- Afectación al Derecho Humano al Saneamiento como un componente del derecho a un adecuado estándar de vida, y del derecho a la vida.
Es ampliamente reconocido que el contenido del derecho humano al Saneamiento se encuentra fijado primaria y principalmente en la Observación General N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 2002. Allí se establece que el derecho humano al agua y saneamiento es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Asimismo, la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que el acceso seguro a agua potable salubre y al saneamiento son un derecho humano fundamental.
Destaca, en el 2013, la Resolución 24/18 del Consejo de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció expresamente en torno al saneamiento que “(…) toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y al acceso, desde un punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, seguro y aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad”.
Por su parte, el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 70/169, indica que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento son derechos separados e independientes.
Dicha Resolución reconoce que en virtud del derecho humano al saneamiento toda persona tiene derecho al acceso salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad. Al mismo tiempo, reafirma que tanto el derecho al agua como al saneamiento, son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado.
Por otra parte, el Relator Especial Léo Heller, en un informe del año 2018, vuelve a precisar el contenido de estos derechos y lo nutre con el aporte de diversas otras resoluciones. Así, el derecho humano al saneamiento implica:
• Disponibilidad. Con instalaciones suficientes y con la infraestructura necesaria para mantener y gestionar el servicio.
• Aceptabilidad, intimidad y dignidad. Diseño, posición y condiciones para asegurar la privacidad y dignidad.
• Accesibilidad. Servicios de saneamiento ubicados dentro de las inmediaciones de cada hogar, institución de salud o educativa; lugares públicos y de trabajo, y, si son compartidos, que sean en cantidad suficientes para que los tiempos de espera no sean prolongados. Si no se ubican en las inmediaciones del hogar, que el camino sea seguro y conveniente y a una distancia corta.
• Asequibilidad. El precio del servicio de saneamiento debe permitir que todas las personas puedan cubrirlo, sin que ello implique la limitación para adquirir otros bienes y servicios básicos.
• Calidad e inocuidad. Instalaciones de saneamiento inocuas, fáciles de limpiar y mantener. Que se puedan usar de forma segura, con una estructura estable, sin riesgo de accidentes, y eliminando el contacto animal o humano con las excretas, para evitar la transmisión de enfermedades.
Además, respecto al saneamiento deben aplicarse los siguientes principios que son aplicables a todo derecho humano:
• No discriminación. Todos deben tener asegurado el acceso al agua y saneamiento, incluyendo a los grupos más marginalizados y vulnerables, sin discriminación alguna. Más que evitar la discriminación, ello implica acciones proactivas que aseguren que las necesidades de estas personas sean cubiertas.
El Estado debe asegurar que el recurso sea asignado a la mayor cantidad de población posible, por sobre instalaciones más costosas y que beneficien sólo a un grupo, poniendo especial atención a grupos indígenas y mujeres.
• Participación y acceso a la información. Derecho y responsabilidad de las personas de participar en la toma de decisiones en la realización de los derechos al agua y saneamiento; acceso a la información, con posibilidades reales, genuinas e igualitarias par todos de influir en la formulación de políticas y la implementación del sector.
• Rendición de cuentas. A los Estados se les puede hacer rendir cuentas sobre su obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
• Sostenibilidad. El funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento no debe limitar el acceso de futuras generaciones.
Así, por otro lado, las obligaciones del Estado en torno a este Derecho se traducen en su realización progresiva - artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales – es decir, se consideran, por cuanto los Estados deben paulatinamente tomar medidas para su satisfacción, en función de su contexto específico y recursos disponibles.
Así, en atención a los hechos relatados extensamente en esta acción judicial, sostenemos que el Estado no ha garantizado el derecho humano al saneamiento de los habitantes de la comuna de Perquenco. Principalmente, este derecho está siendo afectado en su dimensión de calidad e inocuidad, a raíz del mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, y que se traduce en episodios de malos olores, que existe presencia de sólidos en suspensión en el mismo cuerpo de agua, y la contaminación misma del estero. Así, es obligación del Estado, garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados, lo que reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que también, constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable.
La afectación al derecho al saneamiento, repercute indudablemente en la violación al derecho a la vida, salud, e incluso al derecho a una vivienda adecuada (véanse las Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 14 (2000) impone a los Estados Partes la obligación de ampliar progresivamente unos servicios de saneamiento salubres, en particular a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, los niños y de los pueblos indígenas.
C).- EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Otro bien jurídico afectado es el medio ambiente, establecido en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República que señala que “La Constitución asegura a todas las personas:8° El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.”
Debemos entender por medio ambiente libre de contaminación aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Así lo establece el artículo N°2 letra m) de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente.
Por otra parte, el derecho a un medio ambiente sano está consagrado expresamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, instrumento que, aunque no está ratificado por Chile, sí está incorporado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, a la luz de la reciente Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, argumentando en base a la interdependencia e indivisibilidad entre los derecho civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Sobre el contenido de este derecho, la misma OC-23, ha indicado que: “El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.
Asimismo, sobre este derecho consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana, se ha establecido que contiene una cláusula de desarrollo progresivo en el cumplimiento de los derechos que reconoce, artículo que emplea un lenguaje muy similar al del artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, cláusula cuyo Comité ha interpretado como una de tipo obligatorio y justiciable.
Por otra parte, en consideración a lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, se establece que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo, sino que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
De esta forma, afirma el recurrente, el Estado no ha tutelado la vigencia de este Derecho en relación a las comunidades que habitan el área urbano y rural de Perquenco, siendo afectado entonces, por la omisión de los recurridos. En ese sentido, la señora nombre reservado, quien es presidenta de dicha comunidad mapuche, indica que la situación de contaminación “ ha traído pobreza, la gente hacía chacra y ahora no hace nada, no puede tener papas, porotos, porque la gente no quiere comprar”.
En tanto, la señora nombre reservado, quien vive junto a su padre en un terreno colindante al río señala “Le damos agua potable a los vacunos para que no se vayan al río, porque si no se enferman (…) esto fue un adelanto para el pueblo, pero para nosotros es una pérdida (…) por último deberían hacer un descuento por el agua, nosotros antes teníamos agua y ahora hay que estar pagando”, “Esto nos contaminó la tierra, no podemos sembrar. ¿Quién va a comprar si saben que el agua acá está contaminada?”.
Doña nombre reservado indica que actualmente su madre, nombre reservado debe recibir agua en camiones aljibe para su consumo ya que continúa viviendo a orillas del Estero “Ahí no pueden hacer huerta, porque no tienen forma de regar.”
Esta afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es percibida también por personas que habitan en otras comunidades. En este sentido doña nombre reservado, de la comunidad Koyam Montre, indica “con esto no se puede siquiera hacer turismo, nosotros tenemos un proyecto de turismo pero no lo podemos hacer por la contaminación del río. Esto afecta emocionalmente. Se está estigmatizando a la gente de Llancamil, porque no les quieren comprar nada, no pueden sembrar porque puede contaminarse el alimento”, “la planta de tratamiento solo ha beneficiado a la ciudad (…) nosotros vivimos en el campo y tenemos pozo negro, no nos beneficiamos con el alcantarillado”, a lo cual doña nombre reservado, de la misma comunidad agrega “es lamentable que un mapuche no pueda tener huerta o animales por el agua contaminada (…) están contaminando el río y no le importan las comunidades afectadas, el pueblo mapuche”.
Habitantes de comunidades mapuche aledañas al Estero han advertido también sobre las afectaciones, que desde el punto de vista cultural y de su cosmovisión, ha implicado la contaminación de las aguas. En este sentido, nombre reservado, Presidenta de la Comunidad Koyam Montre recalca “algunos dicen que solo las personas que viven alrededor del río son los directamente afectados por la contaminación, pero no es así, todos estamos afectados (…) aquí ‘mataron al leufu’, es una vergüenza para nosotros que el río esté contaminado en Perquenco. Hay gente que no tiene animales porque el río uno ya no lo ve como río, lo ve como algo donde se bota todo”. La contaminación del lugar ha afectado también la biodiversidad del sector.
En este sentido, nombre reservado, lonko de la Comunidad Carilao indica que la contaminación del río ha producido que se muera el lawen en el sector, destacando también el rol espiritual del agua para las personas mapuche “está dentro del ixofil mogen16, el agua es fuente de la vida, de la vida de nuestro Pueblo Mapuche, aquí estamos defendiendo a los ngen”.
La contaminación del Estero ha producido impactos también desde el punto de vista de la memoria histórica de las comunidades mapuche del sector, ya que este curso de agua es considerado de relevancia histórica. Doña nombre reservado indica “Hay un punto acá abajo en que se junta el Challacura con el Perquenco. También se ha afectado el Challacura (estero). A ese lugar nosotros queremos ir a hacer rogativa, pero no se puede. Es un lugar histórico, por ahí pasaba el camino del ejército chileno. Ahí se hizo la alianza wenteche, en la que estuvo Kilapan”.
Esta afectación cultural se contextualiza en la cosmovisión de los amparados mapuche y la espiritualidad están directamente relacionadas “… con la naturaleza que le da la vida, es la unión indisoluble respecto de la relación entre el ser humano y la naturaleza… El ser humano no es el centro del universo, sino un componente más del equilibrio que debe existir con la Madre Naturaleza … Al saberse parte de la naturaleza, los pueblos indígenas reconocen la interdependencia con los ciclos de la naturaleza y por tanto establecen con ella relaciones de reciprocidad. En otras palabras, pertenecer a la Madre Tierra es parte de su identidad”.
De esta forma, para dar cumplimiento a este derecho, el Estado debe tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad del mismo, de manera que el nivel adecuado de vida no es el óptimo para las familias Perquenco puesto que habitan un sector con altas concentraciones de contaminantes.
Obligaciones estatales de prevención y fiscalización desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos:
Sostiene que el Estado, en virtud de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, tales como los derechos a la integridad física y psíquica, y derecho a un medio ambiente libre de contaminación, tiene obligaciones jurídicas. Tales derechos también surgen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Chile y que se encuentran vigentes.
En efecto, los referidos instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen obligaciones generales para el Estado chileno, de promover y proteger los derechos humanos.
Asimismo, el artículo 1.1. de la Convención Americana, establece obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos que el mismo instrumento consagra. La referida obligación de proteger estos derechos, se traduce en distintas obligaciones en materia de derechos humanos, cuyos titulares son las personas que habitan el territorio nacional.
Por cierto, tal obligación de prevención, constituye una obligación de medios y no de resultados. De modo tal que, a la hora de examinar si el Estado ha infringido o no sus obligaciones internacionales, se verifica que el Estado, con ocasión de su resguardo, haya actuado con la debida diligencia que el caso amerita, con independencia en el resultado obtenido.
En este caso concreto, sostenemos que el Estado chileno en su conjunto (como corresponde analizarlo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos), y a través de los organismos técnicos recurridos (analizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico nacional), no ha actuado con la debida diligencia que sus obligaciones de respeto y garantía le exige, frente a la contaminación que por años ha soportado esta zona y particularmente, ha incumplido su deber de prevenir estos lamentables episodios de contaminación.
Tal incumplimiento se verifica sobre una obligación jurídica propia del Estado, con independencia de que la contaminación –circunstancia que aún no se aclara con sustento técnico- haya sido provocada por una o más empresas, tanto públicas como privadas.
Tal incumplimiento se verifica a través de las omisiones ilegales en que han incurrido los organismos técnicos estatales recurridos, Ministerios de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia de Medio Ambiente.
Asimismo, desde el punto de vista del derecho internacional de derechos humanos, las obligaciones al Estado respecto de actividades de desarrollo económico, como es el caso, exigen obligaciones específicas en torno a seis ejes, tales son:
(i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo;
(ii) prevenir las violaciones de derechos humanos;
(iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo;
(iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información;
(v) prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y;
(vi) garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos.
De obligaciones anteriormente descritas y de lo ya señalado respecto de los hechos, se advierte que no se han observado las obligaciones de prevención de violaciones de derechos humanos, y de supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo.
(A) Obligaciones de prevención:
Con respecto a las obligaciones de prevención, señala qie es útil recordar lo establecido por el artículo 2.1 de la Convención Americana, interpretado por la Corte Interamericana sobre derechos humanos a propósito del caso Velásquez nombre reservado vs. Honduras, donde indicó que éste deber implica adoptar: “todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”.
La Corte precisó que un hecho imputable a un particular sin identificar, como es el caso de marras, puede llegar a ser imputable al Estado, dependiendo de su actuación propia:
“[…] un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.
Asimismo, se ha limitado este deber de prevención exigible a los Estados, condicionado a que tuvieran un conocimiento de la situación de riesgo “real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado — o a que el Estado debió conocer dicha situación de riesgo real e inmediato— y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”.
En este caso, el riesgo real e inmediato es evidente, pero además es conocido por las autoridades a raíz de las fiscalizaciones que ha realizado la Seremi de Salud, sin que hasta ahora haya adoptado medidas concretas para prevenir la contaminación.
Sobre este punto, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que para establecer que un Estado ha incumplido su deber de prevención de violaciones a derechos a la vida o integridad personal, como es el caso, debe verificarse dos circunstancias:
“las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y que ii) tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo”.
De este modo, esta infracción del deber estatal de prevención puede advertirse si eventualmente se verifica que la contaminación proviene de empresas particulares.
(B) Obligaciones de supervisión y fiscalización Otra obligación que surge a partir del deber de garantizar los derechos humanos, es precisamente “el deber de fiscalización de las actividades extractivas, de explotación o desarrollo que puedan afectar los derechos humanos”, sin distinguir si la empresa objeto de la fiscalización es pública o privada.
En este caso, el Estado otorgó permisos de instalación y de operación para la Cooperativa de Aguas Perquenco, teniendo tal conocimiento, y disponiendo de órganos técnicos especializados, éstos deben ejercer las funciones para las cuales han sido creados.
La misma Comisión Interamericana sobre derechos humanos, a propósito de su informe de país, sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, sobre este punto, sostuvo que “[…] la falta de supervisión en la aplicación de las normas vigentes, puede crear serios problemas al medio ambiente que se traduzcan en violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana”.
Precisamente en este sentido apuntan las omisiones ilegales de los deberes directos de fiscalización, que se atribuyen a los organismos estatales Dirección de Obras Hidráulicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia de Medio Ambiente y al Ministerio de Salud, como se indicó supra.
COROLARIO DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN Adiciona el recurrente que el contexto descrito permite colegir una serie de hechos sucesivos en el tiempo, como la contaminación de las aguas del Estero Perquenco causado por las descargas sin tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Perquenco, las afectaciones a la salud e integridad de las personas que se han descrito, tanto en el plano físico como sicológico en que una de sus dimensiones es la frustración a sus proyectos de desarrollo económico y subsistencia, y las afectaciones en el plano cultural en tanto en la especie, respecto de los/as amparados/as mapuche, en consideración a su cultura, los hechos denunciados no sólo generan consecuencias nocivas individuales, sino también colectivas, a sus familias y su lof: “En qué consiste ese estar bien o estar mal, kümelkalen o weza felen. Consiste en que el individuo como tal esté en equilibrio consigo mismo y además lo esté para con sus pares, su familia, sus seres mas cercanos y queridos. También debe estar en equilibrio con su lof, su entorno social, cultural, político, ambiental, territorial, religioso y cósmico. El hecho de que algo o alguien en su comunidad esté en condiciones no deseable, afecta a la persona”. Los hechos denunciados provocan en los amparados Kuxanelgey, que “… es cuando terceros están involucrados en concretar la enfermedad en la persona, algún elemento o algo hace que la persona se enferme. Esto puede ser la mala relación con el entorno, la invasión de espacios determinados por parte de las personas”; pues asisten con su experiencia vital a un proceso en que el equilibrio individual y colectivo se ve quebrantado a raíz de la conducta displicente y apática de las recurridas frente a hechos respecto de los que cuentan con facultades legales para su corrección.
Es decir, las afectaciones alegadas se producen como resultado de omisiones de las obligaciones que corresponden a las autoridades recurridas en orden a corregir y prevenir hechos como los que se describen en éste libelo, y que estas omisiones privan, perturban y amenazan los derechos a la integridad física y psíquica de las personas que habitan esta zona en relación a su derechos a la salud, así como también el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, todos derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 numerales 1, 9 y 8 respectivamente, de la Constitución Política de la República.
MEDIDAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN En este caso en particular, se solicita a esta Corte se adopten las siguientes medidas:
1. Se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones de los recurridos.
2. Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en el artículo 19 N° numerales 1 en relación con el N° 9, además el numeral 8, respectivamente, de la Constitución Política de la República.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados, poniendo fin a las omisiones ilegales y arbitrarias descritas con antelación respecto de las personas afectadas, particularmente solicitando que:
1) Disponer que se instruya a los recurridos SMA, SISS, DOH y Seremi de Salud monitorear y fiscalizar la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, a fin de conocer estado actual de la contaminación del Estero Perquenco y de la factibilidad técnica de que la PTAS continúe en funcionamiento;
2) Que se instruya a la SMA evaluar el diseño y dictación de un plan de descontaminación del Estero Perquenco;
3) Que se disponga que la Seremi de Salud monitoree la calidad del agua de los pozos noria ubicados en la zona contigua al Estero Perquenco, a fin de determinar e informar a los habitantes de esa zona sobre aptitud del agua para consumo humano y riego de hortalizas;
4) Que se instruya a la Seremi de Salud monitorear el estado de salud de las personas que habitan la zona contigua a la PTAS y las zonas urbanas en que han existido fugas de gases desde la red de alcantarillado;
5) Que se disponga que cualquier medida de conservación y/o mejoramiento de la PTAS de Perquenco debe cumplir con los principios de participación ciudadanía y especialmente, con el deber de consulta a los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la OIT.
6) Que se ordena a todas las instituciones recurridas y/o concernidas a actuar coordinadamente a fin de restablecer el imperio del derecho y en particular para que ejecuten las acciones necesarias tendientes al cese de la emisión de contaminantes al Estero Perquenco.
7) Que se disponga cualquier otra medida que SS., considere pertinente y necesaria.
A folio 27, rola informe de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, SISS, que es evacuado por la abogado doña MARÍA ALICIA VON POTTSTOCK MOLINA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.
Expone que las zonas urbanas del país deben ser atendidas por concesionarias encargadas de suministrar el agua potable y recolectar y tratar sus aguas servidas. La concesión la deben obtener de la autoridad, conforme con un proceso reglado que culmina con un Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, que junto con reconocerles el título de prestador a tiempo indefinido, les reconoce un territorio geográfico de atención exclusiva y obligatoria, dentro del cual debe asegurar la calidad y continuidad de cada una de sus prestaciones concesionadas y les fija el marco jurídico y técnico que deben cumplir con sus obligaciones para con los usuarios, la autoridad y el medio ambiente. Frente a esta operación de los servicios públicos entregados en concesión, el Estado se reservó para sí la regulación y fiscalización de las concesiones sanitarias, lo que comprende también la facultad de sancionar sus incumplimientos y fijarles tarifas. La Regulación fundamental de estos servicios urbanos concesionados, está prevista en la Ley General de Servicios Sanitarios (LGSS o DFL MOP N° 382/88), su Reglamento del Decreto MOP 1199/04; la ley de Tarifas del DFL MOP 70/88, la ley 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Se previene, sin embargo, que siendo la concesión sanitaria el título fundamental para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la zona urbana, existen situaciones especiales, en que algunos servicios menores urbanos se han mantenido por larga data a cargo de Municipalidades o Corporaciones de Derecho Privado, sin concesión sanitaria y por tal razón, ajenas a la SISS, han permanecido bajo el control y la supervisión de los servicios de salud.
En tanto, respecto de las zonas rurales, sólo a partir del 20 de noviembre de 2020 entró en vigencia su nueva institucionalidad jurídica, conformada por la ley 20.998 y su Reglamento el Decreto MOP N° 50 de 2019. De acuerdo con este marco institucional, los actuales operadores constituidos como Comités y Cooperativas sin fines de lucro adquieren por el solo ministerio de la ley la condición de licenciatarios para el otorgamiento de los servicios sanitarios rurales y cuentan con el apoyo estatal en su inversión, capacitación y asesoría a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Asimismo, dicha licencia es el título que habilita conforme con la nueva normativa, la prestación de los servicios sanitarios en el ámbito rural para todo futuro interesado.
En el marco de este nuevo orden jurídico e institucional edificado para la regulación de los servicios sanitarios que se prestan en la zona rural, la Superintendencia (SISS) de acuerdo al artículo 85° de la ley, ejercerá las atribuciones y facultades reguladoras y fiscalizadoras de la ley 18.902 respecto de todo operador de servicio sanitario rural, en cuanto sea pertinente, sin perjuicio de aquéllas que corresponde a la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia.
Se dispone también, que la función fiscalizadora de la SISS se realizará directamente por las oficinas destacadas en las regiones del país, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.
A su turno, el reglamento contempla que la SISS y la autoridad sanitaria (Servicios de Salud), deben coordinar sus programas de fiscalización, buscando optimizar sus recursos, suscribiendo protocolos de acción y de entrega de información. En cumplimiento de lo anterior, la Superintendencia elaboró un convenio de colaboración y coordinación con el Ministerio de Salud, remitido a esa cartera de Estado mediante el Ord. SISS N° 1.061 de 19 de abril del año 2021, y que se encuentra en proceso de firma por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública. En efecto, la cláusula séptima del referido convenio, dispone que, dentro de los ámbitos de colaboración y coordinación, corresponderá a la Autoridad Sanitaria velar y fiscalizar la calidad de agua potable de los servicios sanitarios rurales. Asimismo, la citada cláusula dispone que mientras no sean asignados los recursos necesarios a la Superintendencia, la Autoridad Sanitaria ejercerá las mismas facultades de fiscalización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, función que a futuro, recobrada la normalidad presupuestaria, será coordinada adecuadamente entre ambas instituciones.
Por último, el reglamento establece, además, que las fiscalizaciones que detecten incumplimientos menores, que no requieran de capacitación ni sean susceptibles de sanción, serán informadas a la Subdirección ya citada, para que esta adopte las medidas correctivas del caso.
Agrega que como es de conocimiento de esta Corte, según le fue informada en causa de protección Rol N° 1587-2019, en la zona de Perquenco, urbana y rural, actúa como operador de los servicios de agua potable, recolección y saneamiento de las aguas servidas, la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada”, que data desde el año 1982, que cuenta con 1.394 arranques, y que se encuentra en el registro oficial de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, por lo que, este servicio constituye una situación especial, en que no existe ninguna concesión sanitaria establecida en el sector, acogida a lo previsto en la LGSS o D.F.L. MOP N°382/88, Ley General de Servicios Sanitarios. Por lo anterior, no está sujeta a la fiscalización y control que de dicho Organismo como un servicio urbano.
Ahora bien, conforme con la entrada en vigor el 20 de noviembre de 2020, del nuevo marco jurídico aplicable a los servicios sanitarios rurales, la Cooperativa en referencia adquirió por el solo ministerio de la ley la condición de licenciataria afectada a la ley 20.998 y su reglamento. En razón de su nueva condición y por disponerlo el artículo 85 de la citada ley, esta Cooperativa, actuando como operadora en toda la zona de Perquenco, pasará a ser fiscalizada en lo pertinente, además, por la Superintendencia, quien lo hará en coordinación con el Servicio de Salud respectivo, sin perjuicio de la injerencia que le atribuye la misma ley a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, en los aspectos de fomento, capacitación y asesoría financiera y técnica.
Expone que hasta antes de su consideración como servicio sanitario rural acogido a la ley 20.998, la SISS carecía de toda competencia fiscalizadora sobre el operador de los servicios sanitarios de Perquenco.
Con todo, en su reciente adquirido rol de fiscalizador de estos operadores, según el mandato que le ha conferido la ley 20.998, y sin contar aún con los medios ni recursos para ello, como lo impone la normativa, se ha llevado a cabo por personal de la oficina regional de la Superintendencia una fiscalización a la planta de tratamiento de aguas servidas de Perquenco, cuyas evidencias se dan cuenta en el Acta N° 68189 de 23 de junio de 2021, que se acompaña al informe y que será remitida igualmente a la autoridad sanitaria, al Municipio y a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, para que, conforme con sus competencias, hagan valer las acciones y medidas que les correspondan.
Agrega que en el escenario actual, la localidad de Perquenco por aplicación de la ley 20.998 ha pasado a ser una de los más de 2.239 servicios sanitarios rurales catastrados por el MOP sobre los cuales se ejercerá fiscalización velando, con los recursos y medios disponibles en cada región, que se otorguen los servicios de la especie, en términos de calidad y continuidad necesarios para sus habitantes.
Adiciona la recurrida que no desconoce que los episodios denunciados se hayan producido y que de ellos se derivaron inconvenientes para sus habitantes y en tal sentido, en el marco de las atribuciones que recientemente se le han conferido, ha dispuesto ejercer un rol más activo en la fiscalización, como lo demuestra el Acta de Fiscalización que se incluye, pero advierte, que la solución a los problemas que se denuncian no se satisfacen por esa única intervención o la eventual sanción que pudiere aplicarse, sino porque quienes aparecen como responsables del sistema de tratamiento de las aguas servidas asuman las acciones de mantención de las redes e infraestructura sanitaria, junto a las inversiones que permitan asegurar la prestación debida de los servicios.
La interposición de esta acción inminentemente cautelar ha permitido tener y desarrollar un rol más activo en el conocimiento de la problemática, el que mantendrá, sin desconocer que debe compatibilizarlo con el ejercicio fiscalizador sobre todos los demás servicios urbanos y ahora también los rurales de la región, desplegando los escasos recursos disponibles y en medio de una pandemia que aún persiste con declaración de excepción constitucional por el estado de catástrofe.
Finalmente, el 31 de mayo de 2021, se realizó la primera reunión de coordinación regional de los servicios involucrados en la implementación en la nueva ley de servicios sanitarios rurales, a fin de determinar sus ámbitos de acción y programa de fiscalización. Se acompaña primera acta consensuada. Además, el viernes 2 de julio de 2021, se realizó una segunda reunión de seguimiento de fiscalización.
En suma, la recurrida considera que no ha desconocido su rol legal o que ha pretendido arbitraria o caprichosamente desconocerlo, sino que en el plano que le incumbe, recientemente adquirido, está dando las primeras acciones que le permitan atender la ingente problemática de los servicios sanitarios rurales (2.239 servicios), para ello se están procurando los medios y recursos, junto con definir las programaciones y protocolos de acción y coordinación con otros entes con lo que se aspira cubrir de mejor forma la atención que estos servicios demandan.
En cuanto a la supuesta vulneración o afectación de derechos fundamentales de los habitantes que se sirven de los servicios sanitarios, señala que todas las acciones que permanentemente desarrolla están destinadas a salvaguardar los mismos derechos que la recurrente invoca y ello, no sólo porque forman parte de su misión institucional, sino que, además, están dentro del imperativo legal de tener que velar porque estas prestaciones lleguen a la comunidad por ser un resguardo para su salud, su vida y la integridad física de las personas y del medio ambiente.
Acompaña Acta de Fiscalización N° 68.189 de 2021 y Acta Consensuada de Organismos Públicos de fecha 31 de mayo de 2021.
A folio 32, rola informe de la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (“SMA”), evacuado por doña nombre reservado, quien solicita su rechazo con expresa condenación en costas, por cuanto dicha Superintendencia no ha incurrido en ningún acto u omisión, arbitrario o ilegal, que pueda privar, perturbar o amenazar los derechos fundamentales resguardados por el recurso de protección.
Expone que el recurso de protección procede sólo cuando se produzcan actos u omisiones arbitrarios o ilegales, que causen una privación, perturbación u amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente resguardados por la norma, por lo que corresponde analizar cuál es la acción u omisión que el recurso atribuye a la Superintendencia, y que, a juicio de las recurrentes, ameritaría la adopción de acciones de resguardo.
Sobre este punto, se sostiene en el recurso que la SMA no habría iniciado ningún procedimiento de fiscalización en contra de los hechos denunciados, faltando así a sus labores y atribuciones de conformidad a la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, señala que de la argumentación procedente se podrá observar que no existe en la especie ningún acto u omisión ilegal imputable a la Superintendencia, que ha abarcado los hechos que han motivado el presente recurso en estricta aplicación de sus potestades fiscalizadoras, agregando que la Superintendencia del Medio Ambiente ha fiscalizado los hechos denunciados por el recurrente, tramitando las denuncias recibidas en estricto apego a la legalidad y así mismo, ha efectuado una serie de diligencias y actuaciones, dentro del ámbito de sus competencias, que ha permitido abarcar suficientemente la situación denunciada por el recurrente, sin que pueda afirmarse que ha habido una actitud pasiva de dicho Servicio en relación a los hechos que motivan el presente recurso.
Expone que el recurrente ha planteado en su escrito que la SMA no ha ejercido debidamente su facultad fiscalizadora, lo que no se condice en nada con el curso de acciones que la SMA ha adoptado en relación a los hechos denunciados, que dan cuenta de una reacción positiva por parte de dicho Servicio.
Agrega que con fecha 21 de junio de 2016, nombre reservado presentó una denuncia ante la Superintendencia en contra de la Cooperativa, la cual dice relación con la contaminación asociada a la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco. A mayor abundamiento, en la presentación se denuncia que la Cooperativa “ejerce ilegalmente la actividad de distribución del agua potable según informes de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas. En consecuencia, los residuos provenientes de las aguas servidas del sector urbano de la comuna no tienen tratamiento, existiendo sumario sanitario por la contaminación del río Perquenco al cual se vierten aguas servidas que superan 35 veces la norma sobre coliformes”.
Mediante ORD. D.S.C N°001489, de 01 de agosto de 2016, se le informó a nombre reservado que la SMA estaba en conocimiento de su denuncia y que fue incorporada en el sistema con el ID 883-2016.
Con motivo de la denuncia antes señalada, la SMA realizó una fiscalización con fecha 19 de enero de 2017 a la PTAS de Perquenco. Adicionalmente, a través del Acta de Inspección Ambiental, se le requirió información a la Cooperativa, referida, en general, a la PTAS y su funcionamiento. En dicha actividad de fiscalización, se pudo constatar lo siguiente:
(i)
Siendo las 15:15 hrs. se realiza una reunión informativa con el Sr. nombre reservado, Gerente de la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda.
(ii) En la reunión el Sr nombre reservado señala al fiscalizador de la SMA, lo siguiente:
(iii) La cooperativa cuenta con 1.515 arranques de agua potable en la ciudad de Perquenco, este dato es al mes de diciembre del 2016. Estima que la domicilio reservado personas.
(iv) Debido a las dificultades operacionales, costos de mantención y los constantes reclamos por el funcionamiento de la planta desde el año 2012 o 2013 la cooperativa no es la encargada de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Perquenco.
(v)
La PTAS Perquenco pertenecía a ESSAR (Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A.) posteriormente fue traspasada a la Municipalidad de Perquenco, siendo este municipio quien entrega en el año 2001 la operación de la planta al Comité de Agua Potable Rural de Perquenco, este comité desde el año 2006 pasa a conformarse como cooperativa, la que actualmente se encuentra encargada del abastecimiento del agua para consumo humano de la ciudad de Perquenco.
(vi) Siendo las 15:45 h aprox. en compañía del Sr. nombre reservado, operador del sistema de agua potable de Perquenco, se procede a visitar el recinto de la PTAS Perquenco. Una vez finalizada la inspección a la PTAS Perquenco, se regresa a las oficinas de la Cooperativa de Agua Potable Perquenco, a solicitar mayores antecedentes y dejar copia del acta de inspección, no obstante, el Sr. nombre reservado señala al fiscalizador que no puede hacer entrega de documentación sin una solicitud formal y se niega a recibir copia del acta argumentando que la cooperativa ya no es la encargada de esta planta.
(vii) El sistema de tratamiento de las aguas consiste en dos lagunas facultativas de similares dimensiones (largo 100 m, ancho 40 m y de una altura indeterminada), las cuales, al momento de la inspección, están recibiendo aguas servidas. No obstante, de acuerdo a lo señalado en la oficina por el Sr. nombre reservado y por el Sr. nombre reservado en terreno, esta PTAS se encuentra abandonada, sin ningún tipo de manejo operacional, ni de mantención, lo cual se evidencia visualmente por la falta de limpieza de la vegetación que rodea las lagunas, ausencia de equipos de desinfección, inexistencia de cerco perimetral en distintos sectores y la coloración verde de las aguas al interior de las lagunas y existencia de abundantes aglomeraciones de materia orgánica (lodos) y residuos sólidos flotando en las superficies de las lagunas.
(viii) La línea de aguas servidas consiste en una red de alcantarillado en la ciudad de Perquenco, la cual es conducida hacia la planta por tubería, este afluente en el recinto de la planta es separado para descargar de manera independiente hacia cada una de las lagunas, al momento de la inspección se observa la descarga de aguas servidas en ambas lagunas, incluso en laguna del lado oeste existe un segundo ducto que mantiene un descarga constante de agua, pero con un caudal menor a las descargas principales.
(ix) Se observa al interior de las lagunas, aguas verdes, abundantes flóculos de lodos flotando en estas lagunas, formándose capas de lodos en las superficies de las aguas, que alcanzan hasta un 10% de la superficie total de cada laguna, también, se observan distintos residuos sólidos flotando sobre las aguas, como restos plásticos o bolsas.
(x)
Visualmente no se observa la impermeabilización de las paredes internas de las lagunas, incluso en los bordes de estas se puede observar que las aguas servidas alcanzan el suelo y vegetación colindante de las lagunas, por lo que es posible que el nivel de aguas de las lagunas este siendo sobrepasando. No obstante, cada laguna cuenta con una especie de pretil de tierra en todos sus costados de una altura variable entre 1 a 2 m sobre el nivel de las aguas de la laguna.
(xi) El acceso al recinto cuenta con un portón con candado, sin embargo, el cierre perimetral conformado por malla de alambres no cubre la totalidad del perímetro, faltando este cerco en distintos sectores por lo que el acceso a las lagunas no es restringido.
(xii) Se perciben olores de características de aguas servidas crudas, en distintos sectores del reciento, se percibe con una mayor intensidad en los bordes de las lagunas, puntos de descarga de afluente y efluente de las lagunas y en la descarga en el estero Perquenco.
(xiii) El recinto se ubica a unos 100 m de un balneario municipal, el cual cuenta con una afluencia constante de público en época de verano, el Sr. nombre reservado señala que los fines de semana, el balneario alcanza su máxima capacidad de público. Al momento de la inspección, el balneario se encontraba con público, con unas 50 personas aprox. haciendo uso de sus instalaciones.
Luego, el 21 de febrero de 2017, la Cooperativa respondió el requerimiento de información señalando, en resumen, que el terreno en donde se ubica la PTAS de Perquenco se lo arrendaba a la Seremi de Bienes Nacionales. Sin embargo, dicha relación contractual habría cesado cuando dicho servicio decidió vender el terreno. En efecto, dado que la Cooperativa no podía comprarlo, habría abandonado la PTAs de Perquenco y por lo tanto, no tiene la administración de la instalación. A mayor abundamiento, es su respuesta, la Cooperativa concluye que “(…) la entrega –del inmueble donde se emplaza la PTAS- se realiza el día 10 de septiembre del año 2013 a las 10:30 horas, sin presentarse nadie en dicha fecha (…). Desde esa fecha esta COOPERATIVA ya no cuenta con dicha Planta de Tratamiento, y mucho menos con su administración, correspondiente esto a su propietario, es decir BIENES NACIONALES.
Posteriormente, ingresaron a la SMA tres nuevas denuncias en contra de la Cooperativa.
La primera fue presentada con fecha 09 de octubre de 2019 también por nombre reservado, en la cual se denuncia “por la descarga de las aguas servidas del alcantarillado urbano sin tratamiento alguno, según lo describe el informe de la Seremi de Salud Araucanía, en resolución exenta N°02875 del 19/02/2015, que resuelve el sumario sanitario N°1309/2014 con una multa de 25 UT y plazo para subsanar las deficiencias constatadas, sin que se hayan cumplido hasta la fecha de hoy”.
Al respecto, primeramente, la Superintendencia mediante ORD. OAR. N°305/2019, le informó al denunciante que se estaba en conocimiento de la denuncia, siendo incorporada en el sistema con el ID 91-IX-2019, y, además, que los hechos denunciados se encuentran en estudio ya que guardan relación con una posible infracción a la norma de emisión establecida en el D.S. N°90/2000, que establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales” (“D.S. N°90/2000”).
La segunda denuncia fue presentada con fecha 20 de noviembre de 2020 ante la SMA por el Sr. Luis Alberto Muñoz Pérez, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Perquenco. Fundamenta su presentación señalando que “Desde hace algún tiempo Dirigentes pertenecientes a la Comunidad Indígena Llancamil de la comuna de Perquenco, han manifestado quejas de malos olores en torno al río Perquenco, sobre todo en los meses de verano. De igual manera, se ha manifestado que existe presencia de sólidos en suspensión en el mismo cuerpo de agua, indicando que, probablemente esto puede ser a consecuencia de un mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, administrada por la Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada”. Debido a lo anterior, señalan que, a través de un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Perquenco con la Universidad de la Frontera, se solicitó un informe microbiológico de las aguas del río Perquenco, cuyas conclusiones son desfavorables, señalando que el agua del río Perquenco en los puntos de muestreo no es apta para el consumo humano ni para el regadío, ya que contiene altos niveles de Eschericchia coli, los cuales son perjudiciales para la salud. Adicionalmente, en la denuncia se indica que, de acuerdo al “Catastro plantas de tratamiento de aguas servidas sector rural”, realizado por la Unidad de Saneamiento Sanitario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se indica que el causal de ingreso supera la capacidad de tratamiento de la PTAs, que no posee tratamiento de lodos, y se recomienda una ampliación que incluya una tercera laguna y una cancha de tratamiento de lodos para cumplir con la norma.
Respecto a esta presentación, la SMA mediante ORD. OAR N°348/2020, de 21 de diciembre de 2020, informó al Sr. alcalde de la Ilustre Municipalidad de Perquenco que este servicio está en conocimiento de la denuncia y que fue registrada en el sistema interno con el ID 114-IX-2020.
La tercera denuncia fue presentada por don nombre reservado, con fecha 08 de enero de 2020. En la presentación se denuncia que la PTAs de Perquenco “funciona en forma ilegal dado q (sic) la Seremi de BS nacionales región de la araucanía (sic), por reiterados sumarios sanitarios, a través de resolución Exenta 744 de 17 de julio de 2013, puso término al arriendo, desde la fecha antes mencionada.
Sus 2 piscinas de decantación, las aguas no son tratadas y son introducidos al río Perquenco generando un foco insalubre y malos olores q (sic) afectan a la comunidad indígena Ilancamil Montre, y al radio urbano cuando existen fuertes vientos (…)”.
La SMA, con fecha 02 de marzo de 2020, mediante ORD. OAR N°080/2020, le respondió al denunciante, señalando que ha recepcionado su denuncia, que se registró en el sistema interno de denuncias de la Superintendencia con el ID 7-IX-2020.
En atención a las denuncias presentadas ante la SMA y los hechos que fundamentan cada una, funcionarios de este Servicio efectuaron una fiscalización con fecha 30 de octubre de 2019. Sin embargo, en esa oportunidad no se pudo ingresar a la PTAS de Perquenco debido a que el acceso a través del Balneario Municipal se encontraba cerrado. El fiscalizador intentó tomar contacto con funcionarios de la Municipalidad de Perquenco, para ingresar a la PTAs a través del acceso del Balneario Municipal sin tener éxito. En consecuencia, la inspección se limitó sólo vía la ruta de acceso a Perquenco en donde sólo se logró ver el ingreso de agua por la tubería a la laguna, no se pudo ver nada más debido a que existe una cortina arbórea desde el camino que impide el acceso y la libre visualización. No se levantó acta de esta inspección.
Luego, con fecha 06 de febrero del 2020, un funcionario de la Superintendencia realizó un nuevo intento de fiscalización. En esa oportunidad se pudo acceder al recinto del Balneario Municipal. Sin embargo, en esa inspección se verificó que el acceso a la PTAS se encontraba cerrado. En consecuencia, se accedió por el costado del recinto, pudiendo verificar el estado de la PTAS de Perquenco. Al respecto, se observó que, efectivamente se estaban descargando las aguas servidas generadas en la localidad sin un adecuado tratamiento, pudiendo constatar que no se contaba con el proceso de desinfección del efluente. Lo anterior, hace posible presumir una afectación al estero producto de la contaminación bacteriológica que podría afectar a los usuarios de este canal aguas abajo. Adicionalmente, en esa ocasión, se tomó contacto con la Cooperativa la cual señaló que no tienen a cargo la administración de la PTAS de Perquenco. Asimismo, en dicha actividad se tomó contacto con la Encargada del Balneario Municipal, la Sra. nombre reservado, quien informó que existen algunos días de la semana en que iría un operador de la PTAS a la instalación y que accedería por el portón. En la inspección se constató que el candado de acceso es nuevo. Lo anterior, se condice con la condición de la reja de retención de residuos de ingreso de las aguas residuales de la instalación, la cual se encontraba sin residuos y sin vestigios de colapso y rebase de aguas en su entorno inmediato. Además, esto ratifica lo informado por la Sra. nombre reservado en el sentido que existirían personas que ingresan al recinto para la limpieza de esta etapa del proceso de tratamiento. Respecto a esta fiscalización, tampoco se levantó acta.
Posteriormente, el 04 de noviembre del 2020 la Superintendencia, a través de la Resolución Exenta OAR N°47/2020, realizó un requerimiento de información a la Cooperativa Aguas Perquenco para efectos de levantar antecedentes respecto del cumplimiento del D.S. N°90/2000 e información asociada al estado y operación de la PTAS Perquenco.
Asimismo, el mismo 04 de noviembre de 2020, mediante la Resolución Exenta OAR N°43/2020, se realizó un requerimiento de información a la Ilustre Municipalidad de Perquenco, en general, respecto de las acciones realizadas considerando lo establecido en la Ordenanza Ambiental de la Municipalidad vigente, que en el artículo 20 dispone que “…dentro del territorio de la comuna, velará y tomará las acciones pertinentes para contribuir a la limpieza y conservación de ríos, canales, acequias y bebederos…”; y también a lo establecido en su artículo 22, conforme el cual “Tanto los vertidos al alcantarillado como a cauces naturales o artificiales, que no cumplan cualquiera de las limitaciones o prohibiciones de la normativa legal vigente, darán lugar a que el municipio exija al responsable del vertido el pago de todos los costos incurridos por el municipio, originados por limpiezas o reparaciones.”
Con fecha 10 de noviembre de 2020, la Cooperativa respondió el requerimiento de información realizado por la SMA, reiterando que no opera la instalación, desligándose la responsabilidad de la operación de la PTAS Perquenco. Asimismo, adjunta una serie de documentos, destacando la siguiente información:
(i)
Se presenta la Res. Ex. N°1329 del 04 de febrero del 2009 de la SEREMI de Salud Región de La Araucanía. Esta resolución autoriza el funcionamiento del sistema particular de alcantarillado, que consiste básicamente en una red de colectores de aprox. 14.433 metros lineales que recorren la localidad de Perquenco y una planta de tratamiento en base a dos lagunas de estabilización de 0.3 Ha cada una, que servirán a 3.346 habitantes de la localidad de Perquenco. En esta resolución se indica que el efluente deberá cumplir con lo establecido en la tabla 1 del D.S. N°90/2000 MINSEGPRES y que debe realizar un monitoreo semestral de la calidad de las aguas del Estero Perquenco. También, se indica que cada cambio de propiedad, responsabilidad o representante legal debe ser previamente autorizado por la SEREMI de Salud.
(ii) La Cooperativa, informa que al año 2020, existen 1.752 arranques de agua potable, por lo que, se puede inferir que existe un mismo número de viviendas que cuentan con el alcantarillado de la localidad de Perquenco, por lo que, la población atendida supera las 7 mil personas (se calcula 4 personas por viviendas y 1.752 viviendas).
Asimismo, con fecha 10 de noviembre de 2020, la Ilustre Municipalidad de Perquenco remitió respuesta al requerimiento de información de la SMA. Así, respecto al reporte de cumplimiento de las acciones, conforme a lo establecido en la Ordenanza Ambiental del Municipio, informa gestiones asociadas a la derivación a otros servicios e instituciones de los antecedentes asociados a la PTAS de Perquenco, adjuntando antecedentes correspondientes. Además, en su respuesta señalan que ellos no cuentan con presupuesto para asumir las acciones asociadas a la reparación de la PTAS de Perquenco.
Con fecha 16 de noviembre 2020 se realizó un muestreo al efluente de la PTAS Perquenco del cuerpo receptor. Para dichos efectos, la SMA contrató a la ETFA SyA Group Chile, que también realizó un análisis de los valores detectados para cada parámetro según lo establecido en el D.S. N°90/2000, para las aguas residuales (aguas servidas) y para las aguas superficiales, se consideró la NCh1333/78, “Requisito de calidad del agua para diferentes usos”.
Luego, con fecha 17 de junio de 2021, funcionarios de la SMA efectuaron una última actividad de inspección ambiental en las dependencias de la PTAs de Perquenco. En el lugar se encontraba el Sr. nombre reservado de la Municipalidad de Perquenco y el Sr. nombre reservado de la empresa contratista “IBA Ingeniería en Biotecnología Ambiental”, quien según informa se encuentran realizando un levantamiento de información en terreno para la propuesta de mejoramiento de la PTAs de la comuna de Perquenco.
El Sr. nombre reservado informa que el terreno pertenece a Bienes Nacionales, sin embargo, se informa que mediante Resolución Exenta N°22.848 de fecha 2 de junio de 2021, la SEREMI de Bienes Nacionales de La Araucanía concedió a la Municipalidad de Perquenco la administración del inmueble fiscal consistente en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (concesión de uso gratuito), para desarrollar un proyecto de ingeniería en la PTAS de Perquenco (mejoramiento).
Se observan abundantes espumas sobre el agua, además se observa un cambio en la coloración producto de la descarga (mayor turbidez de las aguas del estero aguas abajo de esta descarga en comparación con las aguas claras observadas aguas arriba de la descarga). Se pueden observar algunos sedimentos en el lecho del estero, principalmente en las piedras del borde del estero (similar a lodo o fango), además de hongos blancos y tubifex. Esta situación no se observa en el estero aguas arriba de la descarga, ahí solo se observan algas verdes en algunos tramos (fotografías 1 y 2 del IFA). Por último, en este sector del estero se observa abundante vegetación arbustiva y arbórea en ambas riberas, lo que dificulta su acceso al punto de descarga y el recorrido por sus riberas.
Se pudo constatar a su vez que cada laguna facultativa posee una cámara de desagüe, donde finalmente se unen para descargar el efluente en el Estero Perquenco.
Asimismo, aproximadamente a unos 190 metros desde la segunda laguna facultativa se puede constatar la descarga final del efluente en el “estero Perquenco” (punto de descarga georreferenciado, E: 728.144 m y N: RUT reservado m). Acá se observa la obra y la descarga, que cae a 0,5 metros de altura aproximadamente (descarga aérea).
Se constata que la PTAS se encuentra en funcionamiento y recibiendo aguas servidas de Perquenco. En el interior del recinto se observan dos lagunas facultativas georreferenciadas, de dimensiones 100 m de largo por 35 m de ancho aproximadamente (forma rectangular). No es posible determinar la profundidad de las lagunas facultativas.
En el recorrido por el perímetro de la primera laguna inspeccionada (laguna lado Este), se puede observar que se encuentra con una gran cantidad de solidos suspendidos y lodo en el fondo. Se observa gran cantidad de materia orgánica flotante (lodo crudo) y se perciben olores fuertes característicos de aguas servidas crudas.
Se puede observar que toda el agua servida de ingreso a la planta de tratamiento (afluente) está siendo entregada solamente a una sola laguna facultativa, motivo por el cual esta laguna se encuentra saturada con lodo. También se puede observar que recientemente hubo rebalse en esta laguna hacia el exterior, observándose marcas de lodo en el pasto y derrame de aguas servidas cruda a un costado de la laguna facultativa (se observa una pequeña acumulación de agua cruda).
Se puede observar que, en la cabecera de la PTAS, en el sistema de rejas gruesas y finas para la separación de sólidos y posterior distribución del afluente, se encuentra tapado con solidos provocando un rebalse en este sector y una descarga directa de las aguas servidas hacia la laguna facultativa, lo cual provoca la descarga directa de solidos hacia la laguna y la acumulación evidente de lodo en el fondo. No es posible acceder hasta el mismo sector de las rejas gruesas debido a la alta densidad de arbustos y maleza.
En la otra laguna facultativa, la cual no está recibiendo aguas servidas, solo se observan plantas verdes en toda su superficie y el líquido con una coloración oscura.
Con fecha 13 de junio del 2021, la Municipalidad de Perquenco (Anexo 13 del IFA), da respuesta al acta de inspección de fecha 17 de junio del 2021, entregando un documento titulado: “MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PERQUENCO” de la empresa Ingeniería en Biotecnología Ambiental (IBA), que propone básicamente lo siguiente: enfrentar los problemas actuales de la planta de tratamiento en tres etapas.
La primera etapa, es velar por la calidad bacteriológica del efluente de la planta; la segunda etapa, corresponde a la extracción de lodos de las lagunas para aumentar su volumen útil y sus deshidratado en lechos de secado; y la última etapa, corresponde al retiro, traslado y disposición de los lodos deshidratados a un relleno sanitario autorizado por la autoridad correspondiente, este proyecto tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos y un costo estimado de más de 278 millones de pesos. También, desde la Municipalidad de Perquenco, se presenta la Res. Ex. N°E-22848 del 02 de junio del 2021 del Ministerio de Bienes Nacionales, que concede a favor de la Municipalidad de Perquenco, la administración mediante concesión, el uso gratuito del inmueble fiscal consistente en la PTAS Perquenco.
Agrega que de lo expuesto precedentemente, la Superintendencia ha tramitado las denuncias recibidas en relación a los hechos denunciado por el recurrente, habiendo efectuado una serie de actividades de investigación en orden a esclarecer la veracidad de los hechos denunciados.
Resultados de las actividades de fiscalización efectuadas por la Superintendencia del Medio Ambiente:
1.- Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2017-35-IX-SRCA-IA el cual contiene el análisis de los resultados de dichas actividades.
El IFA concluye que la unidad fiscalizable corresponde a una planta de tratamiento de aguas servidas que atiende a la localidad de Perquenco, que cuenta con una población de 6.905 habitantes (INE, 2021). Esta planta de tratamiento a la fecha de inspección de la SMA (17 de junio del 2021) se encuentra abandonada y sin operación desde el año 2013, descargando su efluente con tratamiento deficiente en las aguas del Estero Perquenco. Al respecto, se concluye que la PTAS de Perquenco califica como fuente emisora y debe dar cumplimiento al D.S. N°90/2000 del MINSEGPRES.
El IFA referido ha sido derivado al Departamento de Sanción y Cumplimiento de la División de Fiscalía de la Superintendencia, quien se encuentra actualmente analizando si los antecedentes involucran algún incumplimiento a algún instrumento de gestión ambiental de competencia de la Superintendencia, y con ello determinar el mérito de iniciar un eventual procedimiento sancionatorio.
2-Dictación de Medidas Provisionales, MP-042-2021:
Señala que con motivo de las actividades de fiscalización efectuadas, y de las conclusiones arribadas por el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2017-35-IX-SRCA-IA, con fecha 08 de julio de 2021, la SMA dictó una serie de medidas provisionales pre procedimentales en contra de la Ilustre Municipalidad de Perquenco, así como de la Cooperativa, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley N°20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”).
Expone que el IFA concluye que al proyecto le sería aplicable el Decreto Supremo N°90, de 2000, que “Establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”. El D. S. N°90/2000 señala en su artículo primero N°1 que tiene “como objetivo de protección ambiental prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales de la República, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos receptores. Con lo anterior, se logra mejorar sustancialmente la calidad ambiental de las aguas, de manera que éstas mantengan o alcancen la condición de ambientes libres de contaminación, de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República”.
En el N°2 del mentado artículo, sobre Disposiciones Generales, se indica que “La presente norma de emisión establece la concentración máxima de contaminantes permitida para residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de agua marinos y continentales superficiales de la República de Chile (…)” y en el N°6.2, sobre Consideraciones generales para el monitoreo, “las fuentes emisoras deben cumplir con los límites máximos permitidos en la presente norma respecto de todos los contaminantes normados”.
De los hechos constatados durante las inspecciones ambientales realizadas con fecha 19 de enero de 2017 y 17 de junio de 2021, respecto de la operación de la PTAs, cabe tener en consideración lo siguiente:
(i)
Se pudo constatar un deficiente tratamiento de las aguas servidas por existir una acumulación de lodos y sólidos suspendidos en la laguna facultativa lado Este, lo que genera malos olores y atracción de vectores de interés sanitario, como roedores e insectos, provocando molestias en las comunidades del sector.
(ii) La laguna facultativa lado Oeste presenta plantas verdes en toda su superficie y líquido con coloración verde oscura.
(iii) El deficiente tratamiento de las aguas servidas constituye un riesgo de afectación directa en la calidad de las aguas del estero Perquenco por el aumento de la carga orgánica en éste (sobrecarga orgánica, eutroficación), así como, por acumulación de sólidos y proliferación de hongos en el lecho del estero.
(iv) Cabe señalar en este sentido, que, de acuerdo a la Propuesta N°1-040621 “Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco”, de la consultora “IBA Ingeniería en Biotecnología Ambiental”, los principales problemas de la PTAS son: i) No posee sistema de desbaste, desarenado ni medición de caudal; ii) Exceso de lodo en las lagunas, disminuyendo el volumen útil de éstas; iii) El efluente no garantiza el cumplimiento de calidad bacteriológica por falta de un sistema de desinfección.
(v) Cabe destacar en esta línea, que, a solicitud de la SMA, se encomendó a la ETFA Sangüesa y Asociados Ltda., la realización de un muestreo de las aguas superficiales del estero Perquenco, 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de la descarga del efluente de la PTAS. Los resultados de este muestreo realizado el día 16 de noviembre del 2020 concluyen que, “Para los resultados de las aguas superficiales, puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo de la descarga de la PTAS, se aprecia que los coliformes fecales son mayores al límite establecido por la NCh 1333/78 (1000 NMP/100 ml) excepto el resultado del muestreo aguas arriba al término del muestreo que tiene una concentración de 230 NMP/100 ml. En términos generales se aprecia que las concentraciones de los parámetros analizados del muestreo aguas arriba son menores a los resultados agua abajo, entendiendo que aguas abajo tiene la influencia de la descarga de la PTAS”. Lo anterior, daría cuenta de una afectación a la calidad de las aguas del estero Perquenco producida por la descarga de la PTAS.
(vi) Además, se configura un riesgo inminente a la salud de las personas, al no existir desinfección del efluente, ello, principalmente por los servicios que el estero Perquenco presta a los usuarios del sector, aguas abajo de la descarga de la PTAS, especialmente por el uso del recurso para riego y también el potencial consumo del agua por animales. Cabe señalar que el estero Perquenco circula principalmente por sectores rurales de la comuna de Perquenco.
Entre las comunidades que se ubican aguas abajo de la descarga se encuentran las Comunidades Indígenas Llancamil, nombre reservado y Koyam Montre. (vii) La PTAS se ubica colindante, aguas abajo de un balneario muy visitado en la comuna (Balneario Municipal de Perquenco) y a sólo a 1 km aproximadamente del sector urbano de la comuna de Perquenco.
En razón de lo anterior, mediante la Res. Ex. N°1565, de fecha 08 de julio de 2021, se ordenaron las siguientes medidas provisionales pre procedimentales, identificadas con las letras a) y f) del artículo 48 de la LOSMA, por un plazo de 15 días hábiles:
(i)
Desmalezar y eliminar toda vegetación arbustiva y arbórea que abunda en la PTAS y que se constata alrededor de las unidades del sistema de tratamiento de aguas servidas de la planta (sistema de separación de sólidos sector rejas gruesas y finas, y lagunas facultativas), así como también desmalezar y eliminar toda vegetación arbustiva y arbórea en el sector donde se realiza la descarga final en el estero Perquenco, de manera de garantizar un libre acceso a todas las unidades de la PTAS, para llevar a cabo actividades de limpieza y mantención en la PTAS.
(ii) Efectuar retiro de forma inmediata de todo tipo de residuos sólidos acumulados en el sistema de rejas finas y gruesas, en la cabecera de la PTAS de Perquenco (pretratamiento), asegurando el correcto ingreso del agua servida a las líneas de descarga que posee cada laguna facultativa. Al respecto, se deberá disponer de personal para realizar las tareas de limpieza y retiro diario de los sólidos del sistema de rejas (pretratamiento). Estos residuos sólidos deben ser manejados de acuerdo a la normativa sanitaria.
(iii) Realizar el reparo y/o habilitación de forma urgente de toda la línea de aguas servidas de la Planta de Tratamiento, habilitando y asegurando la distribución constante de aguas servidas hacia las dos lagunas facultativas que posee el sistema de tratamiento. Cabe señalar que cada laguna facultativa posee una tubería de descarga, la cual debe quedar operativa a la brevedad posible, y así evitar una sobrecarga en alguna de sus lagunas facultativas, tal como se constató en la fiscalización de fecha 17 de junio de 2021 de la SMA.
(iv) Implementar un cerco perimetral efectivo para evitar el acceso libre de personal no autorizado y animales a la PTAS. Incluir el control de acceso a la PTAS y señalética en las unidades presentes al interior de la PTAS, que permita identificar y minimizar riesgos de accidentes del personal a cargo.
(v)
Presentar un plan de limpieza en el estero Perquenco (limpieza de fango o lodo, hongos y algas principalmente, que faciliten el escurrimiento de las aguas descargadas) que considere el área o sector de la descarga final del efluente de la PTAS (distancia aguas arriba y aguas abajo) y análisis de tramitación de permisos, si fuere procedente.
(vi) Realizar la caracterización de las aguas servidas crudas que ingresan a la PTAS, de acuerdo al D.S. N°90/2000 MINSEGPRES y Resolución Exenta N°5, de 2020 de la SMA., a objeto de verificar los parámetros de control que serán establecidos en el futuro programa de monitoreo.
(vii) Realizar un muestreo según NCh 1.333 Of.78 para diferentes usos, 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto de descarga de la PTAS en el estero Perquenco.
(viii) Presentar un Plan de manejo de residuos sólidos (pretratamiento) y Plan de manejo de lodos (debe incluir un cronograma de retiro de lodos desde las lagunas).
(ix) Presentar Plan del sistema de desinfección del efluente tratado, que incluya tipo de producto y periodicidad de aplicación.
Asimismo, mediante la mentada resolución, se ordenó a la Ilustre Municipalidad de Perquenco y a la Cooperativa, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo de las medidas ordenadas, presentar un reporte de cumplimiento de las mismas, que debe incluir los resultados de la caracterización de las aguas servidas crudas y resultado del muestreo según NCh 1.333 Of.78 para diferentes usos.
Por último, se hizo presente que el incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Superintendencia, según dispone el literal l) del artículo 35 de la LOSMA, constituye una infracción sancionable por este organismo.
Agrega que mediante la dictación de las medidas provisionales señaladas la Superintendencia se encuentra actualmente conteniendo el riesgo ambiental generado por los hechos denunciados y que el expediente asociado a las medidas provisionales ordenadas, MP-042-2021, se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (“SNIFA”), en el enlace que detalla.
3- Dictación de la Res. Ex. N°1595, de 13 de julio de 2021 que establece un Programa de Monitoreo Provisorio a la Ilustre Municipalidad de Perquenco, como actual titular de la PTAs de Perquenco:
En virtud de los antecedentes asociados a la actual situación de la PTAs de Perquenco, la Superintendencia estimó pertinente dictar un Programa de Monitoreo Provisional de los efluentes generados en la PTAS de Perquenco, los que posteriormente serán descargados al estero Perquenco, que dé cuenta de todos los compromisos adquiridos por la Ilustre Municipalidad de Perquenco durante los procesos administrativos a los que ha sido sometida, estableciéndose el listado de parámetros a monitorear, considerando aquellos críticos que se encuentran asociados al origen de la descarga; y fijando la frecuencia de medición de cada uno de ellos; el mes de control de todos los parámetros establecidos en la norma de emisión y el caudal de descarga al cuerpo receptor, el que regulará de forma temporal los aspectos anteriores hasta la obtención del programa de monitoreo definitivo.
El Programa de Monitoreo Provisional establece las condiciones específicas del monitoreo al cual se encuentra obligada toda fuente emisora sujeta al cumplimiento del D.S. MINSEGPRES N°90, de 2000, siendo de exclusiva responsabilidad de la fuente emisora obtener las autorizaciones que correspondan.
En vista de lo anterior, mediante la Res. Ex. N°1595, de 13 de julio de 2021, la SMA dictó un Programa de Monitoreo Provisional de la calidad del efluente correspondiente a la descarga de residuos líquidos de la fuente emisora “PTAS DE PERQUENCO”, de responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Perquenco, el cual tendrá vigencia hasta la dictación de la resolución del correspondiente Programa de Monitoreo Definitivo.
Se adjunta al informe la referida resolución, donde se detalla el contenido del Programa de Monitoreo ordenado, y la forma establecida para acreditar su cumplimiento. Y se señala que el incumplimiento del Programa de Monitoreo ordenado constituye una infracción ambiental de competencia de la SMA, conforme a lo establecido en el artículo 35 letra h) de la LOSMA.
4- Ord. N°2657, de 13 de julio de 2021, dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía:
Señala que con fecha 13 de julio de 2021, mediante el Ord. N°2657, la SMA solicitó a la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía, la declaración de alerta sanitaria en la comuna de Perquenco. En efecto, el oficio en comento indica:
“(…) dado el evidente estado de abandono de la PTAS, lo cual constituye un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, como se ha expresado, lo que justifica la ejecución de acciones urgentes y la puesta en marcha de la PTAS, se considera necesario que su servicio evalúe la solicitud de declaración de alerta sanitaria en la comuna de Perquenco, en base a las atribuciones que le confiere el Código Sanitario, en sus artículos 72 y 73. De esta manera, a partir de dicha declaración, será posible enfrentar la emergencia de salud que puede producirse por la deficiente operación de la PTAS, y conforme a ello, se le otorguen facultades extraordinarias para la adopción de medidas tendientes a una mejora en su operación que tengan un carácter más prolongado, lo cual además, conllevará un apoyo en la gestión de recursos que está gestionando la municipalidad como actual administradora del recinto, para implementar las acciones correspondientes para un funcionamiento que cumpla con la normativa vigente y aborde de manera definitiva una situación de menoscabo a la salud de la población y al medio ambiente, que ha perdurado por un largo período de tiempo”.
LOS HECHOS MATERIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN NO CORRESPONDEN A DERECHOS INDUBITADOS Señala que cuando la recurrente describe como una vulneración a sus derechos, se refiere a la supuesta inactividad de la SMA en la fiscalización de los hechos denunciados. Sin embargo, tal como se ha dado cuenta en el presente informe, dicha omisión no es tal, en la medida en que la Superintendencia ha dado curso a las denuncias presentadas en relación a los hechos que motivan el recurso, desarrollando múltiples diligencias, lo cual lleva a la conclusión inevitable de que la vía constitucional no es la instancia para que una pretensión como la planteada sea resuelta. La propia naturaleza del recurso de protección, el cual no cuenta con un contradictorio ni un período de prueba, no permitiría resolver la materia de manera adecuada, ponderando todos los aspectos técnicos que deben ser considerados. Esta es la razón por la cual el recurso de protección requiere que se trate de derechos indubitados y no hechos que, como sucede en este caso, requieren ser objeto de una investigación previa. Sobre este punto, la jurisprudencia es clara y abundante, como se pasa a exponer.
Cita al efecto sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó la acción de protección rol Nº170-2020, en fecha 14 de mayo de 2020 y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la causa Rol Nº3106-2019. Adiciona que resulta importante el precedente de la Excma. Corte Suprema, de fecha 29 de abril de 2014, en los autos rol 2892-2014, referido a un caso de elusión al SEIA. Y cita un fallo de la Iltma. Corte de Rancagua en causa de protección caratulada “nombre reservado con nombre reservado/nombre reservado”, Rol Nº21343-2020, sosteniendo la recurrida que la acción de protección no es la vía para poder dilucidar cuestiones técnicas o posibles infracciones a la normativa ambiental.
LOS HECHOS MATERIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRAN SOMETIDOS Al IMPERIO DEL DERECHO Plantea que la acción de protección interpuesta resulta inidónea e ineficaz, porque los hechos objeto de este recurso, ya se encuentran sometidos al imperio del derecho y siendo analizados por la institucionalidad ambiental vigente, es decir la SMA.
En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha reiterado este criterio, en las causas Rol Nº 29992-2019, con fecha 31 de julio de 2020, confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en causa rol Nº 5802-2019; causa Rol Nº 28861-2019, con fecha 10 de agosto de 2020, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nº 52900-2019 así como otros fallos que detalla en su informe.
Por su parte, la doctrina confirma que, desde la nueva institucionalidad ambiental, la acción de protección en materia ambiental “solo puede resultar admisible ante eventos graves y muy excepcionales en que, por alguna causa, no se haya podido resguardar los derechos constitucionales mediante las vías de reclamación sectoriales”.
Tal criterio de gravedad o urgencia, no se da en los hechos materia de estos autos, que, al estar sometidos a la autoridad ambiental competente, pierden la urgencia de cautela por medio de esta acción de autos.
Atendido lo expuesto, expone que es evidente que las materias planteadas por el recurso de protección exceden los márgenes a que habilita el artículo 20 de la Constitución Política de la República y deben ser dilucidadas a través de los procedimientos y las vías establecidas en la Ley N°20.417 y la Ley N°20.600, que reformaron nuestra institucionalidad ambiental y crearon la Superintendencia y los Tribunales Ambientales.
Agrega que por medio de su actuar, la SMA se encuentra cautelando las garantías fundamentales del recurrente y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a través de una serie de instrumentos que son los adecuados para la adopción de las medidas de resguardo de protección que se pretenden por esta vía, a saber, (i) la adopción de medidas provisionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Perquenco y la Cooperativa; y (ii) la dictación de un Programa de Monitoreo Provisorio a la Ilustre Municipalidad de Perquenco como actuar titular de la PTAs de Perquenco.
Acompaña los siguientes documentos: El expediente de fiscalización DFZ-2017-35-IX-SRCA-IA y sus anexos; El expediente de medidas provisionales, MP-42-2021; La Res. Ex. N°1595, de 13 de julio de 2021, que establece un Programa de Monitoreo Provisorio para la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco. El Ord. N°2657 SMA, de 13 de julio de 2021.
A folio 33, JORGE HÜBNER GARRETÓN, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, evacúa informe por las recurridas MINISTERIO DE SALUD y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, solicitando su rechazo, sosteniendo que no concurren los presupuestos de la acción de autos.
INEXISTENCIA DE UNA ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIA RESPECTO DE LA SUPUESTA FALTA DE MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA SANITARIA:
Señala que el recurrente imputa al Ministerio de Salud y a la SEREMI de Salud de la Araucanía no haber tomado un rol proactivo para la implementación de medidas en torno a la contaminación y/o la posible intoxicación de la población, sosteniendo que la última fiscalización efectuada por la Seremi de Salud Araucanía se remonta al año 2019, no existiendo un seguimiento por parte de la misma respecto a la calidad del agua en el año posterior ni tampoco durante los últimos meses” y que “no ha dado cumplimiento a todas las obligaciones que la ley establece en la materia, incluida la omisión en ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas contaminantes con aguas residuales al estero, ni tampoco ha exigido la ejecución de sistemas de tratamiento satisfactorio destinado a impedir que el líquido cloacal siga siendo vertido en la masa receptora sin tratamiento; manteniéndose entonces como un agente pasivo frente a la grave situación que hoy pone en peligro la salud pública en la comuna de Perquenco”.
A)
SOBRE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIASS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD EN LO REFERENTE A LA ACCIÓN INTERPUESTA.
Señala que resulta conveniente precisar, de acuerdo con la estructura normativa y orgánica del Ministerio de Salud, en ámbito de las competencias que, en la materia del presente recurso, cuáles puede desarrollar la Autoridad Sanitaria Regional.
En efecto, el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 señala que: “La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos.”
Las funciones y naturaleza jurídica se precisan en el artículo Nº 33, del decreto supremo Nº 136, del 2004, del Ministerio de Salud, reglamento orgánico del Ministerio de Salud, que señala, que, como órgano desconcentrado, le corresponde a esta Autoridad Sanitaria (entre otras) las siguientes funciones;
“1) Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas de carácter nacional que se impartan por el Ministerio de Salud, adecuando los planes y programas nacionales, cuando corresponda, a la realidad regional.
2) Elaborar y ejecutar políticas, planes y proyectos de desarrollo regional relacionados con el área de salud, que estén enmarcados en los lineamientos estratégicos del sector o en el Plan Nacional de Salud, coordinando su ejecución con los organismos del sector radicados en la región, así como participar con el Intendente en el Plan de Desarrollo Regional correspondiente.
3) Informar permanentemente al gobierno regional y a las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, en su caso, el cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas a que se refieren los literales anteriores, por parte de sus dependencias y de los organismos radicados en la región en cuanto correspondiere, ejerciendo a su respecto una adecuada coordinación y supervisión.
8) “Cumplir las funciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que les sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenios”.
B) DE LAS ACCIONES DE ESTA AUTORIDAD REGIONAL EN RELACIÓN CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNA DE PERQUENCO.
Expone que en virtud de las competencias y facultades señaladas precedentemente, la Autoridad Sanitaria Regional, mediante Resolución Exenta Nº 1328 y Resolución Exenta N° 1329, ambas de fecha 04.02.2009, aprobó y autorizó el sistema de agua potable rural y el sistema de alcantarillado particular, respectivamente, operado por el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural de Perquenco.
Se ha cumplido con el rol fiscalizador, iniciando los siguientes sumarios sanitarios por el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco:
• Sumario Sanitario RIJ N° 419/2009, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda. Resolución Exenta N° J1-0161410-2010, amonestación;
• Sumario Sanitario RIJ N° 1741/2012, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-0006204-2013, multa de 15 UTM;
• Sumario Sanitario RIJ N° 1713/2013, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-013237-2014, multa de 8 UTM;
• Sumario Sanitario RIJ N° 445/2014, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-015283-2014, amonestación;
• Sumario Sanitario RIJ N° 1269/2014, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-016656-2014, multa de 10 UTM;
• Sumario Sanitario RIJ N° 1309/2014, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-002875-2015, multa de 25 UTM;
• Sumario Sanitario RIJ N° 1502/2015, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° J1-4457-2016, multa de 20 UTM;
• Sumario Sanitario RIJ N° 179EXP327, iniciado a la Cooperativa de Aguas Perquenco Ltda., Resolución Exenta N° 1809327-2018, absolución, se acredita que el terreno le pertenece a Bienes Nacionales;
• Sumario Sanitario N° 189EXP1000, iniciado a la SEREMI de Bienes Nacionales, Resolución Exenta N° 18092319, multa de 15 UTM;
• Minuta de fecha 25.01.2020. Se realiza fiscalización en el río Perquenco en atención a una denuncia en redes sociales por mortandad de peces en el río, sin embargo, al momento de la fiscalización no se constata el hecho denunciado;
• Informe Visita a la PTAS Perquenco, de fecha 09.11.2020;
• Sumario Sanitario N° 209EXP705, iniciado a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Resolución Exenta N° 20092237, amonestación;
• Sumario Sanitario N° 219EXP310, iniciado a la Municipalidad de Perquenco. En tramitación. Acta de Fiscalización Folio Nº 64315, de fecha 21.04.2021;
• Sumario Sanitario N° 219EXP356, iniciado a la Cooperativa Aguas Perquenco Ltda. En tramitación. Acta de Fiscalización Folio Nº 77117, de fecha 04.05.2021;
• Sumario Sanitario N° 219EXP387, iniciado a la Municipalidad de Perquenco. En tramitación. Acta de Fiscalización Folio Nº 77120, de fecha 04.05.2021.
A las diligencias de fiscalización señaladas previamente, se informa que se han realizado monitoreos de calidad de agua en el río Perquenco durante los años 2018, 2019 y 2020, constatando, de acuerdo a los resultados de calidad de agua que el tratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas es deficiente.
Informes de análisis microbiológico Informes de análisis Fisicoquímico • Informe Nº 672 del 28.05.2018 • Informe Nº 673 del 28.05.2018 • Informe Nº 674, del 28.05.2018 • Informe Nº 401 del 19.03.2020 • Informe Nº 402 del 19.03.2020 • Informe Nº 403, del 19.03.2020 • Informe Nº 646 del 28.05.2018 • Informe Nº 647 del 28.05.2018 • Informe Nº 648, del 28.05.2018 • Informe Nº 477 del 19.03.2020 • Informe Nº 478 del 19.03.2020 • Informe Nº 479, del 19.03.2020 En conformidad al Código Sanitario, la Secretaría Regional Ministerial de Salud cuenta con un programa regional de vigilancia sanitaria de agua potable, de implementación anual, el cual contempla la fiscalización y monitoreo de la calidad del agua abastecida para verificar las condiciones sanitarias de los sistemas de agua potable de la Región de La Araucanía, de los 270 sistemas de abastecimiento de agua potable, aproximadamente, que actualmente están en funcionamiento en la Región, el criterio para priorizarlos en el programa anual es el enfoque de riesgo, y en el caso del sistema de agua potable de Perquenco se ha priorizado en los programas de vigilancia sanitaria durante los años 2014, 2016, 2018 y 2020.
Es importante tener presente que en recurso de protección ROL N° 2700-2020, la Corte de Apelaciones de Temuco, acogiendo la acción constitucional, ordenó a la recurrida, SEREMI de Bienes Nacionales de La Araucanía- poner en funcionamiento la planta de tratamiento para aguas servidas que se encuentra emplazada en terrenos de su propiedad, a fin de reanudar la entrega de este servicio a la comunidad de Perquenco, así como la mantención y limpieza de los ductos, fosas y cámaras de alcantarillado, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días, desde que el presente fallo se encuentre firme y ejecutoriado. De dicho fallo la SEREMI indicada apeló, encontrándose para fallo de la Corte Suprema, causa Rol Protección N° 119.163-2020. En esta causa, se informó, con fecha 07.06.2021, que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Araucanía dictó la Resolución Ex. N° 22.848, de fecha 02 de junio de 2021, por medio de la cual concedió a la Municipalidad de Perquenco la administración, mediante concesión de uso gratuito, del inmueble fiscal consistente en la planta de tratamientos de aguas servidas ubicado en la comuna de Perquenco, con la finalidad de desarrollar un proyecto de ingeniería para la normalización, mejoramiento u otro pertinente en torna a la referida planta de tratamientos de aguas servidas.
Además, se encuentra en tramitación el Recurso de Protección ROL N° 3198-2021, presentado en contra de la Cooperativa de servicio de abastecimiento y de distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental limitada y en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de La Araucanía, por un particular.
Adiciona que del recurso de protección, se concluye, tal como ya se ha indicado, que lo que se le reprocha al Ministerio de Salud y la SEREMI de Salud es que, en relación a sus funciones, no han dado cumplimiento a todas las obligaciones que la ley establece en la materia, incluida la omisión en ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas contaminantes con aguas residuales al estero, ni tampoco ha exigido la ejecución de sistemas de tratamiento satisfactorio destinado a impedir que el líquido cloacal siga siendo vertido en la masa receptora sin tratamiento; manteniéndose entonces como un agente pasivo frente a la grave situación que hoy pone en peligro la salud pública en la comuna de Perquenco.
Sostiene que lo anterior no es efectivo y la solicitud de impedir “que el líquido cloacal siga siendo vertido en la masa receptora sin tratamiento”, adolece de toda lógica y conocimientos técnicos sobre la materia, siendo esa alternativa absolutamente contraproducente desde el punto de vista sanitario. En efecto, si bien en algún momento se estudió la posibilidad de prohibir su funcionamiento, al analizar las consecuencias de esta acción se estimó que el riesgo sanitario generado a la población hubiera tenido mayores consecuencias, ya que al prohibir las descargas de las aguas servidas a la planta se debería haber clausurado el ingreso de éstas y en un caso así, las aguas servidas hubiesen colapsado con rebases permanentes en la vía pública en distintos puntos de la ciudad con posible afectación de viviendas e incluso estos rebases podrían haberse generado al interior de las viviendas devolviendo las aguas servidas a través de los artefactos sanitarios, lo que hubiera generado un mayor riesgo para la salud de la población y un problema sanitario con consecuencias desastrosas, ya que a diferencia de una PTAS de una empresa que es factible de clausurar prohibiendo el uso de ésta, en el caso de una PTAS comunitaria como la de Perquenco no podemos prohibir a la población hacer uso de sus baños, lo que sería ilógico. Otra consecuencia de clausurar la PTAS es que finalmente de igual forma hubiesen terminado evacuando las aguas servidas directamente al cuerpo receptor, y si bien hoy el tratamiento es deficiente o casi inexistente al menos el paso de las aguas servidas por la planta permite la retención de los sólidos gruesos y parte de las excretas lo que evita una mayor contaminación del río Perquenco.
Finalmente indica, que a raíz de la complejidad que implica una eventual clausura del sistema y a fin de evitar generar un problema sanitario mayor, se decidió oficiar a diferentes servicios regionales con competencia en esta materia, entre ellos al Gobierno Regional, a la SEREMI de Bienes Nacionales, a la Municipalidad de Perquenco, a la Dirección de Obras Hidráulicas (D.O.H), a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, entre otras, para comunicar la situación sanitaria de la PTAS de Perquenco y buscar una solución en conjunto, no eludiendo su responsabilidad, sino que evaluando los factores de riesgo sanitario y aplicando un procedimiento de gestión basado en diálogos entre los actores relevantes que pueden aportar a una solución definitiva, realizándose para tales efectos, reuniones con fecha 24.07.2019 y 12.08.2020. Se agrega, que con posterioridad a las reuniones realizadas por esta Autoridad Sanitaria, en el mes de diciembre de 2019, el Gobierno Regional de La Araucanía realizó las convocatorias a las últimas reuniones, en las que se estaba trabajado en el estudio de alternativas de financiamiento para realizar un mejoramiento a las instalaciones de la PTAS. Lamentablemente debido a la alerta sanitaria originada por la propagación del virus COVID-19, estas acciones debieron ser suspendidas, pero sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar lo ya indicado en un punto anterior, en cuanto a que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Araucanía dictó la Resolución Ex. N° 22.848, de fecha 02 de junio de 2021, por medio de la cual concedió a la Municipalidad de Perquenco la administración, mediante concesión de uso gratuito, del inmueble fiscal consistente en la planta de tratamientos de aguas servidas ubicado en la comuna de Perquenco, con la finalidad de desarrollar un proyecto de ingeniería para la normalización, mejoramiento u otro pertinente en torna a la referida planta de tratamientos de aguas servidas.
SOBRE LAS GARANTÍAS QUE SE ALEGAN VULNERADAS:
Señala que de la lectura de la presente acción constitucional, se concluye que tanto el Ministerio de Salud como la SEREMI de Salud habrían, en opinión de los recurrentes, vulnerado el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En base a la totalidad de los antecedentes expuestos, sostiene que la acción de protección de autos debe ser rechazada, también, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia de este tipo de acción, consistente en la existencia de una afectación, manifestada como privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución.
En el caso de autos, la amenaza que se cierne sobre la integridad física o psíquica de los habitantes de la comuna de Perquenco, no puede ser atribuible o imputable al Ministerio de Salud y la SEREMI de Salud de La Araucanía, pues la autoridad sanitaria ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de las personas, así como para proteger eficazmente la salud de la población y para que éstas vivan en un medio ambiente libre de contaminación, lo anterior, dentro de su esfera de atribuciones.
Acompaña los siguientes documentos:
1. Resolución Exenta Nº 1328, de fecha 04.02.2009;
2. Resolución Exenta N° 1329, 04.02.2009;
3. Resolución Exenta N° J1-016140, de fecha 06.10.2010;
4. Resolución Exenta N° J1-0006204, de fecha 16.04.2013;
5. Resolución Exenta N° J1-013237, de fecha 09.09.2014;
6. Resolución Exenta N° J1-015283, de fecha 23.10.20214;
7. Resolución Exenta N° J1-016656, de fecha 11.11.20214;
8. Resolución Exenta N° J1-002875, de fecha 19.02.2015;
9. Resolución Exenta N° J1-4457, de fecha 15.03.2016;
10. Resolución Exenta N° 1809327, de fecha 23.03.2018;
11. Resolución Exenta N°18092319, de fecha 04.12.2018;
12. Minuta por denuncia por mortandad de peces en el Río Perquenco, de fecha 25.01.2020;
13. Informe Visita PTAS Perquenco, de fecha 09.11.2020;
14. Resolución Exenta N° 20092237, de fecha 15.12.2020;
15. Acta de Fiscalización Folio N° 64315, de fecha 21.04.2021;
16. Acta de Fiscalización Folio N° 77117, de fecha 04.05.2021;
17. Acta de Fiscalización Folio N° 77120, de fecha 04.05.2021;
18. Informes Análisis Microbiológico de Agua N°s 401, 402, 403, 477, 478, 479, 646, 647, 648, 672, 673 y 674;
19. Planilla Asistencia Reunión, de fecha 24.07.2019;
20. ORD. N° J1-01734, de fecha 30.07.2019;
21. Correo electrónico de fecha 05.08.2019, convocando a reunión para el 12.08.2020;
22. Acta Reunión 12.08.2020; y 23.
Planilla Asistencia Reunión de fecha 12.08.2019.
A folio 34, se hace parte el Consejo de Defensa del Estado por la SEREMI de Salud de la Araucanía.
A folio 35, evacúa informe el Sr. nombre reservado, Director Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, en representación de la DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, solicitando el rechazo del recurso, con costas.
I.- ANTECEDENTES GENERALES.
1°.- Expone que el Sistema de Agua Potable Rural Perquenco fue construido en el año 1982, por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, con financiamiento parcial mediante crédito, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2°.- Que luego de que SENDOS dejara de existir, en 1994 el Ministerio de Obras Públicas mandató a la Dirección de Planeamiento para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural, y en el año 2001 se radicó su ejecución en la Dirección de Obras Hidráulicas, hasta hoy, a través de las sucesivas leyes de presupuesto. Actualmente, la Ley 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, se encuentra vigente y en proceso de implementación progresiva, mandatando a la Subdirección de Servicios Sanitarios como el servicio encargado de llevar adelante la política de asesoría y asistencia a los Comités y Cooperativas del sector. Por su parte, de acuerdo a dicho cuerpo legal, a la Superintendencia de Servicios sanitarios le corresponde ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural, sin perjuicio de aquellas que correspondan a la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia.
En conformidad al inciso 3° del artículo 1° transitorio de la Ley 20.998, ésta entrará en vigencia al mes siguiente de la publicación del respectivo Reglamento. Al respecto, cabe señalar que dicha Reglamento fue aprobado mediante el Decreto N° 50, de fecha 22 de mayo de 2019, del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de octubre de 2020, de lo cual se puede colegir que tal ley entró en vigencia en noviembre de 2020.
3°.- Que el funcionamiento de los sistemas de agua potable rural históricamente ha sido entregado a comités y cooperativas, es decir a la comunidad organizada y dotada de autonomía. Estas organizaciones son responsables de su funcionamiento, administración y mantención.
4°.- Que el rol histórico de la Dirección de Obras Hidráulicas al ejecutar el programa fue brindar asesoría y asistencia a estas organizaciones, para su fortalecimiento. Es así como se ha capacitado a sus dirigentes, se les ha acompañado de manera integral para el debido funcionamiento de los Comités y Cooperativas, junto con inversión en proyectos de infraestructura de agua potable, sean nuevos o existentes, de acuerdo a la cartera de inversión que se establece año a año, según la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversiones. Respecto del saneamiento, hasta la entrada en vigencia de la Ley 20.998, el Programa de Agua Potable Rural no tenía atribuciones sobre dicho ámbito, en tanto que en la actualidad se encuentra establecido que se incorpora esta responsabilidad de manera progresiva.
5°.- Que la ley Nº 20.998 establece un marco normativo que reconoce la trayectoria del Programa de Agua Potable Rural y su estructura de funcionamiento histórico, estableciendo estándares, garantías y obligaciones para los usuarios, obligaciones para los operadores, un régimen de licencias de funcionamiento sujetas a revisión periódica (cada 5 años), la posibilidad de declarar en riesgo y de caducar dichas licencias bajos ciertos supuestos, la tarificación del servicio, entre otros aspectos relevantes. Además, dicha normativa reconoce la inversión pública histórica del Estado en infraestructura sanitaria rural y establece un régimen jurídico especial respecto de los bienes denominados indispensables, los cuales están al servicio de la operación; todo ello para proteger y garantizar la continuidad y calidad del servicio.
En este contexto, los operadores son los Comités y las Cooperativas –tal como se ha establecido históricamente–, pero hoy con un marco regulatorio definido. Es así como en el Programa de Agua Potable Rural son estos Comités y Cooperativas los responsables del sistema y su funcionamiento, ya que, como licenciatarias, tienen la responsabilidad de cumplir con los requisitos establecidos en la nueva ley y su reglamento, en calidad de organizaciones sin fines de lucro.
6°.- Que en tal sentido la ley innova en relación al referido Programa, al incorporar recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas en su regulación, pero mantiene la responsabilidad de la operación y mantención del sistema en los Licenciatarios (el Comité o la Cooperativa respectiva). Así entonces, la Ley 20.998, que entró en vigencia el 20 de noviembre de 2020, mantiene la responsabilidad de la operación en las organizaciones, constituyéndose en un marco normativo con un mayor grado de regulación, perfeccionandostitucionalidad existente y confiriendo facultades fiscalizadoras radicadas principalmente en la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en la Autoridad Sanitaria. Además, establece facultades regulatorias o de supervisión de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Dicha ley está en proceso de implementación y su aplicación plena se hará de manera diferida, según lo establecido en sus diversos artículos transitorios.
7°.- Que, actualmente, la Dirección de Obras Hidráulicas ejecuta el Programa de Agua Potable Rural en la Región de La Araucanía mediante un convenio de ampliación celebrado con la empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., de fecha 8 de enero de 2021, aprobado por resolución TR DGOP Nº 31 de fecha 10 de mayo de 2021, aplicando el artículo noveno transitorio de la Ley 20.998. En dicho convenio se encarga a la señalada empresa sanitaria la ejecución del programa en dos áreas: Asesoría y Asistencia, y Gestión de Proyectos.
La Gestión de Proyectos comprende todos los aspectos técnicos y administrativos para la ejecución de los estudios, diseños y obras de agua potable rural de la Región. Por otra parte, la labor de Asesoría y Asistencia se realiza respecto a las organizaciones de la comunidad responsables de la administración, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable Rural, comprendiendo las áreas organizacional, estatutaria, técnica y administrativa-financiera.
8°.- Que el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.998 establece que los Comités y Cooperativas que se encuentren prestando servicios a la entrada en vigencia de la ley se entenderán titulares de sus respectivas licencias, por el solo ministerio de la ley. En esta situación se encuentra la Cooperativa Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada. La misma norma señala que deberán solicitar su inscripción en el Registro de Operadores de servicios sanitarios rurales, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de la ley, y solicitar su inscripción en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales. Respecto de aquellos que no ingresen al registro de operadores se suspenderá el efecto de sus licencias, hasta que el ingreso se haga efectivo. Los operadores a quienes se les haya otorgado licencia estarán sujetos al régimen tarifario que establece la ley y sus artículos transitorios aplicables.
9°.- Que en la implementación progresiva de la ley los operadores de servicios sanitarios rurales deberán registrarse en el Registro de Operadores, y en la medida que cumplan con los requisitos establecidos por esta y el respectivo Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas les otorgará una licencia, que les permitirá funcionar y operar el sistema dentro de una determinada área de operación, de acuerdo a un decreto de reconocimiento u otorgamiento en su caso, cumpliendo los requisitos que establece dicha ley, el reglamento y las demás normas pertinentes. Tendrán dos años para realizar el registro según el artículo segundo transitorio de la ley, plazo que se encuentra corriendo y aún no vence. La referida Cooperativa no ha solicitado a la fecha su registro.
II.- ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO EN CONTRA DEL RECURSO. INEXISTENCIA DE UNA ACCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS.
1°.- Señala que el recurrente afirma que la Dirección de Obras Hidráulicas habría incurrido en omisiones que habrían afectado sus garantías constitucionales. Al respecto señaló lo siguiente: “Sin perjuicio de dichas facultades regulatorias, hasta la fecha la Dirección de Obras Hidráulicas no ha cumplido con sus facultades legales en torno a la fiscalización y supervigilancia del servicio de saneamiento de agua potable existente en la comuna de Perquenco, situación que ha propiciado la permanencia de una PTAS de tratamiento en el lugar sin ningún tipo de regulación o fiscalización en el ámbito técnico y de infraestructura (…).
Lo anterior, se traduce en una grave omisión en el ejercicio de sus facultades legales, y que ha traído como consecuencia la grave situación de contaminación a la que nos enfrentamos: líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento, directamente vertidos al estero Perquenco, afectación grave a los derechos de los habitantes de la misma localidad”.
2°.- Que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas tiene por misión proveer de servicios de Infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas, mediante un equipo de trabajo competente, con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos, para contribuir al desarrollo sustentable del País.
Es importante destacar que mediante la Ley 20.998 se crea al interior de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales con nuevas funciones, entre las cuales se destaca la ejecución de la política de asistencia y promoción de las organizaciones sociales, capacitando, apoyando, asistiendo y asesorando a los servicios sanitarios rurales en el proceso de implementación de dicho cuerpo normativo y en el pleno funcionamiento de los Servicios Sanitarios Rurales del país.
3°.- Que no es efectivo que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía haya incurrido en omisiones en relación a las facultades que le confiere la normativa vigente, por cuanto hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.998, el Programa de agua Potable Rural no comprendía el saneamiento, entendiéndose por este último, de acuerdo al artículo 2° letra m) de dicho cuerpo normativo, “recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas y manejo de sus lodos”.
La Dirección de Obras Hidráulicas históricamente ha prestado asesoría y asistencia a las organizaciones que se encuentran a cargo de los Sistemas de Agua Potable Rural, quienes son responsables de la operación y mantención de tales sistemas. En la Región de la Araucanía, la asesoría y asistencia se ha realizado en virtud del convenio celebrado entre la empresa Aguas Araucanía S.A. y la Dirección de Obras Hidráulicas, al cual ya se ha hecho referencia. Si bien la ley 20.998 entró en vigencia el 20 de noviembre de 2020, el artículo noveno transitorio de la misma ha facultado a este servicio para ampliar los convenios hasta por dos años, con el fin de lograr una adecuada implementación de la ley, lo cual se ha hecho.
4°.- Que, además, de la lectura del recurso de protección se puede concluir que el recurrente es impreciso al momento de indicar que este servicio no habría cumplido con sus facultades legales, por cuanto no precisa qué facultades en específico no se habrían ejercido. Además, no podrían atribuirse a la Dirección de Obras Hidráulicas las consecuencias que el recurrente expone en materia de contaminación, puesto que del tenor del Oficio Ordinario N° J1-1095, de fecha 19 de julio de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, mediante el cual dicho servicio evacuó, a su vez, su informe en la causa rol 6092-2021, seguida ante la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual se originó por un recurso de protección de similares características al de los presentes autos por la situación relativa a la referida Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, se da cuenta de las acciones de fiscalización que se han hecho en materia sanitaria por el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, detallándose diversos sumarios sanitarios y visitas de inspección, a las cuales se agregan monitoreos de la calidad del agua en el río Perquenco durante los años 2018, 2019 y 2020, constatándose que la calidad del agua es deficiente. Además, en dicho informe la referida Secretaría Regional Ministerial expone los motivos por los cuales no ordenó la clausura de dicha Planta, ya que podría haberse generado con ello un problema sanitario mayor.
5°.- Que cabe hacer presente que mediante la Resolución Exenta N° E-22.848, de fecha 2 de junio de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía, se concedió a la Municipalidad de Perquenco la administración, mediante concesión de uso gratuito, del inmueble fiscal donde se encuentra emplazada la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de la comuna de Perquenco, con la finalidad de desarrollar un proyecto de ingeniería para el mejoramiento o normalización de la referida Planta.
6°.- Que el artículo 73 de la Ley 20.998 establece las funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas, entre las cuales está la de solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere. Al respecto, no es efectivo lo expuesto por la recurrente en cuanto a que tales facultades no se han ejercido por cuanto este servicio ha sostenido reuniones de coordinación con tales organismos y comunicaciones tendientes a coordinar la acción conjunta de la Administración. Prueba de ello es el Oficio Ordinario N° 4729, de fecha 24 de diciembre de 2020, del Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, dirigido al Departamento de Cooperativas de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual se adjunta en el otrosí del informe.
Por otra parte, también se han sostenido reuniones con la respectiva Municipalidad, realizándose en el mes de mayo del año 2021 una visita a las instalaciones y oficinas de la Cooperativa, en conjunto y en coordinación con la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía. En dicha ocasión funcionarios de la División de Asociatividad y Cooperativas realizaron un análisis de documentos y estados financieros de la Cooperativa, solicitando la entrega de otra documentación en el ejercicio de sus facultades.
A su vez, el servicio recurrido, junto con funcionarios del nivel central de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, realizó una visita a la infraestructura sanitaria y sus oficinas. Asimismo, se ha mantenido comunicación con la División respectiva en cuanto a la situación de los bienes fiscales correspondientes a la infraestructura sanitaria que opera la Cooperativa.
7°.- Que tampoco es efectivo lo sostenido por la recurrente en cuanto a que la referida Subdirección no ha solicitado información sobre el asunto a otros organismos, por cuanto se ha solicitado información a la Cooperativa, bajo el amparo de la Ley 20.998, tal como consta en el Oficio Ordinario N° 1059, de fecha 26 de abril de 2021, del Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales (S), dirigido a la Cooperativa Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada, el cual se acompaña en el otrosí. Además, han existido comunicaciones habituales y solicitudes a la respectiva Unidad Técnica en virtud del convenio existente, en ejercicio de las atribuciones de los funcionarios del servicio a cargo del área de Asesoría y Asistencia.
8°.- Que el recurrente sostiene: “(...) esta falta en el despliegue de sus facultades habría repercutido en la falta de supervisión a los cobros que realiza la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada. De acuerdo a las denuncias recibidas por el INDH, la Cooperativa, en la actualidad se encontraría percibiendo el cobro del servicio de alcantarillado, a través del ítem “Mantención y Conservación de Redes”, que en términos concretos representa un 25% del total de la cuenta a pagar por los usuarios al mes”. Sin embargo, lo cierto es que se ha solicitado información sobre las tarifas mediante el oficio que se acompaña en el otrosí, por lo cual no ha existido omisión de parte de este servicio en dicho ámbito. Además, es importante recalcar que en el marco de la implementación de la Ley 20.998 no ha comenzado el proceso de tarificación, a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios con la colaboración de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. No obstante, se reiterará la solicitud de información, ya que no ha sido debidamente respondida. Y, analizados los antecedentes, se determinarán las vías de acción en virtud de las facultades que otorga la ley.
9°.- Que, a mayor abundamiento, de acuerdo al artículo 85 de la Ley 20.998, “La Superintendencia de Servicios sanitarios ejercerá las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural, sin perjuicio de aquellas que correspondan a la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia”. “Asimismo, la Superintendencia fiscalizará a los organismos colectivos privados con fines de lucro que operen servicios sanitarios en sectores rurales, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, que operen servicios sanitarios en sectores rurales (…). “Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en cuanto fuere pertinente”.
10.- Que el artículo 123 del Reglamento de la Ley 20.998, en sus incisos 1° y 2°, prescribe: “De las instrucciones de fiscalización y coordinación. Con la finalidad de facilitar la ejecución de la ley, las fiscalizaciones a efectuar por la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria, se ajustarán a lo establecido en el artículo sexto de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, así como lo establecido en el inciso final del artículo 85 de la ley. Para tales efectos, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria, dictarán los manuales o resoluciones de carácter interno que contengan los procedimientos de fiscalización para el cumplimiento de su función, así como los criterios que guían a sus funcionarios y fiscalizadores en sus actos de inspección en la aplicación de multas y sanciones, teniendo en especial consideración los objetivos de la ley y el Reglamento.
Dichas normas podrán establecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la ley, condiciones especiales de servicio a fiscalizar según la clasificación de los operadores y, deberán considerar una programación periódica anual de fiscalización que no genere mayores gravámenes para el operador, considerando las particularidades de cada localidad y teniendo presente las inversiones realizadas”.
Al respecto, tal como se ha señalado anteriormente, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía entiende que tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios, así como la respectiva autoridad sanitaria, están ejerciendo de manera coordinada sus facultades de fiscalización, por lo cual el recurso de protección interpuesto en estos autos resulta improcedente. Además, de la lectura de dicha normativa se puede establecer que las facultades de fiscalización corresponden a dicha Superintendencia y a la autoridad sanitaria, quienes han realizado gestiones en relación a los hechos expuestos en el recurso, lo cual se demuestra del detalle de todos los sumarios sanitarios y visitas de inspección expuesto en el informe que ha evacuado en estos autos la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía.
11.- Agrega la recurrida que esta causa rola informe de fecha 6 de julio de 2021, evacuado por doña María Alicia Von Pottstock Molina, abogado, en representación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, organismo respecto del cual también se ha interpuesto el recurso que ha dado origen a los autos, el cual reproduce en sus partes pertinentes.
En suma, la recurrida considera que no ha desconocido su rol legal o que ha pretendido arbitraria o caprichosamente desconocerlo, sino que en el plano que le incumbe, recientemente adquirido, está dando las primeras acciones que le permitan atender la ingente problemática de los servicios sanitarios rurales (2.239 servicios), para ello se están procurando los medios y recursos, junto con definir las programaciones y protocolos de acción y coordinación con otros entes con lo que se aspira cubrir de mejor forma la atención que estos servicios demandan.
En cuanto a la supuesta vulneración o afectación de derechos fundamentales de los habitantes que se sirven de los servicios sanitarios, se debe señalar que todas las acciones que permanentemente desarrolla, están destinadas a salvaguardar los mismos derechos que la recurrente invoca y ello, no sólo porque forman parte de su misión institucional, sino que, además, están dentro del imperativo legal de tener que velar porque estas prestaciones lleguen a la comunidad por ser un resguardo para su salud, su vida y la integridad física de las personas y del medio ambiente”.
12.- Hace presente que en la causa rol 6092-2021, seguida ante la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual se originó por un recurso de protección de similares características al de los presentes autos por la situación relativa a la referida Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, rola informe evacuado por el Ministro Subrogante de Bienes Nacionales, el cual reproduce en la parte que señala: “De esta forma, y tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República mediante su dictamen N° 1478, de 1992, los sistemas de APR deben cumplir la normativa sobre prestación de los servicios sanitarios, debiendo garantizar la continuidad y calidad del servicio, siéndoles aplicables los artículos 33° y 35° del D.F.L. N°382/88, del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° transitorio, inciso 4, del mismo cuerpo legal.
En consecuencia, los Comité o Cooperativas de APR, por así disponerlo la ley, son los directos y únicos responsables de prestar un servicio sanitario de calidad y continuo”.
13.- Que de acuerdo al artículo 2° letra e) de la Ley N° 20.998, se entiende por “Cooperativa de servicio sanitario rural” la “persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, titular de una licencia de servicio sanitario rural. Estas cooperativas no tendrán fines de lucro”.
A su vez, en conformidad a la letra h) de dicha norma se entiende por “Licenciataria” al “comité o cooperativa y, excepcionalmente, la persona natural o jurídica, a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales”.
De acuerdo a la letra j) de tal norma se entiende por “Operador” la “licenciataria que opera un servicio sanitario rural”.
En la letra n) se define “Servicio sanitario rural” como “aquel que consiste en la provisión de agua potable y, o saneamiento sin fines de lucro, conforme a lo dispuesto en esta ley, con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado”.
14.- Que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 20.998, son obligaciones de los operadores de servicios sanitarios rurales las siguientes:
“a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible conforme a lo establecido en la letra b) de este artículo. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso de que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia, previa consulta a la Subdirección, resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.
Los servicios sanitarios deberán prestarse a los usuarios en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.
b)
Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido de que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine en el respectivo decreto, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento, salvo las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el reglamento.
c)
Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el reglamento.
d)
Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.
e)
Permitir el acceso a las instalaciones del personal del Ministerio, de la Dirección General de Aguas, Subdirección, Superintendencia y autoridad sanitaria, para el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de velar por el correcto funcionamiento de éstas y adoptar las medidas necesarias.
f) Efectuar un correcto uso de los fondos y bienes de la organización, priorizando en su caso el plan de inversiones y, de ser necesario, realizar una auditoría.
15.- Que el artículo 41 de la Ley 20.998, trata de la obligación de conservación de instalaciones y equipos, indicando que para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 40 de dicho cuerpo normativo “los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición, en su caso”.
16.- Que, en resumen, de lo expuesto en los numerales anteriores se puede concluir lo siguiente:
a)
Que actualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.998, la fiscalización de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, operada por la referida Cooperativa, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la autoridad sanitaria.
b)
Que a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas le corresponden aspectos relativos al fomento, capacitación y asesoría financiera y técnica a los operadores en conformidad a la normativa vigente, respecto de lo cual no existe ningún cuestionamiento en el recurso de protección que ha dado origen a la presente causa.
c)
Que existe constancia que la respectiva autoridad sanitaria, esto es, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, ha realizado sumarios sanitarios y visitas de inspección en relación a la situación acontecida respecto a dicha Planta de Tratamiento.
d)
Que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en cumplimiento de sus funciones, elaboró un convenio de colaboración y coordinación con el Ministerio de Salud que se encuentra en proceso de firma por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública; que dicha Superintendencia ha realizado una fiscalización en coordinación con el Servicio de Salud respectivo; y que continuará.
e)
Que el servicio sanitario rural, consistente tanto en la provisión de agua potable, así como en el saneamiento, es suministrado por un operador, esto es una licenciataria, quien de acuerdo a la ley solo puede ser un Comité o una Cooperativa y, excepcionalmente, una persona natural o jurídica a la que se ha otorgado licencia para operar tales servicios. El operador debe prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto tiene las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.
17.- Que, en corolario, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas estima que en los autos existen antecedentes documentales que dan cuenta que los distintos servicios públicos que de acuerdo a la normativa vigente poseen competencias respecto a la fiscalización de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, operada por la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada, han desplegado acciones tendientes a dicha labor fiscalizadora, motivo por el cual sus conductas no pueden ser calificadas como ilegales o arbitrarias ni vulneradoras de las garantías constitucionales de las personas naturales representadas por el recurrente.
Así las cosas, tampoco existe un actuar u omisión ilegal o arbitrario de su parte, ya que ha quedado de manifiesto que ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y que, en la actualidad, de acuerdo a la Ley N° 20.998 y su Reglamento, la fiscalización de los operadores de los servicios sanitarios rurales le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la respectiva autoridad sanitaria, quienes –como se ha dicho– han realizado las acciones de fiscalización pertinentes, sin perjuicio de otras que pudieren desarrollar en lo sucesivo en el ámbito de sus competencias si resultare pertinente.
18.- Que prueba de que el recurrente cuestiona respecto a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía únicamente aspectos relativos a la fiscalización de la referida Planta de Tratamiento de Aguas Servidas es que en las peticiones concretas indicadas en el recurso de protección solo menciona a este servicio, de manera específica, en la letra a) de las mismas, junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de esta Región; en tanto que en la letra g) hace alusión, de forma general, a todas las instituciones recurridas, para que actúen coordinadamente en relación a los hechos expuestos en el recurso.
Al respecto, tal como ya se ha señalado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.998, los servicios que se encuentran mandatados para efectuar las fiscalizaciones pertinentes son la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Autoridad Sanitaria, quienes han efectuado acciones de fiscalización en relación a la referida Planta de Tratamiento. En otras palabras, esta Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la DOH no tienen las facultades de fiscalización otorgadas por dicha ley y su reglamento. No obstante lo anterior, se informa que existe toda la voluntad de mantener la debida coordinación con los servicios fiscalizadores para propender a la eficiencia y eficacia en el ejercicio de las funciones y atribuciones que a cada uno compete en relación al Sistema de Agua Potable Rural respectivo. Por ello se prestará toda la colaboración y apoyo que requieran tales servicios para la continuidad de las acciones que sean procedentes.
Hace presente que se realizó visita al recinto de tratamiento de aguas servidas con posterioridad a la reunión con la DAES y la Cooperativa en el mes de mayo de 2021, oportunidad en que se pudo constatar que el sistema de tratamiento consiste en un sistema de lagunaje con dos unidades tipo tranque, sin aireación mecánica y sin dispositivos de desinfección.
Por otra parte, tal como informara otro de los recurridos, mediante la Resolución Exenta N° E-22.848, de fecha 2 de junio de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de La Araucanía, se concedió a la Municipalidad de Perquenco la administración, mediante concesión de uso gratuito, del inmueble fiscal donde se encuentra emplazada la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de la comuna de Perquenco, con la finalidad de desarrollar un proyecto de ingeniería para el mejoramiento o normalización de la referida Planta, lo cual sin duda es un avance sobre el asunto. Al respecto, es de conocimiento de este servicio que la Municipalidad de Perquenco estaba en proceso de contratación de un proyecto de diseño para un nuevo sistema de tratamiento, actividad para la cual nos hemos puesto a disposición para colaborar como ente técnico. Para tales efectos se solicitará información sobre el estado de avance del contrato a Ilustre Municipalidad de Perquenco.
19.- Que, en mérito de lo expuesto, se puede constatar que no cabe responsabilidad a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía ni a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas, respecto a los hechos que se exponen en el recurso de protección, debiendo tenerse en consideración que la operación de la referida Planta de Tratamiento de Aguas Servidas corresponde a la referida Cooperativa, en calidad de licenciataria, de modo tal que no han incurrido en ninguna acción u omisión ilegales o arbitrarias que pudieren estimarse como afectadoras de las garantías constitucionales esgrimidas por el recurrente respecto a cada una de las personas naturales individualizadas en el recurso, como erróneamente se expone en su texto.
Acompaña los siguientes documentos:
1°.- Oficio Ordinario N° 1059, de fecha 26 de abril de 2021, del Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales (S), dirigido a la Cooperativa Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Limitada.
2°.- Acta de Acuerdos de Reunión de fecha 18 de agosto de 2020, de la Municipalidad de Perquenco, en torno a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Perquenco (reunión sostenida por Videoconferencia a la cual asistieron las personas individualizadas en el cuadro contenido en dicha Acta).
3°.- Oficio Ordinario N° 4729, de fecha 24 de diciembre de 2020, del Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, dirigido al Departamento de Cooperativas de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
A folio 37 rola informe evacuado por FRANCISCA MORANDÉ ERRÁZURIZ, Fiscal Nacional del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, por dicha recurrida, en los mismos términos y fundamentos esgrimidos en el presentado por el Director Regional de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, el que para estos efectos da por enteramente reproducido.
A folio 41 la recurrente acompaña informe antropológico “ AFECTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DE COMUNIDADES MAPUCHE Y VECINOS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE PERQUENCO PRODUCTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL ESTERO PERQUENCO”, elaborado y suscrito por el profesional antropólogo Sr. nombre reservado, con fecha 05 de agosto de 2021.
Se señalan a modo de conclusiones las siguientes:
• La contaminación del Estero Perquenco expone a las comunidades mapuche Cacique Llancamil, nombre reservado, Montre y Cayumil, y a los vecinos del sector urbano de Perquenco a serias afectaciones socioculturales que impactan en su calidad y estilo de vida.
• Dicho impacto afecta principalmente la salud física, psicológica y espiritual de los mapuche, lo que implica una pérdida y deterioro de su río en tanto que recurso natural, económico y simbólico-cultural.
• Desde el punto de vista económico, las familias mapuche se han visto obligadas a adaptarse y realizar cambios que limitan su acceso a recursos indispensables y promueven el abandono de prácticas económicas tradicionales como el cultivo de cereales y vegetales, y el pastoreo de ganado.
• Desde el punto de vista sanitario, la contaminación del Estero Perquenco representa un foco de riesgo que amenaza la vida de personas y animales al exponerlos en un entorno proclive a la propagación de plagas y enfermedades.
• Desde el punto de vista sociocultural, la contaminación del Estero Perquenco es interpretada como un ataque directo a los seres y fuerzas encargadas de proteger el río, generando desequilibrios socio-naturales que desestructuran, desarticulan y afectan la vida psicológica, social y cultural de los mapuche.
• De acuerdo con los relatos de las personas que participaron en este informe (y otros informes), el río es en sí mismo un componente activo del paisaje y entorno vital de los mapuche. Como rigen y newen (ser y fuerza), el río adquiere un significado cultural específico en tanto que componente aglutinador de la vida social y la reproducción de las prácticas, creencias y valores de la sociedad y cultura mapuche.
A folio 45 la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA informa que en cumplimiento de sus facultades legales, se emitió, con fecha 25.08.2021, la Resolución Exenta N° J1-4994, de fecha 25.08.2021, que declara zona de riesgo sanitario a la comuna de Perquenco debido a la actual situación del sistema de tratamiento de aguas servidas; la cual fue modificada en la parte que indica, por la Resolución Exenta N° J1-5050, de fecha 27.08.2021, las cuales se acompañan.
A folio 54, el Consejo de Defensa del Estado, por el Ministerio de Obras Públicas, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, y Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Araucanía, acompaña los siguientes documentos:
1.) Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 08.09.2020, en el recurso de protección caratulado “Cooperativa Perquenco Limitada con nombre reservado”, rol de ingreso N° 2700-2020.
2.) Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 23.08.2021, en el recurso de protección rol de ingreso N°2700-2020, por la que confirma la de primer grado 3.) Resolución Ex. N° 22848, de 02.06.2021, que concede en uso gratuito a la Municipalidad de Perquenco el inmueble fiscal en que se encuentra emplazada la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de Perquenco.
4.) Ord. N° 4731, de 05.11.2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía, de fecha 05.11.2021, que da cuenta de los avances para cumplir lo ordenado en recurso de protección rol de ingreso Corte N° 2700-2020 de esta Iltma. Corte.
5.) Informe evacuado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud y de Bienes Nacionales, ambas de la Araucanía, de la Municipalidad de Perquenco y de la Dirección de Obras Hidráulicas, de fecha 14.12.2021, en el recurso de protección rol de ingreso N° 2700-2020, de esta Iltma. Corte, que da cuenta de la obtención de recursos para inicio de las obras, que será encomendada a la empresa que señala, por las razones que indica.
6.) Cronograma de trabajos de la empresa de Aguas Araucanía S.A. para la limpieza de la Planta de Tratamiento y obras de descontaminación del Estero Perquenco.
7.) Resolución Ex. n° 7373, de 30.11.2021, de transferencia de fondos a otras entidades públicas año 2021, de la Subsecretaría del Interior.
8.) Resolución Ex. N° 18, de 10.01.2022, de la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía, que autoriza la contratación directa por emergencia, para el servicio de habilitación de las lagunas facultativas en planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Perquenco, y que adjudica el proyecto a la empresa Aguas Araucanía S.A.
A folio 71, como medida para mejor resolver se dispuso traer a la vista y agregar copia de los autos Rol de Protección 2700-2020 de esta Corte de Apelaciones en los que consta lo siguiente:
1.- Que con fecha 08 de septiembre de 2020, se dictó sentencia por esta Corte de Apelaciones que en su parte resolutiva dispone lo siguiente:
“Que, se acoge, el recurso de protección interpuesto por don SEBASTIÁN PAINEMAL GRANZOTTO, abogado, en representación de don nombre reservado, y de la COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE PERQUENCO LTDA, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, para la tutela de las garantías del artículo 19 N°1 y N°8 de la Constitución Política de la República, por lo que, se ordena a la recurrida poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento para Aguas Servidas que se encuentra emplazada en terrenos de su propiedad, a fin de reanudar la entrega de este servicio a la comunidad de Perquenco, así como la mantención y limpieza de los ductos, fosas y cámaras de alcantarillado, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días, desde que el presente fallo se encuentre firme y ejecutoriado.”
2.- Que con fecha 23 de agosto del año 2021, se dictó sentencia de segunda instancia por la Excma. Corte Suprema, por la cual se confirma la sentencia apelada de ocho de septiembre de dos mil veinte y se agrega que “Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Perquenco y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinarse entre sí, a fin de dar estricto cumplimiento a lo señalado por esta Corte en el considerando noveno, debiendo informar cada tres meses a la Corte de Apelaciones de Temuco.”
- Con fecha 05 de noviembre de 2021, se agrega informe emanado de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL (s) DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, señalando que se han ejecutado los siguientes actos:
1.) Entregar en administración el inmueble fiscal en que se emplaza la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas a la Municipalidad de Perquenco:
Conjuntamente con ello, la Municipalidad de Perquenco con la colaboración de la Dirección de Obras Hidráulicas, están gestionando un proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Aguas Servidas, la cual se encuentra actualmente en tramitación y que va a solucionar en forma definitiva las deficiencias de capacidad e infraestructura que tiene la Planta de Tratamiento actualmente.
2.) Gestiones del Sr. Intendente - hoy Delegado Presidencial Regional- para la coordinación de los Servicios y obtención de recursos:
Explica que para la correcta operación de la Planta de Tratamiento se requiere de un proyecto de ingeniería importante, que involucra una cuantiosa inversión, que no está considerada en la Ley de Presupuesto del año 2021.
Por ello, el Sr. Delegado Presidencial de la Araucanía, mediante oficio Ord. N° 688, de fecha 10.06.2021, solicitó al Sr. nombre reservado otorgar los fondos de emergencia para los precisos efectos de que, sin perjuicio del proyecto de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, se ejecute la propuesta técnica de un proveedor experto en la materia, Ingeniería en Biología Ambiental, por un monto de $278.398.120.- Sin embargo, dicha propuesta no resulta posible de financiar, toda vez que, por tratarse de fondos de emergencia, no permiten el financiamiento que contemplen la construcción de obras, por no ajustarse a la glosa 07 de la partida 05-10-01 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2021.
Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, mediante Resolución Ex. N° Jl-4994, de fecha 25.08.2021, declara Zona de Riesgo Sanitario la planta de Tratamiento de Aguas Servidas Con el propósito de buscar soluciones técnicas para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento, se instauró una mesa de trabajo, para la cual fueron convocados los servicios e instituciones atingentes: Gobierno Regional, Delegación Presidencial Regional, Dirección de Obras Hidráulicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y de Salud, todos de la Región de la Araucanía, y la Municipalidad de Perquenco.
En reunión y visita a terreno realizada con fecha 15.09.2021, se propuso una solución de mediano y largo plazo, la cual Implica el estudio, diseño y posterior ejecución de las obras civiles para el mejoramiento o construcción de una nueva planta que, ahora con las nuevas facultades otorgadas por la Ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, podrá ser asumido por la Dirección de Obras Hidráulicas.
No obstante, dada la urgencia para realizar trabajos de limpieza y extracción de lodos de las piscinas, el Sr. Delegado Presidencial Regional de la Araucanía, mediante Ord. N° 1731, de 24.09.2021, solicitó nuevamente recursos de emergencia para financiar medidas de mitigación.
Posteriormente, la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales, de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Araucanía, mediante oficio Ord. N°224, de fecha 21.10.2021, informó y remitió al Sr. Delegado Regional Presidencial las medidas mínimas que, en un contexto de emergencia, es necesario abordar para dar solución satisfactoria a la emergencia. En dicho contexto, la única empresa que puede ofrecer los servicios técnicos de emergencia es Aguas Araucanía S.A., por un monto de 20.572 UF, más I.V.A..
Por ello, mediante oficio Ord. N° 2079, de fecha 26.10.2021, el Sr. Delegado Regional Presidencial de la Araucanía solicitó al Sr. Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia la autorización para el financiamiento, con recursos de emergencias, de las medidas de mitigación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco.
Lo anterior es sin perjuicio que se mantienen las reuniones de la mesa de trabajo que involucra a diversos servicios públicos con competencia en la materia, a fin de prestar los conocimientos técnicos y lograr la obtención de recursos necesarios para que la Municipalidad de Perquenco pueda poner en óptimo funcionamiento la Planta de Tratamiento.
- Con fecha 14 de diciembre de 2021, se agrega informe emanado de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANIA, SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA ARAUCANIA, MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO y DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA ARAUCANIA.
En dicho informe se reitera que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Araucanía entregó en administración el inmueble fiscal en que se emplaza la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas a la Municipalidad de Perquenco.
En cuanto a gestiones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Araucanía (Dirección Regional de Obras Hidráulicas) en coordinación con la Municipalidad de Perquenco se señala que se han realizado una serie de reuniones y actividades en terreno tendientes a gestionar un proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, sin perjuicio de los esfuerzos que ha realizado la Municipalidad de Perquenco de realizar operaciones de limpieza, despeje y roces en el lugar de la Planta de Tratamiento.
Por su parte, la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales de la Araucanía elaboró una propuesta técnica, que contiene las propuestas mínimas que deben ser abordadas en una primera instancia, señalando, entre ellas: 1) Limpieza de rejillas de separación de sólidos gruesos existente como pre tratamiento; 2) desobstrucción de los ductos que conforman la línea de entrada y salida del afluente de ambas lagunas de estabilización y ducto de descarga; 3) extracción del lodo sedimentado en ambas lagunas, estimado en un volumen de 8.000 m3 aproximadamente, con el objetivo de recuperar la capacidad de retención de las aguas servidas; y 4) disposición final de lodos y eliminación de coliformes fecales, de acuerdo a la normativa vigente.
Además, se realizaron diversas gestiones entre los proveedores para cotizar y analizar las propuestas técnicas, para ser validadas por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en su rol de ente técnico, concluyendo que la propuesta de la empresa AGUAS ARAUCANIA S.A., quien tiene una comprobada experiencia En cuanta a gestiones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, se hace alusión a la Resolución Ex. N° J1-4994, de fecha 25.08.2021, que declara Zona de Riesgo Sanitario la planta de Tratamiento de Aguas Servidas, En cuanto a la Coordinación del Sr. Intendente – hoy Delegado Presidencial Regional- para la coordinación de los Servicios y obtención de recursos, se señala que como resultado de las gestiones, se encuentra en tramitación la respectiva resolución administrativa que habilita para iniciar la contratación del servicio para dejar operativa la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco.
Se señala que las acciones programadas a corto plazo es que, una vez que se liberen los fondos públicos requeridos, se inicien los trabajos de limpieza por la Empresa Aguas Araucanía S.A., bajo la fiscalización técnica de la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios de la Araucanía, y la colaboración de la Municipalidad de Perquenco, sin perjuicio las gestiones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud para fiscalizar, en su oportunidad, las mejoras en la mencionada infraestructura, sin perjuicio de las nuevas facultades legales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Se adjunta cronograma de trabajo, y se indica que en los próximos días se iniciará la contratación del servicio para dejar operativa la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco.
-Con fecha 20 de enero de 2022 se agrega informe de SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA:
Se señala lo siguiente:
1) Se reitera la entrega en concesión de uso gratuito a la Municipalidad de Perquenco el inmueble fiscal en que está emplazada la planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Perquenco.
2) La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía, bajo la Dirección de Obras Hidráulicas, ha desarrollado una serie de reuniones de trabajo y actividades en terreno, en conjunto con la Municipalidad de Perquenco, para gestionar la planta de tratamiento de aguas servidas. Se realizaron diversas gestiones con proveedores para cotizar y analizar las propuestas de dichos entes, concluyendo que la mejor propuesta es de la empresa Aguas Araucanía S.A., quien tiene una comprobada experiencia - opera 9 plantas de las mismas características de la Planta de Tratamiento de Perquenco, y otras 7 similares-, con una capacidad técnica, logística y operativa necesaria que permiten encomendarle las acciones mínimas requeridas para una solución satisfactoria.
3) Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, quien ha realizado múltiples fiscalizaciones a la planta y a la calidad del agua de la comuna de Perquenco, declaró, por resolución de fecha 25.08.2021, Zona de Riesgo Sanitario la planta de Tratamiento de Aguas Servidas, concluyendo que la solución del sistema sanitario pasa por mejorar la tecnología en su operación.
4) El Sr. Delegado Presidencial de la Araucanía conformó una mesa de trabajo con distintos órganos de la Región, con el propósito de encontrar una solución técnica al problema de la planta de tratamiento. Finalmente, con la propuesta técnica entregada por la empresa de Aguas Araucanía S.A., validada por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Araucanía, el Sr. Delegado Presidencial gestionó con la Subsecretaría del Interior el traspaso de fondos para realizar la contratación directa, por 20.572 U.F.
5) La empresa Aguas Araucanía S.A., en su propuesta técnica, entregó un cronograma de trabajo, que contiene cada una de las tareas relativas a la desobstrucción y habilitación de líneas de conducción, limpieza e higienización, limpieza de sobrandantes Lagunas, servicio de sistema de desinfección, monitorio de calidad DS 90 (efluente) y extracción de lodos de las lagunas, en un plazo final de 5 meses para dichos trabajos.
Se adjunta:
a)
Resolución Ex. N° 7372, de 30.11.2021, de la Subsecretaría del Interior, por medio de la cual aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Región de la Araucanía, por $742.882.490.-. bajo el ítem presupuestario para atender situaciones de emergencia, con la finalidad de ejecutar las medidas mínimas de la situación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Perquenco que se encuentra operando de forma deficiente;
b)
Resolución Ex. N° 18, de 10.01.2022, de la Delegación Presidencial Regional de la Araucanía, que autoriza la contratación directa por emergencia del servicio de "recuperación de lagunas facultativas de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna de Perquenco", y adjudica al proveedor Aguas Araucanía S.A., por un valor de $742.882.490.-, cuyo pago se encuentra condicionado a informe favorable y de conformidad de la Dirección de Obras Hidráulicas.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales debidamente comprobados, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Se trata, en consecuencia, de una acción tutelar concebida con la finalidad de brindar eficaz y oportuno amparo de urgencia a un derecho indubitado del que se encuentra gozando una persona, frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que la lesiona o amenaza.
Tratándose de la vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución, el recurso es procedente cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se vea afectado por un acto u omisión ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada.
SEGUNDO: Que, la presente acción constitucional ha sido deducida por el INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS a favor de las personas que habitan la zona aledaña al Estero Perquenco en el espacio geográfico que abarca las tierras antiguas mapuche que forman parte del Título de Merced designado a nombre reservado, comuneros y comuneras de la comunidad mapuche del mismo nombre, de la Comunidad mapuche Llancamil, y habitantes de la zona urbana de la ciudad de Perquenco, y particularmente a favor de las personas individualizadas en el libelo recursivo, en contra de distintos servicios públicos que forman parte de la administración del Estado, específicamente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, ARAUCANÍA; del MINISTERIO DE SALUD y SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA; de la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE; y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, por haber incurrido en omisiones ilegales en relación a sus facultades, para poner fin a los episodios de contaminación acaecidos en la comuna de Perquenco, derivados de la falta de operación y mantención de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna, lo que a juicio de la parte recurrente ha conllevado la vulneración de las garantías constitucionales de las personas en cuyo favor se acciona, contempladas en los artículos 19 N° 1 y 8 de la Constitución.
TERCERO: Que, a partir del recurso, de los informes de las partes y antecedentes acompañados, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:
1°, Que Perquenco es una comuna ubicada en la IX Región de la Araucanía, la cual tiene una superficie de 331 km2, con una domicilio reservado habitantes, de los cuales el 50,59% son mapuche, siendo uno de los cursos de agua más importantes de la comuna, el Estero Perquenco, el cual atraviesa gran parte de ésta.
2°, Que la Planta de tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, en adelante también PTAS, se encuentra emplazada en un inmueble de propiedad del Fisco de Chile, que es colindante a la comunidad mapuche nombre reservado y a la Comunidad mapuche Llancamil, ubicándose a unos 200 metros de la Piscina-Balneario Municipal de la Comuna.
3.- Que el sistema de agua potable de la comuna Perquenco, fue construido en 1982, por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, constituyéndose en la localidad un Comité de Agua Potable Rural, sin fines de lucro, para que asumiera la administración y mantenimiento del sistema, conservando el Fisco la propiedad de toda la infraestructura sanitaria entregada.
A partir del año 2002, la continuidad del Programa de Agua Potable Rural quedó entregada a la Dirección de Obras Hidráulicas.
4.- Que se constituyó en la comuna, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural de Perquenco, el cual estuvo encargado de la administración del sistema de producción y entrega de agua potable y de la disposición y tratamiento de aguas servidas, hasta el año 2006, cuando se produce un traspaso de los bienes desde el Comité a la “Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Perquenco Ltda.”, que asumió tanto la producción y distribución del agua potable como la disposición y tratamiento de las aguas servidas, cobrando la respectiva tarifa por sus servicios.
5.- Que el 21 de diciembre de 2010, por resolución Nº2440, la SEREMI de Bienes Nacionales concede en arrendamiento a la Cooperativa antes referida, el inmueble fiscal donde se emplazan las instalaciones de la PTAS, para ser destinado al funcionamiento de las mismas.
Mediante carta de fecha 19 de abril de 2013, la Cooperativa pone término unilateralmente al contrato de arriendo, sin que mediara recepción conforme de la SEREMI de Bienes Nacionales, quien notifica a la Cooperativa que dentro del plazo de un año a contar del día 12 de noviembre de 2014 debía proceder al cierre formal de sus instalaciones, debiendo contar con las autorizaciones y visaciones de los órganos competentes a fin de concluir con la devolución del inmueble a dicho Servicio.
6.- Que lo anterior no se concretó y desde esa fecha, tanto el inmueble como la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas allí emplazadas, quedaron en una situación de abandono, sin ningún tipo de manejo operacional o de mantención, en virtud de lo cual, las aguas servidas, sin tratamiento, son vertidas directamente al Estero Perquenco.
7.- Que en el año 2018 se elaboró un Informe Técnico de Análisis Microbiológico de aguas del Río Perquenco, por estudiantes de la Universidad de la Frontera, el que concluye que “el agua del estero de Perquenco en los puntos de muestreo no es apta para el consumo humano ni para regadío ya que contiene altos niveles de Escherichia Coli los cuales son perjudiciales para el ser humano”.
De acuerdo a la última medición de la calidad del agua efectuado por la Seremi de Salud Araucanía, las cantidades de coliformes fecales en el Estero Perquenco, superan ampliamente la norma toda vez que en el punto de descarga de la PTAS se registraron 92.000 coliformes fecales NMP por 100 ml lo que equivale a la superación de 92 veces la norma, mientras que en el cuerpo de agua receptor (100 metros aguas abajo) se registró el número más probable de 160.000 coliformes fecales por 100 ml, por lo que la norma de calidad se encuentra superada 160 veces.
8.- Que específicamente los días 02 de febrero de 2021, y entre los días 19 de abril y 05 de mayo del año 2021, vecinas y vecinos del sector El Alto, sector urbano de la comuna de Perquenco, denunciaron deficiencias en el servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la Cooperativa Aguas Perquenco S.A. que decían relación con la baja presión de agua y con los malos olores provenientes de la red de alcantarillado, situación que se arrastra en el tiempo y que ha motivado la intervención del Cuerpo de Bomberos de Perquenco para destapar las cámaras, ventilar y lavar.
El sábado 15 de enero de 2021, se produjo un episodio similar que también requirió la intervención de bomberos, produciéndose consecuencias en la salud de los vecinos, ya que algunos de ellos han presentado malestares como dolores de cabeza, mareos y alergias.
9.- Que en lo que respecta a los habitantes del área rural de la comuna, de Perquenco, en el mes de junio del año 2021, constataron que las piscinas de la PTAS se encontraban al borde del rebalsamiento con la mezcla de aguas servidas y aguas lluvias, lo que da cuenta de un riesgo de esparcimiento de las aguas no tratadas en una mayor superficie de terreno con las perniciosas consecuencias para la integridad de las personas que habitan en los sectores aledaños, así como para la fauna y animales domésticos, potenciándose episodios de malos olores que provocan náuseas y dolores de cabeza en las personas, detectándose la presencia de moscas y ratones, así como la muerte de peces en el estero.
En este mismo orden de ideas, habitantes de comunidades mapuche aledañas al Estero han advertido también sobre las afectaciones, que desde el punto de vista cultural y de su cosmovisión, ha implicado la contaminación de las aguas.
10.- Que todo lo anterior constituye una permanente privación, perturbación y amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas que habitan la zona de Perquenco, y especialmente de aquéllos en cuyo favor se recurre, quienes ven afectado, además, su derecho a vivir en un medio libre de contaminación.
En efecto, al no existir desinfección del efluente, se genera una situación de riesgo inminente para los habitantes de la zona de Perquenco y un impacto en el medio ambiente, considerando los servicios que el estero Perquenco presta a los usuarios del sector, aguas abajo de la descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas, especialmente por el uso del recurso para riego y también el potencial consumo del agua por animales, efectos aquéllos que se extienden al sector urbano de la comuna de Perquenco, ubicado a corta distancia de la aludida planta, quienes, además, sufren las consecuencias de las emanaciones de gases y fuertes olores desde el sistema de alcantarillado.
CUARTO: Que, se denuncia a través del presente recurso la omisión ilegal en que habría incurrido el Estado de Chile, a través de distintos servicios públicos, al no haber adoptado medidas eficaces, para prevenir, supervisar, fiscalizar y corregir la situación de contaminación que afecta al Estero de la comuna de Perquenco, como consecuencia de la falta de funcionamiento, por espacio de varios años, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la misma comuna, lo que ha acarreado perniciosas consecuencias.
Tales omisiones son negadas por las recurridas, quienes señalan haber adoptado las medidas pertinentes en el ámbito de sus competencias.
QUINTO: Que, las recurridas se encuentran mandatadas por diversos cuerpos legales y reglamentarios para prevenir, intervenir, regular, supervisar, fiscalizar y adoptar medidas en relación a los hechos que motivan el presente recurso de protección.
En efecto, en lo que respecta a las recurridas, DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS y MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, tal como se dejó establecido en los motivos precedentes, el Sistema de Agua Potable Rural Perquenco fue construido en el año 1982, por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y luego de que dicho servicio dejase de existir en el año 1994, el Ministerio de Obras Públicas mandató a la Dirección de Planeamiento para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural, y en el año 2001 se radicó su ejecución en la Dirección de Obras Hidráulicas.
El artículo 1°, del Decreto con Fuerza de Ley 850 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL. Nº 206, de 1960, dispone que “ El Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo coordinador de los planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que lo constituyen y de las demás entidades a que se refieren los artículos 2º y 3º de esta Ley.
Su artículo 13º establece que la Dirección General de Obras Públicas estará formada por los siguientes servicios:… “Dirección de Riego”, que pasó a denominarse “Dirección De Obras Hidráulicas” a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.525.
A su vez, por Resolución N° 790 de fecha 03 de noviembre de 2011, se creó en la Dirección de Obras Hidráulicas, la Subdirección de Agua Potable Rural, con dependencia directa del Director Nacional del Servicio, siendo su objetivo general apoyar a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas en la dirección, supervisión y control de las acciones relacionadas con la implementación de los servicios de Agua Potable Rural del país en todas sus etapas.
Lo anterior, se encontraba plenamente vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales, el 20 de noviembre de 2020, texto legal que en su artículo 72 creó, en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, a la que le corresponderá efectuar estudios, gestión comunitaria, inversiones de agua potable, inversiones de saneamiento, proyectos de agua potable, proyectos de saneamiento y llevar el registro de los operadores, estableciéndose que en cada región existirá un Subdirector Regional de Servicios Sanitarios Rurales, quien tendrá por funciones la ejecución de las políticas y programas que se formulen conforme a dicha ley.
El artículo 73 de la Ley en referencia, establece que, serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, entre otras, ejecutar la política de asistencia y promoción, conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas; Administrar el Registro de operadores, asesorar a los operadores, directamente o a través de terceros, formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente, directamente o a través de terceros debidamente inscritos; pedir informes y auditar la contabilidad de las licenciatarias, cuando corresponda; aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada operador, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria; solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere; Visar técnicamente los proyectos respecto de las etapas del servicio sanitario rural, sus ampliaciones y modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria; apoyar, asistir y asesorar a los operadores de servicios sanitarios rurales en la gestión comunitaria directamente o a través de terceros debidamente inscritos El artículo 76 de la citada Ley, por su parte, establece que “La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones. Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o a más tardar dentro de los tres días siguientes desde que se tomó conocimiento del mismo, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso de que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la autoridad sanitaria inmediatamente ocurrido el hecho y, de no ser ello posible, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su conocimiento. Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad, seguridad y, en general, las condiciones sanitarias, para un número de usuarios igual o superior al porcentaje que indique el reglamento.”
En lo que respecta a la recurrida, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS (SISS), el artículo 2 de la Ley N° 18.902, que crea dicha Superintendencia, señala en su artículo 2° que “Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base.
El artículo 6, de la citada Ley, por su parte, prescribe en su inciso primero, que “La Superintendencia, para todos sus efectos legales, se considerará institución fiscalizadora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° del decreto ley N° 3.551, de 1980”.
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley en comento, prescribe que lo prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de algunas las sanciones que allí se detallan.
El artículo 85 de la Ley 20.998 a la que ya se ha hecho referencia, establece por su parte, que “La Superintendencia de Servicios Sanitarios ejercerá las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural, sin perjuicio de aquéllas que correspondan a la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia. Asimismo, la Superintendencia fiscalizará a los organismos colectivos privados con fines de lucro, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan, que operen servicios sanitarios en sectores rurales, sin entenderse por ello habilitados para obtener subsidios de los que trata el Capítulo 4 de este Título, ni asesoría o capacitación, en los términos establecidos en esta ley.
Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en cuanto fuere pertinente.
La fiscalización se realizará directamente por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del país o por las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.”
Finalmente, ha de tenerse presente lo estatuido por el D.S Nº90/2000 que Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, en tanto establece que “La fiscalización de la presente norma corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a los Servicios de Salud, según corresponda.”
En lo que concierne a las recurridas MINISTERIO DE SALUD y SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA, ha de tenerse presente que Artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley 1, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, dispone que “Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”.
El artículo 3º del Código Sanitario, por su parte, dispone que “corresponde al Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Salud Pública, atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del N° 14° del artículo 10° de la Constitución Política del Estado, este Código y su Ley Orgánica.”
El artículo 72 del citado Código establece que “El Servicio Nacional de Salud ejercerá la vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos industriales o mineros; podrá sancionar a los responsables de infracciones y en casos calificados, intervenir directamente en la explotación de estos servicios, previo decreto del Presidente de la República.”, en tanto el Artículo 73 del Código Sanitario prescribe lo siguiente: “ Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos.
Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IX de este Código, la autoridad sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir toda contaminación.”
A su vez, la Ley 19.937 que Modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, establece que las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, tendrán las siguientes funciones, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud: …”2.- Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren, de conformidad con lo previsto en el Artículo 14C. 3.- Adoptar las medidas sanitarias que correspondan según su competencia, otorgar autorizaciones sanitarias y elaborar informes en materias sanitarias. Las normas, estándares e instrumentos utilizados en la labor de fiscalización, serán homogéneos para los establecimientos públicos y privados”.
Finalmente, y en lo que respecta a la recurrida SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, ha de considerarse lo estatuido por la Ley 19.300 que Aprueba Ley Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente, que dispone en su artículo 1° que “ El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.”, definiendo en su artículo 2 letra c) que “Contaminación” es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”.
El artículo 64 de la ley en referencia, por su parte, establece que “La fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de nombre reservado, de las medidas e instrumentos que establezcan los Planes de Prevención y de Descontaminación, de las normas de calidad y emisión, así como de los planes de manejo establecidos en la presente ley, cuando correspondan, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad a lo señalado por la ley.”
La Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio De Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente establece en el inciso primero de su artículo 2, que “ La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y,o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.”, en tanto en su artículo 16 dispone que “ Para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los siguientes programas y subprogramas: c) Los programas de fiscalización de los Planes de Prevención y,o de Descontaminación para las diversas regiones en que ellos operen. d) Los subprogramas de fiscalización de Planes de Prevención y,o de Descontaminación, donde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente. e) Los programas de fiscalización de las Normas de Calidad y Normas de Emisión para cada región, incluida la Metropolitana. f) Los subprogramas sectoriales de fiscalización de las Normas de Emisión, en los que se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente. y g) Otros programas y subprogramas que, de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia o lo dispuesto en la ley Nº 19.300 u otros cuerpos legales, den origen a actividades de fiscalización en materia medio ambiental, de competencia de la Superintendencia.
El artículo 31 de la Ley en comento, por su parte, establece que la Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, de acceso público, que se conformará con los antecedentes y datos que allí se señalan, en tanto el artículo 35 se refiere expresamente al ejercicio de la potestad sancionadora que compete a la Superintendencia del Medio Ambiente.
SEXTO: Que, tal como se desprende de las normas relacionadas en la motivación precedente, las recurridas se encuentran dotadas de facultades para prevenir, regular, supervisar, fiscalizar, sancionar y adoptar diversas medidas en relación a los hechos que motivan el presente recurso de protección, en lo que dice relación con el fenómeno de contaminación que afecta a las aguas del Estero de Perquenco, debido al deficiente funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de dicha comuna, que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional se mantenía sin ningún tipo de manejo operacional o de mantención, con las perniciosas consecuencias que ello acarrea para la vida y la integridad de las personas que habitan en la zona de Perquenco y especialmente de las personas en cuyo favor se recurre, quienes ven afectado, además, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por cuanto las aguas servidas, son vertidas sin tratamiento alguno al Estero Perquenco, superando ampliamente la Norma sobre concentración de coliformes fecales, lo que ha derivado en la grave contaminación de dicho curso fluvial, aunado a la falta de mantención del sistema de alcantarillado, del cual emanan fuertes olores que han incidido en la salud de las personas.
De esta manera, no obstante las medidas que las recurridas han señalado haber adoptado en el ámbito de sus respectivas competencias, algunas de ellas con posterioridad a la interposición del presente recurso, éstas no han logrado poner término a la grave situación denunciada, lo que lleva a concluir que no han dado un debido y eficaz cumplimiento a sus funciones y especialmente, adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y en lo posible eliminar el fenómeno contaminante materia de la presente acción constitucional, que ha permanecido en el tiempo por un lapso que aparece a todas luces excesivo, atendida su naturaleza y efectos, lo que permite calificar de ilegales sus comportamientos en esta materia y vulneradores de las garantías constitucionales que los recurrentes reclaman como conculcadas, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, directamente relacionada con el derecho a la salud y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagradas en el artículo 19 N° 1 y 8 de la Constitución Política de la República.
SÉPTIMO: Que, en relación a lo que se viene razonando ha de tenerse presente, además, que el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N°1/2000, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional De Bases Generales De La Administración del Estado establece que: “La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.
La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes.”
En tanto, el artículo 5º de la misma Ley, dispone en su inciso segundo que: " Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.”
Todo lo cual se relaciona con lo estatuido por el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que dispone en su inciso primero que: “Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación.”
OCTAVO: Que, por lo anterior, el recurso ha de ser acogido con el preciso objeto de que las recurridas, den estricto y urgente cumplimiento a la normativa que regula la materia y, consecuencialmente y a fin de evitar la reiteración y prolongación en el tiempo del fenómeno contaminante descrito en el libelo, derivado del deficiente funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Perquenco, se coordinen entre sí y ejecuten las acciones pertinentes, dentro de la esfera de atribuciones y competencias de cada una de ellas, para procurar poner fin a los hechos que motivan el recurso y revertir los efectos medio ambientales producidos, sin perjuicio de las medidas de resguardo de la vida e integridad de las personas que corresponda adoptar.
NOVENO: Que, de esta manera, ha de rechazarse la petición de las recurridas, en cuanto abogaron en la vista del recurso, por el rechazo del mismo, sosteniendo que éste había perdido oportunidad en razón de lo resuelto en causa Rol de Protección 2700-2020, por cuanto y si bien en la antedicha causa, por sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones con fecha 08 de septiembre de 2020, se acogió el recurso de protección interpuesto por la COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE PERQUENCO LTDA, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y se ordenó a dicha recurrida poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento para Aguas Servidas que se encuentra emplazada en terrenos de su propiedad, así como la mantención y limpieza de los ductos, fosas y cámaras de alcantarillado, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días, desde que dicho fallo se encuentre firme y ejecutoriado, sentencia que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema de Justicia con fecha 23 de agosto del año 2021, disponiendo el máximo Tribunal, además, que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Perquenco y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinarse entre sí, a fin de dar estricto cumplimiento a lo señalado en el considerando noveno, debiendo informar cada tres meses a la Corte de Apelaciones de Temuco, es del caso que como ya se ha referido, la tantas veces aludida Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, aún no se encuentra en operación y continúa descargando su efluente con tratamiento deficiente en las aguas del Estero Perquenco, con las consecuencias que de ello se derivan, lo que determina que esta Corte se encuentre en la situación de adoptar las medidas que al efecto dispondrá.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:
Que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por el INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA; del MINISTERIO DE SALUD; de la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA; de la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE; y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, en cuanto se declara que las recurridas, deberán dar estricto y urgente cumplimiento a la normativa que regula sus competencias y, consecuencialmente y a fin de evitar la reiteración y prolongación en el tiempo de la emisión de contaminantes al Estero Perquenco, debido a la situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna, deberán coordinarse entre sí y ejecutar las acciones pertinentes para procurar poner fin a los hechos que motivan el recurso y mitigar los efectos medio ambientales producidos, sin perjuicio de las medidas de resguardo de la vida e integridad de las personas que corresponda adoptar, debiendo informar a esta Corte de Apelaciones del cumplimiento de la presente sentencia.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción de la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.
N°Protección-6076-2021. (csd)