nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, ocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

1.- A folio 1, comparece don nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y habilitado en derecho, domiciliado profesionalmente en domicilio reservado, por la afectada y recurrente, doña nombre reservado, chilena, médico veterinario, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, camino a Chol-Chol, comuna de Temuco y dice que, interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, chilena, se desconoce profesión u oficio, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

2.- Precisa que, el sábado 13 de febrero de 2021, su representada concurrió al domicilio de la señora nombre reservado, quien la llama para realizar una ecografía de su mascota, quien presenta dolores abdominales, ante lo cual le realiza dicho examen para determinar que padecía el animal.

Que, seguidamente, el viernes 19 de febrero, la recurrida se dirigió a la veterinaria Arca de Noe, donde trabaja la doctora nombre reservado, quien señaló que su animal seguía padeciendo de dolores estomacales y entrega una serie de exámenes realizados sobre su mascota, de una data aproximada de unos 5 días, tomándose conocimiento que el animal ingresa con problemas hepáticos, específicamente en sus vías biliares y con dolor articular. El can habría estado consumiendo, como parte de su tratamiento previo a su ingreso, corticoides, antinflamatorios, antihistamínicos y protectores hepáticos y de sus vías biliares. Ante ello se le recetan medicamentos para tratar sus dolencias y, el día martes, la recurrente, quien recientemente se especializó en imagenología en la Universidad de Chile, ordena que se le efectúe una ecografía abdominal, para efectos de determinar qué le provoca las dolencias y cuáles serían las causas del problema. Se le administra una vía endovenosa por la cual se le administra omeprazol, para proteger el estómago del animal, junto con metamizol sódico y maropitant, medicamentos destinados para controlar el dolor abdominal y evitar que vomitara nuevamente y, además, se le suministró un bolo fisiológico para mantener al can hidratado. Durante la tarde de ese día, la recurrente le receta hidróxido de aluminio, para evitar una gastritis medicamentosa, es decir, evitar las molestias y efectos secundarios de los medicamentos ya suministrados, así como probióticos. Se le indica además a la dueña que debería alimentar durante los próximos días con comida especial gastroentérica y se le recomienda guardar reposo para su mascota.

Agrega que la dueña y recurrida, se retiró conforma de la veterinaria pero, alrededor de las 18:00 horas, llamó nuevamente a la clínica, señalando que su perro estaba tambaleante y su condición empeoraba, ante lo cual, mi representada, quien había contestado la llamada telefónica, le señaló que, lo mejor es que la llevara a una veterinaria que contara con atención continua las 24 horas, pues su clínica no contaba con las instalaciones ni turnos para esa gestión, recomendándole una clínica que sí contaba con este servicio. Ante esta noticia, la señora nombre reservado consultó a la doctora nombre reservado sobre qué le pasaba a su mascota, a lo que le responde que no había claridad en los exámenes y necesitaba tomarlos nuevamente, especialmente los de sangre y una nueva ecografía para poder determinar de manera certera qué ocurría. La respuesta de la dueña del animal fue que no lo harían, pues habían gastado ya demasiado dinero en exámenes y medicamentos. Ante ello, su representada les señaló que no podía ayudarlas de momento, dadas las circunstancias y le recomendó encarecidamente que hospitalizaran a su perro.

Una hora después, llamaron nuevamente a la doctora nombre reservado señalando que su animal estaba sangrando, pero que, como ella se encontraba a esa hora en medio de un procedimiento médico, le informaron que no podía atenderla y que le insistían, nuevamente que, ingresaran de urgencia a su mascota en la clínica veterinaria Peumayen, como se le había señalado en la llamada anterior, terminando así la llamada.

El día sábado 20 de febrero, su representada tomó conocimiento por una colega que, en la red social Facebook, la recurrida, en su cuenta personal había publicado una serie de mensajes alusivos a la atención clínica de su mascota, enterándose la doctora nombre reservado que el animal habría fallecido entre el viernes y el sábado y que, les acusaba de manera injustificada de haber “asesinado” a su perro, capturas que extracta, las que habrían sido efectuadas los mismos días viernes 19 y sábado 20 de febrero.

Alega que la recurrida acusa directamente a su representada de una intención dolosa de matar a su animal, usando expresiones como “Lo mataron a mi perrito malditas”, “mataron a mi perrito”, “no tenía que morir, ellas me lo mataron” y, finalmente “son unos asesinos mi perrito le pusieron sobre dosis murió” (sic).

Sostiene que es claro que la intención de la recurrida es imputar una supuesta negligencia médica, acusando a su representada, sin fundamento alguno, de la muerte de su mascota y, mediante un mecanismo de auto tutela muy popularizado en estos últimos años, denominado “funa” intenta desprestigiar y atacar la imagen profesional y privada de la doctora nombre reservado y no solo ello, sino que, además de injuriarla. Que, así, la señora nombre reservado ha incurrido en el delito contemplado en el artículo 412 del Código Penal, lo que anuncia serán motivo de una futura acción en sede penal bajo las sanciones contempladas en el artículo 413 del mismo cuerpo legal por divulgación por escrito y mediante publicidad.

Por último, sostiene que la acción de auto tutela injustificada, ejecutada por la recurrida, es un intento de castigar y desprestigiar a su representada y, ello, ha vulnerado directamente sus derechos fundamentales y constitucionales.

3.- A continuación, cita los derechos fundamentales lesionados.

Derecho a la honra Artículo 19 N°4 de la Constitución Política.

Indica que, en un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la honra la define como “el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad, en lo referente a sus condiciones humanas y profesionales, honestidad, comportamiento” (la cursiva es nuestra). Es dable entender que la honra de la recurrente tiene dos niveles, una personal y una profesional, siendo vulneradas ambos matices por el actuar difamatorio de la recurrida. Al tratar de poco profesional a la doctora nombre reservado, acusándola de suministrarle una sobredosis, influye en el concepto que tiene la comunidad toda hacia ella como médico veterinario y profesional de la salud. Al acusarla de asesina, ergo, imputándole dolo con intención de matar a su animal, influye en como los miembros de la sociedad se refieren a ella como persona, sobre su ética e incluso sobre aspectos tan profundos como su percepción de la vida, animal en este caso y, su trato para con los animales.

El derecho a la honra incide, además, en la buena fama y la reputación que ha construido durante su carrera su representada, intentando destruir un trabajo de años para crear una imagen de confianza y profesionalismo tanto, para asegurar que los pacientes la contraten para suministrarles sus servicios médicos, así como la seguridad de que, cuando requieran de su atención, puedan depositar en ella toda la certeza posible que la doctora nombre reservado hará todo lo que pueda mediante su ciencia, trabajo y dedicación, para otorgar la mejor de las atenciones a sus pacientes.

Todo ello se ve directamente afectado por esta acción de auto tutela efectuada por la recurrida que, no es superfluo afirmar, muy seguramente continuará atacando la imagen de su representada en futuras “funas”.

Derecho a la integridad psíquica de la persona Artículo 19 N°1 de la Constitución Política.

Los actos de la señora nombre reservado han causado un profundo impacto emocional a la recurrente, quien ha sufrido enormemente por estas “funas” hacia su persona, el miedo a perder su trabajo por estos ataques arbitrarios, la desconfianza con que la puedan mirar sus colegas y pares y qué imagen queda de ella para ante la comunidad, han provocado gran pesar en ella, lo cual se ha traducido en estrés y dolores físicos, principalmente una gastritis que la ha tenido con dolencias físicas.

Por su trabajo, de ninguna manera podría su representada esperar este tipo de represalias mediante vías de hecho, no es previsible, esperable ni menos aceptable que sufra estos ataques sin justificación alguna. Ante cualquier desavenencia por su trato y su procedimiento médico, la vía correcta es recurrir a los tribunales de justicia o incluso dialogar con la contraria para encontrar una solución constructiva, no lo que se denuncia.

Por ello, el actuar de la recurrida derechamente ha afectado su integridad psicológica y, entiendo que es una acción cautelar y temporal, adelanta que procederá con una acción civil en contra de la recurrida.

Derecho de propiedad sobre la propia imagen. Artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Como ya se señaló, el actuar arbitrario de la recurrida ha afectado la imagen profesional de la doctora nombre reservado de manera profunda y posiblemente irreparable, pues la confianza hacia un profesional, así como la confianza personal, se construye metódicamente, con una serie de acciones encadenadas en un largo periodo de tiempo y que pueden ser destruidas por el actuar temerario y sin fundamento de una sola persona, en este caso, la señora nombre reservado.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha declarado en un fallo sobre esto, determinando que: “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo”. Si se entiende además que, no solo se daña la imagen personal sino como médico veterinario de su representada, es más que evidente que este derecho constitucional está siendo violado y lesionado de manera clara.

A continuación, se refiera al acto ilegal o arbitrario precisando que, las acusaciones difamatorias y calumniosas, difundidas a través de internet por la red social Facebook constituyen, por si mismas, un acto de denostación ilegal y arbitrario que tienen por única finalidad vulnerar los derechos constitucionales ya señalados.

Afirma que, si la negligencia médica señalada por la recurrida existiese, no depende de ella dictaminarlo, sino de los Tribunales de Justicia, si lo que busca es sancionar a su representada o que se le indemnice, no es la autotutela la forma para realizarlo, sino que mediante el imperio del derecho, a través del Juzgado de Letras correspondiente, efectuar las acciones legales que estime necesarias para obtener lo que desea.

Precisa que, el actuar arbitrario de la recurrida sólo provoca daños irreparables a mi representada, no actuar de manera racional ni colaborativo, sino que busca culpar de un hecho que no es responsabilidad de la doctora nombre reservado.

4.- Solicita se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ya individualizada, declararlo admisible y acogerlo en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida, ordenando de manera inmediata la eliminación de todas sus publicaciones en la red social Facebook, así como ordenar la prohibición de publicar en esta red social, en cualquier otra red social u otro medio de comunicación nuevas publicaciones de este tipo, condenando expresamente en costas a la contraria.

5.- Acompaña a su presentación, capturas de pantalla del perfil personal de doña nombre reservado de la red social Facebook.

6.- A folio 10, informa la recurrida señalando que acepta su responsabilidad en el hecho de hacer las publicaciones que se mencionan las que fueron impulsadas por el inmenso dolor de perder mi mascota sin que hubiera existido, previamente, una enfermedad de carácter mortal ni mucho menos. Se trataba de una simple alergia que le provocaba picazón y había causado una especie de espinilla en su lomo. El perrito se mostraba sano y de buen ánimo, sólo que, de vez en cuando, se rascaba. Una hija que se encontraba de visita, pues ella vive en Santiago, es muy querendona de los animales y, por hacer lo mejor, llamó a algunas clínicas para que fueran a ver el perrito en la casa, dado que era difícil salir con él. En diferentes partes respondieron que este servicio no lo hacían. Uno de los veterinarios consultados, insinuó el nombre de la señorita nombre reservado, como especialista dermatóloga, quien nos podría atender y, así fue como la señorita nombre reservado llegó a su casa, premunida de una gran cantidad de remedios, los que nos recomendó y administró a nuestra mascota por un valor de $140.000.

Afirma que, ahí empezó el calvario para su perrito que, para su impotencia, lo veían sufrir mucho y las desesperaba el poderlo sanar, por lo que llamábamos repetidas veces a la veterinaria. Finalmente y, después de una última visita a la veterinaria y atención de la señorita nombre reservado, su perrito murió con intensos dolores y aparentemente, sin ser veterinario, de una torsión dilatación de estómago producto de la gran cantidad de remedios recibidos en un corto espacio de tiempo.

Señala que, por lo anterior, ante la impotencia, dolor, rabia y conocimiento de otros casos ocurridos con esta clínica "Arca de Noé", su salida de desagravio fue funar a las veterinarias y clínica para que la gente tenga mucho cuidado con sus mascotas cuando sean atendidas con un arsenal de remedios, sin hacer un estudio sano y concienzudo de si el animal está en condiciones de recibirlos, atendidas las contraindicaciones.

Precisa que, con respecto a las afirmaciones del abogado, hace los siguientes alcances:

La concurrencia de la Srta. nombre reservado a su domicilio, no se debió a un llamado nuestro, sino que la llamó la Srta. nombre reservado, quien recetó y dio orden de una eco abdominal, ya que no le pareció la forma abultada de su vientre, indicando que su perrito, a esas alturas, no sufría de dolor como lo indica la Srta. nombre reservado en el escrito.

Afirma que la funa está dirigida a ambas profesionales y no se ataca la honra de la Srta. nombre reservado sólo se refiere a su actuar profesional.

Sostiene que la Señorita nombre reservado habrá tenido un impacto emocional, pero, no cree sea comparable al que ha recibido ella como una persona de la tercera edad, con una enorme depresión a raíz de lo sucedido.

Anuncia que no es su intención recurrir a los tribunales, puesto que, ninguna compensación económica mitigará su dolor por la pérdida de su mascota que murió producto de los tratamientos médicos, mal administrados.

A folio 12 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en la especie, se denuncia por la recurrente que la recurrida realizó publicaciones en la red social “Facebook”, las que significaron comentarios y acusaciones en contra de la recurrente, nombre reservado, denominadas “funa”, afectado las garantías contenidas en los artículos 19 N°1, 4, y 24 de la Constitución Política de la República, al sindicar a la recurrida, como asesina y culpable de la muerta de su mascota, a raíz de las atenciones médicas negligentes.

TERCERO: Que la recurrida, informando el recurso, reconoció las publicaciones, manifestando que su actuar se debió a la pena o aflicción por la muerte de su mascota.

CUARTO: Que, de las publicaciones acompañados por la recurrente, efectuadas en la red social “Facebook”, dan cuenta que se está en presencia de un acto auto tutelar, ejecutado al margen del ordenamiento del jurídico, a través del cual la recurrida pretende hacerse justicia por mano propia, apartándose de las vías que el derecho pone a su disposición para la satisfacción de sus intereses.

En efecto, según se advierte del informe evacuado por la recurrida, ésta pretende erigirse en una comisión especial, prohibida por el constituyente, vulnerando de ese modo la garantía del artículo 19 N°3 inciso cuarto de la Carta Fundamental, lo que habilita a esta Corte a adoptar a favor de la actora una medida urgente para reestablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, a través del cual se asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, el que encuentra su correlato en el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que lo reconoce en términos incluso más amplios al decir que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, el que como lo expresa el profesor Nash Rojas “implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del Estado” (Nash Rojas, Claudio. “Las relaciones entre la vida privada y el derecho a la libertad de información en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios Constitucionales, volumen 6, N° 1, año 2008, páginas 155 a 169).

SEXTO: Que, el citado derecho, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, según ha resuelto nuestra Corte Suprema puede, como ocurre en la especie, entra en colisión con otros derechos y, particularmente, con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se colige que no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca, de una determinada información (Corte Suprema, sentencia Rol N° 21.499-2014, de fecha 8 de octubre de 2014).

En relación a este acápite, la correcta configuración de este “ius fundamental” ha de comprender “todos los elementos normativos presentes en un texto constitucional”, así como también, “las disposiciones que establecen sus límites y las posibilidades de afectación del respectivo derecho” (nombre reservado, “La Tipicidad Ius fundamental”, p. 15)

Por estos motivos, cada derecho garantizado por la Constitución Política de la República, debe ponerse en consonancia con los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia, en virtud de lo preceptuado por el artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental y, con las disposiciones legales y reglamentarias que permiten concretar el derecho de que se trate, dentro del ordenamiento jurídico interno.

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra se encuentra también consagrado “el derecho al buen nombre” consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales. En otros términos, puede señalarse que el derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor, porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y, al calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto.

OCTAVO: Que, del razonamiento expuesto, es posible afirmar que las conductas desplegadas por la recurrida, si bien se encuentran garantizadas en comienzo por la libertad de expresión, la misma reconoce un límite que se sobrepasa cuando las publicaciones y los llamados a manifestación pública contienen mensajes que pueden ser calificados de odiosos, que incitan a la violencia o venganza en la opinión pública o, reprochan un actuar ilícito o constitutivo de negligencia profesional, como ha quedado de manifiesto en estos autos.

En consecuencia, ante la manifiesta falta de justificación de los supuestos fácticos o conductas atribuidos a la recurrente, no cabe sino sostener que las publicaciones efectuadas por la recurrida, tiene un carácter abusivo y ha resultado lesiva para los derechos a la honra, intimidad y privacidad de la recurrentes y que, como consecuencia de dicho actuar, según se deja en evidencia de los propios dichos de la recurrida, en que reconoce que las publicaciones tienen por objeto realizar denostación pública de las competencias profesionales de la recurrente y, como consecuencia, someterla al escarnio público, sufriendo descalificaciones, sin la existencia de un juicio previo y del respeto al debido proceso, constituyendo una pena infamante aplicada por quien no tiene la calidad de ser un órgano jurisdiccional.

Por estas razones debe acogerse el recurso de la manera que se detallará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado, en cuanto se decreta:

I.- Que la recurrida debe eliminar todo el contenido publicado en descrédito de la recurrente, en el sitio web www.facebook.com, como en cualquier otra rede social en que pueda haberlo hecho y;

II.- Que la recurrida debe abstenerse de seguir realizando publicaciones de esta naturaleza en el mismo medio o en otros medios de difusión pública.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández.

Rol N° Protección-607-2021 (pvb).