nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en favor de don nombre reservado, chileno, Rut:RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien interpone acción de protección en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario N°61.509.000-K, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, en virtud de un acto arbitrario e ilegal consiste en resolución que rechaza el pago de licencias médicas extendidas por un total de 42 días, en el cual se ha vulnerado los derechos fundamentales de nuestro representado y que se encuentran tutelados por la presente acción de protección, a fin de que se resuelva conforme a derecho lo pedido en el petitorio. Acto recurrido. Se recurre en contra de Resolución Exenta N°R-01-UNRA-139166-2024, de fecha 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, emitida por la SUSESO, mediante la cual se rechazaron las licencias médicas N° 105631129-3 y N°106535254-6, por 30 y 26 días respectivamente. La causa de rechazo es “sin causa médica que justifique el reposo”, señalando la citada resolución lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 105631129-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”. Como se razonará más abajo, la acción se interpone por la arbitrariedad de aquella resolución, al carecer de razón suficiente para rechazar las licencias médicas, cuyo reposo fue extendido por un facultativo, debiendo al menos basarse en antecedentes concretos que permitan un debido proceso, cómo es un peritaje en que se evaluara la situación médica actual de mi representado, el cual es inexistente, y sin que se haya considerado exámenes médicos complementarios. Se rechazan las licencias médicas sin siquiera un peritaje que permita contrarrestar la evaluación médica del facultativo que emite tales licencias en concordancia con los informes médicos complementarios, no siguiéndose en consecuencia un proceso racional y lógico. Antecedentes de Hecho. Para explicar el acto arbitrario e ilegal, solicito a S.S.I., tener en consideración que la persona en favor de quién interpongo el presente recurso de protección es don nombre reservado, de 37 años, padre de tres hijos, y a la época en que se produjo el acto arbitrario e ilegal que motiva la presente acción de protección, se desempeña con Tripulante de máquinas en alta mar en un El Barco WETHOFF7 y las incursiones duran 20 días en alta mar por lo tanto requieren harto esfuerzo físico y mental, pero lamentablemente estos problemas médicos, es a raíz que don nombre reservado sufrió el día 3 de mayo del año 2018 de un accidente de tránsito a alta energía, con eyección y aplastamiento por el vehículo en el que viajaba como pasajero. Resulta politraumatizado, siendo rescatado y llevado al Hospital de Puerto Montt donde se evidencia ruptura renal que compromete el hilio, realizándose nefrectomía izquierda el día 21 de mayo del año 2018, luego se realiza drenaje percutáneo por colecciones abdominales en el sitio de la nefrectomía. Además, presenta fracturas apófisis espinosas de T6 a T11 y fractura del ala iliaca izquierda que se manejan ortopédicamente, fractura del tercio proximal del radio izquierdo manejada con reducción y osteosíntesis con placa y tornillo el día 25 de mayo del año 2018, fracturas del séptimo al décimo arco costal posterior izquierdo con derrame pleural laminar bilateral de manejo conservador, y trauma abdominal. Se realiza estudio urodinámico que muestra vejiga neurogénica con buena respuesta al tratamiento farmacológico. Presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático, en manejo con psiquiatría con apoyo de psicofármacos y psicoterapia para tratamiento de desensibilización, con buena respuesta. Evoluciona con molestias en relación a OTS de fractura de radio. Electromiografía muestra latencia prolongada y amplitud baja del interóseo posterior izquierdo, con nervio radial sin respuesta. Ecografía muestra engrosamiento del nervio radial en el tercio proximal. TAC muestra exostosis en el cubito proximal en relación al foco de fractura. El día 21 de octubre del año 2019, se realiza retiro de OTS, liberación de la unión fibrosa entre el radio y cubito, y movilización bajo anestesia. Luego de dos años de tratamiento, se deriva a la comisión central evaluadora de incapacidad, por las secuelas de rigidez dolorosa moderada de hombro, codo, antebrazo y muñeca izquierda, limitación funcional moderada de la extremidad inferior izquierda, déficit moderado de la fuerza de la extremidad inferior izquierda, neuropatía traumática radial izquierda y vejiga neurogénica. Se le otorga un 55% de pérdida de capacidad de ganancia, la que luego de revisión por COMERE se sube a un 75%. Actualmente mantiene atenciones médicas de seguimiento con psiquiatría, evoluciona estable, con angustia, taquicardia. Se indica tratamiento farmacológico y además se emite licencia médica tipo 1 por 30 días desde el 1 de agosto del año 2024 N° 105631129-3. Paciente mantiene controles médicos y tratamiento en esta mutualidad en contexto de ley 16.744. Las decisiones del rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados. En el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, se hace referencia a que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación, y la única supuesta fundamentación estaría al señalar: “Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 49 días por la misma patología, considerando el reposo autorizado por la presente Resolución. En efecto, la sintomatología descrita e impacto funcional definido, sumado a la falta de inicio de un proceso psicoterapéutico acorde con el periodo de reposo reclamado, no permiten justificar la necesidad de mantención del reposo con rol terapéutico más allá del periodo recientemente autorizado”. Fundamento de derecho. El artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, señala: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. En este orden, el artículo 10 de la Ley 20.585 señala: “Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional serán las encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de licencias médicas, no los usuarios o pacientes” Cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico la facultad de establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo la SUSESO, contravenir dicho criterio sólo por estrictas razones científicas o técnicas. En efecto, el artículo 21 del citado decreto, establece que para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los periodos de reposos solicitados, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de ciertas medidas, como lo son, nuevos exámenes, pericias o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica, entre otras, y para el caso, la SUSESO, revocó la decisión de la COMPIN y autorizó una licencia médica, y seguidamente rechazo las dos licencias médicas posteriores, y habría sido determinante la existencia de fundamentos que así lo avalen, pudiendo haber realizados las actuaciones del artículo 21, cuestión que no se hizo, más aun cuando no se consideraron la existencia de antecedentes médicos complementarios. Como se ha dicho, las resoluciones que rechaza las licencias médicas no cuentan con fundamentos científicos necesarios para aquello, vulnerando de esta manera a su vez, un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo.

En este sentido la, SUSESO, es un órgano de la administración del estado y le resultan aplicables la normativa de la Ley 19.880, la cual establece en su artículo 11: “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando en su inciso segundo: “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Así las cosas, nos existiendo una justificación del rechazo de las licencias médicas de mi representado desde un punto de vista técnico, llevó a un rechazo injustificado de las mismas, en condiciones que dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, generando estas actuaciones un acto ilegal y arbitrario.

A mayor abundamiento forzoso es concluir que de acuerdo a la normativa citada precedentemente, podemos señalar que la Compin directamente o a instancia de la SUSESO, en miras de dar cumplimiento al mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puedan recabar los antecedentes que habiliten adoptar una resolución fundada frente a los requerimientos de su representado, demostrando un actuar totalmente injustificado, lo cual queda demostrado al no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer de una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente, cuya diligencias con imprescindibles para un acertado diagnóstico y no dejar la decisión a la mera discrecionalidad de la superintendencia. Del acto arbitrario e ilegal. El recurso de protección de garantías constitucional establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tornar frente a un acto de tal naturaleza se restablezca el imperio del derecho. De lo dicho, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario producto el mero capricho de quien incurre en él, que afecta una o más garantías constitucionales. La Corte Suprema ha señalado que el vocablo “arbitrariedad” o “ilegalidad” están unidos por la conjunción “o” y traduce dos tendencias u orientaciones precisadas, la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, ósea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opiniones en un modo antojadizo, instintivo, inmotivado”. La presente acción de protección dice relación con el rechazo de dos licencias médicas, esta última que ha sido definida en el artículo 1 del Decreto Supremo 3 de 1984 como: “El derecho que tiene el trabajador o trabajadora de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin” de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”. Agrega su artículo 5 inciso 1: “La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso. Se materializará en su formulario especial, electrónico, que registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan y cuyo contenido será́ determinado por el Ministerio de Salud”. En efecto, el acto rebatido y pronunciado por la SUSESO constituye un acto administrativo, decisión escrita adoptada por un órgano de la administración del estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, lo cual constituye una resolución en los términos del artículo 3 de la Ley 19.880, y que debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la citada ley, dispone en su inciso segundo: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítima ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, y complementariamente, el artículo 41 en el inciso 4, señala: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. Así las cosas, como se ha señalado todo acto administrativo requiere de una fundamentación, la que debe abarcar hechos y el derecho, y la conducta de la SUSESO constituye una perturbación y amenaza a los derechos constitucionales de nuestro representado mediante la acción ilegal y arbitraria denunciada, la cual priva, perturba y amenaza a nuestro representado en su legítima ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales: Derecho a la vida e integridad física el cual se encuentra garantizado en el artículo 19 numeral 1 de la Constitucional Política de la República, ya que el obrar de la recurrido le ha privado a nuestro representado el derecho que significa de gozar de licencia médica, pudiendo así ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo para restablecer su saludad con derecho al pago por su incapacidad laboral. En este punto, la Convención Americana, Pacto de San José, ratificado por Chile, su artículo 5 numeral 1, señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, cuyo derecho no está siendo respetado por la recurrida con su actuar ilegal y arbitrario. Derecho de Propiedad el cual se encuentra garantizado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que el actuar de la recurrida priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas del respectivo subsidio por incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por ello pide tener por interpuesto recurso de protección en favor de, don nombre reservado, ya individualizado, y en contra de la, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), ya individualizada, admitirlo a tramitación, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos y garantías transgredidos, y en definitiva, ordene dejar sin efecto el acto administrativo la Resolución Exenta N°R-01-IBS-93292-2024, de fecha 30 de agosto del año 2024, mediante la cual, la recurrida rechazó las licencias médicas N° 105631129-3 y N°106535254-6, por 30 y 26 días respectivamente materias del presente recurso de protección, y en definitiva, resolver que se deben autorizar dichas licencias médicas, a fin de que se apruebe y ordene el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas extendidas en favor de la recurrente, o bien, la declaración que se adopten todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas del recurrido. Acompaña: RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-139166-2024 De fecha 30 de agosto del año 2024. Formulario de reclamo CÓDIGO FUI: 1001809, de fecha 21 de agosto del año 2024. INFORME ANTECEDENTES MÉDICOS emitido por al ACHS, de fecha 13 de agosto del año 2024. Informe de rechazo de licencia médica N° 105631129-3. Informe de rechazo de licencia médica N° 106535254-6.

A folio 14 comparece don FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, informando: en primer lugar estima la acción improcedente, tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por ello pide, se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

En subsidio, explica que consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 21 de agosto de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Los lagos, que rechazó la licencia médica N° 105631129-3, extendida por un total de 30 días, a contar del 01 de agosto de 2024, por reposo no justifica. En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 71 días por la misma patología, considerándose este tiempo suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen el rol terapéutico y la extensión del reposo. En efecto, los antecedentes médicos aportados no describen evolución clínica, ajuste ni respuesta al tratamiento farmacológico, limitación funcional ocasionada, plan de cuidados orientado al reintegro laboral ni fecha probable de alta. Tampoco se acredita atención ni derivación a especialidad de psiquiatría, asistencia a psicoterapia ni derivación a su centro de salud primaria para manejo multidisciplinario. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-139166-2024, de 30 de agosto de 2024. Al respecto, es importante destacar que en atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(19-08-2024) … 19-08-2024 En RR por LME 3-105631129-3 vía expediente WEB/ Milicenciamedica no se recibe Informe médico de Dr. nombre reservado. Se mantiene rechazo de Lm, basado en que la contraloría médica se sustenta en análisis de argumentos médicos que justifiquen la incapacidad temporal y en ausencia de dichos fundamentos médicos se resuelve mantener dictamen inicial. Acumula 101 días de reposo sin derivación a psicoterapia, sin derivación a red APS. …”. Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Paciente de 37 años, motorista y operario mantención Completa 71 días de reposo continuos autorizados por dg de reacción estrés post traumático. Adjunta informe médico, emitido por médico general tratante que indica sintomatología brevemente sin indicar síntomas de gravedad No indica evolución, tampoco limitación funcional ocasionada. Indica tratamiento farmacológico, sin precisar ajustes según respuesta. No acredita asistencia a psicoterapia, evaluación por especialista psiquiatra, ni derivación a prestador de salud según previsión para activación de garantía GES. No hay pronóstico de irrecuperabilidad ni FPA. Se rechaza apelación pues antecedentes resultan insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo otorgado.”

A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada “…En efecto, los antecedentes médicos aportados no describen evolución clínica, ajuste ni respuesta al tratamiento farmacológico, limitación funcional ocasionada, plan de cuidados orientado al reintegro laboral ni fecha probable de alta. Tampoco se acredita atención ni derivación a especialidad de psiquiatría, asistencia a psicoterapia ni derivación a su centro de salud primaria para manejo multidisciplinario…”.

Ahora Bien, el Sr. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió. Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

De esta manera, como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por último, cabe hacer presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por ello, solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que corresponde señalar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada. Esta alegación será rechazada, dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de aquellos indicados en los números 1 y 24 de la misma norma.

SEGUNDO: Que en cuanto al fondo, se tendrá presente que la Superintendencia de Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado, y, en cuanto a tal, le son aplicables las disposiciones de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Debido a ello, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N°3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud - Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

TERCERO: Aclarado lo anterior, en el caso de autos, lo que se reprocha a la recurrida es la resolución exenta N°R-01-UNRA-139166-2024, de fecha 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, emitida por la SUSESO, mediante la cual se rechazaron las licencias médicas N° 105631129-3 y N°106535254-6, por 30 y 26 días respectivamente.

CUARTO: En la forma planteada, no resulta posible sostener con criterios de seriedad, idoneidad y suficiencia lo sostenido en la resolución impugnada, al contradecir, sin mayor fundamento, lo indicado por el médico tratante que conoce a cabalidad las características y particularidades de la enfermedad que padece el recurrente.

En efecto, la contradicción advertida es de tal significancia que permite colegir que los basamentos indicados en la resolución reclamada son simplemente aparentes. (En este sentido ha resuelto la Excma. Corte Suprema en las causas rol N°25.347-2021, N°12.430-2019, Nº29.796-2019 y Nº153-2020).

QUINTO: Con lo que se viene razonando, debe tenerse en cuenta, además, que el mismo Reglamento aludido en el motivo 5º precedente, en su artículo 21 letra a), establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; por lo que resulta esperable que la recurrida, al menos, cumpliendo en este caso su labor revisora, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

SEXTO: Queda claro entonces que, en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la recurrida deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso del actor lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reconsideración que fuera incoada.

Desde luego, este actuar ilegal y arbitrario, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución exenta N°R-01-UNRA-139166-2024, de fecha 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, emitida por la SUSESO, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 105631129-3 y N°106535254-6, por 30 y 26 días respectivamente.

III.- Que, se ordena que la Superintendencia recurrida deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente, luego de lo cual, dicho órgano procederá a dictar -en su mérito- nueva resolución.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-6061-2024.(jog)